1. La guerra de los diez años: un laboratorio de la guerra contrainsurreccional

1. LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS: UN

LABORATORIO DE LA GUERRA

CONTRAINSURRECCIONAL

 

«Si hay aliento para despoblar la mitad de la Isla, especialmente en su parte

central, y para refundirla en nuevos moldes, la situación está salvada; si no lo hay,

está irremisiblemente perdida».

ECHAUZ, Lo que se ha hecho

 

En la metanarrativa histórica sobre el «origen» de los campos de concentración en Cuba, las reubicaciones forzosas durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) en la parte oriental de la isla son por completo ignoradas. De hecho, esta temprana reconcentración apenas encuentra reflejo en la literatura sobre la Guerra de Independencia o en los tratados de historia militar sobre la estrategia en Cuba. En lo sucesivo, este tema, abandonado por los investigadores, será integrado en el discurso sobre los «campos» y las reubicaciones forzosas. Veremos cómo las experiencias de la Guerra de los Diez Años fueron, en muchos aspectos, decisivas para la posterior concepción de los poblados fortificados y el control de la población. Por una parte, ya en la década de 1870 se elaboraron numerosos planes operativos militares cuyo denominador común era la idea de que la concentración de la población civil en puntos bajo control militar conduciría a una rápida «pacificación» de la isla. Por otra parte, militares jóvenes como Valeriano Weyler hicieron acopio de experiencias prácticas relativas a la problemática de la población civil en el contexto de las guerras imperiales, que posteriormente, ya en calidad de oficiales al mando, transformaron en ideas sobre las guerras de guerrillas que implementaron con incomparable dureza y rigor. El desastre humano, una de las consecuencias de la acción —en aquel momento todavía no uniforme— contra la población rural no involucrada en el conflicto, marcó profundamente la memoria colectiva de la provincia de Oriente.

La Guerra de los Diez Años, una «guerra pequeña» y también una «guerra olvidada», representa así una importante vía de acceso a la comprensión de la reconcentración de 1896. En lo sucesivo, el análisis se centrará, tras una breve reflexión sobre las estructuras generales del conflicto, básicamente en la «cara de la guerra», así como en los mencionados planes operativos. Al mismo tiempo, el enfoque estructural, que analiza el carácter de la guerra, fija la atención en la «carrera global» de la reconcentración como recurso de la contraguerrilla, en la medida en que no se limitó a los bordes del Imperio español (Cuba y Filipinas). Las propuestas para la «pacificación» de las provincias vascas durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) eran, aparte de contemporáneas, llamativamente parecidas a las hechas para el caso de Cuba. Esta transferencia del «conocimiento sobre la represión» desde la periferia a la metrópoli ilustra la tesis central de este capítulo, a saber, que la reconcentración —la implementación de medidas extremas en la lucha contra las guerrillas— se puede explicar a través de los rasgos biográficos de los actores, los paralelismos estructurales entre los conflictos y finalmente las premisas —deducidas de la situación sobre el terreno— y supuestas «exigencias» de la estrategia militar.

 

Las estructuras del conflicto y el desarrollo de la guerra

 

Tras la independencia de las colonias latinoamericanas continentales (1810-1825), España todavía dispuso, hasta finales del siglo XIX, de los restos de su imperio de Ultramar. Hasta el día de hoy sigue sin haber consenso científico sobre el significado de la pérdida de las colonias sudamericanas para la metrópoli. Donde sí se observa una amplia coincidencia es en la cuestión de la relevancia de Cuba —la llamada Perla de las Antillas—, tanto entre los contemporáneos como en la historiografía actual. En el plano económico, Cuba se benefició a finales del siglo XVIII de la Revolución Haitiana (1791-1804), convirtiéndose en aquella época en uno de los productores de azúcar más importantes del mercado internacional. En 1840, Cuba era considerada por los economistas como la colonia «más prospera y

floreciente» en manos europeas[1]. Además, el ideario patriótico de muchos españoles de la época consideraba a «la siempre fiel Isla de Cuba» una parte integral del territorio nacional. Esta apropiación imaginaria de la Gran Antilla era un fenómeno particularmente extendido entre los miembros de la élite liberal española, sobre todo entre sus intelectuales, lo que explica claramente que percibieran e interpretaran las insurrecciones decimonónicas como guerras civiles. No sería hasta la década de 1890, con las grandes pérdidas españolas, cuando esta imagen cambiaría: para el capitán general Arsenio Martínez Campos, la «Perla» se transformó en un «abismo de sangre y de

riqueza española», en un «grillete»[2].

A mediados del siglo XVIII, la corona española había conseguido la lealtad al trono de la élite criolla de Cuba gracias a un complejo sistema de incentivos entre los que se encontraban, amén de la apertura económica, la concesión de numerosos títulos nobiliarios, cuya perpetuación, incluidos los correspondientes privilegios, solo podía garantizar la monarquía española. Esta práctica aristocratizadora también permitió integrar militarmente a la élite colonial mediante la figura del jefe de milicia. Las élites criollas observaron con preocupación la Revolución Haitiana y las revueltas de esclavos en Cuba, que acrecentaron su miedo a que las aspiraciones independentistas pudieran conducir a la liberación de los esclavos y por tanto a una guerra de razas, lo cual las llevó a reforzar su vínculo con la metrópoli. Los acontecimientos en Haití habían estremecido a toda la región atlántica y alimentado el miedo a una guerra de razas en la isla de Cuba, distante tan solo unas pocas millas marítimas. Las conspiraciones y las insurrecciones de esclavos y de negros libertos contra la opresión —y, en última instancia, contra la dominación española— fueron sofocadas por la Administración

colonial con implacable dureza[3]. Durante la Guerra de Independencia, el creciente miedo a una guerra de razas sería instrumentalizado propagandísticamente por parte de los españoles.

Las demandas de reformas (económicas) y de participación política dentro de la estructura colonial habían surgido alrededor de 1800 y fueron en aumento entre la privilegiada élite criolla, por ejemplo con Francisco Arango y Parreño o, más tarde, con José Antonio Saco o los ricos hacendados integrantes de la Junta de Información (1865-1867). A partir de la exclusión de los diputados cubanos de las Cortes, en 1837, Cuba fue gobernada mediante unas leyes especiales que jamás se concretaron en un texto

constitucional[4]. Esta permanente situación de excepción, agravada con las facultades omnímodas concedidas en 1825 por el rey Fernando VII, permitió que los capitanes generales en La Habana dieran rienda suelta a su estilo autoritario. La posición del capitán general en las colonias era parecida a la de un dictador. Sus competencias iban más allá de los asuntos militares y políticos, puesto que abarcaban también cuestiones jurídicas, culturales y religiosas. El historiador madrileño Manuel Espadas Burgos ha llegado a

comparar aquel cargo con el de un virrey[5]. La acumulación en una sola persona de los poderes correspondientes a un capitán general y a un gobernador general perjudicaba las demandas de participación de la alta sociedad criolla, económicamente avanzada y exitosa. Entre 1825 y 1865, Cuba se había convertido en una de las colonias más rentables. Sin embargo, la metrópoli, comparativamente retrasada en el plano económico e incapaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, reaccionó con impotencia y despotismo en vez de permitir la lógica representación de Cuba en las Cortes, así como un mayor nivel de autonomía.

Tras varios intentos de reforma fracasados y un aumento de la carga fiscal, tuvo lugar, el 10 de octubre de 1868 —a la sombra de la revolución de 1868 en España (llamada la Gloriosa) y bajo el mando de Carlos Manuel de Céspedes—, un levantamiento al este de la isla cuya etiología se remontaba al movimiento reformista radical de los criollos de clase media y alta que habitaban el económicamente más bien atrasado Oriente. La insurrección se extendió rápidamente a todo el centro de la isla. En noviembre de 1868 se levantaron los patriotas y revolucionarios de la región de Puerto Príncipe, y en febrero de 1869 lo hicieron en Santa Clara. Las ciudades occidentales sufrieron una ola represiva con la que las tropas españolas y los voluntarios lograron destapar las conspiraciones y prácticamente asfixiar la rebelión.

Aun tras el estallido de las hostilidades, el levantamiento se siguió interpretando en buena medida como una continuación —aunque por otros medios— del movimiento reformista cubano. Con este argumento, la élite criolla intentó atraer a los hacendados de las provincias occidentales, que en parte todavía habían nacido en España. En la parte occidental, económicamente importante, los propietarios de las plantaciones, preocupados por sus pérdidas, temían que, en última instancia, la revuelta contra la dominación colonial se transformara rápidamente en una revolución social abierta, que a su vez suscitaba un miedo considerable a una guerra de razas. Los insurrectos, por su parte, intentaron prevenir aquellos temores anunciando durante los primeros años de la guerra una emancipación gradual de los esclavos, implementada mediante compensaciones económicas a los negreros. Así, en noviembre de 1868, el abogado y hacendado Céspedes, presidente de la «República en Armas» (1869-1873) —es decir, del contraestado revolucionario—, difundió un decreto que castigaba con la pena de muerte a quien incitase a los esclavos a la rebelión. Al mes siguiente se anunció que la abolición de la esclavitud tendría lugar tras el final de la guerra, con el triunfo de la revolución. En la asamblea constituyente de Guáimaro (provincia de Camagüey), la «República en Armas» proclamó, el 10 de abril de 1869, la libertad de todos los habitantes del país. Esta resolución, que apenas llegó a implementarse en el territorio de la Cuba libre, fue inmediatamente debilitada mediante un restrictivo reglamento de

libertos[6].

Es precisamente esta actitud ambivalente respecto a la emancipación de los esclavos la que ilustra los conflictos existentes en las filas de los insurgentes. Si la extensión de la rebelión a toda la isla se hizo imposible fue a causa de la compleja relación entre esclavos, criollos, autonomistas e independentistas, así como las constantes tensiones entre los mandos civil y militar y las contradicciones entre los representantes de la revolución en el

exilio[7].

La lucha contra la dominación colonial española se hizo particularmente popular entre la población del este rural, sobre todo en la difícilmente accesible provincia de Oriente. Por eso sería un error reducir la revuelta a representantes como Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt (presidente de la «República en Armas» entre 1873 y 1875), Francisco Vicente Aguilera, Bartolomé Masó, Pedro Figueredo o el acaudalado ganadero Ignacio Agramonte y Loynaz.

Entre los motivos que explican que los criollos acomodados se distanciaran de la metrópoli española están los considerables cambios económicos y políticos experimentados por Cuba durante el siglo XIX. España dejó de ser el centro económico de referencia de estos criollos, cuyos incrementos patrimoniales se empezaron a localizar en Gran Bretaña y, a partir de 1870, en los Estados Unidos, Precisamente aquel giro hacia Norteamérica tuvo también repercusiones sociales y culturales y produjo cambios de mentalidad. La creciente popularidad del béisbol en perjuicio de las corridas de toros, por ejemplo, reflejó el cambio de cosmovisión, de la

actitud colectiva de la élite cubana a mediados del siglo [8] XIX, aunque los estudios más recientes apuntan hacia la ambivalencia y la ambigüedad de las identidades cubanas decimonónicas, las cuales habrían oscilado principalmente entre la metrópoli española y Estados Unidos, siendo así que sobre todo los intelectuales aún seguían sintiéndose estrechamente unidos a

España y se mostraban más autonomistas que independentistas[9].

Las insurrecciones en Cuba coincidieron prácticamente con la Gloriosa en la metrópoli española. El pronunciamiento del general Juan Prim en Cádiz, la consiguiente toma del poder por el general Francisco Serrano, así como la huida de la reina borbónica Isabel II al exilio francés condujeron a un reordenamiento del paisaje político. El Sexenio Revolucionario estuvo marcado por continuos desórdenes políticos y cambios de poder. La desestabilización de la metrópoli se debió a varios factores, como los vuelcos revolucionarios —por ejemplo, la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya y la consiguiente proclamación de la Primera República, el 11 de febrero de 1873—, la Tercera Guerra Carlista, que se desató en el norte de España en 1872, o el levantamiento de los federalistas cantonalistas en el verano de 1873 en el este y el sur del país. Los conflictos internos en España absorbieron los recursos económicos, ya de por sí escasos durante la larga recesión de 1868-1875, y requirieron todo el esfuerzo del Ejército en la península, por lo que el capitán general español en Cuba, el conservador Francisco Lersundi, tuvo que depender de la lealtad de los milicianos y voluntarios para defender las ciudades como Yara u Holguín de los primeros ataques insurgentes liderados por Céspedes.

En octubre de 1868, Céspedes ocupó Bayamo con sus tropas conducidas por el dominicano Luis Marcano, cuya experiencia militar —adquirida tras haber combatido al servicio de España— explica los primeros éxitos de los insurrectos. En noviembre de 1868, Máximo Gómez Báez, otro dominicano, logró en Tienda de Pino un golpe exitoso contra las tropas españolas que acudían a reforzar la defensa de Bayamo, donde finalmente los insurgentes lograron consolidar su posición tras la conquista de Palma Soriano por Donato Mármol. La decisión de empuñar las armas se vio favorecida por la fracasada anexión española de Santo Domingo. En efecto, a mediados de julio de 1865, las tropas españolas tuvieron que retirarse diezmadas por las enfermedades, demostrando que un enemigo militarmente inferior estaba en condiciones de hacerles frente en el difícil terreno tropical. Estas experiencias también le sirvieron a Máximo Gómez, quien durante la campaña española en Santo Domingo había servido como capitán de caballería en la reserva dominicana del Ejército español. Ya en Cuba, sus aportaciones fueron esenciales para los primeros éxitos del Ejército Libertador.

No cabe duda de que la fuerza y la abundancia de los insurgentes cogieron desprevenido a Lersundi, el capitán general español, que reaccionó con el envío del general Blas Villate, conde de Valmaseda, al mando de una abrumadora masa armada que repelió a los insurrectos y ocupó Bayamo en enero de 1869. La opción de los revolucionarios por una guerra de destrucción y la implacable estrategia militar de Valmaseda determinaron el carácter de la Guerra de los Diez Años.

En 1870, la revolución en Santa Clara estaba prácticamente vencida, y en Puerto Príncipe se hallaba cerca de su agotamiento. Además, el control de las costas mediante lanchas cañoneras nuevas impidió el suministro a los rebeldes del material bélico y sanitario que necesitaban, aunque las llamadas expediciones —el envío de barcos cargados con material bélico, casi siempre organizado por cubanos exiliados en los Estados Unidos— nunca pudieron ser del todo impedidas. El escaso número de expediciones se debía a las

diferencias entre los representantes de la Cuba libre en los Estados Unidos[10]. En noviembre de 1870, Valmaseda dio por concluida su exitosa campaña militar en Oriente (la llamada creciente Valmaseda), y en diciembre se hizo cargo de la Capitanía General en La Habana.

Durante la segunda mitad del año 1871, Valmaseda concentró las fuerzas militares alrededor de Puerto Príncipe; de este modo, las unidades de revolucionarios debían quedar aisladas y ser empujadas paso a paso hacia el este. Se imposibilitaban así las acciones ofensivas a gran escala de los patriotas. Sin embargo, los insurgentes, aun a la defensiva, apenas se dejaron apresar por las lentas tropas españolas, lo que explica que la historiografía cubana se refiera a la región de Las Tunas como «un baluarte de la

revolución»[11]. En abril de 1869, el grupo de presión españolista y los voluntarios obligaron al capitán general Domingo Dulce, un liberal, a dictar los decretos que legitimaban el embargo y expropiación de los bienes de los supuestos simpatizantes de la revolución, mientras la estrategia militar de

Valmaseda contribuía notablemente a la radicalización de ambos bandos[12]. Las medidas represivas, con las que se buscaba que las tropas enemigas quedaran, en la medida de lo posible, privadas de todo recurso, iban desde las sentencias verbales dictadas por los tribunales militares —contra las que, además, no cabía interponer recurso— hasta el sacrificio de manadas enteras de ganado, pasando por el embargo, la expropiación y la destrucción de propiedades (no solo de insurrectos). La política de tierra quemada se implementó de un modo sistemático. En enero de 1870, Valmaseda se quejaba de que:

La gran vegetación y rapidez con que se producen algunos frutos como el boniato la yuca y otros imposibilitan el quitarles [a los insurrectos] por completo los medios de subsistencia, que es el método más seguro para impedir que una vez derrotados vuelvan por sendas de ellos solos conocidas a los puntos en que hay viandas por esto uno de los primeros cuidados de las columnas es destruir los platanales que hay en las vegas metidas en los bosques pues de este modo se les

quitan los víveres por seis meses[13].

 

De hecho, los revolucionarios se beneficiaron ampliamente del rendimiento de la fértil vegetación cubana que, sin embargo, solo satisfizo las necesidades alimentarias de las tropas durante los primeros meses de la guerra; después, el hambre se convirtió en la fiel compañera de muchos

integrantes del Ejército Libertador[14]. Era frecuente que, desde el punto de vista militar, la destrucción de bienes y plantaciones por parte de las unidades españolas o de voluntarios apenas se pudiera justificar. Las quejas de los hacendados indican que los destrozos se debieron en parte a conflictos

anteriores al estallido de la guerra[15], lo cual, en última instancia, se compadece con la situación general de violencia y destrucción, cercana a la guerra civil. La investigación más reciente ha llamado la atención sobre el carácter personal de las denuncias en los contextos previolentos de inseguridad permanente de las guerras civiles. Era en la guerra, dependiendo de la presencia de las tropas y las consiguientes relaciones de poder, donde se

dirimían indirectamente los conflictos diarios[16].

En agosto de 1871, la exitosa ofensiva de Antonio de la Caridad Maceo y Grajales en los valles de Guantánamo insufló nuevas esperanzas a la revolución. Valmaseda reaccionó enviando a la región de Santiago y Guantánamo al entonces brigadier Martínez Campos, quien volvió a someter a los rebeldes a una intensa presión. La concentración de las fuerzas españolas en Oriente incentivó de nuevo la ofensiva del independentista Agramonte en Puerto Príncipe; el estratega cubano Calixto García actuaba en Holguín y Jiguaní, José de Jesús Pérez había atacado El Cobre y avanzaba hacia

Santiago, y Vicente García González controlaba la región de Las Tunas[17]. Las unidades españolas no habían «pacificado» bien un territorio cuando en otros lugares tenían lugar nuevos levantamientos. Tras el estallido, en 1872, de la Tercera Guerra Carlista en España no eran de esperar refuerzos para el Cuerpo Expedicionario, así que todo indicaba que habría una larga guerra de desgaste. A ello contribuyeron también los numerosos cambios de gobierno en Madrid, que hicieron imposible una política militar coherente en Cuba. La falta de continuidad se hizo verdaderamente evidente en 1873, durante el corto mandato de Cándido Pieltain como gobernador y capitán general de Cuba: en tan solo siete meses hubo cuatro cambios en la dirección política de la República en Madrid. Además, los numerosos relevos al frente de la Capitanía General contribuyeron a dificultar in situ la coherencia de la acción contra los revolucionarios cubanos.

Tras algunos reveses y disputas internas, sobre todo en los años 1870 y 1871, el Ejército Libertador adquirió una valiosa experiencia militar, y en 1873 consolidó en buena medida su posición. En 1874, las fuerzas revolucionarias estaban en condiciones de elevar la intensidad de la guerra y hacia finales de año ya controlaban casi todas las zonas rurales orientales, así como el centro de Cuba, aunque no pudieron con las ciudades más grandes y fortificadas por el Ejército. Aun así, tropas como las de Gómez, por aquel entonces mayor general, lograron llevar a cabo acciones militares con 250 a 500 hombres, poniendo también contra las cuerdas algunas ciudades fortificadas como Santa Cruz del Sur, por lo menos durante un breve periodo

de tiempo[18]. Hubo acciones exitosas, como la de Palo Seco a comienzos de diciembre de 1873 o la de Las Guásimas en marzo de 1874, que, aunque nunca tuvieron el carácter de batallas decisivas, pusieron a prueba la

capacidad de combate del Ejército Libertador[19]. La campaña en Camagüey de 1873-1874 debía abrir el camino a una «invasión» de las provincias occidentales en 1875. A mediados de aquel año, la llama revolucionaria de Santa Clara prendió durante un tiempo en el corazón económico, la región de Colón y Cienfuegos, donde abundaban las plantaciones. La historiografía cubana fecha generalmente en diciembre de 1875 el punto álgido de la

revolución en la parte occidental[20].

Cuando, el 18 de enero de 1876, Joaquín Jovellar y Soler se hizo cargo, por segunda vez, de la Capitanía General, disponía de unos 72 000 soldados regulares y 80 000 voluntarios para enfrentarse a unos 20 000 revolucionarios. En febrero, las tropas españolas desafiaron a los 1000 hombres que pretendían invadir Manicaragua. Ambos bandos registraron numerosas bajas, pero el Ejército Expedicionario español consiguió asegurar el camino en dirección a Cienfuegos y Matanzas. Además, a comienzos de noviembre de 1876, una vez finalizada la Tercera Guerra Carlista, llegó a La Habana, junto a unos considerables refuerzos, Arsenio Martínez Campos, quien había ascendido a capitán general y asumió de inmediato el mando militar de las tropas en activo. Mientras, Jovellar pasó a ocuparse de los asuntos administrativos. En marzo de 1877, Martínez Campos anunció las ofensivas en Puerto Príncipe y Oriente. La reorganización de las fuerzas españolas, así como la intensificación de los esfuerzos militares y las rivalidades personales entre los revolucionarios, condujeron a la atomización del Ejército Libertador. Con una combinación, dirigida a los insurgentes, de represión, indultos y estímulos económicos, así como con cambios en las plantillas de las administraciones militar y civil de la isla, Martínez Campos consiguió, el 10 de febrero de 1878, negociar un pacto con un comité de los insurrectos, la llamada Paz de Zanjón. Lejos de garantizar la independencia del país, que era el objetivo declarado de la «República en Armas», lo único que les concedía el convenio a los patriotas cubanos eran los mismos derechos políticos ante la metrópoli que reclamaba en aquel momento Puerto Rico, incluida la representación en las Cortes españolas. Lo cierto es que ni Martínez Campos ni los revolucionarios conocían en detalle el estatus de la isla vecina, que en aquella época era gobernada con leyes de excepción. En todo caso, el pacto garantizaba la libertad a todos los esclavos y colonos asiáticos que habían luchado al lado de los españoles o de los revolucionarios. Además, el artículo 2 preveía el «olvido de lo pasado respecto de los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente», lo cual, tras diez años de guerra y abusos cometidos por ambos bandos, no era más que un brindis al

sol[21]. Debido, en última instancia, al colapso de la estructura de los revolucionarios, la capitulación de las últimas unidades del Ejército Libertador se prolongó durante meses. Los combatientes de Maceo en Oriente rechazaron el pacto y durante varias semanas se rebelaron contra el dominio español en lo que se conoció como la protesta de Baraguá. El 7 de junio, Jovellar y Martínez Campos pudieron anunciar oficialmente el final de la

guerra[22].

Todavía hoy, el número de víctimas de la Guerra de los Diez Años es objeto de disputa. En las revistas militares de la época se partía de que los combates habían causado, solamente en el bando español, más de 74 000 bajas. Basándose en nuevas fuentes, el historiador cubano José Abreu Cardet ha concluido recientemente que en el bando español hubo más de 145 000 muertos entre noviembre de 1868 y enero de 1878, de los cuales más de 133 000 fallecieron por causa de enfermedades y epidemias. Las bajas de ambos bandos en conflicto —incluida la Guerra Chiquita (1879-1880)— habrían ascendido a unas 260 000 personas, aunque no está claro si esta

estimación tiene en cuenta a los civiles caídos[23]. Según cálculos de la época, la guerra destruyó un 45 por ciento de la riqueza de la isla. Los costes totales del conflicto son difíciles de medir. Las estimaciones oscilan entre los 621 y los 700 millones de pesos, incluida la destrucción de las infraestructuras, que se prolongó durante años. Por el contrario, el agujero en las cuentas públicas cubanas está perfectamente cuantificado: alcanzó los 206 680 250 pesos. España financió la totalidad de los costes de la guerra con cargo a los

presupuestos de la isla caribeña[24].

Con el final de la Guerra de los Diez Años llegó «la última oportunidad de España en Cuba»; un gran desafío al que solamente cabía hacer frente mediante ambiciosas reformas. Martínez Campos era consciente de ello cuando, concluidas las hostilidades, ocupó en La Habana el puesto de capitán general. En vista de la difícil situación financiera de la isla, impulsó un debate sobre los impuestos. Tenía en mente la equiparación fiscal de Cuba con las ciudades costeras españolas en cuanto al comercio de cabotaje, lo cual favorecía los intereses de la sacarocracia cubana. El objetivo de la medida era básicamente el estímulo de las exportaciones cubanas hacia el mercado norteamericano, muy protegido mediante altos aranceles y otras barreras a la importación. En el plano social, Martínez Campos planteó el debate sobre la institución de la esclavitud. Había que buscar un equilibrio entre apertura económica y trabajo libre remunerado. Dada la enconada oposición metropolitana del gobierno dictatorial de Antonio Cánovas del Castillo a las propuestas de equiparación económica, Martínez Campos, haciendo uso de las posibilidades que le ofrecían sus cargos de gobernador general y de capitán general, limitó a la isla la implementación de sus proyectos de reforma. En enero de 1879 fue cesado de su puesto en Cuba y en marzo pasó a formar parte en Madrid del gabinete dominado por los correligionarios de Cánovas. Ni él, durante su breve mandato como presidente del Consejo de Ministros, ni Salvador Albacete, el ministro de Ultramar, consiguieron presentar programas de reforma económica para Cuba que reunieran apoyos suficientes. Entre los motivos que explican su fracaso está su ingenuidad política que, junto a la nueva revuelta —la Guerra Chiquita—, dio al traste con los planes de reforma. En los siguientes meses y años, la reordenación

política de Cuba se hundió en la vorágine de la política interior española[25].

 

La cara «especial» de la guerra

 

Quienes marcaron el carácter de la guerra fueron los voluntarios, unas unidades violentas irregulares financiadas con fondos privados y de difícil control por parte de las instituciones estatales. Formados en lugares como el Casino Español de La Habana, operaban como el brazo paramilitar de los

hacendados involucrados en la trata, el tráfico ilegal de esclavos[26]. Los batallones de voluntarios representaban los intereses de los hacendados y de los comerciantes españoles del oeste de la isla, dominado por la economía de plantaciones y la inmigración masiva. Estos intereses eran diametralmente opuestos a la mentalidad regional de los pequeños granjeros de Oriente, mucho menos dependientes del trabajo esclavo, o de los ganaderos de Camagüey. Por su parte, si la oligarquía financiera española de Cuba abogaba vehementemente por la defensa del statu quo colonial de la isla, que parecía peligrar con los gobiernos españoles reformistas de los generales Prim y Serrano, era porque temía perder sus privilegios.

Las unidades paramilitares fueron principalmente utilizadas para la protección de las ciudades, donde erigieron —como en La Habana— su particular régimen de terror. Sus misiones y su gran número permitieron a las fuerzas regulares la realización de ofensivas concentradas. Al comienzo de 1869 estaban en pie de guerra más de 33 000 voluntarios, en su mayor parte

españoles, y en 1873 eran ya 57 000[27]. Los asesinatos y saqueos que llevaban a cabo en La Habana estas organizaciones semimilitares, muy fuertes en términos cuantitativos, hipotecaban gravemente la labor de Dulce, quien a comienzos de enero de 1869 había relevado a Lersundi al frente de la Capitanía General. A finales de enero de 1869, las persecuciones de supuestos simpatizantes de los rebeldes estaban a la orden del día. En mayo y junio, las unidades de voluntarios incluso intentaron sublevarse, ya que consideraban que Dulce no procedía con la suficiente inflexibilidad contra los insurgentes. Como consecuencia, Dulce se vio forzado a presentar su renuncia al cargo

ante el gobierno español[28]. La insubordinación también fue noticia en

Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas, Colón y Güines[29]. En 1869, el general Antonio Peláez, comandante general de Cinco Villas, intentó, con una contestación, salir al paso de la acusación de los voluntarios de que

simpatizaba con los insurrectos[30]. No sería la última vez que organizaciones violentas irregulares cuestionaban a las más altas autoridades políticas y militares, ejerciendo así una notable influencia sobre la política militar en la isla.

Fuera de las ciudades, la cara de la guerra estaba marcada por los frentes inestables y los equilibrios de poder en constante mutación. Era precisamente el cariz irregular del conflicto —con sus muchas pequeñas escaramuzas en ausencia de batallas decisivas, por no hablar, en general, de lo inhóspitas que les resultaban a los soldados españoles las condiciones climáticas en las que tenían que luchar— lo que hizo que los teóricos y los militares españoles

consideraran [31] especial la guerra en Cuba. Tanto Francisco Ceballos como Pieltain opinaban que «en la especial guerra de Cuba» eran necesarias sobre todo tropas pequeñas, móviles y conocedoras del terreno, porque el enemigo

sabía evitar las batallas a campo abierto[32]. De hecho, el Ejército Libertador intentaba huir del enfrentamiento con las columnas españolas y se limitaba a destruir los recursos económicos de la isla.

Otros oficiales rechazaron la remisión a la «tan especial campaña de Cuba», con la que parecía que se buscaba disculpar el fracaso español. En 1883, en una obra de referencia, el coronel Adolfo Jiménez Castellanos expuso que en la literatura militar especializada de la década de 1860 ya se recogían suficientes planteamientos con los que solucionar todas las cuestiones de relevancia militar para Cuba: «[H]ay escrito por entendidos militares, cuanto necesite aprender desde general a subalterno, para llenar cumplidamente sus deberes al tener que combatir insurrecciones en Cuba». Mientras más de un capitán distinguía entre las guerras de guerrillas en Cuba y en España, Jiménez Castellanos no encontraba diferencias dignas de mención si de lo que se trataba era de «limpiar» una zona en España —como sucedió en 1848 en Cataluña— o en Cuba: solo había que adaptar la acción a

la topografía y a la naturaleza del lugar[33]. En realidad, el problema parecía residir más bien en la capacidad de adaptación de los jefes militares. Así, por ejemplo, se dictaron órdenes que, dadas las circunstancias, carecían por completo de sentido. Por eso es comprensible que el coronel Francisco Acosta y Alvear, nacido en Cuba, se quejara, no solo del manifiesto desconocimiento de la realidad de la isla por parte del mando, así como de la falta de material —como los machetes—, sino sobre todo de que las tropas carecieran de instrucciones relativas a la lucha contra las guerrillas. En su opinión se necesitaban urgentemente pautas para el enfrentamiento con la infantería

montada de los patriotas[34]. De hecho, cada columna actuaba según su propio criterio. Recientemente, el historiador español Luis Navarro ha constatado que la percepción de la guerra como algo «especial» e «incomparable» tuvo el efecto, entre los oficiales españoles, de que «cada uno [operara] según su inventiva, suponiendo que el conflicto cubano era algo distinto de todo lo

conocido hasta entonces»[35].

El periodista Gonzalo Reparaz también criticó severamente —en su caso desde fuera del escenario bélico— el presunto caso especial de Cuba. En distintos artículos publicados en el Heraldo de Madrid, así como en un trabajo monográfico, intentó demostrar que solamente la ignorancia militar podía llevar a la conclusión de que las guerras en Cuba eran de algún modo especiales: «La razón de que la de Cuba nos parezca tan especial, es que no la hemos estudiado. Es increíble, pero ciertísimo, que pasando los españoles, no sin razón, por inventores o poco menos de las guerras de partidas, apenas les den atención alguna en la paz». Echando mano de los ejemplos de los Países Bajos en Sumatra, el Reino Unido en Norteamérica, África e India, así como el Imperio Ruso en el Cáucaso, Reparaz desarrolló la idea de que el origen del problema se hallaba más bien en las academias militares españolas, donde por desgracia no se enseñaba cómo se libraban aquellas guerras. Ni tan siquiera de las propias experiencias durante la campaña de Santo Domingo se había aprendido nada, por no hablar de la Guerra de Secesión. Reparaz sentenció que el dirigente revolucionario Máximo Gómez Báez no era más «que un discípulo de Stuart, de Sheridan y de otros generales yankees», los cuales, durante la guerra civil americana, habían ganado una temible notoriedad

gracias a sus expediciones de pillaje y su política de tierra quemada[36].

La base técnica de las consideraciones teórico-militares de Reparaz hay que buscarla en el círculo político-militar de su amigo Camilo García de Polavieja. Las propuestas de reforma no eran del gusto de los ambientes militares tradicionales, responsables de la campaña de Cuba. En la isla, el trabajo de Reparaz fue prohibido y retirado de las librerías. El 2 de enero de 1897, Reparaz fue detenido por sus artículos críticos sobre el estado de salud

de los militares españoles en Cuba[37].

La cerrazón institucional, que Reparaz no había sido el único en poner de manifiesto, era de hecho un grave problema que tenía el aparato militar español. Así, la gran cantidad de bajas habidas como consecuencia de las penosas condiciones sanitarias en Santo Domingo o durante la Guerra de África de 1859-1860 no habían servido de lección para que el mando militar español se replanteara la planificación y la implementación de la guerra contrainsurreccional en Cuba. En su estudio institucionalista, Octavio A. Delgado identifica los tres factores que durante la segunda mitad del siglo XIX fueron una permanente causa de problemas para los ejércitos españoles en la isla: la naturaleza, el clima político y sobre todo los excesos

burocráticos indisociables de la política en la metrópoli[38].

La constatación de que las lecciones de la lucha contra las guerrillas no habían dado lugar a una nueva doctrina en el seno del pesado aparato militar español, y además se habían quedado a las puertas de las academias militares, era algo que ya barruntaban los contemporáneos; hoy, los investigadores ya

no la discuten[39]. A este consenso hay que añadir la transferencia informal de conocimientos que, en forma de «archivo colonial», permitió a los responsables de la toma de decisiones militares recurrir al conocimiento

derivado de experiencias anteriores[40]. Así, frente a la cerrazón institucional española se situó siempre un pequeño sector de la oficialidad bregada en la

lucha contra las guerrillas durante varios decenios y en varios continentes[41]. En los comienzos de esta línea constitutiva de la contraguerrilla española de

Ultramar se encuentra Villate, conde de Valmaseda, nacido en 1824[42]. Vivió las guerras carlistas en España y tuvo responsabilidades militares durante las

campañas coloniales en Santo Domingo, Marruecos y Cuba[43]. A las órdenes de Valmaseda sirvieron también Martínez Campos, García Polavieja y Weyler, que, desde el ejercicio de sus funciones al máximo nivel, marcaron en la segunda mitad del siglo XIX la cara de las guerras irregulares, tanto en Cuba como en Filipinas. Weyler fue alumno de Martínez Campos en los cursos de Estado Mayor. A pesar de no coincidir en todas sus opiniones y modos de operar, a los cuatro oficiales los unían la evolución y la formación

en cuestiones tácticas[44]. Su mínimo denominador común en lo relativo a la lucha contra las guerrillas era la división del terreno en sectores y la separación entre insurgentes y civiles. No coincidían, en cambio, en la valoración de la utilidad de las negociaciones y de los esfuerzos políticos para poner punto final a los conflictos. Hubo cerca de una docena de oficiales que acompañaron a los militares arriba señalados como elementos operativos de confianza, muchas veces durante años y en varias guerras. Fue el caso, por ejemplo, de Arsenio Linares y Pombo o de Juan Arolas Esplugues, que sirvieron a las órdenes de Weyler en Filipinas y más tarde en Cuba, ya en puestos centrales, concretamente en Pinar del Río y en la trocha, la línea militar fortificada entre Mariel y Majana. Otros, como José María Velasco — que fue a la guerra por España tanto en Santo Domingo como en Cuba—, Luis Pando, Sabas Marín o Jiménez Castellanos, sirvieron en Cuba durante casi 25 años y presenciaron las campañas militares de Valmaseda, Martínez Campos y Weyler. Ninguno se ocupó tanto del análisis teórico de los desafíos de la estrategia militar en Cuba como Jiménez Castellanos, a quien a finales de 1898 le correspondería el desagradecido cometido de organizar la retirada española y la entrega de la isla a la Administración militar de Estados

Unidos[45].

En cambio, la historiografía militar española muestra en los últimos tiempos un creciente interés por Weyler, a quien se considera como «uno de los pocos generales españoles de la era contemporánea que introdujo

innovaciones en el arte de la guerra»[46]. Así, Weyler habría sido, en la década de 1860, quien sentó las bases de la contraguerrilla, uno de los primeros militares en definir la guerra de guerrillas, en reconocer su carácter irregular —debido a sus frentes inestables— y en desarrollar las primeras estrategias de

contraguerrilla[47].

De hecho, en algunos documentos de Weyler que se remontan a su época en Santo Domingo, en los que él, a la sazón jefe de una columna, describe la guerra de guerrillas en el difícil terreno tropical, ofrece detalles sobre la acción militar —en particular sobre la guerra posicional— y trata la

problemática del transporte de heridos[48]. En Cuba, recién empezada la lucha, fue capaz de convencer a sus superiores de la utilidad de sus experiencias en Santo Domingo, así como de su agilidad analítica. El cuerpo de oficiales ya disponía en diciembre de 1868 de sus directrices tácticas para la guerra de guerrillas, que Weyler había redactado en forma de

memorando[49]. Defensor a ultranza de la ofensiva, Weyler insistía en la persecución sistemática de las unidades insurgentes, por pequeñas que fueran,

con el fin de no darles tregua y, de este modo, agotarlas[50]. En los espesos bosques tropicales conocidos como manigua, la protección ante las emboscadas de las columnas en marcha debía asegurarse mediante unidades más pequeñas —equipadas también con machetes— desplazándose por los flancos y por delante. Era un procedimiento extenuante que Weyler ya seguía con sus tropas cuando era coronel y que más tarde, siendo ya capitán general, exigió de todas las unidades en Cuba. Al parecer afirmaba: «Si el enemigo puede introducirse en ellos, también podemos hacerlo nosotros», y revelaba con ello que, en realidad, había comprendido rápidamente que el peligro para un ejército regular en Cuba no estaba tanto en las grandes batallas abiertas como en los pequeños grupos que operaban cada uno por su cuenta y que, conocedores del terreno, sabían aprovechar los accidentes naturales para así infligirle al enemigo graves daños sin tener que exponerse ellos mismos a

mayores peligros[51]. En sus memorias, Weyler calificó las luchas en Santo Domingo —junto con su intervención, en 1873, en la Tercera Guerra Carlista

— como los momentos que más huella dejaron en su vida como militar[52]. Las consideraciones tácticas de Weyler sobre la guerra de guerrillas en el clima tropical presentan claras concomitancias con el tratado del teórico militar británico Charles E. Callwell Small Wars. Their Principles and

Practice [53] , publicado por primera vez en 1896.

Sin embargo, la difusión de los escritos de Weyler, en su mayor parte informes a sus superiores, fue más bien limitada. De un escrito suyo de abril de 1869 se deduce que ambicionaba publicar sus notas sobre la guerra de

guerrillas, para lo cual esperaba obtener la aprobación oficial[54]. Pero las fuentes que se conservan no aclaran qué fue del tan citado memorando. En el expediente militar de Weyler tampoco se halla copia alguna. Por lo visto, nunca hubo tal publicación, lo que relativiza el juicio historiográfico acerca de Weyler como «gran teórico militar». Además, el sistema de unidades en los flancos, tan alabado por los compañeros de armas y por los observadores, no era una novedad ni en la estrategia militar española ni en la europea, y en

la práctica fue a menudo ignorado[55].

El mérito de Weyler se limitó a adaptar minuciosamente a las condiciones concretas de Cuba un sistema que había probado su eficacia en otras circunstancias. Santiago Pascual y Rubio subrayó este punto de vista en un librito sobre la guerra de montaña publicado por primera vez en 1834, un breve tratado sobre la guerra contrainsurreccional en la montaña, que con el estallido de la Primera Guerra Carlista, en 1833, había vuelto a estar de actualidad. Las consideraciones vertidas por Pascual y Rubio en su Tratado sobre la guerra de montaña se basaban en las experiencias de la Guerra de la Independencia de 1808-1814 librada en España contra los ejércitos napoleónicos, y abordaban, entre otras cosas, la problemática de las marchas (las tropas en los flancos), las particularidades del terreno y la necesidad imperiosa de contar con guías locales para llevar a cabo las operaciones con éxito, así como las ventajas y desventajas de una infantería ligera o montada; temas, en definitiva, que más tarde también serían debatidos intensamente en las guerras de Cuba. En el epílogo, Pascual y Rubio se quejaba de que las experiencias de los años anteriores se habían olvidado con rapidez, siendo así que habrían podido servir como una «escuela práctica» para las guerras futuras. De hecho, sus propias consideraciones sufrieron en España un destino similar. Los debates internos españoles sobre la lucha contra las guerrillas en Cuba ignoran por completo el tratado de Pascual y Rubio, del que en 1858 se

publicó incluso una traducción alemana[56]. En cambio, las memorias de Weyler fueron consideradas, al poco tiempo de su publicación en 1910-1911, como «de gran importancia histórica y de indudable utilidad para el estudio y crítica de nuestra última campaña de Cuba», y alcanzaron, gracias a «la reconocida cultura de la personalidad militar y política de su autor», el estatus

de obra oficial de referencia[57].

 

Las nuevas formas de la guerra contrainsurreccional

En Cuba, la táctica de guerrillas de los insurgentes demandaba nuevas soluciones. El Ejército español respondió con innovaciones como la tupida red de pequeñas bases tácticas de operaciones y poblados fortificados cuyo objetivo era la protección de las líneas de comunicación. Mediante numerosas fortificaciones, el Estado Mayor español dividió el este de la isla en sectores en los que los rebeldes debían ser combatidos sin tregua. La fortificación situada entre Júcaro y Morón, que se extendía de norte a sur a lo largo de poco menos de 70 kilómetros, se convirtió durante la Guerra de los Diez Años en el símbolo de la separación entre el este y el oeste. De hecho, las tropas españolas consiguieron más o menos limitar la guerra al Oriente, aunque ello, por otra parte, se debió en última instancia a los conflictos internos de la «República en Armas», desatados a causa de la radicalización de la estrategia militar y los intentos de invasión de Sancti Spíritus y Villaclara; estos conflictos ahondaron la separación existente entre los mandos militar y político y además condujeron a la ruptura con los hacendados reformistas del oeste.

Hubo muchos militares españoles que cuestionaron las trochas desde el principio. Su construcción era extremadamente cara y requería la intervención de numerosas unidades españolas en plena guerra. Además, los fosos cavados alrededor de los blocaos y los fuertes se llenaban de lodo durante la época de las lluvias. Tanto en su límite septentrional como en el meridional, la línea fortificada lindaba con zonas pantanosas, de modo que las enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla o la malaria, se extendían y provocaban numerosas bajas. Ni los contemporáneos ni los investigadores en la actualidad se ponen de acuerdo a la hora de valorar si las ventajas estratégicas que proporcionaron las fortificaciones compensaron o no sus desventajas.

Lo que está claro es que, también en Filipinas —en Mindanao, concretamente—, el Ejército Expedicionario español erigió en 1890 una línea fortificada de 28 kilómetros de longitud, que tardó varios años en

construir[58]. En la Guerra de Cuba de 1895, los generales españoles volvieron a apostar por las barreras norte-sur. Así, Weyler intensificó en 1896 la construcción de la trocha entre Mariel y Majana, en la parte occidental de la

isla[59]. Algunos independentistas como José Miró Argenter, jefe del Estado Mayor del carismático revolucionario Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, explicarían más tarde en sus memorias que las trochas apenas lograron inquietar al Ejército Libertador. En esto, Miró coincidía con los observadores críticos españoles. Si las líneas no se podían romper, entonces

simplemente se circunvalaban[60]. Sin embargo, los documentos que se conservan del bando insurgente pintan un cuadro bien distinto al de las Crónicas de la guerra de Miró. De un escrito de Maceo se deduce que, ya a mediados de 1896, la trocha entre Mariel y Majana, que todavía se encontraba en fase de construcción, hizo sumamente difícil la comunicación con las distintas unidades de las tropas. A propósito de esta línea defensiva de 32 kilómetros de longitud, el teniente coronel del Ejército Libertador José Eduardo Rosell y Malpica anotó en su diario el 7 de julio de 1896: «[E]s casi imposible pasar». Desde Pinar del Río, la «República en Armas» fue oficialmente informada de las dificultades de cruzar la trocha, que, además,

pasó a estar iluminada[61]. Aunque las tropas revolucionarias aún conseguían atacar casas situadas al alcance de la vista de las líneas fortificadas para hacerse con machetes y ropa, la trocha occidental constituía un obstáculo fatal, que acabaría costándole la vida a Maceo cuando intentó rodearla a

comienzos de diciembre de 1896[62].

Más allá de las fortificaciones, también fueron cuestionados la organización y el armamento de las tropas. La lucha contra las guerrillas evidenció la inadecuación, por pesados, de los batallones de 800 hombres como unidades tácticas. El reconocimiento del terreno no tardó en serle encomendado a la caballería ligera, que actuó con unidades que inicialmente contaban con entre 20 y 30 hombres, en solitario o bien acompañando a las

columnas como [63] volante. A partir de 1869, batallones enteros operaron

como contraguerrilla montada[64]. Además, era frecuente encontrarse con unidades más pequeñas y pegadas al terreno, que no dependían de ninguna columna y estaban formadas por «voluntarios» de la región. Como muestran las instrucciones de las unidades de contraguerrilla Las Minas y Puerto Príncipe, entre los cometidos de las fuerzas locales no estaban solo el reconocimiento del terreno o los ataques por sorpresa al enemigo que avanzaba, sino también las batidas de reses y la tarea de «limpiar de enemigos la zona que les [fuera] encomendada». Curiosamente, la protección de las aldeas y pueblos no se mencionaba explícitamente. Estas órdenes más bien informales fueron seguidas, en 1872 con Ceballos y en 1873 con Pieltain, de un reglamento de contraguerrillas. Después de todo, los años de experiencia bélica habían demostrado hasta qué punto podía ser importante la contribución de aquellas tropas —conocedoras del terreno y habituadas al

clima— a la lucha contra las guerrillas[65].

Una estructura clara y una mejor organización debían aumentar todavía

más la capacidad de combate de la contraguerrilla[66]. Las unidades más valiosas eran las que operaban dentro de los sectores cuyo terreno conocían. Las tropas pertenecientes a un batallón o a una columna estaban bajo el mando de los correspondientes oficiales regulares, mientras que las unidades locales, las llamadas contraguerrillas fijas, también podían depender de los oficiales de las unidades de voluntarios. Los roces entre los integrantes de las unidades regulares y la contraguerrilla eran difíciles de evitar, siendo los oficiales españoles los que peor disimulaban su desagrado. De ahí que se elaboraran directrices para regular el trato con las a menudo variopintas unidades. Además, los combatientes de la contraguerrilla debían destacar por su «honradez y moralidad», aunque de hecho, la tarea de disciplinar a estas

unidades fue uno de los problemas más grandes[67].

Con todo, a medida que la guerra se prolongaba, también los oficiales españoles que inicialmente se habían mostrado críticos se afanaron en poner en pie a sus unidades de contraguerrilla, cuyas deserciones con armas y municiones, por no hablar de sus terribles abusos contra la población civil,

tuvieron que asumir[68]. Las soldadas puntuales y el avituallamiento abundante fueron dos recursos con los que se intentó mantener los excesos dentro de unos límites. La puntualidad de las pagas también era importante, porque la mayor parte de los integrantes de la contraguerrilla tenían familias a

su cargo[69]. El capitán general Pieltain se tomó a pecho esta cuestión e insistió en una nota al intendente en que los miembros de la contraguerrilla recibieran «con toda exactitud sus haberes». En sus memorias de 1879 volvió a señalar que «[l]a experiencia de más de tres años venía demostrando que ninguna fuerza prestaba mejor servicio que las denominadas guerrillas y contraguerrillas de batallón, volantes o fijas, aunque sus deficientes y heterogéneas organizaciones fueran causa de grandes dificultades para

sostenerlas en buen estado»[70]. Algunas unidades aisladas, como la tropa de mercenarios a las órdenes del coronel Weyler entre 1869 y 1872, se convirtieron en unidades especiales de la guerra contrainsurreccional. En las filas españolas, estos llamados cazadores de Valmaseda se hicieron célebres por los éxitos que cosecharon; entre los cubanos, en cambio, eran temidos a causa de sus atrocidades y su destructividad.

Las bases de operaciones autónomas, al igual que la constante búsqueda y destrucción del enemigo y de sus recursos, formaban parte, junto con el uso selectivo del terror, de los principios de la contraguerrilla en Cuba. A partir de 1869, los informes operativos de las unidades españolas reflejaron una nueva característica de la guerra contrainsurreccional, que se manifestó especialmente en las referencias a las «familias que se han sacado de los bosques». La multitud de familias llevadas a los poblados estaba integrada en parte por parientes de los luchadores del Ejército Libertador, que se

desplazaban con los patriotas en impedimenta[71]. Sin embargo, por regla general, todos los civiles encontrados en las zonas llamadas limpias de insurrectos eran deportados e internados en ciudades y pueblos fortificados. El propio Weyler informó a su superior de que con sus mercenarios había recogido a numerosas familias para trasladarlas a Barajagua (Mayarí, Oriente). Los bohíos, pero también otras propiedades agrícolas más grandes y abandonadas, se quemaban sistemáticamente, los cultivos de viandas (frutos del campo) y las plantaciones de plátanos se devastaban y las reses eran

requisadas o sacrificadas para el propio avituallamiento[72]. La expulsión de la población de las zonas rurales formaba parte de la estrategia militar contraguerrillera española, cuyo objetivo declarado era privar a la insurgencia de toda base de supervivencia mediante la destrucción de todos los recursos. Era perentorio impedir —incluso recurriendo al uso de la fuerza— que el Ejército Libertador accediera, a través de la población civil, a la información de relevancia militar relativa a efectivos y localización de las tropas españolas, ropa, medicamentos, armas o víveres. Este procedimiento de las unidades españolas en las zonas orientales en conflicto se completó con la expropiación y reubicación selectivas de criollos indeseables. La mayor parte de las fincas situadas al este de la línea entre Júcaro y Morón fueron requisadas y sus propietarios desplazados a ciudades como Puerto Príncipe,

Tunas o Nuevitas[73]. Pero las autoridades españolas también reubicaron a supuestos simpatizantes de la revolución lejos del teatro de operaciones. En abril de 1869, José Huguet fue trasladado de Guanabacoa a Matanzas y más tarde a Santiago de las Vegas como «sospechoso y [con] malos

antecedentes», con el objeto de alejarlo del «foco de su acción»[74]. En el caso de los supuestos exponentes activos de la «República en Armas», el capitán general ordenó su deportación a las colonias penitenciarias de Fernando Poo (la actual isla de Bioko) o de las Marianas, o bien a los presidios de Ceuta y Gibraltar. En relación con la deportación y la expropiación durante la Guerra de los Diez Años, las investigaciones más recientes señalan repetidamente que estas medidas estaban específicamente dirigidas contra la clase media cubana y perseguían su «descapitalización». A la sombra de la guerra, incluso los niveles inferiores de la burocracia colonial fueron «limpiados» de criollos

con el objetivo de «re-hispanizar» la isla[75].

 

Las primeras medidas de reubicación de la población

Cientos de familias huyeron como consecuencia de la destrucción, el caos y la anarquía que reinaban entre las líneas y en las zonas orientales en conflicto. Las implacables unidades de contraguerrilla atemorizaban a la población rural, y ante los rumores sobre inminentes ataques de los patriotas, el pánico cundió entre los habitantes de las ciudades insuficientemente

fortificadas[76]. Por su parte, Céspedes, el líder revolucionario, fijó el objetivo final en la independencia y la libertad de todos y cada uno de los cubanos: «Que Cuba sea libre aun cuando tengamos que quemar todo vestigio de civilización desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio». García declaró la «[g]uerra a muerte y sin cuartel al aventurero español, que, roto y descalzo, llegó a nuestras playas, y después de enriquecido con el fruto de sus rapiñas ha tratado de secar las fuentes del saber y la riqueza de la nación. Con estos no puede haber paz, no puede haber amistad». Se fue ensanchando el abismo entre los españoles de a pie que habían conseguido algo de riqueza en Cuba y los cubanos que simpatizaban con los independentistas. Los primeros, al ver cómo peligraban sus logros, tomaron las armas so pretexto de la defensa de la «integridad nacional» y libraron, también en las ciudades, una guerra de «exterminio» mutuo. Pero también la élite españolista reunida en el Casino Español de La Habana proclamó que «Cuba será española o la

abandonaremos convertida en cenizas»[77]. Ya en 1869, los observadores bien informados habían constatado que se estaba implementando una estrategia militar total sin precedentes, y lo que les había resultado particularmente chocante era el alcance de la destrucción y de la violencia ilimitada. En el bando de la «República en Armas», la idea política revolucionaria parecía haberse esfumado, y en su lugar imperaba la irracionalidad de la destrucción y del innecesario derramamiento de sangre. La espiral de la violencia parecía imparable; de hecho, el carácter degenerado de los enfrentamientos que constataron los oficiales españoles convirtió la violencia en la opción operativa dominante. Desde esta perspectiva no se alcanzaba a ver el final de la guerra. El brigadier español Antonio López de Letona solamente logró identificar dos opciones a corto plazo: «No podía esperarse el término de la guerra, si no se empezaba por frenar aquel desbordamiento, o decretar la destrucción de la raza». Ante el trasfondo de aquella guerra desmandada se elaboraron numerosos y detallados planes operativos dirigidos a una rápida

terminación[78].

Los planes operativos se basaron, desde el comienzo, en los principios de la lucha contra las guerrillas vigentes hasta bien entrado el siglo XX: aseguramiento político y militar del terreno, división del mismo para que las tropas puedan familiarizarse con la topografía, y recogida de noticias e informaciones sobre el enemigo. Además, la separación de la población civil de los rebeldes para privar a los revolucionarios de toda base de supervivencia es un principio que, cuan hilo conductor, se encuentra en todos los escritos militares.

Hasta hoy, la reubicación de la población rural durante la Guerra de los Diez Años no ha interesado a los investigadores. Las alusiones a la reconcentración —si es que las hubiere— se circunscriben al conflicto de 1895-1898. Las remisiones a los precedentes de la Guerra Grande son ocasionales, carecen de fuentes suficientes y resultan a menudo minimizadoras. Sin embargo, la deportación de civiles sí generó en su día un debate interesante, sobre todo entre publicistas militares españoles. La mayor parte de los oficiales veían la clave de la rápida finalización del conflicto en Cuba en la concentración de la población rural en ciudades y pueblos bajo control militar. Curiosamente, no se discutieron solo medidas militares. López de Letona estaba a favor de una política de atracción. Había que sugerirle a la población que las ciudades eran más seguras que las zonas rurales, de modo que el Ejército Libertador se encontrara ante un grave vacío. Se incorporaron al debate, cuando menos de manera implícita, las primeras aproximaciones al

intento de ganar «los corazones y las mentes» de la población civil[79].

Argumentos parecidos fueron los que adujo el brigadier Acosta y Alvear, quien confiaba en que los «dóciles y pacientes» habitantes de las zonas rurales pudieran ser convencidos de la necesidad de la reconcentración «atrayéndoles con dulce y equitativo trato». Acosta sabía demasiado bien lo distinta que era la realidad en los «pueblos reconcentrados», con sus jefes militares y sus «cantones y fuertes». Aun así, la oficialidad española no dejó de asirse obstinadamente al topos de la «protección» de la población civil en los centros fortificados. Y no se trataba en absoluto de un eufemismo, ya que el argumento se retrotraía a una migración inducida por la guerra, aquella reconcentración «voluntaria» durante la ofensiva española conocida como creciente Valmaseda. A partir de finales de 1869, durante el recrudecimiento de las hostilidades, miles de personas huyeron de las zonas rurales de Holguín, Bayamo, Manzanillo y Jiguaní a los centros donde buscaban «protección». Pero no pasó mucho tiempo antes de que quedara claro que en ciudades como Las Tunas, donde ya era problemático abastecer a las tropas, las pequeñas zonas de cultivo no cubrían las necesidades de alimentación de una población que crecía exponencialmente, mientras las autoridades militares no lograban repartir un número suficiente de raciones. Quienes sufrían especialmente eran «las familias pobres, viudas y niños, que paulatinamente van sucumbiendo al hambre y a la miseria». A menudo se daban situaciones paradójicas. En Puerto Príncipe:

(…) por ejemplo, residen infinitas familias, la mayoría compuestas de mujeres y niños. Las que tienen hombre apenas pueden mal pasar, por no haber trabajo suficiente para estos, y las que no los tienen, han sido comprendidas en tres porciones, que son auxiliadas sucesivamente quince días de cada cuarenta y cinco, con ración de escasa sopa en que se invierten cinco mil pesos mensuales. Es decir, se les dá de comer quince días y se les deja morir de hambre treinta.

 

En 1872, Acosta opinaba lacónicamente que, en aquellas circunstancias, no era sorprendente que los hombres reubicados y desempleados no estuvieran entre los representantes más fervorosos de los intereses

españoles[80].

La situación alimentaria, ya de por sí difícil, se agravó con el bloqueo, por parte del Ejército Libertador, de las ciudades ocupadas por las tropas

españolas[81]. Además, los convoyes que abastecían a las plazas militares eran

un objetivo lucrativo para los ataques de los revolucionarios[82]. De acuerdo con una circular de noviembre de 1869, las reses requisadas por las unidades españolas debían ser conducidas a las ciudades para su sacrificio y posterior uso como avituallamiento de las tropas. La carne restante debía ser entregada a las «familias pobres recogidas», lo cual se controlaba meticulosamente. Las listas del coronel José Lara, del destacamento de Lechuzo (la actual Rodas), muestran que una familia de ocho miembros recibía unas cuatro libras de carne. En su distrito, Lara proveía de más de 63 libras de carne a cuarenta familias, aunque las listas no revelan claramente durante cuánto tiempo tuvo

lugar aquel suministro de alimentos[83].

La penuria era omnipresente en las ciudades de Oriente y en los pueblos de reconcentrados inaugurados a lo largo de las líneas españolas de comunicación y abastecimiento. Aun así, Acosta propuso un plan operativo que, aparte del control y «limpieza» del terreno y de la destrucción de las plantaciones, preveía también la reubicación de la población rural. Sin embargo, Acosta se negó terminantemente a permitir el asentamiento de reconcentrados en sus propias tierras. Aunque abogaba abiertamente por la reubicación y resaltaba que la «idea de reconcentrar en puntos dados el vecindario esparcido, es altamente política y conveniente», basó su desaprobación de un nuevo asentamiento en su propiedad en una serie de razones políticas y militares. Según su exposición, no se habían respetado ni los principios ni el procedimiento para la creación de nuevos asentamientos. Así, quien había ordenado el alojamiento de los internados era un simple oficial de bajo rango de la región, y los reconcentrados debían disponer además de tierra como base de la economía de subsistencia. Teóricamente, todo ello debía disponerse sin dañar los intereses de terceros; en casos extremos, los propietarios incluso tenían derecho a una indemnización. Las tierras de Acosta ya habían registrado malas cosechas, pues los internados prácticamente habían echado a perder el trabajo de su capataz y de sus 14 esclavos. Como consecuencia, Acosta señaló una serie de lugares cercanos a la línea ferroviaria que también disponían de agua y le parecían más adecuados que su propiedad. Como oficial, su conocimiento del poder de los hechos le hacía temer la pérdida de su finca durante años a causa del nuevo asentamiento. Por lo tanto, se declaró dispuesto a organizar el «desplazamiento» de las familias y a poner a disposición de estas un predio en otro sitio, durante cinco años y gratuitamente. Acosta expuso que su petición no estaba motivada por un «interés egoísta», sino que buscaba ante todo el bien de los reconcentrados. Finalmente, el ayuntamiento atendió su petición, aunque solo fuera por sus méritos en la larga lucha contra los «enemigos de la

integridad territorial» de España[84]. Esta anécdota muestra, por una parte, cómo en la Cuba de mediados del siglo XIX se podía utilizar un cargo (militar) para imponer intereses particulares. Por otra parte, es evidente que, en la práctica, la reconcentración, que se consideraba teóricamente necesaria, se encontraba con considerables resistencias, y no solo cuando afectaba a los intereses privados de un oficial.

Lo cierto es que la mayor parte de los planes operativos se centraban, más que en la suerte de la población civil, en la utilidad y la «imprescindible necesidad» de la reconcentración para el éxito de la lucha contra las guerrillas. Así, el brigadier Velasco señaló, tanto en 1870 como en 1872, que, una vez implementada la reconcentración de modo sistemático, los insurrectos no aguantaban ni dos meses en las zonas «limpias»; junto a la destrucción de todos los recursos, las epidemias y las enfermedades contribuían al agotamiento de los rebeldes, que ya solo podían recurrir a la lucha abierta o la rendición. Según Velasco, la reconcentración, impulsada por Valmaseda en la región de Bayamo y por Obregón en Holguín, daba buenos resultados, a pesar de que no se había puesto en práctica de manera radical: «Toda la población de los departamentos Oriental y Central hubiera podido concentrarse en muy pequeñas zonas sobre nuestras líneas de comunicación más precisas, como se va haciendo ahora, y con muy pocas

fuerzas se la hubiera podido proteger muy eficazmente»[85].

En una obra en tres tomos publicada entre 1896 y 1898, el historiador y cronista español Antonio Pirala documentó el modo en que se llevaba a cabo la «protección» de la población civil en muchos pueblos de reconcentrados. Pirala dio cuenta de las masacres de familias deportadas realizadas en Trinidad por integrantes de tropas regulares y por la guerrilla, o de la actuación arbitraria de un capitán ebrio que hizo ejecutar a doce internados

sin motivo alguno[86]. Estos informes sobre los excesos en el uso de la violencia contrastan vivamente con los elaborados por los militares sobre la reubicación de los civiles. En marzo de 1870, el coronel Francisco Méndez informaba, desde el campamento del ingenio Oriente (probablemente en Puerto Príncipe), que su columna había capturado a un centenar de personas en las colinas circundantes:

Me honro en acompañar adjunto a V. E. relación nominal de las personas, que ya fugitivas por los montes, ya arrepentidas de sus faltas, han corrido a este Cantón a ponerse bajo la protección de nuestro Gobierno; debiendo significar a V. E. que dichas familias han sido alojadas con la comodidad que el local requiere y que tanto estas, como las presentadas anteriormente (cuya

relación ya tuve el honor de remitirle) comparten con la tropa su ración [87].

 

Esta representación eufemística contrasta con un informe que el periodista y aventurero James O’Kelly publicó en 1874 y en el que se revela una imagen catastrófica del estado de los reconcentrados en los asentamientos de Sancti

Spíritus[88]. Su apreciación es corroborada por las fuentes que se conservan de la Administración colonial española. Los recluidos no padecían solo una difícil situación alimentaria, sino también, y sobre todo, epidemias como el cólera o la peste, cuya etiología se encontraba en la higiene insuficiente, el

hacinamiento y la falta de atención médica[89]. En febrero de 1870, los internados de Jobosí dirigieron una solicitud al jefe militar de Sancti Spíritus en la que describían de este modo la situación de emergencia en la que se hallaban:

Habiendo desarrollado con la reconcentración de las familias una enfermedad que a manera de epidemia se ha extendido por todas ellas, hasta el punto de no existir familia alguna que no cuente con enfermos, de los cuales mueren diariamente uno o dos sin ser posible contener el progreso de la referida calamidad; la que unida a la escasez de agua que se nota en la proximidad del rancherío, hace del todo imposible la permanencia en dicho paraje general perjuicio de todos los habitantes.

 

Lo que pretendían era abandonar aquel insalubre lugar lo antes posible,

por lo que pedían autorización para poder regresar a sus fincas[90]. Un poco más al este, en Puerto Príncipe, jurisdicciones enteras sufrieron una epidemia de viruela, así como unas fiebres que las fuentes no describen con exactitud. Apremiadas por la necesidad de apoyar a la población con medicamentos y víveres, las autoridades locales vendieron el cuero de las reses que diariamente se sacrificaban para el avituallamiento del Ejército. En realidad, las pieles tenían que ser entregadas a la intendencia, pero aquella acción irregular fue posteriormente convalidada desde Puerto Príncipe. Era cada vez más frecuente que, en situaciones de emergencia, los jefes militares colocaran a sus superiores ante hechos consumados. Así, el jefe del cuerpo médico del Ejército en un campamento de Las Minas (Puerto Príncipe) distribuyó gratuitamente medicamentos del hospital militar a la población en apuros. El reintegro del importe por parte de la Administración se convirtió en una

carrera de baquetas burocrática[91].

Ciudades como Morón, Puerto Príncipe o Las Tunas acusaron particularmente la presión del incremento poblacional. Las autoridades españolas anunciaron que castigarían con rigor el contrabando, desde las localidades ocupadas, de alimentos, sal, ropa, medicamentos y armas. Debido a las difíciles circunstancias, los jefes militares habían extendido numerosos pases y autorizado a las familias el regreso a sus campos, tendencia a la que intentó poner fin Antonio Caballero de Rodas, quien a finales de junio de 1869 se hizo cargo de la Capitanía General. En su opinión, la población rural que no se dirigía a los puntos controlados por los españoles se convertía automáticamente en cómplice de los insurgentes, a los que proporcionaba nuevo «aliento y recursos». Con una orden del 25 de abril de 1870 quedaron «anuladas las autorizaciones concedidas para residir en el campo» y se embargaron los bienes de los que no se hubieran «presentado en poblados o a las columnas de tropa el día 1.º de Junio»; además, y «desde esta fecha», todo aquel que fuera «encontrado en el campo, sin […] autorización para ello»

sería «tenido por enemigo»[92].

Entre los militares españoles, la relativa impotencia frente a un enemigo difícil de alcanzar no tardó en producir un estereotipado esquema amigo-enemigo. Este perjudicó sobre todo a la población civil, tanto más cuanto que la «República en Armas», por su parte, había hecho un llamamiento a la población a que abandonara los centros fortificados, en parte bajo amenaza de

muerte[93]. Sin embargo, ninguno de los bandos tenía, por regla general, los medios para hacer cumplir íntegramente sus propias instrucciones. Con todo, las órdenes de Caballero de Rodas se ejecutaron con especial inflexibilidad a lo largo de la trocha entre Júcaro y Morón, de modo que fueron reubicados

pueblos enteros[94]. En Ciego de Ávila, la norma preveía —aparte de la destrucción de todos los recursos— «que sin contemplación» se reconcentraran «todos los vecinos alrededor de los fuertes, no a mayor distancia de 500 metros». Únicamente las «familias buenas» se beneficiaban de apoyo y de medios de subsistencia (tierras, aperos, simientes), lo que dio rienda suelta a la denuncia de «malos y sospechosos». El objetivo declarado era el de «extinguir a toda costa el apoyo moral y el auxilio material» del que

al parecer gozaban los rebeldes en todos los pueblos[95]. En muchos lugares, como en el caserío de El Jíbaro (Sancti Spíritus), las autoridades disponían de listas de familias cuyos miembros (padres, hijos, hermanos o cuñados)

pertenecían supuestamente a la insurgencia[96]. De hecho, las fuentes indican que, como consecuencia, los abastecidos de raciones alimentarias fueron

sobre todo los españoles leales[97].

Cuando elaboraban sus planes operativos, los oficiales como Velasco eran perfectamente conscientes de que la reconcentración era un medio de la guerra contrainsurreccional «muy duro y costoso», ya que había que «alimentar con raciones una gran parte de la población para que no se [muriera] de hambre». Durante la época de las lluvias, la «aglomeración

repentina de familias» representaba un desafío adicional[98], al que las autoridades militares intentaron hacer frente con rígidas medidas higiénicas. En Puerto Príncipe se acordó llevar a cabo una campaña de vacunación para prevenir una epidemia de viruela. En cuanto a la fiebre amarilla y el cólera, la

consigna era seguir los consejos de los «profesores de la ciencia de curar»[99]. Sin embargo, estas normas apenas fueron implementadas. En Arroyo Blanco, por ejemplo, un brote de cólera causó en tres días 120 víctimas mortales entre las tropas del general Lesa. La epidemia fue favorecida también por los restos del ganado en descomposición en las inmediaciones del acantonamiento. Los soldados trabajaban en una fortificación y, aunque sacrificaban diariamente

varias reses, no las enterraban[100]. Las epidemias acompañaron en todo momento el devenir de la guerra y de la reconcentración. Para desgracia de los civiles, las teorías que identificaban las mismas, la niebla matinal o el resplandor de la luna como causas del contagio de las enfermedades tropicales aún circularon hasta 1896. Sin embargo, los científicos más punteros ya habían aislado años antes los gérmenes patógenos y los bacilos, convirtiéndolos en el centro de sus investigaciones. No era osado suponer que los microorganismos también tuvieran un papel importante en la propagación

de la fiebre amarilla[101], aunque lo cierto es que no fue hasta 1900 cuando los científicos cubanos y estadounidenses consiguieron identificar sin sombra de

duda el mosquito [102] Aedes aegypti como vector de la fiebre amarilla.

Para asegurar el abastecimiento de los reubicados, las autoridades coloniales recurrieron cada vez más a los ingresos provenientes de las confiscaciones y expropiaciones. Por una parte, la economía de subsistencia de las «familias pobres» fue fomentada mediante la asignación de parcelas de

tierras confiscadas o abandonadas[103], mientras, por otra parte, las cocinas económicas en pueblos y ciudades fueron financiadas con la venta de mobiliario o de propiedades enteras. En agosto de 1871, el ministro de Ultramar, Tomás María Mosquera, informó al intendente en Cuba de que, en virtud de lo previsto en un Real Decreto, de los ingresos provenientes de los bienes confiscados se podrían destinar mensualmente 1000 pesos a la jurisdicción de Morón y otros 500 a la de Nuevitas «para socorrer a los presentados indigentes». Junto con Sancti Spíritus y Las Tunas, los gastos fijos alcanzaban los 8500 pesos mensuales. La autoridad local de la jurisdicción de Las Tunas suministró galletas y azúcar de los almacenes militares a los niños necesitados de entre seis meses y dos años de edad. Unos informes incompletos convirtieron aquella acción en un hecho aislado, y el general Buenaventura Carleo reclamó el reintegro de los gastos al presupuesto general. No sin razón, también el ministro exigió exactitud en las cuentas, las cuantificaciones y las listas de familias a las que se hacía entrega de víveres: «[N]o sería extraño que ese número extraordinario de presentados de que dan cuenta los tenientes gobernadores, fuera, en parte, imaginario». De hecho, el elevado número de reconcentrados y presentados que aparece en los informes de los jefes militares adquiere una nueva dimensión cuando se observa a la luz de las posteriores gestiones presupuestarias. Algo parecido vale para los

usos indebidos de los bienes expropiados[104].

De hecho, expropiación y ayuda coexistían de un modo paradójico. A causa de las sospechas y de las confiscaciones de sus fincas, decenas de miles de personas eran obligadas a desplazarse a ciudades y pueblos fortificados, donde, privadas de sus medios de subsistencia, recibían un sustento apenas

suficiente[105]. A pesar de los numerosos indicios de malversación, una parte de los fondos sí llegaba a los internados o era asignada a las «necesidades de los presentados del campo insurrecto». Las autoridades recibieron desesperadas peticiones de auxilio desde Figuabo, en la región de Santiago de Cuba. El lugar había sido destruido por el ejército revolucionario y se hundía desde entonces en una «horrible miseria». Además, la zona había sufrido una epidemia de viruela a comienzos de 1872. Al intendente le sobraron motivos para asignarle a la Administración local 200 pesos mensuales de los ingresos

provenientes de los bienes expropiados[106].

En agosto de 1872, el brigadier Acosta señaló que «Puerto-Príncipe, con Tunas y demás jurisdicciones del Este, exceptuándose Baracoa y parte de las jurisdicciones de Cuba, Guantánamo, Manzanillo y Holguín, que están en cultivo, tienen sus vecinos reconcentrados en ciudades y pueblos, sin trabajo, sin recursos y, de consiguiente, constituyendo […] un grave y constante peligro». De todos modos, la reconcentración no se implementó hasta sus últimas consecuencias, lo que algunos lamentaron. Así, el antiguo subinspector de Sanidad de la Armada, Félix de Echauz y Guinart, opinaba que debería haber sido reubicada la población de media isla: «Si hay aliento para despoblar la mitad de la Isla, especialmente en su parte central, y para refundirla en nuevos moldes, la situación está salvada; si no lo hay, está irremisiblemente perdida». De acuerdo con su plan, la población debía ser reubicada en 24 pueblos o ciudades fortificados, mientras para el Oriente se preveía un desmonte completo. Echauz no se pronunció sobre las consecuencias, por ejemplo para los civiles privados de su entorno habitual y

necesitados de abastecimiento[107].

Ningún plan operativo fue llevado a la práctica con esta radicalidad. Sin embargo, el de Echauz permite sacar conclusiones sobre las mentalidades, ya que revela hasta qué punto la «destrucción del enemigo» daba por buenas las elevadas bajas de civiles. De las observaciones de algunos oficiales españoles surge la imagen de un enemigo absoluto, en la que aparecen entreveradas la

naturaleza hostil, la insurrección escurridiza y la población cubana[108]. Todo reconcentrado se convertía así en un potencial simpatizante de los revolucionarios. En noviembre de 1868, al poco de su llegada a Manzanillo, Weyler apuntó en su diario de guerra: «La mayor parte de las familias de la población tengo el sentimiento de decir que tienen hijos o hermanos con los rebeldes». Aquellos que tuvieran familiares entre los insurgentes eran

automáticamente considerados «activos agentes de los rebeldes»[109].

La reubicación de la población rural en el marco de la lucha contra las guerrillas no suscitaba el consenso de la oficialidad española. El capitán general Ceballos, que había sucedido a Valmaseda el 11 de julio de 1872, se sintió horrorizado ante la improvisación que observó en los numerosos pueblos de reconcentrados y dispuso que sus habitantes fueran reubicados en las zonas militares fortificadas, dado que eran un objetivo preferente de los

insurrectos[110]. Para Pieltain, su sucesor, las innumerables familias de las ciudades representaban una carga y un peligro demasiado grandes. El proceder de sus predecesores le parecía un error gigantesco por varios motivos. Estaba convencido de que los reconcentrados y presentados introducían en los centros las ideas revolucionarias, por no hablar de que el Ejército Libertador podía así recibir de sus partidarios información de primera mano. Siempre que una columna española se disponía a ponerse en camino, los jefes militares del Ejército Libertador ya estaban informados. Según Pieltain, los luchadores enemigos sabían, además, que sus familias recibían un sustento, lo que permitía acciones concentradas contra el Ejército Expedicionario español. Habría preferido enviar a las familias a los bosques para que acompañaran a los rebeldes, cuya movilidad se vería así

menoscabada[111]. La mortandad en las ciudades no era un argumento moral contra la reconcentración, ni para Pieltain ni para otros críticos. Se tomaba nota de la gran cantidad de muertes, pero no en cuanto a catástrofe humana. La lamentable situación de los civiles en las ciudades controladas por unidades españolas solo constituía un desafío en la medida en que la miseria llevaba a los reconcentrados a unirse a los rebeldes. Sin embargo, lo que faltaba para ganarse «los corazones y las mentes» de la población civil no era solo la voluntad: eran también los medios económicos. El brigadier Velasco resumió la máxima de la guerra en Cuba en pocas palabras: como en toda guerra, de lo que se trataba era de infligir el máximo daño al enemigo, lo cual, en Cuba, exigía aislar a la población rural neutral de los guerrilleros y arrasar las zonas despobladas; la deportación y el internamiento no eran más que una

necesidad militar[112].

Pero la imposibilidad de una estrategia unitaria —debida a los numerosos cambios políticos y militares habidos durante el Sexenio Revolucionario, tanto en la isla como en la metrópoli— no afectó solo a la lucha contra las guerrillas. La interpretación historiográfica clásica entiende que no fue hasta la Restauración borbónica de 1874 cuando España recuperó la necesaria estabilidad política, que hizo posible, a su vez, la implementación de acciones concertadas en Ultramar. Sin embargo, durante la Guerra de los Diez Años, las manifiestas contradicciones en el seno del mando militar español no se debieron únicamente a estas circunstancias externas, sino también a las instrucciones inconsistentes de determinados generales. A finales de 1869, Caballero de Rodas ordenó a los jefes militares de Puerto Príncipe que permitieran a los familiares de los revolucionarios el regreso a sus tierras. Al mismo tiempo, las columnas tenían instrucciones de no recoger a más familias durante sus operaciones. Quienes querían seguir voluntariamente a las tropas españolas hasta el siguiente campamento o pueblo fortificado tenían que acreditar que disponían de los medios suficientes para subsistir. Pocos meses después, el 25 de abril de 1870, Caballero de Rodas volvió a intensificar la represión y criticó el aumento excesivo de los pases extendidos para la estancia fuera de las fortificaciones. Al cabo de poco menos de dos meses, el 20 de julio de 1870, se sintió enormemente decepcionado. La «benignidad y protección» respecto a los insurrectos, presentados y «recogidos en los campos», que eran provistos de raciones, ropa y medicamentos, no tuvo el efecto esperado de provocar la adhesión a la Administración militar española. Al contrario: Caballero de Rodas supo dar cuenta de abusos e ingratitudes. Había hombres que, teniendo a su disposición tierras, aperos, simientes y bueyes para la manutención de sus familias dentro del perímetro fortificado, «consum[ían] en la holganza la ración que se les suministra[ba] por vía de socorro mientras [podían] atender a sus necesidades con el producto de su honrado trabajo». Caballero de Rodas ya no estaba dispuesto a tolerar «que el tesoro de la Isla mant[uviera] los traidores ni foment[ara] la ociosidad». El control del suministro de víveres fue intensificado, las familias con parientes en el Ejército Libertador fueron excluidas de las raciones y los hombres en condiciones fueron obligados a trabajar en los campos. Las columnas recibieron de nuevo la orden terminante de «no reco[ger] familias en los campos ni […] admit[irlas] al amparo de los

fuertes si no [tenían] medios propios de subsistencia»[113].

En ausencia de una línea de actuación clara en materia de relaciones con la población civil, Caballero de Rodas no era el único que se debatía entre la necesidad militar y la viabilidad económica. Retrospectivamente, Martínez Campos dejó constancia de que, bajo su mando y durante la fase final de la guerra, se entregaron diariamente más de 40 000 raciones a los

necesitados[114]. Por el contrario, era muy raro que constituyeran un problema la financiación y el apoyo de los regimientos de voluntarios y de sus allegados. En 1870, durante una campaña navideña, el Banco Español donó 8000 pesos a las viudas y los huérfanos de los voluntarios de Cuba. Además, los accionistas del banco decidieron disponer el pago mensual de 4000 pesos para la manutención de los voluntarios en las fortificaciones de La Habana. El «comercio y propietarios españoles» financiaron a las unidades de voluntarios de Puerto Príncipe con 5000 pesos mensuales. Los comerciantes de La Habana abonaban también la travesía de los voluntarios reclutados en

España[115]. Desde luego, la burguesía financiera cubana no escatimó gastos

para el mantenimiento de su brazo armado[116].

 

Los paralelismos entre la periferia y la metrópoli

 

El resumen del periodo comprendido entre el final de la década de 1860 y la década de 1880 puede hacerse recordando el intenso debate —en el que no participaron únicamente los círculos militares— sobre el internamiento de civiles en el marco de la estrategia de contraguerrilla global (o por lo menos militar) para Cuba. Al cabo de los años, la implementación sistemática de aquella estrategia fracasó, no solo por la falta de medios económicos suficientes, sino también por las contradicciones militares y políticas, tanto en la isla como en la metrópoli. Durante la Guerra Chiquita de 1879-1880, el capitán general Ramón Blanco y Erenas disponía de suficientes medios y soldados. Polavieja, responsable de las operaciones militares en Oriente, ordenó la inmediata reconcentración de la población rural en las jurisdicciones de Santiago, Guantánamo y Baracoa. La rebelión pudo ser

sofocada en pocos meses[117].

La reconcentración no estaba en absoluto pensada como un instrumento de la guerra contrainsurreccional exclusivamente aplicable a los conflictos imperiales localizados en la periferia. Así, durante la Tercera Guerra Carlista de 1872-1876 no faltaron los comentaristas que sopesaron en la prensa las medidas de reubicación para la represión de los insurrectos en el País Vasco y Navarra. Un reportaje en El Eco de Navarra veía, entre otras cosas, analogías con las Guerras Indias en Norteamérica, aunque no hacía referencia explícita

a la política de reservas[118]. No es particularmente sorprendente que se procediera con extrema dureza contra el carlismo armado. Después de todo, Carlos María Isidro de Borbón —el hermano de Fernando VII— y sus descendientes aspiraban a reinar con el apoyo de las fuerzas reaccionarias y absolutistas, lo que provocó unas sangrientas guerras civiles en los años 1833 a 1839, 1847 a 1849 y 1872 a 1876. Las unidades carlistas, numéricamente inferiores, también se sirvieron de la táctica de guerrillas en la década de 1870, y se suponía que la concentración de la población rural debía conducir, tanto en Cuba como en el País Vasco —las dos «provincias rebeldes»—, a una rápida pacificación. Por una parte, este paralelismo conceptual y operativo parece verdaderamente lógico, si se tienen en cuenta la simultaneidad de los conflictos en Cuba y en España y el flujo continuo de oficiales entre ambos hemisferios. Además, la insurrección en Cuba fue interpretada, sobre todo por parte de la élite liberal española, como una guerra

civil[119]. Por otra parte, aquella «importación» desde la periferia resulta sorprendente, sobre todo a la luz de la propaganda española contra los rebeldes cubanos, retratados sistemáticamente en los periódicos como «negros» y «salvajes», y por lo tanto diametralmente opuestos a la «civilización española». Recientemente, sin embargo, los estudiosos de la Tercera Guerra Carlista en el País Vasco han identificado unas imágenes del enemigo muy parecidas. Así, el campesino vasco común era retratado como «indio», «eterno separatista», «bárbaro» y «salvaje», y apartado de la nación

española[120]. La demonización del otro y su exclusión de la civilización —o, en su caso, de la nación— abrían el camino a las medidas extremas contra la población civil. Aun así, de las consideraciones para el plan operativo del publicista V. Gresac resulta claramente que la concentración de la población rural para la pacificación del País Vasco formaba parte de los «medios

especiales» que «sal[ían] de la esfera de lo ordinario»[121]. Por lo demás, tanto aquel discurso como el relativo a Cuba eran sustancialmente iguales. También en la montañosa provincia del norte era preciso privar al huidizo enemigo de todo recurso. Para ello, el «plan de pacificación» preveía el bloqueo terrestre y marítimo total del País Vasco. Ni un solo pesquero podría abandonar los puertos, los trigales debían ser quemados y los árboles talados. En cuanto a la población, «[p]aso franco a todo el que quisiera emigrar: reconcentración en las capitales de los individuos o de las familias que por no querer tomar parte en la insurrección o por huir los peligros, quisieran salir del país sublevado». Todo aquel que no se dirigiera a las ciudades fortificadas «sería, pues, considerado como enemigo». Gresac partía de la suposición, también para el caso vasco, de que las enfermedades y la hambruna afectarían a los carlistas y los obligarían a luchar o a rendirse. El folleto no mencionaba en ningún momento los paralelismos con los debates sobre Cuba, aunque esta sí ocupó su lugar en los planes, bien es cierto que por otros motivos: tras finalizar la guerra, los jefes militares de los insurrectos debían ser castigados a servir

como soldados rasos en la isla caribeña[122].

Los planes operativos para Cuba aludían cada vez más a la «utilidad civilizadora» —y no solo militar— de las reubicaciones, las cuales se suponía que representaban para la población rural una salida del atraso o incluso de la

pobreza[123]. Se pueden encontrar ideas similares en relación con la Guerra Carlista. La misión civilizadora se manifestó con especial claridad el 22 de enero de 1875, cuando el rey Alfonso XII, en una alocución en Peralta, prometió a los rebeldes vascos, a cambio de la entrega de las armas, «todos los dones espléndidos de la civilización», entre ellos, por ejemplo, «el silbido de las locomotoras». Algunos años más tarde, y ante el trasfondo de la Guerra de Independencia de 1895 en Cuba, el presbítero Juan Bautista Casas y González utilizó argumentos parecidos. Imaginaba un proyecto de urbanización y colonización en el que la población rural cubana —en compañía de ingenieros y médicos competentes— gozaría de los «beneficios que lleva consigo la civilización, como son el trato social, la limitación justa que impone la conciencia pública cristiana en las mutuas relaciones, la urbanidad en cuanto a vestir, presentarse a la vista de los extraños, comer, dormir». En su relato, Casas se remitía al saldo doblemente positivo de la reubicación de los «salvajes» en los centros: por un lado, el beneficio

civilizador, y por otro, la utilidad militar[124].

No es el de Casas el único ejemplo que muestra hasta qué punto fueron constantes, incluso después de la Guerra de los Diez Años, las consideraciones acerca de los poblados fortificados y la separación entre civiles y rebeldes vertidas en las publicaciones españolas sobre las guerras irregulares en general y sobre el futuro de la guerra en Ultramar en

particular[125]. Tras el estallido de una nueva insurrección en Cuba, el 24 de febrero de 1895, los primeros reveses de las unidades españolas llevaron a los oficiales —y no solo a los más curtidos— a reclamar una rigurosa reubicación de la población rural. De ahí que las correspondientes órdenes de Weyler no constituyeran una sorpresa, puesto que lo único que hacían era satisfacer las

expectativas puestas en él[126]. En cambio sí fueron sorprendentes el contenido y el momento elegidos por el teniente coronel retirado Antonio Weber y Reinado en un plan operativo que propuso en marzo de 1898 y que preveía la «limpieza» de determinadas zonas, incluida la deportación de civiles. Weber le presentó estas propuestas al capitán general Ramón Blanco y Erenas después de que la prensa mundial se fijara en las consecuencias de la

reconcentración llevada a cabo con Weyler[127]. En la guerra, ni el internamiento de civiles ni la destrucción de los recursos constituían fenómenos nuevos. Así, los observadores de la Guerra de los Diez Años se remitían, entre otras, a la Guerra de Secesión estadounidense, y en especial a la estrategia militar implementada en Savannah, o a las llamadas Guerras Indias en Norteamérica. En 1897, Weyler expuso cómo otros jefes militares habían procedido de un modo similar en conflictos comparables al de Cuba. Varios años después, en sus memorias, dio la impresión de sentirse muy orgulloso del triunfo en medio mundo de su método militar —ligeramente

modificado— consistente en el aislamiento de la población civil[128]. En el marco de las campañas de Marruecos, entre 1909 y 1927, fue nuevamente un oficial español, Dámaso Berenguer y Fusté, que había servido en Cuba, quien discutió la utilidad de las reubicaciones forzosas para la lucha contra las guerrillas. La separación física entre civiles e insurgentes en «campos de concentración» le parecía al autor una «cruel medida», una entre otras «medidas extremas». En 1918 publicó La guerra en Marruecos (Ensayo de una adaptación táctica), donde llegó a la conclusión de que «los resultados no estuvieron nunca en relación con el enorme sacrificio que esto imponía al país rebelde y aun a nosotros mismos, que si en muchas ocasiones nos vimos precisados a subvenir a las necesidades de los concentrados, en todas tuvimos que luchar con falta de recursos que este ruinoso procedimiento hacía imperar

en la zona de operaciones»[129].

Entre los investigadores, la deportación de los disidentes políticos se considera una importante condición de la (casi siempre) posterior reubicación forzosa o reconcentración de civiles en las guerras asimétricas. Esto es lo que indican, por una parte, Nicola Labanca para el caso de la guerra colonial italiana y los campos en la Cirenaica, y, por otra, Christoph Marx en relación con la deportación de boers a la isla Santa Elena, las Bermudas o Ceilán

durante la guerra en Sudáfrica[130]. A primera vista, la tesis también parece apoyarse en la larga experiencia de la deportación política en el imperio portugués, aunque las medidas de reubicación no se implementaron en Mozambique o Angola hasta muy tarde, durante las guerras de descolonización de los años sesenta y setenta del siglo XX, y no se basaron tanto en la propia tradición imperial como en los modelos francés y

estadounidense[131]. Para el caso del dominio español en Filipinas, Puerto Rico y Cuba, Javier Morillo-Alicea se ha fijado recientemente en la tradición de deportación e internamiento que se remontaría a la época de Weyler como capitán general de Filipinas, durante la cual ya se habrían tomado medidas

contraguerrilleras de reubicación forzosa[132]; algo que, sin embargo, al militar no le pareció digno de mención en su memorando oficial. En 1896, Polavieja, ocupado en la represión del Katipunan, solicitó que Madrid le confirmara expresamente que podría poner en práctica la política de reubicación de Weyler en Filipinas, incluso en vista de la crítica internacional

que había suscitado la mortandad en Cuba[133]. La que sin duda cuenta con una larga tradición es la deportación de disidentes cubanos a Puerto Rico, Fernando Poo, las islas Chafarinas o la península. Sin embargo, aquella medida obedecía a una lógica distinta a la de la «necesidad militar» de la lucha contra las guerrillas, y la literatura científica no aclara hasta qué punto la deportación por motivos políticos favoreció la reconcentración.

La clave de la conexión parece estar en el llamado internamiento administrativo, que se practicó, por ejemplo, en Argelia a partir de 1834, como parte de la estrategia militar contra Abd al-Qádir, puesta en marcha por el general francés Thomas R. Bugeaud desde 1836 e inspirada en la Guerra de la Independencia española. Según el politólogo Le Cour Grandmaison, el internamiento administrativo fue inicialmente una medida extraordinaria pensada para tiempos de guerra, que en las colonias acabó convirtiéndose en habitual. Su objetivo era sobre todo el internamiento indefinido de los individuos en un espacio situado prácticamente al margen del sistema

jurídico[134]. No se trataba tanto de aislar a los civiles y a los rebeldes como de encerrar a los disidentes indeseados en campos parecidos a prisiones. Una reubicación tan selectiva se ha documentado también para el caso cubano durante la Guerra de los Diez Años, como se ha visto en el caso de Huguet. Sin embargo, la gran masa de los reconcentrados en Cuba no puede equipararse a los internados administrativos en las colonias francesas.