Capítulo 2. El coste social de la dictadura

CAPÍTULO 2. EL COSTE SOCIAL DE LA

DICTADURA

 

Un argumento reiterado por la propaganda de la dictadura fue que, en contraposición con otros países europeos de posguerra, durante cuarenta años la España de Franco gozó de una paz privilegiada. Para aquellos posicionados en las altas esferas de la pirámide social esto, desde luego, fue cierto: el intervencionismo en la economía nacional y en las vidas diarias de los españoles de a pie les vino muy bien a las clases pudientes. Tanto control estatal pudo ser incómodo, pero prácticamente no tuvo un coste apreciable para ellos, y los beneficios fueron obvios. Incluso si las carencias en los servicios fueron enormes y las infraestructuras del país pésimas, la abundancia de una mano de obra sumisa y la seguridad en las calles compensaron de sobra molestias y deficiencias. En cambio, para millones de españoles pobres la Paz de Franco solo trajo miseria. Sin voz ni representación política, quedaron expuestos a la explotación laboral, a la humillación cotidiana y, lo que es aún peor, al hambre y a la muerte. Nadie padeció más duramente la falta de responsabilidad política de Franco que aquellos que no podían producir su propia comida, que no tenían propiedades o que solo podían trabajar de manera estacional. Esta fue la situación en la que se encontraron si no la mayoría sí al menos una inmensa minoría de los españoles: trabajadores y campesinos sin tierra, viudas y huérfanos sin recursos (en especial si eran familiares de «rojos») y personas con discapacidades físicas o mentales. Fueron estos mismos quienes más sufrieron la hambruna callada de la España de Franco de los primeros años cuarenta — una de las tragedias menos conocidas de la Europa occidental contemporánea — y los efectos de la imposición de una doctrina económica irracional y criminal: la autarquía. Este sufrimiento fue especialmente acusado en las periferias de los grandes centros industriales y en el agro de la mitad sur peninsular, donde la Guerra Civil y la consecuente represión descoyuntaron al movimiento obrero y campesino, y donde los perdedores de la guerra

quedaron aterrorizados[160].

 

Del hambre a la miseria

 

Fueron muchos los casos de hambruna masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis la provocaron en diferentes periodos y con variada intensidad en Polonia, Grecia, los guetos judíos del Este de Europa, la Unión Soviética, e incluso en Holanda. Antes, los soviéticos la infligieron a su propia población en parte como resultado de sus políticas económicas de socialización de la tierra (en realidad, expropiación violenta del campesinado). En España también se produjo una hambruna masiva pero, a diferencia de los nazis, y en cierto modo como los soviéticos, no fue impuesta por un enemigo invasor e implacable sino por el desdén, la corrupción y los prejuicios del Gobierno nacional y de sus seguidores hacia los pobres. Este asesinato a gran escala y callado exigió una complicidad masiva, y de este modo fueron muchos, desde altos cargos burocráticos a pequeños propietarios, los que participaron con su silencio medroso. Pero, además, millones de españoles se aprovecharon, por necesidad o codicia, de la triste suerte de sus vecinos para prosperar o por lo menos para comer lo que a otros se les negaba. En cierto sentido, Franco y sus cómplices tuvieron suerte: el hambre en la España de aquellos años pasó bastante desapercibida para los observadores internacionales porque ocurrió de manera coetánea a los terribles eventos de la Segunda Guerra Mundial y porque tuvo lugar en un país relativamente remoto y sin interés. La máquina propagandística del régimen ocultó los hechos, que jamás fueron mencionados en los libros de historia o en las escuelas, ni en las conmemoraciones posteriores del Movimiento Nacional organizadas para mayor gloria del Caudillo. Es así que incluso en la España de hoy la escala de la tragedia es desconocida, o presentada como un aspecto menor y desafortunado de nuestro pasado que sucedió durante, pero no necesariamente por culpa de, la dictadura. Y pese a ello, aquellos que la sufrieron, y que, si viven, hoy son personas ancianas, saben bien lo mortal que era ser pobre a principios de los años cuarenta, como también recuerdan a las víctimas cercanas que el hambre se llevó por delante y las largas noches que pasaron en la cama pensando (o más bien soñando) con un bocado que llevarse a la boca.

El caso de V. Z. es uno más de entre millones. Estas son las iniciales del nombre de un niño vasco que fue enviado por sus padres al extranjero (concretamente a Bélgica) durante la Guerra Civil. A su regreso a la España liberada se encontró, como muchos otros, política y socialmente en el bando de los vencidos. De aquellos años recuerda sobre todo «miseria, miseria, miseria y hambre… hambre y miseria. ¿Qué te voy a contar? Hambre… hambre a todas horas, soñaba con la comida cuando me metía en la cama…

hambre a todas horas»[161]. Lo que estas palabras cuentan es la experiencia humana que se esconde detrás de las cifras. Un estudio de 1941 sobre los niveles de nutrición de los españoles mostró la existencia de un déficit a escala nacional en el consumo del 61,5 % en grasas, 66,2 % en carbohidratos y 66 % en calorías. Esta es la media pues, aunque hubo millones de españoles que comieron bien, al mismo tiempo otros millones más quedaron atrapados muy por debajo de estos índices. Peor aún, el problema, lejos de ser transitorio, persistió, atenuado, pero de forma no menos dramática para sus víctimas, durante muchos años. En 1955, la media de consumo de calorías per

cápita todavía estaba en un 10 [162] % por debajo de la de 1935.

Durante la Guerra Civil hubo grandes carencias de alimentos y muertes por inanición, especialmente en las áreas urbanas bajo dominio republicano al final del conflicto a causa de la ruptura de los canales de abastecimiento desde las regiones productoras, en buena parte controladas por los franquistas. El hambre primero y la muerte después se intensificaron con la llegada de las tropas «liberadoras» y con la instauración de las políticas de racionamiento y del sistema autárquico. El hambre se introdujo ahora en áreas donde antes no se había padecido ni siquiera la escasez como, por ejemplo, en las Islas Baleares. El archipiélago, salvo Menorca, había permanecido fiel a Franco en 1936, y los años de guerra transcurrieron con relativa normalidad (si no tenemos en cuenta los fusilamientos masivos); incluso las industrias textil y del calzado obtuvieron grandes beneficios por sus ventas al ejército rebelde. Pero los años cuarenta fueron una historia muy distinta. La economía local se derrumbó. La industria del calzado, de producir 3 millones de pares en 1941 pasó a facturar solo 10 000 en 1946. Al mismo tiempo, la producción (al menos la oficial) de cereal en 1947 representaba un 60 % de la prebélica, en parte por la falta de fertilizantes y, con seguridad, porque mucho de lo que se producía acababa en el mercado negro. Las consecuencias sociales del derrumbe económico se notaron muy pronto. En enero de 1941, antes incluso de que se desatara con toda su fuerza la crisis, la Falange local dio cuenta en un informe confidencial de que casi no quedaba comida en los mercados y que los desorbitados precios hacían que lo que había fuera inasequible para los trabajadores. Muchas familias se alimentaban exclusivamente de naranjas y un 40 % de los niños mostraba signos de tuberculosis. Mientras que las gentes «favorecidas por la fortuna» disfrutaban de «una vida fácil», porque con su dinero podían comprar casi de todo, la miseria era visible en fábricas y talleres donde los trabajadores con frecuencia se desvanecían por falta de

alimentos[163]. Para 1946, la situación en Baleares había degenerado tanto que la gente afirmaba, de nuevo según un informe confidencial, que «estaban peor

que si estuvieran viviendo en una colonia [africana]»[164].

Las condiciones en zonas industriales como el País Vasco, o en las mucho más atrasadas Baleares, eran pésimas, pero eran peores aún en la España meridional, donde el desempleo, el predominio de los latifundios y una industria minera en decadencia contribuyeron aún más a conformar un panorama social no ya sobrecogedor sino de puro horror. En 1940 y 1941 llegaron informes al Gobierno desde diferentes zonas meridionales sobre personas enfermas con unos síntomas extraños: primero les daban terribles dolores al intentar caminar, luego las extremidades comenzaban a sufrir temblores y finalmente quedaban inmóviles, y, al mismo tiempo, en muchos casos perdían la visión. Al parecer, esta nueva enfermedad estaba originada por la falta de vitaminas (casos similares se registraron en Cuba durante los estragos del «periodo especial» en los años noventa) y la ingestión de hierbas

venenosas[165]. El doctor Janney, miembro de la Rockefeller Mission (que ayudó a paliar las desesperadas condiciones sanitarias y alimenticias en España) informó en 1941 de que la hambruna en la costa mediterránea y en el sur «debía ser estudiada in situ para ser creída» y que los individuos adultos «consumían un tercio de las calorías necesarias» y los niños «apenas un

quinto»[166].

Estas realidades contrastaban de manera radical con la retórica triunfalista de la dictadura. Según escribió, con nulo sentido de la ironía, en 1941 uno de los apologetas del régimen en un libro sobre la economía nacional, «España está claramente en su camino», a pesar de que el conflicto internacional

dificultaba su «progreso»[167]. Más mendaz aún, el principal asesor económico de Franco, Higinio París Eguilaz, hizo llegar al dictador un informe el año previo donde, además de echarle la culpa de las dificultades económicas a las «políticas liberales del pasado», afirmaba que «no podemos

decir que hay hambre en España»[168]. Frente a esta visión tan feliz, los diplomáticos británicos estacionados en España (y entre ellos, especialmente aquellos destinados en Andalucía) enviaron a Londres numerosos informes donde se describía cómo los obreros eran incapaces de trabajar con normalidad por la falta de alimentos y que muchos de ellos se desmayaban en sus puestos de trabajo. El cónsul británico en Sevilla opinaba en marzo de 1941 que la situación alimenticia iba a peor y dio cuenta de las numerosísimas

muertes que se estaban produciendo en hospitales «a causa del hambre»[169]. Otro informe británico, también de 1941, basado en los estudios de comisiones médicas en Cáceres y Badajoz, aseguraba que miles de personas no habían comido otra cosa durante meses que hierbas hervidas en agua salada y pronosticaba que hasta dos millones de españoles perecerían a causa

del hambre en el futuro inmediato[170]. Afortunadamente estas previsiones se mostraron exageradas, pero las observaciones en que se basaban no eran imaginarias: el hambre y la miseria siguieron matando en masa en el sur. Solo

en la provincia de Jaén uno de cada tres recién nacidos murió en 1942[171]. Allí y en otras partes, familias enteras, a menudo envueltas en harapos y sin calzado, deambulaban por el campo en busca de cualquier cosa —higos, maíz, melones, etc.— que llevarse a la boca, sufriendo a menudo la persecución y las palizas de propietarios y guardas agrícolas. Aunque la mayoría de las estimaciones sitúan en más de 200 000 los muertos por hambre

durante la posguerra, en realidad no sabemos la cifra exacta[172].

Esta hambruna no fue producto de un intento deliberado de eliminar a una población hostil, como fue el caso de las acciones nazis en Europa del Este, pero los resultados fueron con frecuencia muy similares. En la España de posguerra había suficiente comida para alimentar a las masas hambrientas, cuyos padecimientos pudieron haber sido evitados. Es más, la gente podía ver las vitrinas de las tiendas y los mostradores de los mercados repletos de productos, pero estos les resultaban a menudo inasequibles. El fracaso de la política de racionamiento radicó no en su implantación en sí misma, sino en cómo se llevó a cabo y en su función dentro del contexto sociopolítico en la que fue ejecutada. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Reino Unido como en la Alemania nazi el sistema de racionamiento ayudó a combatir las desigualdades alimentarias, e incluso a reducir la malnutrición infantil entre los más pobres. En el primer caso, porque los británicos vivían en una sociedad democrática y tenían derecho a votar; y en el segundo, porque la dictadura nazi, tan criminal en otros aspectos y lugares, creía en la

salud de la «comunidad racial»[173]. En la España de Franco ninguno de estos supuestos se cumplieron y, pese a las profundas carencias, la distribución de alimentos estuvo lastrada por la incompetencia y la corrupción masiva, y fue incapaz de compensar la reducción deliberada y brutal de los salarios. Es más, el racionamiento nunca buscó alimentar completamente a la población —el número de calorías repartidas siempre fue insuficiente para ello— sino paliar

la escasez[174]. Por eso, en nuestro país, lo que el racionamiento consiguió fue distorsionar el mercado y matar.

El hambre de los años cuarenta fue consecuencia de una doble decisión de favorecer los intereses del capital y de un cálculo interesado y equivocado — que no se corrigió— de las necesidades de los pobres. Frente al padecimiento de millones de españoles, los patronos se beneficiaron de los salarios bajos, los agricultores (y en particular, los grandes propietarios agrícolas) se enriquecieron con el negocio del estraperlo, los falangistas y los burócratas tomaron también su parte del pastel y los bancos, que disfrutaban de un régimen de monopolio, acumularon y administraron a sus anchas las ganancias conseguidas legal y extralegalmente con la especulación y con el mercado negro. La distorsión comercial y las oportunidades de fraude eran evidentes cuando, por ejemplo, en 1945 el kilo de trigo se vendía a 0,84 pesetas en el mercado oficial mientras que alcanzaba entre 2,75 y 10,75 en el de estraperlo; o el aceite de oliva se vendía a 5,19 pesetas por litro pero llegaba en el mercado negro a las 16, o incluso 35 pesetas. Alguien se lucraba con estas transacciones. Este alguien podía ser tal vez un modesto pequeño propietario o una madre desesperada tratando de proveer para su familia. Pero los pingües beneficios quedaban para los que iban a lo grande: latifundistas, miembros del funcionariado y, en ocasiones, hasta el mismísimo gobernador civil que estaba encargado de sofocar las actividades de estraperlo. Estos peces gordos eran prácticamente inmunes y, si acaso eran denunciados, el peso de la ley por «calumniar» a una autoridad o a personas de respeto caía sin contemplaciones no sobre el delincuente sino sobre el atrevido e incauto

acusador[175].

El hambre fue un escándalo evidente, al que solo sus víctimas se atrevieron a poner nombre. Cuando la Cámara de Comercio de Bilbao, en un informe sobre la economía provincial en 1944, dio cuenta de forma un tanto aséptica de que la «comida disponible» no permitía la «reconstitución de la fuerza muscular» cansada por el trabajo, estaba expresando las inquietudes por las consecuencias negativas para ellos, los empresarios, y quizás también

para los seres humanos que sustentaban esa «fuerza muscular»[176]. Pero una cosa era quejarse de que los obreros no podían trabajar y otra exigir cambios profundos, o pagar salarios más altos para acabar con el crimen. Ni el régimen ni quienes poseían la riqueza hicieron mucho para corregir la situación, y lo poco que hicieron fue bastante ineficaz. La muerte por inanición siguió azotando las regiones más pobres de España hasta mucho después de que se olvidasen las palabras asépticas y las metáforas. Todavía en 1950, el gobernador civil de Almería daba cuenta en su informe anual para el Ministerio de la Gobernación de que en los años anteriores, además de las muertes por epidemias (predominantemente tifus), había habido frecuentes

casos de personas que habían muerto de hambre[177]. En 1953, un año después de que se acabase el sistema de racionamiento, en esta misma provincia, las autoridades sindicales calculaban que unos 89 500 trabajadores y sus familias no tenían suficientes ingresos para obtener las calorías «necesarias para la

subsistencia»[178].

El hambre y la miseria fueron resultados directos de la corrupción y de la ineficacia, pero también de los prejuicios de Franco, pues cuando resultó patente lo desastroso de la situación, el Caudillo se negó a reconocer sus errores y a modificar su política. Además de decenas de miles de muertos más, esto significó en el ámbito macro-económico que el país perdiese más de una década de desarrollo económico. En España, los niveles de producción prebélicos de 1936 no fueron alcanzados hasta principios de los años cincuenta, cuando en la mayoría de los países europeos que sufrieron directamente la guerra mundial los mismos niveles de 1939 fueron recobrados entre 1947 y 1948. Incluso la dictadura portuguesa y la semidemocracia griega tuvieron mucho más éxito que el franquismo en relanzar sus

economías[179].

En vez de cambiar radicalmente de política, el régimen trató de esconder con mentiras el desastre socioeconómico que él mismo había causado. En 1953, el Gobierno llevó a cabo un estudio sobre los salarios a partir de la información suministrada directamente por las empresas. Era un supuesto ejercicio de transparencia… pero también una enorme falacia apoyada por numerosos datos falsos. Estos fueron cotejados con el salario medio de 1936 y con el incremento de los precios durante el mismo periodo. Los resultados eran reconfortantes: el poder adquisitivo de los trabajadores en 1953 se suponía representaba entre un 82 % y un 85 % del de 1936. Incluso se afirmaba que en algunos sectores, como los ferrocarriles y otros monopolios estatales, los salarios sobrepasaban ya el 100 %. Es más, al incluir el valor de los servicios administrados por la seguridad social, estos resultados aparecían sobre el papel como más positivos aún: supuestamente, los trabajadores estaban recibiendo ahora ingresos invisibles superiores a los de antes de la

guerra hasta llegar su salario medio real al 110 [180] %. Pero fuentes confidenciales, y por supuesto nunca publicadas, indicaban una realidad muy diferente. En el periodo 1948-1949, el poder adquisitivo de los salarios era

apenas un 50 [181] % del de 1936. Y aún peor, como dejó claro un informe sindical de 1950, no se trataba solo de que los salarios fuesen inferiores a los de antes de la guerra sino que además ahora «la distribución de la renta

nacional era menos favorable para la clase trabajadora»[182]. Este análisis de uso restringido estaba mucho más cerca de la verdad que el anterior, lo que viene confirmado, por ejemplo, por un estudio reciente sobre salarios y precios en Madrid entre 1947 y 1951. Este muestra que, mientras que los precios se incrementaron en un 100 % durante esos años, la paga de, por

ejemplo, un capataz de la construcción creció poco más de un 25 [183] %. Otras fuentes franquistas, de nuevo confidenciales, apoyan también estos datos. En 1956, la rama sindical de Industrias Químicas aseguraba que el trabajador medio del sector cobraba un jornal de 26,18 pesetas al día (menos las 1,16 pesetas que se llevaba la seguridad social) pero que el coste medio de mantener a una familia compuesta por cuatro personas era de 50,44

pesetas[184]. Esta depreciación salarial era sentida incluso por quienes tenían trabajos relativamente bien remunerados. Según otro informe sindical de 1958, un trabajador del metal con mujer y un solo hijo (nótese que las familias eran entonces a menudo mucho más extensas que esto) debía trabajar

15,20 horas diarias para cubrir las necesidades familiares «con dignidad»[185].

Estos eran los sueldos de la élite del proletariado. Para el personal no especializado, y sobre todo para los jornaleros, los salarios eran mucho más bajos, si es que trabajaban pues el desempleo estacional entre estos últimos era rampante. En 1949 había 400 000 personas oficialmente desempleadas en todo el país, la mayoría en el sector agrario y en la construcción. El desempleo rural se concentraba en el sur, mientras que el de la construcción

lo hacía en Madrid y Barcelona[186]. El paro entonces no solo significaba pobreza, sino una miseria extrema que podía llevar a la muerte. En un informe de 1952 sobre la provincia de Jaén el gobernador civil reconoció la existencia de unas 20 000 personas en paro permanente a las que en ciertos meses, especialmente entre agosto y diciembre, había que sumarles otras 58 000 más. El efecto de una pobreza a tal escala era sobrecogedor. Los falangistas resumieron la situación diciendo que mataba «la vida de la población trabajadora», particularmente en los años de malas cosechas pues ni los subsidios de desempleo ni los comedores públicos podían hacer mucho por remediarla. El citado informe recordaba lo que ya había pasado en Jaén en el año mortal de 1946, cuando en aquella provincia se produjeron el 25 % de

todas las muertes por inanición de España[187].

Esta miseria llovía sobre mojado, y no era ni mucho menos circunstancial. En un informe anterior de 1951, la Falange de Jaén estimó que unas 20 000 familias tenían como máxima aspiración «un pedazo de pan y aceite durante todo el año para poder subsistir, el vestido, el calzado y la vivienda hace mucho tiempo que dejó de preocuparles». Vivían en la miseria más absoluta en cuevas o chabolas «en muchos casos con un rudimentarismo [sic] que había superado el hombre del Paleolítico». A estas familias había que sumar otras 60 000 más para quienes su máxima aspiración era encontrar el pan y el aceite «para no perecer» durante los «cinco o seis meses» del año en que no había trabajo. Los dos informes que acabamos de citar coincidían en que los niños no podían ir a la escuela porque pasaban su tiempo pidiendo caridad

para intentar no morirse de hambre[188].

El hambre no era solo una cuestión política o social, sino también de género, ya que estas horrorosas condiciones de vida eran más frecuentes en aquellas familias que tenían solo a una madre al frente, pues las mujeres estaban aún peor pagadas que los varones, y a menudo su salario les era abonado solo en especie. Una mujer empleada del hogar que trabajaba entre diez y catorce horas diarias podía ganar entre 2 y 5 pesetas al día a principios de los años cuarenta, con lo que no llegaba para mantener a una familia. En muchos casos, se trataba de mujeres cuyos maridos estaban desaparecidos — es decir, enterrados en fosas comunes, sin nombre ni historia— o cumplían condenas en prisión. Por supuesto, no recibían siquiera la magra pensión a la que tenían derecho las viudas de soldados franquistas. Al estar en el bando de los vencidos, el nuevo orden católico de la Paz de Franco decidió que ellas y sus retoños no merecían nada.

Si carecían del apoyo de su clan familiar, a esas mujeres a menudo no les quedaba más remedio que ejercer la prostitución. En los primeros años cuarenta, una prostituta podía conseguir entre 5 y 25 pesetas diarias, o hasta 75 pesetas si trabajaba en una casa de citas de cierto prestigio. Los prostíbulos y casas de citas no eran solo lugares de sexo mercenario; en algunos casos representaban también una fuente de sustento familiar y comunitario. No era raro que varias generaciones de la misma familia fueran empleadas y residieran en un mismo establecimiento, incluyendo niños y maridos. El recurso a la prostitución llevó a un incremento de las enfermedades venéreas tras la guerra a pesar de la nueva (o más bien la recuperación de la más reaccionaria) moralidad propugnada por el régimen. Según el Patronato de Protección de la Mujer, el órgano oficial para la reeducación de mujeres «perdidas» y «caídas», en 1941 hubo cerca de 65 000 casos de sífilis en el país; seis años después, esta cifra se incrementó hasta casi los 268 000. Como el número de prostitutas oficialmente registradas como tales permaneció por debajo de 10 000 durante este periodo, el incremento de enfermedades de transmisión sexual probablemente se debió al aumento de la prostitución

clandestina llevado a cabo por no profesionales[189]. El número de prostitutas oficiales solo empezó a reducirse a mediados de los años cincuenta cuando la coyuntura económica (o al menos, la disponibilidad de alimentos) mejoró. Puede suponerse que entonces el número de prostitutas ocasionales también

declinó[190].

El hambre trajo miseria, muerte y humillación a los que la padecieron, pero representó también una suerte de oportunidad política para los demagogos del régimen ávidos de poder. Entre ellos, aparte del mismo Franco, nadie hizo un uso más desvergonzado y oportunista de las desgracias de los españoles que los miembros de la Falange cuya retórica de justicia social preconizaba de forma repetida una impronta más social e igualitaria a la dirección política del país. Sus remedios eran confusos, pero expresados con toda la teatralidad y demagogia por las que los camisas azules eran tan bien conocidos. Veamos un ejemplo, y hay muchísimos más, del chiste sin gracia en la empobrecida Ciudad Real. Durante una reunión provincial del partido en 1955, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento aseguró que sería necesario bajar los precios de los alimentos, especialmente de «aquellos productos clave en la dieta de los trabajadores» y que se debía «prestar más atención a los asuntos económicos si no [querían] que arruinaran» nuestras políticas. Por su parte, el jefe provincial de los servicios sanitarios exigió que se incluyesen «más vitaminas» entre los productos alimenticios. No quedándose corto, el jefe de los sindicatos añadió que «la mala situación [debía] ser resuelta cuanto antes» o de lo contrario podría desatarse una huelga general como la de Barcelona en 1951, además de recomendar el cierre de economatos reservados al funcionariado porque podían ser «objeto de rechazo entre las clases necesitadas». El gobernador civil lanzó más tarde una enérgica denuncia contra intermediarios y minoristas, asegurando también que, paralelamente a la bajada de los precios, la prioridad continuaba siendo «el problema del desempleo» porque, con independencia de los precios, «parte de la clase trabajadora no [podía] comprar nada». Los asistentes coincidieron en resaltar la actitud antipatriótica de estraperlistas e intermediarios y proclamar que la Falange defendía la bajada de los precios, haciendo un llamamiento a todos sus miembros a «cooperar con esta campaña patriótica» y a mostrar su repugnancia ante los presentes niveles de escasez como una situación «contraria a los deseos» de su líder nacional «el Generalísimo Franco». El gobernador civil (quien era a su vez miembro del Consejo Nacional del Partido) clausuró la reunión con las siguientes palabras: «la Falange se ha vuelto más solidaria con el público prestando su ayuda en servicios y lugares donde sea necesario». Tras esto, todos entonaron el Cara al Sol y el jefe provincial dio los habituales vivas que

fueron secundados con entusiasmo por los presentes[191].

Y otro ejemplo más de la broma, quizás tan patética como la previa. Ese mismo año, los falangistas de Almería, provincia mísera donde las hubiera, dedicaron el mayor tiempo de una reunión similar a la organización de diversas actividades del partido y, en particular, a su contribución a los actos de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Mar, para la que destinaron amplios fondos públicos. La reunión, no obstante, no descuidó recomendar el estudio de «la presente situación económica y alimenticia de las clases medias y bajas de cara a paliar de cualquier manera posible la situación» que padecían. Como una medida inmediata, se acordó financiar la construcción de dos pisos en el barrio de los pescadores, donde miles de personas vivían en cuevas y chabolas. El acta dejó constancia de que las

nuevas viviendas serían adjudicadas a «dos camaradas»[192].

 

Supervivencia

 

La dictadura miró primero por los intereses de sus simpatizantes; luego, dentro de los exiguos recursos disponibles y con una mentalidad excluyente e inclemente, trató de ayudar a los demás. A imitación del Auxilio de Invierno nazi, la Falange creó el Auxilio Social. Este abrió una amplia red de comedores públicos, a cuyo cargo estuvieron las mujeres de la Sección

Femenina[193]. Su labor de alimentar a los pobres, cuando contaban con recursos en sus alacenas —lo que no ocurría siempre— fue en muchos casos notable, pero obviamente insuficiente para evitar que muchos perecieran por falta de alimentos. Aunque de manera muy errática y confusa, el régimen también emprendió la construcción de una red primitiva de seguridad social. En 1942 creó el seguro médico obligatorio. Este tenía como cometido ofrecer prestación sanitaria a los trabajadores y sus familias. Su desarrollo fue muy lento. En 1953, solo 530 000 trabajadores estaban cubiertos, lo que incluyendo a sus respectivas familias significaba aproximadamente 1,6 millones de personas (menos de un 6 % de los 28 millones de habitantes de la España de entonces). Pero en ese momento, lejos de haber progresado de forma continua, su cobertura había declinado, ya que el total de individuos asegurados aquel año era ligeramente menor que los 1,62 millones de

1949[194]. Tanto los trabajadores como los patrones recelaban de este sistema, ya que estaban obligados a asignar parte de los sueldos a cambio de la cobertura médica, lo que era muy oneroso en un periodo de alta inflación y bajos salarios. Además, el servicio era a menudo superficial, afectado por la indolencia burocrática y a veces ofrecido con notoria grosería. Más que un derecho podía parecer una caridad.

Una de las mayores contradicciones de la política social del régimen se basaba en que mientras que sus medidas económicas, y en particular, la autarquía y la política de salarios bajos, estaban causando la inanición de los más pobres, aquel iniciaba, continuaba y extendía programas, algunos de creación republicana, para mejorar la salud de niños y madres. El seguro de maternidad, introducido por primera vez en 1931 durante la República, fue incluido por la dictadura en 1944 en el plan de seguro médico. Como otros dictadores contemporáneos, Franco estaba obsesionado con el control de la mujer devolviéndola al hogar, entre otras cosas para que tuviera más hijos, que estos creciesen sanos y que, como futuros soldados, hiciesen a la patria más grande. Para conseguirlo, el régimen usó dos instrumentos fundamentales: los servicios de la Sección Femenina de la Falange y el desarrollo del programa de seguridad social. En 1947, Auxilio Social controlaba ciento sesenta centros, en treinta y nueve provincias, dedicados a mejorar la nutrición de niños desfavorecidos. Ayudaban en la labor otras instituciones para madres lactantes, así como algunas guarderías y orfanatos. En el campo, las llamadas visitadoras rurales introdujeron nuevas prácticas y conocimientos que contribuyeron a mitigar algunos de los problemas sanitarios más graves. Por su parte, a la altura de 1947, el programa de cobertura sanitaria había abierto 250 ambulatorios y nueve hospitales con

aproximadamente 4500 comadronas al servicio del Estado[195]. En un momento en el que todavía la mayoría de los nacimientos ocurrían en casa, enfermeras y comadronas, en estos centros o en sus visitas domiciliarias, tuvieron un papel crucial en reducir la mortandad infantil y la femenina posparto.

Aunque estas iniciativas fueron en la dirección adecuada, estuvieron limitadas por la falta de recursos y por la mala gestión de la política sanitaria, que estaba lastrada por una maraña organizativa y la superposición de funciones. La división de responsabilidades entre la Falange, los sindicatos verticales y la seguridad social nunca fue clara, lo que añadió de forma innecesaria confusión y burocracia. En todo caso, pese a los muchos méritos y a la desinteresada dedicación, honestidad e industria de quienes participaron en estas iniciativas, fueran voluntarios o profesionales, sus esfuerzos no pudieron compensar el hambre y la catástrofe sanitaria causados por la autarquía.

Ante la dejadez, incompetencia, corrupción y falta de medios del Nuevo Estado, los españoles se las tuvieron que apañar con sus propios recursos. De entrada, los pobres se vieron obligados a participar en las mismas actividades criminales que hacían sus vidas tan miserables, sobre todo en el mercado

negro[196]. Las mujeres en particular fueron activas estraperlistas. Moviéndose a menudo en pequeños grupos, iban del campo a la ciudad acarreando con gran peligro personal pequeñas cargas de las que obtenían escasos pero imprescindibles beneficios que les permitían alimentar a sus hijos. También abastecían los mercados clandestinos trayendo mercancías y comida de contrabando a través de la frontera con Francia, Portugal, Gibraltar y el norte de Marruecos. Por ejemplo, en el Portugal de la posguerra los artículos de lujo provenientes de las colonias como el café o el azúcar no eran difíciles de conseguir. Tenían precios asequibles allí y se pagaban bien en España. Los riesgos no obstante eran altos, ya que la gente normal metida en el mercado negro no contaba con la impunidad de quienes organizaban las grandes operaciones.

Paula era una más de entre esa gente humilde «durante los años del hambre», cuando en su pueblo «no había nada». Apenas una adolescente en la Huelva de posguerra, ella cruzó con frecuencia la frontera de Portugal esquivando las patrullas de la Guardia Civil y sus homólogos lusos, la Guardinha. De noche y con grupos de vecinos y familiares, Paula marchó muchas veces con una pesada carga por barrancos y arroyos, resguardándose en cuevas y escondiéndose donde podía. Paula compraba tres o cuatro kilos de harina, café, azúcar o garbanzos en una granja o vivienda lusa y luego volvía a España con ella. Ella sabía bien que, en el supuesto de ser capturada, la mercancía le sería confiscada y podría ser golpeada, sería desde luego multada y quizás hasta enviada a prisión sin que, en su caso, hubiera nadie a

quien recurrir[197]. No todos los casos eran iguales ante la ley. La experiencia de D. J. y sus compañeros en Murcia contrasta con la de Paula y demuestra la importancia de tener contactos. Pese a pertenecer a un grupo bien organizado, D. J. y sus amigos casi creyeron verse atrapados por la Guardia Civil mientras conducían tres carretas de trigo de estraperlo. Fue solo un susto. El cacique local de la aldea de El Raal, que también andaba metido en el asunto, les aseguró que no temieran «incluso si oían los pasos de la Guardia Civil» detrás de ellos porque estos «le debían muchos favores» ya que les había dado de comer muchas veces. «Traficaba con mulas y era muy rico», dijo mucho tiempo después D. J. recordando al cacique Pepe Luis, pero se «portaba muy

bien con nosotros»[198].

El cacique Pepe Luis se enriqueció durante los años del hambre, pero al menos mostró su benevolencia hacia los más pobres. No todos se comportaron así. Un tal Paradela, alcalde de Amoeiro, en Orense, resultó ser de una calaña muy diferente, según los recuerdos de Juan Dacoba:

Cuando era alcalde, Paradela estraperlaba la tasa de azúcar, aceite y harinas que daba el Estado y

él no la repartía a las tiendas. Estuvimos cinco meses sin recibir el racionamiento; preparaba un

camión de madera y dentro llevaba los sacos de harina y bidones de aceite para estraperlarlos en

Vigo. ¡Y la gente se quedaba esperando con la boca abierta! […] Después estuvo […] encargado de

pagar las pensiones […] ¡Amenazaba a los viejos con sacarles del subsidio si no le daban sesenta

duros bajo mano y se hizo rico con aquello[199]!

 

El doble rasero legal entre pobres y poderosos era ubicuo. En las Islas Canarias la política autárquica y proalemana del franquismo había llevado al Reino Unido a preparar planes de contingencia para su posible ocupación. La dictadura decidió mantener el archipiélago bajo el control militar durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. El llamado periodo del Mando Económico (1941-1946) fue devastador tanto para los negocios como para la mayoría de la población. La exportación y el flete de embarcaciones, ambos pilares de la economía isleña, decayeron muchísimo mientras que, por el contrario, el estraperlo y el contrabando experimentaron una gran expansión. En el caso del segundo, esto no era ni mucho menos un fenómeno nuevo en las islas. Lo que si era nuevo fue el nivel de represión, que recayó de forma exclusiva en el pequeño y mediano contrabandista (el llamado cambullonero) que tradicionalmente comerciaba con las embarcaciones extranjeras. También era nueva la absoluta falta de control sobre las élites locales, quienes gracias a sus conexiones con el régimen manejaron con impunidad la mayor parte del

mercado negro durante, y mucho después, de la guerra mundial[200]. Esta situación fue denunciada por una autoridad de Santa Cruz de Tenerife en 1950. Según esta, el estraperlo a gran escala había resultado en «fortunas colosales» que representaban «una ofensa a los ciudadanos honrados» que tenían que lidiar con las dificultades cotidianas para conseguir comida y que

veían subir los precios de forma constante[201].

Los pequeños comercios de comestibles fueron cruciales para la organización del mercado negro, pues los vecindarios y pequeñas aldeas solían contar con al menos un establecimiento a través del cual las autoridades gestionaban el racionamiento. En teoría, los minoristas recogían el género directamente de la sede del consistorio local y, en base a las cantidades disponibles y a las diferentes cartillas de racionamiento, lo distribuían entre la gente. En la práctica, las cosas eran a menudo muy diferentes. En primer lugar, era muy común que el género no llegara o que lo hiciera en cantidades insuficientes. En segundo lugar, con una corrupción descontrolada entre las autoridades locales y los concejales a cargo de los abastos y sus asociados, era práctica común que se apropiaran de parte del género, llenando primero sus despensas y beneficiándose después con la venta del resto, que a menudo adulteraban o que sustituían por otro de calidad inferior. Comerciantes amigos o familiares de las autoridades solían estar envueltos en el hurto, porque a menudo eran precisamente sus tiendas las designadas por aquellas para repartir los abastos. Por último, los minoristas también se apropiaban de una parte o sustituían los productos por otros. Lo que quedaba era lo que el consumidor compraba a precios oficiales.

Sería no obstante injusto tildar a los pequeños minoristas de parásitos que se aprovechaban de los apuros de sus vecinos. Ellos solo hacían lo mismo que casi todo el mundo (que podía) para sobrevivir. Pero es que además, y en especial en pequeñas localidades y barrios obreros, los minoristas solían proveer a crédito (especialmente a personas con reputación de honestas) todo tipo de productos, desde alimentos a calzado, funcionando en la práctica como prestamistas. Las compras a crédito eran anotadas meticulosamente en libros de cuentas en dos columnas: en una aparecían el género y la cantidad a

pagar y en la otra el reconocimiento de la deuda por parte del cliente[202]. En el código moral de los pobres, lo adeudado debía ser pagado cuando las cosas mejoraran. Cuando no era así los deudores eran con frecuencia objeto de la crítica del vecindario, y sus posibilidades de crédito futuro se veían muy mermadas. Estas críticas no solo eran una censura a conductas moralmente reprensibles o «feas», sino también a las que ponían en peligro un mecanismo de supervivencia de la comunidad.