1936
4. Inevitabilidad, contingencia y responsabilidades
4
INEVITABILIDAD, CONTINGENCIA Y
RESPONSABILIDADES
El debate sobre la inevitabilidad o contingencia de la guerra civil y, en su
caso, la gradación en la atribución de responsabilidades políticas y morales
(por no decir «culpabilidades») es tan antiguo como el propio conflicto y
quizá más arduo que cualquier otro. Por supuesto, abundan afirmaciones más
o menos interesadas en sostener el carácter inevitable de la guerra, sobre todo
entre los políticos y dirigentes sociales protagonistas de la contienda, tanto del
bando vencedor como del vencido. José María Gil-Robles fue rotundo al
respecto en la intitulación de sus memorias políticas sobre la época
republicana: No fue posible la paz (publicadas casi treinta años después de
terminada la guerra, en 1968, por la editorial barcelonesa Ariel).
A título aún más ilustrativo, basta comprobar el texto concluyente y
taxativo de una publicación oficial franquista titulada El Frente Popular en
España (Madrid, Oficina Informativa Española, 1948), que no duda en
atribuir la condición de «inevitable» al conflicto ni de achacar la total
culpabilidad en la génesis del mismo a un enemigo antipatriota y al servicio
de potencias extranjeras. Editada en pleno ostracismo internacional del
régimen, la publicación formaba parte de la campaña para legitimar su
continuidad sobre la base de la disyuntiva «O Franco o el caos» y en razón de
su exclusivo carácter anticomunista y no filofascista (susceptible de ser mejor
recibido por las potencias occidentales en el nuevo contexto de Guerra Fría):
Es, pues, evidente, indiscutible, axiomático y reconocido por todos, que el Frente Popular, conforme a los propósitos de quienes lo idearon, era el camino para ir a la dictadura roja, y el medio mejor y más seguro para hacer la revolución con un mínimo de riesgo y un máximo de posibilidades de triunfo. (…)
Por eso unos y otros, los que están decididos a instaurar la dictadura soviética, y los que se niegan a entregar a España como una presa al satanismo de Rusia (…), coinciden en que la guerra civil
es inevitable [1].
También es obligado reconocer que entre los testimonios de dirigentes del
período bélico existen confesiones de responsabilidad y asunciones de grados
de culpabilidad en un fenómeno «que no era inevitable». Así se advierte
explícitamente en las memorias políticas del último jefe de gobierno radical-
cedista disuelto en diciembre de 1935, el centrista Joaquín Chapaprieta: La
paz fue posible (Barcelona, Ariel, 1972). Quizá uno de los ejemplos más
francos y honestos, por la alta calidad y representatividad de su autor, sea el
proporcionado por el doctor Juan Negrín, líder socialista de la facción
moderada que se convirtió en jefe del gobierno republicano desde mayo de
1937 y hasta la derrota final. El 5 de septiembre de 1952, cuatro años antes de
su fallecimiento, el doctor Negrín escribió una carta particular al periodista
norteamericano Herbert Matthews relatándole sus frecuentes conversaciones
en Londres con el escritor George Orwell durante su etapa de exiliado en
Inglaterra entre 1940 y 1945:
Inquiría también por las causas de nuestra derrota, que yo sostuve y sostengo más se debió a nuestra inconmensurable incompetencia, a nuestra falta de moral, a las intrigas, celos y divisiones que corrompían la retaguardia, y por último a nuestra inmensa cobardía que a la carencia de armas. Cuando digo «nuestra», no me refiero naturalmente a los héroes que lucharon hasta la muerte, o sobrevivieron toda suerte de pruebas, ni a la pobre población civil, siempre hambrienta y al borde de la inanición. Me refiero a «nosotros», a los dirigentes irresponsables, quienes, incapaces de prevenir una guerra, que no era inevitable, nos rendimos vergonzosamente, cuando aún era posible luchar y vencer. Y conste que no distingo cuando repito «nosotros». Como en el pecado original, hay una solidaridad en la responsabilidad, y el único bautismo que puede
lavarnos es el reconocimiento de nuestras faltas y errores comunes[2].
Al margen de las afirmaciones interesadas o sinceras de los protagonistas, son
muy escasas (por no decir nulas) las interpretaciones historiográficas que
consideran que el conflicto estaba rígidamente «de-terminado» por los
antecedentes y que era «in-evitable» por razones supremas de fuerza mayor
(la «necesidad histórica»; el «peso insuperable de las estructuras»). Los
historiadores, en virtud del carácter de su propia disciplina (ducha en el
análisis retrospectivo del cambio histórico, con sus componentes azarosos e
ingredientes fortuitos), suelen ser más proclives a considerar los fenómenos
históricos como contingentes, configurados en el transcurso del tiempo por
concatenación y confluencia, hic et nunc, aquí y ahora, de causas y
motivaciones previas y diversas.
En otras palabras: casi todos asumen que el despliegue del curso histórico
no recorre un camino de sentido único y obligatorio sino que fluye entre los
senderos disponibles, más o menos transitables y cada uno con diversas
direcciones. Y por eso no se inclinan a creer que esos fenómenos son
producto exigido por alguna prescripción inmanente del pretérito ni tampoco consideran que son derivados de ninguna finalidad teleológica. Recordaba al
respecto el historiador francés Lucien Febvre ya en 1922: «En ninguna parte
hay necesidades; en todas hay posibilidades; y el hombre, como dueño de
estas posibilidades, es el juez de su utilización». Y ha escrito recientemente
en igual sentido Raymond Carr:
¿Fue el estallido de la Guerra Civil inevitable? … Siempre es posible construir escenarios alternativos. Isaiah Berlin sostiene que si a Lenin le hubiera caído un ladrillo en la cabeza en abril
de 1917 no hubiera habido revolución bolchevique. Pero no le cayó ladrillo alguno [3].
Cabría recordar, a propósito de este asunto de la inevitabilidad y la
contingencia, las hermosas palabras escritas por León Tolstói en su novela
Guerra y paz a la hora de calibrar las causas que provocaron en 1812 el
sangriento conflicto entre la Francia del emperador Napoleón y la Rusia del
zar Alejandro I (que se convertiría en la última y más desastrosa campaña
napoleónica en la Europa continental). Descartando por insuficientes las
explicaciones unicausales e individualistas, señalaba el escritor ruso al
respecto:
¿Qué motivó aquel acontecimiento extraordinario? ¿Cuáles fueron las causas? Los historiadores afirman, con un aplomo infantil, que las causas de aquel hecho radicaban en la ofensa hecha al duque de Oldenburg, en la inobservancia del bloqueo continental, en la ambición de Napoleón Bonaparte, en la firme resistencia del zar Alejandro, en los errores de la diplomacia, etc. (…)
Era preciso que millones de hombres, en cuyas manos estaba la verdadera fuerza —los soldados que disparaban, los encargados de las provisiones y los que cargaban los cañones—, estuviesen de acuerdo para acatar la voluntad de individuos aislados, débiles, y que su unánime decisión
fuera motivada por una multitud de causas complicadas y distintas [4].
Sin embargo, la consecuente afirmación de que la guerra civil española no fue
inevitable (es decir: pudo no haber sucedido) no excusa, sino que demanda, la
explicación de por qué fue posible y cómo, de hecho, se convirtió en realidad
sangrante e irreversible. Por lo que respecta a esta difícil dialéctica entre
inevitabilidad y contingencia en la génesis de la contienda fratricida española,
las interpretaciones más canónicas, tanto explícitas como implícitas, suelen
organizar las causas y factores que hicieron posible el estallido de la
contienda en una gradación intensional muy del gusto de la escuela histórica
francesa:
1.º Causas «estructurales» o de «larga duración». Y se citan: el problema del
latifundismo agrario meridional y la miseria de masas jornaleras agraviadas;
la tensión entre débil autoridad civil y tentación militarista pretoriana; el pulso
religioso-cultural entre clericalismo y anticlericalismo; el conflicto entre
inercia estatal centralista y desafíos descentralizadores nacionalistas y regionalistas; el desequilibrio geográfico del desarrollo industrial y las
rigideces del sistema de relaciones laborales, etc.
2.º Causas «coyunturales» o de radio temporal «medio». Y se apela al
impacto de la Gran Depresión de 1929 y a las dificultades de la Hacienda
Pública para afrontar la crisis económica; al confusionismo del marco
jurídico-constitucional vigente; a la excesiva fragmentación y polarización del
sistema político cristalizado; a la debilidad u hostilidad de los instrumentos de
acción estatal en manos del gobierno republicano (la administración, las
fuerzas de seguridad); a las fracturas políticas e ideológicas en el seno de las
fuerzas armadas; a la agudización de la escisión obrera entre revolucionarios
y reformistas; a la irremisible quiebra de las clases medias en función de sus
lealtades religiosas (católicas o anticlericales) o nacionales (españolas,
vasquistas o catalanistas), etc.
3.º Causas «inmediatas» o «detonantes» y «catalizadoras», propias del
«tiempo corto» de los «acontecimientos». Y se traen a colación: la
insurrección socialista y catalanista de octubre de 1934; el frágil triunfo
electoral del Frente Popular en febrero de 1936; la destitución del presidente
Alcalá-Zamora en abril y su sustitución por Azaña; la debilidad del ejecutivo
presidido por Casares Quiroga desde mayo; el intenso movimiento
huelguístico de mayo y junio; el asesinato del líder derechista José Calvo
Sotelo el 13 de julio, etc.
El mayor o menor acento en unas u otras causas de esa tríada canónica sirve
como criterio laxo para distinguir a los historiadores más «estructuralistas»
(porque asumen que el marco estructural y su «de-terminación» coyuntural
«condiciona» limitativamente las opciones disponibles en el tiempo corto por
los sujetos históricos) de los más «contingentistas» (porque creen que dichos
condicionantes configuran el marco plural de disyuntivas finitas que sólo las
decisiones, acciones, omisiones o inhibiciones de los agentes humanos
convierten en acontecimientos y fenómenos irreversibles).
Entre los primeros, quizá el historiador económico Jordi Palafox sea uno
de los autores más destacados, coherentes y argumentativos. No en vano, su
análisis sobre el «fracaso» de la política económica republicana hace especial
hincapié en la gravedad e inmensidad de los problemas estructurales
heredados (sobre todo los derivados del latifundismo agrario). Sirva como
muestra esta cita:
La explicación que se defiende en estas páginas de lo que ocurrió en España desde abril de 1931 hasta comienzos de 1936 se vincula, pues, con los problemas económicos del largo plazo; con las
tensiones y los estrangulamientos generados por la forma específica de avance de la economía en la etapa anterior. (…)
Si la explicación de lo ocurrido entre 1931 y 1935 ha de ser vinculada a los problemas surgidos y consolidados en el largo plazo, la importancia de la escasez de transformaciones en la agricultura interior, y en especial la dedicada a la producción de cereales, durante la etapa que se inicia en 1892, consecuencia a su vez de su evolución en décadas previas, destaca con mayor nitidez. El mantenimiento, gracias a la protección, de tierras de cultivo con unos rendimientos muy bajos obstaculizó no sólo la propia modernización del conjunto del sector agrario, sino también la diversificación de la demanda de bienes manufacturados, que es un requisito para el desarrollo sostenido. Al tener que dedicar el conjunto de la población un porcentaje elevado de sus ingresos a adquirir los bienes alimentarios necesarios para su supervivencia, la demanda de otros tipos de productos progresó con mucha mayor lentitud. (…) Unas ínfimas condiciones de vida y de trabajo que, a su vez, tuvieron consecuencias nada despreciables sobre la virulencia del enfrentamiento social que se haría patente una vez que desapareció el corsé antidemocrático que dominó la
sociedad española en las décadas anteriores al 14 de abril de 1931[5].
Entre los historiadores «contingentistas», probablemente Santos Juliá merezca
ser mencionado con plena justicia. Entre otras cosas, porque su acreditado
análisis de la crisis sociopolítica española durante el primer semestre de 1936
remite a acciones, decisiones, omisiones e inhibiciones de grupos y personas
para dar cuenta de la gravísima situación alcanzada en el verano de 1936.
Véase si no su descripción del período:
Lo que antes de febrero (de 1936) se había mostrado como un excelente instrumento político para triunfar en unas elecciones (el Frente Popular), quedó reducido después al más débil posible de los instrumentos de gobierno: una parte sustancial de la fuerza de la coalición de izquierdas, la que provenía de la clase obrera (el PSOE y la UGT), se inhibió de la responsabilidad de gobernar. (…) De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución, esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano con uno exclusivamente socialista. (…)
Desde el mes de abril, y ante el desconcierto de los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda, la iniciativa política había pasado, por una parte, a los sindicatos y por otra a los
militares[6].
En todo caso, la amplia mayoría o totalidad de los historiadores, tanto
estructuralistas como contingentistas, suscribirían el juicio avanzado por el
hispanista Shlomo Ben-Ami al impugnar la idea de que la República fue una
especie de crónica de una guerra anunciada y mero «preludio a una catástrofe
inevitable»:
La República había heredado graves divisiones sociales, religiosas y regionales. Pero la mera existencia de estos problemas no puede tomarse como una receta para el desastre inevitable. La implantación y consolidación inicial de la República representó la tentativa hasta entonces más firme y popular para crear un marco en el que los problemas fundamentales de España pudieran encontrar una solución democrática. El fracaso final de la República no estaba condicionado irreversiblemente por imperativos estructurales ni por las incapacidades intrínsecas de los
españoles para el autogobierno. Fue causado por las políticas, algunas claramente malas y otras
muy inadecuadas, y por la reacción frente a ellas[7].
La remisión a las políticas desplegadas en el quinquenio republicano como
metafóricas «chispas» (causas detonadoras) que encienden la «mecha»
(causas estructurales y coyunturales) de la guerra civil significa atribuir una
responsabilidad prioritaria en su desencadenamiento a los agentes políticos y
sociales más representativos y decisorios de la época. Afirma, por ejemplo,
Ronald Fraser en el prólogo a su canónica historia oral de la guerra civil: «la
guerra civil tuvo sus orígenes en cuestiones profundamente políticas, y la
crisis que la precedió había polarizado y politizado a amplísimos sectores de
la opinión pública»[8].
Y esa consecuente atribución y gradación de responsabilidades (y
«culpas») no deja de ser un ejercicio sumamente subjetivo y sometido a las
preferencias político-ideológicas personales de cada analista, como es lógico
y natural. Entre otras cosas, porque sólo puede tener «culpa» quien dispone de
otra opción, quien tiene libre albedrío, ya que la culpa implica intención[9].
Sin embargo, asumiendo ese irreductible componente interpretativo y
hermenéutico claramente subjetivista, la mayor parte de la historiografía
especializada ha llegado a varios acuerdos de mínimos sobre el particular.
En primer lugar, ha subrayado que la «ideología de la violencia» que se
abrió paso en la política del quinquenio republicano (cuyos orígenes eran
bastante anteriores al mismo) llegó a afectar a amplísimos sectores de la
sociedad española y a sus elementos representativos y rectores. La idea de que
era moralmente legítimo el uso de la violencia más extrema para imponer el
triunfo de un modelo de orden sociopolítico no era privativo de los extremos
del espectro político: «Creí justo recurrir a la violencia para transformar el
mundo» (Manuel Tagüeña, militante comunista y futuro general republicano);
«La violencia es consecuencia forzosa de toda creencia firme» (Eugenio
Vegas Latapie, político monárquico autoritario y conspirador
antirepublicano[10]). Para ellos, desde luego, la violencia habría de ser la
partera necesaria tanto del mundo futuro que anhelaba construir la revolución
como del mundo pretérito que soñaba restaurar la reacción. Lo importante era
que esa percepción también se extendía, sobre todo después de octubre de
1934, entre otros sectores normalmente más templados de la sociedad y del
mundo político, como recordaría muy posteriormente el cardenal Vicente
Enrique y Tarancón:
Creo que llegamos todos a convencernos de que el problema no tenía solución sin un enfrentamiento en la calle. Durante meses creo que toda España estaba a la espera de lo que iba a
ocurrir. Media España estaba contra la otra media, sin posibilidad de diálogo. Habían de ser las armas las que dijesen la última palabra… Lo cierto es —hay que confesarlo con honradez— que todos confiábamos entonces en la violencia y juzgábamos que ésta era indispensable, echando,
claro está, la culpa a los otros[11].
El segundo acuerdo mínimo historiográfico concierne al contexto histórico
que hizo posible en 1936 la operatividad de esa ideología de la violencia y su
conversión en guerra civil. Porque para desencadenar y sostener un conflicto
de esa envergadura no hubiera bastado el propósito beligerante de unos pocos
(más o menos numerosos) capaces de promover algaradas, huelgas o incluso
insurrecciones contra unas autoridades decididas y en condiciones de utilizar
disciplinadamente los amplios recursos coactivos del Estado (y así lo
demuestra el fiasco del golpe militar reaccionario del general Sanjurjo en
agosto de 1932 y el fracaso de la huelga e insurrección socialista y catalanista
en octubre de 1934). Para desencadenar y sostener ese tipo de contienda era
requisito inexcusable la existencia de «profundas divisiones en la sociedad
que permitan a cada bando lograr un amplio eco popular» y, además, que esas
divisiones se extendieran a «unas fuerzas armadas poderosas y autónomas»
hasta el punto de estar «lo bastante divididas» como para no poder aplastar al
contrario[12].
Y, como ya se ha señalado, lo que se hizo patente durante el quinquenio
democrático republicano fue la presencia en España de un «singular
equilibrio» entre reformistas, reaccionarios y revolucionarios que sí llegó a
afectar a las fuerzas armadas en grado suficiente: un «equilibrio de
incapacidades» y una «acumulación de impotencias» que hicieron
virtualmente imposible estabilizar la situación mediante acciones políticas de
amplia apoyatura social e institucional para resolver los conflictos
polivalentes arrastrados por la sociedad española desde hacía tiempo[13].
La mención de esas equilibradas capacidades e incapacidades o
impotencias (políticas o de otro tipo: económicas, administrativas,
culturales…) conduce obligadamente al espinoso y controvertido tema de
señalar y graduar las principales responsabilidades en la gestación de las
circunstancias que hicieron posible el estallido de la guerra. Y hay que partir
del principio de que la búsqueda historiográfica de esas responsabilidades no
adelanta nada asumiendo que las culpas son colectivas y equitativamente
distribuidas («Todos fuimos culpables»), como pretendía el mito explicativo
de la locura trágica y colectiva tan difundido desde los años cincuenta. Porque
esa disolución de las responsabilidades singulares en la cuenta de las culpas
colectivas (que son de todos en general y, por eso mismo, no son de nadie en
particular) es sólo una forma de orillar y encubrir la responsabilidad, personal e institucional, de los sujetos individuales o de las elites dirigentes de partidos
y grupos sociales, de aquellos que de palabra y obra, con órdenes o consignas,
actuaron y proporcionaron los motivos y los medios para el ulterior
enfrentamiento mortal generalizado. Al respecto, no cabe sino corroborar la
pertinencia de las palabras del editor y catalanista Joan Sales: «Per pueril que
pugui semblar, la pregunta “qui ha començat?” és moralment decisiva»[14].
Y esa obligada búsqueda historiográfica de responsables de carne y hueso,
singulares o plurales, más allá de la genérica imputación a toda una sociedad,
reduce el espectro de imputados significativamente: ¿Fueron los líderes
intransigentes de las derechas reaccionarias que se negaron a cualquier
reforma de la estructura social e institucional del país y apostaron por el golpe
militar desde el principio? ¿Fueron las autoridades republicanas de izquierda
por su propósito de ejecutar un vasto programa reformista en plazo mínimo y
en plena crisis económica? ¿Fueron los dirigentes socialistas que abandonaron
la conjunción con los republicanos para apostar por la movilización y la
ilusión revolucionaria? ¿Fueron las derechas católicas que nunca se
reconciliaron con la democracia y sólo ensayaron vías posibles para
restablecer los privilegios perdidos por la Iglesia? ¿Fueron los movimientos
anarquistas y comunistas que emplearon sus energías insurreccionales en
dinamitar a todos los gobiernos sin tener capacidad para suplantarlos?
¿Fueron los generales reaccionarios y facciosos que traicionaron su juramento
de lealtad constitucional y conspiraron para derribar violentamente el régimen
republicano?
La lista de interrogantes podría extenderse mucho más y también los
posibles reos de suprema culpabilidad individual (por su condición de
representantes y máximos mandatarios de colectivos de peso): José Calvo
Sotelo (líder de los monárquicos autoritarios de Renovación Española),
Manuel Azaña (carismático dirigente del republicanismo de izquierda),
Francisco Largo Caballero (cabeza del sindicalismo socialista radicalizado),
José María Gil-Robles (artífice del gran partido católico de masas: la
Confederación Española de Derechas Autónomas), Buenaventura Durruti
(fundador de la Federación Anarquista Ibérica y prohombre del
insurreccionalismo anarcosindicalista), Dolores Ibárruri (La Pasionaria, voz y
emblema del comunismo ortodoxo prosoviético), José Antonio Primo de
Rivera (hijo del dictador, admirador de Mussolini y fundador de la Falange
Española), Francisco Franco Bahamonde (prototipo del militar africanista,
héroe de la guerra de Marruecos y reputado jefe del Estado Mayor en 1935),
etc.
Una posibilidad ensayable para escapar a esa excesiva singularización de
las responsabilidades en la catástrofe consistiría en la gradación de las mismas
en un sentido colectivo y que preste atención a las servidumbres impuestas
por el pasado tanto como a la eficacia o ineficacia de los programas políticos
puestos en acción con anterioridad al estallido del conflicto. Sobre el
particular, a nuestro leal y falible saber y entender, las palabras del hispanista
norteamericano Edward Malefakis con ocasión del cincuentenario de 1986
siguen siendo plenamente válidas y acertadas:
Si en 1936 no hubiese estallado un fogonazo, la mecha no se habría encendido (…). Si no ocurrió así en España, no fue a causa de la impaciencia de los republicanos, de los regionalistas, de las clases trabajadoras o de los intelectuales, todos los cuales estaban demasiado divididos para ser capaces de provocar una chispa lo bastante fuerte. La mayor responsabilidad recae sobre aquellos que no aceptaron un cambio social de tal magnitud y tenían a su disposición importantes medios técnicos de coerción y la disciplina para emplearlos de manera eficaz. Los conspiradores militares de 1936 no pretendían, claro está, provocar la chispa que envolvió a España en llamas. Sólo deseaban derribar al régimen progresista de la República. Lograron su propósito. Pero, al mismo
tiempo, sumieron al país en la guerra civil más destructora de toda su historia[15].
Efectivamente, lo que marcó la diferencia de España respecto del resto de los
países continentales y abrió la vía a la guerra civil fue la situación del Ejército
y su respuesta a la crisis sociopolítica imperante en la primavera y principios
del fatídico verano de 1936. Sin la fractura relativa que había en su seno y sin
la amplia conjura en marcha en favor de una intervención militar
anticonstitucional, no hubiera sido posible el enfrentamiento fratricida por
razones de mera falta de elementos de combate. Como ha señalado al respecto
Santos Juliá recientemente:
Una guerra civil era impensable en el verano de 1936 sin esa fragmentación de la corporación militar, pues en ningún sitio, excepto en los cuarteles, había armas que tomar por más que no faltara gente dispuesta a empuñarlas. Cuando un ejército se sitúa en bloque al lado de la legalidad, no hay revolución que triunfe (…). Lo contrario también es verdad: cuando un ejército es unánime en su decisión de dar un golpe de Estado, no hay constitución ni pueblo en armas que resista (…). Lo que abre las puertas a la indeterminación es el golpe faccioso, el perpetrado por
una facción del ejército [16].
Ciertamente, si la sublevación militar iniciada el 17 de julio de 1936 hubiera
sido un fenómeno general en todo el país, se habría asistido a una repetición,
mutatis mutandis y más o menos cruenta, del pronunciamiento del 13 de
septiembre de 1923 encabezado por el general Miguel Primo de Rivera. Así lo
habían ideado y así lo esperaban los propios conjurados con grave exceso de
optimismo, según reconocería con mucha posterioridad uno de sus
colaboradores civiles más destacados, el jurista Ramón Serrano Suñer,
diputado de la CEDA y cuñado del general Franco:
Aunque la hipótesis de la guerra civil estaba prevista, el designio del Movimiento (militar) no era precisamente el de encenderla, sino el de reaccionar ante la criminal claudicación del Gobierno
republicano, asumiendo el poder mediante un incruento golpe de Estado [17].
Sin embargo, en esta ocasión la operación golpista planeada por los
conjurados no fue la tarea unánime de la corporación militar en tanto que tal y
tuvo que enfrentar asimismo la oposición decidida (y muy pronto armada) de
un movimiento obrero y sindical activo y fortalecido. Como apuntó Guillermo
Cabanellas, hijo del general Miguel Cabanellas (el más antiguo y superior de
los jefes militares sublevados), la guerra civil fue «el resultado de la división
interna del país; pero, al mismo tiempo, de la del Ejército. Desunido,
quebrantado en su disciplina, tiene en él origen la “guerra de España”»[18].
En esa división crucial en el seno del Ejército estaba implícita la
contingencia finalmente materializada: un golpe militar auspiciado y
protagonizado por una facción de las fuerzas armadas resulta sólo
parcialmente victorioso (o, lo que es lo mismo, parcialmente fracasado) y abre
así las puertas a la guerra civil. En palabras del reputado historiador militar y
excombatiente en las filas insurgentes, general Ramón Salas Larrazábal:
En general los conspiradores pecaron de superficialidad y optimismo; subestimaron al adversario y supervaloraron su propia influencia en las filas militares (…). De todas maneras, reconocidos estos fallos y otros muchos, si las fuerzas armadas se hubieran levantado en su totalidad o simplemente en la proporción que comúnmente aceptan los historiadores y publicistas, la rebelión
hubiera triunfado con sorprendente facilidad[19].
Una simple ojeada a la relación de fuerzas militares generada por el golpe a
los cuatro días de su inicio confirma esa impresión de división prácticamente
equitativa del Ejército sin ningún género de dudas (Cuadro I). Y por lo que
respecta a los mandos de esa fuerza militar, el mismo Salas Larrazábal
sostiene que se produjo un empate similar en número, si no en calidad: «en
cuanto a efectivos, se produjo una situación de equilibrio, que se rompía a
favor del bando nacional por la superior calidad de las fuerzas africanas»[20].
De hecho, de los aproximadamente 16 000 generales y oficiales que
formaban el Ejército español, la mitad quedó en una zona y la otra mitad en la
enemiga: en torno a 7624 (el 49,6 %) en territorio republicano; el resto en
territorio sublevado. Otra cosa es que esos militares estuvieran disponibles
para ejercer el mando en su zona respectiva: de la cifra global de 7624 jefes y
oficiales que quedaron en el área gubernamental, unos 1500 serían fusilados o
asesinados por traidores o desafectos, otros 1500 sufrieron condena o
encarcelamiento, unos 1000 lograron refugiarse en embajadas o esconderse
hasta poder pasar al enemigo y tan sólo 3500 sirvieron efectivamente en las filas del Ejército Popular de la República (de los cuales unos 500 darían su
vida por la causa).
En el bando insurgente no fue preciso ni se registró una depuración tan
profunda y amplia en la oficialidad y el generalato por razones de íntima
convicción ideológica de los interesados o mera lealtad geográfica y
corporativa. Pero, desde luego, fueron eliminados fulminantemente los
mandos leales a la República: seis generales fueron fusilados o asesinados en
los primeros días de la sublevación y otros dos al término de la guerra; y tres
almirantes o contralmirantes fueron igualmente fusilados por análogo motivo
al comienzo de la contienda[21]. La sublevación comenzaba, así pues, como
una verdadera guerra civil en el seno del propio Ejército y en las filas de sus
mandos.
CUADRO I
RELACIÓN DE FUERZAS MILITARES A FINALES DE JULIO DE 1936
Unidades Zona republicana Zona insurgente Total
Ejército de Tierra 58 249 59 136 117 385
Ejército del Aire 3200 2107 5307
Marina 12 990 6996 19 986
Fuerzas de Orden Público 42 062 25 477 67 300
Ejército de África — 47 127 47 127
Total general 116 501 140 604 257 105 Fuente: Ramón Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid, Rioduero, 1980, pp. 62-63.
Dos casos singulares contrapuestos dan idea de la intensidad de la fractura
militar y de sus letales consecuencias internas: el destino de los generales de
división Manuel Goded Llopis (1882-1936) y Domingo Batet Mestres
(1872-1937).
El primero, que contaba con cincuenta y cuatro años, había hecho su
carrera en Marruecos, fue el primer jefe del Estado Mayor Central de la
República y desde marzo de 1936 era comandante militar de las islas
Baleares. Sublevado con éxito en Mallorca el 18 de julio, se trasladó
rápidamente a Barcelona para ponerse al frente de la insurrección en la ciudad
condal. Incapaz de lograr el concurso de toda la tropa, tuvo que enfrentarse a
las fuerzas de la Guardia Civil dirigidas por el general Aranguren en Cataluña
y el coronel Escobar en Barcelona, asistidas por las milicias sindicales de la CNT. Fracasado y acosado en la Capitanía General, acabó rindiéndose a las
tropas leales el día 20 y, a petición de Lluís Companys, radiando una
declaración en la que reconocía su derrota y recomendaba deponer las armas.
Fue juzgado en Barcelona por un tribunal militar por el delito de sedición y
rebelión y pasado por las armas el 12 de agosto de 1936[22].
El segundo, con sesenta y cuatro años, había iniciado su carrera en Cuba y
estaba al frente de la IV División Orgánica (Cataluña) durante la insurrección
catalanista de octubre de 1934, que contribuyó a sofocar sin apenas
derramamiento de sangre (lo que le valió la concesión de la Gran Cruz
Laureada de San Fernando). Fue posteriormente jefe del Cuarto Militar del
presidente de la República hasta la destitución parlamentaria de Alcalá-
Zamora. Desde junio de 1936 era comandante de la VI División Orgánica
(con sede en Burgos, que incorporaba las provincias de Santander, Logroño,
Palencia, Navarra y las tres vascongadas). Opuesto a la sublevación, el 18 de
julio fue detenido en la Capitanía General por sus subordinados bajo el mando
de su jefe de Estado Mayor, el coronel Moreno Calderón. Encarcelado,
juzgado y sentenciado por el delito de «rebelión militar», a pesar de las
peticiones de clemencia de muchos de sus compañeros de corporación, fue
pasado por las armas el 18 de febrero de 1937[23].