03. Crece el precariado

03

 

Crece el precariado

 

Puede que la estrategia de la austeridad haya tenido un modesto éxito durante un tiempo si se la juzga solo por su mera contribución a preservar la estructura económica de la desigualdad. Pero los que han visto sus vidas devastadas no deberían ni olvidar ni perdonar. Este capítulo traza algunas de las consecuencias de la expansión del precariado y del hecho de que cada vez más gente haya sido empujada a la condición de residente de un tipo u otro.

 

La pobreza y los sin techo

La pobreza y la inseguridad económica crecieron con fuerza en la era de la austeridad. En la Unión Europea, después de bajar a principios de la década de 2000, el número de personas en riesgo de pobreza creció hasta los 120 millones en 2011, un cuarto de la población, aunque esto se redujo al 17 por ciento con las transferencias sociales. «En riesgo» estaban los que ganaban menos del 60 por ciento del salario medio disponible (la línea de pobreza), más los que tenían trabajos de menos del 20 por ciento de la jornada laboral normal, y aquellos en situación de «privación material severa», entendida como la incapacidad para costearse cuatro o más de nueve cosas consideradas indispensables (tales como renta, vacaciones de una semana al año, un coche, una lavadora y una comida nutricionalmente adecuada cada dos días). El número de personas consideradas en situación de «privación severa» creció en un 5 por ciento entre 2009 y 2001, hasta los casi 42 millones.

Más de un cuarto de todos los niños estaba en familias en riesgo de pobreza. Según deja claro un informe de la UNICEF (Ortiz, Daniels y Engilbertsdóttir, 2012), la pobreza infantil está principalmente ligada a la distribución de la renta, y condena a mucha gente a una vida de inseguridad social y económica por la vía del bajo rendimiento escolar, la mala salud y una expectativa de vida más baja.

En Gran Bretaña, un estudio interuniversitario (Gordon et al., 2013) descubrió que en 2012 una tercera parte de las familias carecía de al menos tres necesidades básicas, en comparación con el 14 por ciento en 1983. Las necesidades básicas incluían la calefacción en las casas, una saludable alimentación y un calzado adecuado. El Instituto de Estudios Fiscales informó de que el número de niños en la pobreza en el Reino Unido subiría de 2,3 millones en 2011 a 3,4 millones para 2020, afectando a casi uno de cada cuatro niños. Y la mayoría de los niños pobres está ahora en familias donde los adultos trabajan, un patrón que se reproduce en la mayoría de los países de la OCDE. En Nueva Zelanda, dos de cada cinco niños pobres viven en hogares con al menos un adulto con un trabajo a tiempo completo.

En Estados Unidos, en 2012, más de 46 millones de personas estaban oficialmente por debajo de la línea de pobreza, más que en cualquier momento desde principios de la década de 1960. De acuerdo con UNICEF, casi un cuarto de los niños americanos vivía en la pobreza, considerando pobre al hogar con la mitad de ingresos de la media: un porcentaje mayor que en cualquier otro de los 29 países clasificados como ricos, excepto Rumanía (Oficina de Investigación de UNICEF, 2013). La Pew Charitable Trusts estimó que casi un tercio de los americanos que como adolescentes en 1979 estaban en lo que los americanos llaman «la clase media» (entre los percentiles 30.º y 70.º de la distribución de la renta) se habían deslizado como adultos hacia niveles más bajos de estatus para mediados de la década de 2000.

En toda América y Europa, la creciente pobreza fue de la mano de una vivienda más precaria. En el Reino Unido, donde la propiedad ha sido la norma más deseada, el porcentaje de familias con casa en propiedad cayó desde más del 70 por ciento antes del crac al 64 por ciento en 2009-2010, y se prevé que caiga por debajo del 60 por ciento para 2025. Se estima que, en 2012, 1,6 millones de personas de entre veinte y cuarenta años de edad vivían con sus padres porque no podían mantener el alquiler o comprar un casa, de acuerdo con Shelter, una organización de ayuda a los sin techo. Para los menores de 45 años, la propiedad de casa propia en 2012 era menor que en 1960.

Para 2013, una de cada doce familias en el Reino Unido estaba en una lista de espera de vivienda social, los sin techo habían aumentado en un cuarto en dos años y los alquileres privados habían subido un 37 por ciento desde 2007. Casi medio millón más de personas con trabajo se habían vuelto dependientes de ayudas a la vivienda, incapaces de pagar el alquiler.

Por toda Europa, los bancos ejecutaban la hipoteca a los propietarios incapaces de pagar siquiera el interés de sus créditos hipotecarios. En España, los bancos habían inflado los precios de la propiedad mediante la concesión temeraria de préstamos, pero aun después de recibir más de 40.000 millones de euros en ayudas estatales, siguieron con un programa agresivo de desahucios. Para 2013 los tribunales españoles habían dictado un cuarto de millón de órdenes de expulsión desde 2008 y ochenta familias al día seguían siendo desalojadas de sus casas. Una oleada de suicidios de personas que estaban a punto de ser desahuciadas llevó incluso a una huelga de cerrajeros, tan avergonzados de lo que les estaban obligando a hacer que rehusaban aceptar estos trabajos de los bancos. Grupos de activistas formaron barricadas humanas enfrente de las casas para impedir los desalojos. El precariado se estaba moviendo.

Mientras aumentaba el número de personas sin hogar, también lo hacía el número de casas vacías o inutilizadas. En España, para 2011, unos 3,5 millones de casas —el 14 por ciento— estaban vacías, y esto pasaba en casi todas las ciudades. En el Reino Unido, en 2013, el número de casas vacías era de más de 700.000. Más de un tercio de todas las casas en Grecia están vacías. El sistema estaba en ruinas. Por doquier, el derecho social a una vivienda digna estaba en retirada.

 

La desigualdad desatada

Durante dos décadas, los políticos apenas protestaron por la creciente desigualdad y muchos pensaban que a los votantes no les interesaba una agenda redistributiva o eran hostiles a ella. Cuando Raghuram Rajan, un antiguo economista jefe del FMI, reiteró lo que otros muchos habían mostrado, Martin Wolf, del Financial Times, comentó: «Sí, el profesor Rajan observa que “de cada dólar de crecimiento real de la renta generado entre 1976 y 2007, 58 céntimos fueron al 1 por ciento más rico de las familias”. Esto es realmente sorprendente» (Wolf, 2010). Era sorprendente solo si uno había ignorado lo que se sabía con certeza desde hacía mucho tiempo.

En la era de la austeridad, los bancos centrales nominalmente independientes empeoraron la desigualdad, sobre todo al rebajar los tipos de interés a las corporaciones y al comprar la deuda corporativa. También los gobiernos siguieron tomando medidas que incrementaban la desigualdad.

En Estados Unidos, los beneficios pronto repuntaron. Para 2013, llegaban al porcentaje más alto de la renta nacional desde 1950, mientras que la proporción que fue a los empleados era la más baja desde 1966. Se aceleraba el trasvase de renta del trabajo al capital. Los bancos más fuertes anunciaron que era una edad de oro para los beneficios. Era una edad oscura para las rentas personales, las cuales habían estado cayendo desde 1980. En las corporaciones más importantes (S&P 500), la paga promedio de los altos ejecutivos era 204 veces los salarios promedio de los empleados, una subida notable desde las 170 veces en 2009, las 120 veces en 2000 y las meras 42 veces en 1980.

En los cinco años posteriores al crac, el 1 por ciento superior de los perceptores de renta acaparaba el 93 por ciento de las ganancias de renta en Estados Unidos (Saez, 2012) mientras que su proporción de la renta nacional en 2012, del 19 por ciento, era la más alta desde 1928. Incluso el FMI se sintió obligado a quejarse: «Cuando un puñado de yates se convierten en transatlánticos mientras el resto siguen siendo humildes canoas, algo va francamente mal» (Berg y Ostry 2011b).

En el Reino Unido, mientras el Gobierno decía que todos debían compartir los recortes en los niveles de vida, la desigualdad aumentó todavía más. Entre 2008 y 2012, las mil personas más ricas aumentaron su riqueza en 155.000 millones de libras, una cantidad más que suficiente para pagar el déficit público de 119.000 millones de libras. El número de salarios por encima del millón de libras al año casi se dobló, hasta 18.000, entre 2010 y 2012, comparado con los 4.000 de 2000, y hubo más gente que cobró entre 500.000 libras y un millón. El Boston Consulting Group estimó que había mil familias británicas con activos financieros netos de más de 100 millones de libras, sin contar las propiedades. En 2013, los que ganaban más de un millón de libras recibieron una bajada de impuestos de 42.000 libras al año, mucho más que la renta total de cualquiera en el precariado. Y la Resolution Foundation, un tanque de pensamiento, señaló que entre 2012 y 2020 todas las ganancias derivadas del crecimiento económico irían a los grupos de rentas superiores.

Mientras tanto, se supo que diecinueve multinacionales de propiedad estadounidense pagaban en el Reino Unido una tasa impositiva efectiva del 3 por ciento sobre los beneficios, en comparación con la tasa impositiva corporativa del 26 por ciento. La competencia entre países por rebajar los impuestos está convirtiendo las exenciones fiscales en un juego muy fácil. Y aunque el Gobierno británico aumentó el control sobre el fraude de los pobres con respecto a las prestaciones sociales, recortó el número de inspectores de Hacienda, con lo que facilitó a los ricos la evasión y la elusión fiscal.

Mientras la mayoría de los países de la OCDE se estancaban, los mercados de valores gozaban de excelente salud. Las que salieron ganando fueron las rentas del capital. En 2012, el valor promedio de las acciones creció en un 25 por ciento. Las pagas y las primas de los financieros volvieron a dispararse, aun cuando la rentabilidad renovada solo había sido posible gracias a los rescates financieros de los gobiernos. Habiendo estado altas durante toda la crisis, las primas de Wall Street en 2012 ascendieron a un total de 20.000 millones de dólares. Los beneficios de la industria financiera de Estados Unidos se triplicaron en un año hasta los 24.000 millones de dólares, mientras disminuían los puestos de trabajo. En 2012, según Forbes, los directores de los cuarenta principales fondos de inversión del mundo ganaron 16,7 mil millones de dólares. Un antiguo agente de inversión de Goldman Sachs, David Trepper, recibió 2.200 millones de dólares.

Según crecía la desigualdad, la plutocracia se aprovechó de tan laxa regulación y mostró un gran desprecio por la ley. Los bancos iban a la cabeza. Por ejemplo, se descubrió que dos bancos británicos que tuvieron que ser rescatados por el «contribuyente» habían actuado de forma temeraria. Sus directivos siguieron pagándose alegremente a sí mismos cantidades gigantescas de dinero. Al final de 2012, después de pillar a Barclays amañando los tipos de interés, lo que provocó la dimisión de su presidente, resultó que 600 de sus empleados habían ganado más de un millón de libras ese año. En 2011, Barclays tenía 238 empleados cobrando un promedio de 1,2 millones de libras, mientras que El Royal Bank of Scotland, el otro delincuente, tenía 386 empleados ganando un promedio de 820.000 libras.

En suma, a la plutocracia y la élite se les permitía operar bajo reglas diferentes de las de los demás, alimentadas por políticos ansiosos por recibir algo de su generosidad e influencia. Es un sistema corrupto. Un suceso captó su venalidad. En agosto de 2013, Carl Icahn, un plutócrata, tuiteó que tenía un montón de acciones de Apple y creía que la compañía estaba infravalorada. En pocas horas, había hecho 50 millones de libras. No está mal por 20 segundos de tuiteó. ¿Por qué debería el precariado respetar un sistema así?

 

La deuda y el precariado

La austeridad ha exacerbado la deuda personal creada en la era del pacto fáustico, amenazando al precariado con una inseguridad permanente. Al tiempo que la estrategia de reducción de la deuda pública se centraba en ayudar a los bancos y las corporaciones, subía la deuda privada de las personas en un contexto de salarios decrecientes y bajadas impositivas a los ricos y al capital.

En el Reino Unido, la deuda de las familias creció desde un 57 por ciento del PIB en 1987 hasta el 109 por ciento al comienzo de la recesión en 2008, y todavía seguía cerca del 100 por cien en 2012. Las cifras del Banco de Inglaterra publicadas en diciembre de 2012 mostraban que 3,6 millones de familias —el 14 por ciento del total— estaban gastando más de un cuarto de su renta en devolver su deuda, incluidas las hipotecas. En torno a 1,4 millones de familias estaban en situación especial con sus bancos. El 10 por ciento más pobre gastó de media un 47 por ciento de su renta en la devolución de deudas. Y esto ocurría en un momento en que los tipos de interés estaban cercanos a cero.

El Estado está creando una sociedad de mendigos reduciendo las prestaciones sociales y dejando que la beneficencia cubra el vacío. El número de personas en el Reino Unido forzadas a depender de la caridad de los bancos de alimentos creció desde 41.000 en 2010 hasta más de medio millón en 2013. Y eso no era más que una pequeña parte del número de los necesitados: había en ese momento 13 millones de personas viviendo por debajo del «umbral de la pobreza».

Una de las consecuencias de todo ello es el florecimiento de la industria de los «créditos rápidos». Estos préstamos son una de las vías por las que se está empujando al precariado a una mayor inseguridad. Wonga, la principal empresa de créditos rápidos en el Reino Unido, dice en su página web que es «muy, muy selectiva» y que solo presta a clientes de bajo riesgo. Sin embargo, en 2011 canceló 76,8 millones de libras porque numerosos préstamos se hicieron «irrecuperables», lo que equivalía al 41 por ciento del ingreso anual de Wonga. En ese año concedió préstamos a corto plazo por valor de 2,46 millones de libras a un tipo de interés anual «representativo» del 4,214 por ciento. En 2013, Wonga aparecía como patrocinadora en las camisetas del Newcastle United Footbal Club.

En Estados Unidos, la industria de los créditos rápidos también está floreciendo. Las empresas online operan incluso en Estados donde esos préstamos están prohibidos. Los bancos han permitido a las empresas prestamistas retirar el dinero de las cuentas de sus clientes sin su aprobación o siquiera su conocimiento. Los directores de los bancos expresaron su horror cuando esto salió a la luz. Deben de haber estado dormidos.

Las personas de menor renta fueron inducidas a gastar más de la cuenta en la era del pacto fáustico y luego fueron castigadas con la desposesión y la perspectiva de una deuda interminable. Los que habían sido prudentes y habían ahorrado también fueron golpeados mediante unos tipos de interés bajos. Al intentar impulsar el crecimiento, la Reserva Federal estadounidense redujo los tipos de interés hasta casi cero en 2008, prometiendo mantenerlos así mientras el desempleo siguiera alto. La rentabilidad del dinero de los pequeños ahorradores cayó un 30 por ciento entre 2008 y 2012. Los que ahorraban pensando en la seguridad futura reaccionaron reduciendo su propensión a gastar. Raghuram Rajan dijo que esto equivalía a «expropiar a los ahorradores responsables en beneficio de los bancos irresponsables» (The Economist, 2012). Lejos de impulsar el crecimiento, los negocios eran reacios a pedir préstamos mientras las familias recortaban sus gastos.

En el Reino Unido, los intereses más bajos redistribuyeron rentas de los pensionistas —que habían saldado sus hipotecas pero recibían menos por sus ahorros— al salariado que se beneficiaba de tipos de interés bajos para sus hipotecas. Los tipos de interés bajos también hicieron subir las acciones, en manos sobre todo de los ricos. La política monetaria era regresiva.

La deuda, que se ha convertido en una propiedad estructural de las economías de mercado, está vinculada a su creciente carácter de economías rentistas. Se han vuelto «plutonomías», una mezcla de «plutocracia» y «economía», que no es un nombre inventado por algún radical sino por estrategas del Citigroup, una multinacional de las finanzas. Toda vez que un sistema económico está dominado por una plutocracia y una élite, el ingreso rentista procedente del endeudamiento del precariado se añade a su riqueza. El Citigroup no lo expresó en esos términos. Pero los intereses económicos del salariado y la élite son potenciados por esa deuda. La renta procedente de los intereses de los créditos rápidos y la deuda de los estudiantes pasa por instituciones financieras cuyos beneficios generan participaciones, primas y dividendos. El ingreso no procede del trabajo o la inversión. Es una renta.

Podría decirse que los prestamistas dan un servicio. Pero se benefician de una deuda generada por cambios estructurales y un sistema de bienestar más mezquino. Cuando un gobierno recorta las prestaciones, incrementa la desigualdad directa e indirectamente al empujar al precariado a que se endeude más, reduciendo su renta social. En suma, la economía rentista es parasitaria.

 

La acelerada mercantilización de la educación La era de la austeridad conoció una aceleración de lo que le había venido ocurriendo a la educación durante años. La educación dejó de ser un derecho; se convirtió en un servicio que puede comprarse y venderse. El concepto de la escuela de Chicago —el de «capital social»— cristalizó en la década de 1970. Pero a medida que la educación se convertía en una industria global, se hacía más clara la pérdida del derecho a la educación.

La educación siempre ha tenido un carácter dialéctico, donde la escolarización implicaba disciplinar y preparar a la gente para determinados roles, y la educación implicaba la liberación de la mente. En el modelo neoliberal, triunfó la agenda funcionalista para las masas.

Cada aspecto de la educación se ha mercantilizado, se ha sometido a las fuerzas del mercado y ha sido inspirado por la búsqueda de beneficios. Los recortes en educación pública de la era de la austeridad no hicieron sino acelerar la tendencia. La evolución a largo plazo es clara. Incluso en las economías de mercado emergentes, los colegios privados han ido ganando terreno junto con las clases privadas. En India, más de un cuarto de los estudiantes asiste ahora a colegios privados. En las ciudades la proporción es mucho mayor. La escolarización privada se está extendiendo en China también, en parte propiciada por su política migratoria, que ha creado un inmenso precariado consistente en millones de trabajadores sin el hukou, el permiso de residencia exigido para que los niños puedan ir a colegios públicos.

El alto rendimiento se ha convertido en un gran negocio, que se vende como una ventaja competitiva que tienen los niños por asistir a los mejores colegios, las mejores universidades y lograr los mejores empleos. En Japón, un creciente porcentaje de niños, incluidos los preescolares, asiste a colegios de alto rendimiento, conocidos como juku. Cerca de dos tercios de los estudiantes de enseñanza media van a ellos, con un coste para sus padres de miles de dólares al año. El alto rendimiento también se ha extendido en Corea del Sur, donde la educación supone casi el 12 por ciento de todo el gasto de consumo.

Adicionalmente, hay un distanciamiento ideológico de la escuela pública por parte de los grupos de rentas más altas, con la ayuda de los subsidios estatales. En Estados Unidos, menos de 15.000 niños fueron educados en casa en 1975, pero para 2012 había alrededor de 2 millones, el mismo número de los que asistían a escuelas semiautónomas [charter schools]. La mayoría era de familias cristianas; la principal motivación era religiosa, seguida del rechazo del entorno escolar. Pero sea cual fuere la razón por la que se saca a los niños de los colegios públicos, lo cierto es que el ethos público de la educación está en peligro.

La comercialización de la educación se manifiesta sobre todo en el crecimiento de las multinacionales que ofrecen servicios escolares, al tiempo que presionan agresivamente para conseguir subvenciones públicas y oportunidades para desplazar a una escuela pública en retirada. El Estado neoliberal se ha dado prisa en colaborar. El nuevo laborismo mostró el camino en el Reino Unido, estableciendo las llamadas escuelas académicas, dando la bienvenida a empresas comerciales suecas y animando a los colegios públicos a formar alianzas con compañías privadas.

La industria de la educación está siendo impulsada por un creciente número de estudiantes. El número global de estudiantes creció desde 50 millones en 1980 hasta 170 millones en 2009. Las economías de mercado emergentes están multiplicando el número de individuos formados a un ritmo que pronto dejará pequeño el de los países ricos y están enviando cantidades ingentes de personas al mercado educativo internacional. Es notable el número de chinos con una educación superior. En 2002, se graduó un millón y medio; en 2012 lo hicieron 7 millones.

En la batalla librada para convertir estas cifras en beneficios, la industria educativa se ha transformado en un agresivo ámbito de competición que ha desviado recursos de la educación hacia la fijación de marcas comerciales, la venta, las campañas publicitarias y la presión sobe los gobiernos. Las universidades públicas no se quedan atrás. El «credencialismo» se abre paso a medida que se van necesitando más y más cualificaciones para conseguir un trabajo. La educación para conseguir empleo es cada vez más una clara inversión en capital humano. La multiplicación de pruebas y niveles de estudio, y el estrés provocado tanto en los profesores como en los alumnos, contribuye a conformar una mente precarizada (Standing, 2011). Los estudiantes pronto se percatan de que lo que se les pide es que estén callados y aprendan las cosas de memoria si quieren jugar en un sistema diseñado como trámite. Y cuando acaben su formación, se les invita a reparar los inconvenientes.

La era de la austeridad también ha fortalecido otras tendencias peligrosas. La industria educativa ha alimentado a la economía rentista. Si la escolarización secundaria e incluso primaria ha incrementado el endeudamiento de muchas familias, la formación terciaria casi se lo ha garantizado a la mayoría. Cada vez más gente sale del colegio, el instituto y la universidad con una enorme carga de deuda. La deuda estudiantil ha explotado casi por doquier.

En los quince años anteriores a 2012, la deuda estudiantil en Estados Unidos casi se triplicó hasta alcanzar los mil millones de dólares, según la

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB[3]). Entre 1980 y 2012, el coste ajustado a la inflación de una educación universitaria de cuatro años (incluidas las tasas, el alojamiento y la comida) creció en más de un 130 por ciento tanto para las universidades públicas como privadas, mientras que la mediana de la renta familiar solo creció un 11 por ciento. Una de cada diez familias con deuda estudiantil debía más de 62.000 dólares en 2010, mientras que la CFPB estimó que el 10 por ciento de los recientes graduados de grados de cuatro años tenía que hacer frente a pagos por todos los préstamos educativos que suponían más de un cuarto de sus ingresos. No es de extrañar que se haya disparado la tasa de impagos desde el crac. Muchos han terminado la universidad lastrados con una deuda solo para descubrir que los empleos que consiguen son precarios y mal pagados, y tienen que hacer frente a incumplimientos de pago mientras engrosan las listas de morosos. La precariedad alimenta a la precariedad.

En Italia, en 2012, solo el 60 por ciento de los adolescentes con títulos de bachiller entró en una universidad italiana, la tasa más baja en treinta años. Muchos jóvenes pensaron que era mejor ponerse a trabajr sin tener un título universitario, dado el coste y el presumible endeudamiento. Las universidades no hacían sino perder estudiantes. Italia tiene una tasa de abandono del 45 por ciento. En Francia, es del 48 por ciento solo en el primer año, y solo un 38 por ciento termina su carrera.

Desde el crac de 2007-2008, los estudiantes se enfrentan a un cruel dilema. Se ha reducido la probabilidad de conseguir un trabajo con perspectivas de carrera para cualquier nivel de formación. Esto hace que algunos opten por todavía más formación y capacitación, y se endeuden aún más, para intentar hacerse más «competitivos» (McGettigan, 2013). Otros optan por abandonar la educación por completo a medida que retrocede el umbral del posible éxito. Qué camino se elija no depende simplemente (o en absoluto), de la capacidad sino de otros factores como el deseo de asumir riesgos, la capacidad de mantener una deuda y el acceso a oportunidades alternativas. Tener una familia salariada que te respalde es casi vital.

Hay intereses comerciales esperando a aprovecharse de cualquiera de las opciones. Para la primera de ellas, están esperando los prestamistas a interés elevado. Para la segunda, ya hay toda una industria predicando un moderno filisteísmo: que la vida consiste en hacer dinero, para lo cual no se necesita una formación extra. En Estados Unidos, se anima a la «generación del milenio» a verse a sí misma como emprendedora y pragmática, con libros como el de Michael Ellsberg, La educación de los millonarios: todo lo que no aprenderá en la Universidad sobre cómo tener éxito (2012). Están también las actividades «antiacadémicas» de Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal, quien en 2010 fundó el programa de becas Thiel que otorga 100.000 dólares a estudiantes menores de veinte que dejan la universidad y establecen empresas comerciales. El movimiento antiacadémico también incluye los «campos hackadémicos», es decir, actividades informales de bajo coste que supuestamente preparan a la gente para conseguir empleos tecnológicos. Esto con toda seguridad no es sino reflejo de un sistema que está bajo presión.

Al mismo tiempo, los profesores están siendo arrojados en masa al precariado. Cada vez hay más que no tienen contrato seguro, privados de autonomía en lo que enseñan, sin canales de movilidad, con la sensación de que sus compañeros no tienen el control de los currículos o la práctica educativa, y con el sentimiento de no pertenecer a una comunidad de solidaridad y empatía. Son como suplicantes. Los gobiernos se esmeran en evaluarlos, fijan tablas de clasificación e inventan objetivos, sanciones y otros procedimientos infantilizadores. Estresados y desilusionados, trabajando en condiciones de aguda incertidumbre e inseguridad, los profesores son incapaces de cumplir la gran función de impartir valores y desarrollar la individualidad. Es la desprofesionalización.

Todo esto lo facilita el creciente control estatal de la propia educación. La educación crítica, no conformista e innovadora, está bajo amenaza. Muchos gobiernos, como el del Reino Unido, están aumentando el control sobre los currículos para incorporar valores mercantilizadores, hasta el punto de decirles a las escuelas lo que deben y no deben enseñar. También están aumentando el control sobre el contenido de la investigación universitaria y sobre la orientación de la investigación, sobre todo construyendo y legitimando una clasificación de las instituciones, dirigiendo el dinero adonde creen que hay «aprecio por el dinero» y evaluando a las instituciones por la cantidad de dinero comercial que atraen.

La frustración de estatus se está haciendo pandémica. Muchos egresados de la universidad no pueden dedicarse a aquello para lo que se han formado. Para 2012, casi la mitad de los universitarios estadounidenses con trabajo ocupaba puestos que no requerían título universitario. En Europa, la situación es similar. Solo el 77 por ciento de los graduados universitarios italianos encuentran trabajo en un año; menos del promedio de la UE, que es del 82 por ciento, y muchos de esos trabajos están por debajo del nivel de su formación académica. Los polacos con formación universitaria aceptan trabajos mal pagados e inestables solo para conseguir otra línea en su currículum vitae (Kozek, 2012). En el Reino unido, más de un tercio de los nuevos graduados con empleo en 2012 ocupaban puestos «no profesionales» para los que no era necesario ningún título de grado, mientras que el 6 por ciento, casi el doble que en 2007, estaba en «ocupaciones elementales» tales como limpieza, barrido de calles, trabajos manuales no cualificados, servicios de comedor en colegios, y carga y descarga en los hospitales. La frustración de estatus es global. En Corea del Sur en 2012, el Instituto de Investigación Económica de Samsung estimó que el 42 por ciento de los 500.000 graduados universitarios estaban sin trabajo o sobrecualificados para el cargo que ocupaban. Creyendo que un título universitario era un billete de movilidad social, el porcentaje de bachilleres que entraron en la universidad subió hasta el 84 por ciento en 2008, el más alto del mundo, aunque desde entonces ha caído un poco. Compárese esto con el 36 por ciento de Alemania, el 48 por ciento de Japón y el 64 por ciento de Estados Unidos. Además, muchos padres coreanos financian la educación de sus hijos asumiendo crecientes deudas. Esto representa una parte importante de la deuda de las familias, que alcanzó un promedio del 164 por ciento de la renta disponible en 2011, más del 138 por ciento del promedio estadounidense antes del crac. Y el valor salarial añadido del título universitario ha caído en Corea hasta el punto de que el McKinsey Global Institute calcula que las remuneraciones de toda una vida ya no justifican los costes de un título universitario.

En resumen, la mercantilización de la educación combinada con la crisis posterior a 2008 ha generado un sistema disfuncional, con un creciente precariado sin saber cuál es su papel, con más familias consumidas por deudas a largo plazo, más ex estudiantes que se enfrentan a una vida cargada de deudas, y sin esperanza de conseguir una ocupación acorde con su carrera. Es una situación que demanda un cambio radical.

 

Los resultados de los mercados de trabajo

Francia tiene un problema de desempleo; la solución es un mayor crecimiento, y la solución a un mayor crecimiento es la competitividad.

Pascal Lamy

Director general de la Organización

Mundial del Comercio, marzo, 2013

 

Esta formulación simplista de un socialdemócrata es la típica respuesta al caos de los mercados de trabajo en la era de la austeridad. El resultado ha sido el crecimiento del precariado, en paralelo a cómo los gobiernos se apresuraban a erosionar la protección laboral existente, recortar las prestaciones por desempleo, incrementar la comprobación de medios, reforzar la condicionalidad de las prestaciones y liberalizar más puestos de trabajo.

Los empleos temporales o informales se han convertido en la norma de los nuevos empleos en todos los países de la OCDE. Han proliferado los empleos con fecha de caducidad que ofrecen a sus ocupantes temporales pocas razones para querer conservarlos. Aunque el verdadero tamaño del precariado sigue siendo una incógnita, en muchos países se puede estimar el número de situaciones laborales contingentes o inseguras. En Polonia, por poner un solo ejemplo, el 27 por ciento de todos los trabajadores adultos —y el 65 por ciento de los menores de treinta años— estaba en el sector de los «trabajos basura» en 2011 (Kozek, 2012). Una parte creciente del precariado consiste en los llamados autoempleados. En Australia, los «contratistas independientes» constituían el 10 por ciento de la fuerza de trabajo en 2012, cuando el porcentaje de trabajadores en empleos temporales era aproximadamente del 40 por ciento. Un informe sobre inseguridad laboral en Nueva Zelanda estimó que al menos el 30 por ciento de la fuerza de trabajo

estaba afectada por ella (New Zeland Council of Trade Unions[4], 2013).

De acuerdo con el Government Accountability Office (GAO) [5] de Estados Unidos, 42,6 millones de trabajadores contingentes —trabajadores contratados, trabajadores temporales, contratistas autoempleados y empleados a tiempo parcial— supusieron más del 30 por ciento de la fuerza total de trabajo en 2005, y la proporción ha subido desde el crac. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos sugiere que un tercio de las empresas falsea los hechos rutinariamente, clasificando a los empleados regulares como contratistas independientes para evitar pagarles beneficios.

La flexibilización laboral ha generado fenómenos extraños. Estos incluyen a los becarios sin paga que trabajan gratis, a los empleados con contratos de cero horas que no tienen trabajo ni ingreso, a los temporales permanentes que permanecen en el mismo empleo durante años, a los contratistas independientes que dependen de un único empleador, a los contratistas dependientes que son trabajadores asalariados disfrazados, al trabajo en masa realizado a través de Internet por ingentes cantidades de individuos aislados y otras cosas por el estilo.

Muchos de estos contratos no son más que medios para bajar los salarios, evitar pagar beneficios o eludir las regulaciones. Gran parte del creciente empleo a tiempo parcial supone una paga a tiempo parcial por un trabajo que se prolonga por encima del tiempo parcial, sin los correspondientes beneficios y sin seguridad laboral. En muchos países, los contratos temporales se reenganchan en nuevos contratos temporales, mientras muchos que están realmente empleados se disfrazan como «contratistas independientes». En 2012, de acuerdo con la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), la mayor federación italiana de sindicatos, había 46 tipos de contrato laboral en Italia, que proponía reducir a cinco; solo el 18 por ciento de los nuevos trabajos ofrecía contratos permanentes. En 2010, el 40 por ciento de los empleados de menos de 45 no tenía contratos permanentes de trabajo y solo una parte decreciente se estaba moviendo hacia contratos permanentes. En Polonia y España solo un cuarto de todos los empleados tiene contratos permanentes, y en Portugal la cifra es algo más de un quinto. En Japón, en su día el hogar del «asalariado», el 38 por ciento de todos los trabajadores era clasificado por las estadísticas oficiales como trabajadores flexibles o no regulares en 2012.

 

La locura de los becarios

De repente, los becarios se han convertido en un fenómeno global. Ross Perlin (2011) estimó que había entre uno y dos millones de becarios en prácticas en Estados Unidos. En Europa posiblemente haya muchos más, con unos 600.000 becarios empleados cada año solo en Alemania, según el Instituto para la Investigación del Empleo. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular, China lleva la delantera. Pun y Chan (2013) estiman que China tiene entre 7 y más de 10 millones de estudiantes en prácticas. Pese a la regulación promovida por una ley de 2007 que requiere que los empresarios les paguen, ni siquiera se aplica el salario mínimo. No tienen seguridad social ni pueden afiliarse a sindicatos, tienen que hacer largas jornadas de trabajo durante seis o siete días por semana y no pueden tener subidas salariales mientras tengan contratos de becarios.

El Gobierno chino fomenta los puestos de becario. Por ejemplo, el Departamento de Educación coopera con la Foxconn para asegurarle su «cuota de trabajo estudiantil». Los profesores son enviados a que cosupervisen a los estudiantes en prácticas, y reciben dos cheques de paga, uno por su día de trabajo y otro por la función de supervisión desempeñada en la fábrica. La Foxconn aplica el programa de becarios más grande del mundo, lo que supone el 15 por ciento de toda su fuerza de trabajo, aproximadamente unos 150.000 trabajadores durante el pico de producción de 2010. Su sistema de producción permite rápidos trasvases de producción entre fábricas, conviertiendo a los becarios en una reserva de trabajo flexible.

El trabajo de becario es una forma explotada de trabajo flexible fácilmente disponible, utilizado para desplazar a otros trabajadores que hacen un trabajo similar. Tiene que estar contemplado en una carta de derechos del precariado.

 

Los contratos de cero horas

En El precariado calificábamos de «sarcasmo» los contratos de cero horas («a disposición» o «pendientes del teléfono»). En la era de la austeridad, se han hecho omnipresentes y gozan de un más amplio reconocimiento. De acuerdo con el sindicato UNISON, el número de estos contratos, que obliga a las empresas a pagar salarios solo por las horas que se pide a los empleados que hagan, normalmente con poca antelación, se cuadruplicó en el Reino Unido entre 2005 y 2012. Para 2013, se informaba de que más de un cuarto de las empresas del Reino Unido los usaban para al menos algunos de sus empleados, mientras que otra encuesta sugería que estaban más extendidos aún en el sector del voluntariado y en el sector público que en el privado. En 2013, se utilizaron en el Reino Unido en más de la mitad de todas las universidades; los hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) emplearon a más de 100.000 trabajadores con contratos de cero horas, un salto de un cuarto en dos años; y la mayoría de los cuidadores —más de 300.000 según cifras oficiales— tenía contratos de esa clase.

Casi con toda seguridad se han subestimado las cifras y el crecimiento (Pennycook, Cory y Alakeson, 2013). El Instituto Nacional de Estadística revisó al alza su estimación del número de personas con contratos de cero horas hasta la cantidad de un cuarto de millón, pero admitía que esto no reflejaba bien la situación porque muchos trabajadores no eran conscientes de que sus contratos eran de ese tipo. El Chartered Institute of Personnel and Development elevó el número en cuestión a cerca del millón o el 3-4 por ciento de todos los empleados. El sindicato Unite dijo que la cifra podía elevarse hasta incluso los 5 millones y medio. Las empresas que en el Reino Unido utilizaban contratos de cero horas en 2013 incluían a McDonald’s (nueve de cada diez empleados de McDonald’s tenían contratos así), el minorista Sports Direct, Amazon, la cadena de pubs JD Wetherspoon, la cadena de cines Cineworld y el palacio de Buckingham.

Aunque la mayoría de los trabajadores con esos contratos de cero horas reciben salarios bajos, en el mejor de los casos, la tendencia se ha extendido a la escala profesional o profitécnica. El director ejecutivo de Adecco, la mayor empresa de contracción laboral del Reino Unido, dijo que los servicios profesionales y financieros estaban utilizando contratos de cero horas para ser más «ágiles y competitivos» (Kuchler, 2013).

Los contratos de cero horas han sido particularmente ingratos para el cuidado domiciliario remunerado, una parte vulnerable del precariado. En el Reino Unido, muchos reciben menos del salario mínimo por las horas que dedican porque solo se les paga por los «minutos de cuidado» reales con el cliente y no por el tiempo que gastan en desplazamiento hasta el lugar donde se requiere el cuidado: trabajo para trabajar. Casi tres cuartos de todos los cuidadores asalariados afrontan ahora esta situación, cuando en 2008 eran solo un tercio.

Los contratos de cero horas son una forma de disfrazar el desempleo. Así, no debería haber sido una gran sorpresa que, a raíz de la conmoción que supusieron las revelaciones públicas sobre su extensión en el Reino Unido, el Gobierno se limitara a poner lentamente en marcha una investigación de perfil bajo.

 

Las agencias de trabajo y los agentes

Esto nos lleva a lo que probablemente sea la mayor tendencia a largo plazo, el creciente protagonismo de las agencias de empleo, lo que permite a las corporaciones y a las agencias gubernamentales subcontratar su función como oferentes de empleo. Muchos de los contratados a través de las agencias de empleo tienen de hecho contratos de cero horas. Como muchas agencias se confunden con los agentes de trabajo a la antigua usanza o con subcontratistas de trabajo que funcionan como bandas de trabajo, la parte moderna de la industria subestima su tamaño y crecimiento. No obstante, la Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo (CIETT) estimó que el ingreso global por ventas de la industria creció de 83.000 millones de euros en 1996 a 259.000 millones en 2011, mientras el número de trabajadores por agencia se dobló con creces hasta alcanzar los 46 millones.

Las agencias de empleo seguirán expandiéndose. Las más grandes son los principales operadores globales que, con Adecco, Manpower, Randstad y unas pocas más a la cabeza, colocan a cientos de miles de trabajadores temporales cada día en todo el mundo. Un efecto es que muchos trabajadores nunca están seguros de quién les emplea. Las agencias están estableciendo pautas de formación y cualificación y se jactan de estar dando a la gente seguridad y carreras profesionales. Pero es poco probable que esto beneficie a la mayoría. El crecimiento de las agencias de empleo es también una razón más para mostrarse escéptico respecto de las estadísticas de trabajo convencionales.

 

Trabajo en masa

Muchos millones de personas en todo el mundo están ahora haciendo «trabajo en masa» [crowd-work], una forma de trabajo sin parangón en la historia laboral. El trabajo en masa está transformando y globalizando el mercado de trabajo de maneras que no tienen precedente. La industria de la externalización en masa [crowd-sourcing] estimó que más de 6 millones de personas estaban haciendo trabajo en masa en 2011, comparado con el millón trecientos mil de 2009, y el número iba camino de doblarse en 2012. De acuerdo con crowdsourcing.org, casi la mitad de estos trabajadores tiene un título universitario y casi un cuarto tenía un título de máster, con cerca del 40 por ciento radicado en Norteamérica y otro 35 por ciento en la región del Pacífico asiático, sobre todo India y las Filipinas.

El trabajo en masa es trabajo por Internet en el que «oferentes» designados publican ofertas de empleo disponible para lo que representa una fuerza de trabajo global disponible veinticuatro horas al día bajo demanda. Los oferentes, que no son empleadores sino modernos agentes de trabajo, son nombrados por las empresas que coordinan el trabajo en masa desde plataformas de trabajo a destajo online. Armadas con un ordenador o un smartphone, las personas pueden hacer su oferta online por las tareas anunciadas por los oferentes, que nombran las tareas, su precio máximo y la fecha límite para su cumplimiento. Los licitadores que tienen éxito acometen

lo que se llama una «hit» ( [6] human intelligence task). Es trabajo a destajo, de una clase que produce un sudor extremo. Es la zona final del precariado, en donde los trabajadores son suplicantes sin derechos ni seguridad.

Aunque hay excepciones, el trabajo se divide en pequeñas tareas estrechamente definidas, lo que da un sentido moderno a la división del trabajo en la fabricación de alfileres que explicó Adam Smith. La remuneración es muy baja y responde a la extrema flexibilidad de los trabajadores que operan desde casa. Un investigador lo ha descrito como «un sistema sin interlocutor» (Hodson, 2013). Los oferentes pueden decidir a quién dar los contratos y pueden decidir a continuación si aceptan o rechazan las tareas realizadas. Las tareas rechazadas no se pagan. Es un fenómeno que transformará las regulaciones de trabajo e influirá en la reforma de la protección social de manera profunda.

El trabajo abierto en masa ha generado grandes beneficios a las pataformas de trabajo a destajo online tales como el Turco Mecánico de Amazon, CrowdFlower, CloudCrowd, oDesk y eLance. Un creciente número de empresas está externalizando tareas de esta forma. IBM ha anunciado que va a recortar su plantilla en nómina regular en un tercio y va a externalizarse masivamente en una «comunidad líquida». Alguien perteneciente a este sector conjeturaba que para 2020 un tercio de la fuerza de trabajo global podría estar alquilada online (Vanham, 2012).

El Turco Mecánico implicó a más de medio millón de trabajadores online en 2012, cerca del 70 por ciento de los cuales eran mujeres, en más de cien países, aunque la mitad estaba en Estados Unidos y el 40 por ciento en la India. El supuesto líder del mercado, oDesk, estimó que para 2012 había contratado 18 millones de horas en las Filipinas, cerca de 14 millones en la India y varios millones más en Estados Unidos, Bangladesh y otros lugares. Medio millón de filipinos estaba registrado en su página web para freelancers, más de los que estaban empleados en el creciente negocio de la industria de la externalización en masa del país. En total, oDesk tenía a 2,4 millones de freelancers registrados y más de 480.000 compañías clientes; eLance decía tener clientes en 180 países y freelancers registrados en 155 de ellos, con 226.000 solo en la India.

Los gobiernos en las economías de mercado emergentes han venido promocionando el teletrabajo en masa. Bangladesh, por ejemplo, ha proporcionado subvenciones y ha declarado que los ingresos online están libres de impuestos. Aunque el crecimiento es global, Europa va a la zaga quizá porque los pagos han sido extremadamente bajos. Pero no cabe duda de que eso cambiará con la era de la austeridad.

 

Carreras flexibles

Otro aspecto del precariado es la pérdida de trayectorias de carrera. Está en lo alto de la escala. Una encuesta realizada por el Instituto Trendence de Berlín en 2013 descubrió que entre los graduados de empresariales, casi los menos empleables, la mayoría expresaba su preocupación por tener una carrera, el 92 por ciento en Grecia, el 89 por ciento en España, el 88 por ciento en Italia, el 66 por ciento en el Reino Unido, el 54 por ciento en Francia y el 42 por ciento en Alemania.

Un factor ha sido la deslocalización, ya que las profesiones de rango medio están siendo transferidas ampliamente. Se ha multiplicado el número de ocupaciones que son transferibles o negociables, lo cual ha acentuado la incertidumbre ocupacional y ha creado perturbaciones en las oportunidades de carrera y en la movilidad social. Entre los ejemplos de ello están las tareas altamente remuneradas en contabilidad, análisis financiero y programación informática. Esto tiende a fragmentar las profesiones y genera una élite y un salariado en los países ricos junto con un precariado que se ocupa de los «clientes», mientras se exportan los rangos profesionales medios.

La deslocalización ha sido facilitada por la re-regulación ocupacional que eliminó el control gremial de los canales de movilidad, la esencia de la liberalización ocupacional. Alan Blinder hizo una distinción entre servicios personales e impersonales, y afirmaba que solo los últimos son transferibles. The Economist dio algunos ejemplos: «Un abogado mercantil o un radiólogo son vulnerables a la deslocalización; un abogado de divorcios o un médico de familia no». Pero estos últimos también están sujetos a la estandarización de tareas. No hay límite a la deslocalización o la fragmentación.

 

Gerentes interinos

En el apogeo del capitalismo industrial, el gerente era el poder en la corporación. En el emergente modelo de accionistas, donde domina el capital financiero, los propios gerentes están expuestos a la flexibilidad y la inseguridad. El tiempo promedio que un ejecutivo mantiene su puesto ha caído considerablemente. Y ha crecido el cuerpo de gerentes interinos consistente en personas, a menudo antiguos miembros del salariado, que se alquilan a sí mismas a empresas o departamentos gubernamentales durante breves periodos de tiempo para hacer un trabajo particular de gestión y, a continuación, se van.

El hecho mismo de que existan gerentes interinos testimonia el cambio en curso del capitalismo global. Los principales textos de economía concebían al gerente como una figura central en el capitalismo nacional del siglo XX. Ahora las funciones de dirección se están transfiriendo y están sujetas a una división del trabajo tal que no es exagerado decir que la estructura de clases se reproduce dentro de la propia gerencia, con su élite, sus profitécnicos, su salariado y su precariado. La élite cobra enormes sumas por cada día de trabajo y tiene más empleos de los que puede manejar; a los profitécnicos de rango medio les va bastante bien, pero tienen empleos irregulares; y los que están al borde del precariado, con empleos de corta duración, luchan por permanecer en el negocio.

Este proceso comporta múltiples riesgos. Los que vienen a reestructurar empresas normalmente cobran por un trabajo que se espera quede completado en tres o seis meses. No tienen que soportar las consecuencias personales, ya sea dentro de la empresa o en la comunidad más amplia. Por tanto, pueden ser despiadados, algo que quedó bien reflejado en la película Up in the Air, protagonizada por George Clooney. A los gerentes interinos se les presiona para que sean implacables, pues normalmente se les requiere en una empresa para introducir cambios impopulares y para despedir a muchos que ha sido trabajadores leales.

 

Desempleo y subempleo

En 2013, había más de 26 millones de desempleados registrados en la Unión Europea, incluidos los cerca de 6 millones de jóvenes, un cuarto de los cuales tenía menos de 25 años. Las cifras en todo el mundo eran muchas veces esa cantidad, aunque los estadísticos laborales deberían admitir que no se sabe cuántos. En Europa y en otros lugares, una gran proporción ya ha agotado las prestaciones por desempleo o nunca las ha recibido. Durante mucho tiempo denominado un derecho social, las prestaciones por desempleo se le han denegado a la mayoría de los desempleados.

Cinco años después de la gran recesión en los Estados Unidos, la tasa de desempleo todavía estaba por encima del 7 por ciento, el peor registro de todas las recesiones desde la gran depresión. La tasa de desempleo juvenil (por debajo de los 25 años) era del 16 por ciento. Según un estudio (Shierholz, Sabadish y Finio, 2013), los bachilleres menores de 25 años tenían una tasa de desempleo del 30 por ciento y una tasa de subempleo —incluidos los desanimados que dejaban de buscar trabajo y los empleados por menos horas de las deseadas— del 51 por ciento. Las tasas para los graduados universitarios eran del 9 y el 18 por ciento respectivamente. El número de «desconectados» o ninis (ni estudian ni trabajan) también ha crecido intensamente.

Para 2013, la tasa de desempleo juvenil estaba por encima del 50 por ciento en España y Grecia y en más del 40 por ciento en Italia. En el Reino Unido, Italia, Noruega y Nueva Zelanda la tasa era tres veces la de los adultos en edad productiva; en Suecia era más de cuatro veces mayor. Y en muchos países, el desempleo ha golpeado a los jóvenes con formación universitaria casi tan duramente como a los otros, desmintiendo la vieja idea de que la «educación» es la vía para evitar el desempleo. El desempleo juvenil también deja «cicatrices», en el sentido de que aumenta la probabilidad del desempleo futuro y reduce los ingresos de toda una vida en nada más y menos que el 20 por ciento en comparación con los pares que encuentran trabajo rápidamente (Morsy, 2012). Esto es una trampa de la precariedad, un ciclo de desempleo y empleos de corta duración.

No obstante, un atributo del mercado laboral post-2008 es que la mayor atonía se muestra en el subempleo más que en el desempleo. Esto se debe principalmente a las relaciones laborales flexibles que permiten a los empleadores convertir de un golpe a empleados a tiempo completo en trabajadores a tiempo parcial, someter a más gente a contratos de cero horas o darles permisos, y alquilar a trabajadores disfrazados de aprendices o becarios. El término «subempleo» se lleva usando desde hace tiempo en los países en desarrollo, donde el desempleo es una medida poco fiable de la infrautilización de trabajo. Ahora, dado que la mayoría de los empleos se reducen a servicios y debido a las relaciones laborales flexibles, son más los trabajadores en los países industrializados que quedan registrados como empleados en vez de desempleados, aun cuando hacen (y ganan) muy poco o apenas nada en sus trabajos.

Hace unos años, ideé una medida de la atonía laboral (labour slack) que combinaba distintas medidas de subempleo: trabajo a tiempo parcial, voluntario o involuntario; trabajos de corta duración y despidos; empleos en los que no se hace ninguna hora de trabajo (por ejemplo, empleos con contratos de cero horas); desempleados desanimados que están disponibles para trabajar pero que no buscan trabajo activamente; y el desempleo registrado (Standing, [1999], 2002). La medida se aplicó a tantos países de la UE como hubiera con datos adecuados en la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat. Los resultados muestran que la atonía laboral es mucho mayor que la tasa de desempleo, y que la divergencia por lo general se ha ampliado (véase la figura 2 para el Reino Unido).

Blanchflower y Bell (2013) adoptaron otro enfoque para el Reino Unido, añadiendo a los desempleados los que trabajaban menos horas de las que querían. Esto también puso de manifiesto que el subempleo crecía en relación con el desempleo. Otro indicador para el Reino Unido era el número de personas con empleos dependientes de créditos fiscales, que creció en más de la mitad entre 2003 y 2012, hasta los 3,3 millones, de acuerdo con la Fundación Joseph Rowntree.

FIGURA 2: Desempleo (D) y atonía laboral (AL), todos los adultos, Reino Unido, 2000-2012.

 

Fuente: datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat. Metodología disponible en http://www.guystanding.com/files/documents/Labour_Slack_Estimates.pdf.

 

Para 2012, el 61 por ciento de los niños en familias de rentas bajas tenía al menos un padre con un empleo así, la proporción más alta registrada. Algo muy similar estaba ocurriendo por toda Europa. En Italia en 2011, la CGIL estimó que 8 millones de personas estaban desempleadas, o trabajaban involuntariamente a tiempo parcial o eran temporalmente despedidas aplicando el programa de la cassa integrazione, viviendo con un promedio de 600-700 euros al mes.

El subempleo visible viene acompañado de subempleo invisible: el que la gente haga trabajos por debajo de sus capacidades o habilidades, un rasgo del precariado. En Italia, las mayores pérdidas de empleo después de 2008 tuvieron lugar en ocupaciones técnicas, científicas y especializadas. En Estados Unidos, para 2013 una proporción excepcionalmente alta de jóvenes graduados estaba en trabajos que no requerían titulación universitaria. Incluso en 2000, cuando el mercado de trabajo estaba muy apretado, con una tasa de desempleo del 4 por ciento, el 40 por ciento de los graduados universitarios empleados de menos de 25 años estaba en trabajos que no requerían el grado. Para 2007, ya eran un 47 por ciento; para 2012, un 52 por ciento. En 2013, según otra encuesta, el 41 por ciento de los americanos que se habían graduado en la universidad en los dos años anteriores estaba en trabajos que no requerían el grado.

A medida que los empleos de nivel bajo los ocupan cada vez más aquellos con cualificaciones altas, la gente con menos formación se ve doblemente estrujada. En las décadas de 1960 y 1970, los egresados del instituto podían obtener empleos en fábricas y esperar alguna movilidad ascendente. En gran medida, esos empleos han desaparecido, y para empleos de baja cualificación en los servicios ahora se entra en competencia con gente que tiene el bachiller e incluso un grado universitario.

Por doquier han brotado síntomas mórbidos. En 2012, el caos del mercado de trabajo cobró dimensiones tragicómicas en Alameda, España, donde se estableció una lotería para conseguir humildes trabajos en el servicio público. Los desempleados solicitaban trabajos de limpiadores y cada mes se seleccionaba a ocho al azar para conseguir los empleos públicos. Además, se seleccionó a cuatro hombres para trabajos en la construcción, mientras que doscientos hombres y mujeres compitieron por tres puestos de barrenderos. Los quince elegidos sobrevivieron con unos 650 € al mes, pero los otros 5.000 desempleados tuvieron que conformarse con nada.

 

El desplome salarial

Durante la era del pacto fáustico, una creciente proporción de los empleados en los países industrializados recibía salarios que los sumían en la pobreza o lo habrían hecho de no ser por la ayuda estatal, principalmente en forma de créditos fiscales y prestaciones concretas tales como los cupones de alimentos

del SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)[7] y los bonos de vivienda en los Estados Unidos (Ehrenreich, 2001). Después del crac, esto quedó mucho más al descubierto. Los empleos ya no sacaban de la pobreza a una grande y creciente proporción de la población en los países de la OCDE.

En 2011, 10,4 millones de americanos entraron en las estadísticas como trabajadores pobres, definidos como aquellos que trabajan al menos 27 semanas al año pero con una renta todavía por debajo de la línea de pobreza. Esto reflejó ampliamente un declive de los salarios por horas. Después de estancarse durante dos décadas, el salario medio por hora cayó entre 2007 y 2011 para el 70 por ciento de los trabajadores americanos en la parte más baja de la escala, con la caída más pronunciada en el quintil más bajo. Tal como mostró el State of Working America 2012 (Mishel et al., 2012), la primera década de este siglo no conoció ningún crecimiento de la renta, la riqueza o los salarios para la mayoría de los americanos.

La formación académica ya no servía de protección. Entre 2000 y 2012, los salarios reales cayeron un 12,7 por ciento para los bachilleres de Estados Unidos y un 8,5 por ciento para los graduados universitarios, acentuándose la caída a largo plazo. También perdieron los beneficios de empresa. La proporción de los bachilleres con seguro médico cayó desde el 23,5 al 7,1 por ciento; para los graduados universitarios cayó del 60,1 al 31,1 por ciento. La cobertura de pensiones cayó respectivamente desde el 9,7 hasta el 5,9 por ciento y desde el 41,5 hasta el 27,2 por ciento (Shierholz et al., 2013).

El estancamiento de los salarios tuvo lugar en casi todos los países industrializados. En los años que siguieron a la crisis, los salarios reales cayeron en el Reino Unido más que en cualquier otro momento de su historia, más que en la Gran Depresión. Es poco probable que haya una revitalización sustantiva. La Resolution Foundation pronosticó en 2012 que los salarios reales no volverían a su nivel de 2000 hasta al menos 2017. El trabajador medio ganaba en términos reales 4.000 libras menos en 2012 que en 2009. Y, debido a los mercados de trabajo flexibles, la peor parte de la inseguridad salarial se la han llevado los que tienen trabajos de baja renta o que entran y salen de ellos. De los 11 millones de pobres en el Reino unido, más de la mitad tenía empleo. Esto tiene enormes implicaciones para una contraestrategia progresista.

El declive secular de los salarios en los países de la OCDE ha coincidido con el declive de su participación en la renta nacional. La UNCTAD (2012) estimó que la participación salarial estaba globalmente en 2008 en su nivel más bajo desde la II Guerra Mundial, mientras que el desempleo estaba en su nivel más alto. El problema se ve agravado porque la erosión de los salarios reduce la demanda agregada de bienes y servicios, lo que empuja hacia arriba al desempleo y presiona más a la baja a los salarios.

Como los salarios son más flexibles, caen más en las recesiones de lo que solían. Eso ayuda poco a elevar la demanda de trabajo, puesto que los trabajadores con rentas decrecientes o más inseguras gastan menos y eso hace que las empresas desplacen su foco de actividades a donde crece la demanda. La UNCTAD reconoció el dilema. Pero hay un problema con su pronóstico (que los gobiernos deberían resistirse al mantra de los «mercados laborales flexibles» y que los salarios nominales deberían subir al mismo ritmo que la productividad media): en un sistema económico abierto, eso requeriría políticas internacionalmente coordinadas inimaginables en un sistema basado en la búsqueda de la competitividad nacional.

No hay razón para creer que volverá la relación paralela entre salarios y productividad. De acuerdo con el State of Working America 2012 (Mishel et al., 2012), la productividad creció más del 80 por ciento entre 1973 y 2011, pero los salarios medios crecieron menos del 11 por ciento. En Alemania, la productividad creció en un cuarto en las dos décadas posteriores a 1991, mientras que los salarios reales se estancaron. En Japón, ocurrió otro tanto. Incluso en la Polonia de rápido crecimiento, los salarios se estancaron mientras crecía la productividad. La OIT informaba en 2012 de que la productividad laboral en los países desarrollados creció dos veces más rápido que los salarios entre 1999 y 2011. Se trata de una tendencia global y no hay razón para pensar que se invertirá. Nace de la debilitada posición negociadora de los trabajadores.

Otra tendencia es el crecimiento de los diferenciales de sueldos y salarios. Hay distintas explicaciones que compiten entre sí (el comercio, la tecnología, la negociación, la flexibilidad, etc.), pero el hecho es que los diferenciales se han disparado. En las tres décadas pasadas, la paga de un director ejecutivo en Estados Unidos subió un 725 por ciento comparado con el 6 por ciento del empleado medio, y la paga de un director ejecutivo era 210 veces mayor que el salario medio en 2011, mientras que en 1978 era 26,5 veces mayor (Mishel y Sabadish, 2012). La cosa era similar, aunque tal vez menos extrema, en casi todos los países del mundo industrializado, incluido el Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania.

En suma, los salarios en el límite inferior de los mercados de trabajo han caído considerablemente y los diferenciales han crecido. En ese contexto, extraña que la Comisión Europea se uniera al coro que demandaba que, en interés de la competitividad internacional, los recortes salariales franceses negociados a principios de 2013 deberían tener su reflejo en España, donde decía que los salarios nominales deberían recortarse en un 10 por ciento adicional. Los recortes salariales «arruinavecinos» son con seguridad la respuesta errónea a la pregunta errónea.

 

Estratificación de los beneficios no salariales

Una clave para entender la reestructuración de la renta social es la erosión de las formas no salariales de remuneración, que han proporcionado cierta seguridad laboral y han ayudado a la desmercantilización del trabajo. Mientras el salariado ha seguido obteniendo beneficios no salariales, los que se sitúan más abajo en el espectro de rentas han ido perdiéndolos, una tendencia que ha contribuido a definir al precariado.

Ningún otro sitio refleja lo que ha ocurrido más crudamente que Detroit, paradigma del sueño americano, bastión de su fortaleza industrial, patria de Henry Ford y emblema del ciudadano industrial. Cuando la globalización desindustrializó lugares como Detroit, la destrucción de empleo supuso que una parte creciente de los costes laborales se cargó los «costes heredados», los beneficios de los ex empleados. En sus buenos tiempos, la ciudad creció a la sombra de la industria automovilística y construyó un sector público con pensiones y seguros médicos acordes con la industria. Pero los ingresos públicos de la ciudad fueron cayendo según se hundía la industria, se estancaba el valor de la propiedad y los residentes más acomodados huían a los suburbios.

Cuando estalló la crisis, la administración Obama rescató a la industria del automóvil con 80.000 millones de dólares en subsidios. Eso no paró lo que le estaba ocurriendo a la renta social de los trabajadores. A la reestructuración del sistema de remuneración y contratación de los empleados de la industria automovilística, con salarios dos tercios por debajo y pérdida de beneficios, le acompañaron durísimos recortes en los servicios públicos. Cuando la ciudad se declaró finalmente en bancarrota en julio de 2013, su director de Emergencias dijo que pretendía recortar el servicio de salud y las pensiones de jubilación con cargo al presupuesto para los trabajadores de la ciudad, lo que daría cuenta de la mitad de los 18.000 millones de dólares de deuda a largo plazo de Detroit, al tiempo que se reducirían todavía más los ya pobres servicios públicos. Tanto los trabajadores industriales como los públicos perdieron la mayoría de sus beneficios no salariales: el declive de los salarios no era más que una parte del colapso de la renta social.

Lo que ocurrió en Detroit se repite en las viejas áreas industriales de muchos países. Para 2011, solo un tercio de los trabajadores del sector privado en el Reino Unido tenía un plan de pensiones patrocinado por la empresa. Solo un 10 por ciento de los empleados del sector privado tenía un plan de pensiones de beneficio definido (relativamente seguro), muy por debajo del 30 por ciento de 2001. Menos de la mitad de todos los trabajadores del sector privado tenían reconocida una pensión aparte de la exigua pensión pública. Los bajos tipos de interés también aumentaron los déficits en los planes de pensiones de las empresas al rebajar los rendimientos de los bonos, lo que aceleró el declive de las pensiones ocupacionales. Para 2012, los planes de pensiones de beneficio definido en Estados Unidos tenían un déficit de 169.000 millones de dólares y no podían satisfacer más que el 72 por ciento de las futuras obligaciones. El salariado también se enfrenta a un futuro incierto.

Los cambios legislativos están facilitando que las empresas recorten sus

prestaciones. Bajo la estadounidense Affordable Care Act (ACA)[8] de 2010 (la «Obamacare»), los nuevos empleados que realicen un promedio menor de 30 horas a la semana pierden el derecho automático a prestaciones sanitarias. Walmart, una de las empresas más grandes de Estados Unidos y defensora de la ley, rápidamente sometió a todos sus empleados a tiempo parcial del año anterior a una «comprobación anual del derecho a la prestación», hizo que muchos trabajaran pocas horas y contrató a más trabajdores a tiempo parcial. Los beneficios no salariales se perdieron, el subempleo aumentó.

Otros han seguido el mismo camino, tanto en el sector público como en el privado. La Universidad pública de Youngstown, en Virginia, limitó las horas de los empleados a tiempo parcial no sindicados a menos de 24 horas a la semana. Buen ejemplo de cómo se erosionan los derechos civiles, sociales y económicos, los trabajadores a tiempo parcial tenían que firmar un impreso reconociendo que la empresa les había informado de que no eran empleados públicos —aun cuando trabajaban en una universidad pública— con lo que perdían el derecho al plan de pensiones públicas de Virgina. Y como muchos, cuales nómadas académicos, habían cogido múltiples tareas docentes, ahora se considera al estado de Virginia el empleador en todos los campus universitarios públicos, de tal modo que el profesorado no puede combinar empleos en campus separados si con ello se supera el límite de tiempo parcial de 29 horas a la semana.

La ACA también ha favorecido el desplazamiento de costes al precariado. Algunas empresas están permitiendo a sus trabajadores trabajar más de 29 horas por semana, pero solo si pagan mayores cotizaciones por el seguro médico o aceptan sistemas de copago. Muchas empresas han suspendido los beneficios médicos. En 2013, la Oficina de Presupuestos del Congreso elevó su estimación del número de trabajadores que perdían los seguros médicos sufragados por la empresa de 4 a 7 millones. La renta social se recortó. Los contribuyentes también están soportando una parte mayor de la factura del sistema de salud, lo que supone que están subsidiando a las corporaciones. La ACA expande los derechos de asistencia sanitaria para gente necesitada (Medicaid) a cualquiera cuya renta llegue hasta un tercio por encima de la línea de pobreza a nivel federal. Así, una empresa donde predominan los bajos salarios como Walmart puede reducir sus costes laborales mientras sube el gasto público, lo cual distorsiona la política fiscal al aumentar la presión para compensar recortando en otras partidas de gasto.

Mientras el precariado ha perdido beneficios no salariales, el salariado los ha ganado, aumentando la distancia económica y psicológica entre ellos. En Estados Unidos, el salariado se ha beneficiado cada vez más de la renta variable, que depende más de las ganancias de la empresa que de sus sueldos o salarios. Un tercio de los trabajadores americanos obtienen parte de su renta de las acciones. Alrededor de la mitad de la población norteamericana tiene un interés financiero en las acciones de Apple, ya que tienen inversiones en índices generales y en fondos de inversión. Entre 2005 y 2011, el valor de la acción de Apple se multiplicó casi por diez, y en el año fiscal 2011 los empleados y los directores de la compañía recibieron acciones por valor de 2.000 millones de dólares y ejercieron sus opciones sobre acciones por valor de 1.400 millones de dólares. Una tendencia ligada a lo anterior es que muchas empresas se han convertido en negocios poseídos por los trabajadores. Alrededor de una décima parte de los trabajadores posee parcialmente la empresa en la que trabajan, y el número se eleva. Sería tan equivocado clasificar a esos trabajadores entre el proletariado como llamarlos «capitalistas».

Puede que otros países no hayan llegado tan lejos, pero la tendencia a recibir más de fuentes no salariales es la misma. Vale para Alemania, donde los empleados regulares han venido ganando más de las acciones que de los salarios. Conforme esta tendencia se haga más pronunciada, el salariado se irá distanciando del precariado que queda por debajo de él.

 

La fragmentación de las prestaciones públicas

Los costes laborales reflejan una combinación de costes salariales y no salariales. En la medida en que las empresas pueden reducir esos costes, pueden hacerse más competitivas y aumentar sus ganancias. Para los trabajadores, la seguridad de la renta depende de los salarios, los beneficios sociales de la empresa y las prestaciones públicas. Estos son los componentes esenciales de la renta social. El precariado ha perdido en todos los aspectos.

China ha estado reconstruyendo la renta social de su fuerza de trabajo. Para 2012, 326 millones de residentes rurales se han acogido a un plan público de pensiones, uniéndose a otros 300 millones de trabajadores urbanos. Esto libró a las empresas de tener que cotizar por las pensiones, con lo que se redujeron los costes laborales en un periodo de crecimiento de los salarios. Otras economías de mercado emergentes, tales como Indonesia, también han cargado sobre el Estado parte de la renta social, contribuyendo así a mantener bajos los costes laborales.

Mientras tanto, en los países de la OCDE, los gobiernos han respondido a la globalización recortando las prestaciones sociales y dificultando el acceso a ellas. Esto ha incrementado la desigualdad, ya que el recorte de prestaciones afecta sobre todo a los grupos de rentas bajas y las prestaciones comprenden una parte más importante de su renta social. Es célebre que en 2011 el alcalde de Newark se dispuso a vivir de los cupones semanales de alimentos del programa SNAP. No lo consiguió. No obstante, más de 47 millones de norteamericanos, muchos con empleo, tienen que depender de ellos. Mientras tanto, millones han perdido sus derechos sociales al ser puestos en condiciones de trabajo flexible. Así, en Japón, el gran desplazamiento de la fuerza de trabajo a la condición de temporal ha venido asociado al descenso de la proporción de los desempleados con derecho a prestaciones por desempleo.

Todos los países de la OCDE están experimentando tendencias similares. Para apreciar el alcance de la tragedia deberíamos recordar lo que ha desatado la búsqueda de la flexibilidad. Si el trabajo se vuelve más inseguro, son menos los trabajadores que pueden hacer contribuciones regulares a la seguridad social. Sin contribuciones, no pueden obtener prestaciones sociales en tiempos de necesidad. Los derechos sociales se pierden. Esto es lo que ha ocurrido. En el Reino Unido, un comité encargado de revisar el sistema impositivo expuso a finales de 2011 que la seguridad social había perdido su objetivo.

En respuesta al colapso de la seguridad social, los gobiernos en los países de la OCDE han tenido que recaudar vía impuestos más dinero para pagar las prestaciones. También han tenido que utilizar alternativas a los registros contributivos para determinar derechos de acceso a la prestación, lo que ha acentuado el cambio hacia un modelo de comprobación de medios. Cuando la asistencia social era una forma residual de protección social, la comprobación de medios se basaba en las necesidades de subsistencia y en medidas como el porcentaje del salario medio. Pero a medida que los salarios declinaron y a medida que la renta salarial del precariado se hizo más volátil y difícil de calcular a largo plazo, los beneficios asistenciales basados en la subsistencia tendieron a subir como porcentaje de los ingresos. Así, haciendo un uso retorcido de las palabras, los políticos justificaron los recortes en las prestaciones diciendo que querían «hacer que trabajar mereciera la pena». Las prestaciones públicas cayeron junto con los salarios.

En 2013, justificando los recortes sociales a los trabajadores en activo, el secretario de Estado de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Iain Duncan, dijo:

La población trabajadora en todo el país se ha estado apretando el cinturón tras años de contención salarial mientras veía al mismo tiempo cómo subían las prestaciones. Eso no es justo. El Estado de bienestar bajo el laborismo atrapó realmente a miles de familias en la dependencia ya que no tenía sentido renunciar a la certeza de un subsidio público para volver a trabajar.

Pero los subsidios no habían subido. Y los salarios reales habían caído. Los beneficios y la renta del salariado habían subido en términos reales. Ahí nadie se apretaba el cinturón. En cuanto a que los subsidios eran «ciertos», una mayoría de los desempleados no estaba recibiendo ningún subsidio por desempleo en absoluto.

Sin embargo, los nuevos recortes en prestaciones públicas golpearon a los perceptores de rentas medias tanto como a los que pertenecían al precariado o estaban por debajo de él. La Children’s Society calculó que los recorte planeados en las prestaciones reduccirían las rentas de 40.000 soldados, 300.000 enfermeras, 150.000 maestros de primaria y guardería, 510.000 cajeros, 44.000 electricistas y más de un millón de secretarios y administrativos. Si bien el Gobierno decía que los recortes iban dirigidos a los «gorrones» y «gandules», lo cierto es que se establecieron para dañar a mucha gente que trabajaba duro por bajos salarios.

Los créditos fiscales, un rasgo propio de la era de la globalización, han planteado un problema particular en la era de la austeridad. Su coste fiscal aumenta a medida que se intensifica la presión a la baja en el mercado laboral. Gran parte del sistema de bienestar, lejos de subsidiar la «ociosidad», se ha orientado a «hacer que merezca la pena trabajar» en un sentido más directo. En un gran abanico de prestaciones, recortar sus costes significa reducir la renta asociada al trabajo. En el Reino Unido, la presión sobre el precariado se ha intensificado porque el Gobierno se ha comprometido a proteger las pensiones públicas, que suponen más de la mitad del gasto social. Comprometerse a recortar las prestaciones sociales en general ha supuesto meter más presión a los trabajadores, lo que incluye los recortes en los créditos fiscales.

En suma, la renta social se ha reestructurado al tiempo que los salarios cada vez son más insuficientes para escapar de la inseguridad económica. Para el precariado, la renta del trabajo no dará para llevar una vida digna. La renta salarial tendrá que ser suplementada con prestaciones estatales, privadas o comunitarias. Pero, por el momento, las prestaciones públicas y comunitarias esenciales se están eliminando. Esto no cambiará hasta que el precariado se decida a actuar para cambiarlo.

 

Reflexiones finales

El pacto fáustico pospuso el declive de los salarios y la renta social, que es parte de la gran convergencia. La era de la austeridad lo ha acelerado, mediante recortes «arruinavecinos» en salarios y prestaciones, acompañados de bajadas impositivas y de más subsidios al capital. No habrá recuperación de los niveles de vida y de la seguridad económica hasta que no se conciba una nueva estrategia progresista para redistribuir la renta y los principales activos de la sociedad moderna.

La segunda década del siglo XXI es la partida final del experimento neoliberal. La plutocracia —y la élite que la alimenta— está cayendo en una criminalidad arrogante y en la manipulación política. Al salariado le ha ido bien, pero muchos de ellos ven que tienen que dedicar más recursos a ayudar a sus hijos adultos y a sus nietos. Hacia abajo, el precariado se extiende. A medida que crezcan él y la subclase, los gobiernos tratarán de controlar sus anómicas protestas al tiempo que los penalizarán.

Hay dos cosas claras. Un nivel creciente de empleo no significa necesariamente menos pobreza, como incluso Alemania ha descubierto, con su creciente número de «trabajadores pobres» (Seils, 2013). Y no es probable que los salarios medios suban en los países de la OCDE. Desde luego no subirán para el precariado. Los que dicen que el empleo es la forma de salir de la inseguridad económica están desafiando la lógica de la globalización, o están siendo ingenuos o deshonestos. Los salarios del precariado seguirán cayendo.

La situación social es cada vez más fea. Eso debería borrar cualquier atisbo de confianza residual en que pueda sostenerse el proyecto neoliberal. Entre las señales de aviso está el aumento de las protestas sociales, incluidos los disturbios. Habría que estar atentos a las políticas populistas. La parte atávica del precariado ha sido atraída hacia las agendas neofascistas en países como Grecia y Hungría. Y la extrema derecha ha atraído a otros hacia la derecha. Se está creando un amargo estado de división. Se están generando más residentes y se está demonizando a más gente cada vez: los inmigrantes, los solicitantes de prestaciones, los discapacitados, las minorías, los jóvenes. la lista crece sin parar. Necesitamos una contraestrategia orientada a las necesidades, las aspiraciones y las inseguridades del precariado. ¿Qué está impidiendo que surja?