Negrín
Diputado de la oposición
El resultado de la división entre los antiguos partidos de la conjunción republicana-
socialista fue una neta derrota electoral amplificada por los efectos del sistema
electoral mayoritario, por la orientación derechista del nuevo voto femenino y por la
llamada a la abstención activa del anarquismo. Contra todo pronóstico, la victoria en
las elecciones de noviembre de 1933 recaía sobre la CEDA (con 115 diputados) y el
Partido Radical (con 104), mientras el PSOE veía reducida a la mitad su
representación (58 escaños) y el partido de Azaña casi se desintegraba (5 diputados).
Incluso en Cataluña, donde el recién formado gobierno autónomo de la Generalitat
presidido por Lluís Companys estaba en manos de la Esquerra Republicana, la
derechista Lliga Catalana triunfó claramente sobre sus contrincantes (24 diputados
frente a 18 de ERC)[33].
La reacción de las izquierdas ante su clamorosa derrota electoral fue de
abatimiento y total desconcierto, asumiendo a duras penas las consecuencias de sus
divisiones internas y percibiendo con asombro la extraordinaria reorganización de sus
adversarios. Tanto fue así que, antes de confirmarse la amplitud de la debacle en la
segunda vuelta electoral, Azaña sugirió a Diego Martínez Barrio, el diputado radical
que presidía el gobierno interino, la posibilidad de suspender las Cortes y «constituir
otro Ministerio en el que estén representadas todas las fuerzas de izquierda y hacer
una nueva consulta electoral». Martínez Barrio rechazó esa medida de emergencia
habida cuenta de que la consulta se había desarrollado con normalidad y era
impecable en términos legales y democráticos[34].
A pesar del fracaso de la tentativa azañista, el PSOE insistió en los días
posteriores a la consulta en una medida semejante de suspensión de los resultados
electorales y formación de un gobierno interino de izquierda que preparase una nueva
consulta general. Negrín fue encargado por la directiva del grupo parlamentario
socialista para proponer dicha solución al propio presidente de la República. Alcalá
Zamora, al igual que Martínez Barrio, rechazó resueltamente lo que interpretó Barrio
como una «propuesta de golpe de Estado» a cargo «de la minoría socialista»[35]. Sin
llegar a ser tanto, es bien cierto que esa solución era difícilmente admisible en
términos constitucionales y solo habría podido imponerse por exigencias de
emergencia nacional entonces inexistentes. Sin embargo, ninguna de esas propuestas
implicaba el uso de la violencia contra las autoridades constituidas y solo trataban de
encontrar resquicios legales y procesales para anular un resultado electoral tan
amargo como inesperado. Desbaratadas así sus primeras reacciones para impedir lo
inevitable, las izquierdas divididas y derrotadas, republicanas y socialistas, habrían de
avenirse a su nueva situación de minorías parlamentarias en unas Cortes dominadas
por el republicanismo centrista y la derecha católica. Lo mismo hubo de hacer el
anarcosindicalismo, que sí apostó por la violencia más extrema en su respuesta a los resultados electorales. La insurrección revolucionaria convocada por la CNT-FAI a
principios de diciembre de 1933 fue de nuevo aplastada por las fuerzas de orden
público sin contemplaciones y con un coste de sangre considerable: «75 muertos y
101 heridos entre los que subvirtieron el orden; 11 guardias civiles muertos y 45
heridos; 3 guardias de asalto muertos y 18 heridos»[36].
Confirmados los resultados electorales, quedó claro que Lerroux y su partido
radical se habían constituido en el eje central de toda la situación política y
parlamentaria. En esas condiciones, habida cuenta de la imposibilidad de la CEDA
para gobernar en solitario, Lerroux optó por formar un gobierno exclusivamente
radical que fuera apoyado, desde fuera del gabinete, por el peso parlamentario de los
diputados cedistas capitaneados por Gil Robles. La condición tácita y expresa para
conseguir ese apoyo era la atención a las demandas mínimas de la CEDA, a pesar de
su declarada aversión al «contubernio» con republicanos: la ley de amnistía para los
detenidos por acciones antirrepublicanas (Sanjurjo y los exiliados por colaboración
con Primo de Rivera, como Calvo Sotelo) y una «revisión de la obra legislativa» del
bienio anterior en el plano social, autonómico y religioso. Esa sería, durante casi todo
un año, la fórmula política de gobierno en la República, sobre la base del apoyo
cedista al gabinete lerrouxista para aplicar un programa mínimo de «rectificación de
la República»[37].
La decisión crucial de Lerroux de ensayar la vía de la cooperación con las
derechas católicas todavía no conversas al republicanismo supuso la ruptura política
irreversible de la coalición originaria de abril de 1931. Entre otras cosas porque,
frente a la esperanza lerrouxista de incorporar a la CEDA al marco constitucional
democrático para ampliar su base social y electoral, el azañismo y el socialismo
desconfiaban de los propósitos últimos cedistas y temían que su triunfo electoral
fuera el preludio para la implantación de un régimen católico corporativo y
autoritario en la línea del salazarismo portugués o del fascismo italiano.
La deblace electoral de las izquierdas en noviembre de 1933 afectó a Negrín muy
directamente. No consiguió revalidar su escaño parlamentario por la provincia de Las
Palmas (donde cosechó no obstante 16 928 votos populares y resultó el candidato
más votado de la izquierda en la capital provincial). Sin embargo, consiguió salvar su
acta de diputado gracias al hecho de concurrir como número tres de la candidatura
socialista por Madrid capital. No en vano, a tono con su prestigio y creciente fama en
el ámbito socialista, Negrín figuraba en la lista después de Besteiro y de Jiménez de
Asúa. Y obtendría 176 171 votos populares (solo 1476 menos que Besteiro, el
diputado más votado en la capital)[38].
Sus tareas en las nuevas Cortes del bienio 1933-1935 no fueron muy diferentes a
las de la legislatura anterior. Formó parte de la Comisión de Presupuestos y también
de la de Hacienda (aunque no presidió ninguna de ellas). Realizó seis intervenciones
públicas en plenos parlamentarios (mayormente sobre temas hacendísticos). Presentó
tres enmiendas a un proyecto orgánico: el «Proyecto de traspaso al Ministerio de Trabajo de los servicios de Sanidad». Y realizó tres votos particulares a sendas
medidas gubernativas. Pero esta vez, en reconocimiento a sus destacadas dotes como
diputado, también fue elegido por sus correligionarios para el cargo de vicepresidente
del grupo parlamentario socialista, ostentando la presidencia Largo Caballero[39].
Al igual que en el bienio reformista, durante el bienio rectificador Negrín
concentró sus atenciones parlamentarias en los temas sanitarios y educativos, de
conformidad con su calidad de médico y universitario. A este respecto, quizá sus más
concienzudas intervenciones tuvieran por objeto impedir los planes gubernativos de
trasladar la gestión de los servicios de Sanidad desde el Ministerio de Gobernación al
de Trabajo. Ya en su primera intervención de oposición al traslado, realizada el 21 de
febrero de 1934, dejó claro que su rechazo no obedecía «a designios políticos, sino
que tienen una fundamentación legítima» y técnica. Derrotada su enmienda por la
mayoría radical-cedista, todavía perseveró sin éxito para evitar que, al menos, los
servicios de Epidemiología siguieran afectos al Ministerio de Gobernación:
Hemos fracasado, Señores Diputados, en nuestro intento de convencer al Gobierno y a la Comisión de la
inoportunidad de hacer el traslado de los servicios de Sanidad del Departamento de Gobernación al de
Trabajo; pero esperamos lograr, por lo menos, que la Comisión y el Gobierno acepten que aquellos
sectores del servicio de Sanidad que por su propia naturaleza requieren una acción gubernativa inmediata,
queden vinculados al Ministerio de la Gobernación en tanto que la legislación orgánica de Sanidad,
indispensable para que esta efectividad pueda ser realizada, no sea hecha por las Cortes. Entre estos
servicios figura, en primer término, y de una manera preeminente, el que depende de la Sección de
Epidemiología[40].
En el caso de la educación, su intervención más destacada tuvo lugar el 4 de mayo de
1934, cuando las Cortes tuvieron que debatir el efecto del decreto de amnistía sobre
la anulada cátedra de Derecho Internacional Privado de Madrid que había ostentado
el iusinternacionalista José Yanguas Mesía, exmiembro del Directorio Civil de Primo
de Rivera. Su plaza había sido convocada a concurso en febrero de 1932 y se estaban
desarrollando los ejercicios para su provisión en aquellos mismos días. A pesar del
antagonismo político que necesariamente abrigaba respecto a Yanguas Mesía, Negrín
intervino en el debate defendiendo su restitución a la cátedra y el principio de
autonomía y no injerencia política en la vida universitaria:
Se plantea la cuestión siguiente: no solo por los antecedentes que aquí se han señalado, sino también desde
un punto de vista puramente estatal, el interés de todos está en que si temporalmente, por circunstancias
políticas, determinados elementos permanecen alejados de la Universidad, en donde la selección debe
hacerse de una manera objetiva, teniendo en cuenta las capacidades y no teniendo en cuenta las ideas
políticas, deban reintegrarse a sus filas tan pronto como sea posible, y nosotros estimamos que en el caso
del señor Yanguas y Mesía, sin necesidad de apelar a una suspensión, que estimamos improcedente, injusta
e ilícita, de las oposiciones en curso, el Ministerio de Instrucción Pública tiene medios en su mano para
rehabilitar, conforme se ha hecho en otras ocasiones, y restablecer en el puesto que ocupaba el catedrático
que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se ha visto obligado a abandonar su puesto. Con estas pocas
palabras queda fijado el criterio de la minoría socialista [41].
Desde la formación del primer gabinete presidido por Lerroux, la dinámica política republicana entró en una fase crítica que tuvo como piedra de toque el grado de
participación de la CEDA en las tareas de gobierno y su creciente influencia en las
medidas de rectificación legislativa emprendidas. Por boca de Azaña, el
republicanismo de izquierda seguía confiando en que las dificultades de
conformación de un gobierno estable inclinaran al presidente Alcalá Zamora a
disolver la cámara y convocar nuevas elecciones. Mientras tanto, y al objeto de
favorecer ese curso, Azaña no dejaría de advertir a los radicales y al presidente contra
cualquier medida de «entrega» de la República a «los monárquicos, más o menos
disfrazados». La creciente dependencia de la CEDA no dejó de afectar a la cohesión
interna de las propias filas del radicalismo. En mayo de 1934 su sector más laicista y
demócrata se escindió del partido de la mano de Martínez Barrio y acabaría fundando
la Unión Republicana, que intentaría restablecer los puentes con el nuevo partido
constituido por Azaña, Izquierda Republicana[42].
También el movimiento socialista mantenía la misma esperanza azañista y había
secundado la advertencia con un añadido crucial que reflejaba la radicalización
largocaballerista (con la anuencia prietista): si la CEDA entraba en el gobierno,
«públicamente contrae el partido socialista el compromiso de desencadenar, en ese
caso, la revolución»[43]. Aunque el contenido de esa «revolución» no era exactamente
el mismo para Largo Caballero (la dictadura proletaria) que para Prieto (la defensa de
la república democrática), ese acuerdo de mínimos salvaba la unidad socialista y
permitía al movimiento oponerse sin fisuras a las medidas de contrarreforma social e
institucional aplicadas por Lerroux desde el gobierno y avaladas por la CEDA en las
Cortes. En todo caso, el movimiento socialista se aprestó a preparar en solitario una
revolución anunciada cuyo desencadenamiento, inexplicablemente, se aplazaba sine
die (y con la esperanza de que no fuera necesaria porque Alcalá Zamora vetaría la
entrada de la CEDA en el gobierno). Además, esa potencial «respuesta defensiva a
una provocación de la derecha» (la entrada cedista en el gobierno), contra el criterio
de Prieto y ante el desánimo de Fernando de los Ríos, no tendría ninguna vinculación
con la hipotética respuesta de las izquierdas burguesas porque la República
democrática ya no interesaba al movimiento «ni vestida ni desnuda» (según un
editorial de El Socialista a fines de julio de 1934).
Negrín no objetó nada a esa arriesgada estrategia política en virtud de sus vivos
temores ante el hipotético acceso al poder del partido de Gil Robles y el futuro de la
democracia republicana. No en vano, como recordaría uno de sus amigos y
compañeros de escaño, por aquellos meses estaba muy inquieto por «la impetuosa
ascensión del nazismo alemán» (Hitler se había convertido en canciller en enero de
1933) y la práctica eliminación del movimiento socialdemócrata en ese país tan bien
conocido y tan admirado. Esa inquietud se convirtió en una viva impresión a partir de
marzo de 1934, al tener noticia de «la salvaje represión llevada a cabo en Viena»
contra los socialdemócratas austríacos por el canciller católico Dollfuss. Según el
testimonio del doctor Pascua, Negrín «reflexionó mucho sobre la posibilidad de que acontecimientos semejantes pudieran ocurrir en España a cargo de las derechas y
especialmente de la Acción Popular (núcleo de la CEDA) en el Poder si la ocasión
propicia se presentaba»[44]. También le impresionó mucho la férrea contundencia
represiva utilizada por el gobierno radical, con el beneplácito cedista, en su
tratamiento de los conflictos socio-laborales. Buen ejemplo de esta última fue la
respuesta contra la huelga general campesina convocada por la federación agraria
ugetista en junio de 1934, con su cosecha de 13 muertos, decenas de heridos y más de
7000 detenidos (amén de la clausura de los centros sindicales en casi toda la
geografía rural). En todo caso, su preocupación no le llevó a secundar las tesis
«bolchevizantes» de Largo Caballero y, por aquellas fechas, sus amigos republicanos
le escucharon «en privado quejarse de los derroteros socialistas»[45]. Y no era para
menos porque, en palabras del historiador Santos Juliá:
Una revolución a fecha fija, pendiente de una provocación que el adversario podía administrar a su gusto y
desligada de la anterior movilización obrera y campesina, basada en una deplorable organización armada,
sin objetivos políticos precisos, con la abstención de un numeroso sector de la clase obrera sindicalmente
organizada, proyectada como mezcla de conspiración de militares presuntamente adictos y de huelga
general del gran día, frente a un Estado que mantenía intacta su capacidad de respuesta, no tenía ninguna
posibilidad de triunfo[46].
El deterioro de la vida política entre diciembre de 1933 y el otoño de 1934 puede
comprobarse en un hecho bien notorio: el diputado Negrín, vicepresidente de la
minoría parlamentaria socialista, fue procesado por la Fiscalía General de la
República como autor confeso de siete artículos de contenido político publicados en
el diario El Socialista. De los siete procesos incoados por el Tribunal Supremo y para
los cuales se pidió el correspondiente suplicatorio a las Cortes, seis serían denegados
y solo uno concedido: el correspondiente a la serie de artículos titulados irónicamente
«Aspectos nutritivos de la euforia», publicados en los días 27 y 30 de mayo, 7 de
junio y 17 de julio de 1934, en los que denunciaba una corrupción ministerial en la
adjudicación de derechos de importación de maíz y exportación de arroz. Los otros
seis artículos fiscalizados se referían a la situación del campesinado extremeño, la
corrupción administrativa de los radicales y otros temas de actualidad política. El
título y fecha de cada uno de ellos fue el siguiente: «Unas horas en Villanueva de la
Serena» (22 de diciembre de 1933); «Curiosidades. El fiscal, recusado» (5 de junio de
1934); «Si el partido es eso… el binomio lerrouxista de Rodríguez de León» (20 de
mayo); «De la huelga de campesinos. Una carta de los presos de Valladolid» (3 de
julio); y «Nube de verano» (8 de julio)[47]. Por esas fechas, la dedicación política y
parlamentaria de Negrín fue tan intensa que pidió y obtuvo la excedencia formal de
su condición de catedrático universitario en activo y de secretario de la junta
constructiva de la Ciudad Universitaria (un cargo este gravoso y no remunerado que
le costó abandonar porque era su empresa intelectual favorita)[48].
En su calidad de militante socialista disciplinado, al margen de sus tareas parlamentarias y de sus reservas estratégicas, Negrín también parece que secundó las
labores de Prieto en la preparación de «la respuesta a la provocación derechista».
Entre otras tareas, Prieto asumió la competencia de buscar armas para la incipiente
milicia socialista en Vizcaya (su feudo personal) y en Asturias (donde la dirección del
Sindicato Obrero Minero Asturiano estaba en manos de convencidos prietistas como
Ramón González Peña, su secretario general y presidente de la Federación Minera de
la UGT). No fue tarea nada fácil y la mayor operación planeada, el alijo en Asturias
del armamento transportado en el vapor Turquesa, fue desbaratada por la Guardia de
Asalto y casi provocó la detención de Prieto in situ. En ese contexto, el apoyo de
Negrín se limitó a acompañar a su líder político durante el verano de 1934 en sus
viajes por Vizcaya y Asturias, sin ostentar cargo orgánico alguno ni formar parte del
«comité de enlace» directivo de la proyectada huelga socialista (formado por dos
líderes de cada organización: PSOE, UGT y Juventudes Socialistas). Así lo
reconocería posteriormente Negrín en su declaración testifical ante el tribunal militar
encargado de la persecución de los responsables de los sucesos de octubre de 1934:
Preguntado —Si particularmente ha estado en Éibar o Asturias en el verano del año treinta y cuatro, dijo:
Que en el verano del año treinta y cuatro ha estado con sus hijos mayores y algunos amigos en varios sitios
del norte de España, León, Galicia, Asturias, Santander y Vascongadas. Ha estado además una o dos veces
en Éibar con amigos y sus hijos; Que ninguna vez, si ha sido más de una, arriba de una o dos horas. Que
también en años anteriores, y desde hace varios, ha pasado parte del verano y en plan turístico en
poblaciones de Asturias, Santander y Vascongadas.
Preguntado —Que si recuerda las fechas, dijo: que las fechas serían hacia mediados o fines de agosto.
Pudiendo ser también hacia principios de septiembre.
Preguntado —Que quién le acompañó del Partido Socialista o del comité, dijo: Que como miembro del
Partido Socialista no le acompañó nadie. Que como amigos particulares iban —además de sus hijos— el
señor Prieto, una o quizá sus dos hijas y si no recuerda mal, algunos amigos bilbaínos o madrileños del
señor Prieto, que no son socialistas. Que en Oviedo estuvo, como siempre que ha ido a Asturias, en casa de
su amigo Teodomiro Menéndez [diputado socialista] con quien le liga amistad particular, motivaba además
esa visita el ver a su esposa que por aquellos días había tenido una hemoptisis[49].
El momento culminante de la crisis política en curso en España llegó a principios de
octubre de 1934, cuando Lerroux decidió atender la imperativa exigencia de Gil
Robles para que la CEDA entrase a formar gobierno con tres ministros propios. Esa
colaboración ministerial cedista se había constituido en la piedra de toque de la
coyuntura política, en particular para los dos grandes partidos del espectro político,
por razones bien apuntadas por el hispanista Paul Preston:
Tanto el PSOE como la CEDA tenían confianza en que el aparato represivo del Estado podía ocuparse
adecuadamente de la conspiración monárquica o de la subversión anarquista. Lo que realmente temían
cada uno era que el otro llegase al poder legalmente y le diese al régimen un contenido legal y
constitucional que dañase los intereses materiales de sus seguidores[50].
La aprobación por parte de Alcalá Zamora de ese reajuste gubernamental el 4 de
octubre fue la señal anunciada para que el PSOE y la UGT declararan, en solitario y
sin acuerdo con otras fuerzas políticas o sindicales (CNT), una huelga general indefinida de protesta en todo el país. También fue la señal para que el gobierno de la
Generalitat presidido por Companys, enzarzado en un agrio pleito competencial con
el gabinete de Lerroux, aprovechara la ocasión y proclamara «el Estado Catalán
dentro de la República Federal Española». Aunque el republicanismo de izquierda
denunció la entrada de la CEDA en el gobierno, no secundó ninguna de ambas
iniciativas porque no podía «cooperar ni directa ni indirectamente en actuación
alguna que signifique un apartamiento violento del orden legal establecido»[51].
Ambas acciones anticonstitucionales fueron un fiasco rápidamente aplastado por el
nuevo gobierno radical-cedista con el apoyo unánime de las fuerzas de seguridad y
del Ejército: el general Batet consiguió la rendición de Companys en Barcelona sin
apenas derramamiento de sangre y en poco más de veinticuatro horas[52].
La única excepción a esa tónica general tuvo lugar en Asturias, donde la
convocatoria huelguística estuvo protagonizada por una Alianza Obrera entre el
Sindicato Minero de la UGT y su homólogo de la CNT. De la mano de ambas
organizaciones, sobre la base del descontento y malestar generado por una
prolongada crisis minera, la huelga general desembocó en insurrección armada que se
convirtió en el ensayo de una verdadera revolución social colectivista (con su cosecha
de pérdidas humanas y varias decenas de muertes de «enemigos de clase»: guardias,
patronos y religiosos). Incluso permitió una sostenida incursión de las milicias
mineras sobre la capital regional, Oviedo, donde las fuerzas militares sostuvieron el
frente hasta la llegada de refuerzos por vía marítima y terrestre. Las operaciones
fueron coordinadas desde Madrid, en virtud del estado de guerra, por un joven
general, Francisco Franco Bahamonde, que actuaba como asesor personal del
ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo. Apenas quince días después de
iniciada la insurrección, ante el abrumador despliegue militar en la región
(incluyendo el uso de la Legión y tropas de regulares indígenas, los «moros»), los
líderes mineros socialistas y anarquistas cesaron su resistencia y capitularon
incondicionalmente[53].
Negrín tomó parte en el movimiento huelguístico del 5 de octubre de 1934
ofreciendo su apoyo logístico a la dirección socialista: Largo Caballero se ocultó
brevemente en el domicilio madrileño de su compañera, Feli (a la que encontró «muy
dispuesta y con traza de inteligente»), antes de ser detenido por la policía en la casa
del pintor Luis Quintanilla. Todos sus desplazamientos por la capital en aquellos
tensos días, hasta su detención, los hizo en el automóvil de Negrín, «que llevaba la
indicación de servicio médico»[54]. Por su parte, Juan Simeón Vidarte encontró
refugio provisional en el domicilio del discípulo de Negrín, el doctor Rafael Méndez,
donde también tenía pensado ocultarse Prieto (que optó por partir al exilio en París)
[55].
Como consecuencia de su filiación y cargo, Negrín fue sometido a la
correspondiente investigación del tribunal militar encargado de depurar las
responsabilidades por la fracasada huelga e insurrección socialista. Y el juez militar encargado de su causa dictaminó en abril de 1935 el sobreseimiento de la misma al
no apreciar ninguna responsabilidad penal en su conducta[56]. Por esa misma razón de
ausencia de imputaciones o condenas, Negrín pudo seguir ejerciendo como
vicepresidente del grupo parlamentario socialista «en funciones de presidente» (por
ausencia de Largo Caballero, detenido y encarcelado). Y desde su Oficina
Parlamentaria Socialista organizó con suma eficacia, en colaboración con Fernando
de los Ríos, la defensa jurídica de los líderes y militantes encarcelados y procesados
por su participación en los sucesos de octubre[57]. También atendió a los líderes
socialistas europeos que vinieron a Madrid a interesarse por la suerte de sus
correligionarios, a los que ya conocía por su cargo en la Unión Interparlamentaria
(entre ellos, los socialistas franceses Vincent Auriol y Jules Moch, que llegarían a ser
sus íntimos amigos)[58]. En una de sus cartas particulares a Feli (en las que no apeaba
el tratamiento de usted), Negrín hacía alusión en enero de 1935 a esa ingrata tarea
defensiva que le había tocado asumir con resignación:
Que nos pongan buena cara en cárceles y cuarteles y entre gentes a quienes la revolución ha herido en lo
más vivo, es tonta pretensión. Inspirar compasión entre ellos, debemos rechazarlo, y no lo lograríamos.
Solo podemos reclamar cuando haya algún atropello, aunque la reclamación sea casi siempre de efectos
platónicos, que lo mejor por ahora es morderse los labios y aguardar con altivez a que llegue nuestra
ocasión, esperando que sabremos ser más humanos, generosos y caballeros que ellos lo han sido. Que
V. sabe que yo nunca he creído reñida la dureza con la hidalguía [59].
La derrota socialista y catalanista de octubre de 1934 fue un hito culminante en el
devenir de la Segunda República, pero no puso fin a la prolongada crisis política
vigente. Ante todo, porque la cruda y sangrienta experiencia de la revolución social
en Asturias dejó verdaderamente alarmados a amplios sectores sociales
conservadores y republicanos, que vieron confirmados sus temores y recelos sobre la
lealtad democrática y constitucional del movimiento socialista y del catalanismo de
izquierdas. Por su parte, a la vista de las medidas de fuerza empleadas para acabar
con la insurrección y con anteriores manifestaciones de protesta (la huelga campesina
de junio), extensos segmentos sociales obreros y jornaleros confirmarían su
desconfianza hacia las vías políticas parlamentarias y nutrirían las filas de las bases
militantes que forzaban la radicalización de los sindicatos.
En ese proceso de polarización agudizado en octubre de 1934 fue reduciéndose
aún más el ámbito de apoyos sociales y políticos del reformismo democrático
triunfante en abril de 1931, en beneficio de las alternativas autoritarias de la reacción
o de la revolución. No en vano, desde entonces y hasta el estallido de la guerra civil,
los líderes y seguidores del reformismo democrático tuvieron que enfrentarse a un
dilema crucial que fracturó no pocas de sus filas y de sus bases sociales y
territoriales. Aquellos sectores donde predominaba el temor a la reacción sobre el
miedo a la revolución seguirían apostando por la vía de la cooperación con el
movimiento socialista con la esperanza de reconducirlo hacia la legalidad
constitucional y retomar la vía política truncada en 1933. Aquellos sectores donde era superior el miedo a la revolución sobre el temor a la reacción persistirían en la
necesidad de cooperar con la CEDA con la esperanza de lograr su apoyo para la
estabilización de la República y para superar la crisis institucional imperante.
En el seno del movimiento socialista, el fracaso de la tentativa revolucionaria
acentuó hasta extremos de casi ruptura la división entre la facción largocaballerista,
bien implantada en la UGT y partidaria de proseguir por la vía «bolchevique»
fusionándose con el minúsculo Partido Comunista de España (PCE), y la tendencia
prietista, que controlaba la comisión ejecutiva del PSOE y apostaba por el
restablecimiento de la alianza con los republicanos de izquierda. Los primeros, a
pesar del fiasco cosechado y en función de su leninismo advenedizo, interpretaban la
huelga e insurrección como una batalla solo provisionalmente perdida de una guerra
de más largo alcance y necesariamente victoriosa. En junio de 1935, Araquistáin,
convertido ya en el cerebro intelectual de Largo Caballero y el promotor de la
estrategia revolucionaria de la «izquierda socialista», denunciaba la posible
reconstrucción de la conjunción republicano-socialista con viveza:
Los confusionismos de clases son funestos para todos. Que cada cual gobierne conforme a los intereses y a
la ideología de su clase, y cuando al Partido Socialista le llegue la hora del Poder, y le llegará, porque eso
está escrito en las leyes inmanentes de la Historia, también gobernará solo de acuerdo con sus intereses y
su ideología de partido proletario. Han sido precisos cuatro años para llegar a esta definición y
delimitación de los partidos que al traer la República y echar sus fundamentos constitucionales
renunciaron temporalmente a sus diferencias de clase; pero basta haber alcanzado esta claridad para que el
tiempo pasado no sea del todo perdido[60].
Los segundos, en virtud del mismo fiasco, llegarían a considerar esa tentativa de
asalto violento al poder como un grave error político y estratégico, incompatible con
las credenciales democráticas del socialismo. Prieto en persona había dado carta
blanca a esa «posición socialista» en su declaración con motivo del cuarto aniversario
de la proclamación de la República en abril de 1935:
Ese artículo constituía ante todo una confesión de nuestros errores, y entre los que podían hacerse públicos
apunté como el más considerable de todos el hecho de que en la mayor parte de las circunscripciones los
socialistas lucharan aisladamente en las elecciones legislativas de 1933, considerando dicho aislamiento
como una de las principales causas de la composición actual del Parlamento, tan desfavorable a los ideales
democráticos y a las aspiraciones de la clase obrera [61].
Por su parte, en el seno de la coalición gobernante, el triunfo sobre la revolución
planteó de inmediato graves diferencias entre radicales y cedistas sobre el alcance de
las medidas contrarreformistas y sobre la propia supervivencia de la República
democrática. De hecho, para los radicales y el presidente Alcalá Zamora, las medidas
de emergencia dictadas por el estado de guerra (suspensión de ayuntamientos
socialistas, de la Generalitat, encarcelamiento de huelguistas) tenían que ser interinas
y moderadas, dejando abierta la vía al restablecimiento de la normalidad democrática
y constitucional. Por el contrario, Gil Robles pretendía que fueran medidas
resolutivas y virtualmente irreversibles, aun cuando supusieran la suspensión sine die de la normalidad constitucional (a la que, por otra parte, aspiraban cambiar
sustancialmente como parte de su programa). El debate sobre las penas de muerte a
los condenados por su participación en la insurrección asturiana dejó clara la
discrepancia entre ambas partes y ocasionó duros enfrentamientos entre los
coaligados y entre la CEDA y la presidencia de la República. Si bien Gil Robles
terminó por ceder en ese punto (y las penas de muerte fueron casi en su totalidad
conmutadas), no dejó por ello de conseguir éxitos notorios en su labor gubernativa.
En mayo de 1935 Lerroux formó un nuevo gobierno que contaba con virtual paridad
entre ministros radicales y cedistas (con Gil Robles en la crucial cartera de Guerra,
contando con el general Fanjul como subsecretario y con el general Franco como Jefe
de Estado Mayor). Y en julio de 1935 las Cortes aprobaron una «Ley para la Reforma
de la Reforma Agraria» que constituía una verdadera contrarreforma agraria y dejaba
intacto el grave problema jornalero y latifundista vigente.
En todo caso, a lo largo del año 1935, el lento proceso de desmoronamiento de la
coalición gobernante (acelerado desde el verano por el descubrimiento de un
escándalo de corrupción que afectaba a la propia dirección del Partido Radical) fue
acompañado de una vigorosa campaña emprendida por Azaña y su nuevo partido,
Izquierda Republicana (IR), para articular una nueva coalición electoral con los
socialistas a fin de recuperar el poder y proseguir las reformas truncadas dos años
antes. Bajo el liderazgo de Prieto, el PSOE aceptó esa fórmula política con una
salvedad impuesta por la facción largocaballerista atrincherada en la UGT: el
renacido pacto electoral republicano-socialista se ampliaría para incluir al PCE con el
nombre de «Frente Popular». Y dicho pacto lograría incluso la benevolencia electoral
de la CNT por su compromiso de otorgar, en caso de victoria, una amplia amnistía
para los delitos políticos.
En esas condiciones de efervescencia política e inestabilidad ministerial, a finales
de año el presidente Alcalá Zamora tomó una decisión arriesgada. Como desconfiaba
de las credenciales democráticas de la CEDA y temía su voluntad de reforma
constitucional, optó por entregar el poder a un gobierno centrista, presidido por
Manuel Portela Valladares, con el objetivo de convocar nuevas elecciones generales
para el 16 de febrero de 1936.
Negrín vivió con suma inquietud todo el período anterior a la convocatoria
electoral de febrero de 1936. A raíz del fracaso de la huelga de octubre de 1934 se
había formado «muy mediano concepto» de las «capacidades directora y
organizadora que poseía Largo Caballero» y no dejaba de criticar su línea
revolucionaria y «bolchevizante» de fusión con el PCE y cooperación con la CNT.
Por eso se entregó a colaborar plenamente con Prieto en la tarea de restablecer la
unidad del PSOE en torno a un programa socialdemócrata pactado con los
republicanos de izquierda que pudiera vencer electoralmente y reemprender la
ejecución de las reformas paralizadas desde 1933. Esa decisión supuso la ruptura
traumática de su hasta entonces íntima amistad con Araquistáin, en consonancia con la creciente tensión existente entre el prietismo y el largocaballerismo. Feli fue
nuevamente la receptora de sus temores y juicios políticos más íntimos y reservados.
En marzo de 1935, Negrín escribió a Feli una carta que esta recibió en París, adonde
había ido para contactar con Prieto y recibir las instrucciones políticas pertinentes. En
ella se quejaba de la conducta de Largo Caballero y de su falta de dirección política,
como presidente del Grupo Parlamentario, en un momento crítico para el movimiento
socialista:
U. sabe perfectamente que en plan militante yo hago cuanto me manden sin preguntar por ni para qué, y en
ello quizá me haya excedido, pero a lo que no me quiero prestar es a tomar decisiones al dictado, sobre
todo después de ciertas experiencias. A mí me hubiera gustado conocer la opinión de P. (Prieto) sobre este
punto [se refiere a las peticiones de indulto para las sentencias de muerte], pues me fío más de su sentido
político[62].
Y la decepción por la conducta de Largo Caballero no era solo por su inoperancia
como máximo líder político y parlamentario. La carta a Feli dejaba claro que también
respondía a su falta de asunción de responsabilidades por el fracaso de la huelga de
octubre y por su persistencia en la misma línea política bolchevizante (cuyo ariete
orgánico seguían siendo «los niños» de las Juventudes Socialistas):
Cada vez estoy más preocupado ante la falta de iniciativa de quienes debían llevar una dirección que no
existe. Estoy harto de tener que adivinar cuáles son las ideas y deseos de los demás para asumir la
responsabilidad de que las cosas de la Minoría (Parlamentaria) lleven el rumbo que ellos creen
conveniente, pero que no se atreven a marcar. […]
Entre nuestra gente domina un estado de inconsciencia aterrador. […] Los «niños» siguen con igual
autonomía y con idénticas tonterías. Cada vez que se piden instrucciones se responde con evasivas. Yo he
planteado un par de veces la cuestión, sin fruto. No hay dirección, ni mando, ni ganas de afrontar
responsabilidades. U. perdone me descargue un poco.
El conjunto de esas circunstancias políticas y humanas no dejó de cobrar su precio en
el carácter de Negrín, que «se tornó más mohíno, tirando a una más pronunciada
cautela y hermetismo que antaño». Sobre todo, la implacable enemistad mostrada
desde entonces por Araquistáin «le impresionó mucho, modificando no poco su
temple», porque afectó a su «profundo sentido de la camaradería» («como luego le
ocurriera cuando chocara con Prieto»)[63]. Quizá incluso es posible que empezara
entonces a echar de menos su anterior vida científica y universitaria. No en vano, eso
mismo estaba sucediendo por esas mismas fechas a otro dirigente socialista con el
que compartía formación universitaria, categoría profesional, tradición intelectual y
orientación ideológica: Fernando de los Ríos[64]. De hecho, por primera vez en
muchos años, Negrín encontró tiempo suficiente para acudir al congreso internacional
de Fisiología que se celebró en Leningrado en 1935, en compañía de su discípulo
José María García-Valdecasas (y donde se encontró con Ochoa y, durante un viaje
turístico a Moscú, con Álvarez del Vayo)[65].
En todo caso, el pesar por las divisiones socialistas no impidió a Negrín ser uno
de los primeros firmantes, tras el jurista Luis Jiménez de Asúa, del llamado «manifiesto de los doctores», elaborado en su laboratorio de análisis clínicos de la
calle Ferraz y publicado en El Socialista el 1 de enero de 1936. En el mismo, un
grupo de prestigiosos diputados (el doctor Pascua, el periodista Julián Zugazagoitia,
el jurista Jerónimo Bugeda y el líder minero Ramón González Peña), apelaban a la
unidad y «disciplina» del movimiento socialista y criticaban «la confusión y la
división suicida» alentada por la facción largocaballerista[66]. La escisión del
PSOE-UGT era por entonces una posibilidad virtual cada vez más cercana y Negrín
había optado claramente por alinearse al lado de Prieto y en contra de Largo
Caballero.
En medio de un contexto de bipolarización política y crispación social, las
elecciones generales del 16 de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular
por ligera mayoría de votos frente a las candidaturas unitarias «antimarxistas»
aglutinadas por la CEDA. Ninguna de las dos coaliciones eran formaciones
homogéneas y articuladas en torno a un programa de gobierno detallado, sino más
bien «frentes» de oposición a un enemigo compartido y al que era necesario vencer.
De hecho, el «Frente Popular» agrupaba a toda la izquierda (desde Unión
Republicana e Izquierda Republicana al PSOE, el PCE y el POUM) pero «ocultaba
no ya fuerzas muy dispares, con políticas contradictorias, sino partidos
fragmentados». Por su parte, las candidaturas derechistas aglutinaban en torno a la
CEDA a náufragos del republicanismo radical al lado de monárquicos e incluso
falangistas (José Antonio Primo de Rivera estuvo a punto de ser candidato de las
derechas por Cuenca)[67].
Sobre una participación ciudadana de más del 72% del electorado, las
candidaturas de la izquierda cosecharon el 47,1% de los sufragios, en tanto que las de
la derecha recibieron el 45,6% y las de centro un mero 5,3%. A pesar de esa división
casi equitativa de las preferencias políticas, como en ocasiones anteriores, el carácter
mayoritario del sistema electoral amplificó la victoria de las izquierdas en términos
de escaños: 278 diputados frentepopulistas (entre ellos 99 socialistas, 87 azañistas, 38
de Unión Republicana y 17 del PCE) frente a 124 derechistas (de ellos, 88 cedistas,
12 monárquicos alfonsinos y 10 carlistas)[68].