2. La revolución y la guerra: Europa, 1917-1936

FUERA DE FOCO: IRLANDA, 1922-1923

Es significativo, e incluso podría decirse que una excepción dentro del continente europeo, el que solamente la Irlanda de la guerra de independencia (1919-1921) y civil (1922-1923) viviera un tipo de conflicto interno reconocido abiertamente como tal por la historiografía y que, por otro lado, no tuviera ni las dimensiones ni las connotaciones totalizadoras de otras guerras civiles del mismo periodo, como las de Rusia o Finlandia. De hecho, la guerra irlandesa queda fuera del foco entre las guerras civiles europeas, pues por una parte se salió del esquema revolucionario, tal y como se dio en Finlandia, y por otra generó una cantidad total de víctimas (probablemente no excedan de mil, en una escalada no gradual, sino súbita) que incluso podrían llegar a dificultar su inserción entre las guerras civiles siguiendo algunos parámetros de las ciencias sociales. Tampoco tuvo una declaración formal ni implicó un estado de guerra. Sin embargo, que no responda a las dinámicas estandarizadas sobre qué es una guerra civil no significa que su relevancia sea menor. Al contrario. En última instancia, su aparición como una guerra intestina entre facciones y tradiciones rivales del nacionalismo irlandés, opuestos unos y favorables otros al Tratado anglo-irlandés de diciembre de 1921 posterior a una guerra de independencia en la que habían combatido juntos en las filas del Ejército Republicano Irlandés (IRA), revela el enorme alcance que las tensiones etnonacionales alcanzaron en la Europa de Entreguerras en los diferentes contextos de reconfiguración de soberanías posteriores a la Gran Guerra. En Irlanda hubo, si bien limitados, enfrentamientos armados, violencia intracomunitaria, guerra de guerrillas, un gobierno defendiéndose del ataque de una oposición organizada y armada, dentro de las fronteras de un Estado o unidad política reconocida, con una noción clara de la territorialidad y con intervención extranjera, al menos en lo armamentístico. No fue una guerra civil entre revolución y contrarrevolución, motivo por el que no suele ocupar gran espacio en los análisis macro sobre la «guerra civil europea». Por tanto, se trata de una guerra civil fuera del foco, aunque tal vez el problema esté en dónde se sitúa este.

Como en el caso de Finlandia, en Irlanda el transcurso de la guerra tuvo mucho que ver en primera instancia con el control o no de los centros de poder y con la fragmentación o privatización de las fuerzas de orden público. De igual manera, se trató de una guerra nacionalizadora en un contexto de decaimiento del poder supraestatal precedente tras la victoria irlandesa en la guerra de independencia, si se quiere un conflicto derivado del vacío de poder posterior a la disolución imperial, tal y como estaba ocurriendo al mismo tiempo en Europa central y oriental. De hecho, para Kissane (2015: 49) fue una clásica crisis sucesoria, una guerra por el control de facto del nuevo Estado, así como una guerra por el control de la legitimidad nacional. A diferencia de otras como la rusa, para la guerra irlandesa hay consenso en torno a las fechas de inicio y fin: del 28 de junio de 1922 hasta la victoria por deposición de las armas del enemigo de la facción protratado el 30 de abril del año siguiente. Algo más que en Finlandia, aunque su duración, como en la mayoría de los casos (también el español), resulte engañosa. A lo largo de los escasos once meses que duró realmente se asistió a una gran batalla, la inicial por Dublín, que vino abierta por la ocupación del edificio Four Courts y de otros (lo que suponía un reto claro al gobierno republicano provisional) por parte de los republicanos, para pasar después a desplegarse en la periferia republicana en forma de guerra de guerrillas frente al Ejército Nacional. Así, como tal la guerra tuvo lugar sobre todo en el territorio del Estado Libre, aunque también afectó al Ulster.

En su origen estuvo la polarización y la pugna por la legitimidad política entre facciones del nacionalismo en el inicio del despliegue administrativo del Estado irlandés. El tratado aprobado el 7 de enero por el Dáil Éireann, el Parlamento irlandés, con el apoyo de la Iglesia católica y que daría nacimiento en diciembre al Estado Libre de Irlanda preveía un Estado autónomo con ejército y policía propias, pero a su vez la pertenencia a la corona británica, la soberanía de Jorge VI (1895-1952) como jefe del Estado y la salida del nuevo Estado de las regiones protestantes del norte en aplicación de la ley de 1920. Sin embargo, fue rápidamente recusado por secciones del IRA y del Sinn Féin, que mantenían vivas las discrepancias internas en el seno del nacionalismo irlandés y que, en su disputa, señalaban al Estado Libre como una marioneta de Gran Bretaña y una traición a la república (Fitzpatrick, 2001: 86). De hecho, una de las características de la situación previa a la ruptura de hostilidades fue la división interna en el IRA: el gobierno provisional pro-tratado, que controlaba sobre todo la capital, mantenía con dificultad un control siquiera superficial sobre las tropas del sur de la isla, presentes en provincias de marcado carácter anti-tratado como Munster, y así se demostró en las elecciones legislativas de 1922. Cuando el IRA anti-tratado se alzó en armas en abril de 1922 en Dublín frente al intento de control desde el gobierno provisional, el conflicto armado entre facciones reprodujo el carácter irregular y de guerrilla heredado de la guerra de independencia, como tal vez no podía ser de otra manera. Era la forma de combatir más familiar y acorde con la experiencia bélica previa de los bandos contendientes, así como la más eficaz y ajustada a los medios que podían poner en liza en aquel momento. Para Kissane, detrás de las hostilidades hubo un componente de polarización evidente: incluso popularmente la guerra se atribuyó a la fractura entre líderes, Michael Collins (1890-1922) y Éamon de Valera (1872-1975).

Precisamente, del carácter intracomunitario, relacionado con el reparto del poder político y en cierta medida limitado de los combates de la guerra civil irlandesa, habla el proceso que llevó a la rendición del IRA atrincherado en Four Courts. Hasta dos meses tardó Collins en hacer frente por las armas a los rebeldes. De hecho, mientras se abordaba la cuestión en términos políticos, pactaba con la facción anti-tratado del Sinn Féin una coalición electoral, elaboraba una constitución y esperaba el resultado de las elecciones del 16 de junio, vencidas por el Sinn Féin pro-tratado con 58 de los 128 escaños del Parlamento. El éxito fue leído no solamente como un refrendo a la obra del gobierno provisional, sino también al propio tratado y, por ende, contra la oposición de los rebeldes de Four Courts (Costello, 2003). En base al resultado electoral se podía defender una lectura del conflicto según la cual este sancionaba que la soberanía recayese en un movimiento popular y mayoritario que tenía el derecho legítimo a defenderse ante una minoría militarista (Foster, 2015: 143). El texto constitucional de Collins, del que dependía la unidad del Ejército, originalmente no hacía mención alguna al tratado con Gran Bretaña, a la corona o al juramento de lealtad a la misma. Sin embargo, una cláusula final impuesta por el gobierno de Londres, según la cual cualquier conflicto constitucional con el tratado la haría inoperativa, acabaría por hacer imposible la coexistencia de las dos facciones del nacionalismo irlandés en un solo gobierno. El propio David Lloyd George (1863-1945), premier británico, insistió en que mantener la tolerancia hacia los rebeldes de Four Courts supondría una violación formal del tratado, lo que daría al gobierno británico libertad de acción (Kissane, 2005: 74). La ruptura era un hecho.

En todos los casos de guerra civil, la motivación última, de la que se desprende la responsabilidad en el inicio del conflicto, suele ser causa de debates, a veces irresolubles (Foster, 2015; Kissane, 2005; Dolan, 2003). En Irlanda, los seguidores del gobierno provisional argumentarían que la alternativa al conflicto interno era a todos los efectos la intervención militar británica y la marcha atrás en el despliegue del proceso independentista, como mínimo hasta 1916. Para el IRA anti-tratado, comandado militarmente por Liam Lynch (1883-1923) e identificado por el llamado Ejército Nacional como «irregulares», lo que subyacía detrás de la renuncia al pacto político y del inicio de las hostilidades era una imposición del poder por la fuerza, incluso si para ello el gobierno debía renegar de su promesa de mantener el IRA como el Ejército de la República (Foster, 2015). La ruptura era pues evidente; otra cosa era la posibilidad real de afrontar una guerra abierta. Detrás de la rendición de los insurrectos de Dublín tras los bombardeos ordenados por Collins sobrevino una guerra civil de limitada intensidad en perspectiva, en la que el número de combatientes, inicialmente favorable al IRA anti-tratado en una proporción de 1,5 (12 000 frente a 8000, aproximadamente), fue basculando de manera progresiva hacia la facción gubernamental, la misma que recibía los 27 400 rifles, 6600 revólveres y diferentes piezas de artillería enviadas por el gobierno británico (Hopkinson, 1988: 125, cit. en Kissane, 2005: 77). En esto la intervención internacional fue capital, ya que además de romper el equilibrio entre las dos facciones armadas del IRA, al margen de los muchos que se mantuvieron neutrales en la contienda, nutrió de armamento al ejército del gobierno provisional, que creció de 20 000 a 55 500 hombres en pocos meses.

La irlandesa fue una guerra de combates limitados y sin frentes claros, como buena parte de las guerras civiles del siglo XX, excepción hecha de algunas como la española y la coreana, más cercanas a la idea general de la guerra regular. Y, aun con todo, ambas guardarían claros paralelismos con la norma, al menos en los primeros meses de las dos contiendas, hasta el fracaso de la guerra de columnas de los sublevados frente a Madrid, en el caso español, y hasta el lanzamiento de la invasión del sur por parte de Corea del Norte, en el otro. Con el apoyo de las armas británicas ofrecidas por Winston Churchill (1874-1965), los representantes del gobierno provisional tuvieron en todo momento la ventaja estratégica frente a la guerrilla irregular en la que los anti-tratado tuvieron siempre que establecer tácticas defensivas, condicionadas por su menor preparación, su menguante capacidad estratégica y su debilidad armamentística. También en esto hubo un condicionante de tipo nacional. El 7 de julio de 1922 Collins lanzó un reclutamiento «nacional», que vino a contribuir a la identificación del Ejército Nacional como el legítimo depositario armado de la soberanía. En cierta medida, en ese momento se terminó de fracturar el factor que hacía diferente a la guerra en Irlanda con respecto a otras guerras intestinas. De hecho, y a diferencia de las radicales brechas políticas, socioculturales e identitarias que caracterizaron guerras civiles como la rusa o la española, en Irlanda ambas facciones apoyaban el objetivo de la independencia total, así como un fuerte sentimiento de identidad nacional, apoyado sobre un catolicismo compartido, pese a que la Iglesia dio apoyo a la facción protratado. Para subrayar las diferencias entre beligerantes, el gobierno hubo de instar al control y la censura de la prensa, de modo que la facción armada gubernamental siempre fuera denominada «Ejército irlandés», «Ejército Nacional», «Tropas nacionales» o directamente «tropas», mientras que al enemigo se le trataría de «bandas» o «cuerpos» armados, nunca como tropas, fuerzas, ni como unidades militares con rangos y oficiales (Kissane, 2005: 81).

Los combates convencionales duraron poco más de un mes, y para mediados de agosto, poco antes de morir Collins en una emboscada, el gobierno ya tenía el control de los centros urbanos: las columnas de soldados tomarían Limerick y Waterford, las fuerzas marítimas los condados de Cork y Kerry en el sur y Mayo en el oeste. En ese momento, las órdenes del IRA anti-tratado de dispersarse por las zonas rurales abrirían una fase de guerra de guerrillas en la que no pudieron valerse de las ventajas estratégicas propias del conflicto irregular. A diferencia de las guerras coloniales o de ocupación exterior, el factor territorial, que suele ser favorable al guerrillero, no siempre es determinante en las guerras civiles (Baldissara, 2016 y 2018). En Irlanda, ambos bandos eran conocedores de las tácticas de la guerrilla y estaban familiarizados con el entorno, por lo que esa variable estratégica resultó poco decisiva a todos los efectos. O mejor: resultó una ventaja para el Ejército regular, al no poder valerse de ella el irregular. Los actos de sabotaje y de guerrilla no fueron determinantes frente a la solidez de un Ejército de creciente capacidad ofensiva. Sin embargo, sí que lo serían para explicar el auge, numéricamente relativo, pero proporcionalmente importante, de las ejecuciones de soldados republicanos a manos del Ejército Nacional (un mínimo de 150) y de las acciones de reacción por parte del IRA, como la quema de casas y los sabotajes. Tras la instauración de la ley marcial a finales de septiembre de 1922, que supeditaría la legislación civil a la militar y que permitiría condenar a la pena capital a quien fuese encontrado culpable de atacar a las fuerzas gubernamentales, de esconder armas o de haber participado en incendios y saqueos, la violencia ejecutada en ese contexto tuvo un carácter fuertemente instrumental. Contra los pronósticos idealizadores del enemigo, que hablan de cómo la violencia solo refuerza la resistencia, en este caso la existencia de asesinatos de combatientes, ejecutados in situ en el momento de su entrega en muchos casos, contribuyó al rápido agotamiento del conflicto. En ese sentido son notorias las atrocidades cometidas por la Dublin Guard. El terror fue efectivo en el contexto de una guerra fuertemente desproporcionada donde no se desarrolló una radical esterotipación ni deshumanización del enemigo, por más que la Iglesia católica, en un acto de clara propaganda y posicionamiento progubernamental, desaprobara los actos de sabotaje y guerrilla y los considerase pecaminosos y ofensivos a los ojos de Dios.

En todo caso, la cuestión de las víctimas de la guerra irlandesa sigue abierta al debate, aunque su número no es, sin embargo, excesivamente elevado. Según Kissane, algo más de 1300 personas murieron en la guerra, y a pesar de todo las cifras quedan por debajo de las 2000 muertes: poco, desde luego si lo comparamos con otros mecanismos de violencia interna en la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial (Hart, 2008; Clark, 2014; Foster, 2015). Si bien Fitzpatrick reconoce que junto a los 1200 soldados de uno u otro bando existiría un número «desconocido» de civiles, otras investigaciones como las del desaparecido Peter Hart apuntan a que, en la escala local, la incidencia de la violencia sobre los civiles fue mayor. Las cifras que suelen manejarse hablan de unas 90, un 10 % aproximado del total, pese a ser posible que fuesen más, sobre todo en el Dublín del verano de 1922. Según Hart, que estudió fundamentalmente el condado de Cork, mientras que el porcentaje de víctimas civiles ascendía al 40 % en el contexto revolucionario de 1917-1919 y en 1920 hasta el 48 %, entre enero y junio de 1922 estas llegarían a un elevadísimo 82 %, que se reduciría al 39 % en la segunda mitad del año (Hart, 2002). En lo que coinciden todos es en la escasa fiabilidad de las fuentes y en las dificultades para establecer un recuento si no definitivo, sí fiable de las víctimas no combatientes. Como se verá más adelante, las guerras civiles que se han desplegado en forma de combates irregulares —la guerra civil italiana, la guerra irregular de la segunda mitad de 1936 en España y contra el maquis en la posguerra— tienen siempre una tremenda incidencia en forma de políticas de violencia (ejecuciones, juicios sumarísimos, desplazamientos forzosos, torturas, detenciones) sobre la población no combatiente, identificada con el enemigo por el hecho de compartir territorialidad. En todo caso, lo que caracterizó de manera imborrable la guerra irlandesa no fue tanto el asesinato de civiles cuanto la ejecución de prisioneros de guerra, una realidad que quedó escenificada de forma dramática en la película El viento que agita la cebada (2006), de Ken Loach.

Once meses después del levantamiento en Dublín, el alto el fuego reclamado por De Valera, pero solo subsiguiente a la muerte en combate de Lynch, puso fin al enfrentamiento armado, aunque no stricto sensu a la guerra. No hubo pues una rendición oficial, sino que los insurrectos, derrotados a todos los efectos y sin el liderazgo político y militar necesario, cesaron el combate y dejaron las armas, pasando muchos de ellos a engrosar las cifras de detenidos e internos en manos gubernamentales, más de 12 000 al final del conflicto. En la inmediata posguerra, el Estado Libre hizo miles de prisioneros, ya desarmados y muchos en sus propios hogares. De hecho, para Kissane, a efectos legales la guerra civil se mantuvo en vigor hasta julio de 1923, cuando fueron liberados muchos de esos prisioneros, ante la evidencia de que ya no existía un marco bélico ni un estado de guerra que justificase su detención. Sin embargo, aún en 1924 quedaban focos activos de guerrilla que impedían el establecimiento de unas condiciones de absoluta normalidad. La decisión del IRA fue una suerte de aceptación, a veces no tan resignada, de la realidad. Pero a todos los efectos supuso que la organización no se hiciera cargo de las armas, esto es, que no controlase el desarme efectivo de sus combatientes. Y además, la ausencia de una rendición declarada supuso implícita, y en muchos casos explícitamente, el no reconocimiento de la autoridad del Estado Provisional (Foster, 2015: 146).

Eso es algo común en los enfrentamientos civiles, y en el caso irlandés no lo fue menos: más que dar conclusión a la guerra el alto el fuego supuso el inicio de su final. Empezaba entonces en Irlanda el momento del recuento y de la reconstrucción, sobre todo política, pero también sociocultural dentro del espacio político del nacionalismo irlandés, que tendría un hito fundamental en la amnistía del 8 noviembre de 1924 declarada sobre todos los hechos relacionados con la guerra. Pese a que la narrativa predominante en la posguerra, emanada de los vencedores pro-tratado y que primaba los elementos de estabilización, consolidación y normalización estatal, deje fuera de foco factores conflictivos relacionados con la reconstrucción política y la represión estatal (Foster, 2015: 143; Dolan, 2003), a todos los efectos la amnistía sí que constituiría un punto de no retorno definitivo para el establecimiento de un marco sociopolítico sin enfrentamiento bélico donde los derrotados en la guerra civil, constituidos en partido político en 1926 por De Valera, el Fianna Fáil, pudieron alcanzar el poder en 1932. De hecho, estaba en el poder cuando Irlanda se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Para el caso irlandés sí parece haber acuerdo en la denominación académica de guerra civil, aunque menos en sus causas y consecuencias. Como en Finlandia, la guerra ocurrió poco después de la independencia y vino precedida por una crisis constitucional. Sin embargo, en Finlandia la guerra se interpretó o como un conflicto revolucionario o como uno de liberación nacional. En Irlanda fueron los derrotados contrarios al tratado anglo-irlandés de 1921, que dejaba a Irlanda del Norte la posibilidad de separarse del nuevo Estado insular, los que la interpretaron en términos nacionales, es decir, como una continuación de la guerra de independencia (Dolan, 2003). Los vencedores, pese a la inexistencia de una izquierda revolucionaria, la interpretaron en términos sociales, y eso favoreció la fácil reintegración de los derrotados en 1923, al contrario de lo sucedido en Finlandia, Rusia o España.

Junto con España, Irlanda fue el único país europeo que vivió una guerra civil como forma de salida a la crisis de gobernanza continental. La situación de inestabilidad política e institucional derivada del final de la Gran Guerra no afectó solamente a los países nacidos de la descomposición de los imperios derrotados en 1918. En no pocos territorios continentales como España, Turquía, Irlanda, los países bálticos, el Cáucaso, Italia, Hungría o Alemania, se asistió entre 1917 y 1923 a un incremento notable de fenómenos de violencia interna, persecución política, etnonacional o revolucionaria. Además, se asistió a una creciente privatización de la violencia, desarrollada muchas veces bajo el amparo político revolucionario o contrarrevolucionario y acompañada por la expansión de formas paramilitarizadas de mayor o menor intensidad, mayor o menor organización. En no pocas ocasiones, la situación italiana de 1922 o la alemana de 1933 han sido descritas como de guerra civil, en la medida en que el ascenso de los fascismos sirvió para aplastar salvajemente a los partidos revolucionarios. El breve período de toma de poder de Béla Kun en Hungría y la oleada de terror contrarrevolucionario que siguió a su desalojo, o incluso el conflicto armado entre republicanos y monárquicos en el contexto de la joven e inestable República de Portugal de 1919 también han sido descritos en ocasiones como guerras civiles larvadas (Wachsmann, 2008; Fabbri, 2009).

LA GUERRA EN LA PAZ, 1918-1923

Portugal, Alemania, Hungría, Italia. Todos estos casos conforman un proceso histórico definido en el que la noción de guerra civil, en este caso larvada, ha estado siempre presente, también entre los propios observadores de la Europa de Entreguerras. Pero en perspectiva no es tan evidente identificar guerras civiles en la Alemania de Weimar, la Italia previa a la Marcha sobre Roma, o la Hungría de y posterior a Béla Kun (1886-1938), aun cuando se las denomine larvadas o latentes. Evidentemente, los tres conceptos (guerra civil, abierta, latente) no son sino convencionalismos. Pero evidencian, en sí mismos, la fortaleza de la identificación, si se quiere metafórica, como guerra civil de los procesos de violencias cruzadas desarrolladas en conflictos multifactoriales (comunidad nacional y nacionalismo unido o dividido, religión, existencia de un actor reconocido como de ocupación) y multidireccionales (actores y comunidades diferentes en hasta tres territorios políticamente diferenciados), así como varias características que explican en perspectiva comparada el uso de tal definición: la implicación de población no combatiente, la búsqueda de apoyos civiles, la instrumentación del relato histórico o la preponderancia de identificaciones hipostáticas entre los grupos identitarios combatientes o sostenedores y categorías cerradas y totales como las de pueblo, nación o comunidad.

El límite de qué es y qué no es una guerra queda siempre difuminado al acercarnos a los procesos históricos que trufaron la Europa de Entreguerras en forma de conflictos armados. Por ejemplo, en Portugal, el asesinato en 1919 del a la sazón primer ministro Sidónio Pais (1872-1918), en el poder tras el golpe de Estado de 1917, dio lugar a un vacío de poder aprovechado por el movimiento monárquico para proclamar la Monarquía del Norte. Los subsiguientes combates entre el Ejército y los monárquicos en los escasos dos meses que duró la alternativa territorial e institucional sirvieron sobre todo para reforzar el poder republicano en Lisboa y para debilitar aún más los movimientos tradicionalistas y restauracionistas, incluido el Integralismo Lusitano. Hubo, pues, indicios de territorialidad y combates, además de una alternativa institucional y de poder. En ese sentido, ¿dónde hay una guerra civil reconocida? Evidentemente, la existencia de violencias cruzadas, aunque puedan entenderse como beligerancias contrarias, no es el único elemento que explica la existencia de una guerra intestina. De igual modo, los golpes de Estado no pueden ser considerados per se guerras civiles, ni estas son estrictamente necesarias para el desarrollo de políticas de persecución y expulsión de las minorías políticas o sociales, aunque desde luego contribuyan a ellas de forma evidente y decisiva.

Criterios clásicos como la presencia activa de gobiernos nacionales no se dan en todos los casos de guerra civil, como tampoco existe siempre una resistencia efectiva, armada y real por las dos partes a la toma del poder (Singer y Small, 1982: 210). Así, casos como el de Alemania entre 1918 y 1923 o el de la Hungría previa al Tratado de Trianón bien pueden contribuir a cuestionar las fronteras de lo que puede o no denominarse guerra civil, difuminadas al analizar procesos como los golpes de Estado contrarrevolucionarios, los procesos de terror blanco y rojo, o los combates armados frente o a favor de la alternativa revolucionaria.

El caso del ascenso al poder de la coalición socialista y comunista que instauró la breve República Soviética Húngara nos interesa particularmente por los múltiples factores que confluyeron en él. No hay que perder de vista que a finales de 1918 este país centroeuropeo se encontraba entre las potencias derrotadas en la Gran Guerra, en tanto que núcleo de la extinta monarquía dual austrohúngara. En buena medida, lo que ocurrió en los meses siguientes tuvo mucho que ver con el vacío de poder derivado de las decisiones de Mihály Károlyi (1875-1955), poderoso aristócrata de convicciones demócratas que estuvo al frente de Hungría desde finales de octubre de 1918 hasta mediados de marzo de 1919. Ya durante los primeros días de su mandato a la cabeza de un Comité Nacional, que reunía en su seno a fuerzas políticas de centro e izquierda, decidió desarmar y disolver el Ejército húngaro para congraciarse con los Aliados de la Entente y conseguir unas condiciones ventajosas para Hungría en un futuro tratado de paz. Sin embargo, lejos de conseguirlo, esta decisión propició que los países vecinos se lanzaran a la ocupación de grandes porciones de los antiguos territorios imperiales que hasta entonces habían estado bajo la soberanía magiar, y que por lo general estaban habitados por importantes minorías o mayorías húngaras. Esto fue leído como un fracaso de Károlyi y su gobierno, que además se encontraron con la abierta hostilidad de la misión militar francesa en Europa Central. A ello se sumaron muy pronto los graves problemas que experimentó a la hora de hacer efectiva su soberanía sobre el territorio, dado el caos organizativo e institucional de la posguerra y la multiplicidad de poderes surgidos a nivel local y regional. Además, la crisis se vio agudizada por la necesidad imperiosa de afrontar la llegada de refugiados de los territorios ocupados por Serbia, Checoslovaquia y Rumanía, todo ello en medio de unas circunstancias políticas, sociales y económicas muy difíciles (MacMillan, 2011: 322-323).

Es así como entró en escena Béla Kun, un individuo que nos recuerda la importancia de las trayectorias personales en la comprensión de la historia de la guerra, la revolución y la contrarrevolución, pero también el rol que la dimensión transnacional jugaría en todo ello. Este veterano del Ejército austrohúngaro capturado por los rusos en 1916, ya habitual de los círculos de izquierdas en la Hungría de preguerra, fue internado en un campo de prisioneros de guerra, donde se sintió atraído por el comunismo tras el triunfo de la revolución bolchevique. Así pues, tras conocer de primera mano los primeros pasos del experimento soviético y tomar parte en la guerra civil rusa junto a otros varios centenares de húngaros, volvió a su país en noviembre de 1918 con el apoyo económico y político del nuevo Estado bolchevique. En este caso, las autoridades soviéticas no estaban haciendo otra cosa que tratar de explotar en su beneficio un escenario ideal como el húngaro para extender la revolución por toda Europa. El país parecía estar maduro en este sentido, asolado como se encontraba a causa de la escasez de alimentos y combustibles con los que encarar el invierno, la hiperinflación, el desempleo, la falta de vivienda y la ridícula ayuda humanitaria recibida por el gobierno, al contrario de lo ocurrido en el caso de Austria (Romsics, 1989: 121-125; Gatrell, 2008; MacMillan, 2011: 325). Tanto es así que la agresiva campaña de huelgas y manifestaciones impulsada por Kun y los suyos contra el gobierno del partido de Károlyi y sus aliados socialdemócratas acabaría con aquel apaleado por la policía y en la cárcel en febrero de 1919. A pesar de ello, a mediados del mes siguiente se hizo evidente que los vencedores iban a imponer durísimas pérdidas territoriales al nuevo Estado húngaro, lo cual llevó a Károlyi a dimitir ante el fracaso de su política internacional y las graves protestas a las que dio lugar dicha situación. No lo hizo sin antes advertir a los Aliados de la Entente que estaban empujando al país a la revolución (MacMillan, 2011: 325-326).

Encontrándose con el poder en solitario, los socialdemócratas húngaros vieron el recurso a Kun y sus contactos con la Unión Soviética como la única posibilidad de preservar en la medida de lo posible las fronteras imperiales de Hungría. En este sentido, se esperaba que el líder comunista húngaro sería capaz de atraer el auxilio del Ejército Rojo, a pesar de que la situación de guerra civil que se vivía en los antiguos territorios del Imperio ruso no parecía invitar al optimismo en este sentido (Deak, 1968: 135-136). No obstante, esta exigua posibilidad permitió a Kun imponer todas sus condiciones, situándolo al frente de una República Soviética Húngara proclamada el 21 de marzo de 1919 y gobernada por un partido único, fruto de la fusión entre comunistas y socialdemócratas. Esto también hizo posible que en un primer momento oficiales conservadores se sumaran al Ejército Rojo húngaro en la exitosa guerra por el control de Eslovaquia, ya que creían estar librando un conflicto existencial contra los enemigos exteriores del país (Toma, 1958). Un oficial estadounidense que por entonces estaba en Budapest supo verlo de forma muy clara al señalar que «los húngaros, que están unidos en el convencimiento de que Hungría no debe ser desmembrada, han utilizado el bolchevismo como último recurso desesperado para preservar la integridad de su país». Tal y como haría Stalin veintidós años después al encarar la invasión alemana, Kun supo aprovechar la ola de nacionalismo que inundó el país impulsando una retórica patriótica a favor del nuevo régimen y, al mismo tiempo, consiguió pescar en las revueltas aguas de los divergentes intereses internacionales de posguerra, obteniendo armas y pertrechos de una Italia hostil a Yugoslavia (MacMillan, 2011: 326, 330).

En cualquier caso, y de cara a lo que estaba por venir, una de las claves del fracaso del segundo experimento comunista triunfante en el mundo tuvo que ver con la pérdida de buena parte del apoyo real y potencial del campesinado húngaro ante la decisión del nuevo Estado de expropiar las tierras para colectivizarlas (Deak, 1968: 136; Mazower, 2017: 32-34). Este hecho, unido a otros choques violentos en el campo a causa de las requisas para abastecer a la población de la industrial Budapest, acabó limitando muy rápido el control del Estado sobre el conjunto del país. Tampoco ayudaron otras reformas radicales como la ley seca, la colectivización de las fábricas impuesta por el régimen, el control de la prensa o las políticas anticlericales, entre muchas otras (MacMillan, 2011: 329-330). Por supuesto, ello no fue impedimento para el despliegue de políticas y mecanismos de violencia encaminados a la persecución y supresión de cualquier amenaza para la consolidación de la revolución, derivando en algo más de medio centenar de muertos y miles de detenidos en los cuatro meses de existencia de la República Soviética Húngara (Deak, 1968: 130-131). De hecho, vale la pena recordar que al mismo tiempo que esta última empezaba a cobrar forma en también lo hacía la también comunista y más efímera República Bávara de los Consejos, algo que no hizo sino alimentar los rumores de una intervención desde la Unión Soviética, el optimismo de los comunistas respecto al futuro y los proyectos revolucionarios para implantar su poder total mediante el terror.

Es importante destacar que en el caso húngaro el devenir de los hechos no solo estuvo muy marcado por la existencia de un gobierno contrarrevolucionario paralelo, encabezado por el almirante Miklós Horthy (1868-1957) en la ciudad de Szeged, al sur de la actual Hungría, sino también por la intervención militar exterior del Ejército rumano, apoyado material y financieramente por los Aliados. En lo que ha sido una praxis común de las políticas de «pacificación» y control de las grandes potencias sobre las zonas periféricas de su esfera de influencia, ambas iniciativas contaron con el beneplácito y el apoyo directo de las potencias de la Entente. La intervención rumana puede verse como una suerte de guerra subsidiaria similar a las que veremos en la España de 1936-1939, las guerras civiles de la Segunda Guerra Mundial y de forma muy clara en no pocos de los conflictos fratricidas del Tercer Mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Es más, como suele ser habitual en estos casos, la situación pronto escapó del control de los Aliados, dando lugar a conflictos entre ellos y Rumanía. Por lo demás, todos los intentos de las fuerzas soviéticas por auxiliar a sus aliados húngaros asestando un golpe a los rumanos en Besarabia fueron en vano, dado el enorme desafío que plantearon las unidades de Antón Denikin en su ofensiva por Moscú durante el verano de 1919.

Así pues, tras un inicio titubeante a lo largo de la primavera de 1919, las fuerzas rumanas acabaron imponiéndose de forma definitiva ese mismo verano. En este sentido fue clave el colapso interno de la República Soviética Húngara a causa de las resistencias y oposición abierta de amplios sectores de la población del país frente a las políticas del nuevo Estado, pero también debido a la deserción de ciertas unidades del Ejército Rojo húngaro congraciadas con las fuerzas contrarrevolucionarias reunidas en torno a Horthy (Deak, 1968: 140; MacMillan, 2011: 332). Desde luego, tampoco resultó menos importante la defección poco antes de muchos oficiales conservadores que se pasaron al bando del almirante, sobre todo por la traición que a sus ojos supusieron las negociaciones de Kun con la Entente para conseguir conservar la revolución utilizando Eslovaquia como moneda de cambio (Pastor, 1988). Finalmente, los rumanos entraron en Budapest el 3 de agosto, dando inicio a una ocupación militar que se alargaría hasta noviembre en el caso de la capital y hasta las primeras semanas de 1920 en las regiones orientales del país. Por supuesto, como suele ser común a este tipo de episodios, las tropas rumanas llevaron a cabo una política sistemática de saqueos que incluyó el desmantelamiento y traslado a Rumanía de buena parte de las infraestructuras ferroviarias e industriales del país, así como las requisas de alimentos, ganado o vehículos a motor. De nada sirvieron las protestas de las principales potencias de la Entente, que no tenían poder efectivo para condicionar las políticas de sus aliados de la Europa Central y balcánica. En este sentido, por mucho que los dirigentes rumanos proclamaran su derecho al botín tras haber salvado al viejo continente del bolchevismo lo cierto es que tanto ellos como sus colegas yugoslavos o checoslovacos perseguían unas agendas nacionales propias (MacMillan, 2011: 333).

Uno de los grandes cronistas de este turbulento periodo de la historia húngara fue el cineasta Miklós Jancsó (1921-2014), quien dio cuenta de los hechos en su impactante película Silencio y grito (1967). Más que un análisis político de lo ocurrido, esta obra plantea una anatomía de la violencia que siguió al fin de la revolución. No por nada, la obra comienza con el desfile triunfal del autoproclamado «Ejército Nacional» en Budapest. A la cabeza marchaba el almirante Horthy, montando un caballo blanco y proclamándose como el libertador de Hungría, a pesar de no haber tenido ninguna contribución destacable a nivel militar. Sus tropas, que no llegaron a entrar en combate contra el Ejército Rojo húngaro, habían sido armadas y financiadas por el mismo Ejército rumano en número suficiente como para poder ahogar la revolución comunista en sangre y al mismo tiempo evitar que pudieran convertirse en una amenaza exterior.

De hecho, desde el momento en que Horthy tomó posesión del poder puso en marcha una brutal represión cuyo objetivo era extirpar de raíz la posibilidad de un nuevo conato revolucionario, algo que no solo afectó a los comunistas y socialdemócratas, sino también a muchos judíos y liberales, considerados como otra amenaza más para el nuevo orden. La extensión del terror como forma de generar una red de apoyos y complicidades, al tiempo que se favorecía el control y encuadramiento de la población y la estigmatización de las víctimas, fue uno de los ejes de las políticas del régimen. Para ello se desplegó una violencia capilar por medio de toda una miríada de fuerzas que bajo el nombre de Guardia Blanca agrupó a diversos grupos paramilitares y a unidades del Ejército creado en Szeged, alcanzando así todos los puntos del país. Se calcula que en torno a un millar de personas fueron asesinadas y decenas de miles recluidas en campos de concentración entre 1919 y 1921. Con el fin de establecer ese imperio del terror se emplearon métodos ejemplarizantes que ya por entonces empezaban a ser comunes en otros puntos del continente, como la Alemania del sexenio revolucionario o los viejos territorios del Imperio ruso, sumidos en esa compleja maraña de guerras civiles. De hecho, se trata de unos métodos que se harían presentes de forma masiva en el conflicto español de 1936-1939 y en la Segunda Guerra Mundial: las ejecuciones extrajudiciales, la humillación pública, la exposición de cadáveres mutilados o ahorcados en puntos de reunión y, por supuesto, las violaciones. Muchas veces la represión política se justificaba bajo pretextos como el de combatir crímenes comunes contra bandidos o forzando la autoinculpación de las víctimas (Romsics, 1989: 130-133). Y esto es precisamente lo que nos muestra Jancsó en su extraordinaria obra, juntamente con las profundas brechas sociales que dejaron tras de sí estos conflictos, que se encuentran en la raíz de las actuales sociedades europeas.

Hungría no es el único caso de choque abierto entre unidades armadas revolucionarias y contrarrevolucionarias dentro de los territorios bajo la soberanía de las potencias vencidas en la Gran Guerra, aunque sea donde con más claridad existieron alternativas excluyentes de gobierno y de soberanía, y ello por mucho que las agendas nacionalistas tuvieran tanto o más peso entre las motivaciones de los actores. Es bien conocido el proceso que desestabilizó la arquitectura institucional de Weimar, más aún en una Alemania donde, no se olvide, los revolucionarios bolcheviques creían que existían las condiciones ideales para la expansión de la revolución a escala continental. De hecho, desde la gran manifestación de Berlín en enero de 1919, que dio pie a la ocupación fugaz de centros neurálgicos de poder y a la represión por parte del gobierno del Partido Socialdemócrata (SPD), en la Alemania de Weimar no se dejó de hablar de la guerra civil que iba a extenderse por Europa. En unos casos como deseo, pues los revolucionarios eran bien conscientes de la necesidad de la confrontación armada para la maximización y radicalización de las alternativas nacidas al calor de 1917, y en otros como amenaza, para instar con ello a la creación de milicias armadas contrarrevolucionarias, como los Freikorps (Mazower, 2017: 31). Algunos de ellos, estaban integrados por alemanes que habían combatido en 1919 en los estados bálticos y que protegían los intereses de los alemanes étnicos a cambio de tierras, tal y como reflejó Marguerite Yourcenar en su novela Le coup de grâce (1939), magistralmente llevada al cine décadas después por Volker Schlöndorff. Sin embargo, la fortaleza institucional alemana impidió que la situación sirviese de marco para una conflagración armada sostenida.

Las huelgas y manifestaciones de Hamburgo, Dresde y Bremen disueltas por la policía y reprimidas después por los Freikorps; la gran huelga general de marzo de 1919; la huelga del Ruhr; o incluso la proclamación de la República Consejista de Baviera en abril, tras el asesinato de Kurt Eisner (1867-1919, quien había instado en noviembre de 1918 a la creación del Estado Libre de Baviera y había logrado la abolición de la monarquía bávara), bien podrían añadirse a los casos de sublevación institucional con aspiración, sobre todo este último, de poder territorial disputado, sustitución de las fuerzas armadas y combates irregulares. Sin embargo, las escaladas violentas nunca llevaron a un grado de movilización semejante al de una conflagración armada. Ni siquiera ante el golpe de Estado de Wolfgang Kapp (1858-1922) de marzo de 1920, que durante cinco días puso en jaque al gobierno y que provocó fuertes enfrentamientos entre Freikorps y sindicatos huelguistas. El propio Nolte señala la existencia de una «guerra civil» en Alemania impulsada precisamente por las fuerzas que tilda como partidarias de esta, es decir, comunistas y nacionalsocialistas, «limitada» pese a las escaladas verbales y los combates callejeros por el hecho de que el gobierno nunca perdió el control de la situación. Desde su perspectiva, aquella fue una guerra manifestada principalmente en «tratados teóricos, folletos polémicos y belicosos artículos en los periódicos» (Nolte, 2001: 192).

Por supuesto, tal condición no explica en sí misma la aparición de una guerra civil. En el periodo de Entreguerras no fueron pocos los europeos que se lanzaron a la movilización paramilitar para transformar sus sistemas políticos, económicos e institucionales, como también hubo miles que tomaron las armas (o que no las llegaron a soltar) frente a la percepción de una amenaza revolucionaria. No hay duda de que las trayectorias personales nos ofrecen una vez más un buen paradigma de esto último en la figura del oficial húngaro Pál Prónay (1874-1946), organizador de la primera unidad paramilitar de Horthy y uno de los comandantes más salvajes en la aplicación del terror blanco en la Hungría de los años 1919 a 1921. Después de ver truncada su carrera al escandalizar a las clases dirigentes del nuevo régimen, preocupadas por la posibilidad de perder apoyos dada la brutalidad con que Prónay se empleaba, con 69 años aún sería capaz de reunir un escuadrón de la muerte en el caótico Budapest de octubre de 1944, siendo su fin la persecución de los judíos de la ciudad. Y esto no ocurrió solo en Ucrania, Hungría o Alemania, sino también en estados vencedores de la Gran Guerra como Francia, donde las Uniones Cívicas se organizaron contra la huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de mayo de 1920; como Italia, que pronto vio el nacimiento de la más elaborada de las movilizaciones contrarrevolucionarias; o incluso en países neutrales como España, donde a un período de auge de huelgas generales con un marcado contenido político le siguió otro de modernización autoritaria basado en el poder paramilitar de la institución más cara de la dictadura primorriverista, el Somatén. Un régimen como el de Horthy, que en la Europa mayoritariamente democrática de 1919 podía parecer un fósil político y un mal menor para las potencias aliadas, acabó convirtiéndose en el referente de muchos otros que vendrían y perfeccionarían en las siguientes décadas sus mecanismos de control y sus políticas de la violencia (Mazower, 2017: 32).

La militarización de la política, si bien no generalizada ni uniforme, fue una constante de los sistemas políticos en la Europa posbélica. También lo fue, en buena medida, la noción de violencia como parte sustancial, y no anecdótica ni excepcional, de la política. Para los regímenes italiano desde 1922 (pero sobre todo desde 1925) o alemán desde 1933, el concepto mismo de violencia creadora y de estado de guerra permanente constituían elementos de su propio ethos identitario. Elementos propios del fascismo como la ritualidad de masas, la violencia, la xenofobia ultranacionalista, la sensación de nuevo comienzo o el deseo patriótico de renacimiento palingenésico de la nación y de construcción de una comunidad nacional homogénea y fuerte, una comunidad amenazada por el enemigo interno y externo y entendida por los excombatientes como de sufrimiento y dolor, son incomprensibles sin la presencia de la guerra en la ecuación (Kallis, 2008 y 2009; Rodrigo, 2016). El fascismo italiano se proclamó a sí mismo el único movimiento auténtico de los «nuevos italianos», regenerados por la guerra, profetas, apóstoles, evangelistas, soldados de la religión de la patria purificada por el fuego de la guerra, ciudadanos-soldado (Gentile, 1997). La guerra se convertía, así, en la última y más importante de las etapas revolucionarias. Hablando desde la perspectiva de 1940, Renato Farnea entendía que «esta [guerra] es el tercer tiempo de la Revolución. Es la Revolución que se ha hecho guerra» (cit. en Gentile, 1997: 199). Para el fascismo, la guerra era una suerte de condición indispensable para el despliegue total de su proyecto y su perfeccionamiento. De hecho, en última instancia las guerras de Mussolini acabaron en una guerra civil. Tal vez no podía ser de otra manera.

Los fascismos europeos se desplegaron bajo medidas de violencia y terror, mediante legislaciones excepcionales y por la fuerza de los hechos consumados, con internamientos preventivos, deportaciones internas y expulsiones forzosas. Es decir, con algunos de los que suelen ser resultados de las guerras totales, entre las cuales se encuentran muchas de las civiles, pero sin la existencia de una conflagración bélica abierta. La tensión política, la creación de facciones mutuamente intolerables o la persecución del adversario pueden ser condiciones para ellas, pero no son guerras civiles, como se ha visto en el caso húngaro o incluso en el greco-turco. En Alemania, el proyecto sociopolítico del Tercer Reich se desplegó desde el internamiento, primero, de los enemigos políticos en los campos salvajes de las Sturmabteilung (SA) y, sobre todo, a partir de 1934 con la represión y el terror legal objetivado contra todos aquellos hostiles al Volk, de manera que el estado de excepción se convertiría en el arma por excelencia para la nazificación del Estado alemán (Wachsmann, 2015). Y como en las guerras civiles, la comunidad nacional se amalgamó en torno a la violencia y la eliminación de la disidencia interna (Aly, 2006). Estas cuestiones son bien conocidas en la historiografía. No lo es menos la centralidad que el discurso y la retórica guerracivilista tuvo en otros contextos de radicalización y polarización sociopolítica, como en el español de los años treinta o el croata de los cuarenta.

Del caso húngaro primero y del alemán e irlandés después, pese a ser sustancialmente diferentes, podría decantarse, como para España, que son más los procesos de golpe de Estado y de toma armada y violenta del poder o las guerras sucias, de fuerte impacto dentro del terreno de lo local y lo comunitario, los que propician el inicio de las avalanchas que acaban siendo las guerras civiles desplegadas en su totalidad, así como el desarrollo de políticas de violencia extrema. Si no hubo guerra interna en Alemania, Hungría o Italia y sí en Irlanda o, más tarde, en España no fue porque en unos lugares hubiese una exaltación de la violencia transformadora y en otros no, ni porque faltase en unos u otros países la creación de subculturas de masculinidad violenta. Sin lugar a dudas, así ocurrió en los regímenes que transformaron sus arquitecturas institucionales y políticas hacia formas contrarrevolucionarias radicales de movilización, encuadramiento y liderazgo, es decir, los fascismos. No obstante, el estallido o no de guerras civiles y su resultado dependió de una combinación compleja e irregular de factores que no se dio igual en todos los casos: la unión o no de las fuerzas del orden ante el reto institucional, la preparación de los golpes de Estado y la determinación de los golpistas, la decisión de resistir por parte de capas considerables de la población, el reparto de armamento y su calidad, el grado de conocimiento técnico sobre su uso, la movilización forzosa o voluntaria con carácter súbito, el uso de la violencia —detención, deportación, asesinato— para atajar resistencias de manera preventiva, la polarización política previa y el grado y la intensidad de estereotipización del enemigo o la intervención internacional en forma de ayuda diplomática, armamentística, logística o humana.

No existe pues una fórmula que explique por qué en unos lugares se quebró la paz y en otros no, por qué en unos los primeros golpes acabaron en avalancha amorfa y descontrolada y en otros en procesos de represión política institucionalizada. Aunque como se verá en el siguiente capítulo, el caso español de 1936 será el que ofrezca más pistas, por el grado de totalización que alcanzaría, mucho mayor al de guerras como la irlandesa, donde una proporción no irrelevante de miembros del IRA decidieron no tomar las armas frente al gobierno provisional, o como la rusa, donde la población campesina combatía en muchos casos por su propia supervivencia y en favor, básicamente, de quienes no los dominaban en ese momento con la violencia y el terror, blancos o rojos. En España los nacientes movimientos fascistas, al igual que sus homólogos europeos, proclamaban retóricamente la obligación, en palabras de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), de ir con todas las consecuencias a la guerra civil. Había llegado el tiempo de la lucha física y no retórica, como escribiera Onésimo Redondo (1905-1936), de la violencia, diría Ramiro Ledesma (1905-1936), de la ley bélica, para Julio Ruiz de Alda (1897-1936). Desde la victoria del Frente Popular en febrero de ese 1936 cuyo final no vería ninguno de ellos, empezó a llamarse y a proclamarse como algo real lo que no era aún sino retórica (Gallego, 2014). Sin embargo, proclamar la guerra civil no es hacerla. A la realidad sucia, sangrienta y terrible de la guerra todavía le quedaban unos meses para imponerse.