II la Negación

II

LA NEGACIÓN

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LA MENTIRA INSTITUCIONAL

El silencio que Pernías y Rolón comenzaron a romper en el Senado había sido fruto de una construcción deliberada. Pero recién la confesión de Scilingo llegó al hueso, al cabo de casi dos décadas. Desde la completa negación inicial pasando por las admisiones parciales y los eufemismos vale la pena recorrer el itinerario que conduce de la mentira institucional a la verdad de un hombre solo, al que nadie quería escuchar.

A poco del golpe, Massera definió el sentido del combate: "Los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida". Comenzó diciendo: "No vamos a tolerar que la muerte pueda andar suelta en la Argentina", y terminó con esta admonición: "No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria, esté más allá o más acá de la muerte". En el medio describió una guerra oblicua, primitiva y cruel, en la que "una máquina de horror fue desatando su impunidad sobre los desprevenidos y los inocentes". Una abstracción sin cuerpos, pura elipsis y vanidad metafísica.

Al año siguiente, cuando ya se había producido más de la mitad de los secuestros y homicidios de todo el periodo castrense, Videla habló por primera vez de los desaparecidos, que hasta entonces se negaban como un tema de propaganda de los perversos y poderosos enemigos del país. En un diálogo con periodistas extranjeros describió cuatro tipos de desaparecidos: los que pasaron a la clandestinidad, los traidores eliminados por la guerrilla, los irreconocibles por incendios y explosiones en enfrentamientos, y, sólo por último, los que padecieron "excesos" cometidos por la represión. Se abstuvo de cuantificar cada rubro y no aceptó el diálogo sobre ningún caso concreto.

Pocos días después el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, explicó en la Sociedad Rural que habían sido abatidos o detenidos unos siete mil u ocho mil subversivos, asombrosa imprecisión tratándose de la vida o la muerte de miles de personas. Viola jugaba con las cifras; Massera con las palabras. Cada cual a su manera se mofaba de sus interlocutores. Un periodista preguntó:

— Al exterior llegan informaciones según las cuales en la Argentina presumiblemente no se respetarían suficientemente los derechos humanos, llegando a decirse, inclusive, que hay personas a quienes injustamente se habría privado de libertad o se les habría quitado la vida.

—¿Qué duda le cabe de que en la Argentina no se respetan los derechos humanos, se priva injustamente de la libertad y se cometen asesinatos?

¿Qué significa, si no, la larga, la inmensa lista de miembros de las Fuerzas Armadas, del empresariado, de los dirigentes de la comunidad y de personas ajenas a la política, mujeres y niños, asesinados sin misericordia o mantenidos durante meses en las llamadas cárceles del pueblo en condiciones de vida que resultarían agraviantes para el más despreciable de los animales?— replicó Massera.

Su interrogador ni siquiera atinó a preguntarle a qué animales despreciaba.

Según Viola, peor que perder la vida era perder la guerra. La única explicación que el Ejército daría al país sería decirle que había cumplido con su misión. En una insidiosa frase se refirió a las bajas, los muertos, los heridos, los detenidos y lo que llamó los ausentes para siempre. Para que nadie insistiera reiteró que no debían buscarse explicaciones porque no las habría.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitó cárceles, se entrevistó con políticos, militares, sindicalistas, empresarios, directores de medios de comunicación, recibió a familiares de desaparecidos, recogió pruebas y testimonios. "La Argentina sólo se confiesa ante su Dios y a los Ejércitos vencedores no se los enjuicia ni se les pide rendición de cuentas luego de la guerra", se vanaglorió el ministro Harguindeguy, con una altanería que estaba tocando a su fin.

Al despedirse de las filas del Ejército para preparar su candidatura presidencial, Viola dijo que el tránsito a la democracia tenía una condición fundamental: las Fuerzas Armadas nunca admitirían la revisión de lo actuado porque para su concepto ético constituiría una traición y un agravio permitir el enjuiciamiento de quienes habían combatido con honor y sacrificio. Durante una visita a los Estados Unidos, Viola expuso su convicción de que la victoria militar eximía de responsabilidades, y afirmó que si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, los juicios de

Nuremberg se hubieran realizado en Virginia, lo cual implicaba una involuntaria homologación de la dictadura con el nazismo.

Su reemplazante en el Ejército, Leopoldo Galtieri, pretendió que los militares habían preservado la integridad de la Nación, lo cual justificaba los medios empleados. "No nos pidan explicaciones porque no las daremos, como no las darían nuestros enemigos si hubieran ganado la guerra", gritó.

Videla manifestó que la concurrencia de los partidos a la segunda ronda del diálogo político con el gobierno constituía una legitimación formal del asalto al poder y que los interlocutores habían asumido el compromiso de comunicar públicamente su aprobación a todo lo actuado en la lucha contra la subversión. Ya no negaban las acusaciones ni acudían a explicaciones inverosímiles sobre las desapariciones. Las justificaban y colocaban ese reconocimiento como condición de existencia para los políticos que aspiraran a sentarse a su magnánima mesa. Pero seguían hablando de ellas con eufemismos vergonzantes.

El informe de la OEA consideró muertos por fuerzas oficiales a los miles de detenidos-desaparecidos y dio por acreditado el empleo alarmante y sistemático de torturas. En la respuesta oficial cristalizó la nueva posición militar. El gobierno declamó que el riesgo de disgregación nacional había creado un estado de necesidad frente al cual el Estado ejerció su potestad de autodefensa recurriendo a los medios aptos. No hacerlo hubiera sido condenarse a la impotencia y a una forma de suicidio. Pero siguió sin decir cuáles habían sido esos métodos. Eran el absoluto innombrable.

El problema que las cuatro primeras juntas habían menospreciado en el apogeo de su poder demostró, luego del colapso de Malvinas, un vigor que ningún militar había siquiera sospechado. El último dictador, Benito Bignone, fue encargado de organizar la retirada castrense del poder. Antes de asumir se reunió con representantes de todos los partidos y sólo el conservador ex capitán de navío Francisco Manrique se atrevió a sugerir la conveniencia de publicar una lista de desaparecidos. Bignone dijo que no habría tal lista y nadie insistió.

Aterrada por las posibles consecuencias sociales de la disolución del régimen, la Iglesia promovió un Servicio y una Misa de la Reconciliación, para que los partidos pactaran con el gobierno las condiciones de la sucesión y negociaran una amnistía. Sectores internos militares vetaron el

canje de impunidad por cronograma electoral. Pero obtenida de todos modos la convocatoria a las urnas en un plazo que les permitía reacondicionar sus herrumbrados aparatos partidarios, los políticos tampoco mostraron interés en convenir nada con un régimen que se deshacía a pedazos.

En ausencia de un acuerdo negociado, el gobierno publicó en forma unilateral un bando de condiciones. La no revisión de la guerra y de los negocios sucios cometidos por militares, la estabilidad de los jueces designados por la dictadura y la participación de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno eran las principales.

La Santísima Trinidad castrense firmó su "Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo". Las Fuerzas Armadas sostuvieron que los procedimientos empleados en la guerra sucia fueron inéditos, porque así lo obligó la organización celular y la compartimentación del enemigo. Como las fuerzas militares actuaron según apreciaciones que debieron realizarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera "en ese marco casi apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos fundamentales". Tales errores debían quedar sujetos al juicio de Dios y a la comprensión de los hombres. Se cometieron operando orgánicamente y bajo sus comandos naturales en cumplimiento de órdenes propias del servicio, decía.

Acerca de los desaparecidos, la Junta aceptaba como mera hipótesis de un observador externo que hubieran fallecido en forma violenta en combates con fuerzas legales y que estuvieran sepultados sin identificación.

Un Acta Institucional reiteró que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores. En la guerra clásica, donde los contendientes son de nacionalidades distintas, usan uniformes que los diferencian y están separados por líneas perfectamente identificables, existen numerosos desaparecidos. En una guerra de características tan peculiares como la vivida, donde el enemigo no usaba uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos, el número de muertos no identificados se incrementa significativamente, mentía.

Esta meditada inversión de los términos (los familiares reclamaban por el destino de personas identificadas que fueron detenidas con vida, y la Junta respondía sobre muertos sin identificación) introducía el párrafo central del informe castrense. Negaba la existencia de lugares secretos de detención y declaraba muertos a los desaparecidos que no se encontraran exiliados o en la clandestinidad "aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas".

Como era infaltable en la prosa castrense de la época, añadía el deseo de que los enemigos muertos recibieran el perdón de Dios.

La clave que el documento no revelaba era precisamente qué había ocurrido en ese tránsito que va desde la detención de una persona viva, con nombre y apellido que los militares le obligaban a revelar, hasta su conversión en un muerto anónimo cuyo cadáver flotaba en el limbo. El ochenta por ciento de los desaparecidos habían sido raptados de sus casas, en la calle o en sus lugares de trabajo, ante testigos. Había sido una guerra sin batallas.

El documento se cerraba afirmando que únicamente el juicio histórico podría determinar con exactitud a quién correspondía la responsabilidad de métodos injustos o muertes inocentes, que las Fuerzas Armadas sentían el dolor auténtico de cristianos y que reconocían los "errores que pudieron haberse cometido" en cumplimiento de la misión asignada. Una vez más la idea de una noble misión cumplida, en la cual a lo sumo pueden concederse hipotéticos errores nunca especificados, y no sujetos a otra revisión que la del Cielo o la Historia.

A un mes de las elecciones presidenciales Bignone firmó la ley de autoamnistía. Sus considerandos afirmaban que la subversión terrorista planteó la batalla en forma cruel y artera, lo que "pudo llevar" a que en el curso de la lucha se produjeran hechos incompatibles con el propósito de las Fuerzas Armadas, que lucharon por la dignidad del hombre.

La indulgencia comprendía a los militares y sus colaboradores civiles que, como siempre en potencial, "pudieron haber apelado al empleo de procedimientos que sobrepasaron el marco legal", naturalmente no por su voluntad sino por la consabida "imposición de las inéditas y extremas condiciones en las que aquellas tuvieron lugar".

Scilingo era ayudante del jefe de la Casa Militar de la presidencia, el contraalmirante Ramón Arosa, quien con Alfonsín llegaría a la jefatura de Estado Mayor de la Armada.

—Yo pienso que hay que dar a publicidad el listado de los desaparecidos

—le planteó Scilingo en los días del Documento Final.

Arosa no dijo ni sí ni no.

Las Fuerzas Armadas huyeron del gobierno el 10 de diciembre de 1983, sin haber admitido nunca las aberraciones que se cometieron por orden de sus comandantes.

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