Diez horas de Estat Català

Enrique de Angulo · Capítulo 1 de 24

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Diez horas de Estat Català

Introducción: El autor y su tiempo

INTRODUCCIÓN

 

EL AUTOR Y SU TIEMPO

 

Enrique de Angulo Gatto-Durán , que ése era su nombre completo, nació en

Madrid (18-XI-1895) y murió en esta misma ciudad (23-XI-1975) de manera trágica.

Su biografía podría servir de argumento para una película de horror. De haber sabido

cantar habría formado un buen dúo con Imperio Argentina, entonando, quiero

recordar que en la película Morena Clara, aquello de:

 

El día que nací yo,

qué planeta reinaría,

por donde quiera que voy,

qué mala estrella me guía.

 

Era el penúltimo de los catorce hijos del matrimonio de don Carlos de Angulo,

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con doña Mariana Gatto-Durán. Nombrado

su padre ingeniero jefe o director de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, se

trasladó, con la familia, a la Ciudad Condal. Debía de tener entonces unos siete años

de edad.

Sus padres lo internaron en el colegio de los jesuitas de Sarriá, por cuya orden

sintió siempre un afecto especial. En aquella época, y aún muchos años después, las

familias con algunas posibilidades solían internar a sus vástagos en colegios de cierto

prestigio, mayormente religiosos, para que hicieran de ellos «personas de provecho».

Pero la bonanza no duró mucho. Algún tiempo después, que no pudo ser muy

posterior, pues Enrique sólo recordaba a su padre de una manera vaga e imprecisa, el

ingeniero de Caminos era asesinado en el despacho de su propio domicilio por un

pistolero que no pudo escapar. Rodeado por la policía y viéndose perdido, se suicidó

con la misma pistola que había matado a su víctima.

¿Crimen «social»?; ¿oscura venganza por contratas de obras?; ¿acto aislado de un

delincuente común? Personalmente me inclino por el primer supuesto, ya que a

principios del siglo XX empezaba a tomar fuerza la actividad violenta del anarquismo

internacional, con su fórmula de «acción directa» contra las «clases dominantes y explotadoras». Además, la decisión del asesino de suicidarse encajaba bastante bien

con la locura ideológica de aquellos redentores (mitad verdugos, mitad mártires) del

proletariado. De esa manera murió Miguel Pardiñas, el 12 de noviembre de 1912, tras

asesinar al presidente del Consejo de Ministros, don José Canalejas, mientras miraba,

sin escolta de ninguna clase, el escaparate de una librería en la Puerta del Sol

madrileña. También se suicidó Mateo Morral, alumno y seguidor de la Escuela

Moderna de Ferrer y Guardia de Barcelona, autor del atentado de la calle Mayor de

Madrid contra Alfonso XIII y su comitiva nupcial el 31 de mayo de 1906.

La numerosísima familia de don Carlos de Angulo no debió de quedar,

económicamente, mal del todo, una vez muerto éste. Bien porque tuvieran ciertos

recursos patrimoniales, bien porque la Junta de Obras del Puerto hubiese suscrito

algún seguro de vida a su favor. El caso fue que Enrique pudo continuar en el colegio

de los jesuitas de Sarriá, muy probablemente hasta que concluyó el bachillerato. Por

otro lado, su hermano Juan, que residió en Valencia, terminó los estudios de ingeniero

de Caminos, y su hermana Enriqueta casó con el ingeniero industrial de Bilbao, Luis

Polo Polanco, indicio de las relaciones de buen nivel profesional de los Angulo. Tres

hermanas más se hicieron religiosas, hecho muy habitual en las familias numerosas y

católicas de la época. Una residió en París, otra en San Sebastián y la tercera en

Salamanca.

Tras la muerte del padre, doña Mariana, con los hijos que le restaran en casa, se

trasladó de nuevo a Madrid, en cuya Universidad Central Enrique cursó Leyes. El

título de licenciado en Derecho le fue expedido el 17 de octubre de 1918, cuando iba

a cumplir 23 años. En esa época perteneció a la Juventud Maurista, junto a Luis de

Galinsoga, entre otros, periodista de gran notoriedad durante el franquismo y a quien

volveremos a encontrar más adelante. Desde ese año hasta la llegada de la República

en 1931 he podido averiguar muy poco. Los papeles personales no hacen referencia a

este tiempo. Sólo que se casó con doña Felisa Zapatero Espada, también de Madrid,

el 16 de junio de 1924 en la parroquia de Santa Bárbara, con 28 años de edad.

Como su padre, tuvo también muchos hijos: diez en total. La menor de ellos, Paz,

nacida en 1945, es la que me ha permitido bucear en viejos papeles familiares para

componer, en buena parte, estos apuntes biográficos.

Enrique de Angulo, pese a su título de abogado, no demostró ninguna inclinación

por la toga. Lo suyo era, al parecer, la debilidad o la perversidad de la pluma. Debió

de entrar en la redacción de El Debate allá por los años veinte, aunque no tengo

ningún dato que lo corrobore. También le supongo adscrito a la A. C. N. de P.

(Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hoy sin la N. de «nacional», por

razones obvias…), fundada por Ángel Herrera Oria —lo mismo que dicho periódico

— en compañía del padre Ayala, S.J. Fuese o no propagandista, Enrique de Angulo

se consideró siempre «periodista católico».

A juzgar por el lugar y las fechas del nacimiento de sus cinco primeros hijos

(Felisa, Ana María, Carmina, Enrique y María Teresa) pasó todos esos años en Madrid. Toda España vivía la placidez ilusoria de aquella dictadura de Primo de

Rivera, entre paternalista y un tanto folklórica. El empresariado catalán, acosado por

el terrorismo anarquista, estuvo detrás del golpe de Estado del 13 de septiembre de

1923. A su vez, los políticos de la Restauración habían agotado todas sus

posibilidades de gobierno, dando lugar a un proceso acelerado de descomposición

nacional. Eran muchos los que reclamaban una «mano fuerte» que enderezase el

rumbo del país. El pronunciamiento del marqués de Estella, al más puro estilo de los

espadones decimonónicos, a pesar de su evidente ilegalidad, fue recibido con gran

satisfacción por la mayoría de los españoles. Cierto que prohibió todos los partidos

políticos y numerosas expresiones ciudadanas, pero su principal enemigo fue siempre

el anarquismo —el mismo enemigo de la burguesía catalana—, al que persiguió con

dureza y sin cuartel. En cambio, el sindicato socialista UGT gozó de mucha

tolerancia y sustanciosos beneficios. Largo Caballero fue nombrado consejero de

Estado por el dictador, y los gremios socialistas recibieron cuantiosas ayudas oficiales

para la construcción de numerosas colonias de chalecitos adosados en muchas

ciudades y pueblos de España.

Pero si la Dictadura llegó por un golpe de Estado, la proclamación de la

República el 14 de abril no fue mucho más legítima. Las elecciones municipales de

dos días antes no eran, en modo alguno, un plebiscito, pero el comité revolucionario

republicano-socialista-catalanista del Pacto de San Sebastián, suscrito el 17 de agosto

de 1930, las convirtieron en una palanca para el asalto al poder, fueran cuales fuesen

los resultados electorales. Cierto que los candidatos del pacto ganaron las votaciones

en muchas capitales y grandes ciudades y, en algunos lugares, como Madrid, con

bastante holgura, pero en el conjunto de España vencieron sin discusión las

candidaturas monárquicas.

Según los datos aportados por los historiadores, la primera vuelta de dichas

elecciones celebradas el 5 de abril se cerró con los siguientes resultados: 14.018

concejales monárquicos y 1.834 republicanos. Después de esta primera jornada, sólo

dos pueblos, uno en Granada y otro en Valencia, pasaron a control republicano. El 12

del mismo mes tuvo efecto la segunda vuelta, con un escrutinio no muy diferente al

anterior: 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Pero daba igual. La

decisión de alzarse con el poder estaba ya tomada, y puesto que podían conseguirlo,

dado el abatimiento claudicante de los prohombres de la Monarquía, no iban a

detenerse en formalismos legalistas. Si ello suponía un fraude de ley y una

vulneración manifiesta de la voluntad popular, importaba poco. Lo realmente

importante era hacerse con el poder. Sin necesidad de capitanes de Jaca ni amagos

levantiscos como el registrado en el aeródromo de Cuatro Vientos; es decir, sin

disparar un tiro, igual que Primo de Rivera. Ese espíritu golpista que, en efecto, venía

de atrás, lo hicieron totalmente suyo los nuevos demócratas. Era el presagio de lo que

podía esperarse de la flamante República.

Nuestro hombre vivió la llegada de la República en Madrid, imagino que con la desazón propia de una persona de sentimientos monárquicos. Sin embargo, no mucho

tiempo después ya se encontraba en Barcelona, donde le nació en junio de 1932 su

sexto hijo, una niña a la que pusieron de nombre Mercedes (Memé para los suyos) en

honor a la patrona de la Ciudad Condal. Se trasladó allí con toda la familia para

ejercer de cronista-corresponsal de El Debate.

Llegaron las elecciones de 1933 (13 de noviembre en primera vuelta y 3 de

diciembre en segunda), en las cuales, el centro y las derechas arrollaron a socialistas

y republicanos, excepto en Madrid. Los resultados totales fueron: 5.191.881 papeletas

para los primeros, y 2.820.139 para los segundos. En Madrid, en cambio, ganaron las

izquierdas con 177.331 votos frente a 171.757 del centro-derecha. Estos resultados

dieron la siguiente composición del Parlamento: CEDA, 115 escaños; radicales de

Lerroux, 102; socialistas, 60; agrarios, 36; Lliga catalana, 26; tradicionalistas, 20;

republicanos conservadores, 18; independientes, 18; Esquerra Republicana, 18;

Renovación Española, 15; PNV, 12; liberales demócratas, 9; ORGA (regionalistas

gallegos), 6; Acción Republicana, 5; progresistas, 3; radicales socialistas

independientes, 3; Unión Socialista Catalana, 3, y radicales socialistas, federalistas y

nacionalistas españoles, 1 cada uno. En total 472 diputados. Por consiguiente, CEDA

y el partido Radical sumaban en conjunto, 217, y con los agrarios, 253, mayoría más

que sobrada en una cámara de 473 escaños.

En una democracia seria y respetuosa de sí misma, lo propio, lo constitucional, lo

justo, hubiera sido encargar al partido más votado la formación de gobierno y, en caso

de no lograr los apoyos parlamentarios imprescindibles, acudir al segundo, y así

sucesivamente. Pero apenas conocido el escrutinio, el griterío izquierdista atronaba el

país: ¡que vienen los «fascistas» de la CEDA! ¿Acaso no era la minoría mayoritaria?

Qué más daba. ¿Acaso no era el partido más votado? Qué importaba. Los demócratas

de toda la vida eran así. Han sido y serán siempre así.

Alcalá Zamora, el presidente de la República, se achantó, como tenía por norma

ante las presiones y desmanes de la izquierda. Consultado en primer término Gil-

Robles, como era preceptivo, encargó formar gobierno a Lerroux, jefe del partido

Radical, al que la CEDA apoyaría desde fuera. Todos los nuevos ministros fueron

radicales —y en general masones—, excepto Álvarez Valdés, liberal-demócrata,

encargado de Justicia, y Cid, agrario, de Comunicaciones. Alcalá Zamora salvaba la

cara ante los cofrades del Pacto de San Sebastián, porque Lerroux era uno de los

firmantes, pero a costa de vulnerar las reglas más elementales de una verdadera

democracia y gracias a la generosidad de Gil-Robles, que no quiso exigir lo que las

urnas le habían dado. De momento, el golpe definitivo a la otra España que buscaban

los amos del cortijo republicano se contenía, pero no se superaba; simplemente se

aplazaba.

Don Niceto, al que los socialistas llamaban el Botas, porque siempre calzaba

botines acharolados, no hacía mucho por encauzar la situación de acuerdo con la

voluntad popular y dignificar la República que presidía. Más bien circulaba en dirección contraria. Encarnaba en cierto modo el negativo de la foto fija de aquel

estado de cosas, cuyo positivo lo representaba don Alejandro Lerroux, éste, sí,

republicano de siempre, que no tenía necesidad de hacer méritos en la nueva

situación, como debía hacerlos el antiguo monárquico de Priego. Tan republicano era

Lerroux que fue el inventor de la bandera tricolor, cuya raya morada quería

simbolizar a los Comuneros de Castilla, a los que tenía por héroes populares

resistentes al despotismo real. Habría que añadir, no obstante, que don Alejandro

quizás no entendía mucho de gamas cromáticas, o en todo caso era daltónico, porque

el pendón de Castilla y supuestamente de los comuneros no fue nunca morado, sino

rojo vino, rojo burdeos. Pero mientras unos iban a peor en su recién estrenado

republicanismo, Lerroux venía a ser el paradigma del político que evolucionaba a

mejor, cada vez a mejor, por puro amor a España. Masón, como la gran mayoría de

los dirigentes radicales y como era obligado en el republicanismo izquierdizante de la

época, pasó de las soflamas extremosas como Emperador del Paralelo de Barcelona

(«hay que hacer de las monjas, madres», decía) a ser el principal valladar que

impedía, desde dentro del sistema, el despeñamiento de la nación. Las izquierdas

autoritarias, muchos de cuyos integrantes eran «hermanos» de don Alejandro, y las

izquierdas totalitarias, especialmente bolcheviques, lo sabían perfectamente, de modo

que había que buscar la fórmula para destruirle a fin de alcanzar sus objetivos

maximalistas.

Lerroux, sin embargo, no se dejó intimidar por las amenazas apocalípticas de las

izquierdas, aunque sabía que no jugaban de farol. En realidad lo sabía todo el mundo.

Podía leerse a diario en la prensa adicta, oírlo en el Parlamento y observarlo en los

preparativos revolucionarios que se hacían casi a plena luz del día.

El día 3 de octubre de 1934 Lerroux presentaba un nuevo gabinete al Parlamento,

que lo aprobó por holgada mayoría, en el que incluía ex novo a tres ministros de la

CEDA que ocuparían las carteras de Justicia, Agricultura y Trabajo. Sin embargo,

sólo tres días después estallaba, en numerosos puntos de España, la tantas veces

anunciada revolución, que alcanzó su máxima expresión violenta y desintegradora en

dos puntos: Asturias y Cataluña. El presente libro narra, con todo detalle y precisión,

los trágicos momentos que se registraron en Barcelona y en otras ciudades de

Cataluña la noche-madrugada del 6 al 7 de octubre de aquel año, vividos por Enrique

de Angulo en las propias trincheras del «teatro de operaciones», como se diría en

lenguaje castrense, a fin de transmitirlo de forma directa a los lectores de El Debate.

No voy a detenerme ahora en glosar el contenido del libro, que sería tanto como

suplantar al autor, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos detalles que estimo

ilustrativos. Por ejemplo, el libro fue publicado en el mismo año de 1934, lo que

indica que se trata de un reportaje de urgencia que sólo podía escribir, de manera tan

minuciosa, un testigo ocular directísimo de tales acontecimientos. En segundo

término advertimos que el libro no se editó en Barcelona, el lugar de los hechos. ¿No

se atrevió ningún editor barcelonés a ello? Tampoco se publicó en Madrid, donde podría haber tenido buena acogida, pero entonces había poca actividad editorial en la

capital de España. Asimismo no lo hizo la propia empresa para la que trabajaba.

¿Motivos de unos y otros para eludir lo que podía ser un buen negocio? Lo ignoro.

Incluso ignoro si llegó a plantear la publicación del libro a algún editor de Barcelona

o Madrid. Ni en el prólogo ni en sus papeles he encontrado alguna referencia sobre el

particular. En cambio sí se editó en Valencia, a cargo de la Librería Fenollera, de la

calle del Mar, 17, sin duda una pequeña empresa que publicaría algún libro de vez en

cuando. De todas formas no deja de ser un tanto extraño que el libro viera la luz a

orillas del Turia, porque no me consta que Enrique de Angulo tuviera muchas

amistades en la capital valenciana. Ello me hace sospechar que un tercero —¿su

hermano Juan?— le gestionó la publicación en la casa Fenollera, pero en términos de

tirada reducida, lo que hace que el libro, a pesar de su enorme valor documental,

tuviera entonces poca difusión y ahora resulte totalmente inédito.

El reportaje cobra en estos momentos una gran actualidad, ya que demuestra que

las tensiones centrífugas que se plantean ahora desde Cataluña al resto de España son

las mismas, exactamente las mismas y a veces con las mismas palabras, que

estuvieron en el origen y desarrollo de la rebelión separatista de octubre de 1934. Si

ahora se pide una Cataluña independiente en el contexto de un «Estado federal (o

confederal) español», entonces Companys proclamó, desde el balcón principal de la

Generalidad, el «Estat Català dentro de la República Federal Española». ¿Hay alguna

diferencia entre ambas exigencias? Una sola: en 1934, la coalición esquerrista-

socialista-comunista —la misma del tripartito actual— se echó a la calle (los

cenetistas permanecieron quietos), y hoy concentran todos sus esfuerzos en presionar,

hasta el agobio, a un Gobierno nacional que saben débil y claudicante, si no es que el

propio presidente del Gobierno toma la iniciativa para satisfacer a los separatistas, y

que además ignora la naturaleza del llamado «problema catalán». Tampoco lo

entendió Primo de Rivera, ni Franco, ni otros. Angulo, en cambio, no andaba

desencaminado al plantear, entonces, el tema de la autonomía municipal y las

mancomunidades comarcales. En último término el «problema catalán» no es

propiamente un problema de toda Cataluña, sino una consecuencia del centralismo

aplastante de Barcelona. Pero tampoco de los barceloneses en general, sino de la

clase dirigente enquistada en los centros de poder de la capital del condado.

Esta clase, superpuesta a toda la población, y que por ello mismo podríamos

calificar de casta oligárquica o dominante, no está formada por un cuerpo único

monolítico, sino que al modo de los antiguos estamentos medievales, podemos

distinguir en ella al menos tres capas o estratos. El de más arriba, por su posición

económica, lo integra el gran empresariado financiero, industrial y comercial

agazapado en la patronal Fomento del Trabajo Nacional, con un poder mucho mayor

del que deja traslucir. Su poderío no ha decaído nunca, en ninguna situación, por muy

adversa que a Cataluña pudiera parecer, salvo el paréntesis muy extremo de la guerra

civil.

En un segundo escalón hallaríamos a la burguesía de clase media, más bien

tirando a media-baja, funcionarial, docente, urbanita, jacobina (en la que abundan los

charnegos precisados de hacerse perdonar su origen ante quienes dan y quitan

canonjías), dada a la extremosidad y a las expresiones rotundas. Anidan,

principalmente, en las numerosas logias de las distintas obediencias que existen en

Barcelona, cuya casa madre tiene su domicilio en la Gran Vía de las Cortes

Catalanas, 617. La sede histórica de la calle Aviñó, 27, que cita Enrique de Angulo,

donde estuvo ubicada la Gran Logia Regional del Nordeste de España, dependiente

del Grande Oriente Español, madriguera de los insurrectos de octubre de 1934, la

ocupa ahora la Gran Logia Simbólica Española (Gran Oriente Español Unificado),

masonería «irregular, adogmática y mixta».

En un tercer grupo encontraríamos al nacionalismo clerical que germina en las

sacristías —es un decir—, pero con seguridad en muchas asociaciones católicas de

Cataluña. Es una versión a escala menor del denostado nacional-catolicismo, a mi

juicio dudosamente ortodoxo, antes franquista y ahora independentista.

Los intereses que se concentran en Barcelona han gozado desde antiguo de unos

privilegios que no han tenido las demás regiones españolas, como si volviéramos a

los tiempos mercantilistas del privilegio de ciertos puertos —Sevilla, Cádiz, etc.—

exclusivistas del comercio con las Indias Occidentales u Orientales. Para demostrarlo

no voy a remontarme a la permanente guerra de los aranceles de la segunda mitad del

siglo XIX, que terminó con la victoria, obvia, de los industriales textiles de Barcelona,

quienes lograron imponer las barreras proteccionistas de 1891 y 1906. Tal muralla,

que permitía el afianzamiento de un mercado interior cautivo, hizo más que ricas a las

grandes familias patricias barcelonesas: Güell, Muntadas, Batlló, Fabra, Serra, Sert,

Valls, Milá, Mateu, etc. Hablaré de tiempos mucho más recientes y, según los

catalanistas, terriblemente opresores.

La única región española, mejor dicho, la única ciudad española que ha gozado de

la prerrogativa de tener un ministro exclusivo para velar por sus intereses locales ha

sido Barcelona, en la persona de don Pedro Gual Villalbí, director, hasta su

nombramiento como ministro franquista, de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles

de la Ciudad Condal.

Gual Villalbí, el defensor del «proteccionismo sano», siempre que beneficiara a

su tierra naturalmente, había nacido en Tarragona en 1885, pero desde los tiempos de

estudiante de Comercio —ahora Empresariales— vivió siempre en Barcelona, donde

desarrolló toda su carrera profesional, empresarial y docente. En el gabinete del 25 de

febrero de 1957 Franco lo nombró ministro sin cartera y, de hecho, sin contenido.

Para vestir un poco el santo le fue añadida la presidencia del Consejo Económico

Nacional, uno de esos organismos asesores cuyos dictámenes raramente aprovechan

para algo, pero que sirven de refugio a los elefantes sagrados. Con esa presidencia

podía tener despacho en Madrid, aunque siguió viviendo en Barcelona, y ayudar a

López Rodó en el diseño, primero, del Plan de Estabilización de 1957, y los posteriores planes de Desarrollo. Esto era la teoría, que no digo yo que dejara de

cumplir, pero suponía poca sustancia para sentarse todas las semanas de oyente en el

Consejo de Ministros. Don Pedro se mantuvo en el cargo hasta el 7 de julio de 1965,

en cuyo ministerio sin cartera le sustituyó el también barcelonés Laureano López

Rodó, mano derecha del todopoderoso almirante Carrero Blanco, que asumió la gran

tarea de los planes de Desarrollo.

Uno de los polos de Desarrollo fue asignado a Tarragona, por casualidad patria

chica de Gual Villalbí. La antigua y esplendorosa Tarraco sufría un muy largo

proceso de decadencia, y a fin de atajarlo y relanzar su economía, el Gobierno, es

decir, López Rodó, decidió instalar en ella un gran complejo petroquímico, parejo al

de Huelva. Pero he aquí que los grandes empresarios barceloneses se quejaron, ¿a

quién?, que habían dado todo el pastel a Tarragona y a ellos no les había tocado nada.

Para «compensarles» se les concedió la nadería de la explotación del gas natural en

toda España, a la sazón en régimen de monopolio. Se lo quitaban a Campsa y se lo

cedían a unos particulares, pero no a unos particulares cualesquiera, sino a unos

particulares de Barcelona. Franco seguía oprimiendo a los catalanes. Y no hablamos

de la SEAT, de la Zona Franca del puerto de Barcelona y de otras menudencias

similares.

Cierto que se prohibió el uso de la lengua autóctona en instituciones y organismos

públicos, pero… no en todos. En la presidencia del Gobierno, por ejemplo, donde

tenía el despacho López Rodó, yo presencié, a principios de los años setenta,

conversaciones y reuniones en catalán con el entonces alcalde de Barcelona, José

María Porcioles, y sus acompañantes, y no metieron a ninguno de ellos en la cárcel.

Por cierto, a Porcioles lo veía de vez en cuando por allí, pero nunca detecté la

presencia del alcalde de Madrid ni el de ninguna otra capital de España. A lo mejor

sucedía que cuando yo iba a recabar información para la agencia Efe, donde

trabajaba, era la hora de las visitas barcelonesas.

Como he apuntado antes, el problema no viene de Cataluña en su conjunto, sino

del pulpo barceloní. Las clases dominantes capitalinas sueñan con hacer de Barcelona

una nueva Roma mediterránea, una ciudad imperio, un imperio sobre els Països

Catalans. ¿Qué dominios o colonias integrarían este imperio? En primer término los

viejos condados catalanes, ya absorbidos por el condado de Barcelona. Seguidamente

el antiguo reino de Mallorca (les Illes), más el reino de Valencia, más el Rosellón,

más la Provenza, más la franja ribereña del Noguera Ribagorzana que pertenece a

Huesca, más… ¿también Cerdeña?, ¿también Sicilia?, ¿también Nápoles?, ¿también

los ducados de Atenas y Neopatria?, ¿también el Asia Menor? Nunca hay que olvidar

que todo nacionalismo exacerbado es, por su misma naturaleza, expansivo,

absorbente, voraz, agresivo, belicoso…, o sea, imperialista, y todo imperio acaba

chocando y guerreando con sus vecinos, a los que pretende colonizar y dominar. Ahí

tenemos el imperio barceloní. Que se lo pregunten, si no, a los valencianos, o a los

navarros respecto a los separatistas vascos.

En la revolución de octubre de 1934 podemos distinguir, siguiendo el texto de

Angulo, tres factores desencadenantes: el territorial, el social y el ideológico.

El territorial viene representado por la pretensión del pulpo barcelonés de

constituirse en nación aparte pero sin perder el apetitoso y cautivo mercado español.

Es decir, sí pero no, según cómo. Es un problema para España, que sigue igual desde

hace un siglo o más, con las mismas demandas barcelonesas, los mismos argumentos,

los mismos grupos políticos, los mismos intereses y hasta los mismos personajes

aunque lleven nombres distintos. Un problema irresuelto e irresoluble mientras no se

inyecten dosis masivas de antibióticos contra los focos infecciosos barceloneses que

contagian a toda la sociedad catalana. ¿Y qué clase de antibiótico puede ser ése? La

penicilina de la libertad: libertad de lenguas, libertad de enseñanza, libertad política,

libertad de prensa y libertad televisiva. Mientras Cataluña no sea liberada de la

dictadura cultural y política que padece desde décadas no será realmente libre ni

soberana, la soberanía de los espíritus, de las personas. Pero una dictadura no puede

curarse con otra dictadura. Ése fue el gran error de Primo de Rivera, y de Franco, al

margen de la valoración general que pueda hacerse de sus respectivos regímenes. Una

dictadura como la que ha impuesto el nacionalismo secesionista sobre un pueblo

cohibido y presionado sólo puede vencerse con grandes dosis de libertad. La libertad,

a la larga, lo cura todo. Bien entendido, la libertad responsable, esto es, el sistema de

libertades en el que todo el mundo tiene que responder ante los demás de lo que hace

y dice, no como ocurría en la República, que los sectores golpistas, sediciosos y

revolucionarios, al final apenas respondían de nada. Por eso se reponían rápidamente

de sus fracasos y proseguían en seguida sus maquinaciones. Así acabó la cosa.

El factor o problema social venía determinado por la pobreza y las abultadas

cifras del paro, en buena medida provocadas por los efectos retardados de la Gran

Depresión del año 1929. Ya entonces, eso de la globalización, para bien y para mal,

no había quién lo parase. Muchísimo menos ahora con Internet funcionando a toda

presión.

Las cifras oficiales registraban en mayo de 1934 un paro de 703.816 personas, o

sea, el doce por ciento aproximadamente de una población activa que podríamos

estimar en unos seis millones escasos de operarios. Un desempleo bastante elevado,

con el agravante de que buena parte de los puestos de trabajo eran precarios o

temporeros. Además, el mercado laboral empeoraba: en un año el paro había

aumentado en 158.977 desempleados más. La situación social era, por tanto, grave, y

en consecuencia campo abonado para las soflamas demagógicas. Ahora bien, la

pobreza nunca se ha superado con mítines ni mucho menos con revoluciones. En todo

caso, la insurrección catalana no fue obra de trabajadores en paro, ya que la CNT,

sindicato ampliamente mayoritario, prefirió ver los toros desde la barrera, sino que la

planificaron, organizaron y ejecutaron la propias autoridades autonómicas —de

acuerdo con Azaña y los socialistas— a cuyas órdenes actuaron las milicias (los

escamots) de Esquerra Republicana y las fuerzas de seguridad dependientes de la Generalidad. En Asturias, en cambio, el protagonismo de la rebelión corrió a cargo de

los mineros principalmente, que tenían trabajo estable. O sea, que tampoco aquí los

parados tuvieron participación decisiva alguna.

Por lo que al factor ideológico se refiere, no es exagerado decir que la masonería

por un lado, y el bolchevismo de Largo y sus seguidores por otro, hicieron aquel

Régimen inviable. No concebían una República que no estuviera totalmente en sus

manos. La República tenía que ser exclusivamente para los republicanos, pero no

para todos los republicanos, sino únicamente para los que Azaña, Prieto, Esquerra y

las logias legitimaran. Por supuesto, Lerroux, el más antiguo de todos los

republicanos, a pesar de ser o haber sido masón —según relata en sus memorias—,

no era en cambio lo suficiente sectario y jacobino para ser admitido en el club de los

legitimistas. De tales republicanos dijo don Alejandro en un mitin en la plaza de toros

de Zaragoza (10 de julio de 1932) que «en vez de gobernar para todos los españoles,

gobernaban sólo para una clientela». Unos republicanos que en lugar de atraer y

asimilar a los reticentes, como en cierto modo intentó la CEDA, pusieron todo su

empeño en enfrentar a las dos Españas, para aplastar a los adversarios y alzarse con el

santo y la limosna del poder a perpetuidad. Por ese camino la guerra civil estaba

servida.

 

Vicente Alejandro Guillamón

Madrid, octubre de 2005