1936
3. Las tres Españas de 1936
3
LAS TRES ESPAÑAS DE 1936
La persistencia de la imagen de las «dos Españas» como causa última de la
guerra civil es más que notable en la conciencia pública y en algunos
escritores y publicistas de mayor o menor éxito. Sin ir más lejos, la
recientemente fallecida escritora extremeña Dulce Chacón, autora de una
novela de éxito sobre testimonios de los vencidos (La voz dormida, Madrid,
Alfaguara, 2002), declaraba con aplomo a un diario nacional sobre el tema en
noviembre de 2002: «El conflicto entre las dos Españas no ha terminado»[1].
Y pocas semanas después, la solemne declaración aprobada por unanimidad
en el Congreso de Diputados sobre «reconocimiento moral de las víctimas de
la Guerra Civil» encabezaba su texto con la cita de un muy famoso verso de
Antonio Machado: «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios / Una
de las dos Españas / ha de helarte el corazón»[2].
Varios años antes, con ocasión del cincuentenario, en 1986, una casi
desconocida encuesta entre 1065 personas efectuada por la Fundación
Salvador Seguí (por encargo de la Confederación Nacional del Trabajo)
ofreció los siguientes resultados sobre su concepto de la guerra civil: el
40,8 % la consideró «una guerra entre derechas e izquierdas»; un 30,6 % la
percibía como «un conflicto armado entre clases sociales»; el 16,3 % la veía
como «una guerra contra el fascismo»; y un mero 2,2 % la interpretaba como
«una cruzada contra el ateísmo y el materialismo»[3].
A tenor de esas respuestas y de otros síntomas análogos, resulta
incuestionable el elevado grado de dualismo alternativo en las concepciones
populares sobre la guerra civil, refrendado como está por el hecho evidente de
que la contienda configuró un frente de lucha que dividió sin remedio en dos
campos enemigos a la sociedad y al territorio español. Y, no obstante, quizá el
mayor logro de la investigación historiográfica más reciente consiste en haber
demostrado la patente inadecuación de ese esquema binario para comprender
cabalmente la génesis, estallido, curso y desenlace del propio conflicto. Como ha señalado Julián Casanova certeramente: «aquélla no era únicamente una
España dividida entre izquierda y derecha, oligarcas y pueblo, o socialistas y
cedistas». Porque la guerra civil estaría conformada por «muchas guerras»
paralelas y latentes, todas ellas de origen previo a julio de 1936. En palabras
de Santos Juliá:
Lo que ocurrió fue desde luego lucha de clases por las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un sombrero o calzarse con alpargatas los pies, pero no fue en menor medida guerra de religión, de nacionalismos enfrentados, guerra entre dictadura militar y
democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo[4].
En efecto, no cabe duda de que los frentes de combate tallados en julio de
1936 dividieron en dos a la sociedad y al territorio español. Y tampoco cabe
duda de que esa división fáctica tomó cuerpo sobre la base de las dos Españas
bien reales que se habían ido articulando desde el punto de vista geográfico,
productivo, ocupacional y de poblamiento a lo largo de todo el siglo XIX y
durante el primer tercio del siglo XX.
No en vano, como se verá con mayor detalle posteriormente, la República
y sus partidarios se hicieron fuertes en aquella España básicamente urbana (la
zona centro constituida por el eje Madrid-Barcelona-Valencia y la franja
norteña desde la cuenca minera asturiana a Bilbao), empleada sobre todo en
actividades económicas de carácter industrial o terciario, con una estructura
socio-ocupacional notablemente diversificada, con población
mayoritariamente alfabetizada e inmersa en un marco cultural pluralista, que
era partícipe de un proceso de modernización lento pero sistemático.
Por su parte, la insurrección militar se consolidó de inmediato en aquella
España básicamente rural (el bloque noroccidental desde Galicia a Aragón,
pasando por Navarra y Castilla la Vieja, con su extensión en el foco andaluz
en torno a Sevilla), ocupada principalmente en actividades productivas
agrarias y ganaderas, con una estructura socio-ocupacional menos
diversificada, donde predominaba la población analfabeta y las formas
culturales más tradicionales, y cuya dinámica económica era precaria y
atrasada en comparación con las zonas modernizadas.
Para hacer visibles esas dos Españas geográfico-sociales bastaría
contrastar la situación existente en el campo minifundista gallego, en la zona
cerealícola leonesa o en las dehesas latifundistas cacereñas, con la situación
imperante en áreas de aglomeración urbana como eran la capital madrileña, la
industriosa ría de Bilbao o las comarcas fabriles en torno a Barcelona.
Aceptada la existencia de esa España dual (una en vías de modernización,
otra estancada en el atraso), hay un grave obstáculo para trasponer la misma al plano del protagonismo político y de la actuación social. Porque sobre la
base física de esas «dos Españas» no surgían dos proyectos políticos con sus
respectivos apoyos sociales, sino tres núcleos de proyectos políticos muy
distintos y antagónicos: el reformista democrático; el reaccionario autoritario
o totalitario; y el revolucionario colectivizador. Era exactamente la misma
tríada de modelos que habían surgido en Europa al compás del impacto
devastador de la Gran Guerra de 1914-1918 y que competían para lograr la
estabilización política e institucional de los traumatizados países continentales
a tono con sus respectivos apoyos sociales e intereses económicos.
Esos tres núcleos de proyectos de reestructuración del Estado y de las
relaciones sociales quedarían definidos sumariamente por las «Tres Erres»
políticas que iban a dominar el período de entreguerras (1919-1939):
Reforma, Reacción o Revolución. Y esa tríada antagónica, con sus peculiares
y cambiantes relaciones recíprocas, iba a protagonizar la silenciosa y
espasmódica «guerra civil europea» librada durante ese veintenio: «las
palabras que más se escuchaban en los numerosos mítines (en esos años) eran
“lucha”; “batalla” y “el enemigo”»[5]. No en vano, como ha señalado
certeramente el historiador británico Donald C. Watt:
La guerra civil que comenzó en Europa al tiempo que las campanas anunciaban el armisticio [de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918] era en esencia un conflicto triangular: los conservadores tradicionales y los demócratas, sostenedores del Estado de Derecho, afrontaban el desafío simultáneo de los nuevos reaccionarios de la derecha antiparlamentaria y de los
revolucionarios de la izquierda antiburguesa[6].
El proyecto reformista, especialmente arraigado en las clases medias
burguesas de tradición liberal-constitucionalista (y triunfante en Francia, Gran
Bretaña y los países nórdicos, por ejemplo), pretendía estabilizar la situación
posbélica mediante una democratización del sistema político que conciliara el
funcionamiento básico de la economía capitalista con la integración de las
clases obreras y populares en la gestión del Estado. En esencia, era un
proyecto de construcción de un Estado democrático basado en la colaboración
de clases y en el reparto de cargas y beneficios entre la ciudadanía, con el
sufragio electoral universal y la política de provisión de servicios sociales
como mecanismos fundamentales de participación, integración y cohesión
sociopolítica.
Por su parte, la alternativa revolucionaria, de matriz básicamente obrera y
en menor medida campesina, era radicalmente antiburguesa y apostaba por la
destrucción de la economía capitalista y su sustitución por un régimen
comunista ortodoxo (en la versión de los bolcheviques vencedores en Rusia en 1917) o vagamente libertario y colectivista. En cualquier caso, como
demostraba la experiencia bolchevique y soviética, suponía la construcción de
un Estado bajo férreo control de un partido-vanguardia supuestamente
representativo de las clases anteriormente sometidas que ejercía el poder sin
cortapisas ni limitaciones en virtud de su propia legitimidad revolucionaria.
Finalmente, el modelo reaccionario pretendía acabar con la amenaza
subversiva al statu quo que atemorizaba a sectores de las clases medias y altas
mediante la anulación de la autonomía operativa de las clases obreras y su
drástica supeditación, normalmente manu militari, a un programa de
integralismo nacionalista de carácter autoritario (como en la Polonia del
mariscal Pilsudski desde 1918 o en el Portugal de Salazar desde 1926) o
totalitario fascista (como en la Italia de Mussolini desde 1922 o en la
Alemania de Hitler desde 1933). Se trataba, por tanto, de un proyecto de
Estado superador del antagonismo de clases por medio de la imposición de
una disciplina sociolaboral de impronta militar y que en la versión fascista
exigía el control estatal por un partido único animado por una ideología
ultranacionalista y dirigido por un líder carismático dotado de plenos poderes.
En el caso español, esa dura pugna y competencia entre las «Tres Erres»
políticas de la Europa de entreguerras tenía su origen inmediato en la misma
etapa bélica que en el resto de los países continentales: la grave crisis del
verano de 1917, en pleno momento cumbre de la Primera Guerra Mundial,
que rompió los precarios equilibrios de la monarquía liberal-parlamentaria
restaurada en 1874 y a pesar de que España había permanecido neutral en la
contienda por mera impotencia[7].
También cobró la forma de análogas alternativas políticas y doctrinales:
un monarquismo católico y cada vez más autoritario y ultranacionalista que
sostendría la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera entre 1923
y 1930; una corriente democrática que se articularía durante esa etapa sobre la
colaboración entre el republicanismo burgués y el movimiento obrero
socialista con el refuerzo de los nacionalismos periféricos (sobre todo el
catalanista); y una tendencia revolucionaria y proclamadamente
internacionalista que se aglutinaría mucho más en torno al anarcosindicalismo
que al minoritario comunismo de inspiración soviética.
Desde luego, como en el resto de Europa, los respectivos apoyos sociales
de esa tríada de alternativas se distribuían por las «dos Españas» de modo
general aunque desigual. Así, en los albores de los años treinta del siglo XX, la
España de la modernización productiva será el escenario principal de
actuación de los reformistas que se nutren de las clases medias urbanas y de los segmentos de las clases obreras cualificadas profesionalmente, pero
también contará con la presencia de reaccionarios que abundan en sus barrios
acomodados y entre sectores populares de fidelidad religiosa tradicional, del
mismo modo que sentirá el creciente empuje de los revolucionarios
implantados entre las clases obreras sin cualificación o expuestas al azote del
desempleo. Por su parte, la España rural y atrasada había visto y vería crecer
sobre su suelo a reaccionarios que se reclutaban entre los grandes, medianos y
pequeños campesinos propietarios, y a revolucionarios que proliferaban entre
la población jornalera de las tierras de latifundio, con una menor presencia
global de los elementos reformistas procedentes del campesinado no
terrateniente ni proletarizado (muy abundantes, sin embargo, entre los
rabassaires vitivinícolas catalanes, los cultivadores hortofrutícolas levantinos
y los agricultores y ganaderos asturianos en contacto con las zonas fabriles de
la región).
Esa fragmentada y plural realidad sociopolítica se plasmó por vez primera
en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que conllevaron la
caída de la monarquía del rey Alfonso XIII y la súbita y pacífica
proclamación de la Segunda República. No en vano, sus resultados fueron tan
reveladores como inesperados: las candidaturas de la conjunción republicano-
socialista triunfaron ampliamente en cuarenta y una de las cincuenta capitales
de provincia y en la mayor parte de los municipios urbanos, siendo superados
por las candidaturas oficiales y monárquicas sólo en distritos rurales y
semiurbanos. El veredicto de las urnas fue bien interpretado por Raymond
Carr: «la “masa” (las grandes circunscripciones) y la “inteligencia” (los
votantes urbanos “ilustrados”) habían rechazado a un rey todavía aceptable
para la opinión rural»[8].
En definitiva, la dinámica sociopolítica presente en España en la época de
entreguerras no era una mera lucha dual o binaria («una España contra otra»),
sino una pugna triangular que reproducía en pequeña escala la existente en
toda Europa y cuyos apoyos y soportes respectivos se encontraban tanto en la
zona de la modernización como en la del atraso. La transcendental
peculiaridad del caso español respecto del europeo residiría en que, a
diferencia de otros países continentales, en España ninguno de esos proyectos
de estabilización en pugna lograría la fuerza suficiente para imponerse a los
otros dos de modo definitivo e incontestado.
De hecho, durante el quinquenio democrático republicano de 1931-1936
fue alcanzándose un equilibrio inestable, un empate virtual de apoyos y
capacidades (y de resistencias e incapacidades), entre las fuerzas dispares de la alternativa reformista (en el poder durante el primer bienio de 1931-1933) y
su contrafigura borrosamente reaccionaria (en el poder durante el segundo
bienio de 1934-1935). Un empate y equilibrio inestable que hizo así
imposible la estabilización del país tanto por la similar potencia respectiva de
ambos contrarios (y su compartida incapacidad para reclutar otros apoyos
fuera de los propios) como por la presencia de ese tercio excluso
revolucionario, enfrentado a los dos por igual y volcado en su propia
estrategia insurreccional. Sin menospreciar el hecho, también singularmente
español, de que cada una de esas alternativas evidenciaron una notable
diversidad interna (en términos de partidos y grupos operativos tanto como de
proyectos y tácticas propias) que dificultó notoriamente su propia capacidad
de actuación.
Como apuntó en su día José Varela Ortega, la dinámica política de la
Segunda República pareció configurarse como una especie de tenaza con dos
brazos y un mismo objetivo que batir: «Reacción y Revolución frente a
Reforma»[9]. Con una circunstancia agravante de gran calado: según
transcurría el quinquenio, las fuerzas reformistas verían menguar sus filas y
entidad a medida que la crisis económica acentuaba su impacto disolvente
sobre las relaciones sociales y propiciaba una polarización política favorable a
los extremos del espectro.
El progresivo debilitamiento del reformismo democrático fue un hecho
innegable a pesar de que la conjunción republicano-socialista había
revalidado sus apoyos en las elecciones generales de junio de 1931, que le
dieron una mayoría parlamentaria suficiente para tratar de acometer su
amplísimo programa de reformas institucionales y sociales de orden
democrático[10]. No obstante, la elaboración del texto constitucional fue
fracturando la alianza original de abril de 1931 en virtud de las agudas
diferencias sobre el alcance reformador que habría de dar al régimen en
aspectos socioeconómicos y políticos. En diciembre de 1931, al aprobarse una
Constitución democrática con artículos de tinte anticlerical, Niceto Alcalá-
Zamora, exministro monárquico, católico y conservador que actuaba como
presidente del gobierno, abandonó su cargo y la coalición junto a su pequeño
partido de notables. Poco después, también dejó el gobierno el Partido
Radical liderado por Alejandro Lerroux, un grupo mucho más numeroso de
perfil centroderechista, en disconformidad con la continuidad socialista en el
gabinete y decidido a convertirse en la oposición moderada dentro de la
República.
Tras esas fracturas iniciales, Manuel Azaña, el más prestigioso de los
líderes de la izquierda republicana, formó nuevo gobierno con tres ministros
socialistas: Indalecio Prieto (Obras Públicas), Francisco Largo Caballero
(Trabajo) y Fernando de los Ríos (Educación). Para tratar de paliar el efecto
debilitador de las deserciones, Azaña propuso y consiguió que Alcalá-Zamora
fuera elegido primer presidente de la República con los votos de la antigua
mayoría gubernamental. A partir de entonces, desde diciembre de 1931 y
hasta septiembre de 1933, el gobierno presidido por Azaña acometería un
programa de reformas estructurales de orden institucional y social. En el
plano institucional emprendió una triple tarea: conseguir la plena
secularización mediante la tajante separación entre Iglesia católica y Estado;
consolidar la primacía del poder civil mediante una intensa reforma del
Ejército para eliminar la tentación pretoriana; y modificar la estructura
centralista y uniformista del Estado mediante la posibilidad de conceder
Estatutos de Autonomía a las regiones «históricas» (lo que se materializaría
en septiembre de 1932 con la aprobación del Estatuto catalán). En el campo
social, el gabinete acometería medidas de gran alcance (leyes de protección
obrera, salario mínimo, divorcio, coeducación de sexos…) y, sobre todo,
llevaría adelante, en septiembre de 1932, la Ley de Reforma Agraria en el sur
latifundista, que preveía la expropiación forzosa con indemnización a
terratenientes de cierta cantidad de tierras destinadas al asentamiento de
campesinos jornaleros.
A lo largo de 1933, el impulso reformador del gabinete azañista había
perdido pulso y vigor. En gran medida, porque a la altura de ese año
empezaron a notarse crudamente en España los efectos de la depresión
económica internacional con su cosecha de restricciones financieras,
contracción de los fondos disponibles para políticas de provisión social y
reforma agraria, aumento de la tasa del paro obrero (especialmente jornalero)
e intensificación de la militancia laboral y sindical[11]. Sin embargo, la causa
principal del desgaste gubernativo tuvo que ver con el renovado fuego
cruzado que supuso la intensificación de la tenaza creada por el
insurreccionalismo revolucionario anarquista y por la resistencia
parlamentaria conservadora y reaccionaria.
El brazo izquierdo de la tenaza se articulaba en torno a la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), el viejo sindicato anarquista que había resurgido
tras la dictadura como organización de masas (unos 535 000 afiliados en junio
de 1931) y estaba bien implantado en el campo de Andalucía y el área
industrial de Cataluña. Su dirección había pasado a manos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), responsable de la estrategia insurreccional que fue
jalonando todo el bienio de huelgas e incidentes armados. Sólo la huelga
general de enero de 1933, duramente reprimida, había ocasionado varios
muertos (muchos de ellos en Casas Viejas, Cádiz) y una considerable pérdida
de prestigio del gobierno entre las clases obreras y jornaleras. En
comparación con el acoso cenetista y faísta, la simultánea oposición del
Partido Comunista de España (PCE) era relativamente poco importante dada
su limitada militancia y su escasa implantación obrera: menos de 12 000
militantes en 1932 concentrados en algunos puntos de Vizcaya, Asturias y
Sevilla[12].
El brazo derecho de la tenaza estaba vertebrado básicamente por la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido de
nuevo cuño que agrupaba a las masas católicas bajo la dirección de José
María Gil-Robles. Declarándose «accidentalista» respecto a la forma de
gobierno, la CEDA renunciaba al uso de la fuerza, aceptaba la vía electoral
para llegar al poder y pretendía reformar la Constitución en sentido autoritario
y corporativo para garantizar tres objetivos: mantener el orden social, respetar
la propiedad privada y salvaguardar los derechos de la religión católica[13]. Al
lado de la eficaz resistencia parlamentaria cedista, la oposición derechista al
gobierno también cobró la forma de una reacción violenta. Los grupos
monárquicos, tanto partidarios del exiliado Alfonso XIII (Renovación
Española) como fieles a la rama dinástica carlista (Comunión
Tradicionalista), apostaron desde el principio por una estrategia golpista y
militar que tuvo su oportunidad y fracaso el 10 de agosto de 1932, con la
tentativa frustrada que encabezó el general José Sanjurjo. Todavía menos
impacto tendría la actuación violenta de Falange Española, el pequeño partido
fascista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del
dictador[14].
Cuando el desgaste de la coalición azañista se puso de manifiesto en el
otoño de 1933 (evidenciado por sucesivas derrotas parlamentarias y crecientes
tensiones internas con los ministros socialistas), el presidente Alcalá-Zamora
optó por convocar nuevas elecciones en el mes de noviembre. Y precisamente
el punto culminante en ese proceso de debilitamiento del reformismo
democrático tuvo lugar entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y
la resolución de la crisis de octubre de 1934.
Con motivo de la primera circunstancia señalada, las candidaturas
separadas de republicanos de izquierda y del PSOE sufrieron un desplome
muy considerable en términos de escaños de diputados. Por el contrario, el republicanismo conservador articulado en torno a Lerroux consiguió una
notable representación parlamentaria, convirtiéndose en el segundo grupo por
número de diputados. La sorpresa imprevista fue la fuerza electoral cosechada
por la CEDA, que se alzó con el mayor número de escaños y se configuró
como el mayor grupo parlamentario (algo superior al radical). Lerroux mostró
en seguida su disposición a gobernar con el apoyo de la CEDA (que no podía
gobernar en solitario y tampoco había manifestado su acatamiento leal de la
Constitución). Esa decisión crucial supuso una ruptura política y orgánica casi
irreversible en la amplia coalición reformista que había triunfado en abril de
1931. Entre otras cosas porque, frente a la esperanza lerrouxista de incorporar
a la CEDA al marco constitucional democrático, el republicanismo de
izquierda y el movimiento socialista desconfiaban de los propósitos últimos
cedistas y temían que su triunfo electoral fuera el preludio para la
implantación de un régimen autoritario en la línea del salazarismo portugués o
de la dictadura católica austríaca (en vigor desde marzo de 1934 de la mano
del canciller Dollfus y previo aplastamiento de los socialdemócratas en
Viena).
La cruda retórica de la CEDA, pese a ser más autoritaria que fascista, no
hacía nada para aliviar esos temores y recelos de sus adversarios. Muy al
contrario, ya antes de lograr su triunfo electoral, Gil-Robles había reclamado
para sí el mérito de la eficaz labor de desgaste del gabinete azañista y había
definido su proyecto político con tintes autoritarios en una declaración
rotunda en octubre de 1933:
Y seguimos nuestra táctica, y fuimos a las elecciones (municipales) en abril (de 1933) y, a consecuencia de ellas, conseguimos que el Gobierno de Azaña quedara vencido, y muerto, y vilipendiado. (…) Así fuimos minando a un Gobierno, vencimos al Parlamento en las elecciones, fuimos hundiendo la política de izquierda. (…)
Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, una Nación nueva; dejar la Patria depurada de masones, de judaizantes… Como soñar no está prohibido, soñad todos en común. (…)
El Poder sólo cuando venga íntegro.
Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de
un Estado nuevo. Llegado el momento el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer[15].
Contrariando su declarada aversión al «contubernio», tras las elecciones Gil-
Robles aceptó servir de apoyo parlamentario a un gobierno radical
minoritario. La subsecuente colaboración radical-cedista no sólo tuvo como resultado una progresiva dependencia del gabinete radical respecto de su
socio mayor parlamentario (con episodios de escisión en el radicalismo por
disconformidad con esa situación: en abril de 1934, Diego Martínez Barrio,
lugarteniente de Lerroux, y veinte parlamentarios abandonan el partido para
fundar Unión Republicana y abogar por la colaboración con la Izquierda
Republicana de Azaña[16]). Lo más grave fue que proporcionó estímulo,
cobertura y apariencia de justificación a la progresiva radicalización de un
sector socialista bien implantado en la Unión General de Trabajadores y
acaudillado por su secretario general y exministro, Francisco Largo Caballero.
Sin duda, las raíces de esa radicalización ya estaban plantadas en el último
año de colaboración gubernamental republicano-socialista y se nutrían de la
frustración de las bases socialistas (sobre todo jornaleras del sur latifundista)
por la lentitud de realización de las mejoras asociadas al régimen republicano
y por la eficacia de la resistencia patronal ofrecida a las medidas de Largo
Caballero desde el Ministerio de Trabajo. Pero la severa derrota electoral y la
paralela victoria inesperada de la CEDA aumentaron la sensación de alarma y
peligro (agravada por las noticias sobre el trágico destino sufrido por el
movimiento socialista en Alemania y Austria). El efecto de la conversión
«bolchevique» de Largo Caballero fue muy dañino para el PSOE porque
sentó las bases de una división interna entre radicales y moderados
(encabezados éstos por Indalecio Prieto) y dificultó notablemente la
expectativa de una recomposición de la conjunción republicano-socialista
para volver al poder por vía electoral. En todo caso, la retórica de la izquierda
socialista de Largo Caballero durante la campaña electoral de 1933 no dejó de
ser tan cruda y amenazante como la de Gil-Robles:
Yo no tengo gran fe, y ahora menos que antes, en que dentro de una democracia burguesa se pueda hacer Socialismo; pero hay que reconocer que dentro de una República, en el orden político, se pueden hacer muchísimas cosas y que la República española las ha hecho. Mas, sobre todo, hay algo que nos interesaba mucho a nosotros, y es que colaborando con la República podíamos evitar el triunfo de la Reacción. (…)
Nosotros sabíamos, y la experiencia lo está confirmando, que no es suficiente para la emancipación de la clase trabajadora una República burguesa. (…)
Que conste bien: el Partido Socialista va a la conquista del Poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución, y si no, como podamos. Y, cuando eso ocurra, se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan. Lo que yo confieso es que si se gana la batalla no será para
entregar el Poder al enemigo [17].
No cabe duda de que la crisis de octubre de 1934 constituyó un jalón crucial
en el deterioro de la vida sociopolítica republicana. El desencadenante de la
misma fue la exigencia de Gil-Robles a Lerroux para entrar en el gobierno con sus propios ministros como contrapartida a la continuidad de su apoyo
parlamentario. El republicanismo de izquierda, por boca de Azaña, había
advertido a Lerroux y al propio Alcalá-Zamora contra esa medida de
«entrega» de la República a «los monárquicos, más o menos disfrazados»[18].
El movimiento socialista, por inspiración de Largo Caballero y con el visto
bueno de Prieto, había secundado la advertencia con un añadido crucial: si esa
entrada en el gobierno se producía, «públicamente contrae el partido socialista
el compromiso de desencadenar, en este caso, la revolución»[19]. Así pues, a
la altura de octubre de 1934, la colaboración ministerial cedista se había
constituido en la piedra de toque de la coyuntura política, en particular para
los dos grandes partidos del espectro político por razones bien apuntadas por
Paul Preston:
Tanto el PSOE como la CEDA tenían confianza en que el aparato represivo del Estado podía ocuparse adecuadamente de la conspiración monárquica o de la subversión anarquista. Lo que realmente temía cada uno era que el otro llegase al poder legalmente y le diese al régimen un
contenido legal y constitucional que dañase los intereses materiales de sus seguidores [20].
La decisión de Lerroux de atender la exigencia de Gil-Robles y la aprobación
presidencial de la medida condujeron a la formación de un nuevo gobierno de
coalición radical-cedista el 4 de octubre de 1934. Ésa fue la señal para que los
socialistas pusieran en marcha una huelga general indefinida de protesta en
todo el país al día siguiente. También fue la señal para que el gobierno
autónomo catalán, presidido por el líder de la Esquerra Republicana, Lluís
Companys, aprovechase la ocasión y proclamara «el Estado Catalán dentro de
la República Federal Española». Aunque el republicanismo de izquierda
denunció la entrada de la CEDA en el gobierno, no secundó ninguna de
ambas iniciativas porque no podía «cooperar ni directa ni indirectamente en
actuación alguna que signifique un apartamiento violento del orden legal
establecido». Ambas acciones fueron un verdadero fiasco rápidamente
aplastado por las fuerzas de seguridad y por el Ejército sin graves
dificultades: el general Domingo Batet consiguió la rendición de Companys
en Barcelona sin apenas derramamiento de sangre y en poco más de
veinticuatro horas[21].
No obstante, en Asturias la huelga general socialista se convirtió en
insurrección armada protagonizada por milicias mineras y al amparo de una
alianza sindical entre la UGT y la CNT con el apoyo del Partido Comunista.
El inesperado éxito inicial de los milicianos sobre la Guardia Civil en las
poblaciones de las cuencas mineras desembocó en una verdadera revolución
social (con su cosecha de varias decenas de muertes de «enemigos de clase»: guardias, patronos y religiosos). Incluso permitió una sostenida incursión de
las milicias sobre la capital regional, Oviedo, donde las fuerzas militares
sostuvieron el frente hasta la llegada de refuerzos por vía marítima y terrestre.
Las operaciones fueron coordinadas desde Madrid, en virtud del estado de
guerra, por un joven general, Francisco Franco Bahamonde, que actuaba
como asesor personal del ministro de la Guerra. Apenas quince días más tarde
de iniciada la insurrección, ante el abrumador despliegue militar en la región
(incluyendo el uso de la Legión y tropas de regulares indígenas), los líderes
mineros socialistas y anarquistas cesaron su resistencia y capitularon
incondicionalmente[22].
La efímera revolución asturiana había terminado una quincena más tarde
que la huelga general en el resto del país. Sin embargo, sus decisivos efectos
tardarían mucho más en amortiguarse y desaparecer. Amplios sectores
sociales conservadores y republicanos quedarían verdaderamente alarmados
por la violencia de aquella experiencia revolucionaria y abrigarían serias
dudas sobre la lealtad democrática y constitucional del movimiento socialista
y del catalanismo de izquierdas. Por su parte, a la vista de las medidas de
fuerza empleadas para acabar con la insurrección y con anteriores
manifestaciones de protesta (la huelga general campesina del verano de
1934), extensos segmentos sociales obreros y jornaleros confirmarían su
desconfianza hacia las vías políticas parlamentarias y nutrirían las filas de las
bases militantes que forzaban la radicalización de los sindicatos.
En ese proceso de polarización fue reduciéndose aún más el ámbito de
apoyos sociales y políticos del reformismo democrático. El fenómeno fue
agravado por la práctica desintegración del Partido Radical a lo largo del año
1935, al compás del desmoronamiento de la coalición gobernante por
divisiones en cuanto al alcance de las medidas contrarreformistas (por
ejemplo, respecto a la aplicación de las sentencias de muerte dictadas contra
los participantes en la insurrección asturiana). Para entonces, los líderes y
seguidores del reformismo democrático estaban enfrentándose a un dilema
crucial que fracturó no pocas de sus filas y de sus bases sociales. Aquellos
sectores donde predominaba el temor a la reacción sobre el miedo a la
revolución seguirían apostando por la vía de la cooperación con el
movimiento socialista con la esperanza de reconducirlo hacia la legalidad y
retomar la iniciativa política truncada en 1933. Aquellos sectores donde era
superior el miedo a la revolución sobre el temor a la reacción persistirían en la
necesidad de cooperar con la CEDA con la esperanza de lograr su apoyo para la estabilización de la República y para superar la crisis institucional
imperante.
Las respectivas opciones quedaron bien patentes en febrero de 1936, con
motivo de las terceras elecciones generales celebradas durante el quinquenio
republicano: mientras que el republicanismo de izquierda concurría a las
urnas en coalición con los socialistas e incluso con los comunistas bajo la
fórmula de Frente Popular, muchos náufragos del republicanismo radical y
conservador aceptaban formar parte de coaliciones derechistas articuladas por
la CEDA y con participación de monárquicos, falangistas y en algún caso
carlistas. La reorganización de fuerzas operada a principios de 1936 no dejó
de afectar igualmente, pero en menor medida, a las alternativas reaccionarias
y revolucionarias: mientras que el nacionalismo vasco rompía su alianza
táctica con el tradicionalismo carlista en el frente de la reacción, el
comunismo de inspiración soviética abandonaba tácitamente el bando de la
revolución en consonancia con los nuevos dictados de la Comintern.
En definitiva, parece indiscutible que el empate y equilibrio en el
triángulo de fuerzas operantes en España alcanzó su cumbre máxima con
ocasión de esas elecciones del 16 de febrero de 1936. Al final, los resultados
electorales dieron el poder al Frente Popular sobre las antagonistas
candidaturas «contrarrevolucionarias» por una apretada victoria (no superior a
200 000 votos populares) pero con una mayoría absoluta en las Cortes (278
escaños frente a 124 de las derechas y 51 de partidos centristas, en virtud del
sistema electoral mayoritario). El posterior deterioro de la situación política
(agravada por la debilidad de un gobierno exclusivamente republicano dada la
negativa socialista a participar en el mismo) y la patente quiebra de la
concordia social fueron bien percibidos por los responsables gubernamentales
y acremente denunciados por los líderes antirrepublicanos. El 1 de mayo de
1936, Indalecio Prieto, firme partidario de que los socialistas cooperasen con
los republicanos en el gobierno, pronunció un crucial discurso en Cuenca
alertando sobre los riesgos de un golpe militar reaccionario y denunciando los
peligros de la estéril movilización revolucionaria auspiciada por la izquierda
largo-caballerista y el cenetismo:
No podemos negar, cualquiera que sea nuestra representación política y nuestra proximidad al Gobierno (…) que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. (…)
La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria
inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia
vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad [23].
Ni el diagnóstico ni las advertencias eran baladíes, aunque estas últimas
cayeran en saco roto por lo que respecta al anarcosindicalismo y a la
tendencia largo-caballerista del PSOE-UGT. El primero, tras la clausura del
congreso confederal de la CNT en Zaragoza el 15 de mayo, «se había
encastillado en un universo de sueño», no concedía la mínima importancia al
peligro golpista y esperaba la ocasión para ensayar en la práctica su programa
de «concepto confederal del comunismo libertario»[24]. La segunda, mediante
resolución de la Agrupación del PSOE de Madrid, reiteraba su retórica
revolucionaria el día 21 de mayo y desestimaba el riesgo de un golpe militar
fiándose en la experiencia fracasada de Sanjurjo en 1932: «El proletariado no
debe limitarse a defender la democracia burguesa, sino que debe asegurar por
todos los medios la conquista del poder político con el fin de hacer la
revolución social»[25]. Todavía más insensatamente, el propio Largo
Caballero, en plena huelga de la construcción madrileña, declararía
públicamente a los obreros ugetistas del sector el 26 de junio de 1936:
Se nos está hablando todos los días del peligro de la reacción y del golpe de Estado. En efecto, estamos siempre ante ese peligro, pero yo tengo la pretensión de que si ahora no ha surgido no es debido a la política que algunos preconizan y propugnan sino a la actitud de la clase obrera (…). No se puede negar que un día puede amanecer con una dictadura. ¡Ah! Pero que tengan en cuenta los que lo hagan que al día siguiente, por muchos entorchados en la bocamanga, la producción no la harán ellos. (…) Si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den (…). No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando. Porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos las
cabezas ( [26] sic).
Desde luego, Prieto acertaba al señalar que la persistente crisis de orden
público y de conflictos laborales en la primavera de 1936 estaba engrosando
las filas de los partidarios de cambiar el voto por las armas para dirimir los
conflictos y resolver el empate imperante. Y esa sensación de crisis de
autoridad no fue atajada, sino al contrario, por la destitución parlamentaria del
presidente de la República, por la subsecuente elevación de Azaña a ese cargo
y por el nombramiento de un gobierno exclusivamente republicano (sin
presencia de socialistas, como deseaba Prieto) encabezado por Santiago
Casares Quiroga.
Y, como el mismo Prieto había sugerido, hablar de armas, que no de
votos, en esa coyuntura crítica implicaba necesariamente hablar del Ejército
como corporación estatal encargada del monopolio del uso de las armas y del
ejercicio de la violencia legítima. Para esas fechas, la amplia mayoría de los militares españoles estaba mucho más cercana de los postulados reaccionarios
que de los reformistas o, por supuesto, de los revolucionarios, en consonancia
con la tradición militarista y pretoriana imperante en el Ejército español desde
la crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia de 1808-
1814[27].
En realidad, una parte del generalato y un segmento amplísimo de la
oficialidad estaban ya comprometidos con una conspiración militar dirigida
técnicamente por el general Emilio Mola y apoyada por figuras tan reputadas
como el general Francisco Franco (verdadero héroe de la opinión pública
conservadora por su protagonismo en el aplastamiento de la insurrección de
octubre de 1934 en Asturias). El perfil político de la conjura correspondía a
las concepciones nacional-militaristas ya expuestas por José Calvo Sotelo,
líder del monarquismo alfonsino, en una abierta apelación al golpe de fuerza
antes de la consulta electoral:
Hoy el Ejército es la base de sustentación de la Patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la cual no es posible la vida. (…) Cuando las hordas rojas del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la fuerza del Estado y la transfusión de las virtudes militares —obediencia, disciplina y jerarquía— a la sociedad misma, para que ellas desalojen los fermentos malsanos que ha sembrado el marxismo. Por eso invoco al
Ejército y pido al patriotismo que lo impulse[28].
División de España. Finales de julio de 1936. (Fuente: Enrique Moradiellos, La perfidia de Albión,
Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 42).
En razón de esas fracturas y alineamientos previos, cuando finalmente
estalló la amplia (pero no unánime) insurrección militar contra el gobierno reformista del Frente Popular en la tarde del 17 de julio de 1936 se fue
configurando en España una situación insólita y a la postre crucial: el golpe
militar parcialmente fracasado en casi la mitad del país (precisamente aquélla
más urbanizada y modernizada) devino ineluctablemente en una cruenta
guerra frontal entre reaccionarios, a un lado de las trincheras, y una
combinación forzada e inestable de reformistas y revolucionarios, en el otro
lado.
Miguel de Unamuno, desde su amargo retiro en la Salamanca insurrecta,
apreció bien poco antes de su muerte que el enemigo de los militares
sublevados no era sólo «el comunismo y la anarquía» reiteradamente
denunciados: «Ésta es una campaña contra el liberalismo, no contra el
bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República, por de derecha que
sea, está ya proscrito»[29]. En el otro lado, Manuel Azaña, desde su
privilegiado observatorio en Madrid, primero, y después en Barcelona,
también dejó constancia de las hondas divisiones latentes en la retaguardia
republicana: «En todas partes, los partidos obreros y los sindicatos acosan a
los republicanos, prescinden de ellos cuanto pueden, los atacan. (…) Los
republicanos se aguantan, protestan o se defienden como pueden. No pasan de
ahí»[30].
En efecto, sin atender a las «tres Españas» que estaban presentes antes de
1936 y al modo y manera en que sus respectivos proyectos sociopolíticos
fueron letalmente afectados por el estallido de la guerra civil, no cabe
entender la génesis y desarrollo del conflicto, ni la firme unidad alcanzada por
el bando finalmente vencedor, ni las tensiones y fracturas que socavaron al
bando postreramente derrotado. Porque, contra lo que pudiera parecer y a
veces se sostiene injustificadamente, las «tres Españas», sus programas
políticos y sus soportes humanos y sociales, no desaparecieron como tales en
la catástrofe bélica y en el despliegue de los frentes de combate, sino que se
reagruparon mal que bien en las respectivas retaguardias: notablemente bien
las fuerzas reaccionarias en el bando insurgente (luego «franquista» o
«nacionalista») y más mal que bien las fuerzas reformistas y revolucionarias
en la zona gubernamental (también «republicana» o «frentepopulista»).
A su muy peculiar y poco matizada manera, Salvador de Madariaga, en su
influyente obra titulada España. Ensayo de historia contemporánea (edición
argentina de 1944), caracterizaría retrospectivamente aquella lucha triangular
de preguerra como la «batalla de los tres Franciscos»: Francisco Largo
Caballero, «caudillo del ala revolucionaria de la Unión General de
Trabajadores, que no era comunista»; Francisco Franco Bahamonde, «caudillo de la Unión General de Oficiales, que no era fascista»; y Francisco
Giner de los Ríos, alma de la Institución Libre de Enseñanza y exponente de
la «otra tradición española, la de la transacción razonable y el acuerdo
mutuo». Según Madariaga, «el efecto combinado» del doble pronunciamiento
del primero y el segundo fue la destrucción del legado del tercero, «el que era
esperanza de España» y «fue la víctima de la acción violenta». Y añadía con
no poco propósito desiderativo: «sin embargo, aunque todavía demasiado
inorgánica para hacerse oír, la verdadera España estaba con Francisco
Giner»[31].