Nota del Autor

máxima ante la siguiente declaración, suministrada anoche por las autoridades suecas:

«El doctor Martin Philips ha solicitado y recibido asilo político en Suecia. Él y su esposa se hallan bajo protección. En un plazo de veinticuatro horas se hará público un documento redactado por el doctor Philips para informar a la comunidad internacional sobre un grave atentado contra los derechos humanos perpetrado bajo la égida de la medicina experimental. Hasta ahora, el doctor Martin Philips había sido obligado a callar sus opiniones por un consorcio de vastos intereses, incluido el gobierno de los EE.UU. Una vez que el documento haya sido dado a la publicidad, el doctor Philips convocará una conferencia de prensa televisada, bajo los auspicios de la televisión sueca.»

No se sabe en qué consiste, exactamente, el «grave atentado contra los derechos humanos», aunque la extraña secuencia de sucesos que rodearon la desaparición del doctor Philips ha suscitado toda clase de cábalas y especulaciones. La especialidad del doctor Philips incluye la interpretación computada de imágenes médicas, lo cual difícilmente puede violar la ética de la experimentación. Sin embargo, la reputación del doctor Philips (los investigadores más célebres consideran muy probable que este año reciba el Premio Nóbel de Medicina) le asegura una gran repercusión. Obviamente, el caso ha de ofender profundamente la moral del doctor Philips para llevarlo a arriesgar su carrera en este drástico y dramático paso. También sugiere que el campo de la medicina no es inmune a sufrir su propio Watergate.

NOTA DEL AUTOR

Las investigaciones sobre el ser humano llevadas a cabo desde la Segunda Guerra Mundial han creado complejos problemas relacionados con el empleo de pacientes como sujetos de experimentación. Resulta evidente que no habría sido posible contar con esos sujetos si hubieran conocido cabalmente el uso que se haría de ellos. 1

Este es el comentario que a modo de introducción encabeza un artículo en el que un reconocido catedrático de Investigaciones sobre Anestesia, de la Facultad de Medicina de Harvard, describe veintidós ejemplos que, de acuerdo con su opinión, violaron la ética médica. El profesor eligió los ejemplos de un grupo de cincuenta casos y menciona también en su artículo

a un profesor inglés que confeccionó una lista de quinientos casos.2 No se

trata de episodios aislados o poco frecuentes, sino de un problema

endémico que se desarrolla a partir del sistema básico de valores inherentes

a la imagen del médico investigador engendrada por la actual comunidad

médica dedicada a la investigación.

Consideremos algunos ejemplos…

En los últimos años ha sido noticia en la prensa y tema de una grabación en video para televisión realizada por el programa Sixty Minutes un experimento en el que estuvieron involucrados varios organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Estas organizaciones se valían de algunos de sus miembros -completamente ignorantes de la situación- para determinar sobre ellos los efectos de distintas drogas alucinógenas. Un experimento llevado a cabo sobre pacientes de avanzada edad a quienes se les inyectó células cancerosas vivas, sin su consentimiento, resulta más alarmante y se aproxima más a la línea argumental de CEREBRO.3 En el momento de realizarse esa investigación, los investigadores no sabían si el cáncer se extendería o no; aparentemente, se arrogaron el derecho a decidir que, siendo los pacientes tan ancianos, la cuestión, en realidad, carecía de importancia.

Son numerosos los casos en que se ha inyectado material radiactivo a personas totalmente desprevenidas, a retrasados mentales que se hallaban

internados e, incluso, a bebés recién nacidos.4 De ninguna manera pueden

justificarse estos procedimientos por el beneficio terapéutico que ello

reporta al individuo y no cabe duda de que esas personas estuvieron sujetas

al riesgo de lesiones y enfermedades, sin contar los malestares y dolor que

debieron soportar. Por otra parte, los resultados obtenidos de esta clase de

estudios son a menudo de escasa relevancia y contribuyen más a engrosar la

bibliografía del investigador que al adelanto de la ciencia médica. Muchos

de estos experimentos, como es sabido, fueron aprobados por agencias

gubernamentales de los Estados Unidos.

En el curso de otra investigación se inyectó suero infectado a unos setecientos u ochocientos niños mentalmente retrasados, con el objeto de

producirles hepatitis.5 Aparentemente, este estudio fue aprobado y

apoyado, entre otros, por la Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas.

Se alegó contar con el consentimiento de los padres pero las circunstancias

llevan a preguntarse cómo se obtuvo ese consentimiento y qué grado de

información les fue suministrado a esos padres previamente; aún más,

¿acaso el consentimiento paterno ampara los derechos del sujeto? La

cuestión es: ¿alguno de los investigadores habría consentido a que un

miembro mentalmente retrasado de su propia familia participara en ese

estudio o en cualquiera de las otras investigaciones mencionadas? ¿Habrían

permitido ellos que uno de sus familiares fuera sujeto de esos

experimentos? Lo dudo sinceramente. El elitismo cultural sustentado por la

medicina y la investigación médica crea una sensación de omnipotencia y,

con ella, una ética moral doble.

Sería irresponsable suponer que la mayor parte de las investigaciones sobre seres humanos que se realizan en los Estados Unidos se basa en principios faltos de toda ética, porque eso, definitivamente, no es cierto. El estímulo a la investigación existente en nuestros centros médicos universitarios sigue siendo tan poderoso como siempre y el entusiasmo que, por consiguiente, ello suscita así como el ambiente de competencia profesional pueden hacer perder de vista las posibles consecuencias negativas para los pacientes. Además, no ha sido hasta hoy convenientemente resuelta la confusión de valores existentes entre el riesgo

para el paciente-sujeto y el posible beneficio para la sociedad.6 Por otra

parte, la idea de que el consentimiento del paciente evita todo posible abuso

ha demostrado ser absolutamente errónea. Tomemos como ejemplo el caso

de cincuenta y una mujeres que fueron sujetos de estudio con una droga

experimental para inducir el parto. Todas ellas firmaron un documento de

consentimiento pero lo hicieron en circunstancias muy poco honradas. Una

investigación al respecto dejó en claro que muchas de esas mujeres habían

dado su consentimiento en el momento de ser internadas o, incluso, en la

misma sala de partos.7 Al ser entrevistadas, se comprobó que casi un

cuarenta por ciento de ellas no tenían conocimiento de que habían sido

sujetos de tal experimento, aun cuando, efectivamente, habían dado su

consentimiento para ello. Uno de los métodos más sutiles usados para

obtener el consentimiento fue el de explicar que se estaba estudiando «un

medicamento nuevo»; los investigadores sabían muy bien que el adjetivo

«nuevo» sugería que el preparado en cuestión era mejor que «un

medicamento anticuado».