3. Guerra civiles en la guerra total. Europa, 1936-1949

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Guerras civiles en la guerra total.

Europa, 1936-1949

Si esto puede suceder… —me ronda por la cabeza como un estribillo exasperante—, si todo esto

puede suceder, si gente con uniforme puede pisotear a niños, darles puñetazos a mujeres en la cara,

dejar a los hombres casi lisiados a golpes mientras los llevan a camiones de mudanzas que tienen el

nombre de uno de los nuestros, un nombre flamenco… Si todo esto puede ser… Nosotros que

estamos aquí como qué, como ayudantes de un mundo al revés donde lo blanco es negro durante

una noche que se ilumina en un día infernal, como enfermeras que asisten a médicos de habla

alemana que, vestidos de uniforme, combaten algún que otro virus humano con porrazos y golpes,

con amenazas y bramidos ante el llanto y el lamento y la mierda de muchos en los pantalones, con

sangre y vómito en la calle… Si todo eso puede suceder, ¿no puede suceder cualquier otra cosa?

JEROEN OLYSLAEGERS, Voluntad (2018),

sobre el colaboracionismo del aparato policial belga

en Flandes durante la Segunda Guerra Mundial.

Polacos matando polacos, griegos matando griegos, franceses matando franceses. Como se encargó de observar el escritor fascista Curzio Malaparte, la guerra que los Aliados libraban contra la Alemania de Adolf Hitler (1889-1945) estaba degenerando en una «atroz guerra civil». Concretamente, como si fuera un tumor, un cáncer, una degradación, una mutación de la guerra: «En Italia, los italianos que apoyaban a los alemanes no disparaban contra los soldados aliados, sino contra los italianos que apoyaban a los aliados; y viceversa» (Malaparte, 2016 [1946-1947]: 364).

No se equivocaba por entero. Las guerras civiles por sí solas, y las guerras internas que tuvieron lugar bajo el auspicio de las guerras de ocupación en la primera mitad del siglo XX europeo, redujeron a ruinas y cenizas el continente, generaron cotas altísimas de violencia, de exilio, de desplazamientos forzosos. Ante la complejidad de ese pasado tan lejano y difícil de aprehender, pero a su vez tan íntimo y cercano, la reflexión sobre la naturaleza y el proceso, sobre la idea y la contingencia de la guerra civil se hacen urgentes, también para la historiografía. De hecho, se ha convertido en una herramienta analítica al uso, sobre todo recientemente, cuando se deben explicar los complejos conflictos a la vez internos y propiciados por una invasión externa durante la Segunda Guerra Mundial. La proliferación de la resistencia armada, del maquisard, de la lucha partisana en la Europa ocupada por el Eje produjo la superposición generalizada de la guerra regular e irregular, de conflictos intracomunitarios y de la violencia entre colaboración y resistencia, así como cotas de enfrentamiento violento cuyo poso repercutiría directamente en la inmediata posguerra. Incluso cuando no hubo combates abiertos, ha habido historiadores que han considerado la existencia de guerras civiles larvadas para comprender los contextos de ascenso de fenómenos como el fascismo en la Europa ocupada.

Este capítulo aborda las guerras internas nacidas y desarrolladas en el contexto de los fascismos europeos y de la lucha contrarrevolucionaria de los años treinta, iniciando el análisis con la guerra civil española y finalizándolo con las guerras internas al calor de la Segunda Guerra Mundial y, como epílogo continental, con la guerra en Grecia. Como en los casos ya vistos de Alemania, Hungría o Italia, planteamos preguntas sobre la identificación o no como tales de enfrentamientos armados en algunos casos muy evidentes, como en Italia, Yugoslavia o en Grecia, y en otros menos fácilmente identificables como guerras, como en Francia, Bélgica o en la inmensa retaguardia de los territorios ocupados por los alemanes en la Unión Soviética.

Posiblemente la sucesión de guerras internas e internacionales que jalonó la historia europea del novecientos sea la más estudiada por la historiografía contemporaneísta en las últimas décadas. Al menos en su primera mitad, y sobre todo de 1917 a 1945. Entre ellas, las guerras civiles se elevan como epítomes de violencia y crueldad, como espacios de referencia para el estudio de los conflictos internos y exógenos en un solo país, como paradigmas de la represión, la ocupación territorial, la expulsión del connacional, como mecanismos para la construcción nacional. Y entre ellas la española se convierte en la referencia de todas: la gran guerra civil, si aceptamos un giro lingüístico que la empariente con su antecesora, la Primera Guerra Mundial en su denominación como gran guerra por su tremendo impacto sobre el imaginario colectivo, aunque mayoritariamente se haya vinculado (por tiempos, procesos desencadenados y por la presencia del fascismo y el antifascismo como sujetos centrales) con la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, lo cierto es que la arquitectura de este capítulo ha condicionado el resto del volumen. La cantidad de trabajos y de análisis y reflexiones existentes y la importancia histórica que tuvo en su tiempo para sus protagonistas y observadores requieren una atención especial que, posiblemente, habría

merecido un capítulo aparte[1]. Integrarla en un contexto continental implica, de entrada, un posicionamiento interpretativo, a partir incluso de su vinculación cronológica. Como a nadie se le escapará, dónde ubicar la guerra civil española, si en relación con las guerras revolucionarias de Entreguerras o con las del fascismo y la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, implica como tal una decisión no exenta de interpretación. Más bien al contrario. Lo que está claro es que situar el conflicto español en el marco histórico más amplio en que tuvo lugar contribuye a romper de manera irreversible con cualquier discurso o narrativa sobre la supuesta excepcionalidad de España.

LAS GUERRAS DE LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA, 1936-1948

Existen pocas dudas a la hora de identificar la española como una de las guerras más importantes dentro de la historia europea del siglo XX, y posiblemente como la más significativa e impactante entre las civiles. A efectos de elaboración de esta síntesis, la duda ha existido en todo momento: tanto si la consideramos interpretativa y comparativamente un paradigma de las guerras civiles europeas como si resulta, al contrario, una suerte de antiparadigma, en ambos casos las especificidades del conflicto español son evidentes. En última instancia, hemos preferido integrarlo en un marco amplio y continental, a caballo entre el modelo de guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias de Entreguerras y las guerras civiles totales europeas de la Segunda Guerra Mundial, situadas entre la ocupación y la resistencia, entre el fascismo y el antifascismo. Sin embargo, eso no excluye que la española destaque entre las guerras internas europeas por muchos motivos. Sobre todo, y en estrecha relación con los mayores avances realizados por la historiografía en las últimas décadas, por los porcentajes, naturalezas y tempos de la violencia que se desplegó en su arco cronológico consuetudinariamente aceptado, de julio de 1936 a abril de 1939. Pero no solo por ello. Entre esos años se dirimieron en España diferentes guerras superpuestas: de tipo militar, político, identitario, nacional o religioso. Regular e irregular (Alonso, 2018b). Limitada o total (Alegre, 2018). Cada una con sus combatientes, sus víctimas y sus verdugos. Cada una aportando procesos contingentes a las macronarrativas ulteriores que han caracterizado el periodo 1936-1939 español: la de la Cruzada, la de la guerra contra el invasor, la del terror rojo, la del genocidio franquista (Rodrigo, 2014). Sin lugar a dudas, también ha contribuido al impacto de la guerra civil española su importancia mediática a nivel internacional, convertida en portada de la prensa mundial durante casi tres años y en motivo de debate dentro de partidos políticos de todo el continente, o en estímulo para la politización de multitud de jóvenes europeos (Wingeate Pike, 2012; Pavlaković, 2014).

A todo lo dicho hay que añadir su innegable carácter transnacional o, si se quiere, su condición de cruce de caminos, algo que como estamos viendo ha caracterizado y caracteriza de manera muy evidente a las guerras civiles. Este aspecto también está en revisión constante, ya que mientras la transnacionalidad del combate suele fijarse en la memoria y el relato colectivo de la intervención armada antifascista, lo cierto es que la dimensión continental e incluso intercontinental del conflicto nutrió sobre todo las filas de la sublevación. Por lo que respecta al bando insurgente confluyeron en él hasta 118 000 voluntarios extranjeros de los más diversos orígenes, siendo los contingentes más importantes los alemanes y los italianos, a los cuales hay que sumar entre 62 000 y 87 000 combatientes de las unidades coloniales formadas con elementos de origen africano, fundamentalmente magrebís (Rodrigo, 2016; Al Tuma, 2018; Alonso, 2018a). Si nos detenemos en el ámbito de las trayectorias personales estas nos dan una idea de las continuidades y transferencia de experiencias en la historia de la guerra. Por ejemplo destacan los comandantes de la Legión Cóndor, Hugo von Sperrle (1885-1953), que formó parte de la incipiente arma aérea alemana durante la Gran Guerra y pasó por el Freikorps, desempeñando un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial al mando de grandes unidades de la Luftwaffe en las campañas de 1939-1940; y también Wolfram von Richthofen (1895-1945), veterano infante de los frentes Occidental y Oriental en la Gran Guerra, que desarrolló en España las teorías del estrecho apoyo aéreo a la infantería en sus operaciones y el bombardeo en picado, aplicados de forma recurrente más tarde en la Segunda Guerra Mundial, participando en todos los frentes menos en el de África y comandando las fuerzas de la Luftwaffe en Italia. No por nada, muchos ases de las fuerzas aéreas alemanas que se destacarían durante la conflagración de 1939-45 pasaron por España, como el alemán étnico de Transilvania Walter Adolph Gropius (1913-1941), Heinrich-Wilhelm Ahnert (1915-1942), Wilhelm Balthasar (1914-1921), Otto Bertram (1916-1987), Helmut-Felix Bolz (1912), Hubertus von Bonin (1911-1943), Werner Mölders (1913-1941), Wolfgang Ewald (1911-1995), el austriaco Josef Fözö (1912-1979), Walter Grabmann (1905-1992), el campeón olímpico Gotthard Handrick (1908-1978), Harro Harder (1912-1940), Herbert Ihlefeld (1914-1995), Günther Lützow (1912-1945), Reinhard Seiler (1909-1989) y muchos otros (Schüler-Springorum, 2014). Entre los italianos hay que destacar a Mario Roatta (1887-1968), veterano de la Gran Guerra y primer jefe del Corpo Truppe Volontarie (CTV) en España, que en la Segunda Guerra Mundial se destacaría por sus brutales políticas de ocupación en Eslovenia y Croacia al frente del II Ejército italiano; a Ettore Bastico (1876-1972), que sustituyó al primero al mando del CTV tras haber combatido en el conflicto europeo de 1915-1918 y en la invasión de Etiopía en 1935, y que en la Segunda Guerra Mundial sería puesto al frente de las fuerzas del Eje en el frente norafricano; a Ettore Muti, aviador fascista que acabaría siendo secretario general del Partito Nazionale Fascista; o el propio Mario Berti (1881-1964), veterano de la Gran Guerra, tercer comandante del CTV y uno de los principales comandantes de la frustrada campaña italiana contra el Egipto británico en 1940 (Rodrigo, 2016).

En lo que se refiere al bando republicano encontramos a los 59 380 efectivos de las Brigadas Internacionales, con voluntarios de más de 50 países distintos, a lo cual cabe sumar el contingente de entre 2000 y 3000 soviéticos que se sumó al esfuerzo de guerra, sobre todo tanquistas y pilotos de avión (Thomas, 1986; Skoutelsky, 2006; Whelan, 2014). En todo este entramado tuvieron una importancia fundamental los asesores político-militares llegados desde Moscú, entre los cuales destacan algunas figuras como el letón Jānis Bērziņš (1889-1938), veterano de la revolución rusa y uno de los principales organizadores del llamado Terror Rojo, que en España actuó como el primer consejero militar jefe de la misión soviética (Suvorov, 1984: 226-227). También encontramos otras individuos clave, como por ejemplo el asesor naval de la República Nikolái Kuznetsov (1904-1974), que sería durante la Segunda Guerra Mundial comandante de la marina soviética; Rodión Malinovski (1898-1967), precoz veterano de la Gran Guerra, donde combatió en el Ejército ruso primero y en la Legión Extranjera francesa (LEF) después del armisticio de Brest-Litovsk, y la guerra civil rusa, dando el salto a España en 1936 y participando en la planificación de operaciones, lo cual le llevaría a tener un papel decisivo como oficial soviético en la Segunda Guerra Mundial; Kiril Meretskov (1897-1968), otro hombre con un papel importante en la Revolución de Octubre, la guerra civil rusa en las luchas contra Denikin y Wrangel, que a su paso por España fue uno de los encargados de la organización de las Brigadas Internacionales y que en la Segunda Guerra Mundial estuvo al mando de importantes unidades, tanto en la guerra ruso-finlandesa como en el Frente Oriental; Iliá Stárinov (1900-2000) que, tras su experiencia en la guerra civil rusa, estuvo en la guerra civil española a cargo de la formación de las desconocidas unidades de partisanos republicanos que actuaron tras las líneas sublevadas, un papel que continuaría en la Segunda Guerra Mundial organizando partidas de guerrilleros; otros importantes veteranos de la guerra civil rusa que pasaron por España y desempañaron mandos militares clave en la guerra germano-soviética fueron Aleksandr Rodímtsev (1905-1977), el artillero Nikolái Boronov (1899-1968) o el comandante de tanques Semión Krivoshéin (1899-1978) (Kowalski, 2003).

¿Qué llevó a España a esta suerte de internacionales fascista y antifascista? ¿Qué tuvo esa guerra para marcar el destino de generaciones, para signar a fuego, en palabras de Raimundo Fernández Cuesta (1896-1992), el destino del ser de España, o de su muerte? La trascendencia de la guerra civil española está fuera de toda duda, y vienen a demostrarlo las incontables toneladas de papel o kilómetros de celuloide que se le han dedicado. Pero sobre todo lo demuestra el gigantesco impacto que tuvo el conflicto en la vida de millones de personas, incluso décadas después de su finalización (Alegre, 2018: 375-408). No por casualidad, ha sido considerado un paradigma de la guerra civil. Y tampoco es casual que esa impregnación narrativa, densa, compleja y acumulativa, trufada de metáforas y sobreentendidos haya suplantado en muchas ocasiones al análisis. Multitud de veces pensamos en la guerra española de 1936 o nos referimos a ella, y lo hacemos en términos metafóricos. Nos hemos acostumbrado tanto a la interpretación que no distinguimos contingencia y relato. Sin embargo, la guerra civil tuvo poco de metáfora y sí mucho de realidad, compleja, cruel y aterradora. Una realidad que se concretó en varias decenas de miles de vidas de soldados muertos en las trincheras y en los frentes de guerra y, sobre todo y en una proporción similar, miles de asesinatos ejecutados lejos de los frentes de guerra, en lo que según los términos clásicos bélicos se denomina retaguardia.

Como se decía en el primer capítulo, antes de observar sus relatos o sus efectos sociales es fundamental conocer la guerra en profundidad. Es más: en no pocas ocasiones y en no pocos estudios las violencias, asesinatos y persecuciones desarrollados entre el verano de 1936 y la primavera de 1939 —y después—, que por otra parte constituyen la materia central de las narrativas y memorias de la guerra, aparecen poco menos que suspendidas en el tiempo y el espacio, sin contextualización aparente. Tratándose de un tiempo de dinámicas cambiantes y de un espacio caracterizado por la volatilidad del poder sobre el territorio, resulta capital la interrelación entre los modos bélicos en un conflicto interno y la violencia, asunto para el que España es una referencia ineludible. Antes que la guerra convencional simétrica entre dos estados (o mejor, entre un Estado en construcción y otro en reconstrucción), con frentes de batalla, retaguardias y territorialidad, hubo en España una guerra rápida e irregular de ocupación, resultante a su vez del golpe de Estado de julio de 1936, de la fragmentación del poder y la fractura territorial, de la sustitución e instrumentalización del lenguaje por las armas y los proyectos por los hechos, de la intervención internacional —fundamental para entender, sin ir más lejos, el periodo que media entre un agosto de envíos de tropas y armamentos italianos y un noviembre de defensa internacional de la capital— y, también y quizá sobre todo, de la limpieza político-social e identitaria que fue desplegada por los poderes sobre el terreno para tomar, afianzar y asegurar su poder.

Matar civiles: 1936

De hecho, la violencia formó parte del mecanismo bélico en una guerra civil que al menos a partir de 1937 se observa bajo el prisma de una guerra convencional con violencia directa e indirecta, paraestados, territorialidad y potencia de fuego, pero que no lo fue siempre, ni siempre en la misma medida. Iniciado el golpe de Estado militar y civil de julio, al poco la fragmentación del poder y su multiplicación devino en la existencia de dos territorios enfrentados, pero sin líneas de separación más allá de la distribución territorial por áreas de influencia de las capitales militares (fundamentalmente donde se hizo efectivo el éxito o el fracaso del pronunciamiento). Los militares golpistas, con Emilio Mola (1887-1937), Francisco Franco o Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) entre otros a la cabeza, trazaron un plan centrífugo de toma del poder en caso de fracaso de la insurrección, aprendiendo así del fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo (1872-1936), ocurrido tan solo cuatro años antes y naufragado al no plantear alternativas a la toma del control en los ministerios y centros de poder de la capital, por un lado, y al no disponer de respuestas ante la eventualidad de la huelga general y la oposición obrera al golpe, por otro. Además de por su menor preparación respecto al de 1936, el golpe de 1932 se frustró en Madrid al ser controlado por los mecanismos policiales gubernamentales, y en Sevilla por la huelga obrera. En 1936 los golpistas habían aprendido la lección: el primer objetivo no sería la capital, y la huelga se pararía preventivamente. Esto explicaría también la oleada de terror y asesinatos extrajudiciales contra las agrupaciones obreras, partidos republicanos y sindicatos entre julio y septiembre-octubre de 1936. Todas estas eventualidades habían sido previstas en la Instrucción Reservada Número Uno firmada por el cerebro del golpe, Emilio Mola, el 25 de mayo de 1936, a lo cual se sumó lo señalado en la Instrucción Reservada Número Cinco del 20 de junio, donde además añadía con toda claridad que «ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Una explicación que no vale para la persecución político-social desplegada desde las entidades armadas (municipios, comités, sindicatos, partidos) que, junto con las fuerzas del orden como las policías o la Guardia Civil en muchos casos, detuvieron el golpe de Estado (Cruz, 2006). Para esta otra violencia el marco explicativo debe incluir, como se verá a continuación, una variable utópica revolucionaria en absoluto menor en el contexto de las tomas revolucionarias del poder, que tal y como afirmábamos en el primer capítulo acerca de la identificación de la revolución con la guerra interna, también incluía la purificación y la eliminación de la contrarrevolución, algo que volveremos a observar en las motivaciones y modus operandi de los movimientos de resistencia comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.

Todo ello debe servirnos para una lectura del periodo 1936-1939 español que no necesariamente parta de su larga duración en tanto que guerra convencional, y que la sitúe en su propio contexto cronológico. De hecho, si encontramos que fue la persecución y limpieza del adversario lo que dio arranque a la confrontación armada, tal vez debamos resituar el eje explicativo del conflicto para comprenderlo como una guerra contra los civiles, en el sentido clásico antes mencionado. En eso la historia comparada tiene mucho que aportar. Ya hemos visto que las violencias, los asesinatos y homicidios por causas identificables como los acontecidos en Finlandia, Irlanda o Hungría se acumularon al final de los enfrentamientos armados: la lógica macrointerpretativa habla de ejecuciones por procesos adscritos a la justicia militar y de una violencia ejercida por los vencedores como castigo a los vencidos (Casanova, 2001). En España, sin embargo, la violencia asesina se acumuló sobre todo en 1936, antes incluso de que pueda hablarse de una guerra civil, a resultas de un golpe contrarrevolucionario preventivo que desencadenó una revolución reactiva, y en última instancia una guerra total. Hasta el final del estado de guerra en 1948 las cifras alcanzarían un mínimo de 100-130 000 muertes entre violencia inmediata de limpieza política y ocupación territorial, violencia judicialmente reglada, ataques a la población civil (entre ellos los bombardeos de ciudades) o asesinatos extrajudiciales en marcos penitenciarios o parapenitenciarios —cárceles, campos de concentración y de trabajos forzosos—. Pero de todas esas muertes, en la retaguardia sublevada unas 52 800 se produjeron en los primeros meses tras el golpe de Estado. Muchas antes incluso de la erección de Franco a la Jefatura del Estado y a su condición de Generalísimo, que tuvo lugar públicamente el 1 de octubre de 1936, lo que cuestiona cuanto menos la adjetivación de franquista tan usada para hablar de esa violencia, o como dice la mayoría de historiadores esa represión. Mientras tanto, las víctimas de esa fragmentaria revolución en la que la violencia formaba parte consustancial de la toma del poder y su ejercicio ascendieron en los primeros meses de la contienda a unas 38 000, del total aproximado de 55 000 muertos en la retaguardia republicana: tras «cinco meses de contienda, y a falta de otros 27, alrededor de cuatro de cada cinco víctimas ya habían sido asesinadas» (Ledesma, 2010: 240). Así pues, de unas 185 000 víctimas aceptadas por la historiografía para el periodo 1936-1948 90 000 fueron asesinadas el primer año. O por ponerlo de otra manera: de los asesinatos ocurridos durante los aproximadamente 24 semestres que duró el estado de guerra decretado por los sublevados en 1936 la mitad tuvo lugar en uno, el primero.

Que los índices de violencia fuesen tan altos en 1936 pudo responder a diferentes factores situados a su vez en variados niveles, desde el estatal al local, pasando por la muy importante escala regional, pues fue precisamente la adscripción o no al golpe de Estado de las regiones militares y los gobiernos supramunicipales la que marcó la división territorial resultante de sus primeros compases. En tiempos recientes, los estudiosos de ambas violencias, revolucionaria y contrarrevolucionaria, antifascista y fascista, roja y azul, hemos resituado en el centro de la explicación la fragmentación del poder derivada del éxito y fracaso a la vez del golpe de Estado, así como su dimensión de mecanismo clave para la apropiación, mantenimiento y control de dicho poder. Y al mismo tiempo para garantizar no ya solo el éxito presente de la súbita transformación de la realidad mediante las armas, sino incluso para dar a luz la sociedad del futuro en función de las diferentes utopías y proyectos políticos de unos y otros: fascistas, sublevados, republicanos, revolucionarios, católicos, anticlericales, sindicalistas, patrones, pequeños propietarios, asalariados, yunteros, anarquistas, socialistas, rojos, azules. De ese modo, la lógica de la violencia pudo ser reflejo de las lógicas del golpe de Estado o de las diferentes reacciones institucionales, pero no tuvo por qué responder automática y teleológicamente a ellas. En Ceuta, Román Gautier Atienza (finales del XIX-1936) amenazaba con pasar «por las armas, sin previo juicio sumarísimo» a quien desobedeciese los bandos de declaración de guerra, pero ni tales bandos, ni la explicación que subyace detrás de una violencia ordenada y dirigida de arriba hacia abajo, explican por sí solos los centenares de muertos diarios que jalonaron la toma del poder por parte de los sublevados.

La limpieza de 1936 fue el resultado de la combinación de una serie de factores propiciatorios y precipitantes, entre los que cabe contar la sucesión de tensiones políticas y enfrentamientos armados del quinquenio republicano, la llamada multidireccional a la guerra civil o la división de las fuerzas armadas y del orden público frente al golpe de Estado. Sin embargo, insistimos, no hay que obviar las dimensiones locales e interpersonales que confluyeron en ella, donde lo personal solía ser siempre político, ni tampoco los equilibrios de poder resultantes tras el 18 de julio en cada localidad y en cada región militar. Los asesinatos seguramente no estaban premeditados, pero desde luego se podía tener una idea bastante fiable de los perfiles de las víctimas, al menos a grandes trazos. De arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Como escribiría el último obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay (1878-1963), contra una «autoridad prostituida y usurpadora, antinacional y anticristiana, tiránica y delincuente», España no podía salvarse «por los caminos ordinarios», sino que tocaba imponer «la razón de las armas» (cit. en Castro Albarrán, 1941: 397-398). «Si se ha matado, ha sido por la convicción de que era preciso», diría Federica Montseny (1905-1994), algo que también tiene claro el historiador Agustín Guillamon, para quien «la ejecución del fascista, del amo o del cura ERA [sic] la revolución» (Ledesma, 2009a; Martín Ramos, 2012: 29). Solo un mes después del golpe, el diario cenetista Acracia hacía referencia, de modo crítico eso sí, al «saneamiento político» que se estaba llevando a cabo en los pueblos de Lleida mediante la «exterminación» de los elementos indeseables (Pozo, 2012: 141). El jefe provincial falangista de Barcelona primero y de Girona después, Carlos Trías Beltrán (1918-1969), reconocía que «al entrar en las capitales, especialmente, debía haberse dado una impresión de extrema severidad, ejecutar sumariamente y en plazo brevísimo a gran número de delincuentes, empleando para ello los datos que ya se poseían […] empleando para obtener tales declaraciones los procedimientos que fueren, por muy violentos y contundentes que resultasen». Era urgente, diría Enrique Suñén, «practicar una extirpación a fondo de nuestros enemigos». Extirpación a fondo, hasta la raíz del mal.

La característica central de la violencia en la España de 1936 fue su extensión generalizada sobre todos los ámbitos de la sociedad, de cara a servir como mecanismo para su limpieza. Y, además, sirvió para resolver fracturas de orden político y simbólico irresueltas en los años de reformismo político republicano. Siendo la más larga de las guerras civiles convencionales (aunque no siempre ni exclusivamente fuese una guerra convencional) que constituyen su marco comparativo, fue también la más cruenta en términos relativos. Ninguna se acerca a los estándares asesinos que se dieron en España en 1936, cercanos al 3‰ de la población en la zona roja y por encima del 5‰ en la azul (Ledesma, 2009a). Estándares que además tuvieron lugar fundamentalmente en las primeras semanas y meses posteriores al golpe de Estado que desencadenó la guerra. De hecho, el caso español hace pensar más en la importancia de los pronunciamientos antes que de las guerras a la hora de comprender las lógicas de las violencias desencadenadas. Sin embargo, es en esta relación a tres entre golpe, guerra y violencia donde la población civil deviene un objetivo bélico. En España la era de los desplazamientos y las violencias masivas se saldó con una enorme merma poblacional, entre bajas en los frentes, asesinatos en las retaguardias y pérdidas humanas derivadas del exilio militar y civil republicano. Asimismo, la española fue una guerra de desplazamientos forzosos (Serrallonga, 2004), homogeneización y sometimiento de las minorías político-identitarias.

También fue una guerra paradigmática en sus porcentajes de combatientes y no combatientes cuyas muertes son directamente atribuibles al estado de guerra. Ciertamente, la cuestión de las escalas es siempre compleja. Un número de personas correspondiente a 1/6 del total de víctimas civiles estimadas para toda la guerra civil española, 25 000, murió en tan solo dos días (13 y 14 de febrero de 1945) durante la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de los bombardeos aliados sobre Dresde. Una escala todavía mayor, algo más de 1/3 (40 000) murieron solamente en la ciudad de Hamburgo bajo las bombas de la Reales Fuerzas Aéreas británicas (RAF) y la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) (Addison y Crang, 2006). Pero aquí la cuestión central no es la del total de víctimas, sino más bien la de sus proporciones. La guerra española forma parte de un proceso en el que la historiografía sobre la (generalmente mal) denominada «Segunda Guerra de los Treinta Años» o guerra civil europea ha puesto la mirada eminentemente sobre las dos guerras mundiales, cuyos jalones también están hechos de las diferentes guerras civiles o procesos de confrontación paramilitar europeos de los años veinte, treinta y cuarenta. En la Primera Guerra Mundial, la proporción de muertes de no combatientes respecto a las de combatientes se sitúa entre una sexta y una tercera parte, variando notablemente según los autores. La proporción durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico contra la población civil por excelencia —aunque desde luego no el único—, se sitúa en los dos tercios de las muertes atribuibles a la contienda. Durante la guerra civil española la proporción entre víctimas mortales no combatientes y combatientes se podría situar en torno a algo más de la mitad. Por tanto, la violencia contra los civiles no fue un incidente, un añadido a la guerra, al igual que en el contexto de otras guerras internas y sus lógicas, sino que constituye la materia de su naturaleza misma. De hecho, los civiles fueron los más, y muchas veces los primeros, en morir en 1936, y los no combatientes formaron parte del entramado de vigilancia, persecución y eliminación del adversario desde el inicio.

Eso no quiere decir, claro está, que los civiles fuesen meros objetos pasivos de una violencia externa y sobrevenida. Los no combatientes fueron a la vez víctimas y perpetradores de violencia, denunciados y denunciantes, víctimas y verdugos intencionales o no. En sus estudios para la provincia de Guipúzcoa, Pedro Barruso (1996 y 2005) señala que al menos el 42 % de los expedientes incoados ante la justicia militar tuvieron por origen la denuncia de un civil. En no pocos casos, ambas dimensiones se concretarían en la misma persona, algo que lejos de ser incoherente entronca directamente con la lógica de la violencia durante una guerra interna. Aunque en esto la dimensión temporal adquiere una gran relevancia. Mientras que tal posibilidad podría existir en 1938-1939 —en Cataluña, por ejemplo, los guarismos de la violencia homicida revolucionaria en 1936 duplicaron a la rebelde posterior— los asesinados en los meses posteriores al golpe rara vez podían haber sido perpetradores de violencia, salvo que lo hubiesen sido muy claramente en los años republicanos, cosa que resulta inútil para explicar las cifras de asesinatos en el verano y el otoño de ese año (González Calleja, 2005; Del Rey ed., 2011). Esas muertes, tanto en el terreno de los sublevados como en el de los revolucionarios, no podían sin embargo ser respuesta, sino continuación como mucho de una realidad de identificación extrema y supraindividual del adversario, exponencialmente multiplicada por el nuevo marco bélico.

Generalmente, esta identificación ha sido vehiculada en términos explicativos en forma de conflictos sindicales, laborales, de clase o nacionales: políticos, en suma, que habrían contribuido a hacer permeable la frontera que separa la lucha política pacífica del encarcelamiento, la persecución y el asesinato (Ledesma, 2013). Para muchos historiadores, la lógica del conflicto político sería la central para entender julio de 1936, y por añadidura su violencia. Ciertamente, en tanto que régimen político la Segunda República vivió inusitados ataques desde buena parte del espectro político y se vio atravesada por multitud de conflictos en los que estuvo presente la violencia política, algunas veces sin capacidad de reacción ante los mismos. A su vez, no es menos cierto que las diferentes autoridades al frente del gobierno no dudaron en imponer el estado de excepción o semiexcepción mediante la aplicación de la Ley de Defensa republicana. Sin embargo, esas variables tampoco resultan totalmente convincentes para comprender la lógica de esa explosión de violencia, a la vez íntima y colectiva. Sobre todo, cuando esta se reduce a una suerte de combate entre intolerancias mutuas, proyectos revolucionarios y autoritarios o retóricas guerracivilescas mutuas, sublimadas claro está en la huelga general revolucionaria de octubre de 1934 y su balance de 30 000 encarcelados y 1200 muertos (Ruiz, 2008). Desde esta perspectiva, la guerra de 1936 se vincularía así con las guerras civiles europeas y con los conflictos de parecida naturaleza por contener las trazas de un aparente combate entre revolución y contrarrevolución, encarnados ambos sujetos imaginarios y colectivos por republicanos y sublevados respectivamente.

No obstante, las dificultades para aplicar este modelo ideal resultan evidentes también en España. No está entre las menores el que esa misma dinámica dual y bipolar fuese empleada en el terreno de la autojustificación por los sublevados, primero, y sancionada por la Iglesia católica (uno de los sujetos colectivos más importantes de la España de 1936-1939) un año después, cuando en su carta colectiva de 1937 señalase la existencia de dos tendencias en España, la «espiritual, del lado de los sublevados», a la defensa del orden, la paz social, la tradición, la religión y la patria, y de la otra parte «la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima “civilización” de los soviets rusos». Sin embargo, la realidad republicana antes de julio de 1936 distaba de ser revolucionaria. Además, en primera instancia no fue una revolución sino un golpe de Estado lo que rompió todos los frenos preexistentes frente al empleo de la violencia. Y en eso, los contrarrevolucionarios españoles, pese a acercarse en sus objetivos al aplastamiento del comunismo en Alemania o en Hungría, cometerían el pecado de dar pie a un periodo revolucionario, mientras que el régimen contra el que apuntaron sus pistolas no lo era. Eso no lo hace más benévolo, pero sirve para situarlo en perspectiva, también en sus complejidades y diferencias internas. Ya se ha señalado que, en la zona republicana, el porcentaje de muertos sobre los totales de población se acerca al 3 ‰, pero en Madrid se duplican hasta el 6,8 ‰, lo cual quiere decir que en la capital se asesinó aproximadamente a una de cada 147 personas. En Cataluña se sitúa precisamente en ese porcentaje medio, un 2,9, pero localidades como Cervera vieron unos porcentajes de violencia asesina superiores al 20‰, y en Sant Vicenç de Montalt se llegaría al 45 ‰ (Martín Ramos, 2012: 107). La lógica de esos porcentajes y de sus diferencias radica a ras de suelo, en los diferentes vehículos para la aplicación real de la lógica de la violencia de julio de 1936, la de la limpieza, a la cual se acogieron múltiples sujetos individuales sobre el terreno en base a los más variados intereses.

Del golpe a la guerra: 1936-1937

A diferencia de las guerras civiles previas en Europa, la española tuvo un arranque concreto y definido, marcado por un golpe de Estado. Otra cosa es dirimir con exactitud cuándo se pasó de una fase a otra, algo realmente fundamental para analizar ambos fenómenos y los despliegues sobre el terreno de políticas de violencia, ocupación, movilización o construcción nacional. En todo caso, los hechos son bien conocidos y resultan centrales para comprender la lógica de la violencia que desencadenaron. La victoria electoral en febrero de 1936 de la amplia coalición de centro-izquierda del Frente Popular, eminentemente socialistas y republicanos, abrió definitivamente el marco de posibilidades para la sublevación contra el régimen republicano, que se desencadenó en julio pero que venía preparándose desde meses atrás (entre otros muchos Casanova, 1999; Gómez y Marco, 2011; Míguez, 2016). Una sublevación, todo sea dicho, de cuarteles y ayuntamientos, de ocupación de casas del pueblo y de sedes de partidos y sindicatos, que muy difícilmente puede identificarse como hace Michael Seidman (2012: 43) con un «pronunciamiento relativamente pacífico en la tradición del siglo XIX y el temprano siglo XX». Salvo por contraste, la tradición golpista sirve poco para analizar el modo y los efectos del golpe de 1936. Primero, por los fuertes apoyos civiles y políticos con los que contaba. Segundo, porque nada lleva a pensar que se tratase de un movimiento restauracionista. Tercero, por la profundidad de la limpieza política que desató, muy por encima de lo que en un pronunciamiento relativamente [sic] pacífico se requiere para tomar y conservar el poder, siquiera temporalmente. Y cuarto, aunque podríamos extender el razonamiento hasta unos cuantos puntos más, porque la naturaleza misma de la sublevación, nacional, generalizada (44 de las 53 guarniciones más importantes) y relativamente joven en términos generacionales —en el sentido de que solo dos de los 18 generales de división se levantaron en armas, 18 de los 32 generales de brigada, mientras que lo hizo la inmensa mayoría de los oficiales y suboficiales— dista mucho de la imagen del julio de 1936 como un golpe de espadón y pretorianismo.

La fractura que se verificó en las fuerzas del orden y el Ejército, sumada a la decidida resistencia por parte de las organizaciones obreras, fueron elementos clave para la fragmentación del poder resultante del golpe de Estado: en un plazo breve y acelerado de tiempo hubieron de configurarse las fuerzas en liza para defender o acabar con el gobierno y el poder republicanos. El resultado de este proceso que estamos describiendo de toma del poder mediante la violencia también determinaría la forma en que se dieron los acontecimientos ulteriores. Por un lado, se verificó un relativo equilibrio de fuerzas militares, desequilibrado sin embargo en el terreno de los oficiales y suboficiales, mayoritariamente golpistas, lo cual resultó decisivo en el posterior conflicto armado convencional. Por otro, se evidenció la fuerza de las organizaciones sindicalistas y políticas armadas, que lograron atajar el golpe en las grandes ciudades y, sobre todo, en Madrid, deteniendo a los golpistas o acabando con sus vidas. También se hizo palmaria de manera súbita la importancia que habrían de adquirir las unidades profesionales del Ejército desplegadas al norte de Marruecos, que contaban con experiencias de fuego real, entre otras en el aplastamiento de la revolución de 1934. Y por fin, se tornó capital, hasta el punto de determinar los resultados de la guerra misma, la dimensión internacional del levantamiento, y por tanto su vinculación explícita y directa con los conflictos políticos, territoriales, geoestratégicos, económicos e identitarios del continente europeo. En cualquier caso, si hubo guerra fue porque la Italia fascista (más que la Alemania nacionalsocialista) desbloqueó la situación de impasse golpista en agosto de 1936 (Rodrigo, 2016), de manera que la internacionalización del golpe coadyuvó de forma capital a su transformación en una guerra civil.

Con la violencia sustituyendo a cualquier vehículo de comunicación política, que un lugar concreto tuviese una tasa de asesinatos mayor o menor y el momento en que estos se ejecutasen no puede simplemente depender de la lógica superior del golpe o de la guerra. Uno y otra, evidentemente, acaban por convertirse en los marcos propiciatorios necesarios, más el primero que la segunda, sobre todo por el grado de transformación y de subversión de los roles y mecanismos del poder. En las dos zonas se depuso de sus mandos a los tibios, que fueron encerrados y procesados sin garantías jurídicas o fueron asesinados para que no interfirieran en el triunfo del golpe o de la revolución. Se actuó sin reparos, acabándose con la vida de gobernadores civiles, jefes militares leales o desafectos a la República, políticos afines al proyecto frentepopulista o a la derecha católica. El triunfo o el fracaso del golpe militar dependían fundamentalmente del empleo de la violencia, y en consecuencia los asesinatos y las encarcelaciones se sucedieron por toda la geografía nacional. Encendido el fuego de la sublevación, la violencia fue el canal preferente de comunicación utilizado por el poder, estatal o fragmentario, para relacionar, comprometer o imponerse a la población. Esa violencia de primera hora, golpista en una España y revolucionaria en la otra, tuvo así un carácter eminentemente relacional. Su uso entrañaba una cuádruple funcionalidad: imponer, controlar, estabilizar y mantener el poder y la autoridad. Las autoridades militares sublevadas tuvieron recursos para contener la violencia, algo que no sucedió donde el Estado fue sustituido por comités antifascistas y revolucionarios armados. De hecho, el reparto de armas marcó «un punto de no retorno en aquella revolución desencadenada por la rebelión» (Juliá, 2006a: 156; Casanova, 1997; Martín Ramos, 2011 y 2018). Más o menos ruidoso y prolongado, y con evidentes matices según las áreas de la península, el derrumbe estatal existió en ambas zonas. Pero mientras que en la sublevada esa suerte de plebiscito armado no implicó por entero la fragmentación de poderes políticos, fuerzas coercitivas y agentes violentos, en la republicana su atajamiento y el colapso de los mecanismos de coerción del Estado trajeron aparejada no solo su extrema segmentación, sino además su explosiva multiplicación. Sin embargo, la lógica de la ocupación y aseguramiento del poder no agota en sí misma la explicación de semejante oleada asesina.

Premeditada o no, con sustanciales diferencias por territorios, pero desde luego despertada por esa sublevación militar, la extensión de la violencia y la limpieza política y social donde el golpe fracasó —por inacción militar o porque se le hizo fracasar desde las calles y las barricadas— fue casi inmediata. Salvo en los distritos rurales con pequeñas guarniciones de la Guardia Civil, aunque fuesen el cuerpo armado o las fuerzas del orden y no el pueblo en armas quienes abortaron la sublevación de los cuarteles, esa violencia se extendió rápidamente, primero identificada con el atajamiento del golpe de Estado (las ocupaciones de los centros de la sublevación, como los cuarteles de las Atarazanas y de la Montaña en Barcelona y Madrid, y al cabo el asesinato de buena parte de los sitiados), y tras la declaración de la huelga general, con la apertura de la espita revolucionaria, una oleada de violencia sin precedentes, consecuencia de la virtual ausencia operativa de los órganos coercitivos del Estado, o en el caso catalán de la convivencia del poder de la Generalitat con el del Comité Central de Milicias Antifascistas (Martín Ramos, 2012: 21). Para quienes abortaron la sublevación, armaron a sindicatos y milicias de partido y vieron cómo el poder estatal se fragmentaba ante sus mismos ojos, era igualmente lógico encarcelar, juzgar y matar a militares sublevados o a quienes habían instigado la sublevación, nombres como los de los generales Fanjul (1880-1936), Goded (1882-1936) o Fernández Burriel (1879-1936), fusilados tras juicio por orden de la autoridad reinante: por orden del poder revolucionario. Una victoria que arrastró a la muerte a miles de personas, significados propietarios fabriles y trabajadores tibios en las ciudades, propietarios y jornaleros en el campo, católicos en su gran mayoría. También en esto cuentan la contingencia y la cronología. Las milicias de partido y sindicato se enseñorearon de las ciudades, del campo y de un control cristalizado en los comités revolucionarios armados, grupos de investigación y vigilancia o patrullas de control, que además de sustituir a las fuerzas policiales de orden público, aseguraban y afianzaban con la argamasa de la sangre la repentina y tan largamente buscada victoria en una lucha política y social que contaba al menos con treinta años de antigüedad: los de la vida política de, por ejemplo, un obrero medio de unos 45 años que hubiese ingresado en la adolescencia en el mundo laboral de la industrialización y hubiese vivido las diferentes políticas de la restauración y la dictadura primorriverista. Así lo revelan las edades (45, 46, 44, 40, 60, 52…) de los miembros del Comité Provincial de Investigación Pública de Madrid, aunque algo más jóvenes, rondando los 30-35 años, fuesen los miembros de la Brigada Policial de Agapito García Atadell (1902-1937), paradigma de las escuadras de asesinos de la capital (Ruiz, 2012: 419 y 422).

Pegada a esa guerra de clase, y a veces adelantándose a ella, la primera manifestación revolucionaria fue la de una guerra de religión. El clero y en general cuanto fuera identificable como sacro estuvo entre los primeros objetivos de la violencia revolucionaria, si no fue de hecho el primero, alcanzando unos guarismos aceptados por la comunidad historiográfica de en torno a 6800 asesinados, entre regular y secular. En Tarragona, 28 de las 50 víctimas mortales de los primeros 14 días (del 23 de julio al 4 de agosto) en que se registraron asesinatos eran capellanes, 22, y religiosos, 6 (Piqué, 1998: 135). La religión católica, símbolo eterno de un viejo orden que se quería echar abajo, fue un objetivo crucial en las jornadas de justicia humeante (Graham, 2002: 86; Ranzato, 1994). De hecho, la violencia clericida y sacrofóbica se concentró en las primeras semanas del conflicto, contribuyendo a crear una imagen de la retaguardia que quedaría impresa a perpetuidad tanto sobre sus actores individuales y colectivos como sobre la representación de las víctimas de la violencia revolucionaria (Ledesma, 2009b). En forma de narraciones de asesinatos de sacerdotes, de violaciones de monjas, de incendios de iglesias, de profanaciones de cementerios y exhumaciones de cadáveres, pronto llegaría también a la retaguardia sublevada, impactaría en sus medios de producción de relato, simplificaría todos los debates existentes y construiría con mayor fuerza si cabe una narración específica, una identidad propia hecha de negación y alienación de la del enemigo, la noticia de la forma más terrible, abyecta, infrahumana y espantosa del terror rojo, la furia anticlerical. Ello contribuiría poderosamente a la construcción identitaria en la retaguardia sublevada, y también a nutrir el relato legitimador del exterminio del enemigo. En 1938, el jesuita Juan de la Cruz Martínez recordaría que el «non occides del Decálogo solo reza con la muerte injusta», que la española era una guerra santa o que en las «operaciones de limpieza» no había excesos, a lo sumo desmanes insignificantes (Rodríguez Puértolas, 2008: 344). Y ambos, de hecho, confirmaban que los procesos de violencia, al menos desde el plano de su explicación y justificación, bien podrían estar retroalimentándose. Por si esto fuera poco, esta explosión violenta tuvo un efecto desastroso sobre la imagen del gobierno republicano a nivel internacional, donde los sectores católicos, conservadores y contarrevolucionarios presionaron con fuerza a los gobiernos democráticos de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos para que no apoyaran la causa gubernamental. El éxito de su campaña de descrédito acabó siendo decisivo en el desenlace del conflicto, como siempre suele ser habitual en lo que respecta a la dimensión internacional de toda guerra civil.

La historiografía ha legado básicamente dos modelos interpretativos para esa violencia y sus sujetos: o un indiscriminado y generalizado terror rojo, inundatorio y total, o una cosa de incontrolados y espontáneos (Ledesma, 2007). La cotidiana caricatura de grupos, patrullas y comités de limpieza, con sus fantasmagóricos coches de la muerte y sus imaginativos nombres, no puede sobreponerse sin embargo al hecho de que muchos de los asesinatos de la retaguardia republicana se realizaron bajo la tutela de las autoridades revolucionarias, ni al hecho de que la violencia, aunque no vehiculada por los canales y actores clásicos del poder —el Estado, las fuerzas del orden— sin ser inundatoria, fue todo menos incontrolada y espontánea. Antes bien, fue una violencia con unos aspectos normativos perfectamente diferenciables y con una clara funcionalidad, que explica entre otras cosas que la mayoría de sus víctimas fueran asesinadas o ejecutadas en 1936 (Sagués, 2003; Cobo, 2004; Ealham, 2005; Castillo, 2014). La multiplicación de poderes, el despojo de la autoridad estatal, la necesidad de afianzar el poder y el deseo de aniquilamiento del viejo orden explicarían esa misma violencia que muchos actores desplegaron durante las jornadas revolucionarias (Ledesma, 2004).

Por tanto, la violencia en forma de detenciones, torturas y asesinatos fue el instrumento preferente para la limpieza política de la retaguardia. La sociedad nueva exigía la expropiación de bienes, el aniquilamiento del enemigo de clase, la lucha, la tea purificadora contra el quintacolumnismo en las ciudades, la eliminación de fascistas, cedistas, falangistas, sacerdotes, derechistas y propietarios rurales e industriales, militares y trabajadores corrientes. El marco de esta violencia fue el de la pugna abierta por el control del poder, en el que la impunidad vigente facilitaría que aquella fuese un «instrumento de la revolución y de los micropoderes surgidos del derrumbe del aparato estatal». En última instancia, esta llevó a la tumba o a la fosa a miles de personas, muchas veces tras haber sido retenidas y torturadas en cárceles improvisadas, a veces de exagerada evocación filosoviética, las checas (Ledesma, 2004: 145). Desde agosto de 1936 la justicia revolucionaria se tramitaría en tribunales populares, ya el día posterior a los asesinatos de al menos 30 presos políticos en la cárcel Modelo de Madrid. Pero seguiría existiendo violencia extrajudicial. Las ejecuciones de penas sumarísimas no se suspenderían hasta mediados de agosto de 1938, dos años después de la flamígera revolución. Aunque también en esto hubo una fuerte diferencia entre el espacio rural y el urbano. De hecho, a su llegada al Aragón oriental o a Lleida, las columnas de milicianos venidas de Levante se encontraron con que en la mayor parte de los casos ya se habían constituido colectividades agrarias, generalmente de manera endógena y a menudo con un papel importante de la violencia revolucionaria. En este sentido, las dinámicas locales fueron claves, con agentes autóctonos que tenían sus propias agendas políticas, pero también con un peso importante de los retornados a sus lugares de origen como milicianos, que después de haber emigrado y haberse politizado fuera contribuyeron a reforzar los proyectos colectivistas con su presencia (Castillo, 2014). En las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la pertenencia a una comunidad era un aspecto por fuerza tamizado a través de otros mecanismos de identificación, eminentemente políticos, y la violencia tuvo vinculaciones concretas a momentos puntuales, como las venganzas contra presos tras los raids aéreos. En las aproximadamente 2400 muertes de presos «facciosos» en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz en noviembre de 1936, la que supuso la saca masiva más importante de toda la guerra disfrazada de traslado de presos políticamente peligrosos para la República en caso de hacerse efectiva la ocupación de Madrid, el elemento fundamental fue la voluntad estratégica de aniquilamiento de la alteridad política, aunque sin demasiadas sutilezas, como demuestra el hecho de que salvase la vida el falangista Raimundo Fernández Cuesta (Cervera, 1998; Viñas, 2007: 35-87; Martínez Reverte, 2004: 577-581; Ruiz, 2016).