Capítulo 2. El coste social de la dictadura

Si acaecía una enfermedad grave, desempleo o cualquier otro desastre y la familia o los amigos eran incapaces de prestar ayuda económica, la gente pobre también podía recurrir a las casas de empeños. Este tipo de negocios, que aceptaban toda clase de bienes muebles (juegos de cama, cubertería, joyería, bicicletas, etc.) eran por lo general regentados por los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros, que estaban bajo el control de la Iglesia. También, para un pequeño préstamo, las familias recurrían a intermediarios independientes, conocidos en algunas regiones como «teleros», que a su vez operaban con establecimientos comerciales específicos. Si alguien necesitaba un par de zapatos o un traje, los teleros imponían un límite sobre cuánto podían gastarse y eran ellos mismos (y no el comprador) los que abonaban la cantidad directamente a la tienda. Posteriormente, el comprador devolvía a plazos el importe del crédito, más el interés (o gabela), al telero. Este sistema se mantenía todavía en activo en los años setenta, hasta el punto de que muchos españoles pobres adquirieron así su primer equipo de televisión, aunque ya para entonces las letras y la venta a crédito directa por parte de las tiendas se habían impuesto entre los consumidores.

En todo caso, la familia fue la herramienta fundamental para sobrevivir a los años del hambre. Mientras que otras naciones europeas estaban construyendo sociedades del bienestar más acordes con el mundo moderno, en nuestro empobrecido país —donde la política y lo colectivo habían sido secuestrados y enmudecidos por el régimen—, era en el ámbito privado donde los españoles, especialmente los más desfavorecidos, tenían que buscar su sostén social y económico. Desde luego, proteger a la familia y centrarse en ella era más importante y menos peligroso para el español medio que pedir el cambio social. Por eso, durante el largo invierno de la autarquía y bastante después, la familia continuó siendo el único sitio que les quedaba a los abuelos cuando alcanzaban la vejez y no podían valerse por sí mismos. Prestaba además un servicio en el cuidado de los más pequeños cuando los padres y los jóvenes en edad de trabajar debían ausentarse durante el día o incluso meses o años. La familia proveía alimentación gratuita a aquellos familiares que no podían permitírsela. Daba también cobijo a matrimonios jóvenes sin fondos para procurarse su propio hogar. Ayudaba a comprar, si se podía, la máquina de coser o la bicicleta, o, cuando era posible, dar la entrada para una casa. En la familia se podía ahorrar, a veces. Por esta razón, era común encontrar a diferentes generaciones conviviendo bajo el mismo techo, mirando por el otro y discutiendo entre ellos mientras trataban de mantener un mínimo de independencia, de privacidad y de dignidad. No hay que idealizar esta situación. No era un arreglo fácil para nadie, pero para los pobres resultó ser la solución más barata o la única posible frente a tanta miseria.

Las madres jugaban un papel predominante en el mantenimiento de la supervivencia familiar. La relación entre estas y las hijas era crucial, pero funcionaba con frecuencia dentro de un amplio marco operativo donde se incluían otros familiares (tías, primas, sobrinas o nietas) y algunas veces, también vecinas necesitadas o sin familia propia. A través de las mujeres se distribuían los recursos y, si había necesidad, se gestionaban los conflictos. Los maridos entregaban el jornal a sus mujeres, o al menos era la expectativa común, sin preocuparse de lo que se hacía con él, pero se guardaban una pequeña parte para sus propios gastos, «sus vicios». Al final del día eran las mujeres las responsables de que hubiera comida en la mesa y ropa limpia para la jornada siguiente.

Además de los escasos recursos que proporcionaba el Estado, la única alternativa a la familia era el socorro de la caridad católica, o la de las autoridades locales y provinciales. Echar mano a estos recursos conllevaba a menudo la imposición de una serie de condiciones degradantes y de un estigma familiar y colectivo. Por ello era moral y socialmente preferible mantener a familiares seniles o cuidar de un sobrino huérfano en el hogar familiar —aunque apenas si se le pudiese dar una cama en un rincón y un plato de comida— que enviarlos bajo el cuidado de los, a menudo justamente temidos, hospicios y asilos. Muy solo había que estar y muy pobre ser, y hasta desgraciado, para acabar así.

 

Las humillaciones de la miseria

 

Cuando el profundo fracaso económico se hizo evidente, el régimen arguyó que la miseria se debía a las consecuencias de la Guerra Civil (en especial a las destrucciones de los «rojos»), a las dificultades de la guerra

mundial, a la sequía y al boicot internacional[203]. El franquismo trató en todo momento de correr un tupido velo sobre la realidad de que la pobreza del país era el producto de la autarquía y del mantenimiento de unas estructuras socioeconómicas que el régimen no solo falló en desmontar, sino que respaldó plenamente. Por eso, quienes sobrevivieron a los años cuarenta todavía vivían vidas miserables y desgarradoras en los cincuenta e incluso en los sesenta, décadas después de que remitiera el boicot internacional y cuando ya había llovido mucho. Los graves efectos de la miseria fueron especialmente duros en el agro del sur peninsular. La base del problema residía en la concentración de la tierra en pocas manos y en la falta de oportunidades para cientos de miles de personas que apenas podían trabajar unos meses al año. La guerra podía justificar por qué en el año 1940 112 303 campesinos sin tierra y 376 187 mujeres aparecían en las estadísticas como permanentemente inactivos en Andalucía, pero no por qué en 1950 estas

cifras eran, respectivamente, 132 [204] 682 y 343 705. Cuando había sequía, el desastre y el hambre se intensificaban.

Los años 1945, 1946 y 1949 fueron nefastos, pero también lo fue 1954, quince años después de que las tropas de Franco marcharan victoriosas por las calles de Madrid. Fue este último un año en que la sequía afectó gravemente a la producción de trigo, aceite de oliva y la industria vinícola en Andalucía. En Córdoba, durante el otoño de aquel año del Señor los índices de desempleo, que ya habían sido alarmantes durante el verano, se volvieron, según los

representantes del Gobierno, «angustiosos»[205]. Para paliarlos, las

autoridades recurrieron al incremento de las obras públicas[206]. En la vecina Jaén había en septiembre de 1954 al menos 35 000 parados y se estimaba que

otros 10 [207] 000 habían emigrado en las semanas previas.

Las tragedias de los pobres ofrecían una excelente oportunidad a los falangistas para practicar su ya clásico populismo y denunciar la miseria; pero debajo de este discurso apenas podían esconder a quiénes servían realmente. Solo dos años después, el sufrimiento del campesinado sería utilizado por esos mismo falangistas para la defensa de los intereses de los grandes propietarios. En febrero de 1956, coincidiendo con una carencia momentánea de mano de obra en la provincia de Jaén, los representantes de los sindicatos agrarios informaron que se sentían satisfechos con la situación, sugiriendo que, pese a que los jornales se mantenían todavía a la zaga de los precios, la prohibición de trabajar los domingos debía levantarse «en interés de nuestra economía» y porque «la difícil situación de nuestros trabajadores mejoraría» con un día más de jornal por semana. Nótese que para estos sindicalistas de camisa azul la justicia social pasaba por trabajar más por peonadas de hambre,

pero no por subir el salario[208].

Cualquiera que se hubiera molestado en conocer el asunto de cerca sabría que un día más de jornal no cambiaba mucho. Un estudio de Acción Católica de 1953, basado en información compilada por el Consejo Socio-Económico de Sevilla, institución controlada por la Falange, concluyó, después de analizar el crecimiento salarial en veintidós ocupaciones diferentes entre 1936 y 1953, que el poder adquisitivo de los jornales agrícolas se había reducido a la mitad durante ese periodo. Esta regresión de la calidad de vida era particularmente severa para el campesinado sin tierra, del que se estimaba que un 15 % estaba desempleado de manera permanente. Los trabajadores obtenían una media semanal de 70 pesetas de jornal (en realidad, 40 pesetas al incluir los días sin trabajar) mientras que se calculaba que para que una familia media pudiera cubrir sus necesidades básicas diarias, los salarios debían estar en torno a las 200 pesetas; en otras palabras, al menos tres o cuatro veces más de lo que percibían. En 1953, cientos de miles de familias andaluzas sobrevivían con un tercio de lo que necesitaban, lo que explicaba que, a causa de «la deficiente nutrición» que padecían, la productividad media de un asalariado fuera entre el 20 % y el 25 % más baja que durante «los

peores y más anárquicos años de la República»[209]. Sin embargo, los preocupados falangistas y los cristianos autores del informe no olvidaron mencionar entre las causas de la baja productividad «la falta de formación

moral y del concepto del deber» de los trabajadores[210].

Mientras que los simpatizantes del régimen se preocupaban por las deficiencias morales de la plebe, el hecho innegable era que una década y media después del final de la Guerra Civil el campesinado andaluz sin tierra todavía pasaba hambre. En Córdoba y Sevilla, donde estaban los más fértiles trigales del valle del Guadalquivir, el desayuno de un trabajador agrícola, antes de marchar al campo a trabajar catorce horas (siempre y cuando tuviese un jornal), consistía en pan con aceite o migas, a veces café y muy puntualmente leche. El almuerzo podía componerse de una ensalada de naranjas, cebollas, aceitunas, pan y algunas veces de huevos o patatas fritos en manteca. La cena consistía en un cocido de garbanzos, y quizás higos secos o lechuga. Un banquete inusual para este tipo de familias era echarse a la boca un arroz o patatas con almejas o pescado. Esta dieta era alta en carbohidratos, pero carecía de vitaminas, grasas y calcio. La escasez de leche, carnes y pescados hacía que la principal fuente de proteínas fuera vegetal, lo que no permitía suplir las 4000 calorías diarias que necesitaba un trabajador agrícola. Según el citado informe de 1953, la desnutrición y las enfermedades crónicas entre aquellos estaban muy generalizadas, como también eran frecuentes el subdesarrollo de los niños y la senilidad precoz entre los

adultos[211].

La miseria no se limitaba a las zonas de interior. En la provincia de Málaga, en el año 1950, la Costa del Sol, conocidísimo destino turístico en

nuestros días, bien podía haberse llamado la Costa del Hambre[212]. Si un viajero intrépido hubiera tomado la carretera, llena de hoyos y con tramos intransitables, desde la vecina Cádiz y visitado las localidades costeras que se encuentran entre las capitales de ambas provincias, habría sido testigo de las horrorosas condiciones de vida del campesinado bajo un sistema cuasifeudal, de inclinación fascista y marcado por la más descontrolada codicia capitalista. Si el viajero hubiese decidido girar al noreste y visitar la provincia de Granada, habría encontrado la misma doble miseria, la material y la moral, que abundaba tanto en aquella España. En Moreda, por ejemplo, el marqués de Montilla era el mayor propietario de tierras. En 1955, urdió un plan para transformar sus ciento nueve contratos de arrendamiento en aparcerías, que eran más beneficiosas para él. Los arrendatarios se opusieron, por lo que el administrador del marqués usó sus contactos en Madrid «dando constantes muestras de sus amistades, reales o ficticias» con las autoridades y líderes del partido, y procedió a coaccionar a los arrendatarios, denunciarlos a la Guardia Civil por supuestas infracciones, y luego a obligarles a firmar documentos en blanco, requiriendo pagos adicionales y restringiendo sus derechos consuetudinarios. Un perito agrícola sugirió como solución la expropiación de las tierras a cambio de una compensación a cargo del Instituto Nacional de Colonización, lo que era la opción preferida por los arrendatarios, que llegaron incluso a pedir la mediación del obispo de Granada en el conflicto. Pese a conocer la falta de buena voluntad del propietario y la «reacción natural de autodefensa contra los abusos» de los arrendatarios, el gobernador y los sindicatos urgieron a las partes a negociar. Al final, incapaces de contravenir el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, los líderes sindicales hicieron un tímido llamamiento a la intervención de los «poderes públicos» para solucionar el problema, pese a, en teoría, ser ellos

mismos la autoridad[213].

Pero, si en vez de ir hacia el este, el viajero hubiese decidido volver sobre sus pasos e ir hacia el oeste, hacia el Atlántico, habría comprobado que lo visto hasta entonces era poco y hasta benéfico. En 1960, en Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz, vivían 2491 almas distribuidas en tres aldeas. La mayoría de aquellas eran campesinos sin tierra pues las 17 722 hectáreas del municipio se dividían entre los siguientes propietarios: Corchera Almoraima, compañía del corcho asociada al ducado de Medinaceli, que poseía 16 078 hectáreas (91 % del total); la hacienda de la duquesa de Medinaceli, con 1139 hectáreas (6,5 %); el resto (505 hectáreas y 2,5 % del total) pertenecía a una cooperativa de cuarenta propietarios. Mientras que la mayoría de la tierra se destinaba a la explotación del corcho y como coto de caza, actividades que creaban trabajo exiguo y temporal, las condiciones de vida de la población eran abismales. En este paraje natural, casi idílico, decía la Falange en uno de esos informes que siempre eran confidenciales, un simple vistazo habría dejado una «profunda impresión» de pobreza, con campesinos viviendo en chozas y ganando jornales «completamente inadecuados» con jornadas de diez a doce horas al día, cuando había trabajo. Es más, quizás para compensar por tanta generosidad hacia la chusma, la compañía corchera había comenzado a desahuciar a algunos arrendatarios sin compensación alguna. Los afectados imploraron la protección de las autoridades diciendo que lo que querían «no era más que un acto de caridad

cristiana» que Dios recompensaría un día[214].

Las horrorosas condiciones de vida en Castellar no distaban mucho de las existentes en las famosas áreas de explotación vinícola del valle del Guadalquivir que van desde Jerez de la Frontera a Sanlúcar de Barrameda. Allí, la falta de lluvias a comienzos de 1961 retrasó el inicio de la temporada e incrementó el desempleo. En Sanlúcar, el ayuntamiento intentó paliar la situación ofreciendo doscientos puestos en obras públicas por un jornal de 40 pesetas al día. Pese a la miseria de la oferta, más de 1000 personas se presentaron, creando una situación «tensa, pero pacífica». Las autoridades reconocieron que los trabajadores «estaban desesperados a causa del prolongado desempleo y de la situación de penuria en la que vivían» y gracias a la cooperación de varias compañías en la zona pudieron ofrecer 470 puestos

de trabajo adicionales[215].

El desempleo estructural y la miseria llegaban más allá de la Andalucía latifundista y se extendían a las regiones del centro sur y sureste peninsular donde la gran propiedad agrícola era más la excepción que la norma. En Toledo, en diciembre de 1954, había más de 25 000 parados sin que se

implementara ninguna medida al respecto[216]. En Cieza, provincia de Murcia, la industria del esparto —cuya recogida es un trabajo penoso donde los haya — se colapsó a finales de los años cincuenta. En 1957 había allí 1000 trabajadores en situación de desempleo permanente a los que se unirían otros

5000 en los meses siguientes[217]. En la provincia de Málaga 23 000 personas estaban sin trabajo en 1960 y, además, «a causa del reciente incremento en el

número de trabajadores disponibles» los sueldos iban a la baja[218]. Un año después el número de desempleados se elevó hasta más de 27 000, pese a la emigración de muchos malagueños a Europa. Por entonces, la súbita contracción de la economía generada por el Plan de Estabilización estaba afectando de manera especialmente cruenta a los pobres. En 1962, veintitrés años después del final de la guerra, la realidad en el sureste era descrita por una fuente sindical almeriense como el resultado de una «relación entre el bienestar y el progreso económico». Utilizando una prosa que por indirecta apenas escondía el horror, los autores de este informe concluían que la carencia de esta relación en Almería hacía «imposible el desarrollo de una existencia humana completa, al menos como la entendemos en el mundo

occidental»[219].

En el resto del país tener un trabajo, incluso si se trataba de uno estable y supuestamente reservado a la élite laboral, tampoco era garantía contra la miseria y la humillación. Este fue el caso de los trabajadores de ferrocarriles que, por tener una tradicional filiación izquierdista, recibieron un trato infame por parte de RENFE, el monopolio estatal creado para rescatar de la ruina a las compañías privadas, o más bien a sus inversores, poco después del final de la guerra. De entrada, los trabajadores fueron objeto de una disciplina militar que conllevaba durísimos castigos. A causa del uso de maquinaria anticuada los accidentes laborales no eran infrecuentes, pero las normas de la dirección de RENFE eran tan estrictas que, cuando ocurrían, el trabajador era sistemáticamente acusado de haberlos provocado y encarcelado durante la investigación, que a veces podía durar años. Por esta misma razón, se produjeron suicidios entre los obreros que, al verse de alguna forma

implicados en un accidente, temían el arresto[220].

Los salarios de los trabajadores del ferrocarril eran muy bajos, incluso para los estándares del periodo autárquico. A principios de 1950, el sueldo para un recién incorporado era de 10,5 pesetas al día mientras que, por ejemplo, un barbero podía fácilmente ganar entonces el doble. Con la subida salarial de abril de aquel mismo año los sueldos llegaron a las 15,75 pesetas (450 al mes), pero esto todavía era insuficiente para mantener a la familia en un momento en el que un kilo de pan costaba entre 12 y 17 pesetas, una docena de huevos 29 y un litro de aceite de oliva 30. Cuando los empleados con familia recibían «los puntos», cada dos o tres meses, destinaban ese dinero extra a reparar objetos de uso diario o a saldar deudas en comercios locales. A menudo, los trabajadores de RENFE tenían otros trabajos o cultivaban pequeñas parcelas mientras sus mujeres tenían que trabajar en cualquier sitio (además, por supuesto, de ocuparse de las tareas domésticas). Para suplementar sus ingresos, muchos se aprovechaban de sus puestos para hacer estraperlo mientras que otros, como los inspectores de billetes, se

dejaban sobornar a cambio de hacer la vista gorda a los estraperlistas[221]. Tan penosa era la situación de estos trabajadores que en 1950 incluso el gobernador civil de Valladolid creyó necesario redactar él mismo un informe directamente al Gobierno. En él explicaba cómo las prácticas de la compañía eran discriminatorias e injustas. Según dijo, en 1949 ingenieros y gerentes habían recibido una subida salarial pero no así la mayoría de los 12 000 empleados de la compañía, a los que la inflación estaba llevando en muchos casos a la destitución. Y para probarlo puso el ejemplo de la mujer de un empleado de mantenimiento que tuvo que ingresar a su hijo en un sanatorio

por no contar con los medios para alimentarlo[222].

Si el trato de RENFE hacia sus empleados fue notorio, llegó ya al más absoluto desprecio en el caso de los trabajadores temporales. Por ejemplo, las condiciones de vida de estos en los trabajos de reparación de las vías férreas cerca de Bárcenas de Reinosa, Santander, en 1954 eran tan deplorables que ni siquiera había suficientes camas ni mantas y se veían obligados a dormir juntos para combatir el frío; no existían ni retretes ni duchas; y la comida era pobre, consistiendo en sopa de fideos para el desayuno, un plato de patatas o

alubias para el almuerzo y algo de pan para la cena[223]. Al menos eran nominalmente libres. En ocasiones, estos hombres trabajaban al lado de los prisioneros políticos que redimían sus condenas reconstruyendo la España de

Franco[224].

También fueron tratados con especial saña los trabajadores de la minería, quizás porque habían sido en el pasado la vanguardia de los movimientos sindicales. En el área de Linares-La Carolina, en una de las provincias, Jaén, más abandonadas y miserables del país, sobrevivían en los años cincuenta algunas de las últimas minas de plomo de España. El panorama humano y social allí era simplemente desolador. De entrada no había ni casas suficientes para sus 60 000 habitantes, principalmente porque, a pesar del impulso que el régimen autárquico dio a la producción minera nacional, a fecha de 1955 en Linares todavía no se había construido ni una sola nueva vivienda social desde el final de la guerra. La salud de los trabajadores era pésima. La silicosis estaba muy extendida entre los, aproximadamente, 5000 mineros, en parte por la falta de medidas de prevención laboral. Esto explica que algunos hombres enfermasen solo cinco años después de comenzar a trabajar. Cuando a un minero se le diagnosticaba silicosis era despedido de inmediato y solo recibía una irrisoria compensación durante los primeros dieciocho meses, después de los cuales ni ellos ni sus familias tenían derecho a nada. Tras el despido, el estigma de la enfermedad y las mermadas capacidades del que la padeciera limitaban muchísimo las oportunidades de encontrar otra vez trabajo, ya que las compañías, según reconocían los falangistas (otra vez en un informe interno), eran reacias a contratar hombres «que habían contraído

la enfermedad trabajando para otro»[225].

A pesar de los esfuerzos oficiales, el sector de la minería estaba en un declive irreversible en España; pero no la demagogia de la Falange. Pese a que la inversión extranjera había estado en retirada durante décadas, los falangistas no tuvieron empacho en tirar de la xenofobia para explicar tanto la decadencia del sector como la opresión de los trabajadores. Tal fue el caso de Río Tinto, Huelva. Era este el mayor exponente del colonialismo económico británico en España en el siglo XIX. Allí «las compañías lo controlaban todo», decía un informe falangista de 1955. Y el resultado era terrible: los trabajadores, a veces hasta una docena, vivían hacinados en moradas de una sola y estrecha habitación, infestadas de enfermedades, donde las deposiciones eran hechas en un cubo y vaciadas en un pozo negro. Pero el patriótico discurso de Falange tenía algunas pequeñas incongruencias. El presidente en España de esta compañía británica no era otro que Joaquín Benjumea, quien no era extranjero sino español, antiguo ministro y latifundista, un hombre al que los amigos del pueblo falangistas solo podían calificar «de bien y de grandes cualidades políticas». Pese a las deplorables condiciones laborales, a los falangistas también les resultaba imposible negar que los mineros recibían mejores servicios sanitarios de la compañía que del

nuevo programa de seguridad social de la dictadura[226].

Los mineros tenían salarios muy bajos, peores condiciones laborales y eran —ellos y sus vidas— tratados con desprecio por sus patrones, y no solo los privados. Una explosión mató a once trabajadores en 1953 en la mina Calvo Sotelo de Puertollano, Ciudad Real, que era propiedad del Estado. En 1958 otra explosión de gas en el mismo lugar mató a doce hombres más. El primer accidente se achacó a la negligencia de uno de los fallecidos, pero después del segundo las quejas de los supervivientes fueron más sonadas porque, dijeron, ninguna medida de seguridad se había implementado a raíz del accidente previo. Los mineros no estaban dispuestos a aceptar que «otro nombre de aquellos registrados como trabajadores» (en alusión al primer minero muerto y acusado en 1953) cargara con las culpas cuando no se había hecho responsable a ningún gerente de lo ocurrido cinco años atrás. Según dijeron al dirigente sindical que redactó el informe sobre la tragedia (¿o deberíamos llamarla crimen?), después del primer accidente apenas se habían adoptado nuevas medidas de seguridad para detectar escapes de gas, pero además fueron abandonadas después. Los mineros sabían que una nueva

desgracia podía ocurrir en cualquier momento[227].

La disyuntiva para los obreros era simple: trabajar, aún en condiciones de alto riesgo y de humillación, o morirse de hambre. En el vecino complejo minero de Almadén, también bajo control estatal y conocido por la extracción del venenoso mercurio, los mineros eran objeto de forma constante de las reglas arbitrarias impuestas por la compañía. En 1955, esta despidió a setenta y dos trabajadores y castigó a decenas más por «baja productividad». Según un informe confidencial de los sindicatos falangistas, la falta de motivación de los trabajadores se debía a que «los estatutos que regulaban la seguridad, los turnos, los sueldos y las condiciones de trabajo eran injustos, anticuados y a menudo ilegales», a que se usaba tecnología obsoleta, y que, cuando llegaba maquinaria nueva, ya fuera por corrupción o por incompetencia, resultaba ser «menos efectiva» que la que pretendía reemplazar. El acoso y el desprecio no acabaron ahí. Cuando, siguiendo las disposiciones legales, los sindicatos establecieron jurados de empresa (órganos de supuesta representación de los trabajadores) la compañía simplemente los disolvió; y no solo eso, sino que también ignoró los acuerdos colectivos. Tampoco escaparon de la rapiña las tradiciones más venerables de la mina de Almadén, pues la empresa quitó a los trabajadores hasta los huertos que, según un privilegio que se había mantenido desde el siglo XVIII, les pertenecían. A pesar del atropello masivo y constante, los sindicatos protestaban con sordina, y poco más. Tampoco ofrecían servicios recreativos, instalaciones médicas o viviendas sociales que compensasen las muchas privaciones, viejas o nuevas, de los mineros. Con estos precedentes resulta fácil comprender la reflexión de los afligidos falangistas, según la cual los mineros «o no nos necesitan o casi no creen en nosotros».

 

El largo adiós de la autarquía

 

La mísera y larga posguerra agotó la capacidad de los españoles para creer en el progreso, al menos tal y como lo presentaban las promesas del régimen. Esto es lo que decían, por ejemplo, en abril de 1950 las autoridades de Orense al constatar «una confusión generalizada sobre los asuntos económicos y un

creciente descontento por las condiciones de vida»[228]. Una opinión muy similar prevalecía en la más diversa y socialmente polarizada provincia de

Sevilla[229]. Ese mismo año, incluso en la relativamente mejor situada provincia de Álava, que había apoyado de forma tan vehemente la causa antirrepublicana en 1936, las preocupaciones sobre la escasez y los altos

precios dominaban la vida de sus habitantes[230]. También en Tenerife existía un descontento generalizado por causa de la corrupción, que se estimaba muy

extendida en el archipiélago canario[231]. En resumen, más de diez años después de acabada la guerra, la vida seguía siendo muy dura, la autarquía era mayoritariamente rechazada, y la gente no creía que el cambio estaba

cerca[232].

Hacia principios de los años cincuenta, se alzaron voces dentro de la misma dictadura que reconocían ya el fracaso de la política autárquica y sus catastróficos efectos en el conjunto de la sociedad. Pero eran críticas que tenían que ser prudentes, dada la querencia del dictador por esta política. Por ello, las quejas de este tipo no siempre apuntaban a la intervención del Estado en sí mismo sino más bien a la manera en que la autarquía era implementada, e incluso sobre quién tenía que dirigirla. El privilegio de administrar la miseria de los españoles se convirtió así, otra vez, en objeto de pugnas y ambiciones políticas de quienes decían hablar en nombre del pueblo pero descartaban la voluntad popular. En 1951, los falangistas de Vizcaya, mientras que por una parte eran de la opinión de que la intervención debía efectuarse bajo el control de los sindicatos, por otra se lamentaban de la creciente e incómoda posición en que se encontraban en las grandes áreas urbanas e industriales, donde, según ellos —y era la verdad— la Falange hacía el trabajo sucio al servicio de las políticas de terceros, frustrando las legítimas reivindicaciones de la población, quedando solos en la tarea de «disciplinar» a los trabajadores. Dijeron también que no había ninguna esperanza a la vista de que la situación mejorase, que las políticas económicas habían «fallado», y que la creciente disparidad entre precios y salarios se había convertido en un «abismo» que se podría hacer «mañana» más

profundo por culpa de la corrupción y el estraperlo[233].

Tal vez el sector que mejor ejemplificó el profundo daño causado por las políticas autárquicas fue el de la industria textil, mayoritariamente ubicada en Cataluña. «Caos» fue la palabra usada por los jefes sindicales en 1949 al exponer cómo, mientras los industriales todavía creían y estimaban a Franco, las medidas autárquicas habían generado «sentimientos violentos» entre ellos

contra el Gobierno y, por supuesto, los falangistas[234]. Estos sindicalistas de pega admitían que las grandes empresas y los individuos bien conectados tenían mejor acceso a los materiales que los empresarios más humildes. También afirmaban que los industriales catalanes contaban con más ventajas que los del resto del país. Fuera como fuese, los resultados de las políticas del Gobierno estaban dando lugar, como en los años pasados, al declive de la producción, a bancarrotas frecuentes que afectaban especialmente a las pequeñas compañías, y al desempleo. En 1950, solo en el sector manufacturero del algodón había 171 factorías que dejaron de producir totalmente, mientras que otras 295 sufrían carencias de materiales y apenas funcionaban algunos días a la semana. Como resultado, aquel año había en el área de Barcelona entre 50 000 y 67 000 trabajadores desempleados, temporal

o permanentemente[235].

La industria textil catalana había padecido una crisis constante pero cada vez más intensa desde mediados de los años cuarenta. Los empresarios del ramo debían lidiar con la corrupción para abastecerse de materiales, y con recurrentes cortes de energía —según la propaganda oficial, causados por las lluvias, aunque en realidad se originaban en la mala ubicación de los recursos y en la falta de planificación del Gobierno—. Como decía un informe de los falangistas de 1950, a pesar de todo, el régimen publicitaba constantemente la inauguración o pronta terminación de grandes obras públicas en la región; y por ello la persistencia de los cortes en el suministro eléctrico resultaba más

irritante aún[236]. El problema energético se extendió por toda Cataluña y afectó a todos los aspectos de la vida diaria, que en los años siguientes siguió atenazada por la pobreza energética. En Gerona, en diciembre de 1954 las autoridades informaron de que la falta de suministro estaba en la raíz de «la parálisis de la producción industrial», que llegó a reducirse en un 20 % respecto a la de años anteriores. La respuesta oficial fue prohibir la instalación

de «pequeña maquinaria como cafeteras y motores en pozos»[237].

Una vez más, los falangistas aprovecharon la crisis y la pobreza ajena para hacer demagogia e intentar cobrar influencia, presentándose como los únicos que podían ofrecer una verdadera alternativa a las políticas que se habían llevado a cabo hasta entonces. Su apropiación del dolor del español de a pie alcanzó, quizás, su cima a principios de los años cincuenta, cuando el descontrol de la inflación y la congelación salarial agudizaron el malestar social. En las Islas Canarias, las críticas de la Falange a las políticas gubernamentales fueron tales en 1950 que al gobernador civil no le quedó otra alternativa que arrestar a varios «camisas viejas» en Tenerife y degradar

al líder de la «Vieja Guardia»[238]. Sin embargo, fue en Barcelona donde el populismo barato de la Falange llegó más lejos, aunque no ciertamente a donde pretendía, pues sirvió para azuzar el descontento social que estalló durante los meses de febrero y marzo de 1951. La situación, que no el problema, se originó en una venganza política del partido contra el gobernador civil, que desembocó en la impresión y distribución por parte de los falangistas disidentes de unos panfletos alentando a la protesta contra la subida de los precios de los billetes del tranvía. Pero pronto la protesta desbordó las intenciones de sus instigadores y se convirtió en una auténtica revuelta civil en la que los participantes, entre los que no solo hubo antifranquistas, aprovecharon la ocasión para airear su rabia contra las intolerables condiciones de vida. Los sucesos de Barcelona tuvieron su cénit en una huelga general y en el boicot a los tranvías que paralizó la ciudad condal los días 12 y 13 de marzo. Las autoridades respondieron con el envío de tropas. La Falange local, tras descubrir que había estado jugando con fuego, retornó a sus viejas fidelidades, colaborando en la represión de los huelguistas con patrullas armadas que recorrieron en coches las calles de la ciudad y visitaron las fábricas. La famosa «huelga de los tranvías» de Barcelona fue la mayor manifestación de protesta civil en España desde el final de la Guerra Civil, y además aunó a activistas de diferentes ideologías —desde comunistas a sectores católicos— y estratos sociales. Pero fue una huelga de protesta que careció de una agenda política y que —a pesar de las reivindicaciones de algunos partidos, como el comunista— ni fue organizada ni liderada por ningún partido o sindicato. Esto precisamente la hizo popular entre un amplio sector de la población. Por el contrario, cuando dos meses después los ilegalizados grupos de la oposición hicieron un llamamiento a la huelga el 1 de mayo, la mayoría de los barceloneses (incluyendo a los trabajadores) permanecieron en casa o continuaron con normalidad sus

jornadas laborales[239].

La mayoría de las protestas bajo el franquismo, y desde luego en los años cincuenta, no tuvieron un carácter político expreso. Pero la respuesta colectiva ante tanto sufrimiento podía desatarse en cualquier momento, especialmente en lugares como Barcelona, el País Vasco, Asturias o Madrid, donde el pasado historial de movilizaciones de las clases trabajadoras no

había sido borrado de la memoria por la dictadura[240]. La mayor preocupación de los trabajadores, y de la gente común, seguía siendo la supervivencia, lo que, por supuesto, fue muy conveniente para el régimen. Mientras los españoles pensaran en la comida y en las deudas no tendrían energías, ni siquiera ganas, de plantearse alternativas políticas. Aunque siempre había quien tenía intenciones ocultas y deseos de derribar a la dictadura, en esencia las protestas actuaban como una válvula de escape, que podía poner nervioso al régimen, pero más por su propio carácter intolerante y cerril que porque aquellas supusiesen una amenaza seria a su existencia.

Por su parte, aunque muchos empresarios estaban descontentos con la autarquía, la mayoría apoyaba al régimen, especialmente en situaciones críticas como huelgas o boicots. Existen hoy en Cataluña y en el País Vasco ciertos mitos nacionalistas según los cuales los empresarios habían mostrado su simpatía hacia las oprimidas clases trabajadoras y que incluso las habían protegido en lo que pudieron de los males de la España franquista, todo ello en función de sus intereses nacionales comunes. Esta idea es tan piadosa como errónea: entre las clases pudientes, la patria vasca o catalana no sustituyó ni al bolsillo ni a los miedos de volver a una situación anterior a la de julio de 1936. Por ejemplo, en diciembre de 1953 los trabajadores de las factorías vizcaínas de Euskalduna y de Constructora Naval comenzaron una huelga pacífica. Sus compañeros de otras compañías les secundaron, y no porque fuesen a derribar a Franco sino porque durante meses habían intentado hacer oír sus quejas a las compañías y a los sindicatos oficiales sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por culpa de la inflación. Las empresas no solo se negaron a negociar sino que además despidieron a los huelguistas, medida que solo en Euskalduna afectó a 1900 de los 2000 trabajadores. Los despedidos perdieron, además de su empleo, sus derechos de antigüedad (que representaban al menos el 20 % de la paga) y los salarios correspondientes al periodo «entre el despido y la resolución de sus peticiones» de readmisión. En este caso, habían sido las vasquísimas compañías (y no los sindicatos fascistas españoles) quienes actuaron de forma despiadada contra sus exhaustos trabajadores y quienes exigieron la humillación de que los despedidos tuviesen que volver a solicitar la readmisión a sus trabajos. El gobernador civil y las fuerzas policiales ayudaron a los patronos intimidando, arrestando y propinando palizas a los líderes huelguistas y a cualquier obrero que pillaron en el lugar y en el momento equivocado. La colaboración fue íntima: gracias a los datos que proveyeron los empresarios y a las fichas policiales, cualquier obrero con

«malos antecedentes policiales» fue despedido de manera irrevocable[241].

La policía y los patronos no eran los únicos que se unían para reprimir a los agitadores. Como ya hemos visto en el caso de Barcelona en 1951, siempre se podía contar con esa amiga del pueblo que era la Falange. Cuando, por poner otro ejemplo, en 1954, la compañía Tranvías de Sevilla fue autorizada a incrementar el precio de los billetes, la mayoría de los indignados clientes que se atrevieron a protestar —al menos en público— eran estudiantes, aunque fueron apoyados por los empleados de la compañía (quienes a su vez, habían estado presionando inútilmente durante meses por una subida salarial) y por mucha gente corriente, que no solo estaba harta de pagar mucho por un mal servicio sino que además había sido testigo de los numerosos accidentes causados por el penoso estado de mantenimiento del material. Para acallarlos, la Falange prestó su asistencia gansteril habitual con el despliegue de 150 afiliados en los tranvías que actuaron como informantes haciéndose pasar por «pasajeros ordinarios [y tomado nota de] las

conversaciones y el ambiente general para prevenir nuevos incidentes»[242]. Mientras tanto, otros camisas azules fueron enviados a espiar en las factorías más importantes de la capital por si a los obreros se les ocurría hacer causa común con los revoltosos.

El miedo general a la confrontación fratricida y la represión directa no eran los únicos instrumentos de control del régimen; también estaban las mentiras. Estas alcanzaron nuevas cotas de cinismo cuando, en 1957, la dictadura fue acusada por la Organización Internacional del Trabajo de oprimir a los trabajadores españoles y de vulnerar su derecho a la libre asociación. Los representantes del régimen en Ginebra lo negaron, manteniendo resueltamente que los sindicatos oficiales eran pluralistas y que su papel era el de «mediar y reconciliar», nunca el de imponer. La pertenencia a los sindicatos, dijeron con candidez los servidores de la dictadura, era simplemente «una consecuencia de ser [el trabajador] beneficiario de la seguridad social», y el Gobierno «nunca intervenía [en ellos]». Es más, la causa de la mayor parte de los conflictos laborales desde 1950 había sido que la dictadura había trabajado por «la mejora continua» de las condiciones de vida de los trabajadores, los cuales habían comenzado un movimiento contra las horas extra porque creían que los salarios regulares ya «eran suficientes para sus necesidades y que preferirían ocupar ese tiempo descansando» o