6. La guerra por la información

A lo largo de toda la historia civilizatoria, siempre ha existido algún tipo de regulación: un amplio menú que va desde los reglamentos sexuales o familiares que estudia la antropología a las regulaciones político-jurídicas, formales y escritas, del Estado-nación moderno. Su utilidad, necesidad, viabilidad o efectividad pueden ser objeto de larga y cansina discusión, pero lo único cierto es que el instinto regulador ha alcanzado a todos los rincones y objetos de la existencia colectiva. Es por ello que se nos antoja poco realista pensar que existen ámbitos armoniosamente libres de cualquier regulación donde individuos soberanos bailan al ritmo de sus deseos exclusivamente (el «estado de naturaleza» no deja de ser una abstracción útil, pero en la práctica no es una situación real). Lo que sí podemos discutir es el origen, la cantidad, la intensidad o el tipo de regulación preferible.

Dada esta omnipresencia regulativa del mundo moderno y, situándonos en un escenario muy simplista, podemos identificar tres grandes posturas. A saber: a) los hiperregulacio-nistas que piensan que cualquier desarrollo social y político pleno demanda un amplio sistema de regulaciones que aseguren la vida equilibrada, pacífica y democrática (el quid de la cuestión es quién regula y cuándo); b) los antirregulacionistas que ven en toda intervención o intento de control externo una injerencia no justificada y se niegan en redondo a aceptar la existencia de marcos colectivos de conducción individual que restrinjan la libertad de cada persona (aunque se podría objetar que imponer la supremacía individual ya es un tipo de criterio y reglamento colectivo); y c) aquellos que entienden que existe una regulación propia o natural de los procesos humanos y sociales y piensan que la autorregulación es el escenario más productivo y eficaz (una «anarquía ordenada»). Entre medias, por supuesto, una amplia gama de grises, lugares y sutiles apreciaciones que no vamos a enumerar. No obstante, es válido tenerlas presentes porque la historia que arrastramos está muy marcada por enfrentamientos entre hiperre-gulacionistas jacobinos frente a antirregulacionistas liberales. Los actuales dimes y diretes del arco político y los choques de discursos en el terreno económico (regulación del mercado, papel del Estado en la vida económica, empleo y trabajo, etc.) han tenido un efecto de estrechez interpretativa del marco re-gulacionista, asociando necesariamente una versión u otra a una opción ideológica u otra, encasillando toda la disputa en unos pocos tópicos. Con frecuencia hemos presenciado —ya acostumbrados por la economía política— agrias pugnas entre regulacionistas (a favor de lo público) y antirregulacionis-tas (a favor de lo privado), pero en el terreno neotecnológico nos hemos topado con una tercera postura, casi en igualdad de presencia y porte, que aboga por una escasa regulación pero desde argumentos algo distintos a los liberales clásicos. En los últimos tiempos, se ha consolidado una visión que celebra y confía en la autoorganización de las redes telemáticas, como si su naturaleza compleja les permitiera un nivel mayor de organización interna basada en parámetros hasta la fecha poco explotados. De hecho, una mirada histórica sobre el complejo mundo digital y su exótica biografía nos devuelve, como veremos, una imagen de regulación técnica —política y económica — sin regulación legal bastante efectiva y peculiar, de la que apenas abundan ejemplos.

Desde otras latitudes, se han tratado de resolver estas posturas mediante una llamada a cierto primitivismo (Zerzan, por ejemplo). Nos resulta, sin embargo, difícil sortear este momento donde el digitalismo lo cubre todo, y nos suena trágicamente ingenuo prestar atención a los cantos de sirena tecnófobos y primitivistas que proponen la vida al margen de la «sociedad tecnológica» —desandar la marcha, como si fuera un camino civilizatorio reversible, hacia un tiempo pasado o distinto—. Estas utopías primitivistas de no-regulación no-tecnológica, que respaldan un giro drástico al proceso civilizatorio podrían interpretarse como el grado cero de una propuesta de regulación sobre las nuevas tecnologías. Estas alternativas sugieren una ausencia de regulación individual gracias a una ubicación «fuera del sistema», pero no explicitan ni desarrollan una solución más general para el resto de personas. No resulta una propuesta viable globalmente sino, como mucho, una opción individual; legítima y romántica, pero acotada en su alcance.

No podemos dejar de insistir en que la historia de las tecnologías digitales, y especialmente de Internet, ha seguido unas vías algo particulares —y hasta extravagantes— en contraste con el resto de tecnologías sociales. No podemos pasar por alto este hecho ya que posee un gran sentido para nuestra discusión. El escenario evolutivo de las nuevas tecnologías digitales ha sido especialmente singular. Es cierto que su origen, como el de muchos otros aparatos, artefactos y cachivaches, es militar (también el microondas, la tarjeta de crédito, la fotoco-piadora, la fibra óptica, el batiscafo o los videocasetes, sin ir más lejos), pero esto es más una anécdota que otra cosa. Lo que queremos decir es, sin negar las raíces que hunden a Internet (Arpanet) en la famosa guerra fría y en la escalada política que enfrentaba a los «bloques» — OTAN vs. Pacto de Varsovia—, su posterior progreso y exótica evolución tiene mucho más que ver con otros agentes, instituciones y factores que con juegos de

guerra[26]. Tras su alumbramiento, la combinación agitada y nada sencilla de impulso académico, apoyo científico, aportación institucional pública, cultura new age californiana, ausencia de licencias restrictivas, protocolos universales, etc., propició un prodigio sin precedentes. Internet ha sido sin duda el paradigma de la regulación ingenieril por encima de cualquier otra regulación politicoeconómica. La dudosa y siempre sospechosa mano empresarial y comercial, aún presente y observadora, no atinó a orientar el rumbo de la Red, cuya trayectoria no se debió a la sempiterna búsqueda de beneficio, sino que se vio afectada por un componente imprevisible: la gente que usa Internet y sus culturas. Las grandes empresas no consiguieron tutelar las redes por completo. La emergencia y el crecimiento de Internet son un ejemplo o de ausencia de regulación jurídica directa o de regulación múltiplemente desordenada, donde la confluencia de tantas microrregulaciones proporcionó un cierto entorno de libertad de trabajo y de futuro incierto. El despliegue más allá de los marcos legales nacionales, el desconocimiento de la técnica por parte de legisladores y jueces, el fulgurante crecimiento y la generación incansable de nuevas novedades no facilitaron a ninguna empresa o Estado la intervención absoluta o inmediata de Internet. Por ello, sólo ciertos intentos de vigilancia y registro —Echelon, Carnivore, Infopol, etc.— fueron productivos si se quería inspeccionar o seguir las comunicaciones mundiales. Pero tales panópticos electrónicos han sido muy costosos y de eficacia limitada. Por supuesto, siguen existiendo y aplicándose, pero otorgan una relación esfuerzo/resultado mínima para los «controladores de la Red». Dejando de lado la vigilancia militar, policial o de espionaje, el verdadero control del mundo digital se podrá llevar a cabo mediante otros métodos: patentes, monopolios invisibles, gestión del software, aplicaciones limitadas, consumo inducido, decisión sobre herramientas, definición de la arquitectura de las redes, etc.

Entendemos que echar un ojo al pasado puede tener sentido, para entender la forma de regulación técnica y, por tanto, política. Podemos señalar diversas fases o etapas en el desarrollo de Internet, cada una de ellas marcada o espoleada por algún tipo de institución o entorno. El contexto de aparición es militar (1968-1970 aprox.), algo indudable, como decíamos antes, pero posteriormente poco determinante. Podríamos denominar a su primer entorno de desarrollo como científico-académico (1971-1989 aprox.), por el tipo de organizaciones —universidades, institutos o centros de investigación— que tiraron del invento. Pero el contexto del primer impulso sería, en este caso, económico-comercial —organizaciones corporativas, publicitarias o de marketing— (1990-1999 aprox.). Sin embargo, un segundo contexto de impulso, más actual, vendría personificado por los usuarios-ciudadanos (cibermasas a partir del 2000-2001 en adelante) y por la filosofía Web 2.0. Así que si hiciéramos una sucesión biográfica de la conducción principal de la Red deberíamos escribir: Ejército Universidad Estado Empresa Ciudadanos etc. Es decir, ha participado una nutrida élite de estructuras y agentes. Dentro de todo ello, la importancia de los estándares abiertos y de la no propiedad privada de los protocolos, recursos y mecanismos de comunicación —Internet como bien público— fue un dato crucial. La no presencia de dueños técnicos o poseedores de la Red, por así decirlo, fue un factor de éxito para un artefacto tan complejo como Internet. Así que una supuesta y reivindicada confluencia de enfoques y una progresión descontrolada, una «anarquía autorregulada», fueron dando vida a esas fases de crecimiento, según fases sucesivas. No obstante, sería incierto afirmar que no existieron entidades que intentaran reglamentar el curso de las redes digitales. Un amplio repertorio de pequeños organismos resguardó el ajuste de las normas técnicas y de los sistemas de comunicación para que la máquina electrónica estuviera lubricada. La Internet Society (ISOC), la Internet Architecture Borrad (IAB), Internet Engineering Task Forcé (IETF) y sus request for comments (solicitudes de comentarios) o el World Wide Web Con-sortium (W3C) se han encargado de precisar y salvaguardar las características técnicas de las comunicación digitales con el objetivo de que todo estuviera nítidamente sistematizado en pos de una interconexión de redes heterogéneas que operaran de forma eficaz. Si nos fijamos realmente, este tipo de híbridos entre instituciones políticas y académicas ha ido ejerciendo una regulación intensa del campo tecnológico contemporáneo, prescribiendo comportamientos y prohibiendo acciones, siempre desde la invisibilidad que otorga la neutralidad científica o la gestión económica sin aparentes intereses egoístas.

Ante una cierta ausencia inicial de conflictos frecuentes, las nuevas tecnologías se propagaron sin mucho debate legal hasta que, poco a poco, florecieron las primeras disputas relacionadas con la privacidad, la copia ilegal o la libertad de expresión. Las características propias del medio (instantaneidad, globalidad, interactividad, circulación digital de contenidos, etc.) y su relativo bajo coste para conseguir audiencias globales mediante una simple página web propiciaron los primeros problemas serios (Napster y la violación de copyright musical en 1999; la subasta pública de objetos nazis en Yahoo en el 2000 o el control de acceso a la Red en China, entre otros). Efectivamente, el hecho de que no exista una autoridad central única de Internet a la que reclamar o apelar, su deslocalización geográfica y su transnacionalismo, la circulación digital fluida de todo tipo de materiales, la facilidad económica para la distribución de información, etc., dibujaban los contornos de un espacio único y exótico. Gracias a sus atributos especiales, Internet se convirtió en un laboratorio sociopolítico sin parangón. Al principio, y con la experiencia a cuestas de la televisión, las primeras regulaciones resultaron relativamente estándar y tenían que ver con las infraestructuras que soportaban dichas redes de comunicación (con el «cableado», en un lenguaje más coloquial).

Con el tiempo, la escasez de control conseguido sólo ha generado ruido y replanteamientos varios que formalizaron dos grandes vías: a) aquellos que continúan empecinados en seguir regulando el cosmos digital como si fuera un medio clásico más, una tecnología igual que las anteriores, heredera de alguna manera de la televisión, no dejan de ver Internet como una tele interactiva y poco más; y b) aquellos que destacan la naturaleza radicalmente incomparable de Internet con relación a todo lo anterior y proponen un tipo de regulación sustancialmente distinto, atendiendo a las cortapisas que la globalidad, la digitalización, el anonimato y ciertos nuevos «derechos» de tercera generación imponen. Así que esta propagación del «hábito regulador» ha generado el caso singular de encontrarnos con antiguas legislaciones, pensadas para el mundo industrial, para los tiempos hertzianos y de ondas televisivas, cuyos propulsores se esfuerzan por aplicarlas a nuevos objetos. El desfase entre viejas regulaciones y nuevas tecnologías o el desajuste entre normativas y reglamentos pensados para medios materiales y nacionales, frente a nuevos medios inmateriales y deslocalizados geográficamente, está siendo un hecho patente y constatable. Ese desacople es la fuente de gran parte de las guerras y conflictividades que pululan por Internet. La naturaleza de las redes digitales vuelve inoperantes las leyes antiguas y ahí, en los repliegues incapaces del viejo derecho, asoman los casos contemporáneos.

El problema, como siempre, se deriva del hecho de que todas las regulaciones propuestas buscan unas ciertas convergencias con intereses de mercado y comerciales —la presión de ciertos lobbies—, aunando marcos legales con el incentivo a la actividad empresarial. Los convenios y acuerdos audiovisuales suelen ser moneda de cambio y rígido trasfondo de muchos movimientos tácticos en el terreno de la gestión del campo tecnológico y mediático. En el caso de Internet, la mayoría de las propuestas realizadas, como era de prever, han sido casi literal o mecánicamente trasplantadas de la experiencia televisiva o radiofónica, generando fricciones en su implantación, problemas en su aplicación (véase ahora el «canon por copia privada» en España) y deficiencias en sus resultados finales, básicamente porque pretenden un reparto equitativo de una tarta que no se reparte de forma sencilla. Es aquí donde la división de la tarta entre todas las grandes corporaciones tecnomediáticas (Google, Apple, Yahoo, etc.) toma cuerpo mediante complicadas presiones estratégicas sobre

la regulación directa o, más bien, indirecta del mundo digital[27]. Muchos intereses apuntan al desarrollo de ciertas aplicaciones, de determinados mercados o de sutiles normativas que favorecen o restringen usos y manejos del espacio virtual. No deja de ser una lucha por tomar las riendas de Internet desde la falacia de una ausencia de autoridad central. La no existencia de un centro de control físicamente identificable no implica que no haya condicionamientos o intervenciones sesgadas en las redes telemáticas. Los modos de operar, eso sí, son ahora más modernos y tienen que ver con las patentes sobre protocolos o aplicaciones informáticas; con las restricciones al acceso en ciertos lugares; con el monopolio de ciertos servicios; con el dominio total de la publicidad y el consumo tecnológico o con la propiedad sobre herramientas comunicativas, entre otros. Y, en este sentido, no es siempre cuestión de «inventar» todo, sino de aplicar lo ya existente a un nuevo medio de interacción social. Lo cual no será fácil debido a dos razones. En principio, ni siquiera las legislaciones democráticas protegen en la misma medida la libertad de expresión y la privacidad (basta con comparar las discrepantes tradiciones legales de Estados Unidos y la Unión Europea). Además, las nuevas tecnologías digitales plantean nuevos retos a la hora de transformar en criterios constitucionales algunos aspectos de los derechos que tratan de amparar, y esto tanto en el ámbito de la expresión como en el de la privacidad.

Antes que nada hay que deshacer algunos viejos tópicos que afirman que la censura es imposible en Internet porque siempre es factible trasladar el servidor o el sitio web a otro país en que la libertad de expresión esté protegida: si la Red no tiene fronteras, tampoco las tiene la ubicación de la información. Pero esto no es cierto ante todo porque la Red no es un mundo absolutamente independiente del mundo material, sino que forma parte de este último. Se pueden clausurar y confiscar servidores —el último ejemplo famoso es Megaupload—, o bien un conjunto de leyes, controles policiales e infraestructuras de comunicaciones es capaz de levantar barreras que aíslen a un país del resto de la Red global.

El segundo tópico es el que identifica censura con acción gubernamental, de modo que cuanto mayor es la intervención gubernamental menor es la libertad comunicativa de los individuos y viceversa. Hasta ahora, se nos podría objetar que el debate sobre la regulación de las nuevas tecnologías era medianamente artificial porque la historia de Internet ha fluido tranquila y mansamente sin sobresaltos entre cables, geeks o nerds absortos en sus pantallas y millones de usuarios conectados en sus casas de manera relajada. Sin embargo, las dos o tres últimas décadas han estado salpicadas de novedosos conflictos y rocambolescas historias. Como sabemos, allí donde la conflictividad asoma, el derecho se hace ley. Entre éstas destacan, por hacer algún tipo de taxonomía apresurada: el acceso —las nuevas tecnologías como bien público o bien privado y su acceso como derecho universal—; la propiedad intelectual —copyright y derechos de autor—; la libertad de expresión en un medio como la Red; la privacidad y el uso de los datos personales, etc. Si siguiéramos una

ya clásica y archicitada clasificación realizada por Lawrence Lessig[28] hace unos cuantos años, nos quedaríamos con algunos menos. En dicho libro, brillante por los cuatro costados, este abogado, catedrático de Stanford y propulsor de las licencias Creative commons, aborda las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la libertad de expresión, la privacidad y la soberanía únicamente, así como los cuatro elementos reguladores: ley, normas, mercado y arquitectura. Los primeros temas de acceso comenzaron a plantearse a partir de la cuestión de la brecha digital, internacional, pero finalmente se han trasladado a temas como la gratuidad de las

redes inalámbricas [29] (wireless ) y similares. Estos ítems punteros que afloran, sean los que sean, han guiado un poco los debates contemporáneos sobre la regulación.

La libertad de expresión, antes mucho más recortada y tutelada por los mass media, alineados con grupos políticos y grandes emporios mediáticos, queda en una especie de autonomía indescriptible al facilitar las microplataformas web el camino a audiencias planetarias a muy bajo coste económico. Ello explica por qué tales cambios han sido observados primero con recelo, después con miedo y más tarde con desesperación, lo cual se ha traducido en un incremento de las medidas legales con un solo objetivo: endurecer el control administrativo sobre Internet. Estas medidas han sido exigidas y aplaudidas por los mismos mass media que se veían amenazados. Como no existen órganos reguladores internacionales que filtren los contenidos, las limitaciones geográficas-nacionales se suplen colocando las informaciones en zonas o países no sujetas a control gubernamental. El anonimato también ayuda a la tarea de publicar sin restricciones ya que las reglas permiten escribir para todo el globo desde lugares inciertos sin necesidad de firma directa. La aparición de Internet ha supuesto, en este sentido, un cambio en las relaciones de poder, en la medida en que genera una desaparición paulatina de intermediarios, aunque nunca será total (de hecho, es más necesaria que nunca la existencia de profesionales que ponderen e intermedien sobre

el verdadero valor de cada noticia)[30]. Hasta ahora, ciertos casos se han resuelto con la actuación decidida de los todavía útiles organismos judiciales nacionales o policiales. Aquí cabe coincidir con Lessig cuando afirma que un análisis del tratamiento constitucional de la libertad de expresión centrado únicamente en el Estado sería del todo incompleto. Siguiendo con sus elementos reguladores, también insiste en que la libertad de expresión viene limitada por algo más que el Estado y, del mismo modo, viene protegida por algo más que el Estado. Se llame o no censura, una combinación específica de regulación legal indirecta y restricciones insertas en el código puede limitar la libertad de expresión de manera tan o más severa que una regulación gubernamental directa.

Otro rompecabezas sin resolver es también la privacidad, ya que la cantidad de información sensible personal que existe, los accesos a cuentas privadas, los datos de individuos e instituciones pueden ser fácilamente obtenidos y accedidos. La enorme variedad de bits y bytes importantes que incorporan cuestiones íntimas, bancarias o monetarias, laborales o profesionales, que atenían al honor de la persona, etc., ha ido aumentando en los últimos años. Nos hemos habituado a colocar esa información en lugares accesibles, en servidores abiertos, en páginas visibles, en entornos viables al tránsito del ojo ajeno sin que nadie restrinja su uso.

No obstante, y esto es que quizá lo más llamativo del libro de Lessig, su gran aportación al debate no proviene de la identificación de estas áreas tensas o plazas en disputa (a los que dedica muchas páginas en su libro). Más bien, su gran ruptura consiste, como ya hemos adelantado sutilmente, en formular la idea de que Internet ya está siendo regulada y que las nuevas tecnologías no son espacios neutros, incontrolables y decididamente libres donde no pone la pezuña ningún gobierno, Estado o empresa. La Red es un espacio altamente regulado pero, a diferencia del resto de tecnologías o parcelas sociales, padece una reglamentación invisible e intensa, subterránea pero concluyente: la regulación técnica mediante lo que Lessig denomina «el código» —el software y los protocolos de comunicación, etc.—. Su tesis es dolorosamente antiutópica: el código ejerce un control indeleble e incoloro pero nada inocente sobre las actividades que tienen lugar en Internet. Ante la ausencia de un puño firme que mueva, prohíba o premie a los usuarios mediante derechos legales o intervenciones represivas, es la etérea pero segura modulación técnica la que especifica y moldea los comportamientos online. El código impone qué se puede hacer y qué no de un modo mucho más eficaz que las medidas reglamentarias o legislativas a las que estamos acostumbrados; es el tribunal perfecto para Internet.

Los intereses directos, entonces, remiten a las maniobras indirectas — reglamentaciones técnicas y control del código— como método favorito para asegurarse cuotas crecientes de poder y beneficio. Ya no hace falta que los dueños de la Red repriman de forma coercitiva y violenta. Basta con una cierta vigilancia y una conveniente definición de los canales de participación. Quizás es la paradoja de que, mientras Internet ha producido algo nuevo, el gobierno —presionado por los grandes medios audiovisuales para responder a esa nueva situación— está destruyendo algo muy antiguo: la cultura no comercial. Con la prohibición y prescripción de ciertas conductas aseguran que el colectivo de internautas acabe consumiendo en la misma dirección. Más aún, Lessig redescubre o revisa la historia de Internet al negar esa leyenda de redes interconectadas naciendo libres y emancipadas de cualquier elemento administrativo o rector. La mitología del «no-control» precisamente fue funcional a un tipo de control omnipresente y latente que se materializó de maneras

técnicas y tenues pero efectivas[31]. Lo que ocurrió es que a pesar de que ninguna regulación política o norma geográfica explícita pudo imponerse con solidez sobre el resto, una silenciosa y siempre presente arquitectura del software fue conduciendo los designios de la Red de redes de su mano. Quienes quisieron dominar con efectividad tuvieron que luchar por el control del código. Ahora, abogados, legisladores y picapleitos de medio mundo chocan con esa hipotética no-regulación política pero sí técnica. Esto es, la tecnología es política por otros medios.

En los tiempos más recientes, sin embargo, muchas de estas temáticas anteriores han convergido como afluentes en un gran río que todo lo acapara: las discusiones sobre la «neutralidad de la Red» (network neutrality). La madeja está enredada, el asunto es complejo y, para gustos, también lo son las definiciones sobre dicho concepto. Enunciado en términos conceptuales, el principio de neutralidad propone una red que no tenga restricciones ni por el tipo de dispositivo utilizado para acceder a ella ni por la clase de información que viaja por la misma. Esto es, que ni contenido ni continente estén determinados desde fuera. Muy recientemente, uno de los padres fundadores de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, alertaba sobre la situación actual de la gran Red de forma sintomática —Vinton Cerf también lo ha dicho—. Berners-Lee explicaba que la evolución del gran medio digital se está viendo amenazada por gobiernos y por el paulatino aumento de poder de empresas proveedoras de servicios y de algunas compañías como Facebook, Google o Apple. Esta aparente resistencia a los monopolios reguladores en Internet se ha instalado en las agendas políticas nacionales e internacionales hasta el punto de que la misma Comisión Europea ha tratado el tema. Numerosos movimientos ciudadanos exigen que se garantice la neutralidad de la Red obligando a los proveedores de acceso a Internet —Telefónica, Vodafone, AT&T…— a no priorizar unos contenidos frente a otros (o, por ejemplo, unas redes sociales frente a otras, o unos buscadores frente a otros, etc.). Esto es, se propone una determinada regulación explícita y política de la Red para que no se imponga la regulación empresarial o comercial. La neutralidad de la Red aboga por una regulación antirregulacionista, por jugar un poco con las palabras.

Básicamente y en términos teóricos, la idea de neutralidad demanda que todos los usuarios deberían tener un mismo nivel de acceso técnico —infraestructura, conexión, etc.— e informativo —medios, páginas, buscadores, etc.—; pero, en la práctica, intenta limitar la capacidad de los proveedores, grandes empresas y multinacionales de las telecomunicaciones para bloquear ciertas aplicaciones (el P2P, por ejemplo, por lo que tiene de sistema revolucionario de acceso al conocimiento en tanto que, siendo un sistema en red, elimina el valor económico de la copia y ataca la médula del sistema económico del copyright) o ciertos contenidos —webs, información sensible, etc.—. Estos cercos o bloqueos no sólo pueden tener cariz político sino, que en muchos casos, intentan de forma sigilosa controlar las tuberías de Internet para entorpecer la competencia y asegurarse ventajas comerciales creando escasez artificial. El caso es que pareciera que se pasa de una regulación positiva, que favorece, a la negativa, que impide o restringe. Lo interesante del «movimiento por la neutralidad de la Red» es que refleja una movilización social en el ámbito de la opinión pública ante una sospecha o una amenaza no evidente («una solución en busca de problema», han dicho los detractores de este alineamiento), ante una posible regulación errónea proponiendo una no-regulación productiva, etc. En general, podemos hablar de un cierto eslogan de «manos fuera de las redes», clamando contra los torpes intentos de los grandes mastodontes empresariales de decorar — disimulando— a su gusto el mundo virtual y comunicativo; y también contra las perversas maniobras de la «razón de Estado», que anhela manipular según sus intereses. En general, los partidarios de la neutralidad de la Red promueven una reglamentación de tipo técnico, amparada en una regulación política general; un marco común que la sostenga, que avale y certifique un lugar sin preeminencias, preponderancias o jerarquías marcadas.

La historia de las nuevas tecnologías nos ha malacostumbrado a pensar que existen ámbitos comunicativos fuera de toda regulación y a alimentar utopías algo ingenuas en términos de libertades sin ataduras. Lo que sí es cierto es que, durante muchos años, el método dominante de conducción de las tecnologías digitales fue ingenieril, y definía recursos, protocolos y actuaciones técnicas a cada paso. Las carencias de las reglamentaciones expresamente políticas o legales, tanto por sus imposibilidades geográficas o tecnológicas como por la ausencia de un consenso internacional, propició un tóturn revolútum de instituciones y organismos de muy diversos niveles con el resultado final de una no-regulación directa pero tampoco con una ausencia total de normas o reglas. Se antepusieron, hasta el día de hoy y de forma destacada, las pautas técnicas sobre las leyes políticas. El crecimiento de la Red, hasta niveles de casi un continente planetario, nos enfrenta en la actualidad con crudeza al escenario de dejar que «todo fluya» —con el riesgo de que los grandes de la industria de las telecomunicaciones vayan girando el timón despacio hacia su terreno— o intervenir cortando de raíz los desmanes empresariales e imponerse a los sistemas nacionales. El problema de intervenir puede ser el de generar el efecto del elefante entrando en la cacharrería por el precario equilibrio sobre el que se asentó un mundo tan complejo como el virtual. El inconveniente de no hacerlo es dejar a la deriva una galaxia de interconexiones donde las empresas voluminosas siempre van a acaparar recursos y orientar la maraña de cables hacia su terreno. La excesiva confianza en la autorregulación —de la que pecan muchos progresistas— se suele pagar pecando de liberal y abriendo las puertas al invisible pero omnímodo poder del mercado. Dentro del cosmos de la izquierda, ese cúmulo de galaxias progresistas de diferentes tintas y colores, se ha abusado, en nuestra opinión, de la mitología de la libertad en Internet, de las fábulas de autorregulaciones perfectas y de la preeminencia de libertades individuales sobre opciones colectivas. Se ha abierto la caja de Pandora de los nuevos conflictos de Internet (nada nuevo bajo el sol, la Red reproduce de manera característica la conflictividad previa del mundo predigital) y los gigantes de la Red (en especial empresas de software, comunicaciones, multimedia, etc.) tratan de fiscalizar el nuevo medio.