La Muerte de un Abogado

que un informe de la CNDH relacionaba a este asesinato con el crimen organizado.

LA MUERTE DE UN ABOGADO

Transcurría la noche del 5 de febrero de 2002, cuando Mario Escobedo (hijo) se retiró del despacho de abogados de la calle Constitución que compartía con su padre, también abogado. El joven abordó su camioneta pickup y se dirigió al estacionamiento ubicado en el Boulevard Zaragoza.

El litigante iba a cumplir con una cita referente al pago de la fianza de una mujer cuyo hijo era un fugitivo apodado el Venado. Las autoridades dijeron que Francisco Estrada, nombre verdadero de éste, había asesinado a un policía al escapar de la penitenciaría en Chihuahua. En febrero de 2001, Francisco había sido detenido por delitos relacionados con el narcotráfico.

Mario, el joven abogado, era el defensor de uno de los chóferes de transporte público acusados de violar y asesinar a ocho mujeres, cuyos cadáveres fueron descubiertos dentro de un lote en Juárez, en noviembre de 2001. Desde la tienda, Mario notó que alguien lo seguía. A través de los medios de información, su padre, Mario Escobedo y Sergio Dante Almaraz, abogado representante del segundo chofer acusado, prácticamente hicieron pedazos el caso. A causa de ello, los abogados comenzaron a recibir amenazas de muerte en forma anónima.

Poco antes de la muerte de Mario, el noticiero ABC Downtown 20/20, con sede en Nueva York, había entrevistado a los tres abogados. Otros periodistas y yo estábamos en el despacho de Escobedo cuando llegó el equipo de la ABC. Las esposas de los dos chóferes acusados aceptaron ser entrevistadas. Hardrick Crawford Jr., entonces jefe del FBI en El Paso, así como el ex jefe de los Servicios Periciales del estado de Chihuahua, Óscar Máynez Grijalva, aparecieron en el programa 20/20. El programa de la ABC sobre los crímenes contra mujeres en Juárez salió al aire el 31 de enero de 2002, y menos de una semana después, Mario Escobedo hijo fue tiroteado por policías estatales.

Mario presintió que sus perseguidores pretendían capturarlo, y su salida del estacionamiento se convirtió en una persecución por las calles de Juárez, principalmente en la Avenida Municipio Libre. Mario, desesperado, llamó a su padre por el teléfono celular que sostenía con una mano, mientras con la otra maniobraba con el volante del vehículo.

–¡Ayúdame! – gritó, suplicante, a su papá.

Escobedo trató de calmar a su hijo, al tiempo de poner en marcha su automóvil y salir en auxilio de su vástago. Momentos después, luego de más llamadas angustiosas, Mario (su padre) escuchó un estridente ruido proveniente del teléfono celular y perdió todo contacto. Cuando llegó al sitio, unos tres minutos después de la última llamada del joven abogado, se dio cuenta que el sonido del celular que escuchó fue el impacto de la camioneta de su hijo. El padre observó a su alrededor y avistó a numerosos agentes policíacos rodeando el área del choque automovilístico. El papá fue informado de la muerte de su hijo a causa del accidente y se le ordenó no acercarse a la zona. Pero no fue el encontronazo lo que privó de la vida al joven Mario; él pereció a causa de una herida de bala.

Al principio, las autoridades del estado de Chihuahua explicaron que los agentes policíacos habían matado al litigante al confundirlo con el prófugo el Venado. Poco tiempo después, las autoridades arguyeron que Mario disparó en contra de los agentes y que éstos se vieron precisados a responder al fuego en legítima defensa. Después, un testigo ocular apareció por su propia voluntad para relatar una versión distinta de la noche de los hechos. Se trata de un vendedor de tacos, temeroso, al principio, de declarar en contra de la policía. El testigo explicó que después de que la camioneta de Mario se estrellara, los agentes judiciales que lo perseguían salieron de sus unidades y uno de ellos, el primer comandante Alejandro Castro Valles, brincó hacia la parte trasera de la pickup de Mario, destrozó el cristal con la cacha de su arma y le disparó al abogado a quemarropa en la cabeza.

La juez que tuvo a su cargo la denuncia en contra de la policía se mostró poco dispuesta a aceptar las versiones del vendedor de tacos, bajo el argumento de que ya había fenecido el plazo para agregar esta declaración al expediente. Al final, los judiciales que mataron a Mario fueron exonerados. El periódico Norte de Ciudad Juárez publicó fotografías mostrando que las perforaciones de bala aparecidas en uno de los vehículos policíacos, sin insignias, involucrados en la persecución, no existían la noche en que pereciera el abogado. Los agujeros aparecieron después, con la clara evidencia de que fueron "sembrados" para apoyar los alegatos de legítima defensa, esgrimidos por los policías. La fotografía donde aparece el vehículo policiaco sin las perforaciones de bala, fue tomada por Norte la

noche del incidente. La segunda del mismo vehículo, con las huellas de los tiros, fue tomada después en el corralón de la policía.

Pero hay mucho más sobre la muerte del joven abogado. Fuentes de inteligencia de México y Estados Unidos revelaron que el capo de las drogas Vicente Carrillo Fuentes había enviado al Venado para asesinar al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez. El primer intento para liquidar a Martínez, el 17 de enero de 2001, en Chihuahua, había fracasado, y al parecer el Venado fue contratado para acabar con él. No se sabe a ciencia cierta si el joven Mario tenía conocimiento de ello, aquella trágica noche, cuando hacía tratos para dejar en libertad bajo fianza a la madre del Venado, quien estaba detenida en la cárcel bajo la sospecha de ocultar a su hijo prófugo. Pero si las autoridades de Chihuahua tenían en su poder información sobre las intenciones del Venado para matar al gobernador, entonces seguramente consideraron la muerte de Mario como un gran favor para los altos funcionarios estatales. De acuerdo con las fuentes de inteligencia, uno de los lugares en donde el fugitivo se ocultaba después de la muerte de Mario era el condado de El Paso, donde vive un familiar. En noviembre de 2002, el Venado fue capturado en uno de sus viajes a México, según el periódico El Paso Times. Un reportero de Chihuahua le preguntó al Venado, antes de ser encarcelado, si era cierto que fue contratado para atentar contra el gobernador. El detenido negó tales afirmaciones, mientras que el gobierno del estado de Chihuahua evadió el tema. En respuesta a mis preguntas sobre estas versiones, uno de los voceros del gobernador me explicó que el Venado carece del perfil de alguien involucrado en un complot para asesinar al gobernador. Alejandro Castro Valles, el jefe de la policía judicial del estado que hirió de muerte a Mario, también residió en El Paso. Las fuerzas policíacas de Estados Unidos en El Paso discretamente trataron de ubicar el paradero del ahora ex jefe policíaco, sobre todo, en relación con otros asuntos. El comandante pretendía comprar una casa en El Paso y gestionaba sus documentos migratorios. Sin embargo, el asunto de la muerte del abogado Mario Escobedo estaba tan caliente que Castro Valles y el resto de los agentes judiciales -Jaime Gurrola y Donaldo López-abandonaron Juárez por una temporada. Donaldo López es hijo de Fermín Robledo, un comentarista del Canal 44 en Juárez, propiedad de Arnoldo Cabada. El FBI mencionó que Luís Cabada, un traductor de esa agencia en El Paso, tiene parentesco con el dueño de la televisora.

Agentes premiados

Funcionarios del estado de Chihuahua explicaron que los agentes, bajo la mira de la opinión pública, fueron invitados a reintegrarse a sus puestos; pero no se volvió a saber de ellos por un tiempo. A fines de 2003, Castro Valles y su asistente, Jaime Gurrola, quien también participara en la persecución que terminara con la vida del abogado Mario Escobedo, reaparecieron repentinamente como administradores de justicia en la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de México. Ambos fueron contratados cuando Francisco Barrio, el zar anticorrupción del país y ex gobernador del estado de Chihuahua, se desempeñaba aún como secretario de la referida dependencia federal. De nuevo fueron los reporteros de Norte quienes dieron la noticia. Eduardo Romero, el nuevo contralor que sustituyó a Barrio después de que éste dimitiera al postularse para el congreso, despidió a Castro Valles y a Gurrola, después que se divulgaron sus antecedentes. La destitución de ambos ex policías se debió, en parte, a Guadalupe Morfín, la nueva comisionada nombrada por el presidente Vicente Fox, quien se presentó ante Romero para exponerle la preocupación de la comunidad sobre los ex agentes judiciales. Sería exagerado creer que Barrio no tenía la menor idea de que los controvertidos policías fueron sus empleados en la secretaría. Es interesante observar que Castro Valles y Gurrola trabajaron bajo la férula de funcionarios miembros del Partido Acción Nacional, de la misma manera que con sus adversarios del Partido Revolucionario Institucional. Al parecer, carecía de relevancia su filiación partidista.

Una de las escenas más conmovedoras de esta saga fue el observar a Mario Escobedo Salazar y a sus colegas transportar el ataúd del joven Mario frente a la puerta del subprocurador general de justicia en la zona norte. De esa forma se unieron a la muchedumbre que exigía justicia contra estos funcionarios. Pero en vez de lograrlo, los participantes saborearon la amarga impotencia que por años probaron los familiares de las jóvenes mujeres asesinadas. Ví al joven Mario unos días antes de su muerte. Había ido a su despacho a recoger algunos documentos en relación con los dos chóferes acusados de asesinato. El abogado permanecía en el exterior, acompañado por algunos amigos. Cuando me acerqué a saludarlo, éste me sonrió y me estrechó la mano. Así es como lo recuerdo la última vez: amigable y con una franca sonrisa. En febrero de 2003, un año después del

deceso de Mario, Gustavo González Meza, el chofer sospechoso defendido por Mario y su padre, murió dentro de la penitenciaría de Chihuahua en circunstancias sospechosas. Según la ley, los sospechosos en los casos de crímenes contra mujeres en Juárez debieron ser juzgados y encarcelados en la misma ciudad donde supuestamente cometieron sus delitos. Sin embargo, funcionarios estatales reubicaron a los acusados en Chihuahua. Gracias a una nueva intervención de la comisionada Morfin, el 20 de febrero de 2004, los funcionarios gubernamentales de Chihuahua accedieron a regresar a Víctor Javier García Uribe a la prisión de Juárez.

Empieza protesta internacional

La muerte del joven Mario, tres meses después del descubrimiento de los cadáveres de las ocho mujeres, fue el clímax de una extensa campaña de intimidación en contra de activistas y de familiares de víctimas que exigían la verdad. La comunidad vio a Mario como un mártir para esta causa, y su penoso fallecimiento ayudó a galvanizar a muchas personas en acción. Las protestas en contra del gobierno del estado de Chihuahua hicieron eco alrededor del mundo. Según algunos activistas, el joven abogado fue ejecutado por los policías judiciales en represalia por su enérgica defensa en contra de una aparente injusticia. En vez de aterrorizar a la gente y sumirla en el silencio, la muerte del defensor a manos de la policía estatal tuvo el efecto contrario. Lo peor que podría pasar -perecer a manos de agentes policíacos- ya había ocurrido. Nuevas activistas como Marisela Ortiz, maestra de escuela, así como personas de Nuevo México y paseños, surgieron ante esta situación. A fines de 2003, Ortiz y las demás habían transmitido este mensaje de los crímenes contra mujeres a la arena internacional. La película Señorita extraviada, de Lourdes Portillo, fue exhibida al público en varios países, y sirvió como un catalizador para la creciente disidencia. La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en Washington y Amnistía Internacional en Londres, Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México son algunos de los organismos que mandaron representantes a esta ciudad fronteriza ante insistentes súplicas -y en ocasiones, ruegos desesperados- de madres de las víctimas. Otros activistas de derechos humanos, al norte de la frontera y en otros países, colaboraron para involucrar a sus países en esta lucha. El efecto producido no tardó en caer como lluvia en México.

En febrero de 2003, una coalición de activistas de derechos humanos, conocida como Mujeres de Negro, se manifestó en las calles mediante una emotiva marcha iniciada en Chihuahua y finalizada en el puente internacional Paso del Norte, a unos 380 kilómetros. Vestidas de negro y con sombreros rosados se convirtieron en el símbolo de las mujeres que se negaban a tolerar que cayeran en el olvido las hijas asesinadas del estado de Chihuahua. Estas mujeres eran como las madres en duelo permanente.

Cuando los grupos participantes en el "Éxodo por la Vida" llegaron a los límites de Juárez, un grupo de choque político ya los esperaba. Los antimanifestantes empujaron y aventaron a las mujeres, y entre las que fueron arrojadas al piso durante la refriega se encontraban Vicky Caraveo y Guadalupe de la Vega, una destacada filántropa de Juárez. Algunas personas de Chihuahua intervinieron para crear una especie de cuña humana para que el grupo pudiera continuar su camino a Juárez. La táctica ayudó a paliar el conflicto. Mientras avanzaban hacia la Avenida 16 de Septiembre, vi a la profesora Julia Monárrez frente al Parque Borunda. Ella se desempeñaba como académica del Colegio de la Frontera Norte, que llevó a cabo una extensa investigación sobre los crímenes. La doctora Monárrez era una mujer valiente e íntegra, quien no dudó ni un momento en desafiar las cifras oficiales con sus propias estadísticas y hechos investigados con todo cuidado. La multitud de manifestantes se incrementó a miles de participantes cuando llegaron a la Avenida Paseo Triunfo de la República, una calle de dos sentidos que confluyen en una sola vía en la Avenida 16 de Septiembre. Algunos de los participantes en la protesta entonaban canciones en memoria de las víctimas, al tiempo que pronunciaban consignas en desafío a las supuestas intenciones del gobernador Patricio Martínez de frenar esa marcha. Si el gobernador hubiera sido más inteligente, debió de encabezar la manifestación; pero en vez de ello, permitió a miembros de su partido tratar de impedir el movimiento. Samira lzaguirre, conductora de una estación radiofónica, encabezaba la marcha junto con Vicky Caraveo y Guadalupe de la Vega.

Aunque las amenazas y el hostigamiento en contra del movimiento realizado por Samira la orillaron después a pensar en la posibilidad de solicitar asilo político en Estados Unidos. Yo me encontraba a un costado de la Avenida Juárez, cuando los manifestantes dieron vuelta por la Avenida 16

de Septiembre y estaban a punto de finalizar la travesía.

Es para llorar

"Es todo lo que se necesita para hacerte llorar", comentó una anciana al presenciar la solemne marcha. Cuando los activistas llegaron al final de la manifestación, un grupo de hombres y mujeres descargaron una enorme cruz traída desde Chihuahua. Después procedieron a la colocación de ese símbolo en la entrada del puente internacional. La cruz de madera fue adherida a una base metálica, de más de tres metros de alto. Un letrero con la leyenda de "Ni una más" fue colocado en la parte superior. El monumento incluía otros ornamentos como un torso femenino, de plástico, a los pies de la cruz, que imprimieron al nuevo accesorio fronterizo un aire sobrenatural. Además, etiquetas con los nombres de las víctimas, algunos de ellos con la leyenda "no identificadas", fueron adheridas a los clavos.

Empleados del puente internacional del lado mexicano y policías uniformados anotaban los nombres de los oradores del acto e interrogaban a los manifestantes sobre los organizadores de la protesta. Gracias a sus contactos, los organizadores obtuvieron autorización de los funcionarios federales para instalar la cruz y obstruir el tráfico internacional por algunas horas. Mediante un megáfono, Samira desafió cualquier intento de derribar la cruz y afirmó ante los entusiastas asistentes: "Si la tiran, regresaremos a colocar una más grande". Los asistentes provenientes de Chihuahua explicaron que varios hombres de esa población, en ese momento desempleados, se ofrecieron a colaborar para la causa. Con profundo sentido de voluntad, pusieron en práctica sus habilidades para diseñar la cruz de cualquier chatarra que encontraron. Día a día, miles de viajeros que cruzaban la frontera vieron los resultados de su notable labor. Muchas personas de todo el mundo tuvieron oportunidad de observar el monumento a través de Internet. Las Mujeres de Negro divulgaron un mensaje el día de la marcha, aunque la mayoría de la gente no lo captó en su exacta dimensión: jóvenes de Chihuahua también desaparecían y eran asesinadas al igual que las víctimas de Juárez. El periodista de Alburquerque, Nuevo México, Kent Paterson, averiguó que asesinatos similares eran cometidos en otras regiones de México. En Guatemala, apenas comenzaba el asesinato de cientos de mujeres.

Ocho víctimas

Durante una conferencia de prensa, celebrada el 10 de noviembre de 2001, el procurador de justicia de Chihuahua, Arturo González Rascón,

anunció que la adolescente Laura Berenice Ramos y otras siete muchachas fueron ultrajadas y estranguladas por dos chóferes de transporte público confesos de esos crímenes. El procurador explicó que ambos hombres revelaron haber arrojado los ocho cadáveres en un campo algodonero de las Avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria. En los pasillos de la subprocuraduría, una angustiada Miriam García, la esposa de Víctor Javier García Uribe, uno de los chóferes acusados, y su abogado Sergio Dante Almaraz, aseguraron que agentes judiciales, utilizando máscaras de Halloween, habían plagiado, en sus propias casas, a los dos sospechosos y los torturaron para obligarlos a confesar. Miriam y su representante legal aseguraron a reporteros que esos hombres nada tenían que ver con los homicidios. Sergio González Rodríguez, del periódico Reforma, de la ciudad de México, viajó hasta Juárez en cuanto le di a conocer las novedades. Ambos asistimos a la conferencia de prensa, incrédulos al presenciar el desarrollo de los acontecimientos. Ese mismo mes, una mujer que trabajaba como bailarina en el centro nocturno Medusa apareció sin vida en una habitación del motel Royal, en la Avenida Tecnológico, y cuatro jóvenes fueron plagiados, torturados y asesinados después de retirarse del centro nocturno Hooligan's, ubicado en la misma avenida. La policía y el hijo de un narcotraficante estuvieron implicados en esas cuatro muertes, pero ninguno fue arrestado. El motel Royal está ubicado frente al predio en donde el cuerpo de Lilia Alejandra García, de 17 años, fuera encontrado el 21 de febrero de 2001. La muerte se enseñoreaba en Juárez.

El predio en donde fueron encontrados los ocho cuerpos, el 6 y 7 de noviembre de 2001, se ubica en la esquina de una intersección muy transitada, frente a la sede de la Asociación de Maquiladoras, una organización de empresas que representa a las plantas ensambladoras instaladas en la ciudad. Éstas emplean a miles de mujeres jóvenes en ciudades fronterizas tales como Tijuana, Matamoros y Juárez. Pero todos sabemos que las maquiladoras y el tráfico de drogas son los motores que manejan la economía en Juárez. El cementerio, que forma parte del campo algodonero, está rodeado por una unidad habitacional, el rancho de Jaime Bermúdez y por el exclusivo fraccionamiento Misión de los Lagos. Jaime Bermúdez fue alcalde de la ciudad y fundador de la industria maquiladora de exportación en México. Más allá de la Avenida Ejército Nacional, una de las calles que rodea el lote, es una zona comercial que cualquiera

confundiría con un sector de Estados Unidos, con sucursales de Wal-Mart, modernos centros comerciales, tiendas de autoservicio, restaurantes, talleres, gimnasios y centros nocturnos.

Los peatones utilizan con frecuencia el enorme lote para cortar camino, en tanto que algunos ilegalmente arrojan basura desde sus vehículos. El 6

de noviembre de 2001, un transeúnte llamó a la policía después de encontrarse con el primer cadáver en una zanja de irrigación que pasaba por el campo algodonero. El predio, localizado en el centro de la llamada Zona Dorada, sería el último lugar en donde cualquiera hubiera esperado encontrar los cuerpos de cuatro mujeres en diferente estado de descomposición. Los médicos forenses dijeron que la más joven de las víctimas era probable que tuviera 14 años. Los investigadores y expertos forenses del estado fueron citados en esa área. Un grupo de estudiantes de la Academia Estatal de Policía fue el encargado de colaborar en la búsqueda de cadáveres. La doctora Irma Rodríguez Galarza, una de las expertas que rastrearon el área, se vio precisada a abandonar la ciudad, ya que su hijo estaba internado en un hospital de Chihuahua, debido a una intervención quirúrgica. Después de tener que identificar el cuerpo de su hija en julio de ese mismo año, la doctora Rodríguez había jurado no trabajar más. "Aún me dolía, pero no podía negarme, así que hice a un lado mis sentimientos y mi propia confusión sobre el asesinato no resuelto de mi hija, para poder colaborar", comentó Rodríguez antes de abandonar el campo para atender a su vástago.

La criminóloga canadiense Candice Skrapec, quien inspeccionó el lugar durante una de sus visitas a Juárez, dijo que el o los asesinos mostraron suma osadía al haber arrojado los cadáveres en esa área. ¿Se trataba tal vez de un mensaje? ¿Acaso los asesinos se burlaban de las autoridades? ¿Fue una demostración de poder? Este caso, más que cualquier otro, vendría a simbolizar todo lo que tenían de malo las investigaciones de las autoridades sobre los asesinatos que habían asolado a la ciudad desde 1993. La falta de investigación, la poca importancia dada a las víctimas y sus familias, los arrestos de sospechosos cuya culpabilidad era dudosa, la intimidación y amenazas en contra de organismos de derechos humanos, el desorden y la corrupción permitieron que los asesinatos continuaran por más de una década.

Otra investigación

De entrada, el caso también presentaba una oportunidad única para llegar al fondo de los asesinatos. De acuerdo con mis investigaciones, un total de 432 jóvenes y mujeres han sido asesinadas en Juárez entre 1993 y 2003. De éstas, entre 120 y 130, al parecer, fueron asesinatos sexuales. Era más difícil calcular una cifra exacta de las mujeres desaparecidas. En agosto de 2003, Amnistía Internacional rindió un reporte sobre los homicidios de mujeres, titulado "Muertes Intolerables: Diez Años de Secuestros y Asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua". Amnistía Internacional incluyó en su estadística los asesinatos cometidos en Chihuahua; y suma "cerca de 370" muertes, incluyendo 137 relacionadas con asaltos sexuales. El Instituto Chihuahuense de la Mujer, encabezado por Vicky Caraveo, afirmó a su vez que se trataba de un total de 321 asesinatos durante el mismo periodo, incluyendo 90 asesinatos sexuales. El reporte del instituto estaba basado en una auditoria de artículos periodísticos y otra información proporcionada a la oficina de Vicky en el estado. En 2003, el procurador general de justicia del estado de Chihuahua, responsable de supervisar las investigaciones, reportó alrededor de 280 muertes. La Procuraduría General de la República, a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, contabilizó 258 muertes, en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la dirección de José Luís Soberanes, apuntó 248

casos en sus reportes. El llegar a una cifra precisa de víctimas -o tan aproximada hasta donde sea posible- fue uno de los mayores obstáculos de esta investigación. Reduciendo el número de víctimas, tal y como las autoridades lo han hecho de manera informal, sería cometer una injusticia más en contra de las mujeres asesinadas.

Capital de feminicidios

A fines de 2001, no había duda de que Juárez era la única ciudad en el mundo que la gente vinculaba con los crímenes contra mujeres. Con el esclarecimiento de los homicidios múltiples en noviembre, las autoridades tuvieron la oportunidad de cambiar todo eso. Cuando menos tres de las muertes parecían recientes y el potencial para recuperar evidencia útil era promisorio. Si se considera el sitio en donde se encontraron, era probable que alguien hubiera visto algo que facilitara su esclarecimiento. Pero esa posibilidad pronto se esfumó. Óscar Máynez Grijalva, jefe de Servicios Periciales del estado en aquel entonces, había empezado su labor científica cuando se encontró con que los altos mandos de la Procuraduría General de

justicia del estado de Chihuahua ya tenían a dos sospechosos detenidos. Las madres con hijas desaparecidas y que presenciaron las noticias en la televisión, empezaron a llegar al anfiteatro, preparadas para enfrentar lo peor. Irma Monreal, la madre de una de las jóvenes, quien contaba con 15

años, estaba entre ellas. Al principio, los oficiales se rehusaron a permitir que las madres vieran los cuerpos. Óscar creyó que el desarrollo de estos eventos se llevaba a cabo en forma muy acelerada. Mientras los peritos forenses buscaban por toda el área, un funcionario no identificado había enviado equipo para remover la tierra y empezar a excavar grandes fosas en el predio, para encontrar los cadáveres. La labor concluyó después de que Óscar hizo notar la inconveniencia de utilizar maquinaria pesada para desenterrar restos humanos, pues el equipo podía destruir o sepultar la evidencia bajo la tierra.

Años atrás, cuando Óscar trabajaba en un cargo diferente con el procurador de justicia del estado, les advirtió a los funcionarios, por escrito, sobre la probabilidad de que un asesino en serie anduviera por ahí. Sus superiores de la policía judicial y procuraduría del estado, Javier Benavides, Jorge Ostos y Jorge López Molinar, desestimaron su informe. "Uno de ellos hasta me insultó y me dijo que retirara mi reporte de sus narices", recordó Óscar. Uno de los hombres mencionó que se acordaba de Óscar, pero no de su reporte, y los otros dos aseguraron no recordarlo. El criminólogo, educado en México y Estados Unidos, se escandalizó cuando la policía judicial del estado de Chihuahua instruyó a su personal para que sembrara pruebas en contra de los dos conductores de autobuses, acusados de los ocho asesinatos. Óscar comentó que tanto él como su equipo habían buscado en la camioneta, que según la policía, los dos chóferes utilizaban para "levantar" a las mujeres. Su personal utilizó Luminol en el interior para corroborar si había residuos de sangre, invisibles para el ojo humano.

"Estaba limpio, sin rastros", exclamó Óscar.

Antes de que Óscar obtuviera los resultados de la prueba de ADN para confirmar la identidad de las víctimas, el procurador dio a conocer sus nombres durante la conferencia de prensa del 10 de noviembre: Claudia Ivette González, 20 años; Verónica Martínez Hernández, 19; Esmeralda Herrera Monreal, 15; Laura Berenice Ramos, 17; Mayra Reyes Solis, 17; María Acosta Ramírez, 19; Guadalupe Luna de la Rosa, 20; y Bárbara Martínez Ramos de 20. El procurador general sostuvo que ambos chóferes

les proporcionaron los nombres completos de las víctimas, una aseveración que generó mucho escepticismo en vez de certeza. Según los funcionarios, los asesinatos habían sido resueltos y los investigadores de campo recibieron instrucciones de regresar a sus puestos de trabajo. La investigación había concluido.

"Algo apesta", comentó Óscar a quienes pudieron escucharlo. El tiempo demostraría que el idealista Óscar no andaba muy equivocado. Los resultados de las pruebas de ADN y que un congresista federal hizo públicas meses después, prácticamente pusieron en duda la identidad de las ocho víctimas.

El predio algodonero

Otro periodista y yo fuimos al predio después de que las autoridades lo reabrieron al público. Trozos de cinta amarilla y roja que la policía utiliza para acordonar se mecían con el viento ese día. Había postes de madera bien alineados, con lazos blancos, con la forma de grandes rectángulos y las correspondientes etiquetas que indicaban dónde se localizaron los cuerpos uno y dos, y era todo lo que quedaba del operativo de investigación. Los tres primeros cadáveres se encontraron el 6 de noviembre, en la zanja que corre paralela al campo algodonero. Al día siguiente, cinco cuerpos más fueron localizados dentro de otra zanja, bajo montones de basura. Uno de los cuerpos recuperados había sido abandonado dentro de un árbol de muérdago que crecía dentro de un canal de irrigación. "Me pregunto si lo hicieron a propósito, o si se trató de una broma macabra", le comenté al colega periodista. A un metro de ese sitio, en el exterior del canal, recogí una larga mecha de cabello rojizo y un trozo de hueso. Llamé de inmediato al periodista para que viniera a ver. Tomamos fotografías de los objetos y los entregamos al equipo de forenses de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua.

La hija de Irma Monreal aparecía en la lista de víctimas. La obrera se culpó de la muerte de su hija, ya que por su iniciativa la familia dejó su natal Zacatecas para residir en Juárez. "Nunca vi ningún futuro para mí o mi familia en los ranchos de Zacatecas, por lo que decidí que nos viniéramos a la frontera, ya que por lo menos tendríamos trabajo en la maquila", explicó Monreal. Irma se preocupo bastante cuando su hija de 15 años no llegó a su casa, como lo hacía al terminar su trabajo como empleada de medio tiempo.

La madre y sus otros hijos salieron a buscar a 1a joven después de la

negativa de la policía a emprender un patrullaje para dar con su paradero.

Irma se encontraba en la planta maquiladora Phillips, en donde laboraba, cuando una compañera le avisó que un canal de televisión había reportado el hallazgo de los cadáveres de varias mujeres. De inmediato, Irma salió de la planta y se dirigió a la Subprocuraduría General de justicia y al anfiteatro. "Cuando llegué, le pregunté a un judicial qué sucedía, y me contestó que si quería saber, comprara el periódico", explicó Irma. "Tomé un periódico y regresé a ver si podía averiguar si mi hija desaparecida se encontraba entre las últimas víctimas de estos crímenes seriales. Otro policía me dijo que no creyera todo lo que leía." Las autoridades no se tomaron la molestia de notificar a las familias de las jóvenes víctimas que ellos mismos identificaron durante la conferencia de prensa. La mayoría de los familiares se enteró primero a través de las noticias en la prensa. Todos los familiares de las mujeres desaparecidas empezaron a fluir hacia las oficinas de la policía judicial del estado para obtener la mayor información posible sobre esas jóvenes. Algunos de los allegados de las víctimas pudieron observar la ropa de ellas, pero no así los restos. Benita Monárrez, madre de Laura Berenice, dijo que ella jamás logró ver el cadáver de su hija, "ya que me explicaron que yo no podría soportarlo". Benita no fue la única que se preguntaba si en realidad el cadáver entregado era el de su hija.

Reclamo de locutores

Samira Izaguirre y sus compañeros de su programa de radio alzaron sus voces de condena en contra de los últimos crímenes, durante la transmisión del programa. Era ya la tercera vez, en menos de una década, que la ciudad había despertado con la noticia de otro terrible descubrimiento de cadáveres. Varios cuerpos fueron descubiertos en el Lote Bravo, en 1995, y en Lomas de Poleo, en 1996. Mientras tanto, otras víctimas de crímenes de índole sexual se habían localizado en las afueras de la ciudad, en las calles y hasta en los moteles. Pero las autoridades se mostraron inflexibles: no había relación alguna entre estos asesinatos. Samira deseaba actuar de inmediato para dignificar la memoria de las víctimas, por 1o que invitó a la comunidad a participar en una vigilia en el campo algodonero donde se encontraron los ocho cuerpos. La locutora proyectó reunir diez mil veladoras y alentó a sus radioescuchas a regalar una vela. Unas veinticinco mil personas asistieron al encuentro, el 16 de diciembre de 2001, para aportar veladoras. La habilidad de Samira para movilizar a las masas y su

terquedad para cuestionar las estadísticas oficiales sobre estas muertes de inmediato atrajeron la atención de las autoridades estatales. Ella y sus compañeros de la radio pagaron un alto precio por haber concedido un espacio al aire a los testimonios de las esposas de los chóferes acusados y sus abogados defensores. La estación radiofónica canceló de inmediato el programa; los locutores fueron boletinados por otros medios de información; y Samira se convirtió en el blanco de una campaña de desprestigio en su contra. De acuerdo a la factura de un desplegado publicado en un periódico para atacar a Samira, fondos del erario público fueron empleados para pagar la publicación. La conocida comunicóloga jamás tuvo ante su vista ese recibo de pago que me fuera enviado por una fuente desde México. "Lo peor de todo", comentó Samira, "fue cuando un desconocido se presentó en la escuela de mi hija y le mostró una fotografía mía. Era una advertencia de que mi familia sería la siguiente."

El rastreo

El 24 de febrero de 2002, un par de organizaciones defensoras de los derechos humanos emprendió un rastreo en el campo de la Avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, a solicitud de las familias a quienes se les había asegurado que sus hijas y hermanas eran algunas de las víctimas de las ocho mujeres encontradas en ese lugar. Fui a cubrir el rastreo junto con la fotógrafa Linda Stelter. Víctor Muñoz, miembro de la Coalición Contra la Violencia en la Frontera, de El Paso, así como Cynthia Bejarano, una catedrática en materia de justicia criminal de la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces, estaban entre los participantes. Algunas de las madres de las supuestas víctimas se presentaron en el lugar, junto con varios policías municipales que llegaron para vigilar. Ese día, el grupo, que incluyó a varios voluntarios de radio de banda civil, encontraron prendas de vestir, incluyendo zapatos y ropa interior, así como mechones de cabello hacia la parte posterior de la Avenida Ejército Nacional, en una especie de túnel. Había suficiente espacio en el pasadizo -en realidad era un canal de concreto bajo el camino- para ocultar a varias personas de la vista de la gente. El hallazgo más dramático se trató de un overol extraviado, propiedad de Claudia Ivette, de 20 años. Su madre, Josefina González, se impactó cuando un joven mostró las prendas a los demás participantes. El menor había encontrado el overol beige dentro de una bolsa de plástico de la tienda Soriana, en el canal del algodonal.

De forma extraoficial, el grupo decidió conservar las prendas para luego entregarlas a las familias de las víctimas, incluyendo aquellas que no participaron en la búsqueda, para que tuvieran oportunidad de recoger cualquier objeto que reconocieran de las jóvenes asesinadas. Pero la policía tenía otros planes y alertó a la policía judicial del estado. Los investigadores estatales llegaron de inmediato al sitio antes de que alguien pudiera retirar las bolsas con la ropa y el cabello que el grupo había reunido. La policía estatal se hizo cargo de los hallazgos, pero nunca convocó a los familiares para revisarlas. Al día siguiente, la policía judicial del estado condujo un rastreo formal del predio, y reportó la localización del gafete de la maquiladora Lear, identificación propiedad de Claudia Ivette. Óscar aseguró la imposibilidad de que el personal forense a su cargo hubiera pasado por alto estos hallazgos, durante la primera búsqueda realizada en noviembre. "Llevamos a cabo un rastreo a fondo e incluso tomamos fotos de los lugares", afirmó Óscar. "No había nada antes de que estas prendas fueran encontradas." No parecía haber explicación alguna excepto que alguien -el asesino o sus cómplices- hubiera regresado a la escena del crimen para deshacerse del overol y el gafete. La planta maquiladora Lear fue blanco de duras críticas después de que se divulgó públicamente que Claudia Ivette había desaparecido el día en que los directivos de la ensambladora la regresaron del trabajo sólo por llegar dos minutos tarde a su hora de entrada. Portavoces de la empresa aseguraron que la joven tenía varios retardos acumulados, y que era norma de la compañía regresar a los empleados retrasados. Esos dos minutos le costaron la vida a la joven. Dado el desarrollo de los acontecimientos, los familiares de las víctimas sospecharon de una nueva posibilidad: que se estaba encubriendo a alguien.

"Una persona con poder tiene que estar detrás de todo esto, sólo alguien así puede salirse con la suya", expresó la madre de Claudia Ivette, Josefina González. El procurador general de justicia de Chihuahua, Arturo González Rascón, defendió la labor de sus subordinados en lo que él mismo calificara de "una investigación profesional".

Cargamento fronterizo: marzo de 2002

Un pedazo de clavícula yacía en la guantera de mi automóvil, dentro de una bolsa de plástico transparente propiedad de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, con la etiqueta de "evidencia". Me encontraba en el Puente Internacional de las Américas de regreso a El Paso procedente de

Juárez, preocupándome sobre la posibilidad de que los inspectores aduanales estadounidenses me hicieran preguntas sobre el paquete o lo confiscaran. Cómo podría explicarles mi participación dentro de un equipo de respaldo en el transporte de un resto óseo de siete centímetros, perteneciente a una víctima de homicidio, hacia un laboratorio de California. La prueba de ácido desoxirribonucleico podría determinar si ese hueso pertenecía a Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, una de las ocho víctimas cuyos cadáveres fueron encontrados en un lote baldío el 6 y el 7 de noviembre de 2001, en el nororiente de Ciudad Juárez. Los resultados de estos análisis también podrían determinar si los funcionarios que declararon resuelto este caso de homicidio múltiple, dos días después, en realidad conocían la identidad de esa víctima. O, peor aún, si esos funcionarios habían mentido al respecto. Se trataba de una preciosa carga, y era crucial llevarla a través de la frontera estadounidense porque el resto del cuerpo ya había sido cremado.

Por suerte, ninguno de los funcionarios estadounidenses en el puente internacional revisó el interior de mi vehículo. Los inspectores escudriñaron la cajuela y dentro del cofre, en un procedimiento ya rutinario, después de la alerta decretada en el país a causa de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las exhaustivas revisiones por parte de los inspectores se traducían en dos y tres horas de espera para cruzar las garitas, una travesía que antes era de 10 a 20 minutos. En la frontera, los únicos terroristas de que tengamos conocimiento son los narcotraficantes que toman represalias por cargamentos perdidos, policías corruptos que se amparan en sus placas para secuestrar o eliminar a rivales, o los monstruos que sistemáticamente plagian, violan y asesinan a jóvenes en la frontera limítrofe con El Paso, Texas.

Cuando regresé esa noche, observé con atención el fragmento de hueso que había logrado traerme desde Juárez. Con base en los antecedentes que ya tenía de otros crímenes, no quería ni imaginar cómo habría muerto esa joven, sin importar su verdadera identidad. Al día siguiente, le llamé a Azul Luna, quien había volado de regreso a Los Ángeles después de llevar a cabo varias entrevistas para elaborar un documental en Juárez. A ella le dio mucho gusto que yo hubiera conseguido traer la pieza ósea a través de la frontera. "Esta vez, mi equipaje fue revisado a fondo en el aeropuerto internacional", comentó Azul. "No hubiera sabido qué hacer o qué hubiera

pasado en caso de que encontraran el hueso en mi maleta." Tomé fotografías del hueso, lo envolví con cuidado y lo envié a California. Azul es una artista que filmaba un documental sobre esos crímenes. Después entablé comunicación con Lorena Méndez, de FOX TV, acerca de los trámites realizados por ella para efectuar los análisis en Estados Unidos.

Lorena mencionó que costaría 4 mil dólares practicar el análisis de ADN en la muestra ósea proporcionada por una madre de familia, ansiosa por saber si el cadáver que le fuera entregado realmente pertenecía a su hija. Un laboratorio de primer orden en su clase iba a dirigir las pruebas, pero ninguno de nosotros disponía de tal cantidad de dinero, aunque Lorena y los demás insistieron en que sería mejor realizar la prueba en Estados Unidos que en México. Aun cuando los resultados no tendrían efecto en un proceso judicial, de cualquier modo Benita podría conocer una de las pocas verdades sobre el destino de su hija. Las autoridades de Chihuahua le aseguraron a Benita que su hija se encontraba entre las ocho víctimas localizadas sin vida en noviembre de 2001. De acuerdo con un documento proporcionado por el diputado federal David Rodríguez en 2002, las pruebas de ADN, efectuadas por un laboratorio del gobierno federal en la ciudad de México, resultaron negativas, es decir, no coincidieron con los restos de Laura Berenice. En realidad, los exámenes de ADN efectuados por las autoridades, no pudieron corroborar la identidad de siete de las ocho víctimas.

Después, el laboratorio de ADN en Estados Unidos solicitó otra muestra de Benita, la madre, por lo que la hice venir exprofeso a El Paso. Un médico que vive en El Paso se ofreció para tomar la muestra hemática, y efectuar la prueba genética.

Benita también aportó varios de sus cabellos con todo y raíz. El laboratorio recibió la sangre y cabello para realizar los exámenes. Sin embargo, el laboratorio no divulgaría los resultados de los análisis hasta cobrar los 4 mil dólares.

EL CARTEL DE LA DROGA

El cartel del narcotráfico fue el factor más determinante para enviar a la frontera al borde del desastre. Bajo el mando de los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes, procedentes del estado de Sinaloa, cuna del tráfico de drogas, su influencia corruptora y sus prácticas de terror marcaron la década de los noventa. Después de pelear el control de la "plaza" (nombre

con que se conoce a los corredores de la droga), los hermanos transformaron al comercio de la droga en una gran corporación con ganancias calculadas en miles de millones de dólares. Los jefes antinarcóticos de Estados Unidos y México también responsabilizaron a este sindicato de cientos de desapariciones y muertes sin esclarecer. Nadie en México investiga muchos de sus crímenes. El cartel ha logrado convertir casi cada asesinato en un misterio.

Patricia Garibay, una diminuta mujer de bellos ojos verdes, contempla desde El Paso las montañas de Juárez y pregunta: "¿En dónde estás?". Se refiere a su hermano Jorge. En enero de 1998, él y dos paseños -Matthew Baca y Eddie Barragán- fueron sacados por la fuerza del Club Kentucky de la Avenida Juárez, a manos de la policía. No se supo jamás del paradero de ninguno de los tres, en tanto que la policía negó cualquier intervención en esas desapariciones a pesar de que varios transeúntes atestiguaron la detención a plena luz del día. El club se ubica a sólo tres cuadras del Puente Internacional Juárez-El Paso. "Jorge ya había abandonado el negocio del narcotráfico. Se hizo cristiano y estaba a punto de encabezar su propia iglesia", relató Patricia. "Entonces, alguien que intentaba entrar al negocio le suplico que lo pusiera en contacto con personas clave. Él no deseaba hacerlo pero así era Jorge, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara.

Eso fue lo que pasó." Patricia estaba muy apegada a su hermano. Ambos eran noctámbulos y disfrutaban trabajando o haciendo vida social durante las horas en que la mayoría de la gente acostumbra dormir. Ambos se involucraron en el mercado del enervante de diferente manera. Por varios años, Jorge se desempeñó como narcotraficante, antes de renunciar a estas actividades, mientras que Patricia sostuvo un romance de ocho años con Rafael Aguilar, el ex policía federal y fundador del original cartel de Juárez que antecedió a la organización de Carrillo Fuentes. "Rafael fue el amor de mi vida", confesó Patricia.

En el año 2001, Patricia viajó a bordo de su vehículo a través de la frontera con Fabens, Texas, rumbo a un sitio localizado al sur del río Bravo.

Ella seguía una pista aportada por alguien que le aseguró que su hermano desaparecido estaba sepultado en un ejido. Se le dijo que tal vez Matthew y Eddie también se encontraban ahí. En compañía de una persona procedió a excavar en algunos lugares. Patricia comentó que la región, conocida como El Millón, se encuentra justo en el epicentro del narcotráfico; se trataba de

una comunidad agrícola en donde muchos residentes trabajaban para el cartel de diversas maneras. El sitio a donde ella fue conducida se localizaba a unos sesenta metros de distancia del camino, era un día de agobiante calor. Ella y su acompañante se ponían nerviosas cada vez que un camión o un vehículo pasaba por ahí a baja velocidad. No era difícil que dos mujeres llamaran la atención al estar dispuestas con palas y en un automóvil con placas de Texas. Ambas excavaron en algunos puntos en el suelo de blanca arena cubierta con maleza desértica. Agotadas y deshidratadas, finalmente desistieron de su ardua tarea. Cuando pretendían irse del lugar, el carro de Patricia se quedó atascado entre la arena y tuvieron que recorrer el camino en busca de ayuda. Cinco hombres que bebían cerveza fuera de un rancho se ofrecieron a auxiliarlas. Los hombres utilizaron su camión y una cadena para rescatar el vehículo, mientras que las dos mujeres retiraban la arena de las llantas. Uno de los hombres recalcó: "Qué suerte que tuvieran esas palas en la cajuela de su carro". La amiga de Patricia se molestó muchísimo al darse cuenta de que la pista seguida por Patricia ese día provino de una vidente consultada por el padre de Eddie Barragán. Henry Barragán, convicto por narcotráfico en El Paso, había alentado la imprudente excursión para encontrar el cuerpo de su hijo, ya que tenía miedo de iniciar él mismo la búsqueda. Aun cuando Patricia no encontró a su hermano ese día, no dejó de buscarlo.

Círculo de amigos

En 1996, se encontraron los cuerpos de dos hermanas, Victoria y Pearl Parker, en un camino de terracería en el Valle de Juárez. No estaba muy lejos de El Millón. Los detectives de El Paso encargados de investigar su desaparición conjeturaron que alguien atrajo a las mujeres desde su hogar en El Paso. Y ya en ese sitio, las asesinaron. En una fotografía incluida en el expediente, una de ellas aparece vestida con un lujoso pijama y luce como si sólo estuviera dormida. Un lago de sangre rodea la mitad de su cuerpo. Las autoridades atribuyeron sus muertes al narcotráfico, lo que prácticamente anunciaba el fin de cualquier investigación adicional.

Aseverar que una defunción proviene del narcotráfico -cierto o falso- nos lleva a posibles escenarios. Primero, daña la reputación de las víctimas.

Segundo, ocasiona que los activistas de derechos humanos se muestren reacios a defender o apoyar a los familiares de las víctimas. Y, por último, ello garantiza la impunidad a los asesinos. Los investigadores asignados a

las ejecuciones por droga rara vez han resuelto algún caso. Hasta cierto punto, la policía de El Paso investigó la muerte de las hermanas Parker; los investigadores relacionaron a las dos mujeres con Eddie Barragán. Las autoridades jamás detuvieron a nadie por los asesinatos de las hermanas estadounidenses o por la desaparición del hermano de Patricia y sus dos acompañantes. Agentes del FBI en El Paso comentaron que José Cruz, un joven "puchador" que actualmente cumple una condena de 50 años en una prisión federal estadounidense, posee la clave para el esclarecimiento de los asesinatos de Barragán, Garibay y Baca. Sin embargo, el hombre se rehúsa a hablar.

Víctimas del cartel

El narcoterrorismo no es más que una manera violenta de ejercer el poder sobre los demás. Además, es raro que los narcotraficantes que asesinan mujeres sean detenidos, primordialmente porque forman parte de una red del crimen organizado que compra protección. Las razones de un traficante para matar mujeres van desde los celos personales hasta encubrir la guerra de la venta y distribución de drogas ilícitas. En Juárez, el cartel de los Carrillo Fuentes, ya sea como organización o en forma individual, acostumbra desaparecer a hombres y mujeres. La binacional Asociación de Amigos y Familiares de Desaparecidos calculó que, entre 1993 y 2003, socios del cartel han secuestrado a cerca de 700 personas, en su mayoría del sexo masculino. Entre las víctimas se encuentra Abigail Sánchez, quien fue vista por última vez en 1994; Heidi Slaquet Armengol, plagiada de un taxi en 1995; y Alma Díaz, una ex interna en el consulado general de México en El Paso, Texas, privada de la libertad en el 2002 cuando se dirigía a un jardín de niños.

Abigail era la esposa de Saúl Sánchez Jr., un veterano de la Fuerza Naval de Estados Unidos, quien inventó varios instrumentos para interceptar comunicaciones por tierra y aire. Saúl y Abigail, quienes fueron secuestrados cuando se dirigían al teatro, dejaron a sus hijos en el desamparo. Las agencias judiciales e incluso los operarios del cartel, con frecuencia solicitaban los servicios de Saúl; esto debido a sus inventos. Un ex empleado de la policía federal dijo que un grupo de hombres, en donde había miembros de la misma policía, plagió a Abigail y Saúl. Esta fuente ignora el destino actual del matrimonio, ya que sólo se sabe que fueron llevados hasta una cochera frente a una estación de televisión. Al igual que

Patricia, los familiares de la pareja desaparecida han dado seguimiento a cualquier pista o señal sobre su paradero.

Jaime Hervella, padrino de Saúl, llora cuando se refiere a su frustrada búsqueda para localizar a la pareja. Patricia comentó que el cartel ha desaparecido o ejecutado a ocho miembros de su familia. Otros familiares de las víctimas han compartido los angustiosos relatos que les hacen llegar diferentes personas sobre el supuesto destino de sus seres queridos. Las diversas teorías incluyen exterminios en masa mediante "ejecuciones" por fusilamiento, o que todavía están con vida y prisioneros en campos militares secretos en algunas regiones de México.

El cartel de Amado

Bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el cartel de Juárez se convirtió en una despiadada máquina de la muerte y a veces lograba extender su poderío hacia la frontera norte. Amado era un hombre esbelto que, a simple vista, parecía inofensivo. Le gustaba vestir bien, según la ocasión, cuando salía a divertirse por las noches y era aficionado a ofrecer fiestas extravagantes. A muchos traficantes les encanta lucir joyería costosa y Amado no era la excepción. Según una declaración escrita, Amado y otros narcos gastaban hasta cinco millones de dólares en tan sólo una noche en la compra de alhajas. Su hermano Vicente acostumbraba manejar un Corvette amarillo y tenía preferencia por los pantalones de marca Versace.

También le gustaban las mujeres con el pelo teñido de rubio, mientras que Amado se inclinaba por hacer vida social, é1 se sentía más a gusto departiendo en las cantinas. Personalmente, Amado atendía a sus amigos que llegaban a visitarlo en su domicilio a altas horas de la noche. Ana, una mujer de El Paso y que conoció a los Carrillo Fuentes, afirma: "Lo vi preparando el café y calentando las tortillas para sus invitados. Así era él".

Vicente gustaba calzar botas de avestruz y grandes hebillas para el cinto.

Ambos hermanos eran aficionados a los corridos y a la música norteña. Por supuesto, ambos sirvieron de inspiración de algunos narcocorridos, canciones que relatan la saga de los traficantes de droga. Fue ampliamente divulgada la fascinación experimentada por Amado hacia la cantante Gloria Trevi, una mujer que estuvo encarcelada en la penitenciaría de la ciudad de Chihuahua, y acusada, junto con su representante, de corromper a menores a quienes adiestraban para convertirlas en coristas. Otras fuentes aseguran que el cartel de Juárez tiene que ver con el encarcelamiento de Trevi en el

estado de Chihuahua. De acuerdo con un documento del gobierno, Amado se había encaprichado con la cantante y no tardó en pretenderla. Según otras fuentes, Amado montó en cólera cuando ella rechazó sus propuestas amorosas. Trevi, quien se supone fue violada en una cárcel de Brasil y quien procreó un niño, ha negado las acusaciones en su contra por corrupción de menores.

En 1993, familiares de una residente de El Paso, Melina García Ledesma, de 17 años, interpusieron una denuncia en ambos lados de la frontera por la desaparición de la joven. Gracias a la perseverancia de un agente especial del FBI, el cadáver de Melina fue encontrado años después, no en Juárez, sino en el patio trasero de su casa en El Paso. En Juárez, era usual que los narcotraficantes ocultaran y se deshicieran de los cuerpos de esta manera. El esposo de Melina, Alex Ledesma Jr., convicto por posesión de droga en 1997, fue declarado culpable en la corte de El Paso, del asesinato de Melina y de sepultar sus restos en el patio. Ambos vivían en un vecindario en el centro de El Paso. Los fiscales mencionaron que el hombre privó de la vida a Melina en un arrebato de celos, después de un juego de billar en un popular negocio. Los investigadores dijeron que Alex, descendiente de una familia de "puchadores", también mató al perro mascota de la pareja, luego de que el animal escarbara y extrajera algunas partes del cuerpo de Melina. El padre de Alex Ledesma -Alejandro Ledesma- quien debía declarar ante la corte como testigo clave durante el juicio, prefirió huir a Juárez antes que atestiguar en contra de su hijo. En cierto momento durante el proceso judicial, los padres de Melina, quienes habían gastado todos sus ahorros para contratar a detectives que localizaran a su hija, se mostraron muy afectados cuando su ex yerno bromeó y felicitó a su abogado luego de que el juez exteriorizara un punto favorable a la defensa. Al mismo tiempo, la madre de Alex, Enedina Mendoza Ledesma, purgaba una sentencia en el Centro de Readaptación Social en Juárez por posesión de drogas. Las autoridades mencionaron que la mujer era la concubina de Gilberto Ontiveros, un narcotraficante encarcelado en México durante 1989 por tráfico de drogas. Ontiveros era el único capo en Juárez arrestado por autoridades de ambos lados de la frontera en más de una década. El hombre tenía otra mujer en El Paso, que tenía bajo su cargo la operación de un club nudista. Ontiveros fue trasladado a otra prisión en México, después de que se divulgaran públicamente sus salidas del

reclusorio durante los fines de semana para ir a bailar a los clubes nocturnos. Ontiveros también tenía un león de mascota por periodos cortos en el penal.

Es innegable que ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han logrado, hasta la fecha, la captura de siquiera un destacado barón de la droga durante la década de los noventa -el decenio que presenció el fortalecimiento del cartel de los Carrillo Fuentes, al grado de convertirse en la organización criminal más poderosa de la frontera-. Documentos de la policía y testigos confirmaron que Amado y Vicente Carrillo Fuentes iban muy seguido a El Paso. Incluso tuvieron hospitalizado a su padre en El Paso, y según Charles Bowden, autor del libro Down the River, el cartel llegó a tener un banco en esa ciudad. Algunas fuentes refieren haber presenciado cómo Amado abofeteó a un alto funcionario judicial del estado de Chihuahua, en la administración del gobernador Francisco Barrio, durante una reunión en el Café Central. Eduardo González Quirarte, un lugarteniente del cartel que colaboró muy de cerca con el capo Juan José Esparragoza, alias el Azul, también frecuentaba a sus amistades en El Paso.

González, quien asistió a la escuela Jefferson High, supuestamente había prestado una de sus residencias de la ciudad de México para que la ocupara un asistente de alta jerarquía del gabinete del entonces presidente Ernesto Zedillo. A efecto de cruzar la frontera sin impedimento alguno con la frecuencia requerida, seguramente los capos gozaban de alguna especie de protección policíaca o consular. Estas sospechas fueron confirmadas cuando el FBI dio a conocer que el hermano de Amado, Vicente, tenía una credencial que lo acreditaba como miembro de la Procuraduría General de la República en México, identificación que encontraron guardada en la casa de su novia en El Paso. La acreditación traía la supuesta firma de Diego Valadés, ex procurador general de la República. El documento llevaba la fotografía de Vicente y un alias en vez de su verdadero nombre.

Irónicamente, un agente especial del FBI era vecino de la novia del capo. El agente se sorprendió al enterarse de esta circunstancia a través de sus compañeros agentes estadounidenses, justo el día en que llegaron a la vivienda de la mujer con una orden de cateo.

El Brujo

Otros dos casos de asesinatos que escandalizaron y estuvieron vinculados con los narcotraficantes fue el de Deissy Salcido Rueda, de El

Paso, así como de su primo Eli Rueda Adame, en mayo de 2002, cuyos cuerpos se encontraron en el patio trasero de una vivienda propiedad de Martín Guerrero Noriega. Éste era conocido con el mote de el Brujo, ya que realizaba rituales mágicos, de hechicería y vendía amuletos. El 13 de marzo de 2004, un juez lo sentenció a 50 años de prisión por su participación en estas muertes. La familia de Deissy fue amenazada cuando solicitó a las autoridades investigar a otros sospechosos, incluyendo al esposo de Deissy, Óscar Salcido, así como a un hombre identificado como Jorge Beltrán. Una noticia publicada en Norte de Ciudad Juárez mencionó que una fracasada transacción de cocaína pudo ser la causa de los asesinatos. Guerrero declaró al juez que dos personas le pagaron para poner a su disposición a Deissy y a su primo. Dijo haber atraído a sus víctimas mediante el señuelo de venderles un ritual mágico muy especial para llevarles la riqueza. El Brujo relató que dos hombres se apoderaron de ambos primos y les dieron muerte al llegar a la casa del hechicero. Agregó que los cadáveres fueron destrozados diminutamente para que cupieran en una tumba muy pequeña.

La policía limitó sus investigaciones al Brujo. Luego de escuchar su condena, Guerrero aseguró que prefería permanecer 50 años en la cárcel que tener algo que ver con los verdaderos asesinos. El hombre no está dispuesto a identificarlos.

Un traficante soberbio

El asesinato de tres mujeres cuyos cadáveres se descubrieron durante el 2003 en tumbas clandestinas al nororiente de Juárez provocó otra ola de escándalos a lo largo de la ciudad fronteriza. Las autoridades catalogaron sus muertes como crímenes pasionales. Se acusó de orquestar los asesinatos al narcotraficante Felipe Machado Reyes, de 31 años. Una de las víctimas era su esposa, Candelaria Ramos González, de 22 años. La esposa de Machado y su prima recibieron varios tiros en la cabeza. La amiga de ambas, también acribillada, murió de asfixia. El médico forense encontró arena en sus pulmones y estableció que fue sepultada viva. La policía declaró que las mujeres fueron asesinadas el 23 de julio, después de una acalorada discusión entre Machado y su cónyuge en el Autotel La Fuente, de la Avenida Tecnológico. El hotel es un sitio frecuentado por jóvenes de Juárez. También es lugar de reunión para los "puchadores". El lugar está frente a un complejo residencial propiedad de la familia Fuentes. La policía informó que el pleito de la pareja subió de tono antes de que ellos y sus

acompañantes se retiraran del lugar. Dos días después, los transeúntes alertaron a la policía sobre el hallazgo de los cadáveres en un campo desértico.

Machado, quien era requerido por los crímenes, se ocultó en El Paso hasta que investigadores estadounidenses recibieron un alerta sobre su paradero y lo detuvieron. Aunque Machado era buscado en Texas por delitos relativos a las drogas, las autoridades estadounidenses lo entregaron de inmediato a México para enfrentar los cargos por homicidio.

Un año antes del asesinato de las tres mujeres, Machado había amenazado a los guardias que lo sacaron por la fuerza del centro nocturno La Changada por ocasionar desorden. Al parecer, Machado regresó en su vehículo hasta el lugar y disparó contra el exterior de La Changada en los momentos en que los asistentes salían. El tiroteo privó de la vida a una joven en forma instantánea y que nada tenía que ver con la trifulca anterior.

Pese a las declaraciones de los testigos, la policía de Juárez no arrestó a Machado por la balacera de La Changada. Sin embargo, el asesinato de las tres mujeres en el 2003 era un acto tan flagrante que las autoridades ya no pudieron darse el lujo de ignorar.

Tiroteo en el Vértigo

El 7 de diciembre de 1997, Rosa Arellanes García, de 24 años, fue muerta de un tiro en el centro nocturno Vértigo de Juárez. Este salón de baile es un sitio preferido por los adolescentes estadounidenses de El Paso y el sur de Nuevo México. Al principio, las autoridades dictaminaron como homicidio la muerte de Rosa y señalaron como responsable a Víctor el Cubano Lazcano. En septiembre de 2002, mientras el caso estaba pendiente, las autoridades estadounidenses formularon cargos en contra de Lazcano y otros tres hombres por narcotráfico. Un documento de la policía de El Paso vinculó a Lazcano y a los otros acusados, quienes vivían en El Paso, al agente de la policía Luís Cortinas. El abogado de Cortinas negó que su cliente hubiera cometido alguna irregularidad o ilícito. Lazcano fue juzgado y encontrado culpable por narcotráfico, en Estados Unidos. Después de cumplir una corta condena, fue extraditado a México para que respondiera por el cargo de homicidio, por el incidente ocurrido en el Vértigo. Pero esta vez las autoridades del estado de Chihuahua calificaron como accidental la muerte de la joven y dejaron libre a Lazcano.

Sombra y sombrita

Un funcionario de Chihuahua, familiarizado con las investigaciones de homicidio en Juárez, dijo: "Hay varias muertes reportadas que nunca llegan al conocimiento de la gente porque estos casos son para el cajón, y tenemos prohibido hablar de ello". Sin embargo, uno de estos casos se filtró a la opinión pública y esta circunstancia puso en serios aprietos a la fiscal especial Suly Ponce. El investigador, quien llevó al máximo este expediente, dijo de manera privada, que el asesinato de Alejandra Holguín, en el 2000, fue parte de un caso aún más relevante que en realidad incluía varios asesinatos y desapariciones. Era muy desalentador presenciar cómo los funcionarios gubernamentales podían reducir a la nada esas vidas, al hacer creer que jamás existieron.

De acuerdo con el informe, Alejandra tenía una hermana de nombre Perla, eje central de este caso. Las hermanas eran famosas por su belleza.

Su madre, Martha Holguín, la editora de una revista, se había trasladado a Juárez desde su natal Hermosillo, Sonora. Ya en Juárez, Perla Holguín contrajo matrimonio con un hombre mayor de nombre "Chávez", quien autoridades estadounidenses habían señalado como un destacado narcotraficante que operaba al oriente de Juárez. Su apodo era el Sombra Grande. Había procreado a un pequeño con Perla, y tenían un conocido apodado Sombrita. Sombra Grande inundaba a Perla de costosos regalos y le daba mil dólares diarios en efectivo para el gasto. Chávez empezó a sospechar que su cónyuge lo engañaba, por lo que ordenó a sus guaruras que le avisaran si esto era verdad. Los guardaespaldas le informaron que, hasta donde a ellos les constaba, su joven esposa no se veía con ningún hombre. Sombra Grande instruyó a sus guardias para que, de cualquier manera, vigilaran a su mujer. Finalmente, los guardias regresaron con la información de que Perla no sostenía un romance con un hombre sino con una mujer identificada como Graciela. Perla se había enamorado de Graciela y acostumbraban reunirse para hacer vida social con amigos en común en algunos clubes nocturnos. Estas novedades encolerizaron a Sombra Grande, quien ordenó la muerte de Graciela y la incineración de sus restos. Perla se lanzó a la búsqueda de Graciela hasta que su esposo le dijo que ya no buscara más, debido a que ella ya estaba muerta. Después, Perla vengó la muerte de Graciela al contratar a un sicario para asesinar al poderoso narcotraficante, y ordenó su entierro en el patio trasero. Los conocidos de Sombra Grande comenzaron a notar la ausencia. Cuando

Sombrita le preguntó a Perla por el hombre, ella cometió el error de decirle que la policía federal se lo había llevado detenido. Sombrita conocía bien a la policía federal y pronto se dio cuenta que los policías no habían participado. Éste regresó a enfrentar a Perla y descubrió la verdad.

Supuestamente, este dio órdenes de asesinar a Perla y ocultar su cadáver.

Asimismo, exhumó el cuerpo de Sombra Grande de la fosa en el patio para sepultarlo en un panteón. El pequeño, procreado por Perla con Sombra Grande, estaba extraviado, pero Sombrita encontró a la criatura con la hermana de Perla, Alejandra. Se dijo que éste ordenó también la ejecución de Alejandra, embarazada de varios meses, y se llevó consigo al niño de Perla.

Mauricio Zúñiga, un amigo de las hermanas asesinadas, al parecer le reclamó a Sombrita la muerte de éstas. Después, Mauricio desapareció.

Mientras tanto, Sombrita trataba de localizar una fuerte cantidad de dinero de Sombra Grande y se lanzó a la búsqueda de la madre de Perla y Alejandra. Martha Holguín, quien tuvo temor de ser la siguiente, desistió de recuperar a su nieto y huyó a Estados Unidos. Un investigador de Chihuahua mencionó que "hubo otras muertes y desapariciones ligadas a este caso y permanecerán sin resolver". Alguien calificó con precisión estos incidentes como una moderna tragedia de Shakespeare. Aun cuando Martha Holguín era sumamente conocida en los círculos periodísticos de Juárez, los enterados de los pormenores del caso dijeron que sus editores les prohibieron redactar la historia completa. Sólo la muerte de Alejandra Holguín fue divulgada con detalles. Otro investigador estatal, quien me comentara sobre el hermetismo de los expedientes de asesinatos, consideró que a menos que la comunidad se entere, algunos cadáveres son trasladados directamente a la fosa común.

Heidi y el cartel

La desaparición de Heidi Slaquet Armengol, en 1995, ha perseguido por años a su amiga la periodista Isabel Arvide. Ésta escribió sobre la mujer desaparecida en su libro Muerte en Juárez, en 1996. Fuentes de la DEA dijeron que el cartel de Juárez adquirió copias del libro, en un esfuerzo por reducir su circulación. La gente que conocía a Heidi la describió como una encantadora y fascinante mujer que atraía a los hombres a donde quiera que iba. Ella manejaba una galería de arte en El Paso y vendía cuadros. Isabel mencionó que algunos de los hombres famosos que salían con Heidi

incluían al matador español el Cordobés y el cantante de ópera Plácido Domingo. El día de su desaparición Heidi se dirigía a encontrarse con Isabel en el Aeropuerto Internacional de Juárez. Ella abordó un taxi pero jamás llegó a la cita con la periodista, con quien llevaba una amistad de veinte años. El chofer del carro de sitio fue encontrado muerto dentro de éste, pero no había rastros de Heidi. En retrospectiva, expresó Isabel, ella concluyó su obra antes de enterarse de que investigadores como Francisco Minjares, un ex funcionario de Chihuahua a cargo del grupo antisecuestros, le proporcionaron información errónea sobre el caso de Heidi.

Ana, una mujer de El Paso, dijo haber conocido a Heidi en alguna de las fiestas ofrecidas por los capos de la droga en Juárez. Ana mencionó que Heidi llevaba a mujeres concursantes del certamen de belleza GuyRex a estas reuniones. El ex jefe de la DEA en El Paso, Phil Jordan, mencionó que un familiar, voluntario para los concursos de belleza, entabló amistad con Heidi en ese tiempo. Personas de gran relevancia asistían a estas reuniones, incluyendo alcaldes, jefes policíacos y dirigentes empresariales. "Cuando las concursantes de El Paso llegaban", comentó Ana, "los narcotraficantes acostumbraban decir 'ahí viene lo mero bueno'. Estas mujeres no iban a la fuerza. Estaban conscientes de que prácticamente eran compradas y se les pagaba desde el momento en que entraban. Heidi era una de las alcahuetas."

Lino Herrera, un narcotraficante asesinado al poco tiempo, era uno de los anfitriones más populares de esas reuniones. Ana hizo notar las diferencias existentes entre las mujeres contratadas para entretener a los hombres: "Las mujeres mexicanas vestían ropa sencilla y se comportaban con timidez, pero las concursantes estadounidenses eran glamorosas. Vestían a la última moda. Y desde luego que ganaban bastante bien".

La DEA y el FBI afirmaron tener datos sobre la desaparición de Heidi.

Sus teorías más fuertes eran que la organización de narcotraficantes de Tijuana, los Arellano Félix, la había ejecutado, o que la de los Carrillo Fuentes la "levantó". El ex funcionario de la DEA, Phil Jordan, comentó que Heidi era como una estafeta para el cartel de Carrillo Fuentes, y que "tal vez fue asesinada bajo sospechas de ordeñar dinero del cartel, o porque representaba un blanco para éste en su intento por invadir làplaza' de Juárez. Los estafetas son los primeros blancos cada vez que los narcotraficantes intentan apoderarse de algún territorio".

Si Heidi fue enterrada en alguna de las propiedades de Carrillo Fuentes, lo más probable es que el cartel de Amado tuvo que ver con la desaparición.

Esto explicaría el porqué ocultaron su cadáver. Si el cartel de Tijuana la asesinó, entonces los homicidas hubieran enviado un mensaje a sus rivales exhibiendo la muerte de Heidi. Era ya sabido que el cartel de Juárez acostumbraba aniquilar a gente bajo meras sospechas de dañar a la organización. Isabel Arvide contradice las teorías que presentan a Heidi bajo una luz negativa, y es admirable en su afán de proteger la reputación de su amiga. Ella considera que Heidi fue asesinada al enterarse de que los grandes capos de la droga planeaban llevar a cabo una reunión cumbre en México. "Ellos pensaron que ella iba a hablarme acerca de esta junta, y debido a mi posición de periodista, temieron que yo fuera a publicar algo de eso", dijo ella. Una de las pocas pistas con las que cuenta Isabel es la fotografía de un hombre y supuesto benefactor de Heidi. La gente se refiere a él sólo como el Compadre, término que significa padrino, amigo o patrocinador. La gente de Juárez que ha tenido la oportunidad de observar la foto, mencionó que el misterioso hombre era conocido por los apellidos de Gallardo y Borunda. En una de las fotos, el hombre aparece en medio de Mariano Ramos y el Cepillín, dos famosos matadores. Los toreros dijeron a Isabel no poder recordar el nombre del Compadre. Nadie sabe dónde encontrarlo, y hay quien afirma que el hombre ha pasado a formar parte de la larga lista de desaparecidos por el cartel de Juárez en la década de los noventa. Muchas personas de El Paso y Juárez que conocieron a Heidi temen emitir cualquier comentario acerca de ella o del desaparecido hombre. El cartel logra ese efecto en la gente.

Las amenazas contra Isabel Arvide

Isabel Arvide escribía con bastante frecuencia sobre la corrupción, el narcotráfico, y a causa de un atentado en su contra, el gobierno federal le asignó a agentes federales para su protección las 24 horas del día. La vi por vez primera en enero de 2002, cuando vino a Juárez a proseguir su investigación de la desaparición de Heidi. La acompañé al campo algodonero en donde los cadáveres de ocho mujeres fueron encontrados en noviembre de 2001, y para observar dos sitios en donde pudiera aparecer el cuerpo de Heidi algún día. Jesús Chito Solís acababa de recibir el nombramiento de procurador general de justicia del estado de Chihuahua, un hombre a quien Isabel había acusado de tener nexos con el narcotráfico,

algo que el funcionario negó. Su nombramiento apresuró el refuerzo sobre las medidas de protección para Isabel por parte de funcionarios federales, durante su permanencia en Juárez. Durante el viaje, el equipo de seguridad de Isabel consistió en 11 agentes federales y tres vehículos blindados. Por la noche, dos funcionarios de la Procuraduría General de la República, Cuauhtémoc Pérez y Rolando Alvarado, nos acompañaron a cenar en el restaurante Shangri-La. Pérez extrajo un grueso fajo de billetes y dejó caer el dinero para pagar el mejor tequila de la casa y los costosos platillos del restaurante. "Apuesto a que pagaron del dinero de mis impuestos", recalcó Loren Magaña, una defensora de los desaparecidos y que después tendría problemas con Isabel.

Antes de concluir su visita, los guardias federales armados nos escoltaron al Club Hooligan's. Tres meses antes, el centro nocturno había sido el escenario de una disputa con un final trágico para cuatro jóvenes.

Los testigos dijeron que la pelea resultó porque uno de ellos quiso invitar a bailar a una mujer. El acompañante de la mujer se sintió ofendido, por lo que comenzó la pelea. El novio de la joven fue derribado por uno de los jóvenes. El cantinero y varios vigilantes del centro nocturno se apresuraron a suspender la trifulca y les suplicaron a los muchachos que se fueran. Los empleados del club les advirtieron a éstos que ni idea tenían de con quién se habían metido.

Los hombres se marcharon, pero después fueron interceptados por la policía municipal, sin motivo aparente. Minutos después de que los agentes se retiraran, llegaron cuatro camionetas pickup con varios hombres armados. Era un escuadrón de la muerte. El grupo golpeó y secuestró a cuatro jóvenes. Se olvidaron del quinto hombre al darlo por muerto. El joven herido identificó después a uno de los atacantes como un agente de la policía judicial del estado. Los hombres plagiados fueron encontrados muertos al día siguiente; sus cuerpos mostraban señales de tortura. Uno de ellos tenía los dedos arrancados. Los desafortunados jóvenes no tenían la menor idea de que el encolerizado cliente del Hooligan's a quien se enfrentaron era nada menos que Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes. La mujer quien lo acompañaba esa noche era una bailarina de un club en El Paso.

En el 2002, Isabel, quien sostuvo un largo noviazgo con un general, estaba trabajando en un nuevo libro sobre la corrupción militar en México.

Ella se vio obligada a abandonar el proyecto luego de que sujetos desconocidos trataron de secuestrar a su hijo a modo de advertencia. "Me enviaron el mensaje de que si desistía de publicar el libro sobre el ejército, entonces dejarían en paz a mi hijo", dijo Isabel.

Isabel, injustamente encarcelada dos veces en la penitenciaría de Chihuahua bajo cargos por difamación, se sintió muy consternada cuando se enteró de que Vicente Carrillo Fuentes había pagado a un extranjero 100

mil dólares para llevar a cabo un ritual de sacrificio para vengarse de ella por algo que había escrito sobre el cartel. Muchos traficantes son supersticiosos y le rezan a santos especiales para que los protejan, o portan amuletos y consultan a las médium.

Las chicas malas

Aun cuando son hombres quienes, en su mayoría, han asesinado a las mujeres de Juárez, algunas han surgido como maleantes en su propio beneficio. Por ejemplo, una mujer apodada Madonna es considerada la

"reina de la cocaína" y sospechosa de varias muertes y desapariciones.

Agentes encubiertos la describieron como una mujer mal hablada, con el cabello oxigenado y quien colabora para el cartel de los Carrillo Fuentes.

Sus víctimas son subalternas del cartel que han cometido errores o quienes se atraviesan en su camino. Una mujer a quien ya antes nos referimos como

"Ana" dijo que la Madonna no tiene ningún parecido con la cantante con cuyo nombre fue bautizada. Ella "una vez irrumpió en un centro nocturno de su propiedad y empezó a tronarles los dedos a sus empleados, a quienes exigió aniquilar a dos hombres de quienes suponía la traicionaban".

De acuerdo con un documento sobre asuntos criminales de una corte estadounidense, otra mujer asociada al cartel, Ana Montti Almaraz le pagó a dos personas del cartel para asesinar a una mujer, al creer que su víctima sostenía relaciones con su esposo. La víctima, Mercedes Caballero, fue asesinada en su domicilio en enero de 2000. La policía comentó que uno de sus hijos estaba en la casa cuando ella fue privada de la vida. Antes de su captura en México en cumplimiento de una solicitud de extradición, Montti Almaraz realizaba los preparativos para la tradicional fiesta de quince años para su hija. Una de las personas que recibió una de las invitaciones exclusivas a la festividad fue informada de que el capo de la droga Vicente Carrillo Fuentes iba a ser el padrino de la joven festejada. El barón de la droga nunca hizo acto de presencia, pero Montti Almaraz fue avistada por

los investigadores que la vigilaban de cerca y fue capturada poco después.

A principios de 2004, el gobierno apenas se disponía a extraditarla para enfrentar los cargos de asesinato por contrato. Un investigador judicial dijo que los operarios del cartel, infiltrados en el gobierno, pueden mantener suspendidos los procesos de extradición por tiempo indefinido para la gente adecuada.

Narcocorrupción

La corrupción de la policía de Juárez, por parte del cartel, en todos sus niveles -local, estatal y federal- explica cómo ciertos crímenes pueden mantenerse en suspenso por años, incluyendo las desapariciones de hombres y mujeres, los tiroteos en público para marcar territorios y los sistemáticos asesinatos cometidos contra mujeres y conocidos como feminicidios. Los violentos ataques no podrían continuar impunes sin la influencia del cartel, la droga y el dinero para sobornar. Oficiales judiciales de Estados Unidos explicaron que la estrategia de Amado consistía en provocar el terror para deshacerse de los enemigos y mantener la disciplina hacia el interior de su organización, e infiltrar todas las instituciones de la sociedad. La DEA y agentes federales confirmaron que el cartel logró infiltrarse en el Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua desde el inicio de los años noventa. Otras fuentes de inteligencia comentaron que Amado comenzó a cortejar a los políticos del PAN al final de los años ochenta. Se trataba de una hábil maniobra de Amado, quien así aprovechaba el hecho de que los electores del estado de Chihuahua estaban hastiados del Partido Revolucionario Institucional y se inclinaban hacia el conservador

"partido de oposición". En México, al PAN se le vincula con la cúpula empresarial y la Iglesia católica. Los nuevos barones de la droga desecharon también los antiguos códigos de honor, consistentes en respetar a los niños y a las mujeres. En el cartel de Amado, todo se vale.

Las fuentes de inteligencia dijeron que el cartel entabló acuerdos con el gobierno del estado de Chihuahua durante la administración del gobernador Francisco Barrio. Éste era miembro del PAN y su elección como gobernador fue vista como un importante símbolo de cambio y reforma en el estado de Chihuahua. Antes de convertirse en gobernador, Barrio fue el primer miembro de un partido de oposición en ser electo alcalde de Juárez.

Mientras éste se desempeñaba como gobernador, Juárez fue gobernada por

una serie de alcaldes del PAN, incluyendo a Francisco Villarreal, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo.

Después de que Vicente Fox se convirtiera en el primer miembro de un partido opositor en ser electo presidente de México, en más de setenta años, el mandatario contrató a varios ex funcionarios del estado de Chihuahua para que lo ayudaran a gobernar la nación. Fox, también miembro del PAN, convirtió a Barrio en su zar anticorrupción. Sin embargo, durante el desarrollo de estos acontecimientos, ocurrió un incidente que perturbó a la nueva administración. Todo comenzó con una audiencia de extradición de un abogado de Juárez en la corte federal de Estados Unidos en El Paso.

Lucio Cano, un litigante acusado de formar parte del cartel de Carrillo Fuentes, logró librar la extradición debido a que funcionarios federales no atestiguaron ni aportaron pruebas para sustentar sus alegatos. La revelación más significativa que surgió durante el proceso judicial nada tenía que ver con Cano.

Un documento explosivo

Era una verdadera bomba el documento que la Procuraduría General de la República había enviado en apoyo a la petición de extradición. En México a ese documento se le conoce como el "maxiproceso", formado por varios volúmenes. El único tomo que logró llegar hasta El Paso consistía, en papel tamaño oficio, de un pie de grosor. Fue trasladado mediante los canales diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos y México, tenía un sello de cera roja y estaba sujeto con un lazo. El Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a la oficina de distrito de Estados Unidos en El Paso para no separar las páginas. El documento es una acusación formal en contra de los supuestos cabecillas del cartel de Carrillo Fuentes. Un libro escrito por José Alfredo Andrade Bojorges, abogado de Amado y titulado

“La historia secreta del narcotráfico”, hacía referencia al documento. Tenía yo esperanzas de publicar una reseña del libro para el diario El Paso Times y me comuniqué con la editorial en busca de informes de su autor. Pero una persona de la empresa editora en la ciudad de México me dijo: "¿Es que acaso no se ha dado usted cuenta?". Agregó que el autor estaba desaparecido y que su familia había pedido públicamente la entrega de los restos para sepultarlos. Aún se desconoce su paradero. Jorge Fernández Menéndez, autor de otro libro sobre el mercado de la droga, “Narcotráfico y poder”, dijo que la razón de no haber experimentado repercusiones a causa

de su obra (que se publicó ese mismo año) fue que "yo no era el abogado de Amado".

Durante la audiencia de extradición en El Paso, el juez federal accedió a incluir el documento como evidencia. Mencionaba los nombres de funcionarios judiciales de alto rango y políticos al parecer implicados en dar protección al cartel. Carlos Huerta y Rafael Núñez, dos reporteros de Norte de Ciudad Juárez, fueron los únicos periodistas interesados en el documento. Se requirió la fuerza de nosotros tres para cargar el voluminoso expediente, a efecto de obtener copias sin dañar el sello ni cortar el listón que lo mantenía sujeto. Regresé a la redacción con documentos que señalaban que dos agentes federales habían detectado a Vicente Carrillo Fuentes durante una de sus visitas a Juárez, pero no lo arrestaron, y que el ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio -el nuevo zar anticorrupción del gobierno federal-, había recibido dinero a cambio de proteger a Amado Carrillo Fuentes.

Argumentos

Uno de los documentos mencionaba que Vicente Carrillo Fuentes se detuvo en el Autotel La Fuente antes de dirigirse a una reunión en una residencia del fraccionamiento Juárez Country Club. Un político soltó la carcajada luego de preguntarle el porqué los agentes federales evadieron la captura del barón de la droga. El político explicó: "Los agentes federales eran una especie de guardias de seguridad para su persona durante su permanencia en Juárez, y únicamente se concretaron a informar a sus superiores de las idas y venidas de Vicente". Los señalamientos aparecidos en el documento contra Barrio eran muy serios, considerando que Fox estaba a punto de nombrarlo su zar anticorrupción. Un hombre llamado Tomás Colsa McGregor, joyero y contador de Amado, reveló a agentes federales que Barrio y otros gobernadores habían recibido dinero a cambio de proteger al capo de la droga. Los artículos publicados en El Paso Times sobre las exitosas visitas a Juárez por parte de Vicente Carrillo Fuentes y los señalamientos de que Barrio había pedido y recibido "fuertes cantidades" de dinero como pago por la protección del cartel del narcotráfico, levantó ámpula en México. Para detener la mala publicidad, Vicente Fox se vio precisado a defender a Barrio, aspirante presidencial. Este episodio sirvió para comprobar que pese a la elección de un miembro de oposición a la

Presidencia de la República, no habría cambios de fondo, no al menos en Juárez, y no por mucho tiempo.

Barrio, cuyo sobrino es agente especial del FBI en El Paso, jamás contestó las llamadas telefónicas para aclarar los señalamientos. En vez de ello, como se acostumbra en México, pagó desplegados a toda la página en los periódicos para refutar las acusaciones. En respuesta a ello, la Procuraduría General de la República en México dijo que el "maxiproceso"

representaba una investigación abierta. Los férreos simpatizantes de Barrio lo catalogaron de incorruptible. Pero si Barrio estaba enterado o no, alguien en su administración había cobrado el dinero para la protección, a nombre de Barrio. De cualquier manera, el cartel de Carrillo Fuentes floreció durante la administración de Barrio, en tanto que su gobierno estatal fracasó en frenar la escalada de asesinatos contra mujeres en Juárez. En su libro acerca de México, “El Oso y el Puercoespín”, el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, hizo señalamientos sobre el tráfico de drogas en el punto culminante de la campaña de Fox y que estuvieron a punto de dañarlo. Agentes del servicio de Aduanas de Estados Unidos en Texas habían descubierto narcóticos en un cargamento de verduras vinculado con una empresa exportadora de Fox en Texas. Luego de que el abogado de Fox lo contactó, consideró como sospechosa la acusación en plena época electoral, el gobierno estadounidense accedió a ocultar el incidente al pueblo de México, Según Davidow, Fox salió bien librado, puesto que los investigadores de la aduana estadounidense averiguaron que el cargamento fue reempaquetado en Estados Unidos. Ello significaba que los investigadores no podían comprobar un nexo directo entre la compañía de Fox y los enervantes, ya que un tercero pudo haber colocado el contrabando entre la mercancía.

El cartel anota un gol

El gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, sobrevivió a un intento de asesinato en enero de 2001. Los primeros reportes señalaban que el mandatario había sufrido una rozadura en el cráneo. Pero una fotografía distribuida por la Associated Press indicaba una historia distinta. Martínez, miembro del PRI, yacía en el suelo del palacio de gobierno. Victoria Loya, una ex agente de la policía judicial del estado, fue acusada formalmente del atentado y encarcelada de inmediato. Martínez jamás perdonó los comentarios, fuera de tono, emitidos por el presidente Vicente Fox a la

prensa acerca de ese ataque. Aludiendo a términos futbolísticos, Fox dijo que el cartel había metido "un golazo". La investigación en torno al atentado no concluyó en forma satisfactoria. Había sospechas de que Loya no había actuado sola, pero fue la única acusada. Loya jamás dio una razón aceptable para la agresión. Un agente del FBI dijo que él personalmente había notificado a Martínez de una conspiración en su contra, ideada por Vicente Carrillo Fuentes. El gobernador reaccionó con el refuerzo de su seguridad personal. Sin embargo, fue tiroteado el 17 de enero en el palacio municipal de Chihuahua. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos comentaron que el cartel trató de privar de la vida a Martínez debido a que su equipo de colaboradores había tratado de entablar negociaciones, al mismo tiempo, con el cartel de los Arellano Félix y el de los Carrillo Fuentes. Más tarde, Martínez presidió una fiesta popular para celebrar haber sobrevivido al atentado. En el exterior de las instalaciones, algunas personas protestaron por los crímenes contra mujeres. Al igual que Barrio, su antecesor, Martínez fue incapaz de frenar la escalada de asesinatos o le faltó voluntad para ello.

Poco antes de concluir su gestión en el año 2004, Martínez se sintió obligado a conceder una detallada entrevista a El Heraldo de Chihuahua para refutar los rumores sobre las golpizas que le propinaba a su esposa, que se había divorciado y que había sostenido un romance con Karina Yapor, ex corista de Gloria Trevi y una de las demandantes de esta víctima.

En forma tajante el gobernador negó la veracidad de tales versiones.

El FBI en El Paso, tampoco se salvó del cartel de las drogas. En 2003, Mario Castillo, de 36 años, fue sentenciado a cinco años por haber filtrado información clave a traficantes de drogas en México y por la clonación de teléfonos celulares. Castillo, nativo de Chihuahua, laboraba como traductor para el FBI desde 1998. También fue acusado de rastrear información de un banco de datos de la computadora del FBI para un amigo de Juárez. "No sabemos hasta qué grado llegó el daño que pudo haber causado este hombre", comentó el titular, Hardrick Crawford.

Última hora

El 11 de septiembre de 2004 fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado y Vicente, en el interior del estacionamiento de un centro comercial del estado de Sinaloa. Después de casi cinco años en prisión en la ciudad de Chihuahua, un juez estatal declaró inocente a la