El suicidio de la democracia

La llegada al poder de Hugo Chávez no era inevitable. En su triunfo —además de su propio, indiscutible genio político— incidieron factores diversos y complejos que el pensamiento democrático liberal, socialdemócrata y la izquierda independiente del país no han terminado de dilucidar y digerir. Quizás alguna vez lo logren. El hecho es que Venezuela tiró el agua del gobierno de Pérez junto con el niño de la democracia.

Según Moisés Naím, en Venezuela se fue abriendo paso lentamente —a lo largo de los quince años que van del primero al segundo periodo de Carlos Andrés Pérez— un silogismo simple pero corrosivo que, por desgracia, tenía asideros firmes en la realidad: Venezuela es un país rico, yo soy pobre, luego alguien se está robando mi dinero. Y sí, alguien (muchos alguien) se estaba robando a manos llenas el dinero. La corrupción, el peculado, era una vieja lacra de la vida venezolana, ya presente en el siglo XIX, tan arraigada como la «mordida» mexicana. La vida pública reducida a la imagen de un gran pastel de bienes nacionales al que un grupo de políticos (y empresarios, líderes sindicales, mediáticos, militares) le echaba mano, con efectos terribles sobre el tejido social y la moral pública. Como escribió Gabriel Zaid sobre México: «La corrupción no era parte del sistema: era el sistema». Así ocurrió en Venezuela, sobre todo en el momento en que el barril pasó de 2 a 14 dólares.

Desde su primer gobierno, Betancourt había tomado medidas severísimas contra los saqueadores de tiempos de Gómez. En su segundo periodo declaró:

El nuevorriquismo derrochador desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo

ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado y junto

con ello, con mano firme, sin temblor en el pulso ni vacilación en la empresa

moralizadora, se castigará sin contemplaciones los delitos de peculado, del tráfico

de influencias, del porcentaje corruptor, del favoritismo rentable para quienes lo

practican en las colocaciones de comprar para los organismos oficiales o el

otorgamiento de contratos a empresas particulares.

En su propia gestión y en la de sus dos inmediatos sucesores (Leoni y Caldera) las palabras correspondieron a los hechos. Pero a partir del primer relevo generacional de su partido la corrupción se abrió paso hasta volverse incontenible, hasta inducir el silogismo fatal. Betancourt murió en 1981, a la edad de 73 años. No una muerte prematura pero sí relativamente temprana. Tal vez murió porque no quería ver las consecuencias del viejo mal que volvía a corroer la vida pública en Venezuela. Había luchado demasiado. Estaba cansado y decepcionado de sus sucesores.

El escritor Juan Liscano, poeta y ensayista, pintaba así, en 1990, su profunda desilusión con los tres lustros políticos que acababan de concluir:

Lo que principió siendo excepciones, brotes esporádicos de corrupción, ahogados

en la euforia democrática inicial, se multiplicó cuando el primer gobierno de

Pérez, se estableció con impunidad en el quinquenio de Herrera, se

institucionalizó protegido por el recurso del derecho, con Jaime Lusinchi, el

producto más característico de la estructura regida por el individualismo feroz del

ascenso, la avidez de botín y la inteligencia de la complicidad general. El reverso

de los propósitos de Betancourt, expuestos cuando la toma presidencial de 1959,

es la gestión corrupta, picaresca, individualista pero hábil para crear complicidad

general, amparada por el recurso del derecho, de Jaime Lusinchi.

Si el sentido original de los partidos históricos se estaba perdiendo y si todo el juego del venezolano (además del béisbol) era ver la mejor manera de insertarse en ellos para cortar una tajada del pastel (puestos, prebendas, dinero), es natural que ocurrieran dos cosas: que la noción misma de arbitraje limpio, legal, imparcial e institucional (esto es, sin tajada de por medio) desapareciera, y que el proyecto de país imaginado por los firmantes de Punto Fijo se desdibujara en un mar de ineficacia, irresponsabilidad y cinismo.

Las elites fueron responsables de ello, dice Moisés Naím. Para empezar, las políticas, pero luego las empresariales, las obreras, las mediáticas y las intelectuales. Las asociaciones civiles y profesionales solo buscaban promover a sus miembros hasta la alta burocracia de los partidos. Los empresarios no seguían el paradigma de la competencia sino el de la monopolización. No se trataba de competir lealmente para ofrecer al público mejores productos, precios, calidades, sino de ver cómo controlar o ahorcar al competidor adquiriendo (a menudo por la fuerza, a través de hostile takeovers) a sus proveedores clave. Las elites sindicales reunidas en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) también se servían con la cuchara grande: eran grandes máquinas de gestionar el derecho a la tajada, riquísimas corporaciones que no beneficiaban a la población sino a la pirámide de sus agremiados. No eran sindicatos sino corporaciones sindicales: con sus propias empresas del sector terciario.

Un caso particularmente penoso llegó a ser el de los medios masivos de comunicación. Dos grandes empresas (encabezadas por Marcel Granier y Gustavo Cisneros) eran predominantes. Ambas libraban una guerra a muerte, no solo por la audiencia sino por el control de otros sectores, y por algo más importante aún, aunque ilusorio: el control final del voto. Se creían kingmakers, pero lo notable es que no lo eran, porque a lo largo de esos años, más allá de la corrupción imperante, en esa fiesta del despilfarro y la irresponsabilidad que fue Venezuela, la democracia siguió funcionado, las elecciones eran limpias, la gente (conmovedoramente) acudía a votar y no se conocían de antemano los resultados de los comicios. Los gobiernos eran malos, muy malos, los políticos eran peores, las elites medraban, pero la democracia persistía, como había escrito Juan Nuño, como una fe inscrita en el alma de las mayorías venezolanas, en espera de una renovación desde dentro y de un nuevo liderazgo. Ese nuevo liderazgo y esa renovación llegaron finalmente, pero en la persona de un líder carismático de orientación socialista que ninguno de ellos, en teoría, habría deseado.

* * *

El 4 de febrero de 1989 tomó posesión por segunda vez Carlos Andrés Pérez. Ambos Pérez eran idénticos en su propensión al mando caudillista, pero diferían en su programa económico. El primero había sido populista (como Echeverría y López Portillo en México), el segundo era tecnocrático (como Salinas de Gortari en México). La ceremonia, según Teodoro Petkoff, fue «napoleónica». Acudieron casi todos los jefes de Estado del mundo, incluido, claro está, Fidel Castro. En su discurso, Pérez volvió a los tonos grandilocuentes del primero: se recuperaría la «gran Venezuela». Aunque tenía preparada una batería de reformas económicas que representaban un cambio «copernicano», no dio atisbos siquiera de que vendrían tiempos de sangre, sudor y lágrimas. Creyó que con la fuerza de su carisma podría imponer las reformas, y se equivocó.

¿Eran necesarias las reformas? Juan Liscano, que sería uno de los intelectuales más adversos al régimen de Pérez, no las consideraba criticables en sí. Pero el paquete ideado por los jóvenes economistas que rodeaban a Pérez (los llamados IESA boys) fue introducido como un auténtico shock. «No se explicó nada, fue como una intervención quirúrgica sin anestesia», dice Petkoff, que lo reprobó con dureza: «a los jóvenes que rodeaban a Pérez les faltaba burdel».

Obraron de buena fe —escribe Liscano— pero con la insensibilidad social propia

de los tecnócratas, sin conceder importancia al costo humano y sin medir si esas

fórmulas podían aplicarse con éxito en un país subdesarrollado, carente de

disciplina de trabajo y tradición productiva, con un empresariado dominado o

dependiente del gobierno paternalista.

Dos semanas más tarde, en un día particularmente inadecuado (lunes 27 de febrero, fin de quincena) el gobierno decretó el alza de la gasolina, a la que siguió un incremento inmediato (y desproporcionado) de tarifas por parte de los transportistas. En varios puntos de Caracas se dieron enfrentamientos entre ellos y los usuarios. Muy pronto el conflicto subió de escala y por tres días y sus noches se suscitaron saqueos en tiendas de toda índole, desde pequeños expendios de comestibles hasta almacenes donde la gente sacaba electrodomésticos. El ejército (erigido para entonces en la autoridad última, debido a una huelga de la policía) intervino por órdenes del presidente. Sobrevino la hecatombe. ¿Cuántos murieron? Según Teodoro Petkoff, fueron 277 personas pero la versión chavista habla de miles. No todos cayeron producto de las balas (algunos murieron de las heridas provocadas por vidrios rotos en el momento del saqueo). Nunca ha habido un relato clarificador.

El escritor y dramaturgo Ibsen Martínez recuerda los hechos y reflexiona sobre sus equívocos y manipulaciones:

Creo que lo justo sería decir que el Caracazo fue ni más ni menos que una

espontánea jacquerie, muy sangrienta en verdad, pero en modo alguno una

insurrección popular contra el FMI, el Consenso de Washington y la

globalización. Sin embargo, y aun sin líderes visibles ni consignas inflamantes, ni

más propósito que desfogar un descontento colectivo larvado entre los más pobres

durante dos décadas de frustración, el Caracazo fue mostrado por los medios y los

«analistas» como la prueba reina del fracaso de toda la clase política y como un

veredicto de culpabilidad de la democracia representativa venezolana. Poco faltó

para que a los saqueadores de automercados, tiendas de electrodomésticos y

licorerías se les asignara el rango de expertos en macroeconomía y derecho

constitucional.

De cualquier forma, el Caracazo echó por la borda el quinquenio entero. Lo que sobrevino después fue una caída en tobogán.

* * *

«Ese día cayó Pérez y cayó la democracia», admite ahora Moisés Naím. A partir de ese momento todas las baterías se enfilaron a atacar no solo al gobierno sino a los políticos, a «la política» e, imperceptiblemente también, a la propia democracia. Aunque las medidas económicas que tomó el régimen de Pérez (muchas de ellas a cargo del propio Naím) tuvieron un efecto positivo en los indicadores de empleo, inflación y crecimiento, el malestar había calado demasiado hondo.

¿Habría podido revertir Pérez la situación? Con la perspectiva de casi dos décadas, Naím reconoce la dificultad de vender un programa liberal. Pero siempre pensó que el presidente podía haber fraguado una vasta coalición política para sacar adelante las reformas: «Si hubiera actuado más como Chávez que como Pérez, lo hubiera logrado, entre otras cosas poniendo en cintura a los medios». El país no debía seguir anclado en los viejos paradigmas del rentismo improductivo.

La idea de que el Estado subsidie plantas industriales que dan pérdidas y no

disponga de dinero para medicinas —reflexiona Naím— no debió ser tan fácil de

rechazar. Privatizar empresas ineficientes que procuran pocos empleos y ofrecen

pésimos productos para dejar entrar al mercado mejores productos y que ello

beneficie a muchos consumidores, en lugar de a dos o tres empleados y dos o tres

accionistas de esa empresa, sigue siendo una idea en la que creo.

El consumidor venezolano merecía, en efecto, un país sin inflación, sin trabas burocráticas ni regulaciones opresivas. La gigantesca nómina estatal y los controles de precios (fuentes de corrupción natural, que tenían su propia policía) eran otras de las muchas taras que era necesario superar. La economía, en suma, debía pararse de una vez por todas sobre sus dos pies, sin la ayuda aleatoria y providencial del petróleo.

Todo ello era necesario y razonable, pero quienes supuestamente debían tener interés en promover la modernización de la economía venezolana —los empresarios — fueron miopes a sus propios intereses de largo plazo y se opusieron a las reformas abiertamente. Sin darse cuenta confirmaban el dicho de Lenin: «Los empresarios ven a tan corto plazo que harán el negocio de vendernos las sogas con las cuales los ahorcaremos». Ese repudio general que siguió al traumático Caracazo dejó al gobierno solo. A casi veinte años de distancia, Naím opina que el fracaso del gobierno fue también el fracaso de una generación y una sociedad.

Según Carlos Raúl Hernández (dirigente del MAS en los años setenta, senador entre 1989 y 1994 y autor de La democracia traicionada, relato puntual de estos hechos), el programa de ajustes macroeconómicos y de reformas políticas fue mal recibido, en efecto, por casi todo el mundo: «los partidos, los empresarios, los sindicalistas, los sectores militares y la Iglesia». Pero coincide con Naím (y Petkoff) en el diagnóstico: en vez de dedicarse a crear consensos (un gobierno de coalición o unidad nacional, por ejemplo), Pérez se trabó en una absurda pelea por el liderazgo del partido con el expresidente saliente, Jaime Lusinchi.

Incluso los otros dos expresidentes, ambos socialcristianos, Rafael Caldera y Luis Herrera Campins, desataron también una ofensiva contra el «derechismo» y el «neoliberalismo inhumano de las reformas». Se fue creando así, en los grupos de poder, un ambiente hostil al cambio. La izquierda bombardeaba al gobierno y al sistema como un todo, con la prédica del «capitalismo salvaje». La derecha veía la posibilidad de gobernar «de manera directa» y trabajó en destruir los partidos y liquidar al presidente.

La democracia y los partidos —apunta Hernández— quedaron atrapados en esa

pinza, acusados de corruptos y mediocres […]. Acomplejados por una ofensiva en

la que participaba desde el máximo intelectual liberal, Arturo Uslar Pietri, hasta el

de la izquierda, José Ignacio Cabrujas, los partidos quisieron salir en la foto del

lado de «los buenos» y comenzaron a apoyar el proceso que quería destruirlos,

encabezado por el fiscal Ramón Escovar Salom, el escritor Juan Liscano, el

expresidente Rafael Caldera, importantes medios de comunicación. Paradoja de

paradojas: varios dirigentes de los partidos se convirtieron, ellos también, en

antipartidistas.

En ese marco, el papel de varios periódicos y columnistas no dejó de ser equívoco en el mismo sentido: aunque ejercían su legítimo y necesario derecho a la crítica, la ferocidad de algunos conspicuos editorialistas (no del todo desinteresados) contribuyó a la quiebra final de la política. En suma, la política y los políticos se corroían desde adentro, inseguros de su identidad y su misión, y esa inseguridad se proyectaba al público.

* * *

En ese ambiente enrarecido, el 4 de febrero de 1992 sobrevino el frustrado golpe de Estado de Hugo Chávez. No solo un amplio sector del pueblo lo vio con simpatía. También se hicieron públicas importantes «actitudes comprensivas», como la del expresidente Rafael Caldera (declaró que «lo entendía […] un pueblo hambriento no defiende la democracia») o la del respetado intelectual Arturo Uslar Pietri (que publicó el libelo Golpe y Estado en Venezuela). Mientras tanto, la guerra civil entre las cadenas televisoras había subido de tono (disputaban la telefonía, que en licitación abierta pasó a manos de un tercero). No sin soberbia, se creían detentadoras virtuales del poder, y para presionar al gobierno comenzaron a atizar el peligroso fuego de la «antipolítica». «Todos somos culpables», dice Ibsen Martínez —que escribió una telenovela para satanizar la política (cuyo protagonista era un «vigilante», es decir, un «tipo que tomaba la justicia en sus propias manos, una prefiguración de Chávez»)— al ponderar con valentía su propia responsabilidad en esos hechos.

El 21 de mayo de 1992 Venezuela dio una vuelta más a la tuerca de la antipolítica: se abrió el expediente de un supuesto delito cometido por el presidente Pérez, quien había destinado 17 millones de dólares de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para pagar la protección de la candidata presidencial nicaragüense Violeta Chamorro, ante reiteradas amenazas de muerte. «Las partidas secretas —explica Hernández— estaban destinadas exactamente para ese tipo de gastos de seguridad nacional, pago de espías, etcétera». Pero el juicio avanzó inexorablemente hasta la destitución de Pérez. Unos meses más tarde, el 27 de noviembre de 1992, se produjo otra asonada militar, esta vez auspiciada por oficiales de derecha. A pesar de salir derrotada, contribuyó al clima de confrontación.

Divididos y aterrorizados por una emergencia que no sabían manejar, tras el laudo de la Corte Suprema y el Congreso los partidos entregaron la cabeza de Pérez. Pocos calibraron la gravedad de haber cortado una continuidad institucional de más de treinta años; menos aún advirtieron el efecto de los hechos en las calles: «¡Chávez tenía razón!», decía la gente. «Exactamente esa consigna —recuerda Hernández— le gritaban las barras ante el Capitolio a los orgullosos parlamentarios que apuraban el paso a la salida de la sesión del Congreso en la que se aprobó el enjuiciamiento del presidente. No había aplausos». El historiador Ramón J. Velásquez desempeñó una turbulenta presidencia provisional durante siete meses, poblada de rumores de golpe, pero gracias a su enorme prestigio personal triunfó en su objetivo: realizar las elecciones.

A la distancia no deja de ser paradójico que Pérez (más allá de sus errores) haya salido de la presidencia por una transferencia de 17 millones de dólares otorgada a una candidata presidencial de Nicaragua. ¿Cuántos centenares de millones de dólares en dinero o petróleo ha otorgado Chávez a gobiernos afines a él en el mundo?

* * *

Por esas mismas fechas (entre junio y octubre de 1993) tuvo lugar un debate que dividió al medio intelectual de Venezuela. Su arena principal —o al menos su primera arena— fue la revista mexicana Vuelta. Lo libraron dos de sus más distinguidos y asiduos autores, ambos miembros de su Consejo de Colaboración: Guillermo Sucre y Juan Liscano.

Liscano había sido miembro relevante del Frente Patriótico, grupo de notables que criticó acremente al gobierno de Pérez. A principio de 1993 había escrito en memoria de Rómulo Gallegos un texto cuyo título lo decía todo: «Dolor de Patria». Su ánimo era en verdad apocalíptico: «Venezuela cayó en una etapa de desintegración aguda». La historia venezolana, a la que Liscano acudía como clave del presente, tenía a sus ojos «el carácter de fatum, equivalente en cierto modo al destino en la tragedia griega». Sus perspectivas políticas para el «sistema imperante» —que definía ya como «democracia formalista»— eran nulas: «no es capaz de autorreformarse ni de corregir sus vicios». Para colmo, la gestión de Pérez le parecía aún más desastrosa que las anteriores: «Venezuela está gobernada por un alucinado de sí mismo».

Consciente de esas declaraciones, Guillermo Sucre abrió fuego. Después de negar que para todo efecto práctico existiera una intelligentsia venezolana (la que había le parecía concesionaria del Estado, cortesana, autocomplaciente, inflada, mediocre, «universalmente desconocida»), culpaba a los escritores de complicidad con los militares. Desde el golpe de Estado de febrero de 1992, «nuestros conspicuos intelectuales» se habían vuelto «comadronas de la conspiración militar». En alusión apenas velada a Liscano, Sucre se burlaba de los que se decían disidentes. ¿Disidentes? Conspiradores vergonzantes: «Habían renunciado a las ideas democráticas para sumarse a la conjura armada, y aun alentarla».

En su larga respuesta, Liscano (que, en efecto, había sido un gran disidente de los años sesenta, por su negativa rotunda a apoyar la alternativa guerrillera) vindicaba su papel en el movimiento que había llevado a la destitución de Carlos Andrés Pérez: «Significó no solo un triunfo institucional sino el punto de partida de una posible rectificación estructural de la democracia, desvirtuada en Venezuela por la predominancia bipartidista». (Para Liscano, a esas alturas, bipartidismo y caudillismo eran idénticos). Tampoco negaba de manera fehaciente su actitud de comprensión, al menos, con los recientes golpes de Estado. Para refutar, en su opinión, a Sucre, prefirió impartir una larga clase de historia venezolana y atribuir el origen de muchas cosas a la inaudita violencia de su guerra de Independencia y a las posteriores guerras. Un país que había sufrido 166 revueltas armadas en el siglo XIX, además de los golpes de Estado de 1945 y 1948, no podía escapar a su ineludible destino: la violencia era casi una segunda naturaleza del venezolano, su forma específica de expresar el descontento. («La lucha armada —había escrito en 1980— no es un fantasma. Es la forma de nuestra desgracia histórica»). Por lo demás, agregaba Liscano los gobiernos militares habían dejado obra tangible, incluso el vilipendiado Gómez, que «había impuesto el Ejército Nacional y reafirmado la noción de Estado y Hacienda». Y por si faltara, estaba el caudillismo: tan antiguo como el «Taita Boves» (el jefe español enemigo de la Independencia, que ejercía sobre sus huestes llaneras «la fascinación de un Tamerlán») y tan presente como sus múltiples reencarnaciones posteriores.

Las posiciones de los dos grandes escritores estaban claras. Sucre apelaba a la razón democrática, Liscano a la razón histórica. Sucre señalaba las consecuencias que la complicidad intelectual con los militares podía acarrear al país: «la cadena de golpes, la violencia crónica, la devastadora agitación social». Liscano se manifestaba en contra de que los militares tomaran el poder: «se perdería la libertad de expresión formal, de la que medio se goza actualmente. Sería como desplazar al César con la guardia pretoriana». Pero en el mismo matiz escéptico de sus palabras («formal», «medio gozamos») parecía advertirse el extremo de su desesperanza. Tal vez por eso insistía en volver una y otra vez a la historia remota y reciente: la raíz de los golpes estaba en el trasfondo telúrico de Venezuela y en la «corruptela peculadora de AD». En ese sentido amplio, «aquellos polvos trajeron estos lodos».

* * *

Rafael Caldera ganó las elecciones de diciembre de 1993 por pocos votos y escaso margen. Su gobierno no tardó en «descarrilar» el programa económico de apertura y frenar la descentralización y las reformas políticas perecistas. Este abandono del programa de aperturas y privatizaciones, junto con la crisis financiera del Banco Latino (carrera costosísima que muchos atribuyen a una venganza política del propio Caldera), generaron una implosión económica realmente brutal, con sucesivas devaluaciones y empobrecimiento de las clases medias y las populares.

El prestigiado expresidente desempeñó en esos años un papel político que sería objeto de polémica por muchos años: ¿defensor o sepulturero de la democracia? No solo había atizado la leña contra los partidos («son agencias de negocios», dijo, y no le faltaba razón) sino que taponeó el ascenso de nuevos líderes en su propio partido, el COPEL Finalmente, Caldera se volvió contra el COPEI y fundó un partido personal, «Convergencia Democrática», bajo cuyas siglas alcanzó el triunfo.

Uno de los primeros actos de Caldera como presidente fue amnistiar a Chávez. Era respuesta al clamor de la población, pero es difícil interpretarlo como un acto democrático, al menos en el sentido de defensa de la legalidad. Chávez, después de todo, se había levantado en armas y su intento no había sido una mera travesura. Lo que correspondía estrictamente era un juicio. Por eso, más que la liberación de Chávez, quizás el acto decisivo (y el más controversial) del mandato de Caldera fue el sobreseimiento de la causa por el golpe del 4 de febrero de 1992. Para Hernández, Caldera creó con esto las condiciones jurídicas necesarias para el ascenso de Chávez:

Debe subrayarse que no se trató de un indulto posterior a sentencia firme, lo que

lo hubiera dejado baldado para ser candidato presidencial. No, sobreseimiento

significaba que no había cometido ningún delito. Pérez va preso por la

«malversación» de 17 millones de dólares gastados en lo que la ley le establecía

gastarlos, mientras que Chávez no cometió delito por un golpe de Estado en el

que murieron cerca de trescientas personas y se destruyó patrimonio nacional.

Tal vez Caldera actuaba movido por la precaución (temía con razón un alzamiento popular). Pero los hechos vulneraban el Estado de derecho. Para algunos fue la bendición de la vía armada. Pero para Teodoro Petkoff fue lo contrario: así como Caldera había dado el sobreseimiento a los guerrilleros de los sesenta, el «anciano caballero» buscó encauzar por la vía pacífica el fermento revolucionario que hervía, sobre todo en el ejército. Lo logró, pero abrió la puerta a otro tipo de revolución.

* * *

Pero, claro, el principal factor que incidió para destruir el orden de Punto Fijo, más allá de su corrosión interna, fue azaroso, como tantos en la historia: el surgimiento del comandante Chávez, «político excepcional —reconoce Naím— no solo en Venezuela y América Latina sino en el mundo». En el instante mismo en que salió de la cárcel, este comenzó una carrera ascendente que aún no termina. «Ese día escuché por primera vez algo que escuchamos muchas veces en los viajes a través de Venezuela: “Chávez, tú eres Bolívar reencarnado”».

En 1994 Chávez llevó a cabo una marcha de 100 días visitando cada rincón de Venezuela. Era el «huracán bolivariano». El eslogan que utilizó fue «La esperanza está en las calles». Su objetivo era conocer de cerca a sus seguidores, construir apoyos para su movimiento y su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente. Aunque los medios silenciaban su eficaz despliegue, Chávez no se detuvo: viajó por Sudamérica, se reunió con los guerrilleros del M-19, y en diciembre fue a Cuba, donde Fidel Castro lo recibió como jefe de Estado. Eran tiempos de búsqueda: no renuncia a la opción violenta pero tampoco adopta la vía democrática, que considera agotada y «maloliente».

A principios de 1996 Hugo Chávez llegó al extremo de exigirle a Caldera (a quien debía su libertad y su inmunidad) que abandonara inmediatamente la presidencia y abriera paso a un gobierno de transición, «antes de que esto explote». En abril de 1997 —casi tres años después de su salida de prisión— Chávez optó, con renuencia, por la vía electoral en lugar de la lucha armada. El hombre clave en ese proceso de convencimiento fue el viejo y experimentado político de izquierda Luis Miquilena. En julio de 1997 Chávez registró su nuevo partido político, Movimiento Quinta República, MVR. Al inicio de 1998, el Partido Patria para Todos apoyó a Chávez integrando con otros grupos una alianza electoral llamada «Polo Patriótico».

En junio de 1998, tras un debate intenso, el importante partido de izquierda MAS decidió apoyar a Chávez. Teodoro Petkoff criticó el populismo de Chávez y renunció. Al advertir que Irene Sáez, la bella alcaldesa de Chacao, ex Miss Universo, se desinflaba en las encuestas, la oposición armó tardía e inútilmente la candidatura de Henrique Salas Römer. El AD y el COPEI estaban liquidados. Venezuela se había quedado sin líderes civiles.

* * *

Una semana antes de las elecciones de 1998, Alejandro Rossi, uno de los más finos y reconocidos escritores de la lengua, escribió su apreciación de los hechos. Rossi había salido de Venezuela a los 19 años, en 1951, para estudiar filosofía primero en México, más tarde en Alemania (fue discípulo de Heidegger) y finalmente en la gran escuela de filosofía analítica de Oxford. Radicado en México, donde fundó su familia, Rossi dio inicio a una notable trayectoria como profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, filósofo profesional, creador y editor de la revista Diánoia. La aparición de sus primeros textos literarios en la revista Plural deslumbró a los lectores. Su columna titulada «Manual del distraído», reunida luego en un volumen, se convirtió en una obra de culto. A partir de allí, el literato en Rossi desplazó al filósofo, o mejor dicho lo integró, en obras memorables de ensayo, de ficción y de un género inimitable: una literatura que filosofa. Pero en todos esos años Rossi llevó a Venezuela en las entrañas, y no podía ser de otra forma: es tataranieto del general José Antonio Páez.

El 29 de noviembre de 1998 Rossi publicó en El Universal de México un artículo profético titulado «Venezuela elige». En él hacía un recuento de la historia política de Venezuela, que a lo largo de su propia vida (nació en 1932) había pasado —con inmenso esfuerzo y mérito— de la autocracia a la democracia. Su breve narración de ese proceso era sobria y emocionante; su homenaje a Betancourt, inequívoco: «lo considero una hazaña y por eso pienso que —más allá de matices y de posibles críticas— Rómulo Betancourt es, entre todos, la personalidad política más destacada de la Venezuela moderna». El país se encontraba «en un momento de delicadísima definición política». La situación era «sumamente confusa y está cargada de presagios». El domingo 6 de diciembre habría elecciones y llegaría a su fin el gobierno de Rafael Caldera, «uno de los grandes protagonistas de la vida democrática venezolana», apuntaba Rossi, sugiriendo al mismo tiempo el posible final de otro ciclo: «No quiero decir que necesariamente terminará la democracia venezolana, aunque hay signos alarmantes de que tal vez pudiese ocurrir». Sobre el candidato Chávez escribió:

El comandante es, según opiniones especializadas, quien cuenta con mayores

probabilidades. Se trata del militar que se levantó en armas en 1992 en contra del

entonces gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, rebelión que dejó, por

cierto, más de cuatrocientos muertos. Es increíble que la legalidad republicana

haya permitido que se presentara como candidato. El teniente coronel favorece la

boina roja —esos signos típicos de los grupos de choque—, gusta de las

amenazas, nada veladas, a la estructura democrática de Venezuela, y balbucea un

brumoso programa populista de justicia social.

Rossi admitía los errores de las últimas décadas. «Una democracia que en un principio era de una honradez impecable permitió con el paso de los años la corrupción. La inmensa riqueza petrolera y minera ciertamente transformó el país, aunque no eliminó la pobreza. Hay delincuencia creciente, hay crisis financiera, las clases medias han sido castigadas, se vive la dura prueba de mantener la democracia con políticas de austeridad económica, hay impaciencia y fatiga civil». Todo esto era verdad, pero al final advertía:

Nada justifica arriesgar la democracia, condición necesaria de cualquier solución.

El comandante Chávez es el resultado —grotesco, desde luego— […] de

situaciones y tentaciones latentes en toda Hispanoamérica. Es, pues, una buena

oportunidad para reflexionar y sacar conclusiones. Todos.

 

* * *

En diciembre de 1998 todos comenzaron, en efecto, a sacar sus conclusiones. Algo muy importante había cambiado no solo en Venezuela sino también en América Latina, algo «cargado de presagios». Chávez ganó las elecciones con 56% de los votos. El 6 de diciembre de ese año recibió la banda presidencial y declaró: «Juro sobre esta moribunda Constitución que haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos».

Para los antiguos guerrilleros de los sesenta convertidos a la democracia, los «nuevos tiempos» eran los viejos tiempos. Al votar por Hugo Chávez, Venezuela volteaba la espalda a la herencia de Betancourt. La valerosa democracia que imperó entre 1959 y 1974, la democracia atenta a las necesidades sociales, la democracia cuyo líder más conspicuo nunca incurrió en corrupción, esa gran democracia venezolana se había perdido. Había sido obra de una gran generación. La que la siguió no estuvo, ni remotamente, a la altura. Caldera (miembro de aquella generación fundadora) debió pensar dos veces antes de admitir el sobreseimiento de la causa de Chávez. Frente a sus críticos, Caldera argumentaba que no había sido él quien le había dado el triunfo a Chávez: los venezolanos lo habían elegido.

Chávez había hablado incesantemente de «revolución». Él era ante todo un «revolucionario». Una incógnita inmensa se abría con su llegada: ¿qué quería decir Chávez con esa palabra sacramental? La incógnita se despejaría con los años. Como temían los exguerrilleros, la revolución chavista, la Revolución bolivariana, era una versión (una versión posmodema si se quiere) del libreto de los sesenta.