El Cartel de los Policías

cantante Gloria Trevi y fue liberada del Centro de Readaptación Social para Adultos. La fecha seleccionada para el asesinato, el aniversario del ataque terrorista contra Estados Unidos, es obvio que fue un claro mensaje, ¿pero dirigido a quién? Francisco Minjares, un ex policía estatal clave de Chihuahua ligado al crimen organizado y encargado de las investigaciones de los crímenes contra mujeres de Juárez, fue asesinado en forma similar a Rodolfo Carrillo en el mismo mes y día, pero del año 2003.

La muerte de Amado Carrillo en la ciudad de México, sea falsa o verdadera, ocurrió en otra fecha relevante para Estados Unidos, el 4 de julio, día de su independencia.

Debido a la influencia ejercida por los cárteles de la droga en México, reviste igual importancia estar informado de los cambios en la jerarquía de los capos dentro de las organizaciones delictivas como de las elecciones de alcaldes y gobernadores.

Se supone que Amado Carrillo Fuentes aún vive, e incluso algunos funcionarios judiciales de Estados Unidos ya han empezado a referirse abiertamente a esta posibilidad. Una reconocida fuente asegura que Amado está en Malta, y que su hermano Vicente, consciente del grave riesgo de permanecer en México, se fue a radicar a Chile. El cartel continúa extendiendo sus tentáculos a través de México y otras regiones del mundo.

En cuanto a Patricia Garibay, su búsqueda para localizar a su desaparecido hermano Jorge llegó a su fin después de cinco años. "Jamás podremos enterrarlo, o encontrar algo que haya quedado de él", comentó Patricia. "Nos dijeron, y consideramos como verdaderos estos informes, que mi hermano fue llevado a un lugar en donde fue pateado y golpeado brutalmente. Después, le arrojaron ácido para deshacer su cuerpo. Ahora que ya sé lo que pasó con él, siento la necesidad de seguir adelante con mi vida."

EL CARTEL DE LOS POLICÍAS

OceanofPDF.com

La muerte de Javier Felipe Lardizábal, el Negro, surge como un importante símbolo en la historia de los crímenes contra mujeres en Juárez.

De acuerdo con la denuncia presentada por su hermana, el ex agente de la policía local desapareció en mayo de 1993, cuando llevaba a cabo una investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Judicial de Chihuahua. En poco tiempo, el ex policía logró recabar detalles sobre agentes policíacos y comandantes que se suponía estaban involucrados en el narcotráfico y el robo de vehículos.

Una de las personas investigadas era Sergio Rodríguez Gavaldón, quien después fue responsabilizado del tiroteo que privara de la vida a la hija y a la pareja de la doctora Irma Rodríguez Galarza, en el 2001. Dos hermanos, conocidos como los García, al parecer fueron los gatilleros en este incidente. Rodríguez Gavaldón, un ex policía que no tiene ningún parentesco con la doctora Rodríguez, tenía pendiente una acusación por violencia doméstica en El Paso. La doctora Rodríguez, una especialista forense en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, trabajó en la reconstrucción de los restos de hombres y mujeres víctimas de homicidios, a efecto de poder establecer su identidad.

A mediados de 2002, la profesionista comentó que 42 mujeres y cerca de 70 hombres permanecían sin identificar. Agregó que los restos de las mujeres desconocidas fueron recuperados entre 1995 y 1996. Durante la administración del gobernador Patricio Martínez, sus superiores le prohibieron a la médico forense divulgar cualquier tipo de estadísticas en cualquiera de los libros de texto escritos por ella. Después de ser transferida a Chihuahua, la doctora Rodríguez recibió instrucciones de no utilizar los verdaderos nombres de las víctimas en los casos aparecidos en sus textos.

Después de la muerte de los dos miembros de su familia, una excepción dada la falta de personal en la procuraduría estatal, la forense fue retirada del equipo de peritos. Aun cuando se le permitió impartir clases en la Academia Estatal de Policía, fue estrechamente vigilada. La doctora Rodríguez se desempeñó como agente de la policía judicial del estado antes de estudiar la carrera de leyes. Luego de concluir sus cursos universitarios en derecho, resolvió especializarse en odontología forense. Cuando fue asignada a Chihuahua, Rodríguez relato su decisión de entregar su arma reglamentaria, "para que si algo me llegara a suceder, no se especulara que yo misma atenté contra mi vida"

Su muerte un parteaguas

Lardizábal, el policía que investigaba la corrupción policíaca en 1993, fue visto con vida por última vez en el hotel Montecarlo en Juárez. Javier Benavides, en ese entonces subdirector de la Policía judicial del Estado en Chihuahua, utilizaba como oficina una de las habitaciones del hotel.

Después, Benavides se convirtió en el jefe de la policía municipal en Chihuahua. Según los familiares de Lardizábal, personal del gobernador Francisco Barrio había contratado los servicios de Lardizábal para realizar la investigación encubierta, algo que los portavoces del gobernador refutaron después. El cadáver de Lardizábal fue descubierto, en noviembre de 1993, en Lote Bravo, el mismo lugar utilizado como cementerio clandestino, en 1995, para arrojar ahí a las jóvenes violadas y asesinadas.

Un video tape de la autopsia de Lardizábal mostró cómo un par de esposas fue utilizado para sujetar al policía. No eran sus esposas, pero el número de serie, visto en la cinta de video, indica que estos artefactos pertenecen a la policía. Este video está en poder del FBI. En 1993, la hermana de Lardizábal, Rosa, acusó a Jesús Buil Issa, un comandante de la policía judicial del estado en 1993, de estar implicado en la desaparición de su hermano. Rosa fue electa después regidora del cabildo, en el 2003. Buil Issa, a quien la DEA y el FBI han vinculado con el mercado de las drogas, negó tales acusaciones. Luego del asesinato de Lardizábal, no volvió a emprenderse otra investigación a nivel local sobre la corrupción de la policía estatal o municipal. Su muerte montó el escenario de lo que sucedería en los próximos diez años, y fue como un presagio del surgimiento del llamado "cartel policíaco".

Rafael Aguilar Guajardo, el capo principal y originario de Ciudad Juárez, fue un agente federal antes de dedicarse al narcotráfico. Aguilar, sin embargo, representaba la vieja guardia del crimen organizado. Por órdenes de su rival, Amado Carrillo Fuentes, Aguilar fue asesinado en abril de 1993, en Cancún. Y ese año fue cuando Amado se apoderó del control de la plaza de Juárez. Desde ese momento, el infierno se desató en la ciudad, incluyendo los crímenes y desapariciones de dos mil personas entre hombres y mujeres. Phil Jordan, un ex agente de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) en El Paso, señaló como principal labor de la policía de Juárez, el proteger los cargamentos de los narcotraficantes. Investigadores antinarcóticos del FBI y la DEA afirmaron tener en su poder archivos

actualizados de policías clave en Juárez, y que muchos de ellos trabajan para el cartel. Debido a las increíbles cantidades de dinero que pueden ganar, algunos policías se convierten en narcotraficantes de tiempo completo. Uno de ellos, el ex comandante de la policía municipal en Juárez, Roberto Corral, primo del senador federal y panista Javier Corral, fue ejecutado al estilo del crimen organizado en 2002. Antes de ser asesinado, Corral había estado dando protección a un traficante acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años. Un policía municipal estaba a punto de detener al acusado en un rancho al sur de Juárez, cuando recibió órdenes de Roberto Corral de retirarse del lugar, ya que según él, este tipo de asuntos no era competencia de la policía municipal. La prensa publicó el incidente, pero nada ocurrió con Corral, y nunca fue divulgada la identidad del narcotraficante.

Agentes federales

La profunda corrupción de su fuerza policíaca -así como la ruptura del sistema judicial- explica tan sólo en parte el porqué cientos de muertes de hombres y mujeres han permanecido impunes por años. La policía municipal, estatal y federal ha estado implicada en algunos homicidios y asaltos sexuales, la mayoría sin castigo. En 1998, dos agentes federales fueron acusados de la desaparición, ese mismo año, de Silvia Arce, de 29

años, y de Griselda Mares, de 24. Antes de ser reportadas como desaparecidas, Silvia y Griselda trabajaban en el bar Pachangas, un centro nocturno localizado en la Avenida Manuel Gómez Morro y calle del Trigal.

La policía y los familiares de las desaparecidas empezaron a formular preguntas y, de la noche a la mañana, el club cambió de nombre y propietarios. La policía le notificó a la madre de Silvia, Eva Arce, la imposibilidad de recuperar evidencias debido a que el lugar había sido pintado de nuevo, y ya no estaba ahí ninguno de los anteriores empleados.

Eva Arce señaló que su hija, Silvia, y su compañera de trabajo, Griselda, vendían joyería y daban mantenimiento a los servicios sanitarios en ese centro nocturno. La última vez que se supo de ella, Silvia planeaba acudir al club para cobrar su salario. Eva se topó con que los empleados manifestaban su temor de hablar sobre el asunto. También escuchó rumores sobre su hija, quien sufría agresión física por parte de su marido, y al parecer estaba saliendo con un agente federal. Sin que Eva se diera cuenta en ese momento, una bailarina del club acudió ante las autoridades estatales

y rindió su declaración. Al sentirse en peligro, la bailarina se fue de la ciudad luego de informar a la policía lo que sabía sobre el caso. Su declaración fue guardada y sellada en el archivo.

Según ella, dos agentes federales -Carlos Cárdenas Cruz y Jorge García Paz- habían almacenado armas en e1 club y el pánico se apoderó de ellos cuando ya no las encontraron. Ellos sospecharon que los empleados del club las habían robado, por lo que procedieron a interrogar a todos en un rancho. Silvia y Griselda fueron las primeras en ser cuestionadas respecto al destino del armamento. Silvia, quien aseguró desconocer lo relativo a las armas, fue torturada y asesinada. Griselda también negó tener conocimiento de ese asunto, y corrió la misma suerte. Y cuando los agentes federales interrogaron a la bailarina, ella les aclaró que nadie había hurtado las armas, sino que un empleado apodado el Jotito las había guardado en un sitio más seguro. Esta aclaración llegó demasiado tarde para Silvia y Griselda. Aun cuando las autoridades de Chihuahua trataron de localizar a los dos agentes federales para interrogarlos, la policía federal resolvió reubicarlos en el estado de Querétaro. La Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez señaló que esta dependencia federal no da seguimiento a sus ex agentes cuando éstos se van del distrito, ni tampoco hay manera de localizar a sus ex superiores. El club, conocido anteriormente como Pachangas, tuvo varias denominaciones. También se le conoció como el Caribbean Queen antes de ser demolido, a fines de 2003, para erigir un centro comercial.

Nunca fueron encontrados los cadáveres de Silvia y Griselda.

La UEDO

José Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, llegó para entrevistarme, en agosto de 2002, dos meses después de que El Paso Times publicara la serie de reportajes sobre los crímenes llamada "La Muerte Acecha la frontera". Nos encontramos en el restaurante Landry's en el este de El Paso. La periodista Isabel Arvide acompañaba al funcionario. Debido a que la seguridad era motivo de preocupación, el FBI colocó, a discreción, a varios de sus agentes afuera del restaurante. Vasconcelos había colaborado en la investigación de las narcofosas entre Estados Unidos y México, en 1999, indagatorias que vincularon al cartel de Juárez con algunas ejecuciones, y el funcionario se sentía temeroso de viajar por la frontera. Vasconcelos ni se dio cuenta que

el FBI estaba a cargo de la seguridad. Le pregunté a Vasconcelos sobre una supuesta declaración emitida por Jorge Campos Murillo, subprocurador general de la República, en el sentido de que varios jóvenes -hijos de familias acaudaladas- estaban involucrados en algunos de los crímenes contra mujeres en Juárez. Campos mencionó esa versión, por vez primera, durante una conferencia de prensa en la ciudad de México a principios de 2002. Luego, el funcionario viajó hacia Juárez, en donde reporteros locales le preguntaron sobre esta nueva línea de investigación. En esa ocasión, Campos comentó que también estaba solicitando la colaboración del FBI, y que había realizado una petición formal a través del consulado de México en El Paso. Dos semanas después, Campos fue retirado sorpresivamente del caso Juárez y transferido a otra área de la Procuraduría General de la República. "Ese Campos no sabe nada", comentó Vasconcelos. También le pregunté sobre los dos agentes federales acusados de torturar y asesinar a Silvia Arce y Griselda Mares, y Vasconcelos aseguró que investigaría esos informes.

Al final de la entrevista, el funcionario reiteró que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, estaba bastante preocupado por los asesinatos contra mujeres en Juárez. Pero más mujeres habrían de perder la vida antes de que los agentes elite a las órdenes de Vasconcelos pusieran un pie en suelo juarense. En junio de 2002, cuando la serie de reportajes fue publicada, El Paso Times había estimado que cerca de 320

mujeres habían sido asesinadas desde 1993. En enero de 2004, el procurador De la Concha designó a María López Urbina, con 15 años dentro de la PGR, como la primera fiscal especial federal en la atención de delitos relacionados con los homicidios en el municipio de Juárez, para investigar los asesinatos de las mujeres en Juárez. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer en marzo de 2004, Amnistía Internacional divulgó estadísticas de última hora durante una conferencia de Prensa en México. La organización internacional de derechos humanos precisó que 417 mujeres, incluyendo las víctimas de Chihuahua, habían sido asesinadas desde 1993. Desde mi encuentro con Vasconcelos hasta fines de 2003, 85 mujeres más fueron asesinadas.

Narcopolicías

Con el transcurso del tiempo, la corrupción policíaca se hizo más evidente. En el 2000, dos administradores de la Procuraduría General de la

República en Chihuahua, Norberto J. Suárez Gómez y José Manuel Díaz Pérez, fueron acusados de tratar de vender sus puestos por 500.000 dólares.

Ambos funcionarios federales asistieron a las reuniones del Mecanismo de Enlace para Incidentes Fronterizos, con funcionarios mexicanos y estadounidenses de las agencias investigadoras en la región fronteriza, para tratar lo relativo a la seguridad. Las autoridades federales notificaron que Suárez y Díaz fueron detenidos en la ciudad de México, el 30 de diciembre de 2000, "detrás de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en donde (Suárez) habría de encontrarse con (Díaz) para darle 500.000 dólares, para que (Díaz) ascendiera a otro puesto".

Funcionarios indicaron que Díaz, convicto de cargos por corrupción en la ciudad de México, no gozó del estatus de testigo protegido debido a su negativa a identificar el origen de ese dinero. Oficiales de la policía señalaron luego que esos dólares provinieron del cartel de los Carrillo Fuentes. Las fuentes de inteligencia de Estados Unidos aseguraron haberse enterado de que los cabecillas del cartel habían escogido a oficiales clave de agencias policíacas de importantes corredores de la droga como Tijuana, Juárez y Matamoros. Por supuesto que algunos jefes policíacos municipales en Juárez actúan de la misma manera -ofrecen promociones de rangos como tenientes o comandantes al mejor postor-. Pero esa investigación de asuntos internos en Juárez no llegó a ningún lado.

Capitanes desaparecidos

Otro caso de alto perfil fue la investigación relativa a la desaparición de dos capitanes de la policía municipal: Marco Portillo y Óscar Arellano.

Ambos desaparecieron, con dos semanas de diferencia, en el verano de 2001. Sus familiares, quienes los vieron por última vez usando sus uniformes policíacos rumbo al trabajo, dijeron que los policías fueron desaparecidos por actos de corrupción en donde altos jefes estaban implicados. Jorge Ostos, jefe de la policía en aquella época, por toda respuesta destituyó de sus cargos a los dos capitanes al no presentarse a su turno de trabajo. Las autoridades requirieron al comandante de la policía municipal Roberto Corral Barrón para que diera una explicación al respecto. Corral renunció a su cargo en vez de enfrentarse con investigadores estatales para responder a las preguntas sobre éstos. En marzo de 2002, Corral fue acribillado, mientras manejaba cerca de su residencia en Juárez. Raúl Rodríguez Quiroz, otro ex agente policíaco, fue

asesinado de la misma manera el 13 de febrero de 2002. Al igual que Corral, también fue acusado de proteger a narcotraficantes. David Sánchez Hernández, alias Cristian, un notable narcotraficante y ex policía municipal que mantenía el control en la zona centro, al parecer se reportaba con Rodríguez. Además, Rodríguez estaba involucrado sentimentalmente con una hermana de Alma López, de 27 años, una mujer que se perdió 12 días después, el 25 de febrero de 2002, cuando se dirigía a recoger a un sobrino.

Alma era una universitaria que apenas acababa de concluir un internado en el consulado de México en El Paso. De Alma y los dos capitanes de policía, hasta la fecha no se sabe nada; y las ejecuciones de Corral y Rodríguez continúan sin resolverse.

Encubren a un alcalde

De acuerdo con un agente federal antidrogas de Estados Unidos, la policía municipal fue requerida, durante esa década mortífera, para retirar el cadáver de alguien que había muerto en la casa de un alcalde de Juárez. Las circunstancias no estaban muy claras, pero el agente dijo que la muerte fue la culminación de un acto sexual voluntario, y ese deceso no fue incluido en ningún reporte policíaco. El alcalde era un travestí apodado la Muñeca.

A fines de 2002, el procurador general de Justicia de Chihuahua, Jesús Chito Solís, viajó a la frontera desde Chihuahua para intervenir de manera personal en un caso de violación en contra de un menor de 11 años, en Praxedis G. Guerrero, un poblado al oriente de Juárez. Los encolerizados residentes en este pueblo, ubicado cerca del río Bravo, se manifestaron públicamente en las calles y marcharon hasta Juárez para exigir justicia. Las autoridades identificaron al atacante como Edgar Fernández Jurado, un narco regional a quien al parecer nadie estaba dispuesto a arrestar. Pero la intervención del procurador Solís dio como resultado la captura de Fernández y su encarcelamiento. Después, Alberto Quiñónez Alonso, comandante de la policía judicial del estado a cargo del poblado de Praxedis y supuesto protector de Fernández, pereció acribillado. Le pregunté a un detective asignado al Grupo Zeus -unidad especial para investigar ejecuciones del crimen organizado- el porqué jamás habían detenido a algún responsable de estas muertes. "Ellos saben dónde viven nuestras familias", fue su franca respuesta.

Enfrentan acusaciones por narcotráfico

Francisco Minjares, ex jefe del Grupo Especial Antisecuestros de la Procuraduría General de justicia del estado de Chihuahua, y Antonio Navarrete, un ex jefe de la policía judicial del estado a cargo de las investigaciones de homicidios, dirigieron, en 1996, los casos en contra de Abdel Latif Sharif Sharif y la pandilla los Rebeldes. Ambos estaban incluidos en una lista de jefes policíacos interrogados por agentes federales durante la investigación Estados Unidos-México en el caso de 1999 de las narcofosas. Enrique Cocina, uno de los investigadores federales, comentó que Minjares se presentó a los interrogatorios con una escolta de agentes estatales armados, que rodearon el inmueble mientras Minjares concluía con la entrevista. Cocina expresó luego contar con suficientes evidencias para detener a Minjares bajo cargos de extorsión, "pero estoy en espera de reunir más pruebas para formularle cargos por homicidio".

Minjares renunció de pronto a su cargo estatal, en enero de 2002, luego de que agentes federales le solicitaron sus expedientes sobre docenas de desapariciones forzadas ocurridas desde 1993. La ejecución de Minjares al estilo del crimen organizado, en el 2003, levantó ámpula en los círculos de la DEA y el FBI, en donde era catalogado como un policía corrupto ligado a asesinatos y secuestros. Jefes policíacos de otro estado de la república lo acusaron públicamente de orquestar plagios que luego aseguraba haber esclarecido. Según fuentes policíacas, su muerte fue fraguada por un funcionario de alto nivel de las fuerzas policíacas del estado de Chihuahua,

"porque Minjares sabía demasiado y representaba un riesgo para la seguridad de la estructura del crimen organizado". Otro motivo fue que Minjares tenía que ver con varios cargamentos grandes de cocaína perdidos a raíz de ser interceptados por las autoridades de Estados Unidos en la frontera. Los decomisos representaban mermas multimillonarias en dólares.

Antonio Navarrete era un jefe de tránsito municipal cuando lo entrevisté sobre su papel en la investigación de los crímenes de 1996, en donde también colaboró Minjares. Navarrete describió esta investigación conjunta como "la más costosa y profesional que hayamos tenido en Chihuahua".

Comentó estar a cargo de parte de la investigación que involucró a la banda de los Rebeldes, pero que "Minjares fue el arquitecto de la investigación en contra de Sharif". Navarrete, quien hasta 2004 jamás fue acusado de actuación indebida tomó a broma los señalamientos emitidos por uno de sus superiores, un teniente de la policía municipal, en el sentido de que

Navarrete otorgaba protección a los narcotraficantes. Testigos que supuestamente declararon en contra de Sharif y los Rebeldes afirmaron que Minjares los mantuvo detenidos en un hotel hasta que firmaron esas declaraciones. También aseguraron que Navarrete amenazó con una pistola a uno de los testigos mientras la policía filmaba la entrevista. Luego de retirarse de las fuerzas policíacas en el 2001, Navarrete se involucró en la política, y estaba entre los simpatizantes que apoyaron al alcalde Jesús Alfredo Delgado del PAN, en su campaña partidista.

Otro detective que trabajó en el caso de los Rebeldes, en 1996, dijo que ni él ni otros investigadores recibieron un justo crédito por su extensa labor encubierta en estos casos. Dijeron que altos mandos se apoderaron de la investigación y se acreditaron la captura de los supuestos miembros de la pandilla los Rebeldes. Irma Rodríguez Galarza, especialista forense, dijo que fue retirada de la investigación "porque logré establecer que la mordedura de Sharif no coincidía con las marcas dentales dejadas en algunas víctimas". Dos criminólogos de la ciudad de México -Óscar Desfassiaux y Eduardo Muriel- viajaron a Ciudad Juárez, a fines de 1998, para coadyuvar en las indagatorias. Los expertos dijeron que sus esfuerzos por ayudar fueron bloqueados en cada oportunidad, y que ello se debía a que la policía estaba implicada en los crímenes. Sintiéndose rechazados y frustrados, ambos hombres dejaron la frontera y regresaron a México.

Desfassiaux llegó a escribir sobre su visita a la frontera en el libro “Los chacales de Ciudad Juárez”.

Carta desde Guadalajara

Poco tiempo después de la serie de reportajes publicado por El Paso Times, recibí una carta enviada desde Guadalajara. El autor de la misiva me dijo que debía ahondar en el caso de los agentes federales implicados en numerosas violaciones ocurridas en México a finales de la década de los ochenta. Los oficiales formaban parte del destacamento del subprocurador general de la república, Javier Coello Trejo, e incluso dos de ellos eran sus familiares. Al principio, las autoridades estadounidenses colmaron de alabanzas a Coello Trejo, conocido como "el Hombre de Hierro", por su supuesta firmeza en contra del narcotráfico. La carta de Guadalajara estaba firmada, pero carecía de dirección. Realicé algunas pesquisas y me sentí impactada con los resultados.

La revista Proceso publicó algunos informes sobre las múltiples acusaciones de violación en contra del cuerpo de seguridad de Coello Trejo.

Según la edición del 2 de abril de 1990, el fiscal especial de la ciudad de México, René González de la Vega, comentó: "Los líderes de esta banda de policías violadores son el sobrino y otro pariente de Coello Trejo, ambos nombrados agentes federales". Más de ocho agentes federales fueron señalados como sospechosos de participar en las violaciones de la ciudad de México. La mitad de los acusados fueron hallados culpables de los cargos y el resto fue dejado en libertad. Por cierto que Isabel Arvide fue la primera periodista en cubrir este caso para una publicación que ella misma editaba.

Isabel comentó que se involucró en el asunto después de que varias familias de las víctimas le pidieron ayuda. Ellos deseaban formular cargos, pero tenían miedo de enfrentarse al poderoso y temible Coello Trejo. "Todo el mundo se sintió amenazado durante estos difíciles tiempos", comentó Isabel, quien fue a entrevistarse con el procurador de Justicia de la ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga, a nombre de las familias de las víctimas. Morales accedió a encargarse del caso, lo que dio como resultado una disputa con Coello Trejo, quien aseguró que los cargos estaban influidos por motivos políticos.

Funcionarios de la ciudad de México señalaron que los policías federales tenían un modus operandi: montaban guardia en el exterior de centros nocturnos en el sur de la ciudad y esperaban la salida de las parejas asistentes. Ellos escogían a una de las parejas, y utilizando por lo menos dos vehículos, los seguían para luego atravesárseles de improviso y ordenarles que se orillaran. Luego de dirigir el vehículo de la pareja hacia un lejano sitio dentro de la ciudad, los agentes federales se turnaban para ultrajar a la mujer. Y a veces hasta obligaban al novio de la víctima a presenciar la violación. Hubo ocasiones en que los federales encerraban al novio dentro de la cajuela del automóvil, mientras los policías atacaban a la mujer. Cerca de 50 agresiones similares fueron cometidas antes de que los policías federales fueran frenados, pero sólo una quinta parte de las denuncias llegó a los tribunales. Isabel comentó que un par de testigos informaron a las autoridades que un oficial policíaco de alto rango presenció y observó uno o más ataques, pero su identidad no fue divulgada. Los oficiales que investigaron los casos comentaron que los agentes federales integrantes de la banda de violadores utilizaron vehículos asignados a Coello Trejo.

¿Pero qué pudo haber motivado a los agentes federales encargados de la protección de tan poderoso funcionario judicial el planear y ejecutar una serie de ataques organizados que escandalizaron a la capital? ¿Realmente los fiscales creyeron que Coello Trejo desconocía las actividades criminales de su equipo de seguridad? La explicación posiblemente subyace más allá del mismo hecho de las violaciones. Los sistemáticos ultrajes sexuales en la ciudad de México servían como una especie de campo de adiestramiento para las mafias policíacas que llegaron a proliferar en México durante las décadas de los ochenta y noventa.

Si las agresiones ocurrieron bajo protección oficial, como muestran las evidencias circunstanciales de estos hechos, entonces ello serviría para endurecer a los policías participantes en los ilícitos. El hecho de que varios de ellos participaran en los ataques frente a sus colegas fue suficiente para desanimarlos a denunciar estos crímenes; todos eran cómplices. Algunos expertos consideran que las violaciones en pandilla representan una especie de rito de iniciación para fraternidades de policías que colaboran con las actividades del crimen organizado, como el contrabando de drogas y armamento, así como tráfico de mujeres y niños. Un oficial ya retirado de inteligencia militar de Estados Unidos, quien analizó los reportes de asesinatos en la frontera México-Estados Unidos ha confirmado la existencia de redes de policías mexicanos que se valían de las violaciones y otras formas de violencia para la iniciación de nuevos miembros de esas fraternidades.

Es muy probable que algunos policías hayan sido adiestrados para llevar a cabo campañas terroristas para desalentar a la disidencia o infundir temor en los ciudadanos. Terroristas políticos y grupos del crimen organizado a lo largo del mundo han utilizado esas tácticas para lograr sus objetivos.

Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, estaba a cargo de la Brigada Blanca una organización de policías locales y federales que desempeñaron un papel determinante en la represión política en México durante la década de los setenta. Sobrevivientes de las torturas de la brigada aseguraron que Nazar torturó a algunas de las víctimas. Éste ha negado estos señalamientos y logró evadir su arresto hasta 2004, al poco tiempo del fallecimiento del ex presidente José López Portillo.

Anteriormente, agentes policíacos estadounidenses habían arrestado a Nazar con relación al robo de automóviles. Una agencia de inteligencia de

Estados Unidos intervino a su favor, bajo el argumento de que Nazar les había proporcionado valiosa información en el pasado. Nazar huyó de Estados Unidos luego de depositar una fianza. Se tuvo que esperar 28 años para presenciar la captura de Nazar.

Una fuente del FBI dijo que Rafael Aguilar, el capo del narcotráfico asesinado y ex policía federal, formaba parte de la infame Brigada Blanca.

José Refugio Ruvalcaba, un ex comandante de la policía judicial del estado, y preferido de las agencias policíacas de Estados Unidos, también era un miembro de la brigada. En la década de los noventa, los cadáveres de Ruvalcaba y sus dos hijos fueron encontrados en la cajuela de un automóvil abandonado en medio de uno de los puentes internacionales El Paso-Ciudad Juárez. Autoridades federales de Estados Unidos acusaron formalmente al capo Vicente Carrillo Fuentes de estos asesinatos. La fuente del FBI comentó también que algunos de los policías que aprendieron a torturar y otros métodos terroristas de la Brigada Blanca, pusieron después en práctica esas mismas habilidades cuando se enrolaron en los carteles de la droga. La activista de Juárez Judith Galarza, quien sospecha que la policía está implicada en los asesinatos contra mujeres en Juárez, dijo que otros policías, además de Aguilar, también colaboraban para la brigada o recibieron órdenes de coadyuvar en sus operativos, como el ex comandante policíaco Elías Ramírez; Salvador Siller, cuyo nombramiento para un alto cargo en el gobierno municipal fuera retirado después de que sus antecedentes fueron divulgados; el ex comandante de la policía, Jesús Buil Issa, implicado en la desaparición del policía Lardizábal; y un ex procurador general de Justicia de Chihuahua.

Presiones internacionales

El gobierno de Estados Unidos tal vez intervino en ese entonces presionando a México para vigilar muy de cerca los movimientos comunistas; el gobierno respondió a ello con la creación de la Brigada Blanca, grupo que ejerció espionaje sobre los civiles, y secuestró y torturó a cientos de disidentes sospechosos. Muchos de ellos permanecieron detenidos en cárceles clandestinas, y otros fueron asesinados. Una joven llamada Judith tiene una hermana que fue desaparecida por la Brigada Blanca hace 25 años. Judith dijo que los gringos estuvieron presentes durante un cateo en la casa de su familia en la década de los setenta. "Se

comportaron como si fueran los jefes -sólo hablaban inglés- y daban instrucciones a los policías para revisar bien en los clósets y otros sitios."

En 2004, Argentina se vio conmocionada al enterarse de que algunos de sus soldados fueron sometidos a torturas y otros actos degradantes para que pudieran entender los límites del abuso físico aplicado para facilitar el interrogatorio a los sospechosos y prisioneros. Fotografías y gráficas de estas sesiones fueron adjuntadas a estos informes. Esta clase de adiestramiento, llevado a cabo mediante el terror físico y psicológico, echa a perder a cualquier policía que supuestamente debería proteger a la comunidad. Más bien, ese adiestramiento (que pudo haber estado detrás de las violaciones policíacas) sirve para preparar a personas para involucrarse en el crimen organizado. No es sorprendente entonces que la policía entrenada de esta manera sea reclutada por los carteles de la droga y el crimen organizado. El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas y otros grupos internacionales de derechos humanos han criticado a México por utilizar confesiones obtenidas mediante la tortura para esclarecer los homicidios y otros delitos graves. A excepción de Sharif, todos los sospechosos detenidos con relación a los crímenes en serie contra mujeres en Juárez y Chihuahua han asegurado que firmaron sus confesiones debido a la tortura a la que fueron sometidos.

Coello Trejo y su equipo de seguridad visitaron el área Juárez-El Paso en varias ocasiones, cuando él se desempeñaba como subprocurador antinarcóticos. En 1990, El Paso Times publicó un artículo sobre un incidente que involucró a la esposa de Coello Trejo, interceptada por la policía de El Paso cuando andaba de compras, ya que la mujer se hacía acompañar de guardias armados. Susie Azar, la alcaldesa de El Paso en aquel entonces, se disculpó por cualquier maltrato que pudiera haber experimentado la esposa de Coello Trejo durante el incidente policíaco.

Durante el juicio realizado en Estados Unidos contra el líder del cartel del Golfo, Juan García Ábrego, uno de los testigos declaró que Coello Trejo recibía 1,5 millones de dólares cada mes por parte del cartel. En La Crónica de Hoy, María Teresa Jardí, ex funcionaria de la PGR, comentó en el año 2001 que "por Chihuahua pasaron los poderosos comandantes encabezados por Javier Coello Trejo[…] se hablaba de comandantes que llegaron a tener trescientos individuos a su servicio, sin registro ni posibilidad de

identificación alguna, sin salario, pero con charola, con autos y armas oficiales, que fungían como policías".

En su libro Huesos en el desierto, Sergio González Rodríguez escribió acerca de las redes del crimen organizado en México, en donde la policía estaba involucrada. En el 2003, el autor llevó a cabo la presentación de su obra en Guadalajara, la ciudad de donde me enviaron la carta con relación a las bandas policíacas que cometían las violaciones. Luego de la presentación del libro, Sergio y unos amigos se dirigieron a un café. Cerca de la mesa donde ellos se encontraban, estaba un hombre que hacía esfuerzos por escuchar cada palabra de la conversación. Esa persona era nada menos que, Javier Coello Trejo. En el verano de 2004, los medios locales identificaron a uno de los ejecutados como un ex integrante de la escolta de Coello Trejo. No hubo más detalles.

La policía evadió la justicia

En Chihuahua se evadió procesar judicialmente a aquellos investigadores policíacos que pasaron por alto las investigaciones de los crímenes contra mujeres. Pese a su influencia, estos hombres fueron incapaces o no tuvieron la voluntad de ejercer la fuerza de la justicia para salvar vidas. Uno de ellos era el ex procurador general de Justicia estatal Francisco Molina Ruiz, quien fue objeto de severas críticas por sus comentarios emitidos sobre las desapariciones forzadas ocurridas en Juárez durante la década de los noventa. El paseño Jaime Hervella, fundador de la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas, fue uno de los críticos más acérrimos. Molina pertenecía al Partido Acción Nacional, y ejerció su cargo durante la administración del gobernador Francisco Barrio.

Un residente estadounidense, experto en temas de seguridad nacional en Estados Unidos, dijo haberse horrorizado al enterarse de que la Agencia de Lucha Antidrogas en México había promovido la oferta de Molina para convertirse en el nuevo procurador general de la República bajo el gobierno de Vicente Fox. "La DEA consideró a Molina como de gran ayuda, por lo que respaldaron sus esfuerzos para llegar a ser el nuevo procurador", comentó el experto. Molina era procurador general de Justicia de Chihuahua cuando la serie de crímenes contra mujeres y el cartel de Carrillo Fuentes prácticamente se apoderaron de Ciudad Juárez. Tiempo después, Molina ejerció el cargo de zar antidrogas en México -homólogo de Barry McCaffrey en Estados Unidos- bajo el gobierno del ex presidente

Ernesto Zedillo. El protector político de Molina era Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República también miembro del PAN. Durante la época de Molina, el cartel de los Carrillo Fuentes floreció, en tanto que las cantidades de cocaína contrabandeadas hacia el interior de Estados Unidos crecieron en forma desmesurada. Luego de que Fox nombrara a Barrio como su zar anticorrupción, éste contrató a Molina como su jefe de seguridad en México. Sus otros empleados incluyeron a los ex jefes policíacos de Juárez, Javier Benavides y Jorge Ostos, dos funcionarios que deliberadamente ignoraron las oportunas advertencias lanzadas por el criminólogo estatal Óscar Máynez sobre la presencia de un criminal en serie operando en Ciudad Juárez.

La policía de Ciudad Juárez

Varios jefes policíacos fueron acusados de salirse con la suya en los crímenes y asaltos sexuales en contra de mujeres. La mayoría de ellos no fue sometido a proceso judicial y fue alertado para que huyera de la región.

Uno de ellos, Pedro Valles, fue acusado de haberle disparado a su novia en 1998. El cuerpo de Rocío Barraza, su novia, fue encontrado dentro de la unidad policíaca de Valles en el estacionamiento de la Academia Estatal de Policía. Valles, considerado hasta hoy un fugitivo de la justicia, había sido asignado a la fiscalía que investigaba los asesinatos contra mujeres. En 1998, una mujer que participó en el documental “Señorita extraviada”, acusó a cuatro policías municipales de asaltarla sexualmente en la cárcel preventiva del centro de la ciudad. Uno de los policías acusados era una mujer. Todos ellos refutaron los cargos. Fueron arrestados en octubre de 1999, y luego puestos en libertad por un juez que consideró como insuficientes las evidencias en su contra. A mediados de los años noventa, Melchor Baca, un policía federal, amenazó a su esposa, de quien estaba separado, luego persiguió e hirió de muerte al compañero de trabajo de ella, Rubén Vázquez, frente a testigos en los juzgados federales en donde ambos laboraban. Baca, emparentado con familias influyentes y con contactos políticos, jamás fue detenido.

Hay más casos que implican a la policía durante la década de los noventa, pero la mayoría de ellos no llegó a nada. A fines de 2003, dos mujeres acusaron a policías municipales de violarlas dentro de su unidad tipo camper, luego de que los agentes arguyeron que iban a colaborar en la búsqueda de un niño a quien su padre se había llevado en medio de un

pleito por la custodia de la criatura. Poco tiempo después, otro policía municipal fue detenido, pero sólo temporalmente, luego de que una mujer lo descubrió cuando el agente colocaba un pañuelo con una sustancia sobre el rostro de una prostituta con quien el agente iba a sostener contacto sexual. Ninguno de estos policías, en los casos de 2003, fue llevado a juicio.

El último jefe policiaco, Ramón Domínguez Perea, aparentemente era incapaz de controlar a sus propias fuerzas policíacas, en tanto que el alcalde Jesús Alfredo Delgado, estaba demasiado ocupado en su campaña por la candidatura para gobernador por el PAN como para preocuparse por su propia policía.

Los paseños con intereses empresariales en Juárez estaban preocupados por los crímenes contra mujeres. En una ocasión le pregunté a Susie Azar, la ex alcaldesa de El Paso que operaba una planta maquiladora en Juárez, su opinión sobre las desapariciones de jovencitas sin que nadie se diera cuenta.

Sin titubear un instante, Azar respondió: "La policía está involucrada. Si nadie ve u oye algo, entonces lo más seguro es que la policía esté detrás de estos hechos". Lance Levine, un miembro de Amigos de Bush, también involucrado en la industria maquiladora de exportación, comentó que el ex jefe de la policía en Juárez, Javier Benavides, en una ocasión le manifestó que el caso de los asesinatos contra mujeres en Juárez era demasiado fuerte y complejo incluso para el mismo FBI. Benavides le comentó que los asesinatos eran cometidos por sindicatos opuestos al Tratado Trilateral de Libre Comercio de 1994 y deseosos de perjudicar a la industria maquiladora. En realidad, los comentarios de Benavides eran correctos en parte, con base en investigaciones de autoridades que apuntaban a supuestos vínculos entre el TLC y los crímenes contra mujeres. Pero ésta no fue la única vez en que jefes policíacos en Juárez insinuaran algo oculto en estos asesinatos. José Refugio Ruvalcaba Plascencia, un jefe de la policía municipal durante la administración del alcalde Delgado, desempeñó su cargo únicamente por dos meses durante 2003, antes de ser obligado a dimitir de su puesto. Ruvalcaba declaró a reporteros que hombres poderosos estaban involucrados. En ese entonces, uno de los hombres sospechosos señalado como tal por los investigadores supuestamente había apoyado la campaña electoral de Delgado. El sospechoso -y benefactor de políticos- en el futuro podría convertirse en uno de los jefes policíacos de Juárez. En cierta ocasión, según fuentes confidenciales, este hombre estaba a la caza de

ese puesto, y contaba con el respaldo de otra figura poderosa implicada también en los homicidios. (Ruvalcaba no tiene ningún parentesco con el ex comandante estatal José Refugio Rubalcava.)

La activista Judith Galarza recordó un encuentro inusual que tuvo en la década de los noventa con Arturo Chávez Chávez, quien sustituyó a Molina Ruiz como procurador general de Justicia de Chihuahua durante la administración del gobernador Barrio. Chávez se encontraba con un grupo de jefes policíacos y otras personalidades de la comunidad en Juárez.

Chávez comentó en ese entonces que el crimen organizado tenía que ver con los homicidios de mujeres, y que sus hombres temían enfrentarse a los criminales. Durante ese encuentro, que Galarza confesó después que la puso muy nerviosa, una de las mujeres ahí presentes -miembro prominente de un partido político- calificó a las víctimas como putas.

Policías sicarios

Era enero de 2004, y de nuevo una alerta emitida por un informante dio como resultado el descubrimiento de una tumba clandestina en el patio trasero de una casa en Juárez. Este caso inquietó a las agencias investigadoras de Chihuahua. Con base en informes procedentes de la Oficina Ejecutora del Buró de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), agentes de la Procuraduría General de la República bajo el mando de José Santiago Vasconcelos, exhumaron los cadáveres de 12 personas cuyas muertes estaban relacionadas con el cartel del narcotráfico. Una de las víctimas era un hombre originario del condado de El Paso que había asistido a la Escuela Secundaria de Socorro. Las autoridades mencionaron que los hombres fueron torturados antes de ser asesinados. El caso iniciado por el Buró de Aduanas culminó con la captura de varias personas en El Paso y otras regiones de Texas bajo cargos de narcotráfico. Uno de los sospechosos detenidos se suicidó en una cárcel en la región Panhandle de Texas. Después, un agente del departamento del sheriff, quien efectuaba una inspección rutinaria de tránsito en El Paso, se comunicó con los agentes del Buró de Aduanas al percatarse de que un hombre que había interceptado por una violación al reglamento de tránsito era requerido por el servicio del marshall de Estados Unidos. El hombre era Heriberto Santillán Tabares, un lugarteniente de la organización de los Carrillo Fuentes. De acuerdo con los jefes de la oficina ejecutora, Santillán ordenó matar a las 12 víctimas sepultadas en el patio de una casa en un fraccionamiento. Pero eso

representaba tan sólo una parte del escándalo. El narcotraficante había contratado a agentes de la policía judicial de Chihuahua para detener y asesinar a los hombres. La activa participación de la policía en los golpes del cartel había sido descubierta hasta ahora. Un matrimonio, el hijo de éste y 13 agentes judiciales fueron llevados a un centro de detención federal en la ciudad de México, con relación al espantoso hallazgo en las fosas clandestinas. Un comandante de la policía judicial del estado, Miguel Loya Gallegos, se convirtió en el prófugo más buscado. Otros tres agentes judiciales, acusados de complicidad, también huyeron. Algunos de los activistas dijeron haber reconocido a Loya como uno de los agentes asignados en las primeras investigaciones de los crímenes contra mujeres.

El procurador de justicia de Estados Unidos consignó a Santillán con relación a cinco de las 12 ejecuciones. Aun cuando los asesinatos fueron cometidos en México, funcionarios de Estados Unidos consideraron estar facultados para formular cargos contra Santillán y sus cómplices, en virtud de que las muertes habían ocurrido como parte de una operación criminal.

El caso en Estados Unidos no estuvo exento de dificultades. Una declaración firmada por investigadores de la Oficina Ejecutora de Aduanas e Inmigración reveló que su informante había supervisado los asesinatos ordenados por Santillán, situación que originó un dilema muy serio para los agentes de Estados Unidos. El informante traía consigo una grabadora adherida al cuerpo cuando ocurrieron los asesinatos, pero los agentes de Estados Unidos tardaron en darse cuenta. Durante el operativo, y por culpa del informante del ICE, dos agentes encubiertos de la DEA estuvieron a punto de ser asesinados.

Avergonzadas por el curso que tomaban los acontecimientos, las autoridades de Chihuahua ordenaron exámenes antidrogas a muchos de sus agentes de la policía judicial del estado. Algunas pruebas resultaron positivas al consumo de marihuana y cocaína, y estos agentes fueron destituidos de las fuerzas policíacas. En un año, cerca de 250 agentes policíacos -casi una cuarta parte de la corporación- resultaron positivos al consumo de drogas. En el pasado, uno de los fiscales especiales encargado de la investigación de los asesinatos contra mujeres entregó una muestra que luego resultó positiva en cocaína, pero no pasó nada. De acuerdo con investigadores del FBI, ese funcionario recibió 100 mil dólares como cohecho por parte del cartel. Otro investigador asignado a esta fiscalía

recibió el cargo de cobrador, cuya misión consistía en distribuir los sobornos del cartel en la Subprocuraduría General de justicia Zona Norte en Juárez. Supuestamente, este funcionario encubrió a algunos de los verdaderos asesinos. Suly Ponce, una de las fiscales especiales para los homicidios de mujeres, tiene un cuñado cuya desaparición, en 1994, fue atribuida al cartel del narcotráfico, circunstancia que debió descalificarla para ocupar un cargo tan delicado.

Red de prostitución estatal

La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua apenas se recuperaba del escándalo de la implicación de sus propios policías como gatilleros del cartel del narcotráfico, cuando fue golpeada al surgir acusaciones de que uno de sus funcionarios judiciales de alto rango estaba reclutando jovencitas para una red de prostitución. El esquema fue descubierto luego de que una adolescente les comunicó a sus padres que un hombre y una jovencita le ofrecieron dinero a cambio de sostener relaciones sexuales con importantes empresarios. Héctor Lastra Muñoz, a cargo del departamento de averiguaciones previas en Juárez, fue acusado de ser el alcahuete de un grupo de por lo menos seis adolescentes. Las autoridades se vieron obligadas a detener a Lastra, debido a que fue sorprendido justo en el acto de reclutar a una adolescente que trabajaba en un restaurante de comida rápida. Las demás chicas le informaron a las autoridades que dos hermanos, trabajando para Lastra, les tomaron fotografías para elaborar un catálogo para que los posibles clientes seleccionaran a la joven de su preferencia.

Lastra negó tales acusaciones y aseguró que fue incriminado injustamente.

El acusado amenazó, además, con exhibir la corrupción prevaleciente en la Subprocuraduría General de justicia en Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, jefes policíacos y prominentes empresarios pagaron a cambio de sostener intercambio sexual con las jovencitas, dentro de una casa rentada.

A través de su abogado, Lastra declaró que nadie más estaba involucrado, y fue liberado después de pagar 30.000 pesos de fianza.

Después, se perdió de vista. Las autoridades encargadas de la investigación se apresuraron a agregar que la llamada "red de prostitución" apenas iniciaba, en tanto que un juez dictaminó innecesario un cateo policiaco domiciliar para reunir más evidencias en contra de Lastra. Cuando surgieron las noticias sobre el desmantelamiento de esta red, Samira Izaguirre y sus compañeros locutores se comunicaron conmigo. Durante su

programa radiofónico, ellos especularon que este caso podría conducir a una investigación aún más profunda que alcanzaría a pasados asesinatos y desapariciones de mujeres en Juárez. Pero les comenté que era más probable que los funcionarios estatales frenaran la investigación y la dieran por concluida lo más pronto posible. El tiempo me dio la razón. Esta investigación no pasaría más allá del propio Lastra y dos cómplices menores. Si prominentes personalidades estaban involucradas, entonces los funcionarios estatales -y los destacados hombres que hubieran tenido sexo con las menores- harían todo lo posible para evitar la divulgación de sus identidades. No faltó quienes se plantearon la posibilidad de que Lastra fuera amenazado para callarlo, o si la red de prostitución era en realidad un esquema para sorprender a notables hombres y funcionarios judiciales en situaciones comprometedoras para luego chantajearlos o extorsionarlos.

El 8 de marzo de 2004, Día Internacional de la Mujer, el procurador general de Justicia de Chihuahua, Jesús Chito Solís, renunció a su cargo. El gobernador Martínez salió de viaje fuera de Chihuahua el 9 de marzo, bajo el pretexto de una extensa gira comercial hacia China, justo después de que 200 agentes federales procedentes de la ciudad de México llegaran a Juárez para un operativo encubierto. El 10 de marzo, el cadáver de Rebeca Contreras Mancha, de 25 años, fue descubierto en las inmediaciones del Cristo Negro, en donde otras seis jóvenes mujeres fueron encontradas entre octubre de 2002 y febrero de 2003. Las autoridades estimaron que la víctima había fallecido desde el 9 de marzo. Fue estrangulada. Dado el caliente clima político prevaleciente, es posible que su muerte haya sido un mensaje dirigido por la mafia hacia las autoridades. Es muy probable que su cadáver haya sido descubierto el 8 de marzo, pero esa fecha era demasiado inconveniente, y alguien -posiblemente la policía- haya ocultado el cuerpo hasta la dimisión de Solís y para dar tiempo al gobernador de abandonar la ya inminente tormenta política. Ya antes las autoridades estatales han ocultado información sobre el hallazgo de otros cadáveres por varios motivos, ninguno de ellos justificado. La corrupción de la policía en Juárez, en todos sus niveles, ha sido un serio impedimento para las investigaciones de los asesinatos contra mujeres, sin mencionar las enredadas relaciones entre el crimen organizado y funcionarios gubernamentales. Jefes policíacos de muy alto nivel como Nazar y Coello Trejo habían sentado ya un precedente. Está muy claro que funcionarios judiciales no podrían llevar a