04. Cómo combatir el consenso utilitarista

04

 

Cómo combatir el consenso utilitarista

 

Hay dos grandes tradiciones de pensamiento en política social, que pueden denominarse respectivamente utilitarista (o de mayorías) y progresista (o igualitaria). En la era de la globalización triunfó la utilitarista; casi todos los abanderados de la tradición progresista desertaron y se pasaron a los neoliberales, dejando un vacío en la «izquierda», posiblemente por primera vez en la historia.

En este capítulo reflexionaremos brevemente sobre los valores que han dado forma a la retórica y la agenda utilitarista, y los compararemos con los que han guiado durante siglos a la tradición progresista. Elijo un enfoque polémico para dar más contraste al debate, reconociendo que hay zonas grises en el espectro de opinión. La mayoría de los ejemplos se extrae del Reino Unido, que es donde quizá ha llegado más lejos la agenda utilitarista. Pero la deriva es global.

El modelo neoliberal que ha guiado a los políticos, a los asesores políticos y a los principales académicos y comentadores es sencillo. Cree en una economía competitiva de mercado, regulada para asegurar que operen las fuerzas del mercado, con las debidas recompensas para los más aptos, los más competitivos. De ello se sigue que debe haber ganadores y perdedores. Estos últimos deben estar convencidos de que perder es culpa suya, por no ser lo suficientemente competitivos.

El modelo económico ha promovido la mercantilización de la política y un «adelgazamiento» de la democracia. En lugar de estar basados en la clase y de guiarse por valores, los partidos políticos se han convertido en vehículos para la competición con vínculos muy superficiales con las viejas tradiciones. Esto ha fomentado un crudo utilitarismo: la búsqueda de la felicidad de la mayoría. Y si los gobiernos se centran en satisfacer a la mayoría con prestaciones, recortes de impuestos y subsidios, habrá una minoría que saldrá perjudicada. Fortalecer los derechos de ciudadanos privilegiados convierte a los demás en meros residentes y empuja a otros muchos a un inseguro precariado. Estos es aproximadamente lo que ha ocurrido.

 

La micropolítica de las reformas regresivas

Una de las artes oscuras de la política es cambiar las estructuras para hacer que la gente piense lo que los políticos quieren que piense. En el Reino Unido, Margaret Thatcher y sus asesores hicieron eso explícitamente al diseñar una micropolítica de la privatización: primero, asfixiar los servicios públicos dejándolos sin fondos, impidiéndoles funcionar adecuadamente; luego, airear la insatisfacción pública; luego, indicar que los servicios privados son mejores; luego, privatizar servicios de acuerdo con las «necesidades» de la gente, en interés manifiesto de la eficiencia y el desempeño.

Los gobiernos han refinado esa técnica. La última variante lleva el encantador nombre de «paternalismo libertario», que se inspira en ideas de Jeremy Bentham, el padre fundador del utilitarismo a finales del siglo XVIII. La esencia del paternalismo libertario es que se debe dirigir a la gente para que «tome la decisión correcta». Esta perspectiva tiene influencias de Nudge, un libro de dos norteamericanos, Richard Thaler y Cass Sunstein (2008), que utilizaron un lenguaje benthamita sin atribución. Tampoco mencionaron el panóptico de Bentham, un mecanismo de vigilancia que lo ve todo, inicialmente diseñado para las prisiones, y que pretendía identificar a aquellos que «no tomaban la decisión correcta» para poder así castigarlos. Después fue designado Sunstein por el presidente Obama como regulador jefe, con despacho en la Casa Blanca, mientras que Thaler se convirtió en consejero del recientemente elegido primer ministro, David Cameron. Cameron rápidamente constituyó un equipo de expertos en comportamiento en Downing Street, conocido como la Unidad Nudge.

Las técnicas para alterar las opiniones y dirigir el comportamiento han sido fortalecidas todavía más por el control de la plutocracia de los principales medios de comunicación, permitiéndoles afirmar mentiras con impunidad y reforzar prejuicios, utilizando el moderno mecanismo de las encuestas para mostrar que el prejuicio juega en el bando «público». Es una era de medios de comunicación y política «posverdad».

El giro religioso de la política social

Desde la década de 1980, la reforma de la protección social en el Reino Unido y los Estados Unidos ha sido guiada por la religión y las finanzas. En el Reino Unido, las figuras que la han conformado han sido Tony Blair (un converso al catolicismo), Gordon Brown (un hombre con convicciones cristianas), Frank Field (ídem), Iain Duncan Smith (un católico practicante) y un antiguo banquero, David Freud, ennoblecido por el Nuevo Laborismo por sus servicios a la política social, quien se fue con David Cameron cuando vio de qué lado soplaba el viento político y llegó a ministro para la Reforma del Sistema de Bienestar. La asesora especial de Duncan Smith, Philippa Stroud, pertenece a una iglesia evangélica que predica que las mujeres son inferiores a los hombres.

El giro religioso ha sido guiado por el catolicismo, inspirado en la encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum de 1891, que afirma que los pobres tienen el deber de trabajar. El teólogo favorito de Tony Blair, Hans Küng, consideraba que la ociosidad era un pecado. Duncan Smith, el ministro de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, ha dicho que es un «pecado» no aceptar un empleo. Justo después de tomar posesión del cargo hizo una extraña afirmación: «El trabajo realmente ayuda a la gente a ser libre», reminiscente de las palabras grabadas en nuestra memoria colectiva y blasonadas en una de las puertas del infierno en la tierra, la entrada de Auschwitz. Sin duda, la alusión no era intencionada. Pero su observación refleja la ingenuidad que supone igualar trabajo en general a trabajo asalariado e imaginar que los empleos liberan. Debería explicar en qué sentido recoger la basura o limpiar grafitis a cambio de salarios de miseria (las actividades que señaló como trabajo obligatorio) fomenta la libertad.

Los católicos ven a los «pobres» como «caídos», gente que tiene que ser levantada por medio de la caridad y la benevolencia de la Iglesia y el Estado. La doctrina concuerda bien con una sociedad estratificada, con su imagen de «órdenes naturales». El sentimiento que mueve al conservador religioso es la pena. Y, como señaló David Hume, la pena es similar al desprecio. Los perdedores son fracasados que merecen ayuda en la medida en que muestran gratitud y se esfuerzan de verdad. Si no siguen nuestra guía, debería persuadírseles de que se enmienden y, si no lo hacen, deberían ser obligados a ello o castigados. El paso de un pensamiento al otro está bien señalizado.

Por el contrario, un progresista arranca de un sentimiento de compasión. Ese podría ser yo si yo hubiera tomado un par de malas decisiones o hubiera sufrido un accidente. Ese hombre o esa mujer deberían tener la misma seguridad que cualesquiera otros. Solo entonces pueden hacer algo de sí mismos. Pero yo no sé lo que quieren. Eso debería ser problema suyo. Yo no tengo derecho a obligarles a hacer una cosa o la otra. Esta es la postura del progresista.

La política social basada en la fe conduce a valoraciones basadas en la fe. En 2013, Duncan Smith expuso su «creencia» de que poner un tope a la cantidad de prestaciones que podía recibir una familia cualquiera había hecho que la gente encontrara un empleo. Sin embargo, no aportó evidencia alguna que apoyara dicha creencia.

La moralina consiste en culpar a las víctimas como responsables de su desempleo o su pobreza. Por regla general, eso no es verdad. La tasa de desempleo está determinada por las fuerzas y las políticas económicas. Los gobiernos dirigen deliberadamente la economía con laxitud. Los neoliberales sostienen que hay una tasa natural de desempleo que las instituciones y las políticas macroeconómicas pueden alterar. Si se empuja al desempleo por debajo de su tasa natural, se acelera la inflación. Así, el desempleo debe existir, subiendo en las recesiones o periodos de reestructuración. Todos los economistas reputados aceptan alguna versión de este análisis. Y en la era de la austeridad resulta risible oír que el desempleo es culpa del desempleado.

No obstante, siguen haciéndose juicios de valor. Los pobres no somos nosotros. Son merecedores de ayuda o no lo son, o incluso son transgresores. Estos últimos no solo no se merecen nuestra ayuda por norma sino que también son delincuentes. Esto es consistente con la americanización de la política social, donde no se considera al pobre como un hermano o una hermana sino como objeto de reforma, de tratamiento, de readaptación o de terapia.

En el Reino Unido, los dos grandes partidos buscaron en Estados Unidos el modelo para su política de bienestar y, en el caso de los conservadores, contrataron a dos paternalistas americanos como asesores a las pocas semanas de llegar al poder. Uno, Lawrence Mead, un cristiano evangélico, ha dicho que Jesús no dio un trato preferente a los pobres, ha llamado a los teólogos «legisladores sociales no reconocidos» y ha escrito que los desempleados deben ser inducidos a «culparse a sí mismos». En 2010, expresó una agradable sorpresa por el hecho de que su consejo fuera tan bien recibido en Downing Street. El otro era Thaler, que se convirtió en asesor de la Unidad Nudge, cuya tarea, de acuerdo con el viceprimer ministro Nick Clegg, era hacer que la gente tomara mejores decisiones. Esto haría enfurecerse a John Stuart Mill en su tumba.

Con el giro religioso y los paternalistas, la política social se ha vuelto algo moralista, dirigiendo a la gente a comportarse en la forma que los diseñadores políticos consideran que es buena para ellos y para la sociedad. Pero si a uno le dicen lo que tiene que hacer, uno no puede ser moral. El filósofo T. H. Green expresó muy bien este principio liberal clásico en 1879 (1986):

Como la verdadera función del gobierno es mantener unas condiciones de vida en las que sea posible la moralidad, y como la moralidad consiste en la realización desinteresada de deberes autoimpuestos, el «gobierno paternal» pone todo su empeño en impedirlo al estrechar el espacio para la autoimposición de deberes y para el juego de los motivos desinteresados.

Aparte de la religión, la política social ha sido dictada por el utilitarismo, para el que la búsqueda de la felicidad de la mayoría permite una actitud diferente hacia la minoría «persistentemente equivocada». Otro que influyó en la política social del laborismo fue Richard Layard, también ennoblecido por el empeño mostrado y declarado admirador de Bentham. Layard ayudó a diseñar los diversos New Deals del laborismo y se convirtió en su «zar de la felicidad y la terapia», haciendo que el Gobierno obligara a los jóvenes a trabajar y proporcionara terapia cognitivo-conductual a los desempleados. El Gobierno del Nuevo Laborismo también introdujo el fisgoneo en las casas de los solicitantes de prestaciones, disfrazándolo de mecanismo de «ayuda» al desempleado.

 

La división de la sociedad en «ellos» y «nosotros»

Según crecían las relaciones laborales más flexibles se abandonaban los modelos de solidaridad social construidos en el siglo XX. La deconstrucción del Estado de bienestar era parte de la estrategia, pues no encajaba en el proceso de trabajo flexible abierto que se estaba poniendo en marcha.

Aunque variaba de un país a otro, el Estado de bienestar consistía en una mezcla de derechos sociales universales basados en la ciudadanía, un sistema contributivo de seguridad social o nacional, y una asistencia social basada en la comprobación de medios para los grupos sociales marginados. Se basaba en principios de solidaridad. Aunque sexista y laborista (pues vinculaba los derechos sociales a la realización de trabajo), proporcionó un marco que limitaba las desigualdades y legitimaba la reciprocidad, sobre un fondo de derechos básicos. Pero desde la década de 1980 en adelante, este marco fue desmantelado tanto por los gobiernos neoliberales como por los socialdemócratas. Al inclinarse en favor de la comprobación de medios, abandonaron la solidaridad como base de la protección social. Se dejó de lado el respeto por el universalismo, los derechos para todos. Los valores de la compasión, la empatía y la reciprocidad fueron sustituidos por la pena, el desprecio y el individualismo.

Este cambio estaba en la esencia del infame grito de guerra de Margaret Thatcher, según el cual no había «una cosa llamada sociedad». También influyó en la tercera vía del Nuevo Laborismo, con su idea tan atractiva en su sencillez de que no hay «derechos sin obligaciones», y en la insistencia del primer ministro conservador David Cameron en que nadie tiene el derecho de recibir «algo a cambio de nada». Por supuesto, esto ignora el hecho de que los herederos de riqueza reciben mucho a cambio de nada.

La agenda progresista del siglo XX se proponía extender los derechos universales, pero no como resultado del privilegio, de las contribuciones o de obligaciones previas, sino como deber propio en tanto que seres humanos. Pero los caminos elegidos por los socialdemócratas terminaron por incurrir en contradicciones: ligaron los derechos a las viejas nociones de la clase obrera e ignoraron al precariado.

La política social llegó a estar dominada por la «focalización» en «los pobres», una categoría amorfa que asumía el carácter de una subespecie. El argumento de que las prestaciones deberían ir solo a los pobres venía seguido inevitablemente por la distinción entre los «merecedores» y los «no merecedores» de ellas. Esto supuso que los políticos tuvieron que establecer reglas de autorización y desautorización. Y a continuación tuvieron que establecer más reglas para penalizar a los que supuestamente violaban las reglas de autorización. Y como en todo momento es necesario hacer juicios arbitrarios, el sistema genera inequidad.

Hay también una contradicción entre garantizar a todo el mundo el derecho a subsistir y el derecho a una vida digna, y creer que los necesitados de ayuda deberían conformarse con las normas de comportamiento fijadas por el Estado. Irónicamente, los que decían creer en la necesidad de reducir el papel del Estado fueron los que terminaron demandando más regulación estatal de los que necesitan ayuda.

El cambio hacia la comprobación de medios y la «focalización» creó trampas de la pobreza, esto es, situaciones en las que muchos se arriesgaban a perder las prestaciones que excedían del sueldo que podían ganar con los empleos disponibles de bajo salario. Las trampas de la pobreza reclaman más reglas de desautorización y castigos para combatir el inevitable azar moral — decidir no aceptar un empleo mal pagado— y el inevitable azar inmoral — ocultar pequeños incrementos de renta para no perder prestaciones—. Se construye así un edificio de decisiones arbitrarias y juicios moralistas, creando una barrera de creciente complejidad a la plena ciudadanía.

Los políticos convencionales han planteado el problema en términos de la contraposición entre un «nosotros que trabaja duro» y un «ellos», es decir, un montón de vagos que dependen del Estado e inmerecidamente viven de las prestaciones que les pagamos «nosotros» o de forasteros que intentan robarnos «nuestros empleos». Muchos de los que predican este dualismo puede que lo hagan cínicamente, diciéndose quizá que es necesario para evitar ser desbordados por otros que no solo lo creen sino que arrastrarían a la opinión pública más a la derecha. Pocos políticos han tenido el coraje político y la moralidad para desafiar el utilitarismo radicalizado.

El utilitarismo moderno tiene diversas modalidades, pero todas ellas parecen justificar acciones que favorecen a una mayoría contra una minoría, incluso hasta el punto de racionalizar alguna forma de castigo colectivo, más allá del imperio de la ley. Consideremos algunos ejemplos tópicos.

 

«Nuestra cultura» y los «valores liberales»

El caso más descarado es cuando se juega la carta cultural. En 2011, al calor de una intervención en la que la canciller alemana, Angela Merkel, condenaba el «multiculturalismo», el secretario general del Consejo Europeo, Thorbjørn Jagland, dijo: «El multiculturalismo permite que se desarrollen sociedades paralelas dentro de los Estados. Esto debe pararse. También es evidente que algunas sociedades paralelas han desarrollado ideas radicales que son peligrosas. El terrorismo no puede aceptarse» (Hollinger, 2011). Dijo que el multiculturalismo planteaba una amenaza a la seguridad.

Además de ganarse la aprobación de Merkel, Jagland también estaba en sintonía con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien dijo que alentar a las culturas diversas a vivir juntas había dañado la identidad nacional. ¿Qué significa dañar la identidad nacional? Una sociedad contiene múltiples identidades. Uno podría decir que dejar que los antiguos alumnos de Eton o los financieros dirijan un país daña su identidad. No están apenas en ninguna mayoría. Pero obsérvese cómo Jagland pasa del multiculturalismo a las «sociedades paralelas» y al «terrorismo» como si lo primero fuera causa de lo tercero.

En vez de apoyar un sistema que combata los actos individuales de violencia, hay una amenaza velada de castigo colectivo a las minorías que supuestamente tienen culturas separadas. El enemigo son las «culturas» particulares. Es relevante que poco después Sarkozy expulsara de Francia a miles de gitanos, aunque no habían violado ninguna ley y mucho menos habían incurrido en actos de terrorismo. Inconscientemente, la persona que representaba al organismo que defiende a la Convención Europea de Derechos Humanos había contribuido a condenar a residentes políticos y culturales.

El segundo ejemplo no es menos amenazador. En el Reino Unido, en los primeros días de su gobierno, Cameron defendió un «nuevo liberalismo muscular», un término que sugería de todo menos gentileza. Sostuvo que deberían denegarse las prestaciones a aquellos que no mostraran los valores liberales británicos, con lo que combinaba chovinismo y un siniestro utilitarismo con un desprecio por los valores liberales y el proceso debido. ¿Quién decide cuáles son y cuáles no son los «valores liberales» y quién decide si alguien los promueve? A menos que se le impute a alguien un delito que esté tipificado en el código legal y sea hallado culpable en un procedimiento respetuoso con el proceso debido, es antiliberal arrebatar derechos, y mucho más si se trata de grupos, pues ello supone un castigo colectivo.

 

Inmigrantes, «ilegales, sucios, extraños, terroristas»

En años recientes, por todo el mundo, el grupo más señalado para su demonización han sido los «inmigrantes», un término cargado de connotaciones. En el Reino Unido, como en muchos otros países, la principal narrativa ha sido el intento de retirar prestaciones, aunque hacerlo haya sido dificultado por la liberalización de los mercados laborales (incluido el libre movimiento dentro de la Unión Europea) y por el cambio desde un modelo de seguridad social a otro de comprobación de medios basado en las «necesidades».

Un estudio tras otro muestra que los inmigrantes juegan un papel productivo en la sociedad y contribuyen más a la renta nacional de lo que «cuestan» en servicios públicos y prestaciones sociales. Tienden a trabajar duro y aceptan empleos que otros no quieren, incluidos algunos en servicios sociales vitales. A menudo tienen un nivel más alto de formación que los nativos y tienden a ser más innovadores. Con todo, están demonizados como intrusos que «se quedan con nuestros trabajos», que «viven de las prestaciones que pagamos nosotros» y que «amenazan nuestra cultura». Son un objetivo fácil para los utilitaristas que están en la cima de una pendiente muy resbaladiza. La retórica de la «identidad nacional» y el «liberalismo muscular» que pretende denegar derechos a aquellos que no comparten los «valores liberales» se desliza fácilmente hacia una versión más oscura del utilitarismo, que justifica que se penalice a todos los inconformistas que disgustan al establishment político.

En 2013, el Gobierno británico intensificó los controles sobre el terreno en busca de inmigrantes ilegales, enviando escuadrones de funcionarios de inmigración y policía con chalecos a prueba de arma blanca a estaciones de tren en hora punta que se llevaban a la gente para interrogarla. Entonces, en lo que se describió como un modelo piloto que podría extenderse a nivel nacional, el Ministerio de Interior envió furgonetas a las zonas de fuerte mezcla étnica del norte de Londres con todo un despliegue de esposas y un mensaje: «¿Ilegal en el Reino Unido? Vete a casa o afronta el arresto». Los liberales se quedaron sorprendidos, pero seguramente ello estaba incluido en la acción, para darle una publicidad adicional. El experimento de las furgonetas se abandonó luego por inefectivo. Pero fue un ejemplo de democracia restringida, utilitarismo y de la nueva técnica política de «abrir brecha» asociada a Lynton Crosby, el estratega electoral de los conservadores: apelar a un grupo que tradicionalmente apoyaba a los laboristas, blancos con baja formación del viejo núcleo de la clase obrera, que forman la primera variedad del precariado. Tristemente, las encuestas de opinión mostraban que el 47 por ciento apoyaba la campaña mientras que se oponía a ella un 41 por ciento. Vendrán otras acciones similares de este tipo, a menos que aumente el número de gente que adopte una posición basada en valores más que en poses oportunistas.

El precariado terminaba citando la famosa y escalofriante admonición atribuida al pastor Martin Niemöller ante el alza de los nazis en la Alemania de los años treinta, al efecto de que si nadie defiende a ninguna minoría y las abandonamos una tras otra, no quedará nadie que nos defienda cuando nos toque el turno a nosotros. La focalización en los «inmigrantes ilegales» —«indocumentados» o «sin papeles»— recuerda mucho a esa época oscura. Los arrestados eran residentes a los que se negaban los derechos del ciudadano. Debemos resistir.

Los luchadores frente a los gandules

El utilitarismo ha dado una retórica a la política dominante para justificar la retirada de derechos sociales al precariado. De esta forma, los receptores de prestaciones son caracterizados como «ellos»: «gorrones», «dependientes del bienestar social», «ociosos» o «gente que no hace lo correcto». En cuanto tales, deben quedar privados de los derechos propios del ciudadano, porque no cumplen con sus «obligaciones».

En un discurso en junio de 2012, David Cameron ofreció una lista de diecisiete ideas para una reforma del sistema de bienestar, diseñada —decía— para ahorrar 10.000 millones de libras del presupuesto social. Los medios de comunicación citaron «fuentes de Downing Street» que decían que el discurso era «un primer paso para ir preparando a la opinión pública para futuras reformas». Cameron empezó reiterando una distinción dualista entre «los que trabajan duro y hacen lo correcto» y los que viven de las prestaciones. No mencionó que la mayoría —el 60 por ciento— de las personas que reciben ayudas públicas tienen empleo y que presumiblemente trabajan duro para sobrevivir con bajos salarios.

Afirmó que las prestaciones habían animado a la gente a tener hijos y a no trabajar. «Si eres una madre soltera que vive fuera de Londres, si tienes cuatro hijos y tienes una casa de alquiler subvencionado, entonces puedes reclamar del Estado casi 25.000 libras al año. Eso es más que la renta media de un trabajador agrícola y de una puericultora juntos.» Cameron no pedía que los empresarios subieran los bajos salarios de los trabajadores del campo y de las puericultoras. Antes al contrario, se inventó una mujer de paja a la que condenar, yuxtaponiendo la imagen con la de dos tipos de trabajador muy queridos.

El discurso se diseñó para justificar los recortes en las prestaciones y presionar a la gente para que aceptara trabajos mal pagados. El entonces portavoz laborista, Liam Byrne, criticó el discurso solo en el sentido de que recortar los créditos fiscales era la manera equivocada de lograr el objetivo de Cameron, y añadía que estaba de acuerdo en que «había que fomentar el trabajo». El discurso no trataba de la cuestión de los incentivos; trataba de los recortes en las prestaciones y de cómo obligar a la gente a trabajar.

La manipulación de la opinión pública, con la ayuda de unos dóciles medios de comunicación, para que piense que la mayoría de los receptores de ayudas son vagos y dependientes del Estado ha tenido éxito. De acuerdo con la encuesta británica de actitudes sociales realizada por el Centro Nacional de Investigación Social, hay una mayoría que cree que casi todos los desempleados podrían encontrar un trabajo «si realmente se lo propusieran» y dice que las prestaciones por desempleo son «demasiado elevadas y desincentivan el trabajo». Cuando el ministro de Hacienda anunció más recortes sociales a finales de 2012, una encuesta mostró que el 52 por ciento pensaba que los recortes eran razonables. Como observó The Economist (2012):

En un discurso pronunciado en la conferencia de octubre del Partido Conservador, el ministro dibujó un cuadro amable de un ficticio trabajador esforzado de cuello azul, que se levanta temprano para ir a trabajar solo para ver las cortinas corridas de su vecino que «se queda durmiendo y vive de los subsidios». Por desagradable que pueda sonar, es un camino probablemente tan bueno como cualquier otro por el que ir recortando el presupuesto social en tiempos de crisis económica.

La imagen era un reflejo muy distorsionado de la realidad, y apelaba al prejuicio para justificar el recorte de las prestaciones. ¿Cómo puede la deshonestidad ser un «buen camino»?

 

Los jóvenes, «perezosos y no contribuyentes»

El utilitarismo moderno ha visto la demonización de los jóvenes y la erosión de sus derechos. En ese discurso de 2012, Cameron dibujó una imagen de unos jóvenes que se benefician de alquileres subvencionados:

Para literalmente millones de jóvenes, el paso a la independencia supone varios años viviendo en su habitación de la infancia mientras ahorran para emanciparse; mientras que para muchos otros consiste en acercarse al ayuntamiento donde pueden conseguir un subsidio de vivienda a los dieciocho o diecinueve años, aun cuando no busquen trabajo activamente.

Para terminar con esta «cultura de la autorización», dijo que el subsidio de vivienda debería denegársele a cualquiera menor de veinticinco años, que por lo demás no debería estar autorizado a percibir ningún subsidio hasta no haber pagado impuestos.

La realidad es que hay millones de jóvenes que no pueden «ahorrar para emanciparse» porque están en el precariado, con empleos intermitentes y prestaciones interrumpidas. Muchos no pueden vivir con los padres, incluidos los que tienen su propia familia. Negarles el subsidio también empeoraría la trampa de la pobreza, pues los jóvenes no podrían permitirse salir en busca de empleos mal pagados. De hecho, sufren el mayor desempleo y la existencia más precaria. En 1990 los jóvenes tenían un 50 por ciento más de posibilidades que los demás de estar desempleados; para 2013 tenían tres veces más posibilidades.

Entonces Cameron anunció normas más duras para los jóvenes sin empleo, indicando que en algunos países a los solicitantes de prestaciones se les obligaba a hacer algún trabajo a cambio de la prestación en los seis primeros meses tras la pérdida del empleo. Para no ser menos, el Ministerio de Trabajo anunció que introduciría una «garantía obligatoria de empleo» que exigiría que todos los jóvenes desempleados durante más de doce meses aceptaran trabajos mal pagados. Así, los jóvenes en el precariado estaban siendo tratados como residentes a los que se denegaban los derechos del ciudadano.

El discurso de Cameron coincidió con un estudio de la Fundación Intergeneracional que mostraba que los niveles de vida de los jóvenes se habían venido deteriorando desde 2008, y que la brecha intergeneracional era un 28 por ciento más amplia que una década antes debido al mayor desempleo, al incremento en los costes de la vivienda, al estancamiento de los salarios y a la subida de las tasas universitarias. Las políticas propuestas incrementarían la desigualdad intergeneracional, al tiempo que la retórica de Cameron creaba una falsa imagen de la pereza de la juventud.

 

Los discapacitados, «fingidos»

Los discapacitados son otro objetivo. La mayoría de nosotros tiene algún tipo de discapacidad, o la tendrá. Pero en una sociedad basada en la competitividad y la flexibilidad, los impedimentos se convierten en un factor de estratificación y estigmatización. Las desventajas se acumulan. En la era de la austeridad, los políticos y los comentaristas han creado una nueva caricatura, los «discapacitados que no merecen subsidios».

En su discurso de 2012, tras menospreciar a la juventud, Cameron arremetió contra los discapacitados. Refiriéndose a la asignación por discapacidad (DLA)[9], dijo: «No es justo que nadie pueda recibir más de 130 libras de DLA a la semana simplemente por rellenar un trozo de papel. Pero, por otro lado, no es justo que los que tienen una discapacidad severa sufran la pesadilla de tener que rellenar solicitudes de 38 páginas». Esta es la lógica que se utilizaba para descubrir a las brujas viendo si su silla se hundía o flotaba en el agua. El «trozo de papel» es esa solicitud de 38 páginas. ¿Cómo es que es sencilla para el impostor y una pesadilla para los demás? De hecho, 131,50 libras eran lo máximo que uno podía conseguir siendo «prácticamente incapaz de andar» y necesitando atención o supervisión día y noche, si recibía los dos componentes —de atención y movilidad— de la DLA. En 2005, los últimos datos hasta el momento, solo se concedió a 36.000 personas la ayuda más alta por ambos componentes, menos de la quinta parte de todos los que tenían una DLA adjudicada y menos de la décima parte de todos los solicitantes de DLA.

Cameron dijo que era consciente de que había solicitantes de subsidios por incapacidad que eran aptos para trabajar, sugiriendo que esto era algo extendido y que sería necesario hacer que los que gozan de subsidios por enfermedad se esfuercen más por mejorar su salud, con lo que sugería que la gente quiere estar enferma. En ese estilo utilitarista que desprecia la verdad, el primer ministro estaba sugiriendo, sin evidencia alguna, que había muchos solicitantes que no se merecían la ayuda, avivando la hostilidad hacia los discapacitados. El «delito de odio» a los discapacitados se ha doblado desde el comienzo de la crisis financiera y los discapacitados se han visto crecientemente sometidos a insultos y atropellos.

Las pruebas de «aptitud para el trabajo» introducidas por el gobierno laborista se han endurecido más aún y han dado como resultado que haya más gente discapacitada que ha perdido sus derechos sociales, pese a la evidencia de que los métodos de evaluación son injustos y nada fiables. El castigo colectivo ha producido una pérdida de derechos civiles y sociales.

 

«Las reinas del bienestar que viven en mansiones»

Otra minoría imaginaria sobre la que se ha puesto el foco consiste en la gente que vive en viviendas sociales subvencionadas, descrita como gente desempleada que no quiere «trabajar», que solicita subsidios de vivienda para ocupar casas espaciosas, con habitaciones de sobra y lujos que el trabajador medio no puede permitirse. Aunque el número de personas que encaja en esta caricatura es despreciable, la imagen ayudó a legitimar la fijación de un tope en el subsidio que las familias podían demandar, al margen de sus necesidades, y un recorte en el subsidio de vivienda para aquellos que supuestamente tienen «habitaciones de sobra»: es el «impuesto de habitación».

En su discurso de 2012, Cameron propuso que los ayuntamientos dieran prioridad en las listas de espera de vivienda social a aquellos «con trabajo» en lugar de los que estaban más necesitados. El líder laborista hizo la misma propuesta poco después. Se golpeará con más dureza al precariado, el grupo con el mayor riesgo de desempleo. Este movimiento denegará un derecho social a los que ya tienen denegados sus derechos económicos. De hecho, solo uno de cada ocho beneficiarios de subsidios de vivienda estaba desempleado. Se necesitaban mayores subsidios, ya que la escasez de viviendas ha hecho subir los alquileres, que se han incrementado más que los salarios. El plan de Cameron de vincular los subsidios de vivienda a los salarios y no a los precios será un duro golpe para el precariado. Los salarios están bajando, los costes de la vivienda están subiendo, así que ¡recortemos los subsidios! Es injusto.

 

Los okupas como enemigos públicos

En la sociedad desigual del Estado neoliberal, la falta de techo se ha convertido en un lugar común, y su extensión se aprecia solo parcialmente por el número de gente que duerme al raso, bajo las marquesinas de las paradas de autobús, en estaciones de tren, en parques, hostales especiales, etc. Muchos mendigan un lugar entre amigos y familiares. Muchos se van de okupas. En algunos países como Italia, la okupación se ha convertido en una reacción masiva por parte del precariado. En Roma, mil personas, muchas de ellas inmigrantes del sur del país, algunos de África y Latinoamérica, tomaron unos barracones en desuso del ejército y convirtieron las habitaciones en apartamentos improvisados. Tal fue la popularidad que alcanzó esta acción entre el precariado de Roma en general que el alcalde decidió dejarlos en paz.

Sin embargo, el Estado entiende que la okupación irrestricta alimenta la desobediencia civil y el abandono del respeto por la propiedad privada y pública. Así, en lugar de afrontar las causas del fenómeno okupa, la mayoría de los gobiernos ataca a los okupas y penaliza a las víctimas. En el Reino Unido, ahora es un delito penal ocupar una casa abandonada. Sin embargo, a menudo las personas sin hogar no tienen otra opción real. Los albergues registrados están saturados y muchos van a tener que cerrar por falta de subvenciones. Una sentencia judicial ha empeorado la cosa al dictaminar que los que utilicen los albergues nocturnos no pueden solicitar subsidios de vivienda. Los consejos locales, especialmente los ricos, han presionado al Gobierno para que reforme la Ley de Vivienda de 1986 y tengan así más facilidades para rechazar las solicitudes de vivienda de los jóvenes sin techo y para eliminar el derecho de apelación contra las denegaciones.

En mayo de 2013, la policía irrumpió en un edificio en desuso en Ilford, un suburbio de Londres, para desalojar a un grupo que dormía allí, confiscándoles los sacos de dormir y la comida, que les habían donado organizaciones benéficas y particulares. El inspector jefe a cargo dijo: «El público confía en la policía para reducir el impacto negativo de los que duermen en la calle» (Fogg, 2013). Así, los okupas no son miembros del público; son residentes en todos los sentidos.

 

Los «Philpotts»

A principios de 2013, un tipo odioso, Mick Philpott, que había tenido 16 hijos con tres mujeres, fue condenado a muerte tras prender fuego intencionadamente a su vivienda de protección pública, matando a seis de sus hijos. En la cobertura que se hizo de este sorprendente crimen, los medios de comunicación se aferraron al hecho de que Philpott estaba desempleado y recibía subsidios. El ministro de Hacienda lo aprovechó para decir que los asesinatos planteaban cuestiones sobre el sistema de bienestar. El primer ministro mostró su acuerdo. El mensaje era que los subsidios habían permitido que Philpott llevara una vida depravada, lo que mostraba que los subsidios era depravantes y que requerían reformas del sistema de bienestar. The Economist (2013) describió el crimen como «un crimen sintomático» que influiría en la opinión pública y en las medidas políticas.

A. N. Wilson, una prominente figura literaria, escribió en el Mail on Sunday, un periódico popular, que Philpott encarnaba lo que iba mal en el sistema de bienestar (Wilson, 2013). Dijo que el caso «destapó el sombrío y a menudo grotesco mundo de los parásitos del Estado de bienestar, de los que no hay docenas ni cientos, sino decenas de miles en nuestro país», con lo que sugería que este caso único era típico de los que viven de los subsidios. No aportó evidencia alguna. Simplemente afirmó que el sistema animaba a Philpott a vivir en un trío con su esposa y otra mujer, a maximizar los subsidios por hijo y otros subsidios. En apoyo de las reformas del Gobierno, Wilson añadió:

El Gobierno sostiene tranquilamente que lo inmoral es dejar que familias como la de Michael Philpott languidezcan durante generaciones a base de vivir de los subsidios. De hecho, Philpott

nunca siquiera intentó buscar un empleo. Los niños debían su existencia al deseo de Philpott de ordeñar al sistema de bienestar.

Al parecer, Philpott había estado en el Ejército británico. Estando en él, fue acusado de intento de asesinato, años antes de que empezara a recibir subsidios. ¿Por qué Wilson no atribuyó su comportamiento violento al hecho de haber estado en el Ejército? Antes al contrario, con una prosa claramente pensada para inflamar las emociones, Wilson continuó: «Esos seis niños, convertidos en ceniza por nada, eran de algún modo los niños de esos seres humanos benevolentes que, hace unos cuantos años, crearon nuestro sistema de prestaciones públicas».

Wilson entonces atribuyó los disturbios de Londres de 2011 a la «perversión de nuestro sistema de bienestar»:

Nos hemos convertido en un país donde la moralidad ordinaria —el sencillo concepto de que uno no coge lo que no es suyo— no parece funcionar para una buena parte de la sociedad. Muchos de los saqueadores tenían empleo a tiempo completo, muchos eran adultos, pero aún tenían la moralidad de Philpott: se les había programado para creer que tenían derecho a «algo a cambio de nada». Lo que mostró el caso Philpott fue la generalización del mal causado por la dependencia de los subsidios.

Lo que Wilson no quería contemplar era la posibilidad de que los disturbios surgieran de una sociedad basada en la mercantilización y en una desigualdad sin precedentes que estaba generando grandes tensiones, alienación anómica y frustración de estatus. Esos disturbios fueron provocados por la policía, que disparó a un joven en circunstancias turbias que todavía, más de dos años después, esperan una aclaración.

Moralizar sobre el mal de los subsidios es lo que terminan haciendo los que aceptan la desigualdad, en gran parte debida a los privilegios heredados. Wilson, como Cameron y Osborne, creció en el seno del privilegio, con todos los beneficios que se derivan de la opulencia y el alto estatus. Iain Duncan Smith, el ministro que Wilson proponía para llevar a cabo las reformas del Estado de bienestar, vivía en una propiedad de 1.500 acres heredada por su mujer —«algo a cambio de nada»—, que recibió más de un millón y medio de euros en subsidios agrícolas de la Unión Europea a lo largo de una década, a cambio de lo cual no había hecho nada. Wilson no dijo que estos enormes subsidios no ganados habían producido una «generalización del mal».

Artículos como el suyo, avivados por comentarios ocasionales de políticos veteranos, crean caricaturas que ayudan a construir una distopía utilitarista. La historia de Philpott fue de hecho una parábola de la época, pero no la que Wilson pretendía.

 

Los mayores, «su próximo turno»

Los mayores se han convertido en una parte vociferante de la mayoría utilitarista. En Gran Bretaña, como en otros países, los pensionistas de la tercera edad fueron el único grupo protegido en la era de la austeridad y fueron excluidos de los planes de Cameron en su discurso de junio de 2012. Nuevamente, esto fue política utilitarista, pues los mayores son una parte creciente de la población, tienen una propensión a votar por encima de la media y muestran mayor inclinación a votar a los conservadores. Sin embargo, los pensionistas, particularmente los que experimentan inseguridad económica, deberían estar alerta. Las propuestas que están en el aire implican someter a comprobación de medios determinadas prestaciones que reciben, tales como bonos de transporte gratuito. Uno puede anticipar lo que está por venir atendiendo a las imágenes de pensionistas merecedores y no merecedores.

 

Los huelguistas como «gandules»

En junio de 2012, el Gobierno del Reino Unido encontró otra minoría a la que apuntar y propuso recortar derechos a la prestación a los trabajadores con bajos salarios que fueran a la huelga. En aplicación de las normas que resultan de la Ley de Asistencia Nacional de 1948, los trabajadores en huelga siguen recibiendo el subsidio de vivienda y los créditos fiscales del trabajo durante un máximo de diez días, así como créditos fiscales extra si pierden la paga. Pero Duncan Smith dijo que con el modelo planeado de crédito universal (que consolida diversos subsidios en un solo pago), estos derechos desaparecerían. En justificación de la medida, el ministro dijo:

Es totalmente erróneo que el actual sistema de subsidios compense a los trabajadores y ponga un tope a su ingreso cuando van a la huelga. Esto es injusto para el contribuyente y crea incentivos perversos. La huelga es una elección, y en el futuro los solicitantes de prestaciones tendrán que pagar un precio por esa elección que, como en el caso del crédito universal, ya no pagaremos nosotros (Peev, 2012).

El argumento presume que alguien en huelga va a la huelga voluntariamente y sin una causa justa. La medida restringe el derecho a la huelga, que tanto trabajo costó conseguir, privando a los trabajadores de sus derechos sociales. Más de un millón de trabajadores en el Reino Unido fueron a la huelga en 2011, la mayoría trabajadores mal pagados del sector público, tales como enfermeras, profesores ayudantes, limpiadores y trabajadores del transporte. Muchos estaban en el precariado. Serán penalizados doblemente por las nuevas reglas, con pérdidas tanto de prestaciones como de salarios. Es un utilitarismo de clase.

 

Una tarjeta utilitarista de control

En suma, la tendencia de la política utilitarista es la de crear minorías, convertirlas en candidatas a la rescisión de derechos y transformarlas en residentes con la aprobación de una mayoría de ciudadanos. A cada minoría se la describe como «no merecedora». En el Estado neoliberal, estas minorías se solapan de manera acusada con el precariado.

El Estado se está haciendo más dirigista y punitivo hacia esas minorías, proponiendo formas de castigo colectivo justificadas con caricaturas. En 2013, el Gobierno del Reino Unido propuso que las madres con niños de tres años tenían que preparar un currículum para buscar trabajo o de lo contrario perderían prestaciones; el líder laborista dijo lo mismo, y añadió que bajo un gobierno laborista se exigiría que los padres «sin trabajo» con niños en preescolar pasaran «entrevistas regulares en la Oficina de Empleo, tomaran cursos de formación y descubrieran qué oportunidades existen» para estar preparados si eran requeridos para «volver al trabajo» cuando el niño más pequeño cumpliera los cinco (Miliband, 2013). Duncan Smith es conocido por haber propuesto la retirada de la ayuda infantil a los niños a partir del segundo año de vida. ¿Por qué tiene la gente que estar sujeta a semejantes dictados paternalistas? Invaden la libertad.

Los utilitaristas neoliberales son paternalistas moralistas, que quieren recortar las prestaciones a las minorías para que la mayoría pueda pagar menos impuestos. Esto es por lo que trazan un dualismo entre «contribuyentes» y «solicitantes», aun cuando los contribuyentes son los principales beneficiarios de las prestaciones.

 

El instinto progresista

¿Cuál es la alternativa al utilitarismo? Los progresistas parten de la premisa de que las desigualdades son acentuadas por las fuerzas del mercado, la competencia y la explotación, que son moralmente inaceptables y que pueden reducirse. Al ver la sociedad en términos de clase, y no solo como un agregado de individuos, creen que las políticas públicas deben respetar los principios de la compasión y la empatía.

La compasión es un sentimiento de preocupación por los otros que despierta un deseo de aliviar su sufrimiento. Inspira altruismo. La compasión requiere de la empatía, la capacidad de imaginarse a uno mismo «en la piel del otro». En lugar de dividir a la gente en «ellos» y «nosotros», una imaginación empática reconoce a todos como merecedores de apoyo y dignidad, apreciando que también nosotros podríamos estar en la posición de los desfavorecidos. También permite al otro ser diferente: Karl Polanyi ([1944] 2001) dio en el clavo cuando dijo: «El socialismo es el derecho a ser no conformista». Quería decir que las instituciones deberían preservar el espacio para ser diferentes. Obligar a todo el mundo a ser «normal» es un anatema.

La celebración de la empatía conecta con una tradición que se remonta a Aristóteles, fue rescatada para la modernidad por Hannah Arendt, y dice que realizamos la libertad en asociación, porque solo actuando de forma concertada podemos descubrir lo que significa la plena libertad. Esto es la libertad republicana. La empatía y la compasión significan que, aun cuando quizá no entendamos o no nos gusten vuestras ideas y acciones, no tenemos derecho a condenaros o castigaros a menos que hagáis daño a terceros. Incluso entonces, un progresista debería aceptar que los castigos están justificados solo si se descubre que se ha violado una ley democráticamente aprobada mediante un procedimiento que respeta el proceso debido.

La diferencia entre un utilitarista y un progresista puede ponerse de relieve en el papel que juega la empatía en las actitudes frente al desempleo. Un neoliberal entiende que el desempleo es culpa de la persona, algo «voluntario», o se debe a que la persona es poco competitiva o no lo suficientemente «empleable». Hay un fuerte tono moralista. Un progresista ve el desempleo principalmente como el resultado de las disfunciones del mercado, los errores del gobierno, el mantenimiento deliberado de la atonía laboral para controlar la inflación y los incentivos equivocados. En estas circunstancias, el afortunado les debe un derecho a prestaciones compensatorias a aquellos que son lo bastante desafortunados como para ser los desempleados.

El papel de la empatía en ese razonamiento es claro. La empatía es lo que separa a los utilitaristas de los progresistas. Hay quien cree que la historia está marcada por la expansión de la empatía, de la familia a la tribu y a la nación (Rifkin, 2009). Pero ampliar simplemente el círculo de contactos no refuerza la empatía. Puede diluirla. En realidad, una más amplia sociedad de mercado penaliza la empatía a favor del egoísmo y el oportunismo competitivo. La empatía social se debilita debido a las desigualdades y la estratificación social: son pocos a los que les resulta fácil imaginarse en la posición de los otros. Diversos estudios de psicología (por ejemplo Kraus, Côté y Kelter, 2010) han descubierto que los ricos tienen menos empatía y compasión que los demás. Y si hay poca movilidad social, la gente tiende a racionalizar su falta de empatía. En la medida en que la élite, el salariado y los trabajadores del núcleo no están expuestos a las inseguridades del precariado, tendrán poca empatía hacia él. Así que serán fácilmente persuadidos para que apoyen medidas que golpeen al precariado.

En un ejemplo mayúsculo de falta de empatía, Lord Freud, ministro británico para la Reforma del Sistema de Bienestar y antiguo banquero, dijo que la razón por la que cada vez hay más gente que recurre a los bancos de alimentos era la oportunidad de conseguir comida gratis, pues la mayor oferta de «un bien gratuito» creaba su propia demanda. La realidad es que mucha gente desesperada, en el lado equivocado de los cambios en las normas asistenciales, pasaría hambre sin las raciones de comida que proporcionan los bancos de alimentos. Sugerir que simplemente van detrás de un «plato gratis» muestra una extraordinaria insensibilidad ante la privación, lo que es mucho peor viniendo de alguien que supervisa la reforma del sistema de bienestar.

La pérdida de empatía social en la distopía neoliberal se ha visto reforzada también por otros cambios. La escuela se ha hecho más funcionalista y se ha entregado a la preparación «capital humano» para el empleo a expensas de las disciplinas liberadoras de educación moral. Entrar en contacto con la gran literatura realista universal, por ejemplo, instila empatía y desarrolla la capacidad de entender las complejidades de la condición humana. Los antiguos griegos dedicaban mucho tiempo al teatro, que era parte de la schole y ayudaba a reproducir la empatía. El modelo neoliberal rechaza semejante uso del tiempo, que no aporta nada al crecimiento o la competitividad.

La empatía también se ha erosionado por culpa del cambio hacia la comprobación de medios, la disminución del universalismo y la privatización de servicios sociales públicos. Los que triunfan económicamente consiguen mejores servicios que el precariado y los de su entorno. Un verdadero sector público se rige por un ethos de universalismo y empatía. Todos son iguales y llegan como ciudadanos. Los servicios privatizados se convierten en vehículos de la desigualdad. Los que pagan, demandan y esperan un trato mejor y más rápido que los rebajados a meros suplicantes.

Quizá el factor más ignorado en la erosión de la empatía haya sido el desmantelamiento de los gremios ocupacionales (Standing, 2009). Eran vehículos para la transferencia intergeneracional de códigos de ética, de conducta y de reciprocidad. Por deficientes que sean en cuanto instituciones captadoras de rentas, proporcionaban un marco laboral en el que se reproducían la ética y la reciprocidad. Al desmantelarlos, los gobiernos mataron la principal fuente de empatía social.

Aunque el desafío progresista es revitalizar la empatía, también es ese el caso de otro valor progresista: la solidaridad social. Necesitamos instituciones con las que defender nuestro bien común. La solidaridad solo puede sostenerse mediante grandes y pequeños «pelotones», reconociendo que cada interés debe estar representado en ellos. En el modelo neoliberal, esos organismos negociadores son rechazados por considerar que distorsionan el mercado. Los plutócratas, la élite y el salariado no los necesitan; pueden contratar abogados y contables.

 

El otro pacto fáustico de los socialdemócratas

En la década de 1990, los socialdemócratas hicieron su propio pacto fáustico. Para ganar credibilidad con su versión de «la clase media» y sus potenciales partidarios, abandonaron los principios de solidaridad con la brevemente popular tercera vía y optaron por la flexibilidad del mercado laboral y las políticas focales de bienestar basadas en la comprobación de medios, con un mundo laboral endurecido en los márgenes. Esto quedó encarnado en la promesa del presidente norteamericano, Bill Clinton, de «acabar con el Estado de bienestar tal como lo conocemos». Otros siguieron sus pasos.

Al hacerlo, entregaron el espacio tradicionalmente ocupado por los progresistas, pues la comprobación de medios precisa de la distinción entre los pobres merecedores y los no merecedores. El pobre se convirtió de nuevo en una categoría social, y se puso el acento en reducir su número. Los principios de compasión, empatía y solidaridad fueron abandonados y los socialdemócratas ayudaron a legitimar un cambio de perspectiva en el modo de mirar la sociedad. Ninguno de los grandes partidos se mantuvo fiel a los valores progresistas.

En el Reino Unido, este pacto fáustico acabó con las elecciones generales de 2010, época en que la mayoría de los partidarios del laborismo había llegado a creer en la dicotomía entre merecedores y no merecedores. Estaban convencidos de que el partido laborista no había hecho lo suficiente para impedir que los no merecedores recibieran prestaciones mientras se les denegaban a ellos mismos. En 2013, la Fundación Joseph Rowntree descubrió que ya ni siquiera los partidarios del laborismo creían que la injusticia social era la principal causa de la pobreza: solo un 27 por ciento lo creía frente al 41 por ciento de 1986. Al contrario, el 27 por ciento de los partidarios del laborismo decía que la vagancia y la falta de fuerza de voluntad eran las causas principales, comparado con el 13 por ciento que dijo eso en 1986.

Al laborismo le salió el tiro por la culata. Pero siguió adelante e intentó presentar una estrategia tan dura como la del Gobierno. En un momento en el que las reformas estaban empeorando la pobreza, el entonces portavoz laborista de trabajo y pensiones, Liam Byrne, dijo que los recortes en prestaciones eran un impuesto de los «luchadores» y que el Partido Laborista atacaría «el gran mal de la dependencia de las prestaciones». En ese caso, ¿por qué no se centró en los subsidios que van a la élite y al salariado? Si los socialdemócratas entran en el juego de los prejuicios, contribuyen a legitimarlos. En lugar de desafiar esos prejuicios e intentar apartar a la gente de ellos, el partido laborista ha intentado ganar popularidad alineándose con lo que cree que es la opinión mayoritaria. Por querer evitar la crítica de la derecha, traicionó la herencia progresista. El progresismo siempre se ha arriesgado a una impopularidad a corto plazo por desafiar las formas establecidas de pensar.

 

Principios de justicia social

En la agenda progresista reina la confusión. Se necesita un contramovimiento para la transformación global. En la segunda mitad de este libro se proponen más elementos. Sin embargo, podemos preparar el terreno sugiriendo cinco principios de justicia (desarrollados en Standing, 2009) por los que debería juzgarse cualquier propuesta.

El primero es el principio de diferencia en seguridad. Se deriva de la obra seminal de John Rawls (1971), un liberal progresista. Dicho sucintamente, una política o cambio institucional es socialmente justo solo si mejora la seguridad de los grupos más inseguros de la sociedad. Numerosas medidas utilitaristas violan este principio. La seguridad básica debería ser un derecho humano.

El segundo es el principio de la prueba de paternalismo. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si no impone controles a determinados grupos que no impone a la mayoría de los grupos libres de la sociedad. El paternalismo es un resultado generalizado del neoliberalismo y el utilitarismo. Los neoliberales dicen creer en el libre mercado desregulado. Pero han dedicado una enorme cantidad de esfuerzo a construir un marco regulador más estricto para dirigir el comportamiento de los que están en el precariado y su entorno. A menos que se apliquen las mismas reglas tanto a los ricos ociosos como a los pobres ociosos, obligatoriamente suspenderán la prueba de paternalismo. A menos que se nos permita a todos perseguir nuestra idea de la libertad sin la dirección del Estado, el principio será ignorado.

El tercero es el principio de los derechos y no de caridad. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si fortalece los derechos y no aumenta el poder discrecional y no controlable de los que tratan con los ciudadanos. La caridad es bienvenida, pero debe ser marginal. Dar a los burócratas y sus agentes un poder discrecional, permitirles una dominación que es incontrolada y arbitraria, es un paso claramente regresivo que socava la libertad, de los grupos vulnerables mucho más que de los demás. Las políticas que requieren que la gente muestre deferencia y una humildad agradecida son ofensivas. El cuarto es el principio del trabajo digno. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si promueve la capacidad de buscar trabajo que sea dignificador y satisfactorio en otros sentidos. Esto exige el respeto por todos los tipos de trabajo, no solo por el trabajo remunerado en actividades subordinadas.

El quinto es el principio de contención ecológica. Esto es fundamental hoy. Una política o cambio institucional son socialmente justos solo si no impones externalidades ecológicamente dañinas. Por ejemplo, un programa de creación de empleo que dé como resultado más contaminación o degradación medioambiental es inaceptable. Los empleos son instrumentales, no un fin en sí mismos. Por supuesto, hay equilibrios. Pero el respeto por el principio exige que se busquen constantemente alternativas a las actividades que ponen en riesgo el medio ambiente de hoy y de mañana, y la sostenibilidad de las especies.

¿Dónde nos llevan estos cinco principios? Deberían llevarnos a pedir que la protección social sea reformulada desde una perspectiva progresista en la que las inseguridades del precariado tengan prioridad. Podríamos llamar a esto una estrategia de «empatía social». Y los elementos del manifiesto del precariado expuesto más abajo deberían ser evaluados con los cinco principios en mente.

 

Reflexiones finales

El utilitarismo podría conducir a algo parecido al neofascismo, con un control autoritario sobre las minorías. La era de la austeridad ha creado una tormenta perfecta de efectos adversos: estancamiento económico, inseguridad crónica, desigualdad creciente y una política mercantilizada de dudosa moralidad. El modo utilitarista de pensar establece dicotomías. Cuando un primer ministro divide a la gente en los que «hacen lo correcto» y los que no, quiere decir que los que no hacen lo correcto no deberían tener los derechos otorgados a los que sí. Para traducir eso a políticas concretas, hay que definir, medir y controlar reglas. En cuanto se abre esa puerta, las regulaciones dirigistas y el control estatal crecen. El resultado es una pérdida de libertad para el precariado.

A los desempleados se les dice que tienen que buscar trabajo todos los días y estar a disposición permanentemente. Deben estar preparados para mudarse de casa e ir adonde no tienen amigos, parientes o un sistema de apoyo. Deben renunciar a la vivienda social si tienen una habitación vacía sin uso habitual. Esto no es libertad. Esto es el Gran Estado moralista y coercitivo.

Una interpretación de lo que está pasando es que la «sociedad» se está contrayendo, en el sentido de que está cayendo la proporción de gente con plenos derechos de ciudadanía. Pero una de las lecciones de la historia es que, conforme crecen los grupos de extraños, también crece la percepción de ilegitimidad de las estructuras que los hacen extraños. En algún punto, el edificio se hace inmanejable, pues es demasiada la gente a la que se hace daño. No debe perderse la oportunidad que brinda ese momento para un cambio radical en una dirección progresista.