Todos o Ninguno

A regañadientes, las Fuerzas Armadas habían aceptado el juzgamiento de sus antiguos jefes, y sin reconocer nunca su culpa. Pero los oficiales en actividad, ejecutores directos de los actos atroces y aberrantes ordenados por sus superiores, amenazaron con sublevarse cada vez que la justicia apuntó hacia ellos. Con la misma lógica de Scilingo, sólo se reconocían como engranajes de una maquinaria institucional, jerárquica, cuya responsabilidad sería colectiva y no podría medirse con la vara del Código Penal, que sanciona los actos criminales que los individuos cometen por su libre voluntad.

La orden de detención contra los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz precipitó la primera crisis militar en el Ejército, en junio de 1984. El arresto de Astiz fue su equivalente en la Armada, seis meses después.

Alsina estaba procesado por los tormentos seguidos de muerte del médico José Rene Moukarzel, estaqueado en el patio del penal de Córdoba con cinco grados bajo cero, en castigo por haber recibido un paquete de sal de otro recluso. Durante doce horas fue golpeado y se le arrojaron baldes de agua sobre el cuerpo desnudo. Trasladado a la enfermería, el oficial del Ejército impidió que fuera atendido. Cuando un soldado le informó de la muerte del atormentado, Alsina respondió: "Lo felicito, acaba de matar a un subversivo". Un oficial penitenciario arrojó los anteojos del médico a la celda, y anunció a sus compañeros: "Esto es lo que queda del Turco".

Mones Ruiz debía responder por el homicidio de Raúl Augusto Bauducco, representativo del modo arbitrario y discrecional en que se disponía de la vida de un ser humano. Durante una requisa Bauducco fue golpeado con bastones de goma y obligado a permanecer con los brazos contra la pared. Al cabo de dos horas no pudo sostener la posición.

—Levántalos o te mato —le gritó el cabo Miguel Ángel Pérez.

—No puedo, señor —respondió Bauducco. Pérez solicitó autorización.

Mones Ruiz la concedió. El suboficial disparó a quemarropa a la cabeza del preso. "Quiso arrebatarle el arma", informó luego Mones Ruiz.

Un grupo de oficiales se amotinaron para pedirle a un juez federal que se dejara de importunar a sus camaradas. Su Señoría no fue insensible a la rogatoria y remitió el expediente al Consejo Supremo, que dispuso la libertad de Mones Ruiz y Alsina.

Los oficiales de la ESMA se encubrían con nombres de animales.

Chamorro era el Delfín, Acosta el Tigre, Pernías la Rata, Astiz el Cuervo, Scilingo no se acuerda. La segunda crisis detonó a partir de la citación del Cuervo por otro juez federal en el tórrido diciembre de 1984 y se extendió durante todo el verano. El Consejo de Almirantes se autoconvocó y exigió que Astiz no fuera sometido a reconocimientos en ronda de personas ni a careos y que se presentara de uniforme, aunque la querella decía que al secuestrar a la adolescente argentino-sueca Dagmar Ingrid Hagelin iba de civil. Como se puede apreciar, hace una década el vestir uniforme ante las autoridades constitucionales era un punto de honor para la Armada.

También esa causa pasó al Consejo Supremo, que absolvió a Astiz. Su fallo fue apelado ante la Cámara Federal, qué dio por probada la intervención de Astiz en el secuestro, pero declaró prescripta la acción por el paso del tiempo. Una típica conciliación alfonsinista: culpable pero en libertad.

Tres madres de Plaza de Mayo, con sus blancos pañuelos en la cabeza aguardaron que se retiraran de la sala los jueces y gritaron asesino y monstruo al paso de Astiz. Una de ellas había sido testigo del secuestro de las monjas y la docena de familiares que él había entregado. Desde el público un camarada de armas de Astiz ordenó:

—¿Por qué no detienen a esa puta marxista? El comisario de Tribunales acató.

Al cumplirse el plazo de la ley de Punto Final había cuatro centenares de oficiales procesados, un número que superaba en quince veces los deseos oficiales y en tres o cuatro sus previsiones más pesimistas. Los sobrevivientes de la ESMA habían identificado a 110 responsables por 400

casos, menos de una décima parte de los reales. La acusación fiscal sólo reclamó el procesamiento de 33, y la Cámara accedió a procesar a 19, de los cuales media docena en actividad. Integraban esa nómina Astiz, Pernías y el suboficial de Prefectura Antonio Azic, que había aplicado la picana eléctrica a un bebé de veinte días, hijo de un detenido.

Compañeros de Mones Ruiz, Alsina, Pernías, Rolón, Scilingo y Astiz llegaron a contemplar la formación de comandos operativos con el propósito de resistir las citaciones y rescatar de la prisión a Massera y Videla. Pernías encabezó en Puerto Belgrano un conato de alzamiento, que sólo fue desactivado por la persuasión de un camarada de paciencia y nombre bíblicos, el entonces capitán de navío Ismael García, quien pasó una noche en vela convenciéndolo de que la Armada defendería institucionalmente a sus hombres.

Alfonsín leyó en reunión de gabinete la escalada de medidas que había elaborado: 1) destitución de todo jefe de unidad que asilara a un insubordinado y no garantizara su presentación; 2) cerco sobre cualquier unidad rebelde con tropas de la misma fuerza y eventual recurso a las otras dos si fuera imprescindible. 3) corte de víveres, agua, energía eléctrica y gas; 4) campaña de difusión nacional e internacional; 5) movilización pública sobre los insurrectos; 6) uso de las armas para reducirlos.

El jefe de Estado Mayor Arosa regresó con una contrapropuesta: la Armada negociaría con el gobierno el número tolerable de procesados.

Debían ser muchos menos y de la lista era imprescindible extraer al simbólico Astiz. El gobierno rehusó. A las 2:30 de la madrugada del miércoles 25 de febrero Arosa envió un radiograma refrendado por todo el almirantazgo. Calificaba como gravísima la situación, porque se juzgaba a

"algunos de sus hombres por la participación que le cupo a toda la Armada". Sin embargo, los seis almirantes llegaron a Tribunales detenidos en una furgoneta naval y a cargo del Director General de Personal. Como en la guerra sucia, la Armada seguía actuando verticalmente, en cumplimiento de las órdenes superiores. Al día siguiente, cuando condujo detenidos a los restantes, el jefe de Inteligencia de la Armada le advirtió a uno de los jueces: "Ustedes aplican el Código Penal, pero algunos de estos hombres me han visto hacer a mí cosas peores que aquellas por las que ustedes los juzgan".

Era el mismo mensaje que después repetiría Scilingo: como muchos lo hicieron aunque no contra todos hay pruebas, ninguno debería ser castigado.

OceanofPDF.com