Ministro de Hacienda

 

El nuevo gobierno constituido el 4 de septiembre de 1936 estaba presidido por Largo

Caballero, que también ostentaba la crucial cartera de Guerra. Habida cuenta de que

el movimiento sindical era la mayor fuerza política y miliciana de la retaguardia,

todos los líderes republicanos, incluyendo al renuente presidente Azaña, habían

llegado a la conclusión de que no había ningún otro líder capaz de encabezar esa

coalición gobernante. Y Largo Caballero asumió la tarea consciente de su fuerza,

alentado por Araquistáin, sin consulta con la dirección socialista y sin previa petición

de autorización para ello.

El gabinete formado contaba también con la participación de dos ministros de la

izquierda socialista (Ángel Galarza en Gobernación y Julio Álvarez del Vayo en

Estado), tres ministros del PSOE (Prieto en Marina y Aire, Anastasio de Gracia en

Industria y Negrín en Hacienda), tres ministros republicanos (Mariano Ruiz-Funes en

Justicia y Giral sin cartera, de IR; Bernardo Giner de los Ríos en Comunicaciones, de

UR), un representante de ERC (José Tomás y Piera en Trabajo), un representante del

PNV (Manuel de Irujo, sin cartera) y dos ministros comunistas (Vicente Uribe en

Agricultura y Jesús Hernández en Instrucción Pública). Apenas un mes después, con

el gobierno en vísperas de traslado a Valencia ante la inminencia del asalto insurgente

a la capital, el gabinete sería ampliado con la incorporación de cuatro ministros de la

CNT-FAI: Juan García Oliver en Justicia sustituyendo al cesado Ruiz-Funes; Juan

Peiró en Industria reemplazando a De Gracia, que pasó a Trabajo; Juan López en

Comercio; y Federica Montseny en Sanidad. También entonces se sumó un nuevo

ministro de la Esquerra de Catalunya (Jaime Ayguadé, sin cartera) y otros dos

republicanos (Carlos Esplá en Propaganda y Julio Just en Obras Públicas).

Se trataba de un gobierno frentepopulista de hegemonía sindical que «no tenía

matiz político alguno» (según Largo Caballero), que agrupaba mal que bien a grupos

políticos revolucionarios y reformistas opuestos a la reacción militar en curso y que

solo se sustentaba en la compartida voluntad de evitar la derrota y destrucción a

manos del enemigo común[44]. De hecho, los cuatro ministros anarquistas, superando

sus escrúpulos antipolíticos, anunciaban que asumían sus cargos para defender las

conquistas revolucionarias y porque «el gobierno, en la hora actual, como

instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de

opresión contra la clase trabajadora»[45].

Negrín se convirtió en ministro de Hacienda del gobierno de Largo Caballero, a

los 44 años de edad, como parte de la tría da de cargos ofrecida al PSOE por el

secretario general de la UGT[46]. La Comisión Ejecutiva decidió su nombramiento, a

propuesta explícita de Prieto, en virtud de su probada competencia técnica y habilidad

administrativa en materia de finanzas y presupuestos. El secretario y el vicesecretario

de la Comisión, Ramón Lamoneda y Vidarte, acudieron a su domicilio madrileño a comunicarle la decisión en la noche del 4 de septiembre, recién llegado del frente de

Peguerinos. Negrín, «todavía somnoliento se enfureció con nosotros», se resistió a

aceptar el encargo y criticó duramente la constitución del gobierno de Largo

Caballero porque daba una imagen de la República en exceso radical de cara al

exterior y era una grave equivocación política y diplomática que impediría obtener la

vital ayuda de Francia y Gran Bretaña. Según el relato de Zugazagoitia, declaró con

enojo:

 

La constitución de ese Gobierno es peor que si hubiese caído Getafe en poder de Franco. No conozco

mayor disparate, considerado nacional e internacionalmente. ¿Es que se busca resueltamente que se pierda

la guerra? ¿Se trata de un desafío a Europa? Con mi personal colaboración que no se cuente. No me

considero con ninguna competencia para dirigir la Hacienda. […]

¡Cuernos! No se pueden hacer las cosas peor. ¡Un ministerio de socialistas y comunistas! ¿Es que nos

negamos a darnos cuenta de que nuestra guerra no es puramente nacional, sino que tiene un carácter

eminentemente internacional[47]?

 

Finalmente, sometido a fuertes presiones y previa reunión el día 5 con la Comisión

Ejecutiva del PSOE, resolvió aceptar el nombramiento por disciplina partidaria y por

lealtad personal y política hacia Prieto. Ese mismo día, tras la primera reunión

constitutiva del gabinete, se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, sito en el vetusto

caserón dieciochesco de la calle de Alcalá, en una ceremonia de traspaso de poderes

en la que estuvo presente su predecesor, el republicano Enrique Ramos. Allí, en su

nuevo despacho oficial, recibió a los pocos días la visita de su amigo Mariano Ansó,

negándose a aceptar su «protocolaria enhorabuena» porque seguía considerando la

formación del gobierno como «una verdadera derrota» en el plano diplomático al

suponer la «exaltación del movimiento de Asturias» en vez de proclamar la necesidad

del imperio de «la ley republicana»:

 

No tenemos, no podemos tener otra divisa de guerra. Estoy aquí porque nunca cometeré un acto de

deserción, y menos frente al enemigo; pero mi convicción íntima es la misma que tuve en los nefastos días

de la revolución asturiana. Entonces cumplí con mi deber de cargar con una parte de responsabilidad que

nunca contraje, y hoy tendré la misma conducta[48].

 

Negrín formó en Hacienda su propio equipo de trabajo con la ayuda de sus amigos y

correligionarios y sin descartar al funcionariado leal del propio departamento. De este

modo, Jerónimo Bugeda, diputado socialista por Jaén, se convirtió en subsecretario

de Hacienda y virtual sombra del ministro en los primeros tiempos; el economista

republicano Francisco Méndez Aspe, que había sido hasta entonces subsecretario del

ministerio con Enrique Ramos, quedó encargado de la vital Dirección General del

Tesoro y Seguros y se convertiría en su más estrecho colaborador; el también

funcionario ministerial Demetrio Delgado Torres se ocupó de la Dirección General de

Economía; otro funcionario, Luis de la Peña, asumió la Dirección General de Rentas

Públicas; José Prat, diputado socialista por Albacete, fue nombrado director general

de lo Contencioso del Estado; y José Aliseda Olivares, diputado socialista por Badajoz, se hizo cargo de la Dirección General de Propiedades y Contribución

Territorial. Por su parte, el doctor Rafael Méndez se incorporó como secretario

particular del ministro, junto con los doctores Blas Cabrera y José María García-

Valdecasas; el periodista socialista Fernando Vázquez Ocaña se hizo cargo del

Gabinete de Prensa ministerial; y el contable Pedro Pra López fue nombrado

«Delegado especial del Ministerio de Hacienda» en París (donde se había constituido

desde el principio del conflicto una comisión de compras de armas en el extranjero)

[49].

En la cúpula del crucial Banco de España, sometido de facto al control

ministerial, Negrín no introdujo novedad y confirmó en su cargo como gobernador a

Luis Nicolau d’Olwer, exministro de Economía con Azaña. También hizo lo propio

con los dos subgobernadores nombrados por su antecesor: Julio Carabias y José

Suárez Figueroa. Los tres serían fieles colaboradores del ministro durante toda su

gestión hacendística y con posterioridad[50].

Nada más hacerse cargo del ministerio, Negrín anunció públicamente que su

labor en Hacienda consistía en ayudar al gobierno a «dominar rápidamente la

sublevación militar facciosa, defendiendo la República democrática, dentro siempre

del ámbito constitucional». En esa primera declaración oficial también anunció que

«en materia económica y financiera», su labor se inspiraría «en un sentido

constructivo, es decir, reconstructivo de la economía, y en una más perfecta y

adecuada ordenación de todos los instrumentos de la riqueza nacional»[51].

Efectivamente, la gestión de Negrín al frente de la Hacienda iba a ser parte esencial

del programa de gobierno de la coalición presidida por Largo Caballero para

enfrentarse al victorioso avance de la insurrección militar. De hecho, todas sus

gestiones financieras y económicas estarían en consonancia con la línea directriz que,

mal que bien, asumió aquel gabinete de coalición «antifascista»: la tentativa de

reconstrucción de los instrumentos de acción estatal en diversos ámbitos de gestión

interior y exterior. De este modo, mientras Negrín comenzaba a diseñar su «política

económica de guerra», Largo Caballero adoptaba las primeras medidas de

militarización de las milicias para constituir el Ejército Popular de la República y

Álvarez del Vayo iniciaba una ofensiva diplomática destinaba a paliar el aislamiento

exterior y los perjuicios del sistema de No Intervención. La República hacía frente

así, con todas sus implicaciones y dificultades, a la «guerra total» declarada por el

enemigo en todos los frentes de combate.

Negrín estaba persuadido de que la potencial victoria de la República dependería

del apoyo financiero que su departamento pudiera proporcionar al Ministerio de la

Guerra para abastecerse de armas, municiones y servicios bélicos demandados por el

Ejército, amén de suministros para el sostenimiento de la vida económica civil de

retaguardia. Y también estaba convencido de que para ello era imprescindible retomar

el control de los recursos productivos interiores del país y dominar los flujos

comerciales de exportación e importación que cruzaban las fronteras nacionales. Una tarea hercúlea porque el aparato burocrático estaba semiderruido como consecuencia

del golpe y del desplome de las estructuras estatales, con la consiguiente atomización

del poder público y de los ámbitos económicos y productivos. Baste recordar que

quedaron inicialmente fuera del control de su ministerio las vitales fronteras

internacionales (tradicionalmente vigiladas por el Cuerpo de Carabineros,

dependiente del Ministerio de Hacienda) y que también perdió la custodia sobre

varias sucursales provinciales de Hacienda y del Banco de España (como las seis

sucursales bancarias catalanas, que pasaron a ser controladas por la Consejería de

Finanzas de la Generalitat tras la convulsión de finales de julio de 1936)[52]. Por otro

lado, el caos institucional imperante supuso también el desplome del sistema

impositivo, como señaló un informe reservado del Consejo de Hacienda en abril de

1937:

 

La guerra civil […] ha producido el derrumbamiento de la estructura económica en que se basaba un

número de tributos, sin que los elementos que han desplazado y sustituido también a la antigua empresa

capitalista la hayan reemplazado y sustituido también en el cumplimiento de los deberes fiscales[53].

 

La labor de reconstrucción administrativa fue emprendida con renovada energía por

el equipo de Negrín incluso antes de terminarse los nombramientos claves del

departamento. La subsecuente catarata de decretos y órdenes ministeriales produjo

medidas de emergencia como las publicadas por vez primera con firma de Negrín en

la Gaceta de Madrid. Diario oficial de la República con fecha de 10 de septiembre:

concesión de créditos extraordinarios a los Ministerios militares «para gastos de

carácter extraordinario o de primer establecimiento del Ministerio de la Guerra y

subsistente la sublevación militar»; incautación de empresas de interés estratégico

nacional, como la Compañía Española de Petróleos (CAMPSA) y la Compañía

Arrendataria de Fósforos; fijación del «recargo que debe cobrarse por las Aduanas en

las liquidaciones de derechos de Arancel correspondientes a las mercancías

importadas y exportadas por las mismas»; y extinción de sociedades de seguros

existentes en zona sublevada. El mismo carácter urgente tomaron las múltiples

órdenes de «cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el

movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen», así como los

decretos de prórroga de la moratoria en la cotización de los bienes bursátiles, en «los

pagos de los dividendos, primas de acciones e intereses de obligaciones», y en la

normativa limitando el uso de cuentas corrientes y depósitos bancarios (Gaceta del

11, 13 y 20 de septiembre). También se creó la Caja de Reparaciones de Daños y

Perjuicios de la Guerra (25 de septiembre de 1936) al objeto de incautarse de los

bienes de quienes hubieran tenido participación directa o indirecta en la sublevación

para utilizarlos en la reconstrucción económica de postguerra. Su director general

sería el líder de la Federación de Banca de la UGT Amaro del Rosal, un socialista de

izquierda que pronto se pasaría al PCE[54].

En esa misma línea, Negrín acometió una labor que se correspondía a la perfección con el programa gubernamental de recuperación de atribuciones estatales

y preparación de una economía de guerra. Dispuso la inmediata reconstrucción del

cuerpo militar de Carabineros, una policía de control de aduanas adscrita al

Ministerio de Hacienda que había permanecido leal a la República en el 66% de sus

efectivos[55]. La crucial medida vio la luz en la Gaceta de la República el 24 de

septiembre de 1936, a los veinte días de asumir Negrín el cargo, y se justificaba con

las siguientes palabras:

 

La desarticulación actual del Instituto de Carabineros a causa de las circunstancias por las que atraviesa el

país, obliga a su reorganización, y como primer paso para ello a completar sus efectivos, por lo que, a

propuesta del Ministro de Hacienda y de acuerdo con el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al Ministro de Hacienda para conceder ingreso en el Instituto de Carabineros

hasta el número de 8000 aspirantes, cuya recluta se ordenará por el mismo, siendo de su libre elección la

designación del personal civil y militar que deba efectuarla, así como la forma y lugar de llevarla a cabo.

Artículo 2.º Queda autorizado el Ministro de Hacienda para conceder los empleos de Oficiales,

Suboficiales y clases en el número necesario para encuadrar el mando de esta nueva recluta a los que,

perteneciendo al Instituto de Carabineros, tengan perfectamente demostrada su competencia y adhesión al

Régimen.

Artículo 3.º Queda igualmente autorizado el Ministro de Hacienda para habilitar los créditos precisos a

fin de que por las Comisiones de Recluta se puedan realizar las compras necesarias para dotar a los nuevos

carabineros de todos los elementos.

 

Con el concurso del capitán Sabio, del teniente Santiago Garcés y de otros militares

profesionales de igual significación republicana (y simpatías socialistas prietistas),

Negrín puso en pie unas fuerzas de seguridad militarizadas que pasarían a ser

conocidas como «la peste verde» (según les denunciarían los anarquistas y poumistas

por el color de su uniforme) o los «Cien Mil Hijos de Negrín». En realidad, nunca

llegaron a totalizar ese número ni por lejana aproximación: serían 40 000 en abril de

1937 y llegarían a 60 000 a finales de año. El doctor Rafael Méndez, íntimo

colaborador de Negrín, fue nombrado director general de Carabineros. Algunos

meses después, convertido aquel en subsecretario de Gobernación, fue sustituido en

el cargo por el también socialista Víctor Salazar, exsecretario particular de Prieto.

José Prat recordaría las motivaciones de índole política que estuvieron en la base de

aquella decisión crucial:

 

Aunque dotado de organización militar bajo el mando del inspector general, Carabineros dependía de

Hacienda por su servicio de resguardo fiscal.

Negrín advirtió la importancia que podía tener para poner orden en la frontera con Francia debido al

confuso estado ocasionado por la dispersión de poder público, vigilar las costas ante posibles golpes de

mano enemigos y formar importante y disciplinada fuerza militar en defensa de la República en los frentes

y en la autoridad del Gobierno. El Gobierno necesitaba afirmar su autoridad interior. Era, por otra parte,

conveniente contrarrestar el poder que alcanzaban los comunistas con el que llamaron quinto regimiento,

con mandos incondicionales, eficaz disciplina y notable fuerza propagandística[56].

 

En efecto, Carabineros tuvo «tinte socialista» desde el principio y se convirtió en una

fuerza de élite y de choque de la República para ta reas de combate militar o de

control del orden público[57]. Para formar en sus filas se prescribió la necesidad de ser

españoles mayores de edad (18 años), con talla mínima de 1,60 metros, «buena

conducta y costumbres», «útiles para el servicio de armas», sabiendo «leer y escribir»

y acreditando «mediante certificado u otros documentos, su adhesión al régimen

republicano». Su máximo responsable militar fue el general José Rodríguez

Mantecón (luego sustituido por el coronel Mariano Trucarte), que supervisó la

creación de los tres centros de reclutamiento e instrucción instalados en Requena,

Orihuela y Campo de Criptana. De allí saldrían los nuevos carabineros que nutrieron

las cinco demarcaciones aduaneras controladas por la República (cuyas cabeceras

como comandancias eran Santander, Barcelona, Valencia, Alicante y Almería)[58]. A

los pocos meses de su constitución, Negrín dictaría la orden ministerial que prescribía

el apoliticismo estricto de los integrantes de Carabineros a tono con la política en

vigor de rescatar la profesionalidad de los cuerpos militares para detraerlos del

control partidista y sindical:

 

Vigentes las disposiciones que prohíben a cuantos componen los cuerpos armados pertenecer a

organizaciones políticas o sindicales, así como la mera asistencia a actos relacionados con tales

asociaciones.

Este ministerio ha resuelto se recuerde a todos cuantos integran el Instituto de Carabineros la

ineludible obligación en que se encuentran de abstenerse de tales actividades, limitándose al cumplimiento

entusiasta del deber al lado del Gobierno legal de la República democrática.

Aquellos que olviden tales normas, haciendo caso omiso de la prohibición, serán sancionados con

arreglo a las prescripciones del Código de Justicia Militar[59].

 

En realidad, la medida no iba dirigida tanto a depurar el color político socialista del

cuerpo como a evitar la infiltración de militantes del PCE en el mismo. Como

observaría el doctor Méndez a Negrín por aquellas fechas: Carabineros debía

mostrarse «impenetrable a la influencia comunista». Y tuvo verdadero éxito, en la

medida en que un informe del PCE de 1938 señalaba que dicho cuerpo «era un feudo

socialista» con «poquísimos miembros del PCE»[60].

Al margen de esa tarea que completaba la militarización de las milicias ordenada

por Largo Caballero en aquellas mismas fechas, Negrín se entregó en cuerpo y alma a

la responsabilidad de movilizar todos los recursos económicos y financieros

disponibles en la retaguardia para aplicarlos en favor de la prosecución del esfuerzo

de guerra republicano contra un experimentado ejército insurgente que contaba con el

vital apoyo material de la Italia fascista y la Alemania nazi. Probablemente fue por

entonces cuando Negrín acuñó su particular lema de conducta al frente de su cartera:

«En la guerra, un Ministro de Hacienda avaro debe ser fusilado; un Ministro de

Hacienda despilfarrador, debe ser colgado»[61]. Él y sus colaboradores eran muy

conscientes de que la baza clave y fundamental de su política económica residía en el

control y movilización de las considerables reservas de oro (lingotes y monedas)

custodiadas en los sótanos madrileños del Banco de España: un total de 635 toneladas

de oro fino equivalentes a 715 millones de dólares de la época (2 184 145 184,91 pesetas oro). Esas reservas madrileñas (a las que había que sumar otras 10 toneladas

almacenadas en manos de corresponsales y 59 toneladas depositadas como fianza de

un préstamo en 1931 en la sucursal del Banco de Francia de Mont de Marsan)

constituían el cuarto depósito mundial existente, solo por detrás del albergado por la

Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Francia y el Banco de Inglaterra[62].

Todos los líderes republicanos habían sabido desde el primer momento que el

control de las reservas de oro constituía un activo crucial para sus posibilidades de

resistencia frente a la sublevación militar. Recordaran o no la famosa sentencia de

Cornelio Tácito (pecunia nervus belli: el dinero es el nervio de la guerra), el control

de las cuantiosas reservas de oro significaba disponer de un inapreciable y solvente

medio de pago para sufragar, con su venta y conversión en fuertes divisas

convertibles (libras esterlinas, dólares o francos), la compra y adquisición de las

armas, los servicios y los suministros requeridos por una República aislada

diplomáticamente y carente de recursos propios para abastecer sus crecientes

necesidades de equipo militar, materias primas y alimentos. Ya en su discurso radiado

del 8 de agosto de 1936, Prieto había aludido a esa baza financiera para justificar su

fe en la victoria republicana:

 

¿De quién pueden estar las mayores posibilidades de triunfo en una guerra? De quien tenga más medios,

de quien disponga de más elementos. […] Pues bien: todo el oro de España, todos los recursos monetarios

españoles, todos, absolutamente todos, están en poder del Gobierno; son las reservas de oro que han

venido garantizando nuestro papel moneda. El único que puede disponer de ellas es el Gobierno. Ese

tesoro nacional permite al Gobierno español una resistencia ilimitada, en tanto que la capacidad financiera

del enemigo es nula[63].

 

Negrín, por su formación económica y experiencia presupuestaria, era uno de los

políticos republicanos más conscientes de la importancia de la baza del oro y más

convencidos de que «sin oro, el régimen se hubiera desplomado en cuestión de

semanas»[64]. Por eso mismo, una de sus primeras medidas como ministro de

Hacienda, al cumplirse el primer mes en su cargo, consistió en decretar la prohibición

de «la exportación de moneda, lingote y régulo de oro o plata y la de concentrados de

oro» por las siguientes razones:

 

Las actuales circunstancias aconsejan prestar atención a problemas antes desatendidos para valorar y

utilizar debidamente nuestra riqueza nacional. Por ello no debe el Estado seguir permitiendo que el oro y la

plata puedan exportarse con pingües beneficios a la vez que se empobrece el Tesoro nacional, sino que

debe proceder a la regulación y administración de cuanto a la exportación de ambos metales se refiere, con

el fin de lograr el máximo rendimiento a favor de la colectividad y arbitrar medios conducentes a la mejor

financiación de la guerra hoy y de la reconstrucción económica mañana[65].

 

En este aspecto, su decisión más importante como responsable de las finanzas

republicanas fue la de utilizar a fondo esas reservas del Banco de España para

sufragar con su venta el pago del armamento, combustible y materias primas y

alimenticias demandados por el esfuerzo bélico republicano. Seguía así el patrón de recurso a la venta del oro como medio principal de financiación de la guerra utilizado

por las potencias democráticas entre 1914 y 1918. Y continuaba así las medidas

reservadas iniciadas por el gobierno de Giral y por el ministro Enrique Ramos desde

el primer momento. No en vano, entre el 25 de julio (primera remesa) y el 4 de

septiembre de 1936 (décimo novena remesa), se habían remitido por vía aérea a París,

para su venta al Banco de Francia y su conversión en divisas utilizables en el

mercado, un total de 343 cajas repletas de oro con un peso aproximado de 40

toneladas. Según Martín Aceña: «Por su venta el Tesoro republicano ingresó la nada

despreciable cantidad de 507 millones de francos»[66].

La cobertura legal para emprender esa enajenación de las reservas de oro con

fines bélicos fue proporcionada por el decreto reservado firmado el 30 de agosto de

1936 por el ministro Ramos y ratificado por el presidente Azaña. En el mismo, se

facultaba al titular de Hacienda para «disponer» en el extranjero de la cantidad de

divisas «que estime precisa para atender los gastos que las necesidades de la campaña

impongan», con autorización expresa para dirigir esos fondos «a disposición de la

representación diplomática, consular o persona que designara en cada caso»[67]. La

legalidad de la operación, a cargo de las autoridades legítimas de un gobierno

reconocido internacionalmente, inclinó a las autoridades frentepopulistas francesas a

aceptar las ventas y comprar el oro. Al margen de que así contribuyeran a apoyar

materialmente a un gobierno al que no habían podido vender armas y municiones.

Además, al Banco de Francia le convenía la operación porque comprando oro

reforzaba sus reservas metálicas y defendía la estabilidad del franco. Por eso mismo,

toda la mecánica de la operación fue expresamente aprobada por el ministro de

Finanzas francés, el socialista Vincent Auriol (que llegaría a ser amigo íntimo de

Negrín), y por el influyente gobernador del Banco emisor, Émile Labeyrie:

 

Auriol y Labeyrie facilitaron el tránsito de metales preciosos por el territorio francés, agilizaron su

conversión en divisas, las transfirieron sin dilación a las cuentas bancarias que telegráficamente les

indicaban los responsables del Banco de España y rechazaron con contundencia los intentos de los amigos

de Franco, que de forma reiterada pretendieron paralizar las importaciones de oro e impedir su compra por

la entidad gala. […] París continuó siendo el centro financiero de la República incluso después de que

Negrín resolviese prescindir del Banco de Francia y enviar las reservas de oro a Moscú [68].

 

Asumida la cartera de Hacienda, Negrín perseveró en esa línea de movilización del

oro para allegar divisas que pudieran servir como medio de pago a las compras

ineludibles en el exterior, habida cuenta de que ni los recursos interiores ni los

beneficios derivados de la exportación podían suplir en cantidad o celeridad ese

mecanismo de financiación del esfuerzo de guerra. De hecho, fue responsable de una

«fuerte intensificación en el ritmo de ventas de oro al Banco de Francia», en atención

a las crecientes demandas financieras impuestas por la marcha de las hostilidades y

por la necesidad de importar armas, combustibles, materias primas y alimentos. En

conjunto, entre julio de 1936 y enero de 1937, el Ministerio de Hacienda de la

República procedió a vender 174 toneladas de oro fino (algo más de una cuarta parte del total de las reservas madrileñas) al Banco de Francia, recibiendo a cambio 196

millones de dólares (equivalentes al 40% de los ingresos totales del Estado

republicano en el último año de paz). Esas 174 toneladas fueron transportadas en 63

viajes por avión o vía marítima: 36 directamente a París, 22 a Toulouse y 5 a

Marsella. El montante de divisas así generado fue colocado en depósitos abiertos por

los agentes acreditados republicanos en ocho entidades privadas de crédito: desde el

Crédit Lyonnais y la Banque de Paris a las sucursales parisinas del Chase National

Bank norteamericano o del Barclays Bank y Midland Bank británicos[69].

Muchas de esas operaciones de venta al Banco de Francia se hicieron con la

presencia de Negrín en París, para entrevistarse con Auriol, Blum o Jules Moch (jefe

de gabinete de Blum), a fin de tratar de conseguir favores económicos y logísticos por

parte de las autoridades del Frente Popular francés. Como recordaría Vidarte, «Negrín

aparecía y desaparecía de París cuando menos se esperaba». En uno de esos viajes

ambos visitaron la oficina de reclutamiento de las Brigadas Internacionales en la

capital francesa. En otro concertó el canje entre Raimundo Fernández Cuesta, líder

falangista detenido por la República, y Gumersindo de Azcárate, hermano del

embajador republicano en Londres, que estaba en una prisión franquista.

Normalmente, Negrín se hospedaba en el Hotel Lancaster de París bajo el nombre en

clave de «señor Navarro» y llevaba sus asuntos con absoluta reserva y discreción

(tanta que su única protección personal sería la compañía como «guardaespaldas» de

André, hijo de Jules Moch, o de Juan Junior, su propio hijo mayor). Y durante esos

viajes aéreos dio pruebas de su osadía solicitando al piloto que manejaba el aparato

que le dejara conducir durante un rato, aunque fuera peligroso porque el trayecto

cruzaba brevemente por encima de territorio enemigo. Así fue como en una ocasión

sobrevoló la ciudad de Burgos (sede oficial de la administración franquista) para

contemplar de cerca su catedral. Vidarte, que le acompañó en el viaje, anotaría sus

sensaciones encontradas: «uno de los momentos de mayor emoción y más

dramáticamente inútiles de mi vida. Pero así era Negrín»[70].

Para acelerar el proceso de movilización financiera y asegurar la disponibilidad

del oro por parte de la República, Negrín solicitó y obtuvo del consejo de ministros el

permiso oportuno para trasladar las reservas de Madrid a los casi inexpugnables

polvorines de la Armada en la base naval de Cartagena. El día 13 de septiembre de

1936 el presidente Azaña firmaba y Negrín refrendaba el consecuente decreto

reservado por el que se autorizaba dicho traslado. La decisión se tomaba en vista de

la grave situación de la capital, con el Ejército franquista acercándose triunfalmente a

Toledo (cuya caída dejaría el camino expedito hacia Madrid) y mientras las tropas de

Mola ocupaban la ciudad de San Sebastián (lo que sellaba el aislamiento de la bolsa

norteña y la ruptura de su contacto terrestre con Francia). En esas críticas

circunstancias, la decisión se inspiraba en la acertada convicción de que si Madrid

caía en manos rebeldes, «y con ella el tesoro del Banco, la República tenía los días

contados»[71]. El trascendental decreto reservado solicitado y conseguido por Negrín rezaba textualmente:

 

La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas

medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco

de España, base del crédito público. La índole misma de la medida, y la razón de su adopción exigen que

este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de

Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, en el momento que lo

considere oportuno, ordene el transporte, con las mayores garantías al lugar que estime de más seguridad,

de las existencias que en oro, plata y billetes hubiere en aquel momento en el Establecimiento Central del

Banco de España.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este Decreto.

Dado en Madrid a trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis[72].

 

La operación de traslado se inició con el natural sigilo el 14 de septiembre y concluyó

el día 21 con la recepción en Cartagena del último cargamento transportado por vía

férrea. Durante todo el trayecto las cajas movilizadas estuvieron bajo la vigilancia de

fuerzas de carabineros y milicianos socialistas, con Francisco Méndez Aspe

supervisando las actuaciones. El tesoro, emplazado en los profundos túneles de La

Algameca, utilizados como polvorines de la Armada, quedó bajo la custodia de

unidades militares de marinería[73]. Negrín afirmaría con posterioridad que ordenó el

traslado para evitar que cayeran en manos del enemigo si estos ocupaban Madrid.

Largo Caballero refrendaría esa versión en sus memorias y avalaría sus razones:

 

Como los facciosos estaban a las puertas de la capital de España, solicitó del Consejo de Ministros

autorización para sacar el oro del Banco de España y llevarlo a sitio seguro, sin decir adónde. Esto era cosa

natural en evitación de que, en un caso desgraciado, el tesoro fuera a parar a mano de los sublevados, pues

sin armas y sin oro para comprarlas la derrota de la República sería inevitable[74].

 

A Louis Fischer, un periodista norteamericano entonces todavía comunista al que

había conocido por intermedio de Araquistáin, Negrín le confesó en privado que «no

podíamos asumir riesgos» a pesar de la voluntad gubernativa de luchar por la

capital[75]. En efecto, parece evidente que la decisión fue «una medida prudente,

plenamente justificada» porque «hubiese sido una insensatez y una torpeza haberse

dejado en la asediada capital más de medio millón de toneladas de oro». No en vano,

«el metal amarillo era la columna vertebral de las finanzas de la República» y su

control y capacidad de movilización era la única garantía de resistencia militar y,

ulteriormente, de victoria en la contienda[76].

Sin embargo, el traslado a Cartagena no fue el final de la operación de

movilización del oro. En vista de las dificultades experimentadas en la banca

internacional para poder utilizar las divisas generadas y habida cuenta del carácter

lesivo de la política de No Intervención (que amenazaba con extenderse a las

operaciones financieras, congelando el oro español depositado en Francia), Negrín

fue fraguando durante la primera quincena de octubre de 1936 una decisión

transcendental para asegurar la continuidad de las ventas y la aplicabilidad confidencial de las divisas correspondientes. A saber: recurrir a la Unión Soviética

para las enajenaciones del oro y utilizar la red bancaria soviética para las operaciones

de pago en divisas, de modo seguro y confidencial, de las armas y suministros varios

demandados por la guerra.

No fue una imposición, ni una demanda, ni una trampa tendida por Stalin y la

Unión Soviética, como relatarían posteriormente en sus influyentes memorias dos

agentes de la NKVD (servicio secreto soviético, antecedente de la KGB) que

acabarían desertando y huyendo a Estados Unidos para colaborar con sus agencias de

inteligencia: Walter Krivitsky, agente operativo en Holanda que tuvo

responsabilidades en los envíos clandestinos de armamento hacia España y que

desertó en el otoño de 1937 (para acabar asesinado en Washington cuatro años

después); y el general Alexander Orlov, responsable del servicio en España desde

mediados de septiembre de 1936, que desertaría de su cargo a finales de julio de 1938

(y lograría escapar de la suerte de su predecesor hasta que salió a la luz en 1954). En

ambos casos se atribuyen un protagonismo tan pintoresco como excesivo en la

gestación y ejecución de la operación. Y en el caso del primero (al que Orlov niega su

condición de «general de la NKVD», lo que sí era él, y le convierte en mero

«suboficial de la NKVD»), también se atribuye un papel crucial a Arthur Stashevsky,

el delegado comercial soviético en España (que no arribó a su puesto hasta después

de tomada la decisión) y con el que Negrín mantuvo una estrecha y cordial relación

durante su estancia en España[77].

Según un apunte personal inédito escrito por Negrín poco antes de su

fallecimiento, ya en el exilio, «la idea de situar fondos en Rusia fue mía,

exclusivamente mía» y no hubo «presión, requerimiento, sugestión o indicación por

parte de nadie ni mucho menos de los rusos». De hecho, «la idea no fue dictada para

complacer a los rusos» y estos «fueron los primeros sorprendidos, cuando se les

propuso». Según Negrín, el propósito de la operación era básicamente instrumental:

 

La utilización del aparato bancario soviético para depositar y movilizar fondos de nuestro Erario, no solo

con el objeto de convertirlos en efectivo disponible, cuando los gastos de guerra lo demandaban, sino

como indispensable medida precautoria de seguridad. […] Mas, téngase presente que ningún Gobierno, de

cualquier nación en guerra, ha vacilado en situar fuera de su territorio nacional los recursos materiales de

que disponía si lo requería su utilización para la lucha, o lo aconsejaba el preservarlos de que cayeran en

manos enemigas. […]

Surgió (la idea) por la necesidad 1.º de poner a salvo el oro; 2.º de poderlo convertir en divisas a

medida que se fueran necesitando[78].

 

Al margen de que fuera una decisión personal suya en exclusiva, la medida ha sido

objeto posterior de una viva polémica en cuanto a su acierto y conveniencia. Para

Negrín, su razón de ser respondía a tres consideraciones concurrentes: 1.º) Garantizar

la seguridad de las reservas contra posibles ataques enemigos en el interior del país

(Cartagena estaba experimentando bombardeos aéreos y el dominio del mar estaba ya

en manos insurgentes e italo-germanas) y contra sus acciones legales en bancos extranjeros occidentales y en los tribunales (que habían tenido éxito en el caso de

instituciones crediticias francesas y británicas y que forzarían al gabinete francés a

congelar las reservas depositadas en Mont de Marsan)[79]. 2.º) Poner fin a los actos de

sabotaje, dilatación o boicot experimentados por las autoridades republicanas en sus

operaciones financieras a través de las redes bancarias occidentales, que habían hecho

fracasar numerosas gestiones de compras de armas por incapacidad de pago: Rafael

Méndez había sido incapaz de hacer efectivo un cheque por valor de dos millones de

dólares en ningún banco neoyorquino durante el mes de octubre y hubo de recurrir a

los servicios del embajador soviético en Washington para lograr su contravalor

efectivo[80]. Y 3.º) Asegurar la disponibilidad y convertibilidad de las reservas de

modo confidencial, seguro y eficaz, gracias al blindado sistema bancario soviético

emplazado por todos los países occidentales y, particularmente, gracias a los servicios

de la Banque Commerciale de l’Europe du Nord (Eurobank), entidad parisina que

actuaba como agente financiero de la Unión Soviética.

Las razones de Negrín para concluir que el recurso financiero a la URSS era «la

única alternativa» disponible (compartida por los testimonios de los restantes líderes

republicanos: Largo Caballero, Prieto, Zugazagoitia…)[81], ha sido recientemente

objetada por el historiador Pablo Martín Aceña. Descartando por infundada la

acusación franquista de que la medida de movilización del oro fuera «un robo» o

«una ilegalidad» (se trató de una medida de guerra plenamente justificada), dicho

analista cuestiona sin embargo el destino señalado y su condición de única

alternativa:

 

¿Por qué eligió Moscú el ministro de Hacienda de la República? ¿Qué circunstancias le movieron a tomar

tal resolución? ¿No hubiera sido más lógico depositarlo en París, en Londres, en Zúrich, o quizá haberlo

embarcado rumbo a Nueva York? Después de todo, Moscú no era una plaza financiera importante. España

no tenía vínculos comerciales estrechos con la Unión Soviética, ni relaciones diplomáticas consolidadas, ni

tampoco Stalin era un dirigente con el que los políticos españoles mantuviesen contactos frecuentes.

Porque enviar 510 toneladas de oro a Moscú fue una decisión verdaderamente extravagante: significó

poner en manos de una burocracia impenetrable, completamente desconocida para los funcionarios

españoles y a la pavorosa distancia de 4616 kilómetros un tesoro descomunal. […] La decisión de sacar las

reservas áureas de España fue precipitada[82].

 

Las reservas de Martín Aceña han sido replicadas por uno de los grandes especialistas

en la política exterior soviética respecto a España, Daniel Kowalsky. A juicio de este,

las razones de Negrín eran válidas porque, en efecto, la URSS era la única alternativa

segura y confidencial para esa movilización del oro sin riesgo de la espada de

Damocles de que el embargo de armas en vigor se viera ampliado a un embargo de

actividades financieras. Las otras posibles plazas financieras no lo eran tanto o no lo

eran en absoluto, como la experiencia republicana había demostrado en los tres meses

de guerra transcurridos:

 

La lista de posibles receptores de oro era, por lo tanto, muy reducida. Inglaterra se había adherido a la No-

Intervención, y el hecho de que se adoptara en Francia esa misma postura, además de un ambiente político

inestable, hizo que el país vecino no fuera un lugar adecuado para recibir más oro del que ya se había

enviado. Los suizos, siempre neutrales, no habrían llevado a cabo la conversión en metálico. El gobierno

de Estados Unidos era lo suficientemente antirrepublicano para hacer que cualquier transferencia a ese país

resultara una operación sumamente arriesgada. Las únicas alternativas que quedaban eran México y la

URSS; como México no estaba preparado para suministrar asistencia militar a gran escala, la URSS fue el

Estado elegido[83].

 

En todo caso, Martín Aceña acierta al señalar un dato clave y crucial para entender

esa medida arriesgada e irreversible: «Negrín adoptó esta insólita decisión porque

creía que poniendo el tesoro español en manos de Stalin se aseguraba el apoyo militar

y la protección de la Unión Soviética, la única potencia europea que en el otoño de

1936 se mostró dispuesta a mandar armas a la República»[84]. En efecto, Negrín solo

concibió la idea y consultó su realización una vez comprobado el efecto letal del

sistema de la No Intervención colectiva aprobado por todos los gobiernos europeos

sobre la capacidad defensiva militar de la República, que estaba a punto de recibir el

asalto frontal, y quizá victorioso, del enemigo sobre la capital del Estado. Y solo

formuló y promovió su ejecución cuando fue incontestable que solo la Unión

Soviética estaba dispuesta a quebrar ese sistema no-intervencionista y a prestar apoyo

militar directo al esfuerzo bélico republicano. Dicho en otras palabras: Negrín

resolvió poner en manos de Stalin la única baza financiera disponible para la