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Antonio Maestre · Capítulo 2 de 7

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2. La Guardia Civil y otros uniformados. De héroes y leales frente a torturadores

CAPÍTULO 2

 

La Guardia Civil y otros uniformados.

De héroes y leales frente a torturadores

 

El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás.

Artículo 1.º de la Cartilla del Guardia Civil

 

La conciencia colectiva de la izquierda en lo que respecta a la Guardia Civil

está fuertemente vinculada al cuerpo represor en el que se convirtió tras la

victoria fascista en la Guerra Civil y a su papel criminal durante la dictadura.

Un rol del que no ha sido capaz de desprenderse totalmente por la escasa

democratización que ha experimentado, por los numerosos escándalos de

corrupción, los casos de represión y tortura y por su participación directa en el

golpe de Estado del 23F. Pero en un cuerpo con doscientos años de

antigüedad que ha participado de manera directa en la historia de este país,

también hay personajes leales a la democracia e individuos que han logrado

honrar a su lema: «El honor como divisa» con sus actuaciones a lo largo de la

historia. La historia de la Benemérita tiene más sombras que luces, pero

precisamente para poner en valor a los que se comportaron de manera honesta

e íntegra es necesario recordar a sus miembros más infames,

contraponiéndolos a quienes deben ocupar un lugar preeminente en la historia

de España. El cuerpo militar creado en 1844 por Francisco Javier Girón y

Ezpeleta, II Duque de Ahumada, ha tenido tiempo suficiente para albergar en

sus filas a miserables, pero también a héroes olvidados.

La Benemérita fue una antes de la Guerra Civil y otra después, tras la

depuración de desafectos por la victoria fascista. Eso no significa que antes de

la asonada no hubiera miembros que sirvieran como elemento represor de los

más desfavorecidos y trabajaran al servicio de un estado burgués que siempre

se ha preocupado por el mantenimiento de sus propios privilegios. Para eso

surgió el cuerpo, como elemento de represión.

Después de la República pasó de ser un «órgano al servicio del poder

constituido», como decía el general Aranguren, a ser un terrible cuerpo de

represión política. En palabras de Manuel Portela Valladares, en 1952 quedó

expresada de forma manifiesta la importancia del cuerpo de la Benemérita en el triunfo o el fracaso del golpe de Estado en las primeras horas del 18 de

julio de 1936:

 

[…] la Guardia Civil decidió el color de las provincias españolas; donde se puso al lado de los

rebeldes, vencieron; cuando la tuvieron enfrente, los republicanos fueron derrotados [29].

 

Los hechos dan la razón al que fuera ministro de la República. El golpe en

Barcelona no triunfó gracias al empeño de unos cuantos mandos de la

Guardia Civil que a pesar de sus ideas conservadoras y fervorosamente

católicas fueron leales al gobierno legal republicano.

En julio de 1936 el general Antonio Escobar Huerta se encontraba al

mando del Tercio Urbano de la 19.ª Comandancia de la Guardia Civil, que

tenía como objetivo el mantenimiento del orden público en la Ciudad Condal.

El General Manuel Godet intentó tomar Barcelona con varias unidades del

Ejército en cuanto tuvo noticia del alzamiento en otras poblaciones de

España. El coronel Escobar se puso inmediatamente a las órdenes del general

José Aranguren para sacar las tropas a la calle y enfrentarse a los fascistas. El

empeño de los guardias de la Benemérita a las órdenes del general Aranguren

y el coronel Escobar fue imprescindible para parar la asonada en los primeros

días de julio. El agradecimiento del pueblo catalán fue inmediato. Lluís

Companys se asomó al balcón de la Comisaría general de Orden Público en la

Vía Laietana, con la Benemérita formada en la calle y el coronel Antonio

Escobar Huerta con el bastón de mando en las manos ofreciendo su tercio a la

Generalitat y a la legalidad republicana. Tras conformarse esa imagen se

escuchó un grito en boca del president: «Visca la República! Visca

Catalunya! Visca la Guàrdia Civil!».

En la memoria de la Benemérita hay espacio para privilegiar alguna de las

dos concepciones de la Guardia Civil, como órgano de represión o como

cuerpo al servicio de la democracia. Existen mimbres para construir ese

imaginario en uno u otro sentido, pero la nula democratización de los órganos

de decisión del cuerpo armado siempre ha optado por la que reprimió a su

pueblo. El comportamiento ejemplar de Antonio Escobar Huerta le llevó a la

muerte tras ser condenado por el régimen franquista por rebelión militar. El

general Escobar, ascendido durante la guerra por la República, fue fusilado en

los fosos del castillo de Montjuïc en 1940. La memoria del general Antonio

Escobar, un cargo todavía no reconocido por la democracia, ha sido olvidada

en favor de una construcción ultranacionalista del cuerpo de la Benemérita.

Sirva como ejemplo el homenaje en mayo de 2016 del ministro del

Interior, Jorge Fernández Díez, a la efeméride del Servicio de Información de

la Guardia Civil (SIGC[30]), un órgano creado en el año 1941, en los peores años de la represión franquista, con el objetivo fundamental de perseguir y

abatir a los guerrilleros republicanos que aún combatían en el monte. Entre las

atribuciones del SIGC estaba la de patrullar la frontera con Francia para evitar

la presencia de elementos que combatieran el nazismo dentro de los pactos

alcanzados entre Serrano Suñer y Himmler. Otra de las labores fundamentales

del Servicio de Información de la Guardia Civil era la realización de informes

político-sociales para reprimir a la oposición antifranquista y actuar contra los

elementos subversivos. Pero sin duda el motivo por el que fue más conocido

el SIGC fue la creación de las temibles «contrapartidas», patrullas falsas de

maquis que se enfrentaban de manera directa a los guerrilleros. Además, eran

la inteligencia de Manuel Gómez Cantos, un mando de la Guardia Civil

famoso por su crueldad al que apodaban «el carnicero de Extremadura».

Manuel Gómez Cantos era un guardia despiadado. El sadismo con

tricornio. En Extremadura existía un dicho popular que se había quedado

incrustado en la cultura popular de los pueblos: «Eres más malo que Gómez

Cantos». En el año 2014, en el pleno de Villanueva de la Serena (Badajoz),

celebrado para retirarle la medalla del pueblo concedida en 1939, el alcalde

Miguel Ángel Gallardo dijo sobre el citado capitán: «No tiene ningún mérito

para tener una Medalla de Villanueva, sino todo lo contrario, ya que además

de un asesino fue un exterminador»[31]. El portavoz del PP en el

Ayuntamiento dijo sobre el interfecto: «No merece debate esta persona por su

sanguinaria historia».

Manuel Gómez Cantos fue hijo de militar y allí comenzó su carrera hasta

entrar en la Guardia Civil en 1920. Su fama le precedía, los que estudiaron la

figura del inefable teniente no se explican cómo pudo llegar a 1936 en el

cuerpo con un expediente lleno de indisciplinas y escándalos. Algunos de los

más sonados estuvieron relacionados con borracheras, palizas a civiles y líos

en prostíbulos, además de alguna estafa. El historiador Miguel López Corral

recogía de su expediente personal del Archivo Central de la Dirección

General de la Guardia Civil los más llamativos entre todos los que realizó:

 

En marzo de 1925 recién incorporado como teniente jefe de Línea a La Rambla (Córdoba),

fue invitado por un excompañero de estudios, un oficial de Carabineros y varios amigos de éstos a tomar unas copas de bienvenida. Tras visitar varios prostíbulos del pueblo y ya en estado ebrio, empezó a proferir palabras malsonantes, lo que le valió una amistosa reprensión por parte del oficial de Carabineros, teniente Osuna. Esto hirió el amor propio de Gómez Cantos, que al día siguiente mandó llamar al cuartel a su excompañero de estudios y amenazó con hacerle la vida imposible. Como quiera que éste se asustase por la actitud del guardia civil, dio cuenta del hecho al jefe de la Comandancia. Enterado de esto Gómez Cantos, propinó una paliza en público a su denunciante y ordenó el ingreso en prisión de sus acompañantes. En otra ocasión, diciembre de 1927, ya siendo capitán, apalabró la compra de un automóvil a un concesionario de San Fernando (Cádiz) e hizo que se lo llevasen a Sevilla, valiéndose de todo tipo de engaños. Transcurrido el

tiempo, al ver que el importe del vehículo no le era abonado, el vendedor dio cuenta del oficial de la Guardia Civil. Y, lo que es la vida, Gómez Cantos se apresuró entonces a escribir al concesionario, rogándole árnica. La carta adquiere hoy un ácido surrealismo: […] «Querido Paco: perdona a un padre de siete chiquillos, ahora pienso cobrar unas pesetas y te giraré si no todo, lo que pueda. Perdón. He ascendido a Capitán V tengo probable cojer (sic) Lora, pues ese Capitán pasa a Utrera […]». En otra ocasión, cuando corría mediado el mes de marzo de 1932, siendo capitán en Puente Genil (Córdoba) avistó a un anciano campesino cuyo pecado era recolectar aceitunas del suelo de su finca. Lo detuvo y en su coche oficial lo condujo sin ningún tipo de explicaciones hasta la puerta del ayuntamiento. Una vez allí, delante de un centenar aproximado

de personas y sin motivo aparente, lo abofeteó reiteradas veces [32].

 

Su modo de actuar sin respetar ley, ética ni humanidad hacía prever cómo

se comportaría cuando sucedió el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Siendo capitán de la comandancia de la Guardia Civil en Villanueva de la

Serena (Badajoz) desobedeció las órdenes directas de sus superiores que se

mantuvieron leales a la República y lideró a los facciosos desde Miajadas. Su

labor represora fue sanguinaria. Los fusilamientos en la retaguardia fueron

numerosos, destacando el de Medellín, que acabó con la vida de más de

cincuenta personas, otras sesenta en Villanueva de la Serena, así como

diversas masacres en Guadalupe, Santa Amalia o Rena. Finalizada la guerra

se le encomendó la represión de los guerrilleros antifranquistas que operaban

en la zona. Su acción fundacional del cargo mostraba el alma negra que el

capitán tenía:

 

El fusilamiento más numeroso ocurrió el 28 de agosto de 1942, en Alía. Hizo una lista con 30

nombres elegidos al azar y los convocó en el cuartelillo «para arreglar papeles». Pretendía, en realidad, aterrorizar a la región, que nadie diera apoyo al maquis. Todo el pueblo, vigilado por un cordón de guardias, vio la masacre. Entre los asesinados hubo mujeres. Su delito, al decir de Gómez Cantos: «Algo tenían que saber». Por entonces, él dormía en el monasterio de Guadalupe

entre curas[33].

 

La crueldad de Manuel Gómez Cantos no solo se dio con los desafectos al

régimen, sino también con los propios agentes de la Guardia Civil a su cargo.

En abril de 1945 se produjo un asalto de los maquis al cuartel de la

Benemérita en Mesas de Ibor. Los guerrilleros consiguieron desarmar a los

agentes, hiriendo de gravedad a uno de ellos, y lograron hacerse con un

sustancioso botín que incluía, además de dinero, suministros y víveres,

armamento y uniformes de la Guardia Civil, un bien muy preciado por los

maquis para poder realizar asaltos haciéndose pasar por números del cuerpo.

Historiadores locales que recogieron testimonios de los sucesos cuentan que

para mostrar la buena disposición de los guerrilleros con la gente del lugar se

pasearon de manera amistosa con los guardias ya desarmados por el bar del

pueblo, aconsejándoles que se unieran a ellos o huyesen porque la fiereza del capitán Gómez Cantos no iba a dejar pasar la afrenta sin sangre. No se

equivocaban.

Gómez Cantos llegó al pueblo para conocer de primera mano lo que había

ocurrido después de haber mandado a un subordinado para que le hiciera un

informe. La plaza del pueblo estaba llena de guardias civiles que habían

llegado desde los pueblos de la región y que se cuadraron dando taconazos a

la llegada del capitán. Tras tomar declaración a los vecinos, ordenó el

encarcelamiento de tres de ellos y de los tres guardias civiles que fueron

asaltados en el cuartelillo. El capitán, sin juzgarles, sin escucharles, decidió

que habían incumplido el artículo 284 del Código de Justicia Militar, que

habla de cobardía ante el enemigo.

A las cinco y media de una calurosa tarde de julio, Timoteo Pérez, Juan

Jiménez y Sóstenes Romero fueron fusilados por orden del capitán Manuel

Gómez Cantos en una tapia de adobe blanco en la plaza del pueblo, no sin

antes dejar clara su sentencia, escuchada por una vecina del pueblo que vivía

en la casa contigua del murete donde se produjo el asesinato:

 

¡[…] Y por tanto, han demostrado ser ustedes unos cobardes, por dejarse desarmar por el

enemigo. No quiero que haya un solo cobarde en mi Comandancia. Marchen de frente a aquella

pared. Avance el pelotón y cinco que tiren bien [34]!

 

La soberbia criminal del capitán de la Guardia Civil no contaba con la

presencia de un enemigo mayor, y abandonó el pueblo orgulloso y tranquilo

por el escarmiento. Pero con la Iglesia topó. Con la Iglesia y sus especiales

preferencias. El obispo de Cáceres fue conocedor de los hechos y no toleró

que el asesino hubiera privado de los sacramentos a los asesinados. Así que

presionó al cardenal primado Pla y Deniel para que Franco juzgara la

insolencia con Dios del capitán Gómez Cantos. Y así se hizo, se sometió a un

Consejo de Guerra al «carnicero de Extremadura» no por matar, asesinar y

masacrar sistemáticamente, sino por no darle a Dios lo que le pertenecía.

La justicia franquista le condenó en 1945 a un año de prisión que no

llegaría a cumplir de manera íntegra. Siguió siendo oficial de la Guardia Civil

y mantuvo la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco que Franco le

concedió en 1943. Manuel Gómez Cantos murió en 1977 en el Hospital

Gómez Ulla de Madrid rodeado de toda su familia. Les dejó una herencia de

más de 800 millones de pesetas con cuentas en Andorra y Suiza[35]. El

derramamiento de sangre estuvo siempre muy bien pagado en el Franquismo.

El caso del «carnicero de Extremadura» no fue una excepción en el

cuerpo. Existen varios ejemplos similares en cada provincia. De Cádiz a

Almería y de Málaga a Vigo. Francisco González Rodríguez, O Rabioso, es uno de los guardias civiles con una de las historias más negras de la represión

en nuestro país. Teniente de la Benémerita y falangista, fue uno de los

encargados más entusiastas de la represión en Vigo, Tui y Monforte. El apodo

no se le puso precisamente por sus dotes asesinando republicanos, sino por un

suceso anterior con un ratero de poca monta que marcaría con mácula

previsora la que sería su actitud años después, tras el alzamiento de 1936.

El 14 de julio de 1916 Francisco González era un número más de la

Guardia Civil destinado en la comandancia de Vigo, dedicado al

mantenimiento del orden público. Una vecina de la ciudad sufrió un robo del

que se percató al regresar a la casa después de unas compras. La casa robada

era de las importantes en Vigo, como muestra el botín que se describió en el

crimen:

 

Un conjunto de joyas muy valiosas que guardaba doña Peregrina; entre estas estaba una

pulsera de oro —la cual llevaba grabada el nombre de Ramón y en el que constaba la fecha (3 de diciembre de 1911)—, un reloj de caballero de oro con cadena a juego en el mismo metal, una cadena de reloj con una libra esterlina en forma de «dije», un par de pendientes elaborados con sendas monedas de media libra esterlina, otro par de pendientes de oro que presentaban como colgante sendas rosetas, además de un pendiente suelto de oro, un alfiler de corbata, un imperdible de señora, así como varias medallas, varias cadenas y un reloj de plata, esta vez de señora. Además de las alhajas los ladrones también consiguieron apoderarse de cinco libras

esterlinas, una docena de calcetines finos y un pañuelo de seda[36].

 

La policía rápidamente sospechó de un ratero conocido en la ciudad. Se

trataba de Jesús Lago Barbeito, que tenía el sobrenombre de «el Rabioso».

Tras ser detenido, fue trasladado al Palacio de Justicia para que el juez le

tomara declaración. El ladrón logró escapar del traslado y el cabo de la

Guardia Civil salió corriendo detrás de él. Después de lograr capturarlo, el

miembro de la Benemérita se propuso que su captura sirviera de escarmiento

para quien osara volver a intentarlo y además darle una lección al delincuente.

El cabo Francisco González ató al reo desnudo por las muñecas a la cola de su

caballo y la de su compañero, y lo trasladaron a trote desde Bouzas a Vigo.

Fueron más de cuatro kilómetros de distancia que acabaron con el hombre

ensangrentado hasta dejarlo casi muerto en las puertas del cuartel. A partir de

ese día el mote del delincuente O Rabioso, pasó a ser el que tendría el

miembro de la Guardia Civil. Solo fue el inicio de su relación con el terror.

El 20 de julio de 1936 el capitán Antonio Carreró comandó la sublevación

en Vigo disparando, junto con cincuenta hombres que habían salido del

cuartel de la calle Galán, a la multitud que se manifestaba en favor de la

República en la Puerta del Sol de la ciudad gallega. El capitán Carreró declaró

el estado de guerra y comenzó la represión sistemática. El segundo del capitán

era el teniente de la Guardia Civil Francisco González, O Rabioso. Este no solo participó en la masacre iniciática del golpe en Vigo, sino que fue el

órgano represor principal de los fascistas en la región.

Aquella fue la primera matanza en Vigo. En la plaza murieron veintisiete

personas, el más joven, con tan solo quince años, se apellidaba Moreda, y se

llamaba Lenin, era de las Juventudes Socialistas Unificadas. El joven venía de

Lavadores, una población cercana a la ciudad apodada la «pequeña Rusia».

La localidad era un barrio muy pobre, de gente obrera y comprometida. La

mayoría eran trabajadores de los astilleros o las conserveras viguesas. La

mano de obra del tejido industrial vigués venía de Lavadores.

De Lavadores salieron Urania Mella, la presidenta de la sección viguesa

de la Asociación de Mujeres Antifascistas, y su marido Humberto Solleiro,

que organizaron la resistencia al golpe de Estado de 1936. Urania era una

maestra de piano que se dedicaba a alfabetizar a las mujeres del barrio. Fue

detenida por organizar la resistencia y encarcelada en la cárcel de Santurrán

(País Vasco); su marido fue fusilado. Su hija, Concepción Solleiro, guarda un

apesadumbrado recuerdo de su madre por las circunstancias en que la

conoció:

 

La quiero, aunque me adoctrinaron para que la odiara. Cuando la dejaron salir de la cárcel

vino a Vigo a vernos. Era el año 1944. Yo apenas tenía 12 años. Me cogió de los brazos y me miró a los ojos. «Hija, ¿me quieres?», me preguntó. «No. No te conozco de nada», le respondí. Luego se marchó a Lugo, donde falleció al año siguiente a causa de un tumor y lejos de su familia. Todavía hoy me arrepiento de aquella respuesta. Mi madre no se la merecía, pero yo no la conocí hasta años después de que muriera. Siento que le debo algo y ahora los políticos nos traicionan. Acaban de botar un barco que lleva su nombre —Urania Mella— y no nos llamaron a nadie de la familia. Cuando los vi en la prensa brindando con champán a los pies del barco que lleva su nombre me quedé perpleja. Era el momento en el que podía cambiar mi respuesta. «Mamá, sí te quiero y me siento orgullosa»… Se la llevaron cuando yo tenía cinco años. Sólo guardo algunas fotos y su piano. Pero también esa respuesta de la que tanto me arrepiento. A los hijos nos crio la familia de mi padre, que eran afines al régimen. En casa todo eran críticas e insultos hacia ella. El día que falleció y la noticia llegó a casa, una de mis tías exclamó: «¡La

víbora ya soltó el veneno!» [37].

 

El consejo de guerra contra Urania Mella Serrano advertía cuál era la

motivación del delito:

 

Es persona de moralidad que deja bastante que desear por cuanto en muchas ocasiones

regresaba a casa a altas horas de la noche, probablemente de alguna reunión de carácter extremista. Según confiesan unánimemente las personas que la conocen tenía completamente abandonados a sus hijos, y sentía por ellos poco afecto, enseñándoles las doctrinas marxistas por

lo que en diversas ocasiones se les oía dar gritos de U. [38] H. P. y cantar la Internacional.

 

De Lavadores salió uno de los héroes más importantes de la resistencia

antifranquista. José Gómez Gayoso era el secretario general del PCE en Vigo,

y el golpe de Estado le pilló en Madrid, haciendo un curso sobre doctrina marxista organizado por el partido, donde combatió el alzamiento. Tras el

final de la guerra se marchó al exilio en Cuba y volvió a España en 1944 para

organizar la guerrilla antifranquista. Junto a Antonio Seoane, fueron los

líderes de los maquis en Galicia hasta que un chivatazo acabó con ellos

presos. José Gómez Gayoso fue ejecutado en el campo de A Rata en A

Coruña mediante garrote vil. El recuerdo de los guerrilleros se hizo eterno en

un poema de Rafael Alberti:

 

¿A quién nombraré primero?

Nadie es segundo en mi lengua

cuando es de acero el acero.

 

Si uno es glorioso,

en glorioso al otro no hay quien le gane.

 

Si digo Gómez Gayoso

ya estoy diciendo Seoane.

 

Canto fuerte camaradas,

compañeros canto fuerte,

aunque esta copla es de muerte,

sin la garganta apretada.

 

¡Sangre de Gómez Gayoso,

sangre pura, sangre brava,

sangre de Antonio Seoane,

de Diéguez, de Larrañaga,

de Roza, Cristino y Vía,

valles de sangre, montañas!

Mas aunque su voz se muera,

su voz seguirá cantando

a la España guerrillera.

Siempre seguirá cantando

y seguirá maldiciendo

hasta que el gallo del alba grite

que está amaneciendo.

 

Ya remontó la montaña.

¡Ya el aire se está poniendo

banderas republicanas [39]!

La combatividad de Lavadores quedó reflejada en el nombre de los niños

que allí nacían. En el barrio de Romaio no eran pocos los que se llamaban

Lenin, como la víctima más joven del acto criminal fundacional del golpe de

Estado en Vigo y del que participó el Guardia Civil con más rabia de toda

Galicia.

No extraña que Lavaderos fuera la localidad donde O Rabioso se

prodigaba con mayor frecuencia y de forma más terrible. El historiador Xoán

Carlos Abad Gallego ha sido el que más profundamente ha investigado su

figura. En los textos que ha podido estudiar encontró una descripción del

aspecto del teniente de la Benemérita:

 

[…] un hombre alto y ancho, de construcción fuerte, con una cara cuadrada, igualmente ancha

—a juego con el resto del cuerpo—, de cabello más bien rubio, ojos azules, picado de viruelas, incluso en los párpados. Sobre esos ojos llevaba unas gafas de miope que ocultaban a cualquiera el hecho de si lo estaba mirando o no […] era básicamente feo, muy malencarado y de expresión

furibunda[40].

 

Según Abad Gallego, existe conocimiento de la participación personal del

teniente de la Guardia Civil en varias acciones criminales. Era el responsable

de ir a la cárcel situada en el frontón de la calle María Berdiales a recoger

personalmente a los presos que iban a ser llevados de paseo y fusilados, y allí

mostraba la podredumbre de la que estaba formado:

 

Provisto de una lista se ponía delante de los presos y comenzaba lenta y ceremoniosamente la

lectura de los nombres que en ella portaba, fijándose con atención en el rostro de los llamados en los que se dibujaba el terror al ser sabedores de lo que les sucedería a aquellos que eran llamados; en bastantes ocasiones, y haciendo gala de un siniestro sentido del humor, se quedaba mirando a alguno de los presos, se acercaba a él y le preguntaba su nombre, luego recorría de nuevo la fatal lista, como buscándolo en ella, tras lo cual, y esbozando una cínica sonrisa, le decía al infeliz que por esa vez había tenido suerte pero que la próxima noche seguramente aparecería su nombre incluido, sumiendo así en la mayor incertidumbre y en el terror más absoluto al pobre recluso.

 

No fue la única vez que el sadismo le movió. El director de la prisión de la

isla de San Simón, Fernando Lago Búa, junto al médico forense Francisco

Bustelo y nuestro «Rabioso» reclamaban dinero a los presos a cambio de

prometerles la libertad. El dinero de los sobornos llegó a sus bolsillos; la

libertad, jamás.

Las correrías criminales del guardia civil no se circunscribieron a un

ejercicio sádico de crueldad dando falsas esperanzas. Su actuación con las

sacas de presos fue una de sus ocupaciones preferidas. El 10 de octubre de

1936 acudió a una de las cárceles viguesas con un listado de nombres. Un día

después esas personas aparecieron en la carretera de Redondela con un tiro en

la cabeza. Aureliano Jaso Almunia también fue víctima de su fervor represor.

Aureliano era un exportador de pescados al que llamaban el Boceras porque en las procesiones religiosas y actos públicos se dedicaba a gritar desesperado

«Asesinos» y «Mataron a mis hermanos». La imprudencia del pobre hombre

y el dolor por la pérdida de sus familiares le llevaron a conocer a O Rabioso.

El teniente de la Guardia Civil fue a buscarle personalmente para que

miembros de su cuadrilla lo ejecutaran y lo dejaran tirado en la cuneta de unas

de las carreteras que iba a Vigo.

No solo se ocupó de las ejecuciones. Los interrogatorios de O Rabioso

eran conocidos en toda la región. Palizas a embarazadas o torturas brutales a

adolescentes para sacarles información sobre sus mayores. El conocimiento

de su crueldad en estos interrogatorios ha llegado a nuestros días de la mano

de la hija de un compañero guardia civil que no soportaba las órdenes

inhumanas que les daba para «ablandar» a los detenidos:

 

Un día en la cárcel-cuartelillo de la calle Magallanes recibió del Teniente González la orden

de que «preparase» a un preso para un posterior interrogatorio, para lo que le conminó a que con una gruesa vara le fuese golpeando con saña, lo cual provocó el aturdimiento de este guardia que intentó justificarse ante su oficial asegurando que él no podía golpear sin motivo a un hombre detenido y que, además, se encontraba indefenso al estar esposado; «El Rabioso» se puso fuera de sí, insultándole y preguntándose como un hombre tan inepto para estos menesteres podía llevar puesto el glorioso uniforme de la Guardia Civil, tras lo cual se vio en la obligación de mostrarle, allí mismo y en las carnes del detenido que estaba presente, cómo se tenía que hacer en estos casos la preparación para un interrogatorio para que este resultase verdaderamente efectivo; además exigía que los golpes fuesen realmente intensos por lo que alguno de los guardias, o por no tener el suficiente sadismo necesario o para evitar castigos o reprimendas por si no se esmeraba en dicha función, llegaban a un acuerdo con los detenidos para que, cuando el Teniente no estuviese delante, gritasen con todas sus fuerzas para evitar así las iras del jefe y las

consecuencias que, para todos, pudieran de estas devenir [41].

 

La memoria colectiva de la crueldad del Guardia Civil quedó grabada en

sus víctimas y expresada con crudeza el 16 de julio de 1932, antes incluso de

sus peores episodios, en un artículo titulado «Represión en Tuy» en el

periódico Solidaridad Obrera:

 

Tuy está en manos de una gentuza indeseable. Un bicho con todas las características de una

alimaña es dueño de la población. Un ser degenerado, inmoral, con todos los antecedentes por haber estado en presidio, es el encargado de señalar a las personas que puedan ser un estorbo al caciquismo para enviarlas luego a la cárcel. […] Porque un gobernador que sienta la dignidad del poder civil no tolera los desmanes del teniente de la guardia civil que cree que Tuy es un trozo de África. […] Es indispensable que cese el teniente de la guardia civil y que ese pingajo de hombre llamado «Papaluces» deje de ofender a un pueblo que quiere vivir con arreglo a las leyes de la

decencia[42].

 

La relación del crimen y la tortura con la Guardia Civil no terminó en los

números del cuerpo que realizaron su labor durante el franquismo. La

democracia no fue óbice para que algunos de sus miembros siguieran

operando con la misma saña e inquina con la que se habían formado sus predecesores, y que le acompañaran otros miembros de los cuerpos y fuerzas

de seguridad del Estado como la Policía, que les acompañaban en su labor

represiva. Ese legado de sangre y tortura en España puede seguirse a través de

las páginas del BOE: quien ha recibido condecoraciones o indultos es posible

que haya participado en crímenes, interrogatorios ilegales o torturas.

En el año 2013 Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, reconoció de

forma abierta en El País la práctica de torturas justificando su necesidad en un

contexto de lucha terrorista:

 

Si no somos hipócritas, uno tiene que entender que si detienes a un señor que ha matado a 23

personas y lo interrogas y confiesa, ¿qué es lo que le ha hecho confesar? Ha habido golpes, presiones físicas que no dejan huella, pero que puedes pensar que se producen. Presiones

psíquicas, también. ¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones[43]?

 

En España se han concedido condecoraciones en democracia, o se les han

mantenido, a una larga lista de policías y guardias civiles que destacaron por

tener el crimen como modus operandi en su represión político social o en la

lucha antiterrorista ya muy avanzada la democracia. El denominador común

de los condecorados es la acumulación de denuncias por torturas o asesinatos

de los que se salvaron por la Ley de Amnistía de 1977, pero otros casos, con

condenas impuestas en los años posteriores, se solventaron con indultos

gubernamentales que les permitieron realizar su labor con normalidad y ser

premiados con jugosos ascensos.

La negación sistemática de la existencia de torturas en España es un hecho

tan real como las propias torturas. Pero ¿de verdad ha habido torturas en

España?

 

Mientras llevaba puesta la bolsa, le aplicaron vaselina en la vagina y en el ano, y le

introdujeron un palo en el recto, al tiempo que la amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja; en particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al cuerpo y la amenazaron con aplicarle electricidad.

 

Esta descripción de hechos forma parte del informe del Comité Europeo

para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o

degradantes (CPT)[44] presentado el 30 de abril de 2013 al Gobierno. Las

condenas a España por parte de organismos internacionales no son por

torturas, sino por no investigar las denuncias de torturas que presentan todos

los indicios médicos y probatorios de la existencia de dichas torturas. La

estrategia de todos los gobiernos que ha habido en España, sin importar su

signo político, ha consistido en hacer todo lo posible para que las torturas no

sean investigadas, e incluso perseguir a los torturados por el hecho de denunciarlo. Ese es el caso de Martxelo Otamendi, periodista y director de

Egunkaria, acusado de colaboración con ETA tras el cierre del periódico,

después sentenciado ilegal. Según su relato, en el año 2003 el periodista fue

sometido a torturas en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Tras

denunciar ante el juez de instrucción que fue sometido a torturas tales como

actos de humillación sexual, la escenificación de su ejecución situando un

objeto metálico en la sien que él interpretaba como un arma que simulaban

disparar, y técnicas de asfixia con una bolsa de plástico. La reacción del

Estado fue perseguir al periodista. María Dolores de Cospedal, entonces

subsecretaria del ministro del Interior, argumentaba que los miembros de

Egunkaria seguían «a pies juntillas» las instrucciones de ETA, que en un

informe requisado al comando Araba en 1998 aconsejaba a sus militantes

denunciar torturas cuando fueran detenidos, y fue ella misma quien presentó

una denuncia por injuriar el buen nombre de las instituciones. La negación del

amparo judicial a Martxelo Otamendi, que acabó siendo exonerado de

cualquier responsabilidad penal, propició que el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos (TEDH) condenara al Gobierno español por no investigar

los hechos denunciadas y violar el acuerdo internacional sobre la tortura y los

malos tratos. Esa era la estrategia gubernamental, perseguir a la víctima y

exonerar y premiar a los torturadores.

Entre los condenados e indultados por tortura destacan algunos nombres

que han tenido mucha relevancia en los años recientes, como el de Manuel

Sánchez Corbí [45] . La sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao declaró

probado que Manuel Sánchez Corbí, José María de las Cuevas Carretero y

Antonio Lozano García habían introducido al etarra Kepa Urra en un coche

sin identificativos policiales, le condujeron a un monte descampado, le

desnudaron, le golpearon con un objeto y le arrastraron por el suelo. Fue

condenado a cuatro años de cárcel y a la inhabilitación total, condena

reducida posteriormente por el Tribunal Supremo gracias al recurso de

amparo de la Fiscalía.

El 13 de noviembre de 1997 un raro editorial en El País hablaba sobre el

caso de las torturas a Kepa Urra con un título muy contundente: «Sí fue

torturado»[46]. El artículo versaba sobre la condena a varios miembros de la

Guardia Civil por las torturas a Kepa Urra y daba dos claves que explican el

porqué de esta condescendencia y aceptación de prácticas que desprecian

todos los derechos humanos: Lo primero, la aceptación por parte de la

sociedad de prácticas contra el terrorismo: «La intención de obtener mediante

el suplicio una confesión o información es lo que diferencia la tortura de los malos tratos. La pretensión de que ese delito es disculpable en el caso de los

terroristas está bastante extendida en algunos sectores de la población», y en

segundo término un problema generalizado y que ha llegado a nuestros días:

«El obstruccionismo corporativo».

Sobre esas dos circunstancias se ha instaurado una práctica institucional

de tolerancia gubernamental con la tortura que ha provocado que Manuel

Sánchez Corbí fuera indultado por el Gobierno de José María Aznar y pudiera

seguir haciendo carrera en la Guardia Civil y llegando a dirigir la UCO hasta

el año 2019. Pero no fue la excepción. La lista de condenados por tortura e

indultados por los diferentes gobiernos es amplia:

 

José Antonio Hernández del Barco y José Pérez Navarrete fueron condenados en 1992 por el

Tribunal Supremo por torturar a Juana Goicoetxea en 1982. En 1993, ambos fueron indultados por el Gobierno del PSOE y reincorporados al servicio activo. Manuel Barroso y José Domínguez Tuda, condenados por torturar a Jokin Olano en 1983, fueron indultados en 1995. José Dominguez Tuda ya había sido indultado en 1991 del delito de torturas por Enrique Múgica Herzog, ministro de Justicia del PSOE. Un miembro de la Guardia Civil condenado dos veces por tortura que tenía desde 1982 concedida la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia

Civil [47].

 

Manuel Sánchez Corbí fue preguntado en la Cadena Ser sobre su condena.

Solo acertó a decir que los errores de los buenos no son comparables a la

actitud de los malos. Él era uno de los buenos en su comentario. El listado de

esos hombres buenos que torturaban y maltrataban escondiéndose detrás de

una placa es largo, y siempre fue premiado por el Gobierno[48]. El listado de

condecorados por el mérito de quebrar de dolor a detenidos es terrorífico.

José Sáinz González fue un policía al mando del Servicio Central de

Documentación, la organización de inteligencia franquista al mando de Luis

Carrero Blanco. Su labor represora le valió el favor de Rodolfo Martin Villa

que le ascendió en dos ocasiones hasta hacerle director general de la Policía

ya en democracia. Su jefatura sirvió para que todos los represores de la

Brigada Política Social franquista, la peor escoria, mantuviera altos puestos

de dirección. Los grises pasaron a ser marrones, y ese fue el único cambio que

se dio en la policía democrática. Al comisario Sáinz le llamaban Pepe el

Gordo y fue el responsable de teorizar la racionalización de la tortura como

método para combatir el terrorismo[49]. Según sus propios escritos, había que

contar con gente «nunca ligada a la Policía ni a otro organismo del

Gobierno».

Antonio Batista destaca en su obra Historia de un comisario franquista la

eficiencia del policía para obtener información mediante la tortura. Uno de los

métodos que usaba para sus torturas era el látigo con fustas de plomo. Un arma similar al flagrum romanum que se usó contra Jesucristo en el Vía

Crucis[50]. Sus servicios fueron premiados. Adolfo Suárez le concedió la

Medalla de Oro al Mérito Policial a finales de los setenta. Los ascensos y

favores no terminarían. El Gobierno de Felipe González le nombró delegado

del Ministerio del Interior en el País Vasco, donde continúo su proceder. Hoy

en día mantiene sus condecoraciones. Uno de los sucesores y compañeros de

Pepe el Gordo fue Manuel Ballesteros García. Comisario de la policía

famoso entre sindicalistas, comunistas y nacionalistas por su crueldad en las

torturas.

Uno de los casos más terribles que se le recuerdan fue la detención en

Valencia de varios miembros de las Comisiones Obreras; entre los detenidos

se encontraba Antonio Palomares Vinuesa, que posteriormente fue miembro

importante del Partido Comunista en Valencia. Las torturas a las que fue

sometido fueron encarnizadas, distinguiéndose una en la que Ballesteros era

experto y que llamaban «el tostadero», consistente en atar al reo desnudo a un

somier metálico al que se le aplicaban descargas eléctricas. Antonio

Palomares no habló, pero salió terriblemente tocado tras pasar por las manos

de Ballesteros: perdió dos centímetros de estatura, acabó con tres vértebras

soldadas, el diafragma deformado y tuvo problemas respiratorios desde

entonces[51]. La distribución de la fotografía a la prensa con el rostro

deformado fue tan evidente que la prudencia hizo que Manuel Ballesteros

fuera relevado hasta ser reubicado. En democracia, como ha sucedido con

todos los represores provenientes del franquismo, no le costó blanquearse y

labrarse una carrera importante sin tan siquiera renegar de sus filias

franquistas. El capitán Francisco Acera, uno de los golpistas condenado por el

23F, afirmó en una de las sesiones del juicio que los comisarios Manuel

Ballesteros y Sebastián Fernández Dopico entraron en el Congreso gritando

«Viva España, ¡ya era hora!» y luego abrazaron al teniente coronel Tejero[52].

Las condecoraciones logradas por el comisario son numerosas: dos cruces al

Mérito Policial (1975 y 76), una Medalla de Plata al Mérito Policial (1979),

otra del mismo nivel pero de oro (1982) y una Cruz de Plata al Mérito de la

Guardia Civil (1988).

Cuando falleció impune en 2008, el obituario publicado por El País logró

dejar claro cómo los torturadores del franquismo que hicieron carrera en

democracia pueden morir sin que ni siquiera se recuerde su negro pasado. El

diario de Prisa lo calificó de «experto en antiterrorismo» sin hacer mención a

su terrible pasado como torturador[53]. Sus víctimas no pudieron soportar tal afrenta y escribieron una carta al director llamada «Nos negamos al olvido»

en la que reprocharon al periódico el hurto de su memoria:

 

Con sorpresa, asombro e indignación hemos leído el obituario que el periódico de su dirección

dedica el 14 de enero al comisario de policía Manuel Ballesteros, al que presenta como «experto antiterrorista y participante en las conversaciones de Argel» […] la BPS se mostró especialmente «eficaz» en la persecución, detención y tortura de sindicalistas, comunistas y demócratas en

general. Fue así como Manuel Ballesteros labró su porvenir [54].

 

En Barcelona, en la comisaria de la Via Laietana, había dos hermanos

policías conocidos por todo disidente de la Ciudad Condal. Los hermanos

Creix, uno de ellos, Antonio Juan Creix, fue uno de los más eficientes

torturadores de comunistas en Cataluña. Manuel Vázquez Montalbán, que

tuvo la desgracia de caer en sus manos, los definía así:

 

Antonio Creix era el especialista en comunistas, y su hermano Vicente, en estudiantes y

nacionalistas. Antonio era más silencioso e introvertido; Vicente, más hablador. Los dos tenían idénticas habilidades manuales cuando la ocasión lo requería, pero con diferentes estilos: Antonio pasaba del silencio espectador a la explosión de violencia; Vicente pasaba de la explosión de

violencia al silencio espectador[55].

 

El torturador Creix fue uno de los cabezas de turco elegidos por el

falangista Tomás Garicano para vender una apertura que no existió. Todavía

hoy conserva tres cruces al Mérito policial y una al Mérito de la Guardia

Civil.

El premio a los torturadores por parte de las instituciones iba acompañado

de la persecución y hostigamiento de aquellos que buscaban que España fuera

un país mejor, donde las torturas y las vejaciones de los derechos humanos

fueran desterradas. Una de las historias de esta lucha inconclusa fue la del

abogado Fernando Salas.

En diciembre de 1984, el abogado convocó una manifestación en Madrid

acusando a las fuerzas de seguridad de practicar la tortura en el edificio de la

Dirección General de la Seguridad del Estado. En el año 1985 convocó otra

movilización a través de la Asociación contra la Tortura exigiendo la dimisión

del ministro del Interior, José Barrionuevo, y del director general de la

Guardia Civil, José Sáenz de Santa María, por la actuación de las fuerzas de

seguridad del Estado en el caso del asesinato de Mikel Zabalza[56], y además

fue el abogado de la acusación particular en el caso de los GAL contra José

Amedo y Michel Domínguez. La Asociación contra la Tortura que dirigía

Fernando Salas pedía la derogación de la ley antiterrorista al considerarla un

instrumento al servicio del maltrato y la tortura. Una posición en aquel

momento marginal que con el paso de los años resultó clarividente. Durante la marcha contra la ley el abogado Fernando Salas leyó unas palabras que hoy

resultan casi premonitorias sobre lo que sucedería:

 

La ley popularmente conocida como ley antiterrorista es, más que un instrumento jurídico, un

paso adelante en la política del Gobierno del PSOE, del proceso de endurecimiento, del carácter represivo del Estado español. Porque es el Gobierno socialista, desde el 28 de octubre de 1982, quien más ha desarrollado la legislación represiva y, sobre todo, quien está aplicando en toda su

crudeza el nuevo arsenal de medidas contra las libertades democráticas[57].

 

La respuesta del Gobierno ante las denuncias de la Asociación contra la

Tortura fue perseguirlos penalmente. Fernando Salas y el filósofo Javier

Sádaba fueron acusados de injurias al Gobierno por asegurar que en España

había torturas. Un hecho demostrado mediante decenas de sentencias en firme

en aquel momento[58].

La implicación de Fernando Salas en pro de los derechos humanos le puso

en el objetivo de los miembros de la policía que actuaban al margen de la ley.

El agente Ángel Duce Hernández y el ultraderechista Ricardo Sáenz de

Ynestrillas intentaron atentar contra el abogado, según constó en la

declaración de un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

en el juicio por el asesinato del parlamentario de HB en el que fue condenado

el policía Ángel Duce. Según la declaración testifical, Duce e Ynestrillas

intentaron atentar contra Salas:

 

Sobre las tres y media de la tarde llegó Salas en su coche y lo aparcó cerca de su despacho. A

la media hora llegó un vehículo conducido por Ynestrillas, quien iba acompañado por Duce, que se paró junto al coche del abogado pero vino otro detrás, les pitó y tuvieron que seguir, hasta

aparcar[59].

 

Fernando Savater recordó la valía de un hombre que nunca fue lo

suficientemente honrado por el Estado, un hombre que luchó por una

democracia plena donde se respetasen los derechos fundamentales, sin

importar lo viles que fueran los crímenes de los reos:

 

Con tal motivo, no será inoportuno recordar que Fernando defendió la verdadera seguridad

ciudadana: la seguridad de que los policías no maltratan ni torturan a los detenidos, la seguridad de que si lo hacen serán efectivamente castigados (y no sólo trasladados de despacho), la seguridad de que con el dinero de nuestros impuestos el Estado no arma a sus propios terroristas del antiterrorismo, la seguridad de que vivimos bajo la aplicación del derecho y de que los guardianes no son ni pueden ser una variante institucional de la mafia que combaten. A mí poco me tranquiliza saber que pueden registrar mi casa sin permiso judicial o que pueden retenerme para mi identificación; en cambio, me tranquilizaba saber que había en este país alguien como Fernando Salas, decidido a enfrentarse sin remilgos con los abusos más temibles porque los cometen las instituciones más respetables, es decir: más impunes. Ahora que él falta, los ciudadanos estamos un poco más desprotegidos. Por desgracia sobran indicios de que no sólo sus

amigos vamos a tener ocasiones inmediatas de echar mucho de menos a Fernando Salas[60].

Fernando Salas murió a los 45 años después de haber dado su vida por

mejorar la condición democrática de nuestro país. Una labor nunca

reconocida que le valió caer en el olvido a pesar de haber sido uno de los

abogados proderechos más importantes de nuestra democracia, una

democracia que aún no ha asumido que el uso de la tortura no es de recibo en

un estado de derecho. Porque como dijo Salas en 1988:

 

Yo estoy en contra de todo terrorismo. Pero si cualquier terrorismo es malo, ese que llamamos

terrorismo de Estado […] es un terrorismo aún más condenable, porque un Estado jamás debe

actuar con armas sucias e indignas [61].