Safari Fronterizo

A fines de 2003, luego de que La Jornada, de la ciudad de México, publicara breves extractos del manuscrito de este libro, unos colaboradores y yo empezamos a recibir extraños telefonemas con ruidos de fondo, que semejaban un serrucho eléctrico y la voz de un infante suplicando "Mami, no". Un agente federal de Estados Unidos también recibió llamadas similares, las cuales fueron rastreadas hasta México. Una fuente federal nos alertó de la intención de un funcionario del gobierno para emprender la

"Operación Desaparición", un plan dirigido contra un periodista de la ciudad de México. Este plan fue diseñado luego de que un influyente ciudadano se quejara de que algunos de nosotros nos estábamos acercando demasiado.

Las autoridades mexicanas no cuentan con ninguna prueba en contra de los sospechosos ya encarcelados y que enfrentan acusaciones de participar en una cadena de crímenes en serie, lo que incluye al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif. Los feminicidios se han extendido hasta la ciudad de Chihuahua, la capital del estado de Chihuahua, a unos 380 kilómetros al sur de Juárez. Cynthia Kiecker, una ciudadana de Minnesota, Estados Unidos, y su esposo, un ciudadano mexicano, fueron acusados del asesinato de una joven en la ciudad capital, en el año 2003. El Departamento de Estado de Estados Unidos cree que Cynthia y su marido fueron torturados para obligarlos a firmar confesiones falsas.

Desde el principio, las amenazas y las intimidaciones han formado parte de la odisea en Juárez. El FBI se ha visto frustrado en sus esfuerzos por colaborar. Expertos van y vienen sin que las cosas cambien. Organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado en vano contra el gobierno mexicano. Sin embargo, retroceder sólo beneficiaría a los asesinos. A menos que se haga algo para impedirlas, estas muertes continuarán. Sin una importante intervención internacional, una segunda década de muertes promete ser peor aún que la primera. Este libro fue escrito porque hay vidas en juego.

SAFARI FRONTERIZO

Ciudad Juárez. Olga Alicia Carrillo Pérez era el centro de la vida de Irma, su madre. La joven tenía 20 años cuando desapareció, la noche del 10

de agosto de 1995, en la zona centro de la ciudad. Trabajaba como

dependienta en una tienda de calzado y ahorraba dinero para su escuela. Su desaparición y asesinato destilaban intriga. El egipcio Abdel Latif Sharif Sharif fue acusado de su muerte, pero la familia de ella nunca estuvo conforme con la versión de que el asesino ya se encontraba en la cárcel.

Anita, una amiga de Olga, fue una de las últimas personas que la vio con vida. El día de la desaparición de Olga, Anita la acompañó a la sede del Partido Acción Nacional, ubicado en la avenida 16 de Septiembre y Cinco de Mayo. Olga se había sumado a las juventudes panistas justo cuando el ascenso al poder de este partido político representó un rompimiento con el viejo sistema que alguna vez dominara el Partido Revolucionario Institucional. Miembros del PAN ocupaban la gubernatura del estado de Chihuahua, los puestos clave en la policía, así como el gobierno del municipio de Juárez. Francisco Barrio era el gobernador, Francisco Molina Ruiz era el procurador general de justicia y Ramón Galindo sería el nuevo alcalde.

El día que Olga no llegó a su casa, tenía planeado asistir a una junta con la juventud panista a las 7:30 p.m. en el edificio de ese partido. Después de que Olga no regresó, Irma, otros de sus parientes y amigos la buscaron con desesperación. Imprimieron volantes con la fotografía y los pegaron en los postes y bardas de la ciudad. Hablaron con todo aquel que pudiera haber tenido contacto con la joven, desde sus supervisores en el trabajo hasta chóferes de transporte público de pasajeros. Galindo, quien estaba por ocupar el cargo de alcalde, había organizado un viaje de retiro para los jóvenes panistas a la sierra de Chihuahua. Después de la desaparición de Olga, Galindo prohibió a los jóvenes que colaboraran en los esfuerzos realizados para localizarla. Irma dijo presentir que algo muy malo estaba ocurriendo el día en que su hija no llegó a casa. En esa época, Irma buscaba trabajo extra porque deseaba que Olga ingresara a la universidad en la que la joven tenía puestas sus esperanzas.

Pero un mes después, el 10 de septiembre, el cuerpo de la joven mujer fue descubierto en Lote Bravo, un predio localizado al sur, en los límites de la ciudad, en donde ese mismo año se encontraron también los cuerpos de otras adolescentes. Este horrible descubrimiento conmocionó a la comunidad. De acuerdo con el médico forense, el seno derecho de la joven fue cortado de tajo y el izquierdo había sido literalmente arrancado a mordidas. Se le apuñaló en varias ocasiones, su cuello estaba fracturado y

había señales de que fue violada. La policía mencionó que vestía pantalón de mezclilla azul con etiqueta Lee, chaleco rojo, zapatos y calcetines. Otras víctimas localizadas en el mismo desierto sufrieron heridas semejantes. Los detalles de la muerte de Olga llenaron a Irma de rabia y dolor. Mencionó que las autoridades, al principio, creían que ese cadáver pertenecía a Olga,

"pero después me dijeron que estaba entre las víctimas de Lomas de Poleo y no entre las que encontraron en Lote Bravo". Este tipo de confusiones son frecuentes en las investigaciones de los crímenes en serie de Juárez.

"Ya no puedo llorar. He llorado todo lo que podía, pero el dolor ahí se queda", comentó Irma, en su casa de Ciudad Juárez.

"¿Cómo puede alguien matar a una joven de esta manera? No está bien.

No fue justo lo que le hicieron a mi Olga."

Cuando la conocí, Irma vivía en la misma casa que compartía con su hija en uno de los viejos barrios del centro de Juárez. Como medio de subsistencia, vendía hamburguesas y sodas en un puesto frente a su casa.

Los rascacielos del centro de El Paso eran visibles desde su calle. Vivía como a dos kilómetros de la frontera. Completaba sus ingresos con la venta de ropa usada y trabajando como empleada doméstica en Juárez y El Paso.

Irma era una mujer de voz enérgica cuyo lenguaje crudo, de barrio, apenas escondía la pena y la rabia que la consumían. No estaba del todo convencida de que el cuerpo que le entregaron perteneciera en realidad a Olga. Un académico de Juárez, quien logró revisar los archivos del caso, comento que a Olga se le identificó plenamente mediante una prueba de ácido desoxirribonucleico, realizada por una universidad de Texas. Aún así, Irma no se convenció.

"Cómo puede tratarse de ella, cuando sólo me entregaron un costal de huesos. Sólo me dijeron: ésta es su hija", expresó Irma. "No ha estado muerta tanto tiempo como para que se descompusiera. Creo que las autoridades me han ocultado un montón de cosas acerca de la muerte de mi hija."

En una entrevista posterior, Irma perdió el control y lloró al relatar el encuentro que tuvo con una joven que tenía un parecido extraordinario con su hija.

"El otro día me encontré a alguien en la calle que se parecía tanto a mi Olga, que le dije que fuera a mi casa a ver el retrato de mi hija en la pared

de la sala. Estaba asombrada de ver cómo se parecía a ella. La abracé imaginando que era Olga Alicia."

Irma comentó que Rogelio Loya, un funcionario del municipio de Juárez y miembro del PAN fue la única persona que se ofreció a ayudarla a localizar a su hija, después de que fue reportada su desaparición. Convenció a la policía de salir y buscar a la joven perdida, pero su ayuda no duró mucho.

"Su familia pidió que ya no lo llamáramos porque había recibido amenazas de muerte al querer ayudarnos. Hasta la fecha, no sé por qué se le amenazó", dijo Irma. "El no me comentó nada. La madre de Rogelio estaba muy inquieta cuando nos llamó y pidió que lo dejáramos en paz." En el año 2003, Loya se desempeñaba como regidor en la administración del alcalde Jesús Alfredo Delgado.

Al igual que otras chicas de su edad, Olga soñaba con vivir una novela de amor con un apuesto pretendiente. Su madre recordó que la joven estaba prendada de Luís Arenal, un joven que comenzaba a descollar en las filas panistas. Olga salió con el regidor un par de semanas, pero Arenal le destrozó el corazón al dar por terminadas sus relaciones. La policía interrogó a este líder político, al ser de las últimas personas que vieron con vida a Olga en la junta del 10 de agosto. Pero las autoridades no lo acusaron de nada y lo declararon libre de toda sospecha.

El espionaje

En 1999, llamé a Irma para revisar los detalles de mi pasada entrevista.

Había mucha estática en la línea del teléfono, que parecía aumentar mientras hablábamos. La llamada se cortó bruscamente, justo en el momento en que le pedí que me deletreara el nombre de Luís Arenal. No me fue posible comunicarme con ella en los siguientes tres días y ella estuvo imposibilitada de efectuar llamadas desde su teléfono por más de una semana. La interceptación del teléfono nada tenía que ver con Arenal sino con el hecho de que, cuatro años después de la desaparición de Olga, alguien continuó monitoreando los encuentros de Irma con desconocidos.

En México no es raro que una tercera persona escuche y grabe las conversaciones telefónicas. El gobierno (o la mafia) lo hace sin una orden judicial. Es tan obvio que hay ocasiones en que se pueden escuchar los beeps cada 15 segundos cuando el equipo no sofisticado es usado para grabar conversaciones telefónicas remotas. Después de esta experiencia con

Irma, y por su propia seguridad, creí prudente continuar cualquier plática o conversación de manera personal con ella sobre del caso de Olga.

En el libro Drugs and Dentocracy in Latin America, Laurie Freeman y Jorge Luís Sierra nos informan que el ejército tuvo la capacidad y los recursos suficientes para llevar a cabo el espionaje en el estado de Chihuahua. La misión del ejército era valerse de cualquier medio para obtener información de grupos armados, actividades subversivas, presencia injustificada de extranjeros, organizaciones varias, proselitismo por parte de sacerdotes o líderes de sectas religiosas, grupos ecológicos, propaganda política y acciones de las pandillas delictivas. Para sustentar esa afirmación, los autores citaron un documento del año 2000, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, llamado Orden General del 33 Batallón de Infantería. En efecto, según ese documento, al ejército se le dio la facultad para hacer espionaje político.

Por otra parte, el conserje del edificio sede del PAN dijo que la última vez que vio a Olga fue cuando la joven caminaba por la parte posterior del inmueble, después de salir de una junta, pero el hombre se negó a contestar si esa noche notó algo extraordinario. Detrás del local del PAN, ubicado en 16 de Septiembre y Cinco de Mayo, hay un canal, y al otro lado un edificio que es utilizado por el partido para cursos de adiestramiento. Irma explicó que el edificio auxiliar fue clausurado tiempo después de que se localizó el cuerpo de Olga. A corta distancia del edificio del partido, en la calle Zaragoza y Cinco de Mayo, se encuentra el Instituto de Estudios Computacionales, una escuela privada que imparte clases de computación y opera como secundaria abierta. En diciembre de 2003, dos adolescentes acusaron a un hombre de atraerlas hacia la escuela y violarlas ahí mismo.

Varias jóvenes desaparecidas, muertas en Juárez y Chihuahua, un año antes, tuvieron vínculos con la escuela de computación ECCO que reclutaba gente joven para sus clases, en ambas poblaciones.

El conserje del PAN no era la única persona que tenía miedo de hablar sobre del caso de Olga, y nadie más parecía saber, con seguridad, si la joven salió con vida de esos edificios. Anita, la antigua supervisora de Olga, quien la había llevado a la junta del PAN el 10 de agosto, también se negó a hablar. Es más, se reservó la identidad de un importante hombre de edad, tal vez un abogado, quien tenía el hábito de detenerse y platicar con Olga en El Vaquero, la zapatería en donde Anita y ella trabajaban. Irma comentó que

Anita estaba tan temerosa, que se negó a revelarle la identidad del hombre para que la policía lo interrogara. Olga también trabajaba para el despacho de un abogado en el centro de Juárez, pero Irma expresó que el misterioso visitante no pertenecía a ese bufete de abogados. Por casualidad, Olga ya había renunciado a su trabajo en la zapatería de la Avenida Tecnológico 1610, pero el día de su desaparición sus jefes le habían solicitado su ayuda para trabajar en el negocio por última vez.

Investigación cortada

Irma recalcó cómo prácticamente arrastró a la policía para interrogar a los ex compañeros de Olga en la zapatería. "Pero los agentes judiciales sólo se probaron varios pares de botas y bromearon con las empleadas de la tienda. En lo que a mí me consta, hasta ahí llegó la investigación", expresó Irma. "Al principio, me aseguraron que Sharif asesinó a mi hija. Después, la policía señaló que Sharif pagó a la pandilla de los Rebeldes para matarla."

"Y a la mayoría de las familias, lo que más nos duele y lastima es la forma en que la policía intentó destrozar la reputación de nuestras hijas.

Declararon a la prensa que ellas llevaban una doble vida, que eran vagas o prostitutas. Conocía a mi hija y ella no era ninguna de esas cosas."

Otra víctima encontrada en Lote Bravo, cerca del cadáver de Olga, en 1995, fue identificada como Silvia Elena Rivera, de 17 años. Su madre, Ramona Morales, participó en la conferencia "Crímenes de la Maquiladora"

2003 en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), llevada a cabo desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre de ese año. La conferencia binacional, organizada por Alicia Gaspar de Alba y copatrocinada por Amnistía Internacional, logró reunir a expertos, activistas, periodistas y madres de víctimas, para abordar el tema de la mortal década de 1993 a 2003 en esta ciudad fronteriza. Los participantes en la conferencia me comunicaron que el actor Nicolas Cage y otras estrellas de Hollywood donaron fondos para cubrir los gastos de las madres asistentes a la conferencia.

Ramona comentó que su hija Silvia fue vista por última vez el 11 de julio de 1995, cuando se dirigía a la escuela preparatoria Iberoamericana. Al igual que Olga, Silvia fue violada, estrangulada y mutilada. Su cadáver fue encontrado el 2 de septiembre de 1995, también con un seno cercenado y el otro arrancado a mordidas. Ramona dijo que su esposo, Ángel Rivera, perdió la voluntad de vivir al enterarse de los detalles de la terrible muerte

de su hija. "Fue él quien identificó su cuerpo y estoy segura de que él falleció a causa de esa pena tan grande", expresó Ramona.

Otra participante en la conferencia de la UCLA, Norma Andrade, maestra de escuela primaria en Juárez, enviudó casi de la misma manera. Su hija de 17 años, Lilia Alejandra García Andrade, fue asesinada de forma brutal en febrero de 2001. Conocí al padre de Lilia antes de que contrajera cáncer, padecimiento que lo privó de la vida en el año 2003. Antes de su muerte, su familia apenas pudo cubrir los gastos de los medicamentos para atenuar sus dolores. Los cónyuges de Ramona y Norma eran hombres criados en la cultura machista de México, en la que se presiona a los hombres a mostrar su fuerza a cualquier costo. En ocasiones, esto se manifiesta en violencia doméstica, así como en la actitud generalizada mostrada por la policía que, con frecuencia, concede poca importancia a las denuncias de violencia intrafamiliar y asaltos de índole sexual. Los progenitores varones sienten, de alguna manera, haber fallado en proteger a sus hijas y se culpan de sus muertes. Uno de ellos, el padre de una víctima asesinada en 1998, confesó haber suspendido las relaciones sexuales con su esposa desde que su hija fuera asesinada. El hombre no pudo superar la sensación de haberle fallado también a su esposa.

Cerca de narcorrancho

Adriana Torres Márquez, de 15 años, quien también fue sacrificada con la misma saña que las demás jóvenes, había desaparecido seis meses antes de que sus restos fueran localizados en las afueras de la carretera a Casas Grandes, en los alrededores de la Granja Santa Elena, al sur de Juárez. Esta colonia semirrural se ubica en las cercanías de un rancho en donde agentes del FBI y de México exhumaron los cadáveres de cinco hombres durante la investigación de las "narcofosas" en 1999. Su madre, Berta Márquez, explicó que Adriana fue vista, por última vez, el 8 de mayo, frente a la zapatería Tres Hermanos en la Avenida Vicente Guerrero, por el rumbo de la catedral de Juárez. Por lo menos otras dos víctimas fueron vistas cuando se dirigían a una de las sucursales de la misma zapatería en la zona centro, o bien, trabajaban en esos negocios. El cuello de la joven sufrió fracturas durante su estrangulación. Expertos forenses revelaron que otras víctimas también tenían el cuello roto al ser estranguladas y especularon que sus atacantes las agredían así con el fin de obtener un mayor placer sexual. Los especialistas explicaron que la fractura de la nuca, en determinado punto de

las vértebras cervicales, ocasiona convulsiones que es precisamente lo que los asesinos deseaban provocar. Las víctimas de los asesinatos sexuales encontradas a fines de 2003 sufrieron las mismas lesiones en el cuello.

Francisco Minjares, jefe del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, declaró en 1995 que los testigos vieron a Sharif acompañado de Adriana la noche anterior a su desaparición, en un centro nocturno de Juárez. Pero sus familiares refutaron estas versiones oficiales y aseguraron que la adolescente permaneció toda la noche con ellos en la casa. Minjares fue acribillado en Chihuahua en el año 2003. Una fuente del FBI comentó que el ex policía, quien había concluido la investigación en contra de Sharif, estaba vinculado con los traficantes de droga, y que la agencia federal lo consideraba "uno de los policías más corruptos y asesinos del estado de Chihuahua". Una de las encomiendas del asesinado ex jefe policiaco, antes de abandonar la corporación en 2002, era proporcionar protección a algunas de las familias más acaudaladas del estado. Según el FBI, entre sus clientes se encontraba Valentín Fuentes Téllez, quien contrajo matrimonio con la hija de Lino Korrodi, ex tesorero de la campaña electoral del actual presidente.

Sin identificar

Elizabeth Castro García, de 17 años, es otra víctima asesinada en 1995, cuyo crimen se le atribuye a Sharif. Un amigo la vio por última vez en la esquina de las avenidas Juárez y Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad. Castro estudiaba en la escuela de computación ITEC de la Avenida Francisco Villa, una calle adyacente a las vías del ferrocarril, y de la Avenida Juárez. La desaparición de Elizabeth fue reportada el 14 de agosto de ese mismo año y su supuesto cadáver fue encontrado el 19 de agosto, en la carretera a Casas Grandes, al sur de Juárez. Un mismo patrón iba sobresaliendo en estos casos: Elizabeth, Adriana y otras jóvenes se desvanecían a plena luz del día en los lugares más poblados de la ciudad. La mayoría de las desapariciones de estas jóvenes ocurrió por la tarde y en días hábiles. Estas jóvenes realizaban sus actividades acostumbradas: iban camino al trabajo, a la escuela, a reunirse con sus amigos, o a cumplir encargos. Había más patrullaje de la policía en la zona centro que en ningún otro sector de Juárez. Aun así, nadie vio o escuchó nada. La mayoría de los sitios de la zona centro, lugar donde desaparecían las jóvenes, queda a sólo

quince minutos del puente internacional que divide a Ciudad Juárez y El Paso.

La doctora Irma Rodríguez Galarza, especialista forense de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, concluyó que algunas de las mujeres mutiladas fueron torturadas cuando aún estaban con vida. "No se trataba de heridas infligidas a un muerto", atestiguó. La doctora Rodríguez, una experta en su campo, con dos libros publicados, se dedicó a reconstruir los rasgos de las víctimas no identificadas a partir de los restos encontrados, con la esperanza de poder establecer su identidad. Dos años antes de que su hija muriera, la doctora Rodríguez poseía una larga lista de víctimas en espera de ser identificadas: existían los restos de 42 mujeres y 70 hombres.

Estas cifras con frecuencia se excluyeron del número total de víctimas que las autoridades hicieron públicas. En ocasiones, el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, se refería a una "bolsa de huesos" que, según comentó, la anterior administración -presidida por el entonces gobernador Francisco Barrio- había heredado a la nueva gestión administrativa. Le pregunté a la doctora Rodríguez si los restos no identificados se remontaban a muchos años atrás, quizá a la década de los ochenta o antes. La profesional forense explicó que todos los restos se encontraron entre 1995 y 1996, durante lo que, al parecer, fue el apogeo de esta fiebre asesina.

Comentó que se consideró a las jóvenes como víctimas de simples homicidios, y que se desconocen datos adicionales sobre estos casos.

Debido al ambiente político prevaleciente en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, es casi imposible que la identidad de los 112

hombres y mujeres se conozca algún día. En julio de 2001, Paloma Villa, la hija de la doctora Rodríguez, y su concubino fueron asesinados frente a la casa de la familia, en Juárez. Sus cuerpos fueron prácticamente cosidos a tiros. Su hijo, Vladimir Villa, un nieto del héroe revolucionario Pancho Villa, quien resultara herido durante el ataque, logró sobrevivir de milagro.

Sus muertes quedaron impunes.

La zona crítica: Avenida Juárez

En la Avenida Juárez existen tiendas antiguas y bares que atienden de preferencia a los turistas. Los estadounidenses atraviesan con frecuencia el puente Paso del Norte para comprar recuerdos, souvenirs, medicinas o licor.

Durante las noches, en especial los fines de semana, este sector se convierte en un centro de fiestas para cientos de adolescentes provenientes de Estados

Unidos, quienes congestionan la zona atraídos por la ley que les permite beber a los jóvenes a una edad más temprana que en su país de origen.

Después de atragantarse con cervezas "al 2 X 1", los jóvenes se apoderan de la vida nocturna en la avenida. El Club Kentucky, un bar clásico, ha sido, por generaciones, una de las barras más populares. En 1998, por órdenes de un traficante residente en El Paso, tres hombres de esa ciudad fueron secuestrados en el Club Kentucky por la policía. Nunca se les volvió a ver con vida. En esa misma década en donde muchas mujeres fueron asesinadas con impunidad, docenas de hombres se esfumaron de Juárez de la misma manera que los tres paseños; hombres armados que portaban uniforme e insignias policíacas los secuestraron. Se calcula que entre 400 y 800

hombres han desaparecido en esta ciudad fronteriza. A unas dos calles al sur del bar Kentucky se ubica el Noa Noa, que literalmente se convirtió en un santuario debido al conocido cantautor Juan Gabriel. El artista de Michoacán creció en Juárez y llegó a ser una estrella internacional de la música. Para contrarrestar la publicidad negativa que sufría la ciudad a causa de los crímenes contra mujeres, Juan Gabriel ofreció un concierto al aire libre, en diciembre de 1999, en donde logró reunir alrededor de unas quince mil personas. Otro club, de los más frecuentados por los residentes de la ciudad, se ubica en la parte sur de la Avenida Juárez, poco antes de llegar a la Avenida 16 de Septiembre. Ahí, el Club Sinaloense ameniza con los acordes de conjuntos en vivo, al son de cumbia o de música norteña, cualquier día de la semana. La gente que pasa cerca del club se siente atraída por la sensual música latina que se toca durante la noche. Hombres y mujeres como las trabajadoras de maquiladora entran a bailar y a beber después de un largo día de trabajo en una de las casi 300 plantas maquiladoras de origen extranjero. Frente al Sinaloense, opera Glamour, una escuela de cosmetología en donde trabajaba Juanita Sandoval. Ella fue encontrada muerta el 17 de febrero de 2003, en un sitio llamado Cristo Negro. Las autoridades dijeron que ese día tres cuerpos fueron encontrados en el mismo sitio, pero los vecinos y un fotógrafo del periódico Norte aseguraron haber visto a las autoridades rescatar cuatro cuerpos de ese lugar. En la esquina de la escuela de cosmetología se encuentra otra zapatería Tres Hermanos, en donde alguna de las víctimas fue vista por última vez. A la vuelta de la esquina de ese negocio, se ubica la escuela de cómputo ITEC donde asistía Elizabeth Castro. En la misma calle, rodeada

por las avenidas Juárez, 16 de Septiembre, Francisco Villa y Abraham González, se encuentra el restaurante La Sevillana, un negocio señalado por un reporte de inteligencia del FBI, en 2003, de estar relacionado con los crímenes. Antes de ese fin de año, el negocio que había funcionado por décadas en el centro y administrado por diferentes dueños, cerró sus puertas en silencio al público.

Acosan con droga

La zona de diversión del centro de esta ciudad fronteriza se extiende desde la llamada zona roja, en la calle Mariscal, la primera localizada al poniente de la Avenida Juárez. Bajo la vigilancia de la policía, los vendedores trafican con marihuana y cocaína. Durante un recorrido para acompañar a un periodista canadiense por ese distrito, uno de los

"puchadores" del lugar nos insistió largo rato para que le compráramos cocaína. Jim Conley, el editor nocturno de El Paso Times, comentó que "los taxistas les informaban a sus clientes estadounidenses que ellos mismos les podían conseguir lo que quisieran en Juárez, incluyendo sexo con jóvenes menores de edad". Un simple viaje para cenar a través de la frontera se convirtió en una aventura relacionada con el sexo. Muchas de estas actividades clandestinas tienen lugar en los cuartos traseros de algunos bares y congales en La Mariscal. Los chóferes del sitio conocen todos estos lugares. Los frecuentes secuestros de las jóvenes asesinadas que han dado a Juárez notoriedad a nivel mundial ocurren justo aquí, frente a todos.

Hardrick Crawford Jr., el ex jefe del FBI en El Paso, coincidía en ello. En una ocasión, cuando Crawford aún trabajaba para el FBI, él y otro investigador de esa agencia regresaban a El Paso después de salir de una reunión con funcionarios mexicanos cuando al llegar a la esquina de las avenidas Juárez y Francisco Villa, su acompañante le comentó que se encontraban justo donde algunas de las víctimas habían sido vistas por última vez. Crawford miró a su alrededor y comentó: "El asesino se encuentra justo aquí, en algún lugar". Más tarde, el investigador del FBI pagaría muy caro su gran interés en estos y otros crímenes.

Vicky Caraveo forma parte de la opulenta sociedad de esta ciudad. Es fundadora del grupo Mujeres por Juárez. En México no es usual que una mujer. que pertenece a una clase social tan elevada se convierta en una activista social y que tenga contacto con las clases más menesterosas.

Caraveo empezó a ocupar los principales espacios noticiosos cuando

protestó en contra de las elevadas tarifas de la energía eléctrica, a principios de los años noventa. Consideró que los cobros del servicio eran exorbitantes y que esquilmaban a los más pobres. En la actualidad, Caraveo continúa con su protesta al racionar el consumo de electricidad en su propio hogar.

Cuando la visité, su residencia del fraccionamiento Campestre estaba tan oscura que casi lamenté no haber traído unas velas para leer mis notas. "Sé que tengo con qué pagar el servicio", aclaró Vicky, "pero no se trata de eso". Otra campaña radical que la activista asumió fue disminuir el alto consumo de gas, después de las generalizadas quejas de los residentes de Juárez, quienes aseguraban que las empresas distribuidoras de gas licuado los estaban estafando. Se quejaban de que pagaban por un tanque lleno, cuando en realidad les era surtido un tanque "ordeñado". "Me presenté ante los Zaragoza (propietarios de compañías gaseras) con la esperanza de que pudieran hacer algo al respecto, pero sólo me respondieron: “somos un negocio”, recordó Vicky. El año pasado, el periódico Norte publicó un desplegado de cuarto de plana en la sección A, titulado "TOMZA y la nueva fiscalía para el caso Juárez". El desplegado publicitario, así como dos notas informativas, afirmó que Tomás Zaragoza, miembro del poderoso clan Zaragoza en Juárez, al parecer engañaba a los consumidores al proporcionar una cantidad de energético menor a la estipulada según las regulaciones gubernamentales. El comunicado, firmado por Fernando Martínez Cortés, de la ciudad de México, también aseveró que los empleados de TOMZA en Guatemala estaban bastante familiarizados con los detalles del fraude en los tanques de gas, mientras que notas periodísticas señalaban que la empresa mexicana enfrentaba demandas laborales en ese país. El desplegado era también un llamado a las autoridades para emprender una investigación para obtener la información que pudieran tener los Zaragoza acerca de los crímenes contra mujeres. La respuesta a la publicación de referencia no se hizo esperar mediante desplegados pagados por cámaras y asociaciones empresariales para defender a Tomás Zaragoza como una persona honorable. Una fuente del CISEN aseveró que un funcionario de esa agencia, cuyas iniciales son "J.

A.", fue removido de su puesto al tratar de investigar a uno de los Zaragoza.

La fuente de inteligencia también comentó que un alto funcionario del gobierno de Fox ordenó detener la investigación. Esa misma información le llegó al periodista Sergio González Rodríguez, del periódico Reforma, y a

un diputado federal del PRI. Al cierre de este libro, ni el señor Zaragoza ni la vocera de la presidencia, Carolina Díaz, dieron respuesta a las aseveraciones de la fuente del CISEN o al desplegado.

Los empresarios

Una vez le pregunté a Vicky Caraveo por qué los líderes empresariales de Juárez no unieron fuerzas para frenar los asesinatos. Su tío, Eloy Vallina, quien es un poderoso empresario y amigo de políticos de alto nivel, podría servir como catalizador para este movimiento entre la clase empresarial.

Otros líderes poderosos incluían a Jaime Bermúdez, un ex alcalde de Juárez que fue el arquitecto del Programa de Industrialización Fronteriza en 1965 y que trajo consigo cientos de maquiladoras a las ciudades fronterizas, como parte de un plan de revitalización económica. La maquiladora remplazó al antiguo Programa Bracero para trabajadores emigrantes. La población de México estaba creciendo y el país requería de fuentes de empleo. Con su poder colectivo, los empresarios pudieron haber puesto punto final a los crímenes. Nunca olvidé la vergonzosa explicación de Vicky. Agachó la cabeza y se detuvo brevemente antes de contestar: "A ellos no les importan las mujeres pobres". Su respuesta me dejó desconcertada. No se me había ocurrido antes pensar que a nadie le importaba. Y continué preguntándome por qué la clase empresarial de Juárez no estaría interesada en proteger a las jóvenes que pertenecían al grupo de trabajadoras que habían contribuido a convertirlos en hombres millonarios. La apasionada activista, nieta de un general del ejército, gozaba de una vida privilegiada y no tenía necesidad de involucrarse en un asunto que exponía a la gente a la muerte o a la desgracia. Mediante el grupo que ella había fundado, Vicky llegó a conocer a mujeres que vivían en Anapra, Felipe Ángeles y Lomas de Poleo, algunos de los barrios más pobres en donde se encontraba el hogar de muchas de las víctimas muertas y desaparecidas, como fue el caso de Sagrario González, obrera de una maquiladora, quien tenía 17 años, violada y asesinada en 1998. En un movimiento instigado por poderosos políticos, cientos de invasores llegaron a asentarse en ese lugar a fines de la década de los noventa. Se trataba de recios pioneros que levantaron sus precarios hogares con cajas de madera, colchones abandonados y materiales desechados que eran arrojados en los arroyos cercanos.

La tabla

En 1996, Vicky y un grupo de voluntarios de la comunidad llevaron a cabo un rastreo en Lomas de Poleo. Hacia fines de 2003, Vicky y otros miembros de su grupo ya habían participado en 27 búsquedas. En esa ocasión buscaban a Guadalupe del Río Vásquez, de 18 años, quien había desaparecido, sin dejar rastro, en 1996. La joven vivía en la colonia Felipe Ángeles, un barrio muy pobre, el cual puede verse desde la Universidad de Texas en El Paso, a través del Río Bravo. Mientras recorrían el desierto, los participantes en la búsqueda se toparon con un intrigante artefacto: una plancha de madera de alrededor de cinco pies de altura y dos pies de ancho, con un notable trabajo artístico. La tabla fue encontrada dentro de una barraca construida en medio del desierto. Dentro de la construcción de bloque, los participantes del rastreo se encontraron con lo que consideraron eran manchas de sangre seca en el piso de cemento. Encontraron ropa interior de mujer y otras prendas de vestir. Afuera del lugar, que tenía dos puertas y dos ventanas, había un gran montón de cabello humano. No había mobiliario en su interior ni iluminación o tubería. "El lugar estaba impecablemente limpio", dijo Vicky. La tabla de madera estaba recargada en una de las paredes. "Todos la vimos." La plancha era la única pieza de madera en el área. Tenía dibujos a lápiz de mujeres desnudas, soldados, la zona montañosa de Juárez, cactáceas desérticas y de unas plantas representando matas de marihuana. Tenía también el as de espadas, la estrella de David y numerosas esvásticas nazis. Un total de diez mujeres estaban dibujadas en ambos lados de la tabla. Todas, excepto una de ellas, estaban desnudas. Las características más notables eran sus ojos, el área púbica, senos y cabello sombreado a lápiz. El artista no dibujó detalles de sus manos y pies. Los soldados permanecían en dos filas de cuatro a cinco elementos cada una. Juárez tiene un batallón militar de caballería al sur de la ciudad, enseguida del penal conocido como el Cereso. "Se estaba haciendo tarde", expresó Vicky, "y después de encontrar ahí las pantimedias, ya no quisimos quedarnos y decidimos regresar. Uno de los hombres nos ayudó a cargar la tabla, que estaba muy pesada, en la caja de la pickup." El grupo empacó el resto de los artículos dentro de una bolsa de plástico. Una vez que llegaron a la ciudad, Vicky se puso en comunicación con Jorge López Molinar, subprocurador general de justicia en la zona norte en Juárez en esa época, para notificarle sobre esos hallazgos. El funcionario no se presentó pero a solicitud suya, Vicky y los demás entregaron los

artículos a uno de los subordinados de Molinar. Las autoridades le dijeron a Vicky que indagarían la procedencia de los objetos y que conseguirían expertos para analizar los dibujos de la tabla. Después, explicó ella, "nos dijeron que las manchas eran de sangre de pichón". La prensa publicó fotografías de la tabla y reportó el descubrimiento. Pero seis años después, cuando periodistas extranjeros pidieron verla, según las autoridades este artefacto nunca existió. Al ver lo sucedido de manera retrospectiva, dijo Vicky: "nunca debimos haberla entregado. Se perdió para siempre". La tabla y los trazos pudieron ser obra de un artista imaginativo, o pudo ser colocada ahí después por alguien que, deseoso de aportar pistas, limpió la edificación. Una de las víctimas pudo haber trazado los bosquejos antes de ser asesinada. El hecho de que las autoridades negaran su existencia contribuyó a crear sospechas de que había algo que ocultar.

Durante otro rastreo, una de las participantes en esta búsqueda se desvió a una zona desconocida de Lomas de Poleo y se encontró con un rancho fuera de lugar en medio del desierto. Era lujoso. Tenía palmas, una alberca, pasto verde y lo que parecía ser una pista clandestina de aterrizaje. Otro participante del rastreo, encontró a su compañera extraviada, más tarde, y le advirtió que nunca volviera a ese sitio. Para las autoridades, el rancho fue sólo un espejismo. Pero la gente que trabajaba en otro rancho desértico no imaginó los cuerpos con los que tropezarían a lo largo de Lomas de Poleo en marzo de 1996.

Muertes en el desierto

Ocho cadáveres más de jóvenes, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y 20 años, fueron descubiertos en Lomas de Poleo. Al igual que las víctimas de Lote Bravo, las autoridades dijeron que las jóvenes fueron estranguladas, apuñaladas y mutiladas. Los primeros cuerpos fueron encontrados en Lomas de Poleo en el mes de marzo, y los restantes en las cercanías del lugar en el mes de abril. La policía comentó que una de las víctimas tenía las manos atadas con las cintas de sus zapatos. La misma firma o señal de este asesinato distinguió a otro grupo de cadáveres descubiertos en 2001, en un vasto campo algodonero. De acuerdo con un documento del estado de Chihuahua de 1998, Rosario García Leal, de 17 años, estaba entre las víctimas de Lomas de Poleo en 1996. Cerca o sobre su cuerpo había un suéter azul con la letra "R" en color marrón, usaba pantalón café, una diadema verde, una tarjeta de una persona llamada Héctor, un reloj negro

con el logo de la fábrica Phillips, una pulsera dorada, un juego de aretes en forma de hojas negras, un anillo con un corazón plateado, así como una bata de trabajo de la misma fábrica. Dentro de los bolsillos de la bata, la policía encontró dos identificaciones con la fotografía de Rosario. Existen documentos en Chihuahua relacionados con el caso; que un peón, quien trabajaba para el ranchero José Pasillas Martínez, fue el primero en encontrar el cadáver, que se encontraba en estado de descomposición.

Pasillas, según se dice en el documento, llamó a uno de los grupos de banda civil -voluntarios que utilizan aparatos de radio CB para comunicarse y quienes han llevado a cabo varios rastreos en las afueras de la ciudad, en busca de más cadáveres-. El grupo en turno llamó a las autoridades, quienes enviaron investigadores a la escena del crimen. En una fotografía de la escena, adherida al reporte de la autopsia de la víctima, la adolescente asesinada yacía boca abajo. Su cabeza descansaba sobre su brazo derecho y el izquierdo aparece doblado a la altura del codo con su mano tocando su brazo derecho. Su oscuro cabello está a un lado de su espalda. Ella usaba un sostén blanco que estaba jalado arriba de sus senos, sus pantaletas blancas estaban en su muslo derecho y portaba un par de tobilleras blancas. El reporte mencionó que médicos forenses encontraron esperma en su vagina, y el estrangulamiento fue señalado como causa de su muerte. El cuerpo no estaba tan descompuesto como los demás cadáveres localizados en Lomas de Poleo, y se estimó que su fallecimiento había ocurrido 72 horas antes. Si la prueba de esperma fue conservada, jamás se le volvió a mencionar. No coincidía con las muestras tomadas de algunos de los sospechosos que fueron acusados de los crímenes. Las demás jóvenes que según las autoridades fueron encontradas con Rosario el 7 de abril de 1996, en la parte de Lomas de Poleo conocido como ejido López Mateos, eran Guadalupe Verónica Castro Pando, de 18 años, y la hija de Irma Pérez, Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20. Otros reportes contradictorios señalan a Olga Alicia como una de las víctimas de 1995 encontradas en Lote Bravo. El sitio de Lomas de Poleo en donde fueron encontrados los cadáveres se ubica a dos o tres kilómetros al sur de la Presa Pistola, cerca de Anapra.

Hernán Rivera Rodríguez, jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la oficina del estado de Chihuahua, firmó los dictámenes de las necropsias de las víctimas de Lomas de Poleo.

Investigaciones incompletas

El 29 de marzo de 1996, la hermana de Verónica, María del consuelo Castro Pando, acudió a la policía judicial del estado para preguntar si podía ver los cadáveres en el anfiteatro, en caso de que su hermana desaparecida estuviera entre ellos. La familia le dijo a la policía que Verónica fue vista por última vez el 4 de marzo de 1996, al dirigirse a su trabajo en la planta ensambladora Essex. Un reporte oficial establece que la hermana declaró que la descripción de la ropa localizada en el sitio correspondía a las prendas que su hermana usó antes de su desaparición. La declaración también especifica que la madre y la hermana de la joven expresaron que Verónica frecuentaba salones de baile en la calle Segunda de Ugarte, en la zona centro de Juárez. Las autoridades han relacionado estos clubes con Sharif y la pandilla de los Rebeldes. Ambas familiares negaron después haber emitido tales declaraciones acerca de Verónica. Asimismo, Verónica era sobrina de un policía retirado, Felipe Pando, quien en 1999 me proporcionó información sobre un asesino en serie que operaba en Juárez en la década de los ochenta. El asesino, quien escapó de la cárcel, permanece prófugo. Funcionarios municipales de Juárez le solicitaron a Pando su colaboración en una investigación paralela sobre el grupo de ocho cuerpos descubiertos en el 2001. José Reyes Ferriz, miembro del Partido Revolucionario Institucional, era alcalde interino, y Guillermo Prieto era su jefe de policía. En México, la policía estatal goza de jurisdicción en casos de homicidios, y se había encargado de la investigación de los casos de asesinatos contra mujeres hasta el 2003. En seguimiento de las pistas, Pando reunió a un grupo de veteranos conocedores de los expedientes de casos registrados durante su trabajo en las corporaciones policíacas. Una fuente familiarizada con el operativo comentó que sus esfuerzos se vieron frustrados ya que algunos de los expedientes de personas con antecedentes penales vistos como sospechosos potenciales habían desaparecido de los archivos policíacos. Al parecer nada se obtuvo de la segunda investigación de los crímenes de 2001, y sus resultados nunca fueron divulgados. Lo único que surgió de ello fue que Pando, quien trabajaba para el Departamento de Asuntos Internos del gobierno provisional, fue amonestado por inmiscuirse en casos de homicidio de la policía estatal. En 1996, las autoridades acusaron de manera formal a la pandilla de los Rebeldes y a Sharif del asesinato de Verónica, pero años después, Pando seguía teniendo dudas al respecto.