Los españoles de a pie y su régimen político excepcional

LOS ESPAÑOLES DE A PIE Y SU RÉGIMEN

POLÍTICO EXCEPCIONAL

Cuando en los libros de Historia aparece el nombre de una persona y no lo reconocemos, tendemos a asumir que esta vivió una vida ordinaria y sin interés. Se trata de una presunción especialmente cierta si el lector se considera una eminencia en el periodo histórico del que se trata, pero que ya conlleva el prejuicio de considerar sin relevancia histórica a la inmensa mayoría de las personas que pueblan el planeta, generación tras generación. Aunque el historiador los observe como paja a apartar para encontrar el grano que alimenta su oficio, en realidad son estos mismos sujetos ordinarios los protagonistas del día a día, y los mismos que se benefician, padecen o simplemente se sobreponen como pueden, a las consecuencias de la Historia con mayúsculas. Este libro trata de esa gente que, como usted y yo, no tiene vocación de pervivir en la memoria oficial. Relata las experiencias de los millones de españoles de a pie que vivieron entre 1939 y 1975 bajo el férreo

yugo de Francisco Franco, llamado por sus seguidores el Caudillo[1]. Incluye también este trabajo algunos aspectos pertenecientes a los años de la Guerra Civil, de modo que en total revisaremos casi cuatro décadas de la historia de los españoles.

La gente normal no solo hace la historia, sino que también la percibe de manera diferente a aquellos que ostentan el poder, y a menudo también de a quienes se encuentran en posición de juzgarla desde tribunas académicas cuando ya ha pasado. En todo caso, juzgar el ayer es tan inevitable como complicado. Los historiadores, por ejemplo, cuando explicamos las vidas y el tiempo de esa gente sin historia, lo hacemos con la ventaja de (creer) saber qué fue de ellas. Sin embargo, deberíamos ser conscientes de que resulta muy difícil conocer cuáles fueron sus pensamientos, y en particular lo que en su momento pedían al futuro. Esto es especialmente verdad en el caso del franquismo pues, por su propia razón de ser, las dictaduras se fundamentan en la represión, las mentiras y el silencio. Pero, aun en estas circunstancias, la vida bajo una dictadura ofrece otras cosas y no todas, especialmente en el ámbito privado, son malas. Durante la larga duración del régimen franquista, las vidas de los españoles fueron afectadas por muchas transformaciones sociales complejas, y ocurrieron pequeños y grandes eventos personales, esos que no suelen entrar en las grandes narrativas históricas, pero que fueron muy importantes y afectaron de forma positiva a millones de personas. A pesar de ello, narrar el pasado basándose en esos momentos y logros personales, en lo que podemos llamar intrahistorias —más aún si se hace desde la nostalgia de lo vivido— presenta el riesgo de desdeñar o minimizar el miedo y la represión que dominaron la vida cotidiana de los españoles bajo el franquismo y los límites que marcaron las políticas económicas y sociales del régimen. Este es un equilibrio difícil para el historiador: evitar una lectura absoluta en tonos ideológicos y, al mismo tiempo, no hacer un falseamiento edulcorante del pasado que ignore el sufrimiento de las víctimas.

Como se verá en este libro, los anhelos y las aspiraciones de los españoles de a pie durante la Guerra Civil y después de ella difirieron enormemente tanto de los de sus vecinos europeos durante los años dorados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, como de los que, a pesar de los muchos pesares,

disfrutamos en nuestro país hoy en día[2]. En la actualidad, Europa es un continente libre y los países están culturalmente muy cercanos entre sí. Los europeos nos vemos y nos reconocemos en la televisión, en los intercambios turísticos y escolares, nos conectamos a través de internet, nos encontramos y debatimos en foros comunes, compartimos y consumimos prácticamente la misma oferta cultural, vivimos vidas muy similares y esperamos más o menos lo mismo del mañana. Hace solo cincuenta años las cosas eran muy diferentes. Por ejemplo, en 1957 Franco estaba en el ecuador de su dictadura: llevaba dieciocho años en el poder y aún le quedaban otros tantos de vida. En ese mismo año, países como Reino Unido y España —conectados hoy por apenas dos horas de vuelo en una aerolínea de bajo coste— no podían ser más diferentes. Entonces, el primer ministro Harold Macmillan podía jactarse de que la mayoría de los británicos «nunca había estado mejor», y estaba en lo cierto. Los británicos disfrutaban de libertad y de una prosperidad mejor distribuida que en cualquier tiempo pasado. Esto era el producto del llamado pacto social de posguerra entre capital, trabajo e instituciones públicas, que contribuyó a repartir los beneficios del boom económico de 1947-1974. Una situación similar se daba en otros países del entorno europeo como Alemania, Holanda e incluso en las entonces políticamente inestables Francia e Italia. Pero en la España que Franco gobernaba las cosas eran muy diferentes: no existía pacto social ni libertad, y la vida, al menos para la mayoría, distaba mucho de tener las condiciones de bienestar descritas para sus vecinos de más allá de los Pirineos.

Este era el caso, por ejemplo, de una familia de nueve miembros que, junto al prometido de la hija mayor, acababan la cena en la ciudad de Almería durante una noche de invierno cualquiera de ese mismo 1957. Como era menester, la madre repartía el postre, compuesto por dos naranjas que se distribuían con arreglo al siguiente criterio: los varones tenían preferencia sobre las mujeres y los mayores sobre los más jóvenes. Así, el padre de familia recibía tres gajos, el futuro yerno y cuñado dos, y lo que quedaba se dividía entre el resto (la madre, tres niños y cuatro niñas). Eran pobres. Los progenitores y el yerno eran analfabetos; y aunque todos los hijos habían asistido a la escuela, la abandonaron pronto, y solo el más joven completaría su formación profesional de mecánico. El resto estaba condenado a desempeñar trabajos no especializados: el padre, que había trabajado en el campo, se ganaba la vida como portero en un edificio gubernativo; la madre le ayudaba y limpiaba las oficinas cuando cerraban sus puertas al público; el yerno era pescador; su futura esposa sería sirvienta, trabajadora en una fábrica, cocinera y, finalmente, limpiadora de un colegio; el hermano mayor probaría suerte en el toreo, luego se convertiría en conductor de camiones, después sería chófer de artistas famosos durante los años de los spaghetti western, y más tarde conduciría un taxi; otra hermana se dedicaría a la costura; el resto de las niñas trabajarían de sirvientas la mayor parte de sus vidas; y el otro hermano fue camarero.

Desde su boda en los años treinta, la madre había estado encinta de manera casi continua. Algunos de sus hijos nacieron antes de la contienda, otros durante ella, y la mayoría en la larga posguerra. Como era normal entonces, esta mujer había tenido también abortos espontáneos y varios hijos que no superaron la infancia. Esta situación no se repetiría para sus hijas y nueras. De los reunidos en la mesa solo la mayor tendría cuatro vástagos. El cuarto, un varón, nació en 1963 tras la muerte del segundo de sus hermanos, una niña, cuando todavía era un bebé. Ese cuarto hijo enseña hoy historia en

una universidad canadiense y es el autor de este libro[3].

Las penurias que padeció mi familia reunida alrededor de la triste mesa de esa cena, compartidas a su vez por millones de familias españolas, no eran únicamente el resultado de un contexto «natural» de pobreza, sino que tenían unas evidentes causas políticas. A pesar de ello ni protestaban —o al menos, no en público— ni hablaban de política. Muy al contrario, mi familia, como tantas otras, eligió olvidar aquello que juzgaba inapropiado por peligroso y doloroso. Entre lo primero, estaba que el padre y su consuegro —esto es, mis dos abuelos— habían combatido en el ejército republicano. También que ambos habían votado regularmente a la izquierda e incluso, en el caso del padre de esta familia, llegado a militar en la Unión General de Trabajadores. Pero no eran extremistas. Al estallar el conflicto no se presentaron voluntarios a filas sino que fueron reclutados forzosamente por las fuerzas republicanas. Tampoco ninguno destacó con sus acciones o su bravura en el frente y si sobrevivieron a la guerra fue gracias a que a veces eludieron sus deberes con tácticas similares a las descritas por Jaroslav Hasek en su sátira El buen soldado Svejk. A medio camino entre lo peligroso y lo doloroso, estaba la breve participación de mi abuelo materno en reuniones socialistas clandestinas en la posguerra —mientras mi abuela esperaba en casa, aterrorizada, su regreso— o las actividades del tío del novio pescador, quien vivía exiliado desde algunos años atrás en Orán —entonces la Argelia francesa— después de haber ayudado a huir a aquel país a una partida de guerrilleros republicanos. Sin embargo, su mayor secreto, aquel que se cuidaban de mantener bien oculto, era uno bien diferente y su recuerdo aún estremecía a los adultos de la familia que sabían la verdad de esta historia. Paradójicamente, era un secreto muy visible.

Colgado sobre la pared de la habitación donde cenaba la familia estaba el retrato de un apuesto joven. Vestía el uniforme de oficial de un ejército vencido. La misma foto estaba en las casas de los tíos y tías de la familia extensa. Este muchacho, el primo Rafael, era un teniente de sanidad republicano que había sido confinado en la terrible prisión del Ingenio, en Almería, después de la guerra. De allí lo sacaron para matarlo, lodos sabían que María (mi madre, la hija mayor de la familia), entonces una niña, había sido la primera en conocer el trágico destino del primo Rafael la mañana en que lo ejecutaron, cuando un carcelero grosero se mofó de mi madre y de la cesta de comida que llevaba al ya difunto. «Este pájaro ya no comerá más», le dijo. Pero entonces ninguno de los familiares contaba esa historia a los niños. Yo la aprendí mucho después, cuando el dictador ya había muerto. Ni tampoco hablaba nadie del lugar en que había sido enterrado el cuerpo de Rafael, aunque todos sabían que yacía, junto a muchos otros, en una fosa común sin identificar en el cementerio local, sobre la que, ya en el tardofranquismo, el ayuntamiento construyó nuevos nichos, intentando borrar el horror con la excusa del progreso. Mi familia usó el silencio para sobrevivir a una realidad que no podía cambiar. No anhelaba venganza o, lo que quizás podrá sorprender al lector moderno, ni siquiera libertad. Algunos de mis familiares —como yo hasta casi la adolescencia— incluso llegaron a pensar que Franco era un buen hombre que nada sabía de los crímenes, injusticias y miserias cometidos en su nombre. ¿Acaso no había llegado el indulto del primo Rafael solo unos días después de su muerte? De hecho, cada vez que Franco visitó Almería, varios miembros de mi familia fueron a vitorearle. Poco más podían hacer. Como no les llegaba el dinero para comprar banderas que recibiesen al tirano, tenían que colgar —animados por la visita de la policía política— un mantón o la colcha más nueva que tuviesen en la ventana de su casa. «Entonces teníamos los ojos cerrados» dirían después, en un tiempo muy distinto, mis padres al recordar aquellos años. Solo cuando la democracia volvió finalmente a España mis familiares «abrieron sus ojos», «descubrieron» y «recordaron» lo que durante la dictadura habían elegido olvidar ellos, y que ahora nos contaron a nosotros.

Lo ocurrido con los recuerdos y con las lealtades de mi familia no fue un hecho aislado. Millones de personas que habían apoyado a la izquierda durante la República se vieron forzadas durante las primeras décadas de la dictadura a conciliar sus ideas, su vocabulario, su pasado y sus expectativas, con la dura realidad del franquismo. Ellos se vieron forzados a abandonar toda esperanza de libertad a cambio de poder vivir en paz. Franco aseguraba entonces, como hizo hasta el día de su muerte, que España era una nación europea más, pero que sufría el odio y la incomprensión del concierto de las naciones. Pero su España era excepcional (como lo era también Portugal) dentro de la Europa occidental. Allí, en Europa, y no aquí, se podía elegir democráticamente a los líderes y castigar su mala gestión con la pérdida del poder. En los países ibéricos, desafiar a la dictadura significaba provocar inmediatamente la violencia de Estado y, en el caso particular de España, se temía que confrontar aquella violencia resucitaría el horror de la contienda civil. Atrapados por la lógica política de la dictadura, los españoles de posguerra tuvieron que sacrificar su libertad personal y colectiva a cambio de una paz garantizada por un régimen ineficaz, corrupto, opresivo y criminal. Pero debido al intercambio de libertad por miedo, España no vivió el mismo tipo de progreso que se implantó en la Europa occidental, sino otro distinto, tremendamente tardío, moral y materialmente miserable, y muy desigual.

Este intercambio entre libertad y paz (aunque esta fuese la de los cementerios), por sí mismo devastador, llevó incluido el precio del estancamiento económico del país. Frente a la prosperidad democrática de los países vecinos, la peculiar paz del franquismo dispensó a los españoles de a pie un inconmensurable y prolongado sufrimiento material. Durante décadas, en lugar de obrar en pos del bien común, la gestión económico-social de las instituciones franquistas fue ineficaz en el mejor de los casos, y a menudo tan represiva como indolente. Como resultado, la vida cotidiana fue mísera y los valores sociales y colectivos se hundieron en el pesimismo. El deterioro moral de la sociedad tuvo como víctima preferente a los valores cívicos. Los españoles se volvieron más individualistas y cínicos, buscando el consuelo y el apoyo en la única institución en la que podían confiar, la familia; y en vez de buscar justicia se refugiaron en «el favor». Ambos les permitieron, si no evadir por completo, sí al menos de forma temporal, algunas de las muchas penurias que les acosaban cotidianamente. Pero era un sistema desigual y, por supuesto, lleno de trampas. Obtener un empleo, resolver un trámite administrativo dependía de «conocer» a la persona encuadrada en el régimen más que de la gravedad del problema o la justicia de la causa. Recibir «el favor» podía fácilmente implicar despojar de sus derechos a alguna persona más necesitada, o más capaz. Era un mecanismo moralmente corrupto que creó redes clientelares, en las que el súbdito de Franco necesitaba congraciarse con los sostenedores de la dictadura para resolver sus cuitas diarias. Esta cultura, desgraciadamente, se reprodujo una vez que España adoptó el sistema democrático. Así se conformó una sociedad que aceptó a regañadientes, pero que se adaptó y manipuló, la precariedad mientras los países de la Europa occidental se resarcían y se repartían los beneficios del boom económico. El siguiente es un ejemplo, entre muchos, de lo que decimos. Por ejemplo, en 1930, la renta disponible por habitante en España era un 13 % más baja que la de Italia; en 1950, cuando todavía el «milagro económico italiano» no había arrancado, la diferencia ya era de un 40 %. En aquel mismo año, España era el único país occidental que aún no había

alcanzado los índices principales de producción de 1929[4]. Por eso, a diferencia de los europeos occidentales, los españoles de los años cincuenta no pudieron decir «que nunca habían estado mejor». El Caudillo sí que lo decía.

Si mi familia hubiera oído a finales de la década de 1950 «el parte», como entonces se llamaba a los noticiarios de la radio, seguramente tampoco habría sabido de los dilemas a los que se enfrentaba el régimen. La censura oficial se encargaba de que el ciudadano medio viviera sin conocer la gravedad del tono de los informes internos, que señalaban la necesidad urgente de cambios drásticos en el modelo económico a medida que la inflación se disparaba y las

reservas de divisas desaparecían[5]. La gente de a pie sabía que los salarios iban siempre detrás de los precios pero ignoraba que Franco, el supuesto buen hombre según muchos, se resistía con obstinación a las reformas, a pesar de las evidencias de que la mala gestión económica estaba llevando el país a la ruina. La gente tampoco sabía que los líderes de la Falange soñaban no en acabar con la pesadilla autárquica sino con un viraje hacia valores y políticas fascistas aún más extremos. Esto es, que los falangistas pedían más de lo

mismo, pero con ellos al frente[6]. Por último, ignoraban los españoles que los tecnócratas del régimen, algunos de ellos miembros del Opus Dei —entonces el componente más modernizador del Gobierno franquista— buscaban

adaptar la economía al capitalismo occidental ortodoxo[7].

El Opus Dei era (y continúa siendo) una organización católica ultra-conservadora que se fortaleció tanto gracias a sus contactos con políticos franquistas —empezando por la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco— como por su reconocido celo en reclutar y educar a jóvenes con talento. Pese a lo muy reaccionario de su ideario político, los expertos del Opus introdujeron conceptos técnicos de economía que, con el tiempo, calaron entre algunos sectores de las élites franquistas. En 1957 Franco les dio cabida en su Gobierno a costa de la vieja guardia falangista. Allí impulsaron un programa de liberalización económica orientado a crear una España más próspera, pero dejando intacta la estructura política del franquismo y, por

supuesto, la represión política y social[8]. Este cambio de orientación guio la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional en 1958, la adopción del Plan de Estabilización de 1959, y el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1961. Después de dos décadas de dislates económicos, el franquismo finalmente abrazó el sistema capitalista moderno y comenzó a integrar al país en la economía occidental. Fue un punto de inflexión que cambiaría para mejor la vida de muchísimos españoles, pero que también impulsó al régimen, y le garantizó su supervivencia.

Debido a la longevidad del franquismo, la relación entre la gente y la dictadura fue plural, variable y compleja. Esto ha contribuido a la

problemática de periodizar las diferentes etapas del régimen[9]. En términos políticos, existe un consenso mayoritario en diferenciar dos fases: la primera, filo-fascista, abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la derrota del Eje al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A partir de entonces, el régimen abandonó sus aspectos formales más abiertamente fascistas en favor de una apariencia cristiana y anticomunista. Además, para entonces, lo peor de la represión contra los vencidos había pasado. Esta segunda etapa se caracterizó primero por el apoyo del Vaticano y luego se consolidó con una alianza formal con Estados Unidos en 1953, que trajo ayuda financiera a cambio de la cesión de territorio español para bases militares americanas.

Mientras que la periodización política de la dictadura es relativamente sencilla, el estudio de la historia social y económica del franquismo se complica porque encierra también la transformación de un país esencialmente

agrario en 1939 a otro urbano y moderno a la muerte del dictador[10]. En su conjunto, la mayoría de los estudiosos estiman que hubo tres etapas de desarrollo en el ámbito socioeconómico. La primera abarca hasta 1952 y estuvo marcada por una política autárquica o de subsistencia en la que la privación de productos de primera necesidad causó una hambruna generalizada, que en algunos lugares llegó hasta bien entrada la segunda

mitad de la década de 1940[11]. El régimen autárquico —importado del modelo fascista socioeconómico italiano y alemán con el que el dictador se identificaba— pretendió y consiguió mantener a España al margen de la economía global, incluso a costa de rechazar la oferta de asistencia de Estados

Unidos y del Reino Unido en los años iniciales de la guerra mundial[12]. Durante el periodo de autarquía, el Estado franquista adoptó una actitud intervencionista: reguló el comercio y la oferta interna, trató de controlar la producción y los abastecimientos, e intentó forzar una industrialización fuertemente basada en la inversión pública directa y en la sustitución de importaciones. Como se verá más adelante, los efectos económicos y humanos de la autarquía fueron nefastos. La segunda etapa, entre 1952 y 1959, se ha llamado de transición o seminormalidad. Se trató de una respuesta reactiva y desganada a la catastrófica situación económica. El régimen dio marcha atrás a buena parte de las absurdas medidas adoptadas durante la autarquía, pero sin desmontar el sistema, lo que llevó a que los desequilibrios macroeconómicos se agudizasen en la segunda mitad de la década. El tercer y último periodo se inauguró con el Plan de Estabilización de 1959. Tras las reformas económicas, se entró en un periodo de desarrollo que, en términos generales, marcó la vida material y cultural (en sentido amplio), pero no la política, del país hasta el ocaso de la dictadura. A este periodo se le llamó el del milagro económico español.

Pero la realidad fue mucho más compleja. Entre otras razones porque los cambios en la vida de los españoles de a pie durante esos cuarenta años no fueron homogéneos a lo largo del país. España es un «pequeño continente» con una diversidad singular —enraizada en fundamentos históricos, económicos, sociales y culturales dispares— entre las diferentes regiones y, si usted lo prefiere, naciones que la conforman; es más, esas diferencias, que en ocasiones pueden llegar a ser muy marcadas, también se pueden apreciar dentro de las subdivisiones territoriales. En 1939, la mayoría de la población era rural. La producción agrícola más importante se encontraba en los trigales de Castilla y de Andalucía, donde también se cultivaba el olivo y se producía fruta y vino para exportar. En el noroeste de la península la explotación de la tierra se llevaba a cabo sobre todo en pequeñas propiedades, pero en el suroeste abundaba el latifundio, que empleaba a cientos de miles de

campesinos sin tierra[13]. Al mismo tiempo, el país poseía grandes metrópolis como Madrid y Barcelona o dinámicas ciudades medias como Sevilla, Valencia, Bilbao o Zaragoza. Algunas regiones contaban con un bien establecido y complejo entramado industrial basado en una relativa especialización: extracción de carbón en Asturias y siderurgia el País Vasco; en Cataluña —especialmente en los alrededores de Barcelona— se concentraba la producción textil; Madrid aglutinaba el sector servicios, especialmente en los seguros, la banca y, por supuesto, en la administración del muy centralizado Estado. Otras regiones contaban con industrias de menor calado, la mayoría asociadas a la producción alimentaria y las exportaciones de productos primarios. En cualquiera de estas zonas era posible encontrar, no lejos de los grandes centros urbanos y la opulencia de la burguesía, barrios misérrimos y pueblos y aldeas profundamente atrasadas en todos los aspectos, desde la economía a la educación, o la higiene.

En lo cultural y político también eran muy significativas las diferencias en la España de 1939. La mayor parte de los españoles hablaba castellano, pero el uso de otras lenguas vernáculas en Cataluña, Galicia y, en bastante menor grado, País Vasco, era común, sobre todo en el entorno rural. En Cataluña y en el País Vasco existieron además —hasta su prohibición por la dictadura— partidos y asociaciones de marcado carácter nacionalista. Durante la Segunda República, tanto en estas nacionalidades como en el resto de España, el pequeño campesinado votó en general a la derecha, mientras que los jornaleros sin tierra y la población de los centros urbanos e industriales tendieron a apoyar a la izquierda y a los partidos republicanos. La división ideológica reflejaba además otra de tipo religioso: en las regiones rurales con predominancia de campesinos propietarios, especialmente en el norte, la asistencia a misa era muy alta así como el cumplimiento de las prácticas religiosas; mientras que la clase trabajadora, tanto urbana como rural, era a

menudo indiferente e incluso abiertamente anticlerical[14]. Estas divisiones no desaparecieron con el fin de la guerra —otra cosa es que fuesen negadas por la dictadura— y de hecho resultan cruciales para entender el nacimiento y desarrollo de los movimientos sociales y culturales que se produjeron durante los últimos años del franquismo. Entre otras cosas marcaron el contraste entre la frecuencia e intensidad de la protesta en las regiones más desarrolladas y urbanizadas, con una arraigada clase trabajadora otrora organizada y combativa, y la falta de la misma en las zonas católicas, agrarias, conservadoras y/o tradicionalmente desmovilizadas.

Pese a las diferencias antes citadas, la participación en la Guerra Civil de estos sectores y regiones no estuvo marcada automáticamente por sus condiciones sociales, culturales o políticas. El muy diverso campesinado vasco, gallego y castellano formó el núcleo del ejército de Franco; pero también lucharon con los rebeldes centenares de miles de campesinos sin tierra del sur, que fueron enrolados a la fuerza cuando la zona fue tomada, a sangre y fuego, en las primeras semanas del conflicto por el Ejército de África. Las tropas republicanas, por su parte, se nutrieron de los centros urbanos y del centro-levante peninsular, además del foco norte de Asturias, Santander y la costa vasca. En la guerra, la gente combatió más a menudo donde se le forzó a enrolarse que donde eligió hacerlo. Es más, la mayoría ni se presentó voluntaria ni nunca quiso combatir.

Considerando todas estas diferencias materiales y culturales y los eventos políticos y bélicos, resultaría simplista y artificioso aproximarse a la Guerra Civil como la lucha entre un sector, rico y franquista, contra otro, pobre y republicano, o de las nacionalidades históricas contra España, por la sencilla razón de que hubo centenares de miles de gentes pobres (y decenas de miles que no hablaban castellano) con simpatías franquistas o luchando en los ejércitos rebeldes. Lo mismo se puede decir de las simpatías y la militancia de las personas de clase media, progresistas y muy españolistas alistadas en el

bando republicano[15]. Estas son algunas de las muchas muestras de la variedad de identidades y circunstancias que desafían a las categorizaciones simplistas de la guerra y de la posguerra. A pesar de ello, se puede decir que el resultado del conflicto fue una sonada derrota, confirmada por las leyes y las políticas de la dictadura, de los intereses económicos de los pobres, y en especial de las clases trabajadoras y campesinos sin tierra. Luego, a partir de los años sesenta, también resultaron damnificados los intereses de los pequeños propietarios agrarios, pero esto, como ocurrió en el resto de Europa, se debió al propio desarrollo del sistema capitalista. También perdieron la guerra las identidades nacionales no «españolistas», las ideas laicas y todas las que se situaban a la izquierda del conservadurismo social y cultural más extremo. Como resultado, la España oficial que salió de la Guerra Civil fue un país caracterizado —y hasta caricaturizado— por la intolerancia y los prejuicios ideológicos, esto es, por la falsa unidad impuesta por el muy real

terror del régimen de Franco[16].

Durante la posguerra, los españoles fueron testigos —otra cosa es qué quisieron ver y cómo lo explicaron— del sufrimiento de millones de sus semejantes. Dos fenómenos trágicos marcaron aquellos años. En primer lugar estuvo la brutal y despiadada represión política contra los vencidos que, por dar una idea, provocaría que en 1941 nos acercásemos a la dantesca cifra de 280 000 españoles todavía encarcelados por su simpatía o colaboración con la República. Entre ellos estaban parte de las quizás 50 000 personas que fueron ejecutadas entre 1939 y 1945. Entonces, y después, muchísimos más españoles sufrieron un acoso institucional y social, legal o paralegal,

implacable[17]. Esto ocurrió mientras Franco se jactaba de ser un gobernante europeo normal. El suyo, decía el tirano, era un estado cristiano occidental que, en términos de legislación y logros sociales, se encontraba entre los más avanzados del mundo. La Iglesia, única gran institución autónoma del Nuevo Estado, corroboraba, de forma repetida y entusiástica, esta opinión. La dictadura y el clero afirmaban que la España de posguerra era un país en paz. Pero esta también era una gran mentira oportunista que negaba, con el descaro de quienes ostentan un poder inmenso, dos realidades. La primera negación era que la represión franquista sirvió principalmente para apuntalar el régimen a costa de infundir más odio y rencor, en vez de curar las heridas del pasado. Esta represión, y la intención que la guiaba, no fue normal en el contexto europeo occidental de posguerra (la Europa comunista del Este es otro tema) y desde luego fue mucho más extensa e implacable que las que se produjeron en Francia e Italia contra los enemigos políticos (fascistas, colaboracionistas, etc.) durante la liberación al final de la Segunda Guerra Mundial. El número total de asesinatos políticos y ejecuciones en ambos países —los más cruentos en este tipo de crímenes en Europa occidental entre 1943 y 1946— fue de aproximadamente 25 000 personas. Es decir, que entre los dos países apenas llegaron a la mitad de los ejecutados en España, y ello sin tener en cuenta que en nuestro país había una población tres veces inferior a las de Francia e Italia

sumadas[18]. En ambos casos, la generosidad y el perdón oficial escalonado en la posguerra sirvieron para cicatrizar muchas de las heridas. Además, mientras que tanto en Francia como en Italia los ejecutores fueron en su mayoría grupos antifascistas y guerrilleros, durante el caos y el vacío de poder que siguió a la liberación, en España la represión de posguerra fue un proceso institucional, casi siempre controlado y llevado a cabo por tribunales militares.

La segunda peculiaridad de la política de la dictadura —esto es, el segundo componente de la falacia franquista, que no se puede separar del

primero— fue la represión social[19]. La más dolorosa manifestación de esta fue la hambruna que siguió a la victoria de las tropas de Franco. Se estima que entre 1939 y 1945 unos 200 000 españoles perecieron a causa del

hambre[20]. No existe en la Europa occidental de esos años ningún caso similar, no ya durante la posguerra europea, sino incluso durante la guerra misma. Ni siquiera la muy restrictiva política alimentaria implementada en Francia durante la ocupación nazi entre 1940 y 1944 degeneró en una situación de hambruna comparable a la española. Pese a la dificultad de encontrar símiles, el caso español se asemejaría como mucho a la coyuntura creada por el ocupante nazi en Holanda durante el «invierno del hambre» de 1944, cuando unas 22 000 personas murieron por causas relacionadas, directa o indirectamente, con la inanición. Puesto que la población de este país apenas llegaba a un tercio de la española contemporánea, la hambruna holandesa —que, recordemos, fue impuesta por una fuerza extranjera de ocupación— habría sido solo la mitad de letal que la que Franco desató sobre

su propio pueblo[21]. Para encontrar en aquellos años algo peor que el caso español tendríamos que trasladarnos a la Europa oriental bajo la dominación nazi.

El sufrimiento padecido durante la larga posguerra, y particularmente durante «los años del hambre», fue muy intenso. Pero aunque afectó a la mayor parte de la población, lo hizo de manera muy desigual. Los que murieron fueron los pobres, especialmente si además eran vencidos. De su muerte y del hambre se beneficiaron otros: los ricos y los vencedores. Estos hicieron pingües negocios con los salarios misérrimos que pagaban, los trapicheos de comida y materias primas, y el robo directo y la adulteración de alimentos, incluso los que supuestamente tenían que ser repartidos entre los hambrientos. Se ha dicho lo contrario, y muchos aún lo creen, pero la hambruna no fue un accidente, una consecuencia de la guerra, sino el resultado de unas decisiones políticas en las que el deseo de revancha social y la avaricia se aliaron con la incompetencia del Nuevo Estado. Entre 1939 y 1945, el régimen no solo permitió, sino que legisló, una reducción del salario medio de los trabajadores hasta dejarlo por debajo de la mitad del poder adquisitivo que estos tenían en 1935. En algunos casos —incluyendo amplias zonas del país, como las regiones agrarias del sur— esta reducción fue incluso más sangrante aún. El salario medio de los jornaleros no recobró el poder adquisitivo que había tenido antes de la guerra hasta mediados de los años sesenta (véase gráfico 1).

En un primer momento, el hambre provocó que la gente se volviese al campo intentando sobrevivir. La mano de obra agraria española incrementó su proporción sobre el total de la población activa, y pasó de representar un 45,5 % en 1930 a un 55,5 % en 1940. Salvo por el caso del imperio ruso durante Primera Guerra Mundial, y las revoluciones y la posterior guerra civil que se dieron en aquel país a partir de 1917, no existe en la Europa del siglo XX un fenómeno comparable. Las consecuencias de esta situación fueron mortales para decenas de miles de españoles, y trágicas para millones más. Como resultado, hasta las personas con trabajo (y sus familias) pasaron y murieron de hambre. El periodo entre el final de la Guerra Civil y 1942 fue el peor. Epidemias como el tifus y enfermedades como la tuberculosis se extendieron hasta convertirse en símbolo de los males de aquellos años de

desesperación[22]. Estas enfermedades se cebaron en cuerpos desnutridos hasta extremos que hoy solo asociamos con los lugares más miserables del planeta. La pelagra, un padecimiento bíblico causado por la mala alimentación, se volvió común. Por culpa de la pelagra o por la ingestión de plantas venenosas con las que intentar saciar el hambre atroz, no solo los viejos y los niños (véase gráfico 2), sino incluso miles de jóvenes adultos, completamente sanos hasta entonces, perdieron la visión, desarrollaron úlceras dolorosas en la piel y, con frecuencia murieron en medio de horribles padecimientos. Las huellas de este hambre tan atroz quedarían marcadas en los cuerpos y en las almas de los supervivientes para siempre.

El horror y el sufrimiento de millones de afectados por el hambre no hicieron mella en Franco y en sus generales que, entusiasmados con las medidas que habían fortalecido tanto a su admirada Alemania, creyeron que

la autarquía acabaría funcionando también en España[23]. Podían esperar a que los frutos de sus sueños se manifestasen: el precio de sus decisiones no lo pagaban ni ellos ni sus seguidores de nivel social alto y medio, o que poseían algo de tierra. Impávido en medio de la miseria del país, el Caudillo, a quienes sus cortesanos le decían —y que él decidió creer en contra de informes que afirmaban lo contrario— que no había hambre, se veía como el forjador de un nuevo imperio que contaría pronto con millones de hombres armados, miles de aviones de combate que taparían la luz del sol y docenas de

acorazados para quitar el control de las olas a la pérfida Albión[24]. Ciego ante la catástrofe que desató, en vez de cuestionar la naturaleza del desastre, Franco, de forma repetida y con su habitual frivolidad, echó las culpas del fracaso de sus políticas al «liberalismo económico» como parte del

«capitalismo judío y extranjero». Nunca asumió su propia responsabilidad[25]. Los prejuicios sociales e ideológicos del Caudillo, su ambición desmedida y su manifiesta ignorancia de los principios económicos condenaron a millones de españoles a pasar hambre, y a muchos más a vivir décadas de miseria y penurias. Esto es algo que podrán maquillar, negar o tergiversar pero nunca podrán justificar los apologetas pasados y presentes del régimen: la muerte de tantos inocentes.

Hubo entonces (y ahora) otras muchas más excusas para justificar el desastre, cuyas verdaderas dimensiones, sin embargo, el régimen admitió a veces en documentos confidenciales pero nunca reconoció en público. Se le echó principalmente la culpa a los daños de la guerra (y luego a las supuestas sequías) pero, en contra de lo que se diría después, la contienda civil española no afectó con gravedad a la agricultura. Fue, repetimos, la doble adopción de una economía autárquica —por la que la economía española quedó aislada del mundo y de sus socios comerciales tradicionales, Reino Unido y Francia— y de un modelo de intervencionismo gubernamental, tan intenso como incapaz, lo que hizo que las cosechas, en vez de alimentar a los españoles, se perdiesen

en el mercado negro[26]. En consecuencia, el coste de la vida se disparó y los salarios, hundidos, fueron insuficientes para alimentar a las familias. Si una persona no tenía bastante dinero, propiedad o producía poco, no tenía otra salida que ponerse en manos del Estado. Pero, a causa de la ineficacia y de la corrupción, los productos a menudo escaseaban en los centros de distribución oficiales, y los que llegaban solían estar adulterados. En todo caso, el racionamiento fue concebido como un complemento, no un sustituto, del mercado libre. Esta fue la trampa en la que perecieron los pobres: la diferencia entre lo que el cuerpo necesitaba y la suma de lo que el bolsillo podía pagar y lo que el Estado racionaba. Dicho de otro modo, 200 000 españoles murieron porque no pudieron pagar la comida que vendían los estraperlistas, o la que atormentaba sus estómagos desde los escaparates bien surtidos de las tiendas de ultramarinos, ante la injusticia, la corrupción y la indiferencia de las autoridades. En un país donde cientos de personas eran fusiladas diariamente por diferentes razones, y donde la Iglesia bendecía a los verdugos, un solo funcionario franquista fue ejecutado en toda la posguerra (a finales de 1941) por corrupción. Es más, según parece, este individuo fue en realidad ajusticiado no por lo que robó y por el sufrimiento o muerte que pudo

causar, sino por sus actividades políticas de falangista disidente[27].

El hambre fue un negocio. Durante la década de 1940, e incluso en la siguiente, productos de primera necesidad como el trigo o el aceite de oliva fueron vendidos en el mercado negro a precios dos o tres veces superiores al oficial, y a veces incluso más. Los beneficios obtenidos fueron enormes, especialmente para los grandes latifundistas y aquellos con las necesarias conexiones políticas para garantizarse la impunidad. Pero la participación en el mercado negro se extendió por toda la sociedad. Millones de pequeños campesinos también obtuvieron su parte. Más abajo en la cadena de beneficios, otros millones de personas tuvieron también que echar mano del «estraperlo», como se decía entonces, aunque fuese de intermediario

ocasional, para poder sobrevivir[28]. El hambre y el mercado negro no solo corrompieron los valores de la sociedad de posguerra sino que dejaron también una profunda impronta en la memoria colectiva de los españoles, marcada por una preocupación a veces obsesiva por la comida.

Los años de represión y de hambre —precedidos por otros de guerra, discordia, horribles asesinatos entre republicanos y franquistas, bombardeos de las grandes ciudades y desplazamientos forzosos de población— conformaron las vidas y los valores de las generaciones que los sufrieron. A día de hoy, muchos de los intrínsecos patrones sociológicos y políticos de los españoles pueden adjudicarse a los traumáticos años de la contienda y a las opresivas circunstancias del periodo de posguerra. Pero los recuerdos sobre la represión política y la autarquía pueden variar mucho entre aquellos que los vivieron asociados al régimen y aquellos que solo los sufrieron y callaron, porque no tenían nada que ganar o porque aún podían perder más en los tejemanejes de aquella España cruel y mísera.

Los padecimientos de posguerra duraron mucho tiempo. Pese a las reformas parciales de 1952, la economía fue dando traspiés, de crisis en crisis, durante el resto de la década. Continuaron los embotellamientos en el abastecimiento y la distribución de productos, y se dispararon la inflación, el déficit comercial y la carencia de divisas. También en este periodo se produjeron las primeras oleadas de huelgas masivas bajo la dictadura. Ni siquiera el advenimiento de la asistencia norteamericana (487,8 millones de

dólares entre 1954 y 1957) evitó el riesgo creciente de colapso económico[29]. Solo con la puesta en práctica del Plan de Estabilización de 1959 se logró afianzar el proceso industrializador y se inauguró el despegue económico del país (véase gráfico 3).

Entre 1960 y 1975 la renta nacional se duplicó. El crecimiento del PIB, con una media anual cercana al 7 % (véase gráfico 4), llegó a sobrepasar al de cualquier otro país occidental, excepto Japón. La inversión extranjera se disparó desde los 40 millones de dólares en 1960 a los 697 millones una década después. A este éxito contribuyó que la soleada y agradable España se convirtió en un popular destino de vacaciones, con más de 30 millones de turistas en 1975, frente a los escasos 6 millones de 1960. Estos visitantes desembolsaron aquel año más de 3000 millones de dólares. Pero los turistas no fueron los únicos que viajaron en España y que hicieron posible el milagro

económico[30]. Entre 1950 y 1975 unos 6 millones de españoles —un 20 % del total de la población— cambiaron su lugar de residencia. La mayoría fueron campesinos que abandonaron el agro por la ciudad, pero más de 2,3 millones de personas emigraron a Europa, de forma permanente o, lo más frecuente, temporal. Los movimientos migratorios de aquel periodo condenaron a desaparecer a una España rural secular, desatando así un rápido proceso de cambio social y cultural tanto en el campo como en la ciudad. El modelo de desarrollo exigió que la población residiese donde se invertía el capital. Esto, que siempre conlleva altos costes sociales y personales, ocurrió en casi todos los procesos industrializadores del mundo. Pero en España el sufrimiento no se amortiguó —como se debía y se podía haber hecho— por parte de las autoridades. Como en otros aspectos que hemos visto, la actuación de estas fue una perfecta combinación de ineficacia, indiferencia y autoritarismo dirigido más a controlar que a solventar los problemas de la gente.

A la muerte de Franco en 1975 España era un país moderno, industrial y mayoritariamente urbano, pero los beneficios del desarrollo económico y social no se habían repartido de forma equitativa entre todos los diferentes sectores sociales y áreas geográficas. La disparidad de rentas entre ricos y pobres se había incrementado entre 1964 y 1967, y solo a partir de 1970 empezó a reducirse. Esta injusticia se acumuló a muchas otras anteriores. Por eso en 1974 la mitad de la población acaparaba cerca del 79 % del total de la renta nacional disponible (y de este porcentaje un 40 % iba para el 10 % más

rico) mientras que la otra mitad recibía solo el 21 [31] % restante. En términos geográficos, más de la mitad de la renta nacional se concentraba en el 11 % del territorio, mientras que, en el otro extremo, el 14 % de la riqueza se repartía en el 53 % de la geografía española. Por orden descendiente de su actividad económica, perfil social y concentración de riqueza, España se dividía a principios de la década de 1970 en cinco regiones: el primer puesto lo ostentaban las áreas industriales del País Vasco, Barcelona (y otras zonas de Cataluña) y Asturias; Madrid, con un sector servicios muy activo y también con tejido industrial, ocupaba el segundo puesto; capitales de provincia con una clase media sólida y actividad pequeño-empresarial como La Coruña, Santander, Zaragoza y Valencia aparecían en tercer lugar; las superficies de pequeña explotación agrícola del interior y norte de Castilla, León y Galicia ocupaban el cuarto; el último lugar quedaba para las grandes regiones latifundistas y los centros urbanos empobrecidos de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Las zonas comprendidas en los grupos cuarto y quinto estaban afectadas a su vez por una prolongada sangría demográfica que, particularmente en el sur, coexistía con altísimos índices de pobreza, analfabetismo y un déficit agudo de servicios sociales e infraestructuras.

Los cambios sociales y económicos acaecidos durante los últimos años de la dictadura han llevado a difundir dentro y fuera de España la idea de que el franquismo fue responsable de la exitosa transición del país a la

modernidad[32]. La tesis defendida por este libro es justamente la contraria. Si se llegara a ignorar —lo que ya es más que mucho— la brutalidad de los años cuarenta y la miseria de los cincuenta podría llegar a afirmarse que, efectivamente, desde un punto de vista técnico, el desarrollo de España fue posible gracias a la política de liberalización de 1959. Pero lo que olvidan los valedores de Franco es que el «milagro económico» se llevó a cabo gracias a la extraordinaria situación de explotación y sacrificio que padecieron los españoles de a pie y en particular el campesinado sin tierra y las clases trabajadoras. Los miembros más pobres de la sociedad española soportaron primero el peso de las políticas crueles y reaccionarias, de la mala gestión económica de las dos décadas de autarquía, y luego el de la desigualdad durante la mayoría de los quince años de desarrollismo, y fueron los últimos en beneficiarse de este progreso tardío.

Volviendo al argumento «técnico». Existen dos logros fundamentales en el desarrollo español que pueden atribuirse al régimen, si bien ambos fueron alcanzados merced a un precio social muy alto. Su primer mérito fue abandonar en 1959 la política autárquica, después de veinte años de fracasos, y adoptar el capitalismo ortodoxo que ya había probado su éxito en el resto del continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo mérito del franquismo fue ofrecer al capital nacional e internacional una mano de obra disciplinada y barata. Esto lo consiguió el régimen mediante el asesinato de líderes sindicales, la destrucción de organizaciones representativas y la imposición generalizada del terror y de la opresión socioeconómica durante y después de la guerra. Esto es, que el origen y base del modelo franquista estuvo en la combinación de miedo y hambre. Gracias a esta doble premisa pudo tener lugar la óptima explotación del trabajo tanto por el Estado como por el capital privado. En los años sesenta, con las políticas macroeconómicas correctas y con los trabajadores controlados, el franquismo garantizó un ambiente positivo para la inversión. Por esta razón no fueron los ciudadanos, sino el capital —tanto local como extranjero— el que «nunca había estado mejor» en España. Y esto no solo por el bajo nivel de los salarios o los caros y a menudo deficientes productos que el proteccionismo comercial español obligaba a adquirir a los consumidores, sino también por los deficientes servicios puestos a disposición de los trabajadores. En este sentido, el desarrollismo franquista recuerda mucho al «milagro económico» de la China comunista actual. En ambos casos la represión y el férreo control estatal —que conviven con la corrupción— dieron paso a medidas liberales económicas propias del laissez faire más descarado. El franquismo ofreció grandes incentivos a la inversión de capital, entre los que destacaban: exenciones fiscales, mano de obra barata y

disciplinada y un mercado de consumo subyugado[33].

Este modelo de desarrollo, de nuevo como en China, se basó en un escaso nivel de redistribución de la renta vía recaudación progresiva de impuestos y gasto social. España no contó hasta 1977 con un sistema de tributación moderno, lo que además de ser una bendición para las clases más pudientes significó también que el Estado tenía una capacidad muy limitada para gastar. Los datos son palmarios. En 1965, el impuesto de la renta representaba solo un 14,3 % del total recaudado por el Estado (la media de la OCDE era del 26 %) y el gasto público solo ocupaba un 15 % del PIB (la media de la OCDE era del 31 %). En 1970, el gasto en el sector público se había incrementado hasta el 20 % del PIB, lo que era una proporción raquítica si se compara con el 38,6 % de Alemania, el 51 % de Francia, el 43 % de Italia o el 53,2 % de

Reino Unido[34]. Esto significa que el precio del «milagro español» se sustentó primero en la represión y el hambre, y luego, de forma superpuesta, en la combinación de turismo, emigración e inversión extranjera. Estos tres últimos factores aparecen siempre en los manuales que analizan la economía española contemporánea, a los que les cuesta mucho más reconocer que la explotación de los trabajadores fue el otro factor clave que impulsó el desarrollismo franquista. Estamos hablando de los salarios misérrimos, la falta de servicios sociales y de educación para los pobres. En definitiva, el mérito del milagro hay que atribuirlo no tanto al régimen y sus políticas erráticas, como al sufrimiento desproporcionado y constante de aquellos que trabajaron duro, consumieron poco, malo y caro, y no recibieron la educación, la sanidad, las casas, las calles asfaltadas, etc. que deberían haber dignificado sus vidas. Los pobres —esa mayoría de la población de la que tanto se olvidan los economistas ortodoxos— hicieron la España moderna de la que tanto se ufanó la dictadura.

En los capítulos que siguen, este libro explica con más detalle cómo — tras las políticas, fechas y datos— se desarrollaron las vidas reales de los españoles de a pie. Quiere contar las historias tal y como sus protagonistas las vivieron y recuerdan, contrastándolas a menudo con la versión oficialista de los hechos que se narran. El primer capítulo muestra cómo se vivió la violencia política, la represión y la formación de una atmósfera generalizada, pero a menudo callada, de terror; además de la consiguiente manipulación de estas experiencias por parte del régimen. A continuación, en el capítulo segundo, se analiza el precio social que los españoles tuvieron que pagar por las decisiones del franquismo en el ámbito socioeconómico, y cómo los intereses de la mayoría fueron los últimos en ser tenidos en cuenta en el proceso de distribución de la riqueza. En el capítulo tercero, el libro examina el impacto del fenómeno migratorio, el declive del modo de vida tradicional rural y cómo la búsqueda de mejores condiciones en las ciudades afectó y cambió a la gente. El capítulo cuarto analiza cómo el desarrollo social, demográfico, económico y cultural cambió los valores y la vida diaria de los españoles. En último lugar, el capítulo quinto explora la diversidad de perspectivas y opiniones en la sociedad durante los últimos años de la dictadura, y cómo los españoles se deshicieron poco a poco de los miedos del pasado y establecieron las bases para una rápida y relativamente pacífica transición democrática entre 1975 y 1977.