Capítulo II: La idea de derechos sociales como fundamento del colectivismo

Capítulo II

La idea de derechos sociales como fundamento del

colectivismo

Las necesidades de la sociedad vienen antes que las necesidades del

individuo

ADOLF HITLER

Los individuos como instrumento para fines ajenos

Hemos visto que para justificar su posición estatista los socialistas de todos los partidos no sólo muestran una comprensión equivocada y reduccionista de lo que es el mercado y el liberalismo, sino que recurren a fórmulas místicas como «el interés general», y a un ideal de Estado que ni existe ni existirá en la realidad. Pero sus argumentos incluyen uno que parece muy razonable: que como vivimos en la misma sociedad, todos tenemos obligaciones con los demás. Esto es efectivo para un liberal: tenemos la obligación esencial de respetar la vida, la propiedad y los derechos fundamentales del otro. Si no lo hacemos, el Estado puede castigarnos. También podemos concordar en que tenemos la obligación moral de ayudar al que lo necesita pero esa obligación no es exigible coactivamente, es decir, el Estado no puede imponernos por la fuerza la conducta solidaria. Es a cada persona que corresponde determinar lo que entiende por una vida buena y no al Estado. Por eso no toda obligación moral debe ser sancionada por la ley. Uno puede pensar que el novio tiene la obligación moral de serle fiel a su novia, por ejemplo, pero de ahí no se sigue que lo metamos en la cárcel si es infiel o que lo obliguemos por ley a ser fiel. Lo mismo ocurre con ayudar al prójimo: no podemos obligar por la fuerza a las personas a ser generosas, pues afectamos su libertad, aunque no nos guste lo que hagan con ella. El sociólogo británico T. H. Marshall se convertiría en un precursor de la idea popular en el mundo socialdemócrata de izquierda y de derecha, de que la obligación de ayudar debe ser exigida por la ley y que, por tanto, tenemos que financiar la vida de otros en todo aquello que sea relevante. Según la visión de Marshall, ser ciudadano consiste en pagarnos las cuentas de salud, educación, vivienda y otras, los unos a los otros a través de la burocracia estatal y quedar amarrados de tal manera que nadie pueda salir de esa supuesta «comunidad de intereses», es decir, que nadie pueda acceder con sus medios a satisfacer sus necesidades más elementales por su cuenta. Según Marshall la igualdad en materia de derechos civiles —libertad de expresión, de trabajo, etc.— antecedió a la igualdad en materia de derechos políticos otorgándole a todo el mundo el mismo derecho al voto. De ahí se sigue que lo que ahora corresponde sería garantizar la igualdad en los famosos «derechos sociales» pues supondrían la evolución lógica de los derechos políticos. Según Marshall, «la reducción de clases sigue siendo el objetivo de los derechos sociales, pero ha adquirido acción un nuevo significado. Ya no es simplemente un intento por disminuir la molestia evidente de la indigencia en los rangos más bajos de la

sociedad» sino por «modificar el patrón completo de la desigualdad social».[55] Marshall agrega indicando que los derechos sociales persiguen el fin de la sociedad capitalista liberal como se conoce, pues éstos «ya no se contentan con elevar el nivel del piso en el sótano del edificio social, dejando la superestructura como estaba». Más bien pretenden «remodelar todo el edificio e incluso podrían terminar

convirtiendo un rascacielos en una casa de un piso».[56]

¿Es esta filosofía colectivista, reflejada en programas de grupos de izquierda como Podemos y cada vez más en los proyectos socialdemócratas, compatible con una sociedad en que se respeta la dignidad de las personas y su verdadera calidad de ciudadanos? Para nada. Ser ciudadano implica efectivamente pertenecer a una comunidad política y participar en ella. Pero el estatus de ciudadano se sigue no de nuestra supuesta obligación de financiar las cuentas de otros para alcanzar una idea del «bien común» impuesta por la autoridad, ni siquiera se sigue del derecho al voto, el que la mayoría no ejerce, sino de un principio mucho más fundamental: se nos reconoce la calidad de ciudadanos porque se acepta que todos tenemos igual dignidad, y eso significa que todos tenemos el mismo derecho a perseguir nuestros proyectos de vida sin que otros nos agredan y sin agredir a los demás.

La idea de ciudadanía está, así, indisolublemente ligada a la de libertad individual que es la base de la dignidad personal. Y esa libertad, que no puede ser afectada por terceros ni por el Estado, implica necesariamente que cada uno es el responsable de su propia existencia. Los esclavos no tenían condición de ciudadanos precisamente porque eran considerados moralmente inferiores. Como consecuencia eran desiguales ante la ley y no tenían la libertad de elegir su proyecto de vida. Tenían un dueño que era responsable por ellos, que los mantenía, cuidaba y alimentaba y que los utilizaba para satisfacer fines que no eran los de ellos y los privaba de los frutos de su trabajo. Desvestido del lenguaje romántico e idealista, el ser mantenido, controlado por la autoridad y utilizado para satisfacer fines ajenos es precisamente la idea de ciudadanía propuesta por los socialistas modernos: un sistema en que nadie tiene libertad para proveerse de aquello considerado como un «derecho social» y donde todos son forzados a la igualdad de condiciones materiales en esas esferas mediante la colectivización forzosa de los frutos del trabajo. De esta manera, todos pasan a ser totalmente dependientes de la autoridad política, la que ahora cuenta con un poder antes inexistente sobre los aspectos más relevantes de la vida de las personas.

La verdadera idea de ciudadanía, reitero, supone todo lo contrario: que ninguna persona, precisamente por ser libre —es decir, por ser considerada igual en materia moral y tener igual derecho que los demás a desarrollar su plan de vida como le parezca—, puede ser forzada, contra su voluntad, a satisfacer intereses o necesidades de otro. En otras palabras, las necesidades y preferencias del individuo son anteriores a las de la comunidad y ésta se fortifica gracias a la interacción de esos mismos ciudadanos libres. Ésta, justamente, fue la idea que formuló Immanuel Kant, considerado por muchos el filósofo más importante de la modernidad y cuya teoría sobre la dignidad humana fue el fundamento de la doctrina moderna de los derechos humanos. Contrario a lo que dice Marshall, Kant sostuvo que si aceptamos que las personas tenemos igual dignidad, debemos aceptar que nadie puede ser forzado a seguir otra voluntad que no sea la propia. Por lo tanto, el fundamento de la idea de comunidad es precisamente estar exento de coacción por parte de terceros que quieren imponernos un modo de vida que no hemos elegido: «La libertad como hombre es un principio para el establecimiento de una comunidad que yo expreso en la fórmula: Nadie puede obligarme a ser feliz a su modo (como él se representa el bienestar de los otros hombres), sino que cada uno puede buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre que no coarte la libertad de otros para aspirar a un fin semejante que sea consistente con la libertad de cualquier otro (es decir, con

este derecho del otro) según una ley universal posible».[57]

En este contexto, la idea de ciudadanía supone que las preferencias y derechos individuales sólo pueden limitarse cuando su ejercicio directamente agrede a otros. Su vecino no puede venir a quitarle una parte de su sueldo por la fuerza para pagar sus necesidades, y no puede porque usted es una persona libre. Otra cosa es que usted decida ayudarlo libremente. En el primer caso usted sería usado como un medio para un fin ajeno, en el segundo usted actúa libremente y es igual ante la ley.

Ahora bien, este igualitarismo moral que funda la igualdad ante la ley es totalmente compatible con la desigualdad material en todo tipo de bienes, incluidos, por cierto, aquellos que hoy se denominan «derechos sociales». Kant explica: «Esta igualdad permanente de los hombres en cuanto súbditos de un Estado es del todo consistente con la mayor desigualdad en el número y la cuantía de sus posesiones, ya sea por superioridad corporal o espiritual sobre los demás, o por bienes de la fortuna exteriores a ellos o por derechos en general (de los que puede haber muchos) con respecto a otros; de modo que el bienestar de unos dependerá en gran medida de la voluntad de otros (el de los pobres, de la de los ricos), unos deberán obedecer […] y

otros mandar, unos servirán (como el jornalero) y otros le pagarán, etc.».[58] Kant resume su tesis afirmando que «la condición civil se funda, pues, a priori en los siguientes principios»: el de la libertad de cada miembro de la sociedad como hombre; la igualdad del mismo con cualquier otro como súbdito; y la independencia

de cada miembro de una comunidad como ciudadano.[59] La igualdad se refiere a la igualdad ante la ley ya mencionada —nunca a través de ella— y la independencia respecto de los demás miembros de la comunidad consiste en no ser sometido coactivamente a una voluntad ajena. Kant advierte, siguiendo esa línea, que «un gobierno erigido sobre el principio de la benevolencia hacia el pueblo como la de un

padre hacia sus hijos» es «un gobierno paternal» que derivará en el despotismo.[60] Por cierto, Kant acepta la redistribución si ésta fuera necesaria para asegurar la existencia de la comunidad ante la amenaza de un enemigo externo, o bien para proveer de un mínimo a aquellos que no son capaces de satisfacer sus necesidades más elementales, idea que, como ya se mencionó, también propusieron Hayek, Smith y Friedman por mencionar algunos liberales clásicos. La filosofía política kantiana se inscribe, así, en la tradición liberal clásica que ve en el Estado esencialmente un protector de las libertades de los ciudadanos y jamás un agente igualador de sus

condiciones materiales.[61]

Ya hemos visto que la tesis de la izquierda es contraria a la idea de ciudadanía cuyo fundamento es la libertad individual y la dignidad que la constituye. Ahora analicemos por qué es también incompatible con la idea de democracia. La razón por la que aceptamos que todo el mundo vote y participe en el proceso político es precisamente porque creemos que todos son igualmente dignos, lo que significa asumir que todos somos de igual modo libres y responsables. Es decir, partimos de la base de que todos, a partir de una cierta edad, tienen la capacidad para hacerse cargo de sus propias vidas. Si no pensáramos eso ¿cómo podríamos aceptar que todos participen en algo tan relevante y tan exigente como el proceso democrático que define el futuro de un país completo? Además, aceptamos que todo ciudadano puede ser candidato y, por tanto, tiene teóricamente el derecho a ejercer el poder. Esto es incompatible con una lógica que asume que hay ciertas personas incapaces de ser responsables por su vida y que otros deben responsabilizarse por ellas para ser «ciudadanos». De hecho, los niños no votan y no son ciudadanos en ese sentido porque no son ni libres ni responsables de sus vidas. Están sujetos a la tutela de sus padres, a quienes deben obedecer precisamente porque son éstos los responsables de su bienestar. Del mismo modo, si aceptamos que es el Estado —u otros miembros de la comunidad— y no nosotros, el responsable por los aspectos más relevantes de nuestras vidas, admitimos que no tenemos libertad y que no podemos ser ciudadanos. La lógica de la democracia exige ciudadanos empoderados e independientes del poder que esos mismos deben controlar y se desvirtúa totalmente cuando esa independencia es reemplazada por control y dependencia del gobernante. Al respecto, el marxista León Trotsky afirmó que en un régimen socialista disentir significaba la muerte por inanición pues el Estado, al controlar todas las fuentes de trabajo, tenía el poder total sobre la vida de las personas. Pues bien, estatizar todo aquello considerado un «derecho social» y excluir de él al mercado, eliminando la libertad de elegir, es avanzar en la misma lógica socialista de control sobre la vida de las personas. Por lo mismo, así como nadie podría argumentar seriamente que en los países socialistas había «ciudadanos», sino a lo sumo siervos de la clase gobernante, en un sistema que estatiza la educación, salud, vivienda y otros aspectos fundamentales de la vida, el poder real del ciudadano viene a ser conculcado y su condición de ciudadano degradada a la de mendigo agradecido al poder político. Como es fácil comprender, nada de eso puede ser compatible con una democracia real.

A estas alturas, hay que enfatizar otro punto —no menos relevante que el anterior —y es que toda esta visión del ciudadano como un instrumento de esquemas de redistribución y mandato estatal, esconde una visión pesimista del ser humano. A la izquierda, en general, la anima una idea hobbesiana de libertad, esto es, que el hombre es un lobo para el hombre y, por tanto, necesita un Leviatán, un Estado todopoderoso que lo discipline y ordene de modo que no se coma al vecino. Si no hay un Estado que nos quite lo que tenemos nadie se va a preocupar de los que están mal, creen ellos. Ya se evidenció que este temor es infundado y que la visión liberal pone un tremendo énfasis en la sociedad civil y la filantropía. Pero vale la pena insistir en este punto. Pues la libertad individual, lejos de ser incompatible con la preocupación por el otro, como cree la izquierda y la derecha socialcristiana, es esencial para que ella exista. Ya el notable pensador francés, Alexis de Tocqueville, en su viaje a Estados Unidos en el siglo XIX, observó que la gran fortaleza de los norteamericanos era la fuerza de su sociedad civil. En su clásico, La democracia en América, Tocqueville escribiría que Estados Unidos era: «El país del mundo en que se ha sacado más partido a la asociación […] En Estados Unidos se asocian con fines de seguridad pública, de comercio, y de industria, de placer, de moral y religión. No hay nada que la voluntad humana no tenga esperanza de conseguir por la acción libre del

poder colectivo de los individuos».[62] Según Tocqueville, a pesar de que «la pasión

por el bienestar material» era general en la sociedad americana»,[63] «las instituciones libres que poseen los habitantes de Estados Unidos […] encaminan su ánimo hacia la idea de que el deber y el interés de los hombres está en hacerse útiles a sus semejantes. Y como no ven ningún motivo para odiarlos, puesto que no son nunca ni sus esclavos ni sus dueños, su corazón se inclina fácilmente hacia la benevolencia». Así, «a fuerza de trabajar por el bien de sus conciudadanos, finalmente adquieren el

hábito y afición de servirlos».[64] De este modo, el país más individualista del mundo y máxima expresión del capitalismo moderno era al mismo tiempo, según Tocqueville, el más solidario y aquel en que la idea de comunidad se encontraba más establecida, precisamente, porque nadie era usado para servir fines ajenos.

Una razón fundamental para la formación del capital social americano, observó el genio francés, era la profunda desconfianza del pueblo estadounidense en el Gobierno. Tocqueville ilustraría este punto al comparar una campaña contra el abuso del alcohol realizada por asociaciones civiles norteamericanas con lo que habría ocurrido en su país natal. Según Tocqueville, si los participantes de la campaña hubieran vivido en Francia, cada uno de ellos se habría dirigido individualmente al

Gobierno para exigirle que fiscalizara los bares de la nación.[65] Y es que los franceses, observó el compatriota y contemporáneo de Tocqueville, Frédéric Bastiat, esperaban del Estado «todos los beneficios imaginables», mientras los norteamericanos no esperaban nada que no viniera de ellos mismos. En palabras de Tocqueville, el norteamericano «aprende desde su nacimiento que es preciso apoyarse en sí mismo para luchar contra los males y las dificultades de la vida. Sólo echa una mirada desafiante e inquieta sobre la autoridad social y únicamente acepta su poder cuando no puede prescindir de él. Ello comienza a percibirse desde la escuela, donde los niños se someten, hasta en sus juegos, a reglas que ellos mismos han establecido y castigan entre sí los delitos cometidos por ellos mismos. En todos los actos de la vida

social se descubre el mismo ánimo».[66]

Cuando Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, sostuvo que «el Gobierno es mejor cuanto menos gobierna» estaba recogiendo la esencia de ese espíritu individualista y, a la vez, solidario-asociativo americano. En la misma línea, Tocqueville advirtió que «la moral e inteligencia de un pueblo democrático arriesgará no menores amenazas que su industria y comercio si el Gobierno viene a ocupar el

lugar de las asociaciones por todas partes».[67] En la visión del francés, un Gobierno limitado era fundamental para la existencia de una sociedad civil pujante y una economía próspera. Este ideal, no está de más decirlo, es completamente opuesto a lo que buscaron los movimientos totalitarios, cuyo objetivo fue precisamente la politización absoluta de la sociedad, es decir, la anulación de todo asociacionismo entre ciudadanos. De este modo nada puede existir fuera del Estado, lo que es lo mismo que decir que nada puede existir fuera del control del gobernante. Así, la responsabilidad de ayudar al prójimo ya no corresponde a grupos civiles, sino a funcionarios estatales cuyo poder se incrementa con cada asociación que desintegran hasta que por esa vía asumen el control total sobre la vida de las personas.

Para una democracia, como hemos dicho, los efectos de la politización de la sociedad civil —objetivo buscado por la izquierda en general— no son menos perversos. Cuando el Estado controla y define los aspectos más importantes de la existencia de las personas —salud, educación, subsidios y otros— la política se convierte en una lucha encarnizada por hacerse del inmenso poder en juego. Pero lo que es peor, los ciudadanos arman facciones que entran en una batalla permanente por los recursos repartidos desde el Gobierno, ahora convertido en la fuente central del bienestar de la población. Como consecuencia, el conflicto pasa a ocupar el lugar de la colaboración voluntaria destruyendo las bases del asociacionismo y la paz social. Los que abogan porque el Estado se haga cargo de la vida de las personas no harían mal en recordar la advertencia de Tocqueville, cuando sostuvo que «no hay país en el que las asociaciones sean más necesarias para impedir el despotismo de los partidos o la arbitrariedad del príncipe que aquél donde el Estado social sea

democrático».[68] Son esas asociaciones las que mantienen el poder del gobernante a raya respecto de nuestras vidas porque nos permite depender de nosotros mismos y de nuestros conciudadanos y no de un burócrata, político o funcionario estatal. Como dijo el mismo Tocqueville, después de la libertad de actuar solo, la libertad más natural al hombre es la de «coordinar sus esfuerzos con los de sus semejantes y actuar

en común».[69] Para Tocqueville, la libertad individual era así inseparable del derecho de asociación y éste era incompatible con un Estado que se hace cargo de la vida de las personas. Además, el francés, como hiciera Adam Smith, advirtió que jamás el poder central podría ser tan eficiente como las asociaciones libres para resolver los

problemas sociales.[70] La conclusión de Tocqueville sobre el rol del Gobierno en apoyar a quienes tienen necesidades no deja lugar a dudas: «Es preciso, pues, que, incluso cuando presta apoyo a los particulares, el Gobierno no los descargue por completo del cuidado de ayudarse a sí mismos uniéndose, que también les rehúse su ayuda a fin de dejarles encontrar el camino para bastarse a sí mismos […] el principal objeto de un buen Gobierno ha consistido siempre en poner cada vez más a los

ciudadanos en situación de prescindir de su ayuda…».[71]

Es difícil imaginar algo más opuesto a la filosofía estatista de la izquierda y cierta derecha. Sin embargo, no es sorprendente, pues al final la filosofía de la igualdad es una filosofía del poder y del sometimiento de los individuos a los dictados de quien detenta el poder. Quien cree en el poder en lugar de la libertad, debe justificar la dominación de alguna manera, y una forma persuasiva de hacerlo es diciendo que esa dominación, que unos pocos ejercerán sobre muchos, es en beneficio de los muchos. Bajo esta perspectiva, lo que mantiene unida a la sociedad no son las millones de libre interacciones diarias, caritativas, interesadas y desinteresadas que tienen lugar, sino el poder de gobernantes supuestamente sabios y benevolentes.

La trampa de los «derechos sociales»

Entramos ahora de lleno en el análisis de los famosos «derechos sociales». Según sus partidarios más duros, como el ideal del mercado es en cierto sentido «inhumano», éste debe ser compensado por una gigantesca intervención del Estado y la colectivización, al menos parcial, de la propiedad privada para que, efectivamente, sea espacio de libertad y dignidad a través de esos «derechos sociales» que corrigen la desigualdad injusta del mercado. Como ya se mencionó, la anterior es una comprensión distorsionada del mercado, pues éste reposa y refuerza fundamentos éticos esenciales para la existencia de la civilización moderna y una vida pacífica en comunidad. Pero observemos más en detalle la lógica económica y ética del argumento según el cual un panadero, por ejemplo, sólo se interesa por el dinero y, por tanto, se mueve desalmadamente sin importarle si la persona que va a su panadería necesita el pan para sobrevivir. Partamos diciendo que, en realidad, el panadero no está interesado en primer lugar en el dinero del cliente, sino en lo que puede adquirir con ese dinero. El dinero no es un fin sino un medio de intercambio de cosas que se han producido antes. Sin él, tendríamos que volver al trueque. La crítica a la supuesta actitud indiferente y casi cruel del panadero está mal formulada. Analicemos qué es en realidad lo que critican los socialistas y conservadores que creen en los derechos sociales como remedio a la desigualdad del mercado.

El mundo antes del panadero es un mundo sin pan, es decir, nadie puede comer pan, lo que significa que todos están peor. Ahora bien, de pronto una persona advierte que hay una necesidad de alimentar a la gente con pan, la que sólo podría satisfacerse si él invierte mucho de su tiempo, energía y recursos para comprar la harina o hacerla, fabricar o comprar los hornos, conseguir los demás insumos necesarios, habilitar y financiar el local, encontrar a los trabajadores adecuados para que le ayuden, etcétera. Una vez logrado eso, el panadero debe procurar que haya personas interesadas en adquirir su pan y que sepan dónde conseguirlo. Luego de ese inmenso esfuerzo, del tiempo, los riesgos, la energía y la inversión realizada, el panadero pone pan a disposición del público. ¿Le parece una crueldad o indiferencia inhumana a usted que ese panadero espere que quien quiere su pan le dé a cambio algo para compensarlo por el tiempo, el trabajo, los gastos y sacrificios en que incurrió? ¿Le parecería más justo y menos indiferente que cualquiera, simplemente, entrara cuando quisiera a la panadería y se llevara el pan que quisiera porque lo necesitara? ¿Sería ésa una sociedad más «humana», donde el derecho sobre el producto del trabajo propio se esfuma tan pronto otro necesita de los frutos de ese trabajo? El panadero está sirviendo a la comunidad y espera que quienes se benefician de ese servicio, le sirvan también a él, es decir, colaboren con él para salir adelante. Así todos se benefician. Si aceptamos, en cambio, que hay un derecho sobre el pan del panadero «porque alguien lo necesita» estamos obligándolo a trabajar gratis para otros por la fuerza y eso es lo que se conoce como esclavitud. Y la esclavitud es inmoral aunque el que usa al otro como esclavo necesite de ese otro. La dignidad humana supone que nadie puede ser dueño de otra persona, lo que implica que nadie puede obligar por la fuerza a otro a trabajar gratis para servirse de él. Si el panadero es obligado a no cobrar por su pan, todo su esfuerzo es expropiado por quienes reciben ese pan y éste se transforma de facto en un esclavo porque trabaja, contra su voluntad, gratis para otros. Pero, además, piense usted qué pasaría con los incentivos en un sistema así. ¿Cuánto tiempo cree que el panadero seguirá levantándose temprano para producir pan si al día siguiente le van a quitar lo que produce sin darle nada a cambio porque otros «lo necesitan»? Al poco tiempo todas las panaderías y todo el pan habría desaparecido del país y la sociedad sería más pobre. Habrá, por tanto, mucha más gente con hambre que antes, pues no sólo el panadero y su familia no tendrán qué comer, sino que todos los trabajadores que lo ayudaban en las faenas no tendrán ingresos.

Es así como la redistribución mata la gallina de los huevos de oro. Usted puede ver esto en países socialistas como Venezuela y en el mismo Chile bajo Salvador Allende, donde no había pan más que en mercados negros a un altísimo precio. Repitamos: que el panadero cobre por su esfuerzo no sólo es parte constitutiva de su dignidad como ser humano, pues, como ya se expresó, nadie es dueño de él ni de su tiempo, sino que además es precisamente el que pueda cobrar lo que permite que exista el pan. Pues el mismo panadero, no sólo no tendría ningún incentivo para hacer pan, sino que si actuara por benevolencia y regalara su pan a quien lo necesita al poco rato quebraría por quedarse sin recursos para seguir produciendo. A fin de cuentas, éste debe alimentarse también además de mantener a su familia, pagar a sus trabajadores y cubrir todos los costes de operación.

Como se ve, el problema con la argumentación simplista de la izquierda y los conservadores socialistas es que simplemente asume que el pan existe, como si no hubiera tenido que producirse con gran esfuerzo, privación personal, generación de recursos e ingenio. Ésta es una de las falacias más comunes en el pensamiento redistributivo: la de creer que la riqueza está dada en una sociedad y de que es cosa de ver cómo se reparte la torta. De ahí su idea de que es injusto que unos tengan más que otros, pues, efectivamente, si la riqueza fuera una torta fija ya predeterminada sería injusto que el que reparte le dé a unos más que a otros. Pero afortunadamente no es así: la torta se crea, crece y también se puede destruir.

Revisemos, ahora, otro aspecto de la idea según la cual los «derechos sociales» — en otras palabras el control estatal de la educación, salud y subsidios, entre otros— son espacio de libertad, pues sin acceso a esos bienes, dicen, no se puede ser libre. Hagamos algo de historia. Estados Unidos no tuvo algo como el Estado del Bienestar hasta casi mediados del siglo XX y fue universalmente reconocido como el país de mayor libertad y prosperidad en el mundo. En su famoso libro ¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos?, escrito a comienzos del siglo XX, incluso un sociólogo marxista como Werner Sombart reconocería que en ningún país los proletarios vivían mejor a pesar de toda la desigualdad y del desenfrenado capitalismo. Además, Sombart explicó que la movilidad social en Estados Unidos era mayor que en Europa con sus Estados gigantescos y que los obreros norteamericanos tenían tal participación emocional en el capitalismo que se encontraban al punto de amarlo. Sombart finalmente concluyó que la teoría de Marx había sido refutada por los hechos, y agregó que el espíritu revolucionario en Estados Unidos había sido adormecido por los lujos y comodidades del capitalismo, idea que sintetizó en su célebre frase según la cual «todas las utopías socialistas se convierten en nada frente

a un asado de res y un trozo de tarta de manzana».[72]

En la misma época de Sombart, donde los trabajadores norteamericanos vivían mejor que en cualquier otra parte del mundo, el consumo total del gobierno federal en términos de porcentaje del producto interno bruto (PIB) en Estados Unidos no superaba el 3 por ciento. Si se sumaban Gobiernos estatales y locales, la cifra

alcanzaba cerca de un 8 por ciento.[73] ¿Pensará la izquierda que en ese entonces Estados Unidos, producto de su Estado casi inexistente, era un país sin libertad y sin bienestar? ¿Creerán que la República de Weimar en Alemania, conocida como «el Estado del Bienestar más perfecto del mundo» en la segunda década del siglo XX, era más libre que Estados Unidos? ¿O que la Unión Soviética, cuya constitución consagraba todo tipo de derechos sociales, era preferible en ese aspecto? ¿Y qué hay de Suecia, que era el cuarto país más rico del mundo en términos de ingreso per cápita antes de crear el Estado del Bienestar? ¿Era ése un país oscuro y sin libertad a pesar de su inmenso nivel de riqueza y ausencia de «derechos sociales»?

Pero, además, tal como lo explicitaba Tocqueville, sin programas que forzaran a todos a ir al mismo colegio y a recibir el mismo sistema de salud, y sin redistribución por parte del Estado, Estados Unidos era uno de los países más solidarios del mundo y lo sigue siendo gracias a que su cultura aún es profundamente individualista. Según el World Giving Index, publicado en 2014, el cual mide las donaciones en dinero, el tiempo dedicado a organizaciones de caridad y a ayudar a extraños en el mundo,

Estados Unidos es el país con la gente más generosa y solidaria del planeta.[74] Ningún Estado del Bienestar europeo estuvo siquiera entre los top 10 siendo Austria,

en la posición 17, el mejor en el ranking.[75] Alemania, por su lado, obtuvo la posición 28, Suecia la 40 y Francia, el modelo de Estado del Bienestar por excelencia, cuyo Estado es casi el más grande de Occidente con un 57 por ciento del PIB, apenas se ubicó en el puesto 90, después de Vietnam, Afganistán, Argentina, Burkina Fasso, Bolivia, Arabia Saudí y Kosovo, por mencionar algunos. ¿Le parece más solidaria Francia, donde la gente se despreocupa del interés de sus vecinos porque «para eso está el Estado», que Estados Unidos, donde la gente voluntariamente y por genuina convicción se preocupa del prójimo y dona su tiempo y recursos para ayudar a otros? Como se ve, desde los tiempos de Tocqueville no ha cambiado la diferencia entre una mentalidad que espera del Estado la solución a todos los problemas y una en que la sociedad se empodera y toma acciones concretas para resolverlos. Ciertamente, las causas de que un país sea solidario son más complejas que solamente un asunto de tamaño del Estado, pero no deja de llamar la atención que el mismo informe sostenga que los gobiernos, para estimular la caridad privada, deberían «promover la sociedad civil como una voz independiente en la vida pública respetando el derecho de las organizaciones sin fines de lucro a hacer campaña». Además, dice el informe, deberían ofrecer regulaciones que les faciliten su labor, que

hagan fácil a la gente donar y «ofrecer incentivos para hacerlo donde es posible».[76]

No es necesario, por tanto, un Estado del Bienestar a vela desplegada como en Francia —por lo demás con serios problemas de solvencia fiscal— para que las personas ayuden a otros. Muy por el contrario, como advirtiera Tocqueville, ese afán por hacerse cargo desde el Estado de la vida de las personas tiende a destruir el asociacionismo civil y la responsabilidad por el prójimo que, como vemos, las mismas personas que intercambian en el mercado son perfectamente capaces de asumir como parte de su libertad y responsabilidad. Los «derechos sociales», como espacio de libertad y la argumentación de que sin ellos «nadie se va a hacer cargo», no son más que una trampa que, vestida bajo un manto de aparente moralidad, sirven para extender el poder de la clase gobernante sobre las personas por la vía de hacerlas dependientes del Estado, es decir, de esos mismos gobernantes. Así, deterioran la sociedad civil y la solidaridad al ir reemplazando, por coacción estatal, la libertad de asociación de los ciudadanos. Al final, un sistema consecuente de «derechos sociales» —y esto no existe en ninguna parte hoy, salvo tal vez en Cuba y Corea del Norte— sólo puede conducir a la colectivización total de la propiedad y a un poder incontrarrestable del Estado. Para dejar esto más claro revisemos, entonces, más a fondo la idea de «derechos sociales». Nuevamente nos encontramos aquí con un concepto abstracto que suena bien pero que no es más que un oxímoron, una construcción retórica inconsistente diseñada para hacer aceptable algo que de otro modo sería impresentable. Analicemos por qué.

Ya explicamos que la sociedad no existe de manera independiente de las personas que la componen, o sea la sociedad como ente en sí no es más que una ficción. No hay una «voluntad social» como no hay una inteligencia social, ni una mente social ni nada parecido. Mal puede haber entonces un «derecho social», pues algo que no existe no puede tener derechos. La sociedad no tiene derechos, las personas sí tienen derechos. Ahora bien, se podría decir que la idea apunta a que todos los integrantes de la sociedad tienen derecho a acceder a ciertos bienes que debe proveer el Estado. Pero si eso es así, es lo mismo que decir que los integrantes de la sociedad tienen derecho de propiedad sobre lo que esos mismos integrantes de la sociedad producen, pues el Estado para dar algo se lo tiene que quitar a quien lo produjo antes. Y eso sería absurdo, pues si todos tenemos derecho a lo que producimos, basta con consagrar el derecho de propiedad privada como derecho individual y sacar al Estado de en medio. Sería ridículo pasarle parte de nuestra propiedad al Estado primero para luego exigírsela de vuelta bajo el argumento de que tenemos un derecho a que el Estado nos la devuelva. Si usted gana mil dólares ya tiene derecho de propiedad sobre esos dólares, no necesita que el Estado se los quite y después se los devuelva como «derecho social».

¿Por qué, entonces, la izquierda y cierta derecha insisten en la idea aparentemente ilógica de los «derechos sociales»? Muy simple: porque de lo que se trata no es de que cada integrante de la sociedad tenga derecho a lo que produjo, sino de que algunos tengan derecho de propiedad sobre lo que otros produjeron a través del control estatal sobre lo producido. Se trata de una forma de colectivizar la propiedad bajo el manto de la moralidad que confiere la palabra «social». En realidad, es central insistir en esto, los famosos «derechos sociales» son derechos a la propiedad y al trabajo ajenos, lo cual es incompatible con la idea de dignidad humana según la cual nadie puede ser dueño de otro y obligarlo a trabajar por la fuerza para satisfacer necesidades propias. En el caso del panadero quedó claro lo inmoral que sería que alguien fuera y se llevara el pan sin darle nada a cambio, además de los efectos destructivos que esto tendría para los incentivos de seguir produciendo pan. La fórmula de los «derechos sociales» se basa en el mismo principio de arrebatar a otro lo que le pertenece, sólo que no es otro civil el que entra a quitarle los frutos de su trabajo al panadero, sino un funcionario estatal que se lo quita por la fuerza para dárselo a otro —al que hace, de ese modo, depender de él— mientras se come la mayor parte en el camino. Pero para el panadero no hay diferencia quién sea el que le arrebata lo que es suyo.

Así las cosas, el derecho social permite instrumentalizar a unas personas para satisfacer los fines de otras, agrediendo su libertad y dignidad. Y claro, como decir «las personas tienen derecho a que otros trabajen gratis por ellos mediante la fuerza» suena mal, entonces se inventa todo un lenguaje que hace esta confiscación forzada aceptable a los oídos del público. Si antes, el Estado, bajo el socialismo, confiscaba los medios de producción bajo el pretexto de servir al interés general, hoy lo que se pretende es confiscar o colectivizar los frutos de los medios de producción y del trabajo personal bajo el mismo pretexto. En casos como la salud y la educación incluso se busca confiscar los medios de producción, de modo que no haya clínicas ni colegios privados porque éstos generan desigualdad.

Que en el origen de esta idea de los «derechos sociales» está el socialismo marxista quedan pocas dudas cuando se lee lo que dijo Karl Marx en su famosa Crítica del programa de Gotha: «En la fase superior de la sociedad comunista […] podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual,

según sus necesidades!».[77] «¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!» es la fórmula que en el fondo proponen los socialistas para justificar los «derechos sociales» y es también, el principio rector de todo el orden económico marxista según el mismo Marx. ¿Cómo funcionaría en la práctica un sistema basado en la idea «de cada cual según su capacidad a cada cual según su necesidad»? Bueno, tal como funcionaron los socialismos, es decir, desastrosamente. La razón principal de este fracaso socialista nos la da la teoría económica del valor que, como sabemos, Marx nunca entendió.

Para entender bien esto supongamos por un momento que aplicamos la fórmula de dar o pagar a cada cual según su necesidad y cobrar a cada cual según su capacidad. En este caso el mercado debe ser totalmente suprimido y sólo queda la economía centralmente planificada como alternativa. Esto es obvio y Marx lo tenía claro, pues tradicionalmente el mercado —o sea, nosotros— no da a cada cual según sus necesidades, sino según su productividad, es decir, según la valoración del que da y no de la necesidad del que recibe. Las personas compran algo y pagan por ello cuando creen que lo que compran satisface, a un precio razonable, una necesidad o deseo que tienen. En otras palabras, una persona está dispuesta a trabajar y producir algo con su tiempo que después intercambiará por algo que otro produjo, sólo si considera subjetivamente que lo que recibe es al menos tan valioso como lo que entrega a cambio.

Pongamos un ejemplo para dejar las cosas más claras. Supongamos que usted es el gerente de un hospital y debe contratar a un auxiliar y también a un médico cirujano. La persona auxiliar es una señora soltera de cincuenta años con cinco hijos, sin calificaciones y con un hijo enfermo. Una situación, sin duda, dramática. El médico cirujano es un joven de treinta y cinco años, graduado con honores, con un doctorado en Medicina en Harvard y candidato al premio Nobel de Medicina. Además es sano, vive solo y heredó de sus padres una situación muy cómoda. Aquí no cabe duda de que si de necesidades se trata usted debería pagar al auxiliar mucho más que al médico cirujano y, sin embargo, usted claramente pagaría más al médico. ¿Por qué? Porque su productividad, su preparación y el beneficio que genera a los pacientes es mucho mayor. ¿Es esta lógica fría e inhumana? Veamos. Supongamos que usted paga más al auxiliar que al médico. ¿Cuántos médicos de primer nivel cree que va a tener en el hospital existiendo esa política de sueldos? Probablemente ninguno. Sería un irresponsable si pagara más a la señora, pues con eso llevaría a la ruina al hospital o lo mantendría en condiciones miserables llevando a la muerte a muchos pacientes, incluidos niños, ancianos y mujeres. Al final, si el médico recibe mayores ingresos es porque la gente que va al hospital valora más el que ese médico les pueda salvar la vida que la limpieza del hospital. El primero es un talento escaso y el segundo, aunque sea igualmente un trabajo digno desde el punto de vista moral, no requiere de mayores habilidades. Quien en realidad paga el sueldo de ambos son los pacientes de acuerdo con sus valoraciones. Usted como gerente debe atender el mandato de ellos.

En un mundo socialista nada de eso ocurre y por eso el Estado debe controlarlo todo conduciendo a la miseria generalizada, pues las valoraciones y preferencias de las personas no se pueden articular indicando qué se necesita de cada cosa y en qué cantidad. Es como si a usted le dijeran que abra una tienda de ropa en un barrio en que está prohibido a la gente comprar ropa. En ese caso no le quedaría más que asignar la ropa a dedo al que viene. Obviamente podría tener una idea de qué se necesita cuando la gente se lo pide, pero todo sería muy ineficiente, pues, salvo que haya racionamiento, muchos se llevarían más de lo que requieren, otros se quedarían sin lo que necesitan y no habría innovación que mejorara la calidad porque no habría mercado y no se podría saber si se funciona con pérdidas o ganancias. Además, usted no tendría incentivo alguno para ofrecer mejores productos ni para controlar un mínimo lo que sale, pues no es su negocio y ganará siempre lo mismo. Todo ello sin considerar el potencial de negocios en el mercado negro donde comerciantes ilegales y funcionarios se pondrían de acuerdo para beneficiarse del tráfico de la ropa. Todo esto ocurrió masivamente en la Unión Soviética y los países socialistas. En todos ellos la autoridad arbitrariamente decidía cuánto debía producirse, en qué cantidad y calidad sin tener una idea de las verdaderas «necesidades» de las personas. De ahí la escasez generalizada de productos básicos y, en ocasiones, la abundancia de otros que no eran necesarios.

Lo que sucede es que las necesidades de las personas sólo se pueden conocer posteriormente, es decir, mediante la demanda y la interacción que tiene esa demanda por bienes y servicios con la oferta de los mismos. Para ello es necesario que haya un mercado donde las personas expresen sus preferencias a través del sistema de precios, lo cual presupone la propiedad privada. Por tanto, lo que en realidad hace el socialismo al clausurar el mercado es eliminar la ley de oferta y demanda. No es sorprendente, por consiguiente, que termine colapsando y llevando a la población a niveles miserables de existencia.

Ahora bien, es cierto que pueden idearse esquemas de financiamiento estatal para programas de salud que cumplan con estándares de calidad. Pero en todos lados donde eso funciona existe un mercado de la salud como referencia, con clínicas privadas y oferta y demanda de servicios médicos o, al menos, toda la producción de insumos es privada. Incluso hay subsidios a la demanda, lo que significa que la provisión la hacen particulares con fines de lucro. Pero si, siguiendo una teoría consecuente de los «derechos sociales», se elimina la expresión de preferencias a través de la demanda y oferta en áreas como la salud o la educación, no puede haber asignación de recursos eficiente pues desaparece el sistema de precios. Todo lo que queda es una autoridad, un funcionario estatal que debe arbitrariamente decidir el tipo de educación, salud, tratamientos, clínicas y demás servicios necesarios, pero siempre lidiando con los problemas típicos de la organización estatal: ineficiencia, corrupción, falta de recursos, incentivos perversos y otros. Ante esto, no es casualidad que la salud estatal sea en general tan mala, aunque efectivamente hay países que muestran niveles razonables de ella, todos países ricos, por cierto, pero sobreendeudados y casi todos con esos mismos sistemas en déficit. Lo mismo se aplica a la educación. Si los padres no tienen libertad para escoger el colegio y el proyecto educativo que estimen y no hay libertad para ofrecerlos, entonces un funcionario estatal tiene que decidir arbitrariamente qué toca a cada quien como antes ocurría en el socialismo. La miseria de un sistema así, hay que insistir en esto, se sigue no sólo de la corrupción, sino de un problema económico insalvable: el burócrata no tiene, ni puede tener, la información relevante sobre las necesidades de las personas porque es imposible manejar de antemano la información de las millones de preferencias variables y distintas de los millones de seres humanos que interactúan diariamente.

Los sistemas estatales están destinados a ser ineficientes y arbitrarios y de peor calidad que los privados precisamente porque, además de la corrupción e incentivos perversos ya mencionados, al carecer de información fidedigna sobre las preferencias y valoraciones de las personas, no pueden atender las necesidades de la población, provocando un despilfarro gigantesco de recursos y niveles, en general, deficientes de

calidad.[78] Una solución a esto es la privatización total de la salud, una herejía para muchos que curiosamente siempre optan por ser atendidos en clínicas privadas. En un sistema privado podría haber redistribución y ayudar a quienes lo necesitan subsidiando la demanda por salud: el Gobierno aporta una cierta cantidad de dinero que el asegurado debe gastar en clínicas privadas. Esto abriría la competencia, mejoraría la atención y los precios. No habría una salud igual para todos, como es el sueño del socialismo, pero habría una mejor salud para todos, que es la aspiración del liberalismo.

La lógica de lo estatal, que es la de la imposición coercitiva, es contraria a la lógica de la voluntariedad del mercado como asignador y creador de recursos. Pero por esa misma razón la lógica de lo estatal es también contraria a la lógica del mercado como espacio de libertad. Para ser exactos, no es que el mercado sea espacio de libertad, sino que la libertad es el espacio del mercado. En una sociedad libre también podría teóricamente ocurrir que sus integrantes decidan todos no tener mercado y retirarse a la autarquía, esto es, a la autosuficiencia negándose a intercambiar con otros. El problema aquí sería que viviríamos en la miseria, de ahí que el ser humano busque el intercambio y el enriquecimiento, el que, como dijimos, no podría existir sin libertad. El mercado es la posibilidad de intercambiar con otros voluntariamente bienes y servicios y eso supone que nadie puede violentarlo prohibiéndole realizar esos intercambios. El mercado resulta, así, espontáneamente de un orden institucional que reconoce la libertad personal, entendida como ausencia de coacción. La distribución de recursos resultante es, por definición, entonces, una expresión de libertad y no puede alterarse sin afectar esa libertad personal, así como los resultados de un juego continuo no pueden manipularse sin agredir la libertad de los jugadores. La lógica de la distribución y la lógica de libertad en el mercado son, por lo tanto, la misma cosa. Si la libertad de intercambiar es anulada por el Estado, no puede existir ni el mercado, ni la distribución y creación de recursos que éste produce. Si lo anterior es así, entonces la lógica de lo estatal en materia de provisión de bienes y servicios —salud o educación— ni puede ser compatible con la lógica del mercado en cuanto espacio de distribución ni como espacio de libertad. Es totalmente al revés: la provisión estatal de educación y salud, por nombrar dos casos de «derechos sociales», necesariamente debe anular la libertad individual de elegir esos servicios y por tanto la libertad de ofrecerlos y demandarlos. Como consecuencia, se reemplaza la ley de oferta y demanda por la discrecionalidad de la autoridad. Sin libertad de elegir desparece el mercado, que es el único mecanismo que existe para conocer y luego satisfacer las preferencias de las personas de acuerdo a los recursos disponibles. En suma, la lógica de los «derechos sociales» es incompatible con el mercado como expresión de la libertad y como criterio de distribución. La más clara prueba de que la lógica de lo estatal es contraria a la libertad es que si la extendemos a todos los ámbitos terminaríamos en un sistema centralmente planificado, donde el Estado sería el único que ofreciera bienes y servicios y por tanto controlaría por completo la vida de las personas. Ése sería un orden totalitario, donde la autoridad habría anulado por completo la libertad de elegir de las personas haciendo desaparecer el mercado. En otras palabras, bienvenido a Cuba. De este modo, lo que proponen quienes dicen que los derechos sociales deben ser sólo provistos por el Estado, en realidad, proponen un sistema parcialmente socialista en que la libertad ha sido drásticamente reducida en las esferas ahora estatizadas en que se proveen esos bienes y servicios. Hay que repetir que la crítica aquí realizada no significa que el Estado no deba asumir ningún rol en proveer servicios de salud o educación. Lo que no puede hacer es excluir la lógica de mercado en esas áreas, pues en ese caso estaría sacrificando totalmente la libertad individual y, por cierto, también disminuyendo la calidad.

Pero el fundamento del último ataque de los socialistas e incluso socialdemócratas al orden social libre se ancla en una idea que corresponde desarrollar con mayor detalle. Repasemos el argumento: según los socialistas, como el ingreso de las personas lo determina el mercado y éste no da a todas las personas los ingresos que éstas desean o requieren para satisfacer sus deseos o necesidades, entonces el mercado como criterio de distribución de recursos es contrario a la libertad porque la libertad consiste en tener la misma riqueza que todos los demás al menos en áreas como los «derechos sociales». El Estado, en consecuencia, debe reemplazar la libertad de elegir del mercado por la discrecionalidad de la autoridad, la que ahora pasará a ser criterio de distribución como forma de garantizar esa igualdad de riqueza y la libertad que, supuestamente, esa igualdad de riqueza asegura. Este argumento es espurio desde la primera hasta la última línea.

De partida, pensar que la igualdad en la riqueza es equivalente a la libertad es un sinsentido, pues perfectamente podría haber igualdad material total en la pobreza garantizada por el Estado y, en ese caso, incluso bajo la definición socialista de libertad —que la relaciona con la riqueza para perseguir fines propios— no habría libertad a pesar de haber la igualdad material perfecta de todos los miembros de una comunidad. Pero el argumento es aún más débil, porque si de incrementar riqueza para hacer libres a las personas se trata, entonces el capitalismo es el mejor sistema, como prueba toda la evidencia; lo que nos vuelve a poner en el terreno de la libertad entendida como «ausencia de coacción», que es la base del sistema capitalista: la libertad de emprender, de elegir, de hacer negocios, de ganar dinero y demás. Ahora bien, la libertad bien entendida realmente no significa que usted pueda comprar o adquirir lo que quiera, pues si así fuera el 99,99 por ciento de la población en todos los países del mundo no sería libre. Ni siquiera los millonarios serían libres, pues tampoco pueden comprar cualquier cosa que quieran. Ser libres no significa tener el poder efectivo para realizar nuestros sueños o satisfacer nuestras necesidades, sino que podamos perseguirlos con los medios de los que disponemos, cuyo incremento depende de nosotros, sin que nadie nos lo impida por la fuerza. Esto es lo que la Declaración de Independencia de Estados Unidos llamó «el derecho a perseguir la felicidad», y es eso lo que el Estado nos puede garantizar: el derecho a perseguir nuestra felicidad, no el derecho a ser efectivamente felices. Nadie niega que existan necesidades más importantes que otras. La educación puede ser más urgente para la mayoría de las personas —no para todas— que el automóvil. Pero que una necesidad sea más urgente que otra no transforma a la más urgente en un derecho que el resto debe financiar. Por ejemplo, usted podría necesitar con urgencia una operación que cuesta, digamos, diez millones de dólares o cien millones de dólares. ¿Le da eso derecho a que otros se la paguen? No. Suena frío, pero no lo es. Ya se mencionó lo que pasa al panadero que debe entregar su pan gratis a otros que «lo necesitan»: se convierte en un medio para fines ajenos, pierde su derecho de propiedad y con él su libertad y dignidad. Imagine cómo funcionaría una sociedad en la que se dijera que quienes tienen necesidades tiene el derecho a que otro se las financie. Bueno, ésa es la idea de los «derechos sociales». En consecuencia, no es que los padres de un niño no sean libres porque no tienen dinero para pagar un buen colegio. La libertad y la riqueza son cosas distintas. La riqueza se relaciona con los medios para perseguir un fin, en cambio la libertad es la posibilidad que existe de conseguir y crear esos medios y alcanzar el fin sin que otro se lo impida por la fuerza. No es la riqueza la que crea la libertad, sino la libertad la que crea la riqueza. Si no fuese así ¿cómo se explicaría toda la riqueza existente hoy en el mundo y que antes no existía? De algún lado tuvo que venir y de dónde sino fue de la libertad que tenían los seres humanos para crearla.