La Evidencia

la pobreza y el resentimiento, sabrán algún día -saben ya- que la Argentina libertadora y democrática de junio de 1956 no tuvo nada que envidiar al infierno nazi.

Ése es el saldo.

Pero lo que a mi juicio simboliza mejor que nada la irresponsabilidad, la ceguera, el oprobio de la “Operación Masacre” es un pedacito de papel. Un rectángulo de papel oficial de 25 centímetros de alto por 15 de ancho. Tiene fecha varios meses posterior al 9 de junio de 1956 y está expedido, después del trámite previo en todas las policías provinciales, incluso la bonaerense, a nombre de Miguel Ángel Giunta, el fusilado sobreviviente. Sobre el fondo de un escudo celeste y blanco, constan su nombre y el número de su cédula de identidad. Arriba dice: República Argentina – Ministerio del Interior –

Policía Federal. Y luego, en letras más grandes, cuatro palabras:

“Certificado de Buena Conducta”.

TERCERA PARTE

LA EVIDENCIA

32. LOS FANTASMAS

Rodríguez Moreno era un hombre agotado y perplejo cuando a las seis de la mañana del 10 de junio informó por radio a la Jefatura de Policía de La Plata que la orden de fusilamiento estaba cumplida. ¿Mencionaría la fuga de más de la mitad de los prisioneros? Optó por callarse.

Jefatura no dormía. Pidió la nómina de los fusilados. Y ahora sí, Rodríguez Moreno no tuvo más remedio que enviar la lista de los cinco muertos.

–¿Y los otros? – vociferó Fernández Suárez.

–Se escaparon.

Nunca sabremos exactamente lo que pasó en el despacho del jefe de Policía cuando el atribulado inspector mayor se presentó a rendir su informe.

Rodríguez Moreno, declarando ante el juez, dirá siete meses más tarde que

“fue tratado rigurosamente” por Fernández Suárez.

El problema del jefe de Policía es fácil de enunciar, difícil de resolver. Ha detenido a una docena de hombres antes de entrar en vigor la ley marcial.

Los ha hecho fusilar sin juicio. Y ahora resulta que siete de esos hombres están vivos.

Las medidas que adopta revelan que comprende su situación. Lo primero que hace es dispersar a los ejecutores materiales y testigos. A Rodríguez Moreno y Cuello los manda a la Unidad Regional de Mar del Plata, al comisario De Paula (que ha visto a Livraga en Moreno) lo enviará más tarde a la comisaría de Bernal.

El 12 de junio los diarios publican una lista -suministrada por el gobierno nacional- de cinco “fusilados en la zona de San Martín”, con los errores que ya señalé. La noticia no dice quién los detuvo, quién ordenó matarlos y por qué, no alude siquiera a la fuga de los otros siete. Interesante precaución.

Pero Fernández Suárez se ve obligado a hablar. Hay quienes se preguntan por qué no estaba en Jefatura al iniciarse el asalto, por qué dejó el edificio desguarnecido, por qué regresa sólo cuando la situación está definida.

Algunos insinuarán que el jefe de Policía jugó a dos puntas esa noche y que los fusilamientos que luego ordenó fueron su coartada. Él reúne a los periodistas y les explica, según los diarios platenses del 11 y 12 de junio:

“En esa resistencia medió una circunstancia afortunada, como es el hecho de que me encontrara fuera del Departamento. En la emergencia había viajado hasta la localidad de Moreno, donde la explosión accidental de una bomba permitió descubrir en una quinta perteneciente al ingeniero Sarrabayrouse, de filiación peronista, un arsenal en el que secuestramos 31

bombas de tiempo, de gran poder. Me hallaba en ese procedimiento, el día sábado, cuando me enteré de que en una casa de departamentos de Vicente López se había realizado una reunión clandestina, entre los que se sindicaba al general Tanco.

“El procedimiento permitió detener a 14 personas, pero el citado militar no fue capturado. Siendo las 23 horas y hallándome en esta casa, me enteré de la sublevación en la Escuela de Mecánica y en Santa Rosa”.

Ni una palabra sobre el destino ulterior de esas personas. ¿Quién iba a relacionar a un grupo de “fusilados en la zona de San Martín” con un departamento en Vicente López?

Y sin embargo, Fernández Suárez ya se está traicionando. Porque lo fundamental que dice aquí cuando todavía nadie lo acusa, es que detuvo a esas personas a las 23 horas. Una hora y media antes de promulgarse la ley marcial.

Parece que va a dormir tranquilo Fernández Suárez. Durante casi cuatro meses, nadie le pide cuentas.

Pero cuando estalla la bomba, no es a dos mil kilómetros de distancia, no es detrás de una frontera que se ha abierto y se ha cerrado para tres sobrevivientes.

Es en el mismo despacho del jefe de Policía.

A comienzos de octubre de 1956 el Servicio de Informaciones Navales le informa, confidencialmente, que uno de sus propios hombres ha ido a denunciarlo.

Fernández Suárez no tiene que caminar diez pasos para encontrar al denunciante. Es el doctor Jorge Doglia, jefe de la División Judicial de la policía.

–Único caso en mi jefatura -dirá luego, hondamente arrepentido, F. S.– en que un señor de la calle pasa a inspector mayor.

Eso es cierto. Para la policía, Doglia es un “señor de la calle”, lo mismo que Fernández Suárez, que lo ha nombrado. Hombre de sinceras convicciones libertadoras (31 años, radical intransigente en esa época), el abogado Doglia se ha tomado en serio aquel lema fugaz del año cincuenta y cinco: “Imperio del derecho”. Pero apenas asume su cargo, descubre que los detenidos que prestan declaración ante él se quejan de torturas y muestran huellas de castigos. Lleva el problema a Fernández Suárez, que primero se hace el asombrado, después se burla de él sin disimulo.

Acude entonces al subjefe de Policía, capitán Ambroggio, y le muestra fotos de presos que, al parecer, han sido azotados con alambres. El subjefe mira las fotos con aire crítico.

–Eso no es alambre -comenta-. Eso es goma.

Ahora Doglia sabe a qué atenerse. El sistema es general, y lo único que él puede hacer es documentarlo. En agosto o setiembre conoce a Livraga.

Luego acude al SIN, y su juego queda al descubierto.

Hay una escena tempestuosa entre el jefe de Policía y Doglia. Fernández Suárez lo amenaza abiertamente. El 10 de octubre Doglia reitera su denuncia, esta vez ante el ministerio de Gobierno de la provincia.

La denuncia de Doglia consta de dos partes: una se refiere al sistema de torturas; otra, al fusilamiento ilegal de Livraga. En este punto, Doglia no puede saber más de lo que el propio Livraga le dice, que han querido fusilarlo con un grupo de gente cuyos nombres ignora en su mayoría, y que él y Giunta se han salvado.