Diez horas de Estat Català
Introducción: El autor y su tiempo
INTRODUCCIÓN
EL AUTOR Y SU TIEMPO
Enrique de Angulo Gatto-Durán , que ése era su nombre completo, nació en
Madrid (18-XI-1895) y murió en esta misma ciudad (23-XI-1975) de manera trágica.
Su biografía podría servir de argumento para una película de horror. De haber sabido
cantar habría formado un buen dúo con Imperio Argentina, entonando, quiero
recordar que en la película Morena Clara, aquello de:
El día que nací yo,
qué planeta reinaría,
por donde quiera que voy,
qué mala estrella me guía.
Era el penúltimo de los catorce hijos del matrimonio de don Carlos de Angulo,
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con doña Mariana Gatto-Durán. Nombrado
su padre ingeniero jefe o director de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, se
trasladó, con la familia, a la Ciudad Condal. Debía de tener entonces unos siete años
de edad.
Sus padres lo internaron en el colegio de los jesuitas de Sarriá, por cuya orden
sintió siempre un afecto especial. En aquella época, y aún muchos años después, las
familias con algunas posibilidades solían internar a sus vástagos en colegios de cierto
prestigio, mayormente religiosos, para que hicieran de ellos «personas de provecho».
Pero la bonanza no duró mucho. Algún tiempo después, que no pudo ser muy
posterior, pues Enrique sólo recordaba a su padre de una manera vaga e imprecisa, el
ingeniero de Caminos era asesinado en el despacho de su propio domicilio por un
pistolero que no pudo escapar. Rodeado por la policía y viéndose perdido, se suicidó
con la misma pistola que había matado a su víctima.
¿Crimen «social»?; ¿oscura venganza por contratas de obras?; ¿acto aislado de un
delincuente común? Personalmente me inclino por el primer supuesto, ya que a
principios del siglo XX empezaba a tomar fuerza la actividad violenta del anarquismo
internacional, con su fórmula de «acción directa» contra las «clases dominantes y explotadoras». Además, la decisión del asesino de suicidarse encajaba bastante bien
con la locura ideológica de aquellos redentores (mitad verdugos, mitad mártires) del
proletariado. De esa manera murió Miguel Pardiñas, el 12 de noviembre de 1912, tras
asesinar al presidente del Consejo de Ministros, don José Canalejas, mientras miraba,
sin escolta de ninguna clase, el escaparate de una librería en la Puerta del Sol
madrileña. También se suicidó Mateo Morral, alumno y seguidor de la Escuela
Moderna de Ferrer y Guardia de Barcelona, autor del atentado de la calle Mayor de
Madrid contra Alfonso XIII y su comitiva nupcial el 31 de mayo de 1906.
La numerosísima familia de don Carlos de Angulo no debió de quedar,
económicamente, mal del todo, una vez muerto éste. Bien porque tuvieran ciertos
recursos patrimoniales, bien porque la Junta de Obras del Puerto hubiese suscrito
algún seguro de vida a su favor. El caso fue que Enrique pudo continuar en el colegio
de los jesuitas de Sarriá, muy probablemente hasta que concluyó el bachillerato. Por
otro lado, su hermano Juan, que residió en Valencia, terminó los estudios de ingeniero
de Caminos, y su hermana Enriqueta casó con el ingeniero industrial de Bilbao, Luis
Polo Polanco, indicio de las relaciones de buen nivel profesional de los Angulo. Tres
hermanas más se hicieron religiosas, hecho muy habitual en las familias numerosas y
católicas de la época. Una residió en París, otra en San Sebastián y la tercera en
Salamanca.
Tras la muerte del padre, doña Mariana, con los hijos que le restaran en casa, se
trasladó de nuevo a Madrid, en cuya Universidad Central Enrique cursó Leyes. El
título de licenciado en Derecho le fue expedido el 17 de octubre de 1918, cuando iba
a cumplir 23 años. En esa época perteneció a la Juventud Maurista, junto a Luis de
Galinsoga, entre otros, periodista de gran notoriedad durante el franquismo y a quien
volveremos a encontrar más adelante. Desde ese año hasta la llegada de la República
en 1931 he podido averiguar muy poco. Los papeles personales no hacen referencia a
este tiempo. Sólo que se casó con doña Felisa Zapatero Espada, también de Madrid,
el 16 de junio de 1924 en la parroquia de Santa Bárbara, con 28 años de edad.
Como su padre, tuvo también muchos hijos: diez en total. La menor de ellos, Paz,
nacida en 1945, es la que me ha permitido bucear en viejos papeles familiares para
componer, en buena parte, estos apuntes biográficos.
Enrique de Angulo, pese a su título de abogado, no demostró ninguna inclinación
por la toga. Lo suyo era, al parecer, la debilidad o la perversidad de la pluma. Debió
de entrar en la redacción de El Debate allá por los años veinte, aunque no tengo
ningún dato que lo corrobore. También le supongo adscrito a la A. C. N. de P.
(Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hoy sin la N. de «nacional», por
razones obvias…), fundada por Ángel Herrera Oria —lo mismo que dicho periódico
— en compañía del padre Ayala, S.J. Fuese o no propagandista, Enrique de Angulo
se consideró siempre «periodista católico».
A juzgar por el lugar y las fechas del nacimiento de sus cinco primeros hijos
(Felisa, Ana María, Carmina, Enrique y María Teresa) pasó todos esos años en Madrid. Toda España vivía la placidez ilusoria de aquella dictadura de Primo de
Rivera, entre paternalista y un tanto folklórica. El empresariado catalán, acosado por
el terrorismo anarquista, estuvo detrás del golpe de Estado del 13 de septiembre de
1923. A su vez, los políticos de la Restauración habían agotado todas sus
posibilidades de gobierno, dando lugar a un proceso acelerado de descomposición
nacional. Eran muchos los que reclamaban una «mano fuerte» que enderezase el
rumbo del país. El pronunciamiento del marqués de Estella, al más puro estilo de los
espadones decimonónicos, a pesar de su evidente ilegalidad, fue recibido con gran
satisfacción por la mayoría de los españoles. Cierto que prohibió todos los partidos
políticos y numerosas expresiones ciudadanas, pero su principal enemigo fue siempre
el anarquismo —el mismo enemigo de la burguesía catalana—, al que persiguió con
dureza y sin cuartel. En cambio, el sindicato socialista UGT gozó de mucha
tolerancia y sustanciosos beneficios. Largo Caballero fue nombrado consejero de
Estado por el dictador, y los gremios socialistas recibieron cuantiosas ayudas oficiales
para la construcción de numerosas colonias de chalecitos adosados en muchas
ciudades y pueblos de España.
Pero si la Dictadura llegó por un golpe de Estado, la proclamación de la
República el 14 de abril no fue mucho más legítima. Las elecciones municipales de
dos días antes no eran, en modo alguno, un plebiscito, pero el comité revolucionario
republicano-socialista-catalanista del Pacto de San Sebastián, suscrito el 17 de agosto
de 1930, las convirtieron en una palanca para el asalto al poder, fueran cuales fuesen
los resultados electorales. Cierto que los candidatos del pacto ganaron las votaciones
en muchas capitales y grandes ciudades y, en algunos lugares, como Madrid, con
bastante holgura, pero en el conjunto de España vencieron sin discusión las
candidaturas monárquicas.
Según los datos aportados por los historiadores, la primera vuelta de dichas
elecciones celebradas el 5 de abril se cerró con los siguientes resultados: 14.018
concejales monárquicos y 1.834 republicanos. Después de esta primera jornada, sólo
dos pueblos, uno en Granada y otro en Valencia, pasaron a control republicano. El 12
del mismo mes tuvo efecto la segunda vuelta, con un escrutinio no muy diferente al
anterior: 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Pero daba igual. La
decisión de alzarse con el poder estaba ya tomada, y puesto que podían conseguirlo,
dado el abatimiento claudicante de los prohombres de la Monarquía, no iban a
detenerse en formalismos legalistas. Si ello suponía un fraude de ley y una
vulneración manifiesta de la voluntad popular, importaba poco. Lo realmente
importante era hacerse con el poder. Sin necesidad de capitanes de Jaca ni amagos
levantiscos como el registrado en el aeródromo de Cuatro Vientos; es decir, sin
disparar un tiro, igual que Primo de Rivera. Ese espíritu golpista que, en efecto, venía
de atrás, lo hicieron totalmente suyo los nuevos demócratas. Era el presagio de lo que
podía esperarse de la flamante República.
Nuestro hombre vivió la llegada de la República en Madrid, imagino que con la desazón propia de una persona de sentimientos monárquicos. Sin embargo, no mucho
tiempo después ya se encontraba en Barcelona, donde le nació en junio de 1932 su
sexto hijo, una niña a la que pusieron de nombre Mercedes (Memé para los suyos) en
honor a la patrona de la Ciudad Condal. Se trasladó allí con toda la familia para
ejercer de cronista-corresponsal de El Debate.
Llegaron las elecciones de 1933 (13 de noviembre en primera vuelta y 3 de
diciembre en segunda), en las cuales, el centro y las derechas arrollaron a socialistas
y republicanos, excepto en Madrid. Los resultados totales fueron: 5.191.881 papeletas
para los primeros, y 2.820.139 para los segundos. En Madrid, en cambio, ganaron las
izquierdas con 177.331 votos frente a 171.757 del centro-derecha. Estos resultados
dieron la siguiente composición del Parlamento: CEDA, 115 escaños; radicales de
Lerroux, 102; socialistas, 60; agrarios, 36; Lliga catalana, 26; tradicionalistas, 20;
republicanos conservadores, 18; independientes, 18; Esquerra Republicana, 18;
Renovación Española, 15; PNV, 12; liberales demócratas, 9; ORGA (regionalistas
gallegos), 6; Acción Republicana, 5; progresistas, 3; radicales socialistas
independientes, 3; Unión Socialista Catalana, 3, y radicales socialistas, federalistas y
nacionalistas españoles, 1 cada uno. En total 472 diputados. Por consiguiente, CEDA
y el partido Radical sumaban en conjunto, 217, y con los agrarios, 253, mayoría más
que sobrada en una cámara de 473 escaños.
En una democracia seria y respetuosa de sí misma, lo propio, lo constitucional, lo
justo, hubiera sido encargar al partido más votado la formación de gobierno y, en caso
de no lograr los apoyos parlamentarios imprescindibles, acudir al segundo, y así
sucesivamente. Pero apenas conocido el escrutinio, el griterío izquierdista atronaba el
país: ¡que vienen los «fascistas» de la CEDA! ¿Acaso no era la minoría mayoritaria?
Qué más daba. ¿Acaso no era el partido más votado? Qué importaba. Los demócratas
de toda la vida eran así. Han sido y serán siempre así.
Alcalá Zamora, el presidente de la República, se achantó, como tenía por norma
ante las presiones y desmanes de la izquierda. Consultado en primer término Gil-
Robles, como era preceptivo, encargó formar gobierno a Lerroux, jefe del partido
Radical, al que la CEDA apoyaría desde fuera. Todos los nuevos ministros fueron
radicales —y en general masones—, excepto Álvarez Valdés, liberal-demócrata,
encargado de Justicia, y Cid, agrario, de Comunicaciones. Alcalá Zamora salvaba la
cara ante los cofrades del Pacto de San Sebastián, porque Lerroux era uno de los
firmantes, pero a costa de vulnerar las reglas más elementales de una verdadera
democracia y gracias a la generosidad de Gil-Robles, que no quiso exigir lo que las
urnas le habían dado. De momento, el golpe definitivo a la otra España que buscaban
los amos del cortijo republicano se contenía, pero no se superaba; simplemente se
aplazaba.
Don Niceto, al que los socialistas llamaban el Botas, porque siempre calzaba
botines acharolados, no hacía mucho por encauzar la situación de acuerdo con la
voluntad popular y dignificar la República que presidía. Más bien circulaba en dirección contraria. Encarnaba en cierto modo el negativo de la foto fija de aquel
estado de cosas, cuyo positivo lo representaba don Alejandro Lerroux, éste, sí,
republicano de siempre, que no tenía necesidad de hacer méritos en la nueva
situación, como debía hacerlos el antiguo monárquico de Priego. Tan republicano era
Lerroux que fue el inventor de la bandera tricolor, cuya raya morada quería
simbolizar a los Comuneros de Castilla, a los que tenía por héroes populares
resistentes al despotismo real. Habría que añadir, no obstante, que don Alejandro
quizás no entendía mucho de gamas cromáticas, o en todo caso era daltónico, porque
el pendón de Castilla y supuestamente de los comuneros no fue nunca morado, sino
rojo vino, rojo burdeos. Pero mientras unos iban a peor en su recién estrenado
republicanismo, Lerroux venía a ser el paradigma del político que evolucionaba a
mejor, cada vez a mejor, por puro amor a España. Masón, como la gran mayoría de
los dirigentes radicales y como era obligado en el republicanismo izquierdizante de la
época, pasó de las soflamas extremosas como Emperador del Paralelo de Barcelona
(«hay que hacer de las monjas, madres», decía) a ser el principal valladar que
impedía, desde dentro del sistema, el despeñamiento de la nación. Las izquierdas
autoritarias, muchos de cuyos integrantes eran «hermanos» de don Alejandro, y las
izquierdas totalitarias, especialmente bolcheviques, lo sabían perfectamente, de modo
que había que buscar la fórmula para destruirle a fin de alcanzar sus objetivos
maximalistas.
Lerroux, sin embargo, no se dejó intimidar por las amenazas apocalípticas de las
izquierdas, aunque sabía que no jugaban de farol. En realidad lo sabía todo el mundo.
Podía leerse a diario en la prensa adicta, oírlo en el Parlamento y observarlo en los
preparativos revolucionarios que se hacían casi a plena luz del día.
El día 3 de octubre de 1934 Lerroux presentaba un nuevo gabinete al Parlamento,
que lo aprobó por holgada mayoría, en el que incluía ex novo a tres ministros de la
CEDA que ocuparían las carteras de Justicia, Agricultura y Trabajo. Sin embargo,
sólo tres días después estallaba, en numerosos puntos de España, la tantas veces
anunciada revolución, que alcanzó su máxima expresión violenta y desintegradora en
dos puntos: Asturias y Cataluña. El presente libro narra, con todo detalle y precisión,
los trágicos momentos que se registraron en Barcelona y en otras ciudades de
Cataluña la noche-madrugada del 6 al 7 de octubre de aquel año, vividos por Enrique
de Angulo en las propias trincheras del «teatro de operaciones», como se diría en
lenguaje castrense, a fin de transmitirlo de forma directa a los lectores de El Debate.
No voy a detenerme ahora en glosar el contenido del libro, que sería tanto como
suplantar al autor, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos detalles que estimo
ilustrativos. Por ejemplo, el libro fue publicado en el mismo año de 1934, lo que
indica que se trata de un reportaje de urgencia que sólo podía escribir, de manera tan
minuciosa, un testigo ocular directísimo de tales acontecimientos. En segundo
término advertimos que el libro no se editó en Barcelona, el lugar de los hechos. ¿No
se atrevió ningún editor barcelonés a ello? Tampoco se publicó en Madrid, donde podría haber tenido buena acogida, pero entonces había poca actividad editorial en la
capital de España. Asimismo no lo hizo la propia empresa para la que trabajaba.
¿Motivos de unos y otros para eludir lo que podía ser un buen negocio? Lo ignoro.
Incluso ignoro si llegó a plantear la publicación del libro a algún editor de Barcelona
o Madrid. Ni en el prólogo ni en sus papeles he encontrado alguna referencia sobre el
particular. En cambio sí se editó en Valencia, a cargo de la Librería Fenollera, de la
calle del Mar, 17, sin duda una pequeña empresa que publicaría algún libro de vez en
cuando. De todas formas no deja de ser un tanto extraño que el libro viera la luz a
orillas del Turia, porque no me consta que Enrique de Angulo tuviera muchas
amistades en la capital valenciana. Ello me hace sospechar que un tercero —¿su
hermano Juan?— le gestionó la publicación en la casa Fenollera, pero en términos de
tirada reducida, lo que hace que el libro, a pesar de su enorme valor documental,
tuviera entonces poca difusión y ahora resulte totalmente inédito.
El reportaje cobra en estos momentos una gran actualidad, ya que demuestra que
las tensiones centrífugas que se plantean ahora desde Cataluña al resto de España son
las mismas, exactamente las mismas y a veces con las mismas palabras, que
estuvieron en el origen y desarrollo de la rebelión separatista de octubre de 1934. Si
ahora se pide una Cataluña independiente en el contexto de un «Estado federal (o
confederal) español», entonces Companys proclamó, desde el balcón principal de la
Generalidad, el «Estat Català dentro de la República Federal Española». ¿Hay alguna
diferencia entre ambas exigencias? Una sola: en 1934, la coalición esquerrista-
socialista-comunista —la misma del tripartito actual— se echó a la calle (los
cenetistas permanecieron quietos), y hoy concentran todos sus esfuerzos en presionar,
hasta el agobio, a un Gobierno nacional que saben débil y claudicante, si no es que el
propio presidente del Gobierno toma la iniciativa para satisfacer a los separatistas, y
que además ignora la naturaleza del llamado «problema catalán». Tampoco lo
entendió Primo de Rivera, ni Franco, ni otros. Angulo, en cambio, no andaba
desencaminado al plantear, entonces, el tema de la autonomía municipal y las
mancomunidades comarcales. En último término el «problema catalán» no es
propiamente un problema de toda Cataluña, sino una consecuencia del centralismo
aplastante de Barcelona. Pero tampoco de los barceloneses en general, sino de la
clase dirigente enquistada en los centros de poder de la capital del condado.
Esta clase, superpuesta a toda la población, y que por ello mismo podríamos
calificar de casta oligárquica o dominante, no está formada por un cuerpo único
monolítico, sino que al modo de los antiguos estamentos medievales, podemos
distinguir en ella al menos tres capas o estratos. El de más arriba, por su posición
económica, lo integra el gran empresariado financiero, industrial y comercial
agazapado en la patronal Fomento del Trabajo Nacional, con un poder mucho mayor
del que deja traslucir. Su poderío no ha decaído nunca, en ninguna situación, por muy
adversa que a Cataluña pudiera parecer, salvo el paréntesis muy extremo de la guerra
civil.
En un segundo escalón hallaríamos a la burguesía de clase media, más bien
tirando a media-baja, funcionarial, docente, urbanita, jacobina (en la que abundan los
charnegos precisados de hacerse perdonar su origen ante quienes dan y quitan
canonjías), dada a la extremosidad y a las expresiones rotundas. Anidan,
principalmente, en las numerosas logias de las distintas obediencias que existen en
Barcelona, cuya casa madre tiene su domicilio en la Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 617. La sede histórica de la calle Aviñó, 27, que cita Enrique de Angulo,
donde estuvo ubicada la Gran Logia Regional del Nordeste de España, dependiente
del Grande Oriente Español, madriguera de los insurrectos de octubre de 1934, la
ocupa ahora la Gran Logia Simbólica Española (Gran Oriente Español Unificado),
masonería «irregular, adogmática y mixta».
En un tercer grupo encontraríamos al nacionalismo clerical que germina en las
sacristías —es un decir—, pero con seguridad en muchas asociaciones católicas de
Cataluña. Es una versión a escala menor del denostado nacional-catolicismo, a mi
juicio dudosamente ortodoxo, antes franquista y ahora independentista.
Los intereses que se concentran en Barcelona han gozado desde antiguo de unos
privilegios que no han tenido las demás regiones españolas, como si volviéramos a
los tiempos mercantilistas del privilegio de ciertos puertos —Sevilla, Cádiz, etc.—
exclusivistas del comercio con las Indias Occidentales u Orientales. Para demostrarlo
no voy a remontarme a la permanente guerra de los aranceles de la segunda mitad del
siglo XIX, que terminó con la victoria, obvia, de los industriales textiles de Barcelona,
quienes lograron imponer las barreras proteccionistas de 1891 y 1906. Tal muralla,
que permitía el afianzamiento de un mercado interior cautivo, hizo más que ricas a las
grandes familias patricias barcelonesas: Güell, Muntadas, Batlló, Fabra, Serra, Sert,
Valls, Milá, Mateu, etc. Hablaré de tiempos mucho más recientes y, según los
catalanistas, terriblemente opresores.
La única región española, mejor dicho, la única ciudad española que ha gozado de
la prerrogativa de tener un ministro exclusivo para velar por sus intereses locales ha
sido Barcelona, en la persona de don Pedro Gual Villalbí, director, hasta su
nombramiento como ministro franquista, de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles
de la Ciudad Condal.
Gual Villalbí, el defensor del «proteccionismo sano», siempre que beneficiara a
su tierra naturalmente, había nacido en Tarragona en 1885, pero desde los tiempos de
estudiante de Comercio —ahora Empresariales— vivió siempre en Barcelona, donde
desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y docente. En el gabinete del 25 de
febrero de 1957 Franco lo nombró ministro sin cartera y, de hecho, sin contenido.
Para vestir un poco el santo le fue añadida la presidencia del Consejo Económico
Nacional, uno de esos organismos asesores cuyos dictámenes raramente aprovechan
para algo, pero que sirven de refugio a los elefantes sagrados. Con esa presidencia
podía tener despacho en Madrid, aunque siguió viviendo en Barcelona, y ayudar a
López Rodó en el diseño, primero, del Plan de Estabilización de 1957, y los posteriores planes de Desarrollo. Esto era la teoría, que no digo yo que dejara de
cumplir, pero suponía poca sustancia para sentarse todas las semanas de oyente en el
Consejo de Ministros. Don Pedro se mantuvo en el cargo hasta el 7 de julio de 1965,
en cuyo ministerio sin cartera le sustituyó el también barcelonés Laureano López
Rodó, mano derecha del todopoderoso almirante Carrero Blanco, que asumió la gran
tarea de los planes de Desarrollo.
Uno de los polos de Desarrollo fue asignado a Tarragona, por casualidad patria
chica de Gual Villalbí. La antigua y esplendorosa Tarraco sufría un muy largo
proceso de decadencia, y a fin de atajarlo y relanzar su economía, el Gobierno, es
decir, López Rodó, decidió instalar en ella un gran complejo petroquímico, parejo al
de Huelva. Pero he aquí que los grandes empresarios barceloneses se quejaron, ¿a
quién?, que habían dado todo el pastel a Tarragona y a ellos no les había tocado nada.
Para «compensarles» se les concedió la nadería de la explotación del gas natural en
toda España, a la sazón en régimen de monopolio. Se lo quitaban a Campsa y se lo
cedían a unos particulares, pero no a unos particulares cualesquiera, sino a unos
particulares de Barcelona. Franco seguía oprimiendo a los catalanes. Y no hablamos
de la SEAT, de la Zona Franca del puerto de Barcelona y de otras menudencias
similares.
Cierto que se prohibió el uso de la lengua autóctona en instituciones y organismos
públicos, pero… no en todos. En la presidencia del Gobierno, por ejemplo, donde
tenía el despacho López Rodó, yo presencié, a principios de los años setenta,
conversaciones y reuniones en catalán con el entonces alcalde de Barcelona, José
María Porcioles, y sus acompañantes, y no metieron a ninguno de ellos en la cárcel.
Por cierto, a Porcioles lo veía de vez en cuando por allí, pero nunca detecté la
presencia del alcalde de Madrid ni el de ninguna otra capital de España. A lo mejor
sucedía que cuando yo iba a recabar información para la agencia Efe, donde
trabajaba, era la hora de las visitas barcelonesas.
Como he apuntado antes, el problema no viene de Cataluña en su conjunto, sino
del pulpo barceloní. Las clases dominantes capitalinas sueñan con hacer de Barcelona
una nueva Roma mediterránea, una ciudad imperio, un imperio sobre els Països
Catalans. ¿Qué dominios o colonias integrarían este imperio? En primer término los
viejos condados catalanes, ya absorbidos por el condado de Barcelona. Seguidamente
el antiguo reino de Mallorca (les Illes), más el reino de Valencia, más el Rosellón,
más la Provenza, más la franja ribereña del Noguera Ribagorzana que pertenece a
Huesca, más… ¿también Cerdeña?, ¿también Sicilia?, ¿también Nápoles?, ¿también
los ducados de Atenas y Neopatria?, ¿también el Asia Menor? Nunca hay que olvidar
que todo nacionalismo exacerbado es, por su misma naturaleza, expansivo,
absorbente, voraz, agresivo, belicoso…, o sea, imperialista, y todo imperio acaba
chocando y guerreando con sus vecinos, a los que pretende colonizar y dominar. Ahí
tenemos el imperio barceloní. Que se lo pregunten, si no, a los valencianos, o a los
navarros respecto a los separatistas vascos.
En la revolución de octubre de 1934 podemos distinguir, siguiendo el texto de
Angulo, tres factores desencadenantes: el territorial, el social y el ideológico.
El territorial viene representado por la pretensión del pulpo barcelonés de
constituirse en nación aparte pero sin perder el apetitoso y cautivo mercado español.
Es decir, sí pero no, según cómo. Es un problema para España, que sigue igual desde
hace un siglo o más, con las mismas demandas barcelonesas, los mismos argumentos,
los mismos grupos políticos, los mismos intereses y hasta los mismos personajes
aunque lleven nombres distintos. Un problema irresuelto e irresoluble mientras no se
inyecten dosis masivas de antibióticos contra los focos infecciosos barceloneses que
contagian a toda la sociedad catalana. ¿Y qué clase de antibiótico puede ser ése? La
penicilina de la libertad: libertad de lenguas, libertad de enseñanza, libertad política,
libertad de prensa y libertad televisiva. Mientras Cataluña no sea liberada de la
dictadura cultural y política que padece desde décadas no será realmente libre ni
soberana, la soberanía de los espíritus, de las personas. Pero una dictadura no puede
curarse con otra dictadura. Ése fue el gran error de Primo de Rivera, y de Franco, al
margen de la valoración general que pueda hacerse de sus respectivos regímenes. Una
dictadura como la que ha impuesto el nacionalismo secesionista sobre un pueblo
cohibido y presionado sólo puede vencerse con grandes dosis de libertad. La libertad,
a la larga, lo cura todo. Bien entendido, la libertad responsable, esto es, el sistema de
libertades en el que todo el mundo tiene que responder ante los demás de lo que hace
y dice, no como ocurría en la República, que los sectores golpistas, sediciosos y
revolucionarios, al final apenas respondían de nada. Por eso se reponían rápidamente
de sus fracasos y proseguían en seguida sus maquinaciones. Así acabó la cosa.
El factor o problema social venía determinado por la pobreza y las abultadas
cifras del paro, en buena medida provocadas por los efectos retardados de la Gran
Depresión del año 1929. Ya entonces, eso de la globalización, para bien y para mal,
no había quién lo parase. Muchísimo menos ahora con Internet funcionando a toda
presión.
Las cifras oficiales registraban en mayo de 1934 un paro de 703.816 personas, o
sea, el doce por ciento aproximadamente de una población activa que podríamos
estimar en unos seis millones escasos de operarios. Un desempleo bastante elevado,
con el agravante de que buena parte de los puestos de trabajo eran precarios o
temporeros. Además, el mercado laboral empeoraba: en un año el paro había
aumentado en 158.977 desempleados más. La situación social era, por tanto, grave, y
en consecuencia campo abonado para las soflamas demagógicas. Ahora bien, la
pobreza nunca se ha superado con mítines ni mucho menos con revoluciones. En todo
caso, la insurrección catalana no fue obra de trabajadores en paro, ya que la CNT,
sindicato ampliamente mayoritario, prefirió ver los toros desde la barrera, sino que la
planificaron, organizaron y ejecutaron la propias autoridades autonómicas —de
acuerdo con Azaña y los socialistas— a cuyas órdenes actuaron las milicias (los
escamots) de Esquerra Republicana y las fuerzas de seguridad dependientes de la Generalidad. En Asturias, en cambio, el protagonismo de la rebelión corrió a cargo de
los mineros principalmente, que tenían trabajo estable. O sea, que tampoco aquí los
parados tuvieron participación decisiva alguna.
Por lo que al factor ideológico se refiere, no es exagerado decir que la masonería
por un lado, y el bolchevismo de Largo y sus seguidores por otro, hicieron aquel
Régimen inviable. No concebían una República que no estuviera totalmente en sus
manos. La República tenía que ser exclusivamente para los republicanos, pero no
para todos los republicanos, sino únicamente para los que Azaña, Prieto, Esquerra y
las logias legitimaran. Por supuesto, Lerroux, el más antiguo de todos los
republicanos, a pesar de ser o haber sido masón —según relata en sus memorias—,
no era en cambio lo suficiente sectario y jacobino para ser admitido en el club de los
legitimistas. De tales republicanos dijo don Alejandro en un mitin en la plaza de toros
de Zaragoza (10 de julio de 1932) que «en vez de gobernar para todos los españoles,
gobernaban sólo para una clientela». Unos republicanos que en lugar de atraer y
asimilar a los reticentes, como en cierto modo intentó la CEDA, pusieron todo su
empeño en enfrentar a las dos Españas, para aplastar a los adversarios y alzarse con el
santo y la limosna del poder a perpetuidad. Por ese camino la guerra civil estaba
servida.
Vicente Alejandro Guillamón
Madrid, octubre de 2005