La guerra que nos ocultan
Primeras palabras
M ÉXICO ES IGUAL pero distinto desde aquellos días del asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición de 43 de sus compañeros el 26 de septiembre de 2014. La historia sigue llena de capítulos oscuros y una parte medular es todavía un
misterio, envuelto en un halo de actos que inquietan: crímenes extrajudiciales que
incluyen métodos para hacer daño y causar terror a las víctimas, violación a los derechos
humanos, destrucción de evidencias, investigaciones amañadas, exámenes periciales
deficientes, testimonios arrancados bajo coacción y terrorismo visual.
Bastó la noche de Iguala para terminar con la imagen que el gobierno de Enrique
Peña Nieto había vendido a los mexicanos que votaron por él y a los gobiernos
extranjeros que aplaudieron las reformas estructurales del mismo viejo PRI en un país
que presenta características y cifras de muertos similares a las de una nación en guerra.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa llegaban a las 19:34 horas
a las puertas de la ciudad guerrerense de Iguala sin saber que antes del amanecer del 27
tres de ellos serían asesinados, ni que otros 43 desaparecerían sin dejar rastro.
Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo fueron abatidos por disparos de
armas de fuego. Peor fue el destino del tercer asesinado, Julio César Mondragón Fontes,
porque lo torturaron brutalmente, lo desollaron vivo, lo dejaron morir desangrado a
menos de 500 metros del Centro de Inteligencia y espionaje policiaco-militar de aquella
ciudad, conocido como C4.
En cuanto a los 43 desaparecidos, ni la Procuraduría General de la República (PGR)
ni la Fiscalía General de Guerrero (FGG) han aclarado nada aún. A casi dos años de los
hechos de Iguala, municipio de un estado rico en yacimientos de uranio, oro y titanio,
los normalistas forman parte de las estadísticas de un país saqueado en el más completo
de los silencios y el mayor disimulo de la complicidad, la corrupción y la impunidad.
Irracional como es, aquel 26 de septiembre de 2014 ilustra la descomposición del
país. Estudiantes, periodistas, maestros, activistas y líderes sociales desafectos al régimen u
opositores han sido víctimas de todo: vejaciones, ultraje, desaparición forzada, tortura,
secuestro, humillación y asesinato.
A partir de diciembre de 2006 y hasta finales de 2015, más de 150 mil personas
murieron intencionadamente en México e incontables miles más han desaparecido,
advierte la Open Society Justice Initiative, organización sin fines de lucro que promueve
los derechos humanos, en su estudio Atrocidades innegables, que presentó en mayo de 2016.
Frescas, las imágenes de la barbarie en Ayotzinapa han dado la vuelta al mundo y han
llevado al gobierno mexicano a vivir una prolongada pesadilla, porque de inmediato se
descubrió que la tragedia era mucho peor de lo informado, lo que debilitó los cimientos
del gobierno y marcó para siempre a Peña Nieto, quien en dos años malbarató el capital
político con el que el 1 de diciembre de 2012 juró como nuevo presidente.
Después de aquella noche surgió una vez más la pregunta inevitable: ¿está México en
guerra?
Aunque el gobierno rechaza los señalamientos de un conflicto armado, las evidencias
dicen lo contrario: en el país predomina una violencia muy parecida a una guerra civil en
diferentes estados y varios frentes, al tiempo que se pretende minimizar sistemáticamente
el desorden social con una actuación cada vez más visible de la Marina y el Ejército en
conjunción con las policías federal y estatal.
En junio de 2015 el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía
y la Paz (IEP), señaló contundentemente: México es el país más violento de América
Central y el Caribe, y el segundo en todo el continente. Por su parte, la prensa de
Estados Unidos documentó cómo el gobierno peñista había invertido 3 mil 500 millones
de dólares en la compra de armamento hasta convertir a sus Fuerzas Armadas en el
segundo ejército más poderoso de América Latina.
Justifican la pregunta masacres, fosas clandestinas, ejecuciones sumarias, la visible
carrera armamentista, extorsiones, persecución y encarcelamiento de estudiantes, líderes
sociales y maestros, secuestros, linchamientos y la militarización de amplias zonas, así
como los 65 mil 200 asesinatos que han tenido lugar en los primeros tres años del
gobierno de Peña (aunque sólo se reconocen 54 mil 454 intencionales). Agrava la
situación la zozobra de que en el país se denuncian menos de 7% de los crímenes y
delitos que se cometen.
No reconocer el estado de guerra o el conflicto armado le da ventajas al gobierno: el
derecho de tratar a opositores como criminales del fuero común y perseguirlos sin orden
judicial; también le confiere poderes especiales al Ejército, exculpándolo de cumplir y
respetar las leyes relativas a los derechos humanos y a los límites para el uso de la fuerza
letal.
Además, impide tener una mejor comprensión de cómo un país puede desaparecer a
las víctimas, cómo se destruye la evidencia y se frena la búsqueda de los desaparecidos.
Reconocer que hay una insurrección popular obligaría al gobierno a salvaguardar los
derechos humanos y respetar los mecanismos internacionales que se otorgan con el
derecho de guerra. En otras palabras, las Fuerzas Armadas y las policías tendrían que
respetar la Constitución y los Convenios de Ginebra suscritos por México.
Al no aceptar el estado de guerra, el gobierno puede ocultar que en algunas entidades
del país siguen presentes, e incluso han empeorado, las causas que dieron origen a la
guerrilla en las décadas de 1960 y 1970. De ahí la vana intención de evitar el tema contra
toda evidencia, de negar que hay grupos rebeldes en activo y otros rebeldes-insurgentes en gestación; que sigue viva la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México (FECSM), la cual aglutina a los casi 6 mil 600 estudiantes de las 16 normales
rurales en funciones del país.
La brutal y exitosa campaña a través de los medios masivos de comunicación para
crear una imagen negativa de los profesores de educación básica, responsabilizándolos de
todos los males del sistema educativo, y para presentar a los normalistas de Ayotzinapa
como una gavilla de vándalos y revoltosos, ha servido al gobierno para poner en marcha
un “proyecto” de militarización en algunos estados considerados problema, como
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
AYOTZINAPA hizo que la clase política mexicana se convirtiera en el hazmerreír
internacional cuando se descubrió que aquel 26 de septiembre de 2014 un grupo
encapuchado —no se supo si eran policías al servicio del crimen organizado o militares—
recorrió comercios y casas en algunas calles del centro de Iguala amenazando de muerte a
quienes osaran ayudar a los estudiantes. Aterrorizada y amenazada, la sociedad igualteca
fue obligada a presenciar y ser cómplice por omisión de un crimen masivo escandaloso.
¿Fueron el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 de sus compañeros casos
aislados o temía el gobierno que esta fuera la mecha para un nuevo estallido social?
Los padres de familia y los compañeros de los estudiantes muertos y de los
desaparecidos están convencidos de que el gobierno —en sus tres niveles, a través de los
cuerpos policiales—, el Ejército y el narcotráfico estuvieron detrás del entramado
criminal.
Y tienen razones para ser incrédulos porque desde el ascenso de Peña se despliega un
proyecto militarista, si bien desde mediados de la década de 1960 Guerrero vive una
prolongada guerra irregular en la que el Ejército ha sido muy eficaz para infiltrar y
aniquilar movimientos sociales, grupos insurgentes y movimientos campesinos
transformados en guerrilla rural, cuyos mayores representantes son los extintos profesores
normalistas Genaro Vázquez Rojas —quien hizo intentos por encuadrar su descontento e
inconformidades a través de la lucha institucional, desde antes de graduarse en la Escuela
Nacional de Maestros de la Ciudad de México— y Lucio Cabañas Barrientos, egresado
de la “Raúl Isidro Burgos”, quien también canalizó sus primeras luchas políticas por la
vía legal a través de los movimientos sociales.
Pocos, hasta antes de junio de 2014, imaginaron que algún día podían repetirse
crímenes masivos de Estado, cuyos testimonios modernos pueden rastrearse allá por 1960
y 1962, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, y octubre de 1968, en la del
poblano Gustavo Díaz Ordaz, extendiéndose hasta junio de 1971, en el sexenio de Luis
Echeverría Álvarez, 1976 con José López Portillo y Pacheco y 1988 en la presidencia de
Carlos Salinas de Gortari.
La situación se ha prolongado hasta la administración peñista. El 31 de diciembre de
2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe —Situación de los derechos humanos en México— en el que constató la grave crisis
humanitaria que vive México, “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y
violencia; graves violaciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de
impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares […],
miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de
personas”.
El informe también advierte que la respuesta en la lucha contra el crimen organizado
“ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos,
en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares
internacionales”.
Y en mayo de 2016 el periódico The New York Times documentaría que las Fuerzas
Armadas mexicanas son letales o “asesinos excepcionalmente eficaces que apilan
cadáveres con una celeridad extraordinaria”. De acuerdo con el Times, si actúa el
Ejército, mata a ocho y deja vivo a uno; y si lo hace la Marina, queda viva una persona y
mata a 30, promedios que contrastan drásticamente con los internacionales, porque en
un combate cualquiera quedan cuatro heridos por cada muerto. En otras palabras, son
muy eficientes para las ejecuciones sumarias.
En las calles aún flota una pregunta retórica, que suena a sarcasmo: ¿se conocerá
algún día la verdad?
Pocas cosas hay ciertas, y sobresalen algunas: los líderes sociales y comunitarios de
Guerrero están convencidos de que los estudiantes de Ayotzinapa encarnan la dignidad
de la pobreza en los tiempos en los que el Estado se ha endurecido y ha solapado la
corrupción, mientras en la normal “Raúl Isidro Burgos” hay una verdadera educación
política socialista que ha templado voluntades y moldeado generaciones de jóvenes
dignos.
La situación asusta por sus tinieblas. A dos años del fusilamiento “sin sentido” de 22
jóvenes en un bodegón de San Pedro Limón en Tlatlaya, Estado de México, y a casi dos
de los crímenes de Ayotzinapa, cada día surgen más interrogantes sobre si los une un eje
común, si representan la manifestación de un plan deliberado.
A pesar de que en las altas esferas del palacio presidencial se mantiene un discurso que
imputa los crímenes a sicarios y policías municipales al servicio de los cárteles del
narcotráfico, Ayotzinapa es uno de los capítulos más sórdidos en las últimas cinco
décadas de la historia nacional.
La oleada de “emoción” que provocó entre millones de priistas la llegada de Peña
Nieto a Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012 se transformó primero en estupor
por el caso Tlatlaya y más tarde en desconcierto, pánico generalizado, indignación y
vergüenza nacional por los normalistas desaparecidos, los dos asesinados por armas de
fuego y el desollamiento de Julio César Mondragón Fontes, originario del municipio de
Tenancingo, Estado de México.
Fue el descrédito total. La imagen del “reformista” Peña y la de sus dos principales
colaboradores —Luis Videgaray Caso, de Hacienda, garante de la marcha de la economía y las finanzas, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, encargado de la
seguridad interna— cayó en desgracia, perdió legitimidad y entró en declive.
La imagen se deterioró aún más el 24 de abril de 2016 porque ningún funcionario
federal asistió a la presentación de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de su segundo y último informe, lo que lamentó James
Cavallaro, presidente de la CIDH, al resaltar las críticas al sistema mexicano de justicia
que hicieron esos especialistas y evidenciar que 80% de los detenidos por el caso
Ayotzinapa presentaron algún tipo de lesión; además, ratificó que toda la investigación
está plagada de irregularidades y obstáculos, junto con una campaña permanente de
desacreditación de los expertos independientes.
Una vez presentados los resultados, y sin temor al ridículo, Peña Nieto agradeció, a
través de la red social @EPN, la información y las 22 recomendaciones sugeridas por el
GIEI, señalando que la PGR analizaría el informe para enriquecer su propia
investigación.
Después de revisar un expediente judicial sin censura de más de 55 mil hojas tamaño
oficio, entrevistar a líderes sociales de Guerrero y del Estado de México que
prácticamente viven en la clandestinidad y a salto de mata, así como a cabecillas del
crimen organizado en la llamada Tierra Caliente de ambas entidades —y de Michoacán,
el tercero en discordia—, así como de recorrer las calles de Tixtla de Guerrero, Acapulco
de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Tepecoacuilco de Trujano e Iguala de la
Independencia, y los municipios mexiquenses de Tlatlaya y Luvianos, las páginas
siguientes ofrecen una versión del porqué y el para qué de tales crímenes.
AYOTZINAPA: ENTRE LA RIQUEZA
Y LA MILITARIZACIÓN
Guerrero, un estado de 81 municipios con un paisaje cambiante de zonas selváticas que
nacen en las costas del océano Pacífico y alcanzan los relieves montañosos, posee
abundantes bienes naturales, en especial minerales, apreciados por todo el mundo. Sin
embargo, el “olvido” y el despotismo del gobierno federal, la marginación estructural y el
abuso de los caciques locales forman parte de la cotidianidad de los guerrerenses, quienes
viven en una de las tres entidades más pobres y marginadas del país, porque toda la
riqueza que está bajo sus pies queda en manos ajenas.
Poco se habla del auge de una “nueva” ola de represión que cobró ribetes de tragedia
desde la década de 2000, cuando se puso en marcha otro operativo político-militar
encubierto de contrainsurgencia. Poco se habla de que el gobierno federal carece de una
política pasiva de disuasión y que los cárteles del narcotráfico en Guerrero y algunas
zonas del Estado de México viven en la pujanza no sólo por el trasiego de drogas y por las
actividades criminales colaterales —extorsión, secuestro y trata de blancas—, sino porque
en vastas zonas de esos estados apareció un negocio más redituable y legal: la minería.
Primero fue la fiebre del oro, que propició la llegada de mineras de Canadá,
principalmente, para explotar extensos y cuantiosos yacimientos. Luego se esparcieron
rumores, que más tarde serían datos confirmados, sobre formidables reservas de uranio.
Por último se corroboró información confidencial sobre la existencia de espléndidos
depósitos de titanio.
Esa “fiebre” gambusina cuenta historias de terror en números fríos: sólo entre 2006,
al inicio del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, y mediados de 2015, ya en
el de Peña, las mineras —en su gran mayoría extranjeras— extrajeron 62 toneladas 276
kilogramos de oro en pepita y polvo.
Y en diciembre de 2011 se hizo pública una información que heló la sangre a los
guerrerenses, fue como una amenaza de que la miseria y la violencia aumentarían: uno de
los mayores depósitos o yacimientos de oro se descubrió muy cerca de Ayotzinapa, donde
se encuentra la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Así pues, el estado de Guerrero dio forma a lo que los especialistas en finanzas, físicos
y geólogos llaman el ambicionado Cinturón de Oro, un corredor que se extiende desde
Mezcala hasta la zona sur de su vecino, el Estado de México, atravesando la sierra, para
llegar a Temascaltepec, Tejupilco, Tlatlaya, Luvianos y Zacazonapan.
La llegada de las mineras y una ola de represión “selectiva” que se hizo patente a
través de la persecución y el hostigamiento de la guerrerense Evelia Bahena García, el
encarcelamiento de la también guerrerense comandanta Nestora Salgado García, así
como los asesinatos de los oaxaqueños Alberta Bety Cariño Trujillo y Bernardo Vásquez
Sánchez, y del chiapaneco Mariano Abarca Robledo, reconocidos activistas defensores de
los derechos humanos (y tres de ellos líderes de la lucha antiminera), propició que desde
2013 la normal “Raúl Isidro Burgos” se convirtiera en punto clave para canalizar el
descontento social en Guerrero.
La escuela se transformó en un colectivo que escapaba a los controles políticos e
ideológicos del Estado mexicano, mientras los aguerridos estudiantes normalistas y sus
líderes, en forma también natural, se hicieron las figuras más evidentes de lucha en una
entidad en la que la ciudadanía no sólo lidiaba con criminales del fuero común y
narcotraficantes, la represión gubernamental, policial y de las Fuerzas Armadas, sino con
otros “enemigos” poderosos que tampoco estaban dispuestos a tolerar ninguna protesta,
los “nuevos” gambusinos del crimen organizado.
En la campaña que hace sexenios se puso en marcha para cerrar las escuelas normales,
la “Raúl Isidro Burgos” aparece desde siempre como uno de los mayores objetivos. Desde
hace mucho es vista como un enemigo capaz de impulsar una revuelta interna, aunque la
rebelión ciudadana es una realidad, y se nota claramente a través de la creación de
policías comunitarias: la respuesta popular a la incapacidad y el abuso de los entes del
Estado. Asimismo, cada día se vuelve más evidente la rebelión contra las mineras y el
nacimiento de grupos como el de Insurgencia por el Rescate Institucional y Social (IRIS),
en Michoacán, y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Armas (ERPA), en Veracruz.
El secuestro de normalistas, su desaparición y el asesinato de tres no son un caso aislado. Aunque así se quiera manejar desde la oficialidad, la actuación del gobierno está
en entredicho. Su respuesta ha consistido en destinar recursos millonarios a la llamada
gran prensa que se ha encargado de desviar la atención. Eso pasó en el caso de las
masacres en territorio guerrerense de Chilpancingo, en diciembre de 1960; de Atoyac, el
18 de mayo de 1967; de Huautla, el 9 de febrero de 1993; de Aguas Blancas, el 28 de
junio de 1995, y de El Charco, el 7 de junio de 1998.
AYOTZINAPA ENCAJA en otras historias que culminan en la primera semana de abril de
2016, cuando el Senado de la República puso en marcha la maquinaria priista a fin de
aprobar la ley reglamentaria al artículo 29 de la Constitución que le da luz verde a Peña
para decretar el Estado de Excepción, suspender garantías individuales y el orden legal, y
criminalizar la protesta social. Además, el 21 de abril la Cámara de Diputados aprobó
reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos
Penales que crea la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control,
que podrán ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno federal e
incluso a las dos cámaras del Congreso de la Unión y los organismos autónomos.
La militarización es inocultable: a través de retenes, cuarteles, guarniciones, sectores,
45 zonas militares del Ejército, así como ocho regiones navales1 y 12 del Ejército, las
Fuerzas Armadas tienen control efectivo de la población, sobre todo en zonas
consideradas de riesgo y alto riesgo. A la organización de las fuerzas militares se suman las
áreas de control de policías estatales y federal.
La presencia cotidiana de las Fuerzas Armadas —soldados o marinos visibles de la
Ciudad de México a Chiapas, Baja California Sur, Veracruz o Guerrero— y su
estratificada organización cuentan también con un efectivo sistema de espionaje interno,
aunque oficialmente se le conoce como Sistema de Inteligencia Militar (SIM).
De acuerdo con manuales confidenciales o de circulación limitada elaborados e
impresos a partir del año 2000, “las Fuerzas Armadas representan uno de los pilares más
importantes de la estructura de gobierno para realizar acciones orientadas a fortalecer la
identidad nacional, el respeto al sistema gubernamental, así como el reconocimiento y la
representatividad de las autoridades, para lo cual esta misión podrá cumplirse, entre otras
formas, con programas de apoyo a la población (labor social), atendiendo problemas y
necesidades específicas en zonas previamente seleccionadas, detectadas mediante la
elaboración de estudios socioeconómicos que permitan determinar el tipo y magnitud del
apoyo a proporcionar”.
Los objetivos son claros: “Generar inteligencia militar, para presentar el mayor
número de opciones para la toma de decisiones adecuadas y oportunas a fin de afrontar la
problemática que afecta la seguridad nacional. […] Tomar acciones preventivas que
permitan un adecuado despliegue operativo, proteger el dispositivo y las operaciones,
anticipándonos a las acciones de los agentes externos e internos que atenten contra la
seguridad nacional”.
A la luz de los acontecimientos y lo que se ha documentado hasta hoy, los casos
Ayotzinapa y Tlatlaya fueron minimizados o valorados erróneamente porque nadie en la
inteligencia militar tuvo capacidad para entender el daño que se haría a la imagen
personal del comandante supremo de las Fuerzas Armadas: Peña Nieto.
Sin reconocer un solo conflicto interno, Peña seguiría el ejemplo de su antecesor
Felipe Calderón y reforzaría la presencia del Ejército y la Marina y los modernizaría a
través de una ambiciosa compra masiva de armamento en cuya primera etapa —como ya
se dijo líneas antes— se gastarían al menos 3 mil 500 millones de dólares.
En 2016, el Índice Global de Potencia de Fuego (GFI, por sus siglas en inglés), una
clasificación del poderío militar y la potencia de fuego bélico de 106 países —elaborada
sobre la base de más de 50 factores, incluidos el presupuesto general militar, la mano de
obra disponible y la cantidad de equipos que tiene en su arsenal respectivo, así como el
acceso a los recursos naturales, su capacidad tecnológica, capital humano, capacidad
industrial y el ejército con el que cuenta—, señalaba que las Fuerzas Armadas mexicanas
ocupaban el lugar número 31.
Una revisión al juego de los números y análisis que usa el GFI, entre cuyas fuentes
informativas se encuentran la Agencia Central de Inteligencia (CIA), muestra que
México se ha convertido en la segunda potencia militar de América Latina, apenas atrás
del gigante sudamericano Brasil, que en la clasificación global ocupa la casilla 22.
Para un país en paz y cuya amenaza para la estabilidad es el crimen organizado, el
poderío militar de México se mide en dos vertientes: el Ejército —que incluye la Fuerza
Aérea— y la Marina-Armada. Al primero se le contabilizaron 695 vehículos blindados y
362 aeronaves, incluidas 42 de ataque. Y a la segunda, una fuerza de 143 embarcaciones,
entre ellas seis fragatas, dos destructores, tres corbetas y otras 21 embarcaciones para la
operación en una franja costera de 9 mil 330 kilómetros.
Para abril de 2016, la Marina estaba en vías de incrementar su poderío político: el
Senado dio entrada y analizaba una iniciativa para tomar el control de las 113 capitanías
de puerto del país bajo el manto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y
habrá que recordar que ocho fueron señaladas como infiltradas por El Chapo Guzmán,
además de utilizar 28 buques de pesca para transportar cocaína, según una investigación
de la Secretaría de Marina (Semar), publicada en Reforma el 11 de mayo de 2010.
Al margen de su aprobación o rechazo, la iniciativa fue vista como el primer paso
para militarizar instalaciones clave para el desarrollo, bajo argumentos como los de la
Coordinación General de Protección Portuaria e Instalaciones Estratégicas de la Semar,
que asegura que, de acuerdo con el Convenio de Viña del Mar, México está
comprometido a inspeccionar el 20% de buques extranjeros que atracan en nuestros
puertos; sin embargo, sólo se revisa el 4 o 5%.
En abril de 2014, el sitio especializado Business Insider elaboró una lista del poderío
militar de 35 países —en la que incluyó factores no tomados en cuenta por el GFI, como
las diferencias cualitativas en armamento— y ubicó a las Fuerzas Armadas mexicanas en
el lugar 33, a Brasil en el 14 y a Canadá en el 16. Ninguna otra nación de las Américas fue incluida en esa selecta clasificación en la que Estados Unidos, Rusia, China, India y
Gran Bretaña ocuparon los primeros cinco lugares.
Business Insider y el GFI apuntan que el gobierno mexicano destina cada año un
presupuesto cercano a 7 mil millones de dólares para sus Fuerzas Armadas. La Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con una plantilla de 213 mil 477 efectivos,
mientras que la Marina tiene 60 mil 313 militares listos para ir al frente.
Hasta diciembre de 2015, el Ejército y la Fuerza Aérea contaban con 541 generales
—45 de división, 175 de brigada y 318 brigadieres—, 873 coroneles; mil 635 tenientes
coronel; 3 mil 612 mayores; 4 mil 99 capitanes primeros; 3 mil 824 capitanes segundos;
15 mil 26 tenientes; 9 mil 367 subtenientes; 17 mil 85 sargentos primeros; 37 mil 906
sargentos segundos y 49 mil 409 cabos; en otras palabras, un Ejército muy obeso lleno de
jefes.
En junio de 2012, Rogelio Velázquez publicó en la revista Contralínea un
señalamiento que causó urticaria: “Las Fuerzas Armadas padecen macrocefalia: tienen
una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño […]. Y es que el país cuenta con 541
generales para 211 mil 488 efectivos, mientras que el ejército chino registra 191 generales
para más de 2 millones.
”Consideradas como las fuerzas más poderosas del mundo en cuestiones operativas y
tecnológicas, la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos contaban con 890 mil 489
militares en activo hasta marzo de 2012, [pero entre uno y otra] suman 615 generales:
313 en el primero y 302 en el segundo. […] En el Ejército, 11 portan el grado de
general, 47 el de general teniente, 109 el de general principal y 146 son generales
brigadier. En la Fuerza Aérea los números refieren 12, 46, 96 y 149, respectivamente.
Con ello, apenas son 71 generales más que su vecino del sur. Es decir, México tiene
porcentualmente más generales. Estos representan el 0.25% del total de fuerzas activas
mexicanas. En Estados Unidos, los generales representan el 0.06%. Por cada general
mexicano se cuenta con 390.9 efectivos; y por cada estadunidense mil 447.9”.2
La realidad es más compleja de lo que parece porque el poderío militar ha sido
incapaz de contener el avance de la delincuencia organizada o, en su defecto, las Fuerzas
Armadas representan una enorme burocracia que consume cuantiosos recursos y que
nadie se atreve a tocar porque constituyen el sostén político del grupo en el poder.
Y lo del poderío no es retórico. En junio de 2015 el periodista estadounidense Joshua
Partlow hizo palidecer a más de un general mexicano. El día 15 señaló en el influyente
periódico The Washington Post que en los últimos dos años el gobierno mexicano había
comprado al estadounidense un equipo militar por al menos mil millones de dólares.3
El almirante William E. Gortney, jefe del Comando Norte, el cuartel general militar
de Estados Unidos que se ocupa de México, testificó ante el Congreso a principios de
este año que “la compra compulsiva de México representaba un aumento de 100 veces
respecto a años anteriores [y] la decisión del gobierno mexicano de acercarse al
Departamento de Defensa para la compra de equipamiento militar no tiene precedentes
y marca un hito histórico entre los dos países”. Pero el almirante se quedaría corto porque el mismo Partlow develó nuevos datos sobre la carrera armamentista del peñismo.
El gobierno mexicano, que encabeza Peña Nieto a partir del 1 de diciembre de 2012,
había hecho otras compras, entre ellas, más de dos docenas de helicópteros UH-60
Blackhawk para la Fuerza Aérea y la Armada, y más de 2 mil 200 vehículos todoterreno:
mil 500 millones de dólares en equipo a través de programas de ventas militares del
gobierno, y 2 mil millones de dólares a empresas estadounidenses.
Consultor privado mexicano y especialista en el tema, radicado en la capital
estadounidense, Íñigo Guevara Moyano atribuyó las compras del gobierno de Peña a la
guerra contra el crimen organizado, y le dijo al periodista que desde 2006, el inicio del
sexenio de Felipe Calderón, el gasto para equipamiento militar había pasado de 2 mil
600 millones de dólares a 7 mil 900 millones en 2015.
Partlow citó al investigador estadounidense John Lindsay-Poland, de la Universidad
de San Diego, quien el 23 de marzo de 2015, en un estudio para el Congreso
Norteamericano sobre América Latina (NACLA), alertó: “[la] militarización masiva [es]
una mala noticia para los mexicanos devastados por los abusos de la policía y soldados”.
El estudio de Lindsay-Poland es rico en detalles: “El martes 17 de marzo, el
Departamento de Estado aprobó la venta de 3 helicópteros Blackhawk para el Ejército
mexicano por 110 millones de dólares, para apoyar a las tropas dedicadas a operaciones
de lucha contra las drogas. El convenio viene de la mano de un acuerdo más amplio para
la compra de 18 Blackhawks por 680 millones. Los helicópteros son producidos por
Sikorsky, en Connecticut, y General Electric, en Lynn, Massachusetts. […] Estados
Unidos también suministraría 6 ametralladoras M134 de 7.62 mm para los
helicópteros”,4 que tienen una capacidad de 6 mil disparos por minuto.
SI EXISTE O NO un plan de largo plazo para contener índices de violencia e inseguridad,
hasta hoy cualquier afirmación sería desmentida por la pobreza de resultados, pero se
vislumbra con claridad que hay planes para complementar el trabajo no sólo a través de
ciertas iniciativas de ley para justificar temas como la represión, a través de las reformas al
artículo 29 constitucional, sino de hacer realidad el anhelado Mando Único, disfrazado
de Mando Mixto, al que responderían todas las policías —municipales, estatales y
federales— del país.
En las iniciativas de ley a las que dio entrada el Senado y que más se acercan a los
deseos de la Presidencia, envueltas en un decálogo para mejorar seguridad, justicia y el
Estado de Derecho en respuesta al caso Ayotzinapa, el programa parece descabellado
porque supone que el municipio perderá su frágil autonomía —uno de los elementos
fundamentales que rigen el federalismo— y otros principios que le dieron origen, pero
también una inversión inicial directa de 200 mil millones de pesos del presupuesto
federal.
El modelo policial está agotado. Por esa razón se ha empezado a delinear la forma del
nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública y se discute quién se encargará de él, porque representa el mando sobre medio millón de efectivos que superan en número al
personal total —incluidos reservistas— de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.
Independientemente del nombre formal de ese Mando Mixto, una vez asumido el
control de las policías de los 2 mil 400 municipios, las 32 entidades y todos los cuerpos
federales, en el Senado y en la Presidencia se analizan y buscan mecanismos para regresar
a los militares a sus cuarteles, pero, a cambio, cuerpos policiacos municipales son
preparados en los Centros de Adiestramiento Regionales, como el de “Maguey Cenizo”,
ubicado en la VI Región Militar de Mazaquiahuac en Tlaxco, Tlaxcala.
Este centro de adiestramiento se ubica en 500 hectáreas de bosque y áreas adaptadas
para prácticas de tiro, lanzamiento de granadas de mano y cohetes. Allí se enseñan
habilidades y técnicas para intervención, reacción a emboscadas y agresiones, primeros
auxilios, cacheo, mantenimiento y funcionamiento de armamento, además de derechos
humanos. En cuatro semanas, según el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se habían formado 5 mil policías municipales hasta 2013, preparados
para ejecutar acciones con disciplina e instrucciones de carácter militar.
En algunos sectores del Senado y del gobierno federal hay temor porque nadie sabe si
los soldados, después de campañas callejeras que empezaron en diciembre de 2006, y en
las que han gozado de impunidad absoluta, podrán reintegrarse plenamente a los
cuarteles. Paralelamente, a la nueva policía se le construye un conjunto de prestaciones y
seguridad social para evitar que sean presas fáciles de los reclutas del crimen organizado.
En las intenciones, una vez aprobada la Ley Contra la Infiltración del Crimen
Organizado en las autoridades municipales, estas podrán ser disueltas bajo los
argumentos de que las corporaciones presentan patrones sistemáticos de corrupción y
violaciones de derechos humanos. Esto es, la autoridad de los civiles será cancelada cada
vez que la Federación lo decida.
Se aprobó en el Congreso un nuevo mando de lo que será la “nueva” policía
mexicana que recaerá en un militar en retiro, o un mando técnico, o un agente de
inteligencia, o un superpolicía que se encargará de la administración y operación de los
32 mandos únicos estatales. Su poder rivalizará con el de los secretarios de la Defensa,
Marina-Armada y Gobernación. Con la nueva arquitectura institucional, dispondrá de
controles parlamentarios mínimos y la capacidad de someter a los presidentes
municipales y a gobernadores, que ya es así, pero que esta vez será legal, porque ese
Mando Mixto o Fuerza de Seguridad Pública tendría autoridad para desaparecer los
poderes de un estado o municipio cuando haya indicios, sólo eso, de que el crimen
organizado los ha infiltrado o que es rehén de grupos criminales organizados, rebeldes
insurgentes o guerrilleros.
Ese escenario se dotaría de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza pública,
el cual permitirá a mandos policiacos, encargados de dirigir un operativo, considerar una
manifestación como “ilegal”, por ejemplo, y contarán con elementos legales para su
disuasión utilizando municiones y armas letales.
EL ESPECTACULAR CRECIMIENTO del número de guardias privados —el ejército “invisible”
empresarial y cuyo número es desconocido, pero que bien puede superar 2 millones de
personas y cuya presencia permanente se nota a través de casos como el de los
guardaespaldas de Lord Ferrari (Alberto Sentíes Palacio), Lord Rolls Royce (Emir Garduño
Montalvo) o Lord Me la Pelas (Raúl Libién Santiago), y los del empresario poblano Jorge
Aduna Villavicencio, involucrados en seis asesinatos—, la multimillonaria renovación del
armamento de guerra de las Fuerzas Armadas y las proyecciones para crear el Mando
Único de las policías de todo el país han hecho que en algunos círculos haya una especie
de euforia porque quienes controlan el monopolio de las armas tendrán personal
suficiente para mantener seguras e intocables a las élites de poder.
El narcotráfico le ha dado a las Fuerzas Armadas el pretexto ideal para modernizar su
maquinaria de guerra. Como pasa desde 1946, cuando inició la era de presidentes civiles,
los militares gozan de una autonomía casi absoluta y no hay una política que vislumbre
no sólo el recorte a presupuestos militares sino una que, en el corto plazo, los regrese a los
cuarteles.
Con esta base, el jueves 21 de abril de 2016, cuando el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó con 253 votos del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro
Social y el único diputado independiente a favor, a pesar de que los perredistas votaron
en contra, se mantuvieron presentes en la sesión regalándole el quórum necesario para
lograr las reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de
Procedimientos Penales para crear la figura de la Fiscalía General de Justicia Militar,
como se detalló líneas arriba, y de jueces de control, quienes podrán ordenar cateos en
delitos de disciplina militar relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso
o delitos graves y violentos con armas de fuego y explosivos.
Los cateos se extenderán a domicilios particulares, oficinas de gobierno, el Congreso
de la Unión —aun cuando en la Constitución se define que los recintos legislativos son
inviolables según el artículo 61— y el Poder Judicial, así como organismos
constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el
Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, además de los institutos Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Nacional de
Estadística, Geografía e Informática y el Federal de Telecomunicaciones.
También se permitirá la intervención a las llamadas telefónicas y de todos los sistemas
de comunicación que faciliten intercambio de datos, informaciones, audio, video,
mensajes, archivos electrónicos, contenidos de cualquier dispositivo que pueda guardar
información, incluidos centros de datos remotos; hasta podrán realizarse localizaciones
geográficas en tiempo real de soldados y ciudadanos.
Las reformas también prevén que los civiles estarán obligados a presentarse a declarar
como testigos ante un juicio en desarrollo en tribunales militares; de no hacerlo, un juez
militar podrá ordenar su traslado, sea por militares o policías federales.
EJÉRCITO CIBERNÉTICO
Vientos de guerra soplan para pueblos enteros donde el aire es de pólvora. Y el caso de
Julio César Mondragón Fontes se deja ver como una amenaza terrible de lo que puede
suceder a los insurgentes. La historia ha demostrado que no hay lugar para la libertad de
expresión donde se pretende imponer un solo pensamiento.
Los “enemigos” o desafectos del régimen y los sublevados, casi todos, terminan
muertos, desaparecidos o en cárceles clandestinas. Cada que hay una ola de represión es
común encontrar las huellas de la bota militar o de crímenes de guerra, pero se intenta
esconder la realidad. El sistema ha impuesto un rígido control político y moldeó a los
opositores cuando abrió la puerta a los partidos de oposición.
Ciertamente el régimen no se ha sustentado únicamente en la represión, ha tenido la
capacidad para fragmentar la realidad a través de los medios masivos de comunicación, a
los que se suma internet a través de programas informáticos de inteligencia artificial o
cuentas que simulan ser personas en las redes sociales, bots, y también intenta modificar
la realidad, eliminando comentarios negativos y tratando de neutralizar las críticas contra
el sistema y, en especial, contra la administración de Peña Nieto. No otra, sino una
guerra sucia tecnológica a través de internet y las redes sociales.
Para tratar de contener y minimizar las críticas, el gobierno federal y algunos estatales
también han creado “ejércitos” de trolls, personas que cuestionan y atacan
sistemáticamente a los críticos. Según los estudiosos del tema, una diferencia
fundamental que distingue a los trolls de los bots es que los primeros sí son personas,
aunque se escondan detrás de nombres falsos y cuentas que pueden ser difíciles de
rastrear.
El vicepresidente de Marketing de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci),
Guillermo Pérezbolde, respondió la pregunta clave sobre qué son los trending bots y los
crisis bots en un amplio artículo escrito para Mercadotecnia, publicidad y medios Mercado
2.0: “[Los primeros] se dedican únicamente a generar volumen de conversación de forma
artificial en torno a un tema o hashtag, con la intención de convertirlo en trending topic
en Twitter […]. Estos bots son ampliamente utilizados en campañas políticas con la
intención de simular popularidad en un candidato.
”[Y] los segundos] atacan o defienden otras cuentas o temas, […] son muy utilizados
en páginas de Facebook para simular movimientos en contra de una marca, buscando
generar una idea negativa de la empresa en la gente. También se utilizan para
contrarrestar esas opiniones negativas. Algunos de estos bots se encuentran programados
para atacar en periodos de tiempo determinados para hacer el mayor daño posible”.
Así es como se ha combatido el potencial democrático y plural de las redes sociales,
sin descuidar a los medios tradicionales, cuya cobertura y política editorial no ha
cambiado y, la mayoría siguen amparados en los grandes contratos públicos de la
publicidad; los gobiernos estatales y federal han desarrollado programas especiales para
copar a las nuevas tecnologías y su información que se multiplica en Facebook, Twitter, Google o Instagram; las inundan con sus “seguidores” o, mejor dicho, sus burócratas
responsables de las redes sociales, conocidos también como esquiroles de la protesta
social.
Sin modificar la esencia de sus contenidos ni políticas editoriales, la prensa mexicana
se ha ido adaptando a las nuevas realidades. Así, aunque los usuarios únicos —ya no
lectores— lleguen incluso a “convencerse” de que tienen acceso a contenidos e
información imparcial, la realidad es que procesan información dirigida. Sin saberlo,
pueden estar charlando o interactuando con los chat bots (bot conversacional o programas
informáticos de respuestas automatizadas), alimentados y supervisados, eso sí, por
trabajadores asalariados de empresas privadas o gubernamentales.
Un estudio de la escritora alemana Erin Gallagher sostiene “que los peñabots, cuentas
creadas para apoyar a Enrique Peña Nieto en internet durante las elecciones
[presidenciales] de 2012, hoy se dedican a bloquear las protestas en redes sociales y a
eliminar tendencias en México. […] más de 75 mil cuentas automatizadas en Twitter son
utilizadas para combatir las críticas al gobierno”.
Llamada también Guerra Sucia de los bots, se ha usado, por ejemplo, para defender
en su momento al procurador Jesús Murillo Karam, después de su infame señalamiento
de “ya me cansé”, tras la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, o para
tratar de minimizar los daños por la brutal represión policiaca a las protestas sociales,
como las de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG).
Para Gallagher, los peñabots también atacan personalmente a periodistas y activistas
con campañas de difamación, amenazas de muerte y otras formas de acoso. Y “las redes
sociales son el nuevo Zócalo. Los mexicanos dependen de estas redes para publicar sus
noticias al mundo y para comunicarse entre ellos. Cuando alguien manipula estas redes,
hace mucho daño a la sociedad mexicana y a la libertad de expresión. […] En México,
un hashtag no es sólo un hashtag, es una forma de hacer visible lo invisible”.
La experiencia operativa de la Presidencia mexicana en internet y las redes sociales
quedó al descubierto a finales de marzo de 2016, cuando el hacker colombiano Andrés
Sepúlveda le confesó a la revista especializada Bloomberg Businessweek que en la campaña
presidencial de 2012 operó para el equipo del candidato priista Enrique Peña Nieto.
Sepúlveda dijo que para beneficiar esa campaña manipuló redes sociales, espió a otros
candidatos, manejó sus correos electrónicos, coordinó ciberataques y encabezó un equipo
de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear
falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio, e instaló spyware en sedes de campaña de la
oposición.
Firmado por Jordan Robertson, Michael Riley y Andrew Willis, con Carlos Manuel
Rodríguez y Matthew Bristow, el trabajo precisa: “En México, el dominio técnico de
Sepúlveda y la gran visión de una máquina política despiadada de [el venezolano Juan
José] Rendón confluyeron plenamente, impulsados por los vastos recursos del PRI”.
Aunque hizo algunos comentarios para Bloomberg, nada que lo comprometiera, el venezolano Rendón —llamado también Rey de la propaganda negra, de la desinformación
y del rumor— resultó un viejo conocido de la clase política mexiquense. En 2005 fue uno
de los personajes que coordinaron y orquestaron el trabajo sucio, que se tradujo en
campañas de desprestigio, para que Peña Nieto superara a su rival panista Rubén
Mendoza Ayala, y llegara a la gubernatura del Estado de México.
El problema es más serio de lo que parece porque los usuarios mexicanos de internet
y redes sociales, sobre todo periodistas, activistas desafectos del régimen y políticos
opositores, así como estudiantes y maestros críticos del sistema son altamente vulnerables
—a través de métodos de ingeniería social informática—, a los llamados ataques de
fuerza bruta o intromisiones no autorizadas a sus cuentas, así como al hacking.
Si han de tomarse a pie juntillas los resultados de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH),
2015, del INEGI, y de los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016, de la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), 12.8 millones de hogares (39.2% a nivel
nacional) tienen disponibilidad de internet, y el país cuenta con unos 65 millones de
internautas. De ese universo, 46% pertenece a la clase media, mientras que las redes
sociales se han convertido en el instrumento más eficaz y útil de comunicación, acceso a
la información y ciberactivismo.
LA GUERRA QUE NOS OCULTAN documenta esa otra parte de la historia de dos crímenes que
ha quedado oculta en la vorágine de información que se generó en los meses posteriores.
Esta es esa otra historia que se calla por temor a las grandes corporaciones mineras y para
no ahuyentar la llegada de nuevos capitales que aprovecharon el “ya me cansé” del ex
procurador Murillo.
También es la historia de cómo se organizó una cacería que culminó con un
operativo contrainsurgente de gran envergadura para acorralar, emboscar y desaparecer a
los estudiantes de Ayotzinapa, pero cuyo blanco mayor era la dirigencia estudiantil o el
Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con
lo que se daría un golpe definitivo, mortal por necesidad, a las 16 normales rurales que
aún están en pie.
Esto es Guerrero, y también el otro México, el del normalista Julio César Mondragón
Fontes, cuya tortura refleja el salvajismo de la sociedad y los sufrimientos extremos de
una víctima. Él, una realidad que casi nadie quiere ver.