El camino hacia la OTAN

 

E N la mañana del sábado día 5 de junio de 1982, sede central de la Organización Tratado del Atlántico Norte, en Evere, Bruselas, una

ceremonia presidida por Joseph Luns, secretario general del pacto defensivo,

celebraba la ampliación del mismo mediante la entrada en un nuevo miembro.

Los entonces ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de España, José

Pedro Pérez-Llorca y Alberto Oliart, respectivamente, representaban en el

acto a su Gobierno. Este, poco más de siete meses antes, había conseguido un

ajustado triunfo parlamentario a su propuesta de introducir al país en la

organización militar occidental.

En efecto, la ceremonia de Bruselas constituía la culminación de un

proceso, pero no cerraba en absoluto la cuestión. Antes al contrario, abría un

prolongado período de permanente discusión, marcada ante todo por la

carencia de claridad de que han hecho gala todos los gabinetes ministeriales

que se han sucedido en el Gobierno de Estado a partir de entonces. Dos días

más tarde, otra ceremonia de confusión tenía lugar cerca del lugar donde se

había desarrollado la primera. En la sede de los cuarteles centrales de la

OTAN en Europa, la SHAPE, próximos a la ciudad belga de Mons, era izada

la bandera española junto a las de los demás miembros integrantes de la

organización. Para entonces todavía no se había tratado en forma definitiva la

pertenencia de España al plano militar del tratado atlántico.

Los primeros años de Gobierno democrático en España, dirigidos por la

Unión de Centro Democrático, no habían dudado en mostrar un talante

matizadamente tercermundista, conservando momentáneamente sin

cuestionamientos señalados la presencia de las bases norteamericanas sobre

territorio nacional. El tratado bilateral establecido entre los dos países

expiraría en el mes de septiembre de 1981, y hasta entonces no se plantearía

el tema, que en definitiva se vería superado en significación y consecuencias

posteriores por el referido a la Alianza Atlántica.

La retirada de Adolfo Suárez de la Presidencia de Gobierno y el fallido

intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, pareció actuar como elemento impulsor de la hasta entonces difusa disposición española al ingreso

en la OTAN. De hecho, en el interior del Gobierno existía ya con anterioridad

la manifiesta, pero debidamente oscurecida, voluntad de llevar a la práctica

este ingreso. A las crecientes presiones ejercidas por las principales potencias

europeas tendentes a la ampliación de la Alianza, con idea de fortalecer la

plataforma europea frente al poderío antagónico, Estados Unidos no podía

dejar de considerar que una plena integración española en la OTAN le

permitiría un mayor grado de utilización de sus bases situadas en territorio

ibérico.

Así las cosas, el mes de agosto de 1981 comenzaría una verdadera

campaña de apoyo al ingreso de España en la OTAN, por medio de la cual el

Gobierno centrista trataba de mentalizar a la población para un hecho que se

consideraba ya prácticamente irreversible. Los temores de involución

despertados por el frustrado golpe de febrero eran además susceptibles de

instrumentación, al argüirse por parte del poder que la pertenencia a la

organización anularía toda posibilidad de retroceso en la evolución del

proceso democrático. Se olvidaba de hecho que Portugal, Grecia y Turquía

habían compatibilizado la pertenencia a la OTAN y la presencia en su interior

de ordenamientos de corte autoritario negadores de toda clase de libertad.

Rápidamente, las posiciones de los partidos habían de manifestar la

localización de la población ante una cuestión que hasta entonces no había

accedido a niveles de difusión pública especialmente significados. Las fuerzas

de la derecha se unían aquí a las del centro gubernamental; frente a ellas, la

izquierda socialista y comunista se oponía rotundamente a esta inclusión en

una alianza que apartaría a España de una situación de especial neutralidad

absolutamente imbricada en el bloque defensivo occidental.

El Gobierno presidido por Calvo Sotelo había visto cómo Estados Unidos

prefería situar en primer plano la cuestión de la OTAN, por delante de las

conversaciones acerca de los tratados bilaterales, conversaciones que por otra

parte eran las primeras realizadas en una España democrática. La decisión

estaba de esta forma tomada, y la controversia parlamentaria únicamente

habría de servir para mostrar la existencia de una básica discrepancia de

opiniones entre los partidos.

Así, frente a un gabinete ministerial que desplegaba motivaciones

pretendidamente convincentes de apoyo al ingreso —estabilización

democrática, abandono del secular aislamiento, ventajas materiales de variada

índole, etc.— los socialistas rechazaban la operación bajo el difuso lema que

rezaba OTAN, de entrada, no. El ingreso en la organización, realizado de manera formal aquel 5 de junio, quedaba por otra parte pendiente de la

concreción de una serie de temas clave, de la trascendencia del ya referido de

la inclusión o no en la estructura militar de la organización.

En el mes de diciembre de ese año de 1981, el Consejo Atlántico firma el

protocolo de adhesión de España a la OTAN; el siguiente mes de mayo, los

quince países miembros ratificarían el Protocolo. España era ya miembro de

pleno derecho de la organización atlántica. En el interior del país, la cuestión

se convertiría entonces en un útil caballo de batalla electoral; el Gobierno

centrista, fuertemente debilitado en los últimos meses, se enfrentaría a una

decidida campaña de su principal opositor, el Partido Socialista, que se

perfilaba ya claramente como protagonista de lo que verdaderamente pudo ser

calificado de victoria anunciada.

El PSOE había hecho de la promesa de la celebración de un referéndum

nacional sobre la permanencia de España en la OTAN uno de los motivos más

destacados de su campaña electoral. El brillante triunfo que obtiene en los

comicios de octubre —en los que diez millones de votos le otorgan la mayoría

absoluta en las Cámaras legislativas— haría pensar en un inmediato

planteamiento del problema por medio de una convocatoria de la opinión

pública, tal como se había prometido a los electores de la forma más reiterada.

Por el contrario, un clima de congelación con respecto a esta cuestión era

la tónica dominante, mientras en el seno de la organización comenzaban las

actitudes de impaciencia. La definición de la contribución militar española no

se ha decidido todavía, mientras quedaba demostrado el hecho de que una

integración plena beneficiaba de forma clara a los intereses de la potencia

determinante del bloque en todos los sentidos. Cuestiones tan fundamentales

como la participación en los ámbitos de decisión, o la misma extensión de la

protección nuclear sobre las plazas de soberanía situadas en la costa

norteafricana, desaparecerían ante la consideración global del tema.

Llegadas las últimas semanas del año 1984, el Gobierno socialista

presentaría en el Congreso de los Diputados —el 23 de octubre— el decálogo

de propuestas dirigido a la obtención de un acuerdo para mantener a España

dentro del conjunto atlántico. La no participación en la estructura militar y el

mantenimiento de la promesa de celebración del referéndum nacional

constituían los puntos esenciales de este debate.

A partir de entonces, la cuestión referente a la permanencia o salida de la

Alianza Atlántica se ha convertido en tema de controversia en el plano

nacional.

Por un lado, los comunistas, ecologistas, pacifistas, la izquierda socialista

y los sindicatos presionaban al Gobierno para que convocase el referéndum.

Por otro, la oposición, encabezada por Manuel Fraga Iribarne, luchaban para

que no se realizase y amenazaban con abstenerse si el Gobierno cumplía su

compromiso electoral.

En la Moncloa se lo pensaban. Los sondeos de opinión mostraban que la

victoria correspondería a los partidarios de abandonar la Alianza Atlántica y

que el Gobierno tendría que emplearse a fondo para tener alguna posibilidad

de victoria. Ante el sombrío panorama, desde el poder se lanzaron globos

sonda con la posibilidad de que el referéndum fuera meramente consultivo y

no vinculante.

La respuesta estuvo pronto en la calle: un referéndum únicamente

consultivo parecía una tomadura de pelo. Finalmente, la consulta se decidió

que sería vinculante y el viernes 31 de enero anunció el Gobierno que la

consulta tendría lugar el 12 de marzo.

Este será el texto, preámbulo y pregunta, que se ofrecerá al electorado

español:

 

EL PREAMBULO: «El Gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que

España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en

los siguientes términos:

1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la

estructura militar integrada.

2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en

territorio español.

3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en

España».

 

LA PREGUNTA: «¿Considera conveniente para España permanecer

en la Alianza Atlántica, en los términos acordados por el Gobierno de la

nación?».

 

Ni los partidarios del abandono de la OTAN, ni la oposición dirigida por

Fraga mostraron su conformidad con ese texto; los primeros, por considerarlo

capcioso; los segundos, porque se consumaba la convocatoria al no deseado

referéndum. De cualquier forma, aquéllos se aprestaban a la lucha para hacer

triunfar su deseo, mientras que la derecha pedía a sus miembros que no

acudieran a la convocatoria.

Las espadas quedaron en alto, mientras se anunciaba una abstención

elevadísima.

José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno Calvo-Sotelo, participa en una

reunión de la OTAN, 10 de diciembre de 1981.