XI. Tormenta de plomo rumbo al norte (1974)

ONCE

Tormenta de plomo rumbo al norte

(1974)

“Buscan a Santucho en Salta”, anunciaba uno de los titulares de La Gaceta de Tucumán del 3 de enero de 1974, sin dar más precisiones que la rutinaria pesquisa policial: allanamientos en diversos domicilios del centro de la ciudad. Pero Santucho no estaba en Salta. Festejó el comienzo del año 1974 con Liliana Delfino, sus hijas y parte de su numerosa familia. La reunión, casi secreta, tuvo lugar en un departamento estrecho del centro de Buenos Aires. Santucho había dejado de fumar, estaba más gordo, sin barba, y con el mismo mechón enrulado sobre la frente, sólo que ya le despuntaban algunas canas. En los últimos tiempos solía extrañar la vida bucólica y clanesca de Santiago del Estero, que había saltado por los aires luego de la iniciación de la guerrilla. Sabía de los riesgos que implicaban reuniones como ésa, pero estaba dispuesto a correrlos.

En las fiestas, Santucho podía hacer un recuento del destino familiar. Sus padres admiraban su decisión política pero temían por su vida. Sus hermanos Amílcar, Manuela, Julio, Asdrúbal y Francisco estaban plenamente integrados al PRT: Amílcar y Manuela Elmina, como abogados; Julio y su esposa Cristina en la dirección de las escuelas políticas para la formación de nuevos militantes que tanto obsesionaban a Santucho; Asdrúbal, en Tucumán, reconocía el terreno para los próximos planes militares, y Francisco organizaba políticamente a los hacheros santiagueños. El resto de los hermanos seguía dedicado a sus profesiones. Raúl era juez provincial, Blanca Rina trabajaba en la escribanía familiar, Carlos Hiber era gerente de una empresa comercial en Buenos Aires, y Omar Rubén estaba empleado en una ferretería del centro de Santiago del Estero.

La vida de Santucho había cambiado notablemente en apenas tres años. Les había propuesto a sus compañeros, y a los argentinos, una guerra de tres décadas para lograr un mundo mejor, y esto implicaba, en lo cotidiano, una ansiada trascendencia, pero también, inestabilidad, secreto, prisión, amenaza de muerte omnipresente, y pérdida de los amados. Sin que fuera explícito, el sentimiento de que el presente se había transformado en algo absoluto, extraordinario, donde el futuro se revelaba, acompañaba a Santucho con intensidad desde la muerte de su esposa en Trelew. A partir de allí, su intransigencia política y personal había ido en aumento. No era sólo la situación política la que lo llevaba a extremar posiciones. Es probable que la venganza, sublimada en ideas, estuviera presente en su deseo. Era imposible que Santucho escapara a estas muecas de la condición humana. Su

hermano Julio recordará, años después, que ese Año Nuevo de 1974 Santucho habló largamente sobre estas sensaciones, como intentando conjurarlas. Que conversaron, también, de la notable expansión del PRT-ERP; de la incorporación de numerosos miristas y tupamaros exiliados en el país a las huestes perretistas; y del enojo de Santucho con la dirigencia cubana y con Montoneros. [205]

En los últimos días de diciembre, Santucho había enviado un emisario a Cuba con una carta para Fidel Castro, en la que criticaba el pronunciado acercamiento del PCC al gobierno justicialista.

Consideraba a éste “un paso atrás de la revolución, y un producto del chantaje de la guerra fría”. [206]

Otra de las misiones del enviado de Santucho era conseguir apoyo para el lanzamiento de la guerrilla rural. El PRT-ERP necesitaba entrenar militantes que pudieran permanecer en los montes hasta que, como vaticinaba, “un nuevo golpe militar abriera las puertas a las grandes fuerzas del capitalismo financiero en ascenso y ahogara en sangre el último intento populista en la Argentina”. [207] Santucho pensaba que ése era el motivo de fondo por el cual se preparaban los escuadrones de la muerte y la inteligencia militar contra las fábricas, las universidades y la guerrilla. También creía que por el mismo motivo Perón había enviado al Congreso, el primer día de su gobierno, la Ley de Asociaciones Profesionales que daba mayor poder a la “patria metalúrgica” —sindicalismo ortodoxo— para controlar a los gremios rebeldes. Poco después, Santucho pensará lo mismo de la propuesta de Perón de reformar el Código Penal, que implicaba un retorno a las leyes represivas derogadas por la gestión camporista.

Ya en junio de 1973, la dirección perretista había decidido iniciar el reconocimiento del terreno para asentar un foco rural. También había establecido que el ERP no debía iniciar ningún combate hasta que la situación política lo permitiera, es decir, hasta que el peronismo hubiera caído en desgracia. Santucho había enviado tres rastreadores para que permanecieran en el monte durante tres meses. Los dirigía Lionel MacDonald, más tarde apodado “capitán Raúl”. La zona elegida era la cadena montañosa que se extendía a lo largo de la ruta 38, en los departamentos de Famaillá y Monteros. Antes de que culminara el plazo fijado para el relevamiento, uno de los guerrilleros desertó por hambre. Los otros dos regresaron con su evaluación: se podía sobrevivir y actuar. Por lo tanto, el problema era el dinero, un buen entrenamiento, y armas. [208] Santucho afirmaba que las armas se podían conseguir en los cuarteles del Ejército argentino, ya que por principio jamás las compraría, así que se dedicó a planificar el asalto al regimiento de Caballería Blindada 10, de la localidad de Azul, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a Montoneros, Santucho no entendía el porqué de la insistencia de éstos en la defensa de Perón. El PRT-ERP decía que Perón apañaba a las bandas de ultraderecha de la Triple A, que ya habían atentado salvajemente contra varios militantes peronistas y de izquierda, y no se cansaba de repetir que “el terror blanco, fascista, lo promocionan los grupos parapoliciales y las Fuerzas Armadas. Las Triple A son las tres armas” .[209] Una de las primeras víctimas de la alianza anticomunista había sido el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen quien, además de ser defensor de presos políticos, se había opuesto a la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales en un encendido alegato en el Congreso que duró más de cinco horas. A los pocos días, una bomba conectada al encendido de su coche lo dejó casi paralítico. A fines de enero de 1974, esa violencia,

diferente a la que había caracterizado el enfrentamiento entre guerrilleros y fuerzas de seguridad hasta el momento, porque en este caso las víctimas eran violadas y masacradas, recrudecería. El comisario Alberto Villar fue promovido a la subjefatura de la Policía Federal, y el comisario Luis Margaride a la jefatura de la Superintendencia de Seguridad Federal. En abril de 1974, Villar quedará al mando de la institución, expandiendo la ola de terror en aras del desarme de la

“subversión apátrida”. Entre enero y setiembre de 1974 se los sindicará como responsables de doscientos asesinatos. Y hasta 1976 la Triple A cargará más de mil cadáveres en su haber, sin que fuera detenido uno solo de sus integrantes. Sin embargo, esos crímenes no afectaron la estructura militar de los guerrilleros: la mayoría de las víctimas fueron opositores políticos desarmados. [210]

El año 1974 se había iniciado con la extensión de la violencia política: hubo secuestros de ejecutivos, atentados contra imprentas donde se imprimían El Mundo y el diario peronista Mayoría, y con un allanamiento a la redacción de la revista Descamisados. Santucho, que escribía regularmente en El Mundo bajo el seudónimo de “Ernesto Contreras”, pidió a Urteaga que informara sobre la situación ya que él tenía contacto directo con Manuel Gaggero, director del vespertino. No habría forma de detener la agresión contra el diario, transformado prácticamente en un vocero del ERP. La situación se agravó a partir del 19 de enero. Ese día, mientras toda la oposición de izquierda —

incluidos los ocho diputados nacionales de la JP— se batía en el Congreso contra la sanción de la reforma al Código Penal, Santucho ordenó asaltar el cuartel de Azul, la guarnición de tanques más poderosa del país. Tenía tres propósitos: provocar a Perón para que se mostrara como un defensor de las Fuerzas Armadas, demostrar a los trabajadores que el ERP no los traicionaba y era capaz de conducirlos en la revolución social, y conseguir armamento para la guerrilla rural.

El asalto, que comenzó a las 22.30 del 19 de enero, fue dirigido por Gorriarán Merlo, movilizó a la compañía “Héroes de Trelew” del ERP integrada por 80 guerrilleros y fracasó. En el combate murieron el comandante de la guarnición, su esposa, un soldado y dos guerrilleros. Dispersados en una retirada desordenada, y sin llevarse más armas que las puestas, los rebeldes secuestraron en la huida al teniente coronel Jorge Ibarzábal, a la vez que sus compañeros Héctor Antelo y Reynaldo Roldán, obreros metalúrgicos y dirigentes villeros, desaparecieron luego de ser capturados fuera del cuartel. [211] Durante la presidencia de Perón, el comandante en jefe del Ejército Leandro Anaya comprometió su subordinación al poder político. Aún no existía en la cúpula militar la decisión de no dejar vivos a los guerrilleros apresados.

El 20 de enero, Perón se vistió con su uniforme de general: juró ante las cámaras de televisión que el peso de la ley caería sobre los “delincuentes”, y acusó al gobernador bonaerense pro montonero Oscar Bidegain de “irresponsabilidad”, sellando su futuro político. Todos los partidos políticos sin excepción, incluidos los aliados del PRT, se pronunciaron en contra del copamiento.

Santucho no los escuchó. Consideraba que el ataque había sido “una derrota militar pero un éxito político” porque había logrado “desenmascarar” a Perón. Al poco tiempo, Gorriarán Merlo fue separado de su cargo de jefe del ERP y enviado para su “reeducación política” a una fábrica de Córdoba. El desaliñado y legendario Carrizo ocupó su lugar.[212] El 22 de enero, Bidegain y el bloque de los ocho diputados nacionales de la JP debieron renunciar a sus cargos. Comenzaba así el

repliegue público de Montoneros y su abierto enfrentamiento con Perón. El 23, un grupo de la lopezrreguista Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA) baleó el diario El Mundo, que había difundido la versión del ERP sobre Azul. No fue detenido ningún atacante, sí 18 trabajadores del diario. El 25 de enero, Diputados sancionó la reforma al Código Penal por 128 votos contra 62.

El gobierno, finalmente, contaba con dos leyes especiales para la estabilidad del Pacto Social: la del control sindical y la de represión.

Si bien el estallido del peronismo era inevitable —lo había demostrado la tragedia de Ezeiza—, Santucho festejaba el magro triunfo de haberlo acelerado. No obstante, el relevamiento de Gorriarán Merlo mostraba su enojo, no sólo por la desastrosa conducción militar del copamiento sino por lo sangriento del mismo. Santucho insistía, aun dentro de su lógica guerrillera y de su extrema intransigencia, en que las incursiones del ERP debían costar la menor cantidad posible de vidas. En un número especial de Estrella Roja, difundido a propósito del ataque, Santucho parecía preocupado por explicar a la población que las muertes habían sido producto del combate, y que el militar secuestrado había sido tratado correctamente. Se difundía también una carta manuscrita donde Ibarzábal lo ratificaba. Las consignas de tapa de la revista eran: “¡No hay tercera posición entre explotadores y explotados! ¡Ninguna tregua al ejército opresor!”. [213] Iban dirigidas, obviamente, a Perón y a Anaya.

Santucho jamás se arrepintió del copamiento del cuartel. Si bien era lógico que no prestara atención a las opiniones del gobierno, de la derecha civil y militar o del jefe de la oposición radical, Ricardo Balbín, no pasaba lo mismo en el caso de las durísimas críticas de Tosco, de su abogado Duhalde —que dirigía la prestigiosa revista de la izquierda peronista Militancia—, de Montoneros o del dirigente comunista Rubens Iscaro, jefe del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), corriente identificada con el PC. El perretista Luis Mattini escuchó de Iscaro: “Nuestros caminos se bifurcan. Es muy difícil para nosotros no ver una provocación en lo que hicieron”. [214] A partir de allí, las frágiles relaciones con los comunistas se quebraron. Éstos preferían confiar más en ciertos “militares profesionalistas” y en los dirigentes políticos y sindicales que tenían una larga batalla política contra la nueva izquierda. La actitud de los aliados del PRT demostraba que de persistir la estrategia militar en detrimento de la política, el destino de Santucho era la marginación.

Era una visión piadosa: la marginación como futuro estaba en las raíces mismas del PRT-ERP.

Quedaba abierta, entonces, una peligrosa senda hacia el terrorismo. Santucho insistió. En el fondo, fiel a su omnipotente planteo, creía que el PRT-ERP era la única organización capaz de impedir el giro francamente desfavorable para las aspiraciones populares que estaba tomando el tercer gobierno peronista. Decía: “O las masas se lanzan decididamente a la ofensiva o la burguesía ataca organizadamente al pueblo” .[215] Ambas cosas fueron ciertas.

A principios de febrero, Santucho pidió a Menna, Carrizo y Gorriarán Merlo —aún miembro de la máxima dirección perretista— que convocaran a una conferencia de prensa, realizada por fin el día 14. Asistieron el Buenos Aires Herald, El Mundo, Le Monde, The New York Times, las agencias Reuters y Prensa Latina. En el transcurso de la conferencia, los guerrilleros declararon que si el Ejército no encontraba con vida a Antelo y Roldán, Ibarzábal moriría. También dieron a conocer el

documento fundacional de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) por el cual, a partir de ese momento, las organizaciones firmantes —Tupamaros de Uruguay, ELN de Bolivia, MIR de Chile y ERP de la Argentina— comenzarían una colaboración más estrecha en el Cono Sur. Además, los dirigentes perretistas polemizaron con Montoneros, desestimando la teoría del “cerco” que López Rega supuestamente había levantado en torno a Perón. “Nosotros —dijo Menna— consideramos un invento esa teoría. No puede estar cercado un gobierno que en sus planes económicos, tanto en el Plan Trienal, como en lo político, goza del apoyo total del imperialismo y de las empresas multinacionales” .[216] Las repercusiones de esa entrevista publicada en tapa por el Buenos Aires Herald y en contratapa por El Mundo fueron diversas. El Ejército desmintió cualquier participación en la desaparición de los miembros del ERP. Éste lo aceptó y culpó a la Policía Federal por el hecho. Finalmente, ni los obreros ni el teniente coronel aparecieron con vida. [217] El Mundo fue dinamitado y, un mes más tarde, clausurado definitivamente. Por último, Montoneros suspendió sus contactos con el ERP, por lo menos hasta junio de 1974.

Los planes militares y políticos de Santucho, más allá del gran despliegue del ERP, se vieron alterados considerablemente a partir de febrero. En primer lugar, el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda del peronismo teñía la vida política, social y cultural del país. La onda expansiva llegó primero a Buenos Aires, con la renuncia de Bidegain, y luego a Córdoba: el 27 de febrero, el jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, se acuarteló en Córdoba. A punta de pistola, Navarro, en combinación con López Rega, obligó a renunciar al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador, el sindicalista combativo Atilio López. El futuro, para ellos, será el exilio, en el primer caso, y la muerte, en el segundo. El PRT denominó a este cuartelazo “golpe fascista”.

El lopezrreguismo se lanzaba al control de todos los territorios donde había recalado con fuerza la Tendencia Revolucionaria del peronismo. Poco después, el líder montonero Mario Firmenich fue arrestado por unos días y obligado a pasar a la “clandestinidad”; el ex secretario general del PJ

durante el camporismo, Juan Manuel Abal Medina, resultó herido en un atentado. El destino del gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Baca, sería igual al de sus pares cordobeses. También el del ministro de Educación, Jorge Taiana, y el de los rectores de las principales universidades del país. El ex presidente Cámpora renuncia a su cargo de embajador en México y regresa al país.

Volverá a México, luego de un prolongado asilo en la embajada mexicana en Buenos Aires, para morir de cáncer en 1979.

Lo cierto es que después del cuartelazo de fines de febrero de 1974, en Córdoba, para los planes políticos del PRT se abría una etapa que justificaba la extensión de la lucha clandestina: ocupación por tropas afines a la Triple A, ilegalización de los sindicatos clasistas, detención de muchos de sus dirigentes, como René Salamanca, y obligado ocultamiento de Tosco. Córdoba sería un pionero ejemplo de que la falta de democracia es contraria a los intereses de los trabajadores, aunque las organizaciones guerrilleras de la época siguieran pensando que no. Tenían la infantil imagen de que la mayor represión podía promover una mayor resistencia y combatividad. En el caso del PRT-ERP, esto era así porque al haberse acostumbrado a la lucha clandestina, se movía mejor en ese terreno.

Esa imagen, sin embargo, estaba ocasionalmente dilatada: la represión policialsindical en Córdoba convenció a numerosos dirigentes obreros, entre ellos el ex obrero de Materfer, ex dirigente de

Sitrac-Sitram y secretario general del Movimiento Sindical de Base (MSB), el peruanoargentino Eduardo Castelo, de que la única forma de enfrentar al giro derechista era integrarse a la guerrilla, un razonamiento similar al del período de surgimiento de las organizaciones armadas en el país. A partir de ese momento, el epicentro de los conflictos políticos y sindicales se trasladará paulatinamente a Villa Constitución y al Gran Buenos Aires.

Pero ¿qué había respondido Fidel Castro al pedido de Santucho?

La respuesta había sido no. Cuba no estaba dispuesta a apoyar ninguna guerrilla rural del ERP en Tucumán, con entrenamiento, con hombres o pertrechos bélicos porque le parecía un despropósito armar un foco rural en plena gestión constitucional del peronismo. [218] A pesar del duro juicio político que de hecho significaba la posición del PCC sobre los futuros pasos del ERP, a principios de marzo de 1974 Santucho tomó la decisión de ir él mismo al frente de 40 guerrilleros, instalarse en Tucumán y dar comienzo, por lo menos, al entrenamiento de la que sería la famosa “Compañía de Monte del ERP Ramón Rosa Jiménez”. Sus argumentos fueron que “los propios vietnamitas debieron probar con su práctica armada la posibilidad de desarrollar una guerrilla triunfante contra los norteamericanos y de ese modo ganarse la ayuda internacional”. [219] De lo que se desprendía: Santucho seguía imaginando que la Argentina era parecida a Vietnam; y el ERP al Vietcong. Su intención era crear “una zona liberada” con apoyo de la población local para reclamar reconocimiento internacional como fuerza beligerante e intensificar la formación de combatientes y oficiales capaces de sobrellevar una guerra de larga duración. También consideraba la posibilidad de montar una radioemisora de propaganda revolucionaria y, en el futuro, la necesidad de instalar a la comandancia del ERP y eventualmente a la dirección política del PRT. [220]

Intentando analizar esa lógica revolucionaria, el politicólogo polaco Zbigniew Marcin Kowalewski evaluará, años más tarde, que “era obvio que la elección de Tucumán, ya desindustrializada y con una marginación creciente, significaba una ilusión de Santucho, hombre de coherencias insondables. Desde fines de 1970, esa provincia ya no contaba ni para las luchas sindicales ni para las grandes decisiones políticas. El PRT-ERP todavía tenía vinculaciones con dirigentes sociales del lugar pero no conducía ingenios, universidades o sindicatos. Aunque Santucho nunca lo admitió, la experiencia que se disponía a realizar era la reincidencia de los focos rurales de la historia argentina, pero agravada porque, esta vez, el peronismo no estaba proscrito sino en el poder. Todo indicaba que ése no era el camino más seguro para sus metas revolucionarias sino para una derrota. Secuestros de empresarios; ejecuciones de miembros de las bandas de derecha y militares; asalto de cuarteles en las ciudades y foco rural en el campo: ése era el plan militar de Santucho para los próximos dos años. No lograba darse cuenta de que marchaba hacia la desnaturalización de todas sus aspiraciones” .[221]

Antes de subir al monte, Santucho reorganizó la dirección perretista. Carlos Germán quedaba al frente del PRT, y Juan Manuel Carrizo del ERP en las ciudades. Los dirigentes que acompañaron a Santucho fueron el ex estudiante de Ingeniería Hugo Irurzún, apodado “capitán Santiago”, el cañero Antonio del Carmen Fernández y Asdrúbal Santucho, conocido como “capitán Aníbal”. El jefe del ERP trató de resolver el problema planteado por la negativa de los comunistas cubanos. Había

elaborado un plan para la formación de combatientes, una especie de “escuela militar” bajo la conducción de Carrizo, similar a las “escuelas políticas” que ya dirigía su hermano Julio. Ese entrenamiento teórico y práctico se realizaba en quintas de fin de semana, alquiladas temporariamente en las zonas suburbanas de Buenos Aires.

Luis Mattini recordará años después cuáles fueron los primeros pasos de Santucho en Tucumán:

“Disponían del armamento apropiado al Batallón 141 de Córdoba. Santucho debía entrenar a la gente para luego volver a la ciudad y esperar las condiciones políticas para lanzar la guerrilla en el monte.

Usaron, naturalmente, uniforme verde oliva, y alpargatas o zapatillas. Santucho impuso una disciplina férrea: estudio político obligado, alternando con ejercicios militares. El aseo personal debía ser muy cuidadoso y estaba prohibido el uso de barba y el consumo de alcohol”. [222]

Además, Santucho había elaborado un plan para reestructurar su pequeño ejército, que se pondrá en vigencia luego de setiembre de 1974: el ERP sería un “ejército regular” pero con comportamiento irregular. [223] Dio instrucciones para la construcción de modernas imprentas clandestinas —

generalmente en los sótanos de casas alquiladas— y para la iniciación de los estudios necesarios para la fabricación de armamento destinado a la JCR, especialmente ametralladoras y granadas de mano. La dirección perretista seguía aspirando a la mayoría de las fuerzas partidarias, para mutarlas en un aparato armado. Mientras Santucho estaba en el monte, Carrizo comenzó a preparar varios asaltos a unidades militares en distintos puntos del país. En tanto, los frentes políticos del PRT se preparaban para incidir en la cambiante y violenta realidad nacional. A pesar del enrarecido clima que ya se respiraba en Córdoba, el 13 de abril por la mañana, más de cinco mil obreros de los principales centros industriales del país, dirigidos por Castelo, daban comienzo al congreso del Movimiento Sindical de Base (MSB) en el Club Córdoba Sport. “Luchar, vencer, obreros al poder”;

“A la lata, al latero, los ranchos tucumanos son fortines guerrilleros”; “Duro, duro, duro, al pacto social se lo meten en el culo”; “Izquierda, izquierda, los fachos a la mierda”; “Navarro criminal, a vos te está esperando la justicia popular”, eran algunas de las consignas que cantaba la multitud de delegados fabriles presentes. Los obreros izquierdistas y proguerrilleros se pronunciaban contra la burocracia sindical y contra el pacto social que rebautizaron como “el pacto de los explotadores”.

[224] Dos meses después, en Rosario, más de veinte mil integrantes del FAS mostrarán, con similares estribillos, que Santucho tenía una fuerza social y política dispuesta a acompañarlo en su utopía revolucionaria: el PRT-ERP era la organización hegemónica de esas reuniones.

Cuando Perón expulsó a Montoneros de la plaza aquel célebre Primero de Mayo, mientras las columnas de la JP se retiraban airadas cantando “Qué pasa, qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular” —en un duelo verbal con el líder que anticipaba todas las violencias—, en la antesala del balcón de la Casa Rosada, López Rega recibía un informe preciso del teniente coronel Jorge Osinde —ex jefe de Seguridad del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) en 1955, consejero militar de Perón en esos días de mayo de 1974 y subsecretario de Deportes en el Ministerio de Bienestar Social, acusado por la izquierda peronista de dirigir personalmente la masacre de Ezeiza—:

—Se detectó un grupo subversivo en el monte tucumano. Son del ERP —dijo Osinde.

López Rega habló inmediatamente con Anaya. El Ejército no participaría directamente contra el ERP rural —excepto en tareas de asesoramiento— sin una expresa autorización del gobierno. Ello suponía una compleja trama política a anudar con Balbín, porque, todavía, el radicalismo era renuente a aceptar la intervención del Ejército en la represión interna. López Rega se comunicó, entonces, con el ministro de Interior Benito Llambí: el hombre para preparar la incursión era el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, recién promovido en el cargo.

Un insólito acuartelamiento de la policía tucumana, el 8 de mayo, facilitó la intervención federal para iniciar las operaciones contra el destacamento guerrillero. Al día siguiente, Villar partió con sus inexpertas tropas hacia San Miguel. Santucho, por su parte, había recibido la noticia del patrullaje de su flamante jefe de inteligencia del ERP y hombre de confianza, Juan Mangini, apodado “capitán Pepe”. Era obvio que el líder del ERP no pensaba pasar desapercibido mucho tiempo, y que estaba dispuesto a aceptar la “guerra de inteligencia” que comenzaba a librarse entre guerrilleros y fuerzas de seguridad. La diferencia estaría en la manera de obtener la información: los guerrilleros apelarían a la infiltración de sus huestes en puestos oficiales, o al reclutamiento de soldados y suboficiales. [225]

La Policía Federal detectó al grupo guerrillero en la zona serrana de Rodeo Viejo, dentro del departamento de Monteros, e inició el cerco. Santucho ordenó a sus hombres comenzar, entonces, una marcha forzada de una semana para eludirlo. Villar, desalentado y para obtener información, usó las prácticas de la Triple A contra la población civil que los guerrilleros, en su repliegue, dejaban a la intemperie frente a la represión. Una vez roto el cerco, y alterando los planes de la dirección perretista, Santucho atacó, el 30 de mayo de 1974, la localidad de Acheral, donde funcionaba una de las bases de comunicación de las fuerzas de seguridad. Así, sin atenerse a los análisis políticos que él mismo había realizado, ya que se suponía que en esa etapa la guerrilla debía únicamente entrenarse, Santucho hacía debutar en la volcánica realidad del país el quinto foco rural de su historia moderna: la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”. El 5 de junio, Santucho explicó su decisión en un artículo: “La apertura de frentes guerrilleros rurales es producto de más de tres años de combate en las ciudades, de varios años de luchas populares y de una considerable evolución en la conciencia del pueblo... La estratégica importancia de las unidades rurales radica en que el auxilio de la geografía hace posible construir velozmente poderosas unidades bien armadas y entrenadas, capacitadas para golpear duramente al enemigo, disputarle zonas, primero durante la noche y luego también durante el día, liberar zonas más adelante y hacer posible la construcción de bases de apoyo como sostén de un poderoso Ejército Revolucionario de carácter regular en condiciones de sostener victoriosamente con sus armas la insurrección general del pueblo argentino que llevará al triunfo de la revolución nacional y social en nuestra patria, abriendo un luminoso porvenir socialista, fin de la explotación y de los sufrimientos y comienzo de una era de justicia y felicidad colectiva para 26

millones de argentinos”. [226]

La audacia de su líder no fue siquiera discutida por la dirección perretista, eufórica por los resultados inmediatos, aun cuando intuyera que, al haber acelerado la ofensiva guerrillera en los cerros tucumanos, el PRT se vería obligado a mantenerla a un costo difícil de prever. Inmediatamente luego del ataque a Acheral, Santucho ordenó a los cuarenta milicianos descender a las ciudades.

Pensaba reorganizar las filas de la unidad rural y reiniciar las actividades con una gigantesca

operación combinada en el monte y las ciudades.

La muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, determinó, sin embargo, que la operación no se realizara en los tiempos previstos. A pesar de que Santucho comentó: “Ha muerto el líder de la burguesía, al fin la clase obrera caminará por una senda independiente”, decidió dejar sus armas en silencio por el duelo inmensurable de millones de argentinos que ese día lluvioso y frío lloraban desconsolados por las calles, y para quienes el viejo caudillo era algo más que un jefe político.

Como luego se demostró, su presencia no sólo había significado un freno a la “patria socialista” de la izquierda que lo había ayudado a retornar al poder, también era la última barrera política que tenía el propio establishment para lanzarse a aplastar la democracia. Apenas un año después, en julio de 1975, cuando el Pacto Social estalle en las jornadas conocidas como “el Rodrigazo”, será evidente que los sectores dominantes ya habían comenzado a planear una reconversión económica para la Argentina, en la que molestaban partidos y sindicatos. Muerto Perón, entonces, la sucesión de Isabel Martínez, y la promoción, de facto, de López Rega como jefe político del peronismo en el gobierno, desataron tormentas de plomo.

Montoneros desenterró las armas el 15 de julio con el asesinato de Mor Roig, ex ministro del Interior de Lanusse, a quien acusaban de no haber impedido la masacre de Trelew. El mismo día la policía mató a cinco miembros del ERP en un enfrentamiento. Entre los muertos estaba Guillermo Pérez, uno de sus fundadores y jefe de la Compañía Héroes de Trelew, quien durante el tiroteo —

según contó luego el Estrella Roja del 5 de agosto— gritaba:

—¡No tengo miedo a la muerte, prefiero morir antes que entregarme, verdugos!

El 31 de julio, la Triple A asesinó en una esquina céntrica al abogado Ortega Peña, diputado del Peronismo de Base. El jefe de policía, como era su costumbre, dispersó a tiros el cortejo fúnebre que acompañaba los restos de Ortega Peña y detuvo a 350 personas, la mayoría de las cuales pasaron a integrar la lista de blancos móviles del comando derechista. Silvio Frondizi; el sobreviviente de la masacre de José León Suárez, Julio Troxler; el abogado de presos políticos, Alberto Curutchet; el vicegobernador de Córdoba, Atilio López, y miembros de las fuerzas de seguridad completaron un ranking fatal de un muerto cada 19 horas en los dos meses posteriores a la muerte de Perón. [227]

El 11 de agosto, siguiendo con el plan trazado, Santucho y Carrizo ordenaron atacar simultáneamente la fábrica militar de explosivos de Villa María en Córdoba, operación que dirigió el obrero Juan Ledesma, y el regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, asalto conducido por Hugo Irurzún y Antonio del Carmen Fernández. El movimiento guerrillero había comenzado en la noche del 10 de agosto, los ataques fueron el 11 y se siguió combatiendo hasta el 12. Los partes militares del ERP, posteriores al combate, permitieron saber que el asalto a la fábrica militar fue realizado por la “Compañía Decididos de Córdoba”. Allí, los rebeldes tuvieron tres muertos y un herido, secuestraron al mayor Argentino del Valle Larraburu y al capitán Ángel García a quien, como estaba herido, dejaron luego a las puertas de un hospital, y se llevaron armamento que semanas después fue recuperado por la policía cordobesa. El Ejército dijo que García había sido torturado. Santucho lo desmintió: “Nuestro pueblo sabe que los guerrilleros no torturan a sus enemigos”, dijo en el editorial de El Combatiente Nº 130 del 14 de agosto. Más adelante, el ERP

intentará, sin éxito, canjear la libertad de Larraburu por la de los presos políticos. En noviembre, un

comunicado guerrillero informaba que el mayor se había ahorcado. El Ejército, en cambio, insistió en que había sido estrangulado.

El regimiento catamarqueño no llegó a ser copado por la “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez”, integrada en esa oportunidad por 50 milicianos. Lo que allí sucedió tendría graves derivaciones. Según la causa 6047/74, tramitada hasta los primeros meses de 1983, fojas 1197 al 2008 y anexos, el oficial principal provincial René Rolando Romero, jefe de servicio, comunicó al director de Investigaciones de la provincia que: “a las veintitrés quince del 11 de agosto se recibió un dato de carácter reservado en el cual se comunicaba que a la altura de Polcos, lado Banda de Varela, a tres kilómetros de la ruta nacional No. 62 se encontraba un ómnibus con ocho individuos en actitud sospechosa y vestidos todos de negro...”. A partir de ese momento, se produjeron diversos enfrentamientos entre la policía local y los guerrilleros, además de la alerta correspondiente al regimiento que pensaban atacar por sorpresa. El grupo de ataque se había dividido en dos: el primero, dirigido por Irurzún, logró huir; el segundo, bajo las órdenes del dirigente azucarero Fernández, permaneció en las cercanías de Capilla del Rosario. Fernández y los otros 27 integrantes del comando se tirotearon durante horas con la policía y el Ejército que, por primera vez y sin orden del gobierno, intervenía directamente en la represión y persecución de los guerrilleros fuera del perímetro de un cuartel. Posteriormente, el gobierno refrendó lo actuado por el comandante de la V

Brigada, general Luciano Benjamín Menéndez.[228] En 1983, la sentencia en primera instancia de la causa 6047/74 estableció que 13 guerrilleros fueron detenidos y atormentados y que otros 14

tuvieron el mismo trato, luego de haberse entregado cuando ya no tenían municiones. Pero esos 14

nunca aparecieron con vida. El general Menéndez dijo que habían muerto en el enfrentamiento.

Santucho, que habían sido fusilados.[229]

La conmoción política por los sucesos puede medirse en las crónicas periodísticas de la época.

Como era lógico, toda la oposición al justicialismo cerró filas en torno al gobierno que se declaraba agredido. Los aliados de Santucho comenzaban a alterarse por el nivel de violencia guerrillera; no la elegían pero sufrían sus consecuencias. La acción política era cada vez más difícil, y los militantes de las estructuras públicas de las organizaciones de izquierda concentraban sobre sí una represión indiscriminada. La cúpula tradicionalmente conservadora del PC creyó que era el momento de deslindar aguas para siempre. En una declaración publicada en el Nº 58 de su periódico Nuestra Palabra, a fines de agosto, calificó a los guerrilleros actuantes en Catamarca y Córdoba como

“agentes de la CIA” y “provocadores ultraizquierdistas”: simples “terroristas”. El tono de la crítica comunista ponía fin a una relación signada por la desconfianza mutua. Enfurecido, Santucho intentó inútilmente reunirse con el dirigente Fernando Nadra, miembro de la dirección del PC, para debatir las posiciones. El 14 de setiembre en El Combatiente, Santucho promovió una lapidaria declaración.

Consideraba que la dirección comunista, en su afán de protegerse, había “traicionado al socialismo, a la clase obrera y al pueblo, poniéndose al servicio de la burguesía”. Como corolario, desestimaba cualquier alianza presente o por venir. El miedo invadió a la dirigencia del PC: dio instrucciones a sus militantes de romper cualquier acuerdo con los perretistas. A su vez, Nadra comenzó a publicar en el periódico partidario, bajo el seudónimo de “Polemos”, una serie de artículos en donde se trataba de hacer entrar en razón a los guerrilleros; Santucho le respondía desde las páginas de El

Combatiente. Esa fractura se profundizaría cada vez más no sólo por la obstinación del PRT-ERP

sino por las posiciones comunistas frente al gobierno de Isabel Martínez y, posteriormente, frente al golpe militar de 1976.

Santucho desestimó las críticas de los comunistas escudándose en el lógico encono y las profundas diferencias políticas que habían signado a la relación. Tampoco escuchó los consejos de Miguel Enríquez, líder del MIR chileno quien, poco antes de morir combatiendo contra las tropas de Augusto Pinochet, intentó expresarle sus preocupaciones por el rumbo político del PRT-ERP. Años después, Andrés Pascal Allende recordaría:

“Cuando nosotros mordíamos la derrota, en 1974, el PRT parecía crecer sostenidamente.

Nosotros estábamos contentos de que iniciaran la guerrilla en Tucumán, y de la invalorable ayuda material y moral que nos prestaban. Aun en esas circunstancias, Miguel fue el único que vio las dificultades que se avecinaban, y antes de morir le escribió a Santucho una carta memorable. En ella, Miguel criticaba, a partir de la experiencia chilena, la visión del PRT

de que el golpe militar era favorable al desarrollo de la guerra revolucionaria. Nosotros ya sabíamos que el golpe era un peligro enorme, y que lejos de favorecer la lucha, podía coartarla. Porque las FFAA unificaban todo el aparato represivo, y lo descargaban, sin trabas, sobre el movimiento popular, que debía pagar costos altísimos por la resistencia.

”También criticábamos la política de ataque indiscriminado del PRT a las FF.AA.; creíamos que no se distinguía entre la oficialidad. Otro aspecto cultural llamativo era la dureza, el racionalismo con que se abordaba la política. Santucho era como un monje, un asceta, preocupado demasiado por cuestiones morales. Creo que se subestimaba la cuota de irracionalidad que tiene todo comportamiento político y social. Pero, en verdad, sólo años después pudimos hacer un balance sobre estas y otras cuestiones: nosotros subvalorábamos la democracia, catalogándola como ‘burguesa’. En realidad aspirábamos a una democracia participativa, que no sólo se agotara en la libertad individual sino que contemplara los derechos económicos y sociales. En ese sentido nos planteábamos una concepción democrática de la sociedad, pero no lo admitíamos, ni siquiera dentro del MIR, que era extremadamente centralizado y, de hecho, poco democrático. El enfrentamiento político y armado obturó la conciencia de esas realidades, y no hubo posibilidad ni tiempo para encontrar otro camino” .[230]

Sin detenerse y dispuesto a realizar un salto que lo lanzaría aún más a la senda armada, el 11 de setiembre de 1974, Santucho reunió a la dirección perretista en el “Comité Central Antonio del Carmen Fernández”. En una finca de la localidad de Del Viso, en la zona Norte del Gran Buenos Aires, presentó un extenso informe denominado “Poder Burgués y Poder Revolucionario” en el que revisaba su estrategia de poder. Luego de repasar la historia de la frustración política argentina por causa de la defección de los gobiernos “parlamentarios burgueses” y por la represión de las dictaduras militares, sostenía que a partir de ese momento —la muerte de Perón—, y a pesar del

“estado policial” instaurado por Isabel Martínez-López Rega, en el país se abría una “situación revolucionaria”. Nada menos que la hora de ir preparando el asalto al poder. Según este razonamiento, era necesario “desarrollar el poder dual”, lo que en lenguaje marxista implicaba considerarse a sí mismos como la vanguardia política del pueblo y disponerse a establecer zonas liberadas y controladas por la guerrilla, con justicia y funcionamiento político y económico paralelos al oficial. [231] La obvia resultante era la transformación del ERP en un “ejército regular” —con grados militares— a pesar de que éste emergía de dos derrotas considerables en Azul y Catamarca.

El informe de Santucho fue aprobado sin modificaciones; también, el relanzamiento de la guerrilla rural, la construcción de grandes aparatos clandestinos y el plan para reclutar en las fábricas más importantes del país —especialmente en Villa Constitución y en el Gran Buenos Aires— nuevos contingentes de obreros revolucionarios. Como la muerte del cañero Fernández había sido un rudo golpe para el PRT, los dirigentes perretistas decidieron que a partir de ese momento ningún miembro del buró político podría participar directamente en operaciones militares.

Pero las consecuencias del episodio de Catamarca no habían terminado. En la misma reunión, seguro de que sus compañeros muertos en Capilla del Rosario habían sido fusilados luego de ser detenidos, Santucho dijo: “Luego de dieciséis días de investigaciones, hemos tomado una grave determinación. Nuestra organización ha decidido emplear la represalia: mientras el ejército no tome guerrilleros prisioneros, el ERP tampoco lo hará. Responderemos ante cada asesinato con una ejecución indiscriminada de oficiales. Es la única forma de obligarlos a respetar las leyes de la guerra”. [232] El 18 de setiembre, en una conferencia de prensa casi secreta a la que asistieron pocos periodistas, en su mayoría extranjeros —de Le Monde, La Repubblica y el Buenos Aires Herald—, Santucho comunicó en los mismos términos esa fatídica decisión. En el momento más terrorista de su historia, el ERP mató en dos meses a diez oficiales. En el mismo período, fueron muertos por las fuerzas de seguridad y la Triple A más de veinte guerrilleros. Sólo el asesinato de una niña el 1º de diciembre en Tucumán, cuando el ERP disparaba contra su padre, el capitán Humberto Viola, detuvo las represalias. Los guerrilleros se avergonzaban de tal acción. Años después, Luis Mattini dirá:

“Pocas veces se había visto a Santucho demudado, furioso y casi abatido. Maldecía al jefe del comando guerrillero y al mismo tiempo pensaba cómo hacer un gesto de reparación por esa muerte injustificable” .[233] En verdad, la sangre era el velo más infranqueable para la razón política.

Santucho tardó en percibir que estaba quemando las naves, que la consecuencia para su proyecto revolucionario sería una extrema soledad, aunque las relaciones con Montoneros mejoraban día a día después de su reciente decisión de pasar a la clandestinidad y al combate frontal contra el gobierno.

Paradójicamente, en plena campaña de represalias, el PRT-ERP lanzó, el 9 de octubre, una propuesta de tregua al gobierno de Isabel Perón. En una carta enviada a todas las fuerzas políticas, firmada por el propio Santucho, se ofrecía el cese del fuego y la liberación de los militares y empresarios secuestrados a cambio de la libertad de los guerrilleros y demás presos políticos y sociales y la derogación de las leyes represivas. El pacto era inaceptable para el gobierno, dispuesto a profundizar la represión política y militar de los revolucionarios. Tampoco parecía seriamente creíble por el lado del ERP, embarcado en el terror rojo.[234]

El radicalismo, como los comunistas, también intentaba influir en las decisiones de Santucho.

Mientras tanto, la paranoia política invadía la vida cotidiana. Corrían rumores de sentencias de muerte tanto de la Triple A como de las organizaciones guerrilleras. Muchos políticos, profesionales, artistas e intelectuales, amenazados por las bandas ultraderechistas, comenzaban su exilio. A mediados de octubre, circuló la versión de que el ERP mataría a Balbín. Fue entonces cuando Balbín le encomendó a Tróccoli, presidente del bloque de diputados de la UCR, que llamara a Mario Amaya para que lo conectara urgentemente con un miembro del PRT. Osvaldo Álvarez Guerrero describirá posteriormente cuál era el estado de las relaciones del radicalismo con el PRT-ERP en esos días:

“En 1974 solíamos tomar contacto, a través de Amaya y de Raúl Borrás, con algunos cuadros políticos del PRT. A pesar que Amaya no coincidía en modo alguno con la estrategia del ERP estaba convencido de que sus objetivos revolucionarios eran nobles. Nos reuníamos entonces en la casa de un diputado del Partido Intransigente, ya fallecido, Raúl Marino, que había sido miembro de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Oscar Alende en la provincia de Buenos Aires. Estos contactos desaparecen cuando en abril de 1976 el Ejército secuestra a Amaya, lo torturan brutalmente, y Amaya termina muriendo como consecuencia de las torturas en el Hospital Militar totalmente incomunicado. Pero hacia 1974 existieron otros contactos con el ERP. Antonio Tróccoli, que era el hombre de Ricardo Balbín en el bloque de diputados radicales, en más de una oportunidad lo llamaba a Amaya, a pesar de que Balbín lo despreciaba, para que le informara lo que estaba pasando en el ERP. No podría confirmar si efectivamente, como se sostiene, Tróccoli se entrevistó con un dirigente del PRT a raíz de la versión que circuló en 1974 de que el ERP iba a atentar contra Balbín. La versión se desestimó más tarde porque no era costumbre de esa guerrilla atentar contra políticos”. [235] No fue Tróccoli sino Enrique Vanoli, secretario político del Comité Nacional de la UCR, quien se reunió, efectivamente, con un emisario de Santucho en una oficina del radicalismo cercana al Congreso, para disipar miedos. No era cierto que el ERP pensara atentar contra Balbín, “como no lo haría contra ningún dirigente político”, juró el emisario. [236]

El giro derechista del gobierno precipitó a Montoneros a la carrera armamentista primero como

“autodefensa” y luego “ofensiva” para voltear al lopezrreguismo. Ellos no eran las únicas víctimas de la política conservadora del binomio Isabel Martínez-López Rega. A mediados de mes, el ministro de Economía, José Ber Gelbard, fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales. Este recambio ministerial significaba la defunción del Pacto Social, estrangulado por la derecha y por la izquierda maximalista, ya que el PC lo había defendido en su política de apoyo al peronismo. En su juventud, Gelbard había sido el genio más destacado de las finanzas comunistas. La ofensiva del gobierno siguió contra el último bastión de la JP: la universidad. La designación del nacionalista-integrista Oscar Ivanissevich como ministro de Educación y de Alberto Rocamora en Interior completaba el triángulo de funcionarios leales a López Rega, secretario privado de Isabel. Además, eran conocidos los acuerdos sellados en esos días entre el comandante general del Ejército, Anaya, y

el gobierno bicéfalo.[237] Isabel Perón y López Rega habían prometido a los militares “terminar con la subversión” mediante el empleo metódico de la Triple A que evitaba, así, la intervención directa de las Fuerzas Armadas; eliminar a los “infiltrados de izquierda en la educación” y recortar el poder sindical. A cambio, el jefe del Ejército debía respaldar al gobierno sin vacilaciones. El único malestar que sentía López Rega contra la cúpula militar era la presencia del general Jorge Rafael Videla como jefe de Estado Mayor del Ejército y del secretario general del mismo, Roberto Viola.

Videla, por sugerencia de la embajada de los EE.UU., había hecho un relevamiento de los hombres del gobierno que participaban en los comandos derechistas de la Triple A.

Los últimos días de octubre, el jefe de Organización de Montoneros, Roberto Cirilo Perdía, confirmó a la dirección perretista la fecha en que los montoneros pensaban matar al jefe de la Policía Federal, Alberto Villar. Ambas organizaciones venían sosteniendo una serie de discusiones para hacer más efectiva la coordinación guerrillera y para proteger a sus militantes, en especial luego del 15 de ese mes, cuando Montoneros realiza la Operación Mellizas, el secuestro de los grandes empresarios Juan y Jorge Born que dejó en sus manos 60 millones de dólares, el rescate más cuantioso de la historia mundial de los secuestros políticos. Juan Manuel Carrizo, por su parte, les informó que el ERP planeaba un golpe contra el jefe de Seguridad Federal, Luis Margaride. Los policías eran enemigos jurados de la militancia de izquierda por sus prácticas represivas, y porque eran considerados los jefes indiscutidos —junto con López Rega— de la Triple A. El 1º de noviembre, alegórico “Día de todos los muertos”, en la localidad de Tigre, un comando montonero trituró la lancha de paseo a bordo de la cual estaban Villar y su esposa, con una poderosa carga de trotyl. La jefatura de la Policía Federal fue ocupada inmediatamente por Margaride.

Afectada en su entorno, y ante la conmoción que sacudía al país, el 6 de noviembre de 1974

Isabel Martínez implantó el estado de sitio. A pesar de los acuerdos entre López Rega y Anaya, la posición de las Fuerzas Armadas de no intervenir en la represión interna había virado definitivamente a partir de la muerte de Perón. En parte, por los innumerables síntomas de la crisis económica que también convencía a los empresarios nacionales y extranjeros de la conveniencia de promover un cambio de rumbo, y en parte debido a los operativos guerrilleros. El general de brigada (RE) Fausto González —entonces vinculado a la inteligencia del Ejército—, explicará años más tarde cuál era el sentimiento prevaleciente entre los militares y cuál la diferencia que observaban en el comportamiento de las dos organizaciones armadas más importantes del país:

“Se debería acotar que los altos oficiales estaban remisos a la guerra de exterminio. Fue la presión de la juventud militar —tenientes, capitanes, los que tenían participación directa en los combates contra la subversión— la que empujó a tomar ese camino. Lo más gráfico para ilustrar esta situación es que en los entierros de militares muertos por la guerrilla, los generales lloraban y los oficiales insultaban, y les recriminaban a los superiores no tomar medidas. Ésta fue una lucha por el poder. El sector rebelde, como el ERP, si bien realizó acciones sobre el sector político y gremial, la mayor parte de su accionar fue contra las FF.AA. Porque de acuerdo al análisis que ellos hicieron —siguiendo la famosa frase de Mao—, el poder estaba en la punta del fusil. Entonces había que atacar o suprimir lo que

ellos creían que era el poder base del Estado. Yo creo que era una equivocación política, porque se olvidaban del consenso, o el dominio de la opinión pública. Lo que sucedió es que al estar imbuidos de una estrategia violenta, trataron de destruir el elemento de violencia de quienes ellos consideraban sus enemigos.

”La respuesta a la subversión le costó mucho a las FF.AA. porque no estaban preparadas para eso. Y hubo que hacer transformaciones no sólo orgánicas, sino culturales y militares.

El gran error que cometió la guerrilla del ERP fue atacar indiscriminadamente a los militares, que se abroquelaron ante esta agresión: ellos no vieron este problema, o tal vez siguieron lo que sucedía en China, Vietnam, pero la Argentina es tan diferente... Y esta guerra sucia, acá, hecha con otras reglas que las convencionales, trajo una serie de consecuencias dentro de las FF.AA., que aún hoy vivimos. Sí, me refiero a los carapintada.

Porque en la guerra contra la subversión se dejaron de lado las jerarquías, y las acciones no eran realizadas según los cánones militares sino según los políticos. Era una guerra ideológica, de tipo político, que derivó en una ruptura de la organicidad. Por eso las consecuencias. No digo que haya sido el elemento principal, pero fue uno de los tantos elementos que intervinieron en las rebeliones carapintada.

”Ahora, a la infiltración de Montoneros se la veía más como una tendencia a buscar apoyo con más amplitud en las bases políticas, sindicales y dentro de las FF.AA.; al revés del ERP, que era totalmente elitista y no tuvo ninguna influencia entre los cuadros militares. Por lo menos no conozco ningún oficial que hubiera tenido contacto —excepto que estuviera infiltrado—, o simpatía por el ERP. Se lo veía una fuerza intransigente, dura, y con objetivos más extremos que Montoneros. Un detalle importante, en ese momento, es que las FF.AA. eran tradicionalmente antiperonistas, pero al producirse una división dentro del peronismo por la existencia de Montoneros, las FF.AA. se alían, naturalmente, con un sector del justicialismo que los combatía.

”En cuanto a la metodología, si bien Montoneros organizó unidades militares, más estructuradas eran las del ERP. También ése fue su error: pasar a una etapa de creación de unidades regulares de la subversión, en el momento en que no habían logrado una supremacía. Esto es una cuestión elemental de la doctrina militar. Creo que uno de los que promocionó esta práctica fue Santucho. Ellos no tenían el apoyo de la gente. Estuve en Tucumán, y vi que ellos habían aterrorizado a la gente para que no colaborara con las FF.AA. Bueno, esto sucedió en ambos bandos. Ahora, las FF.AA. veían a Santucho... una cosa es lo que se dice para la propaganda, y otra lo que se piensa. Entiendo que todos los dirigentes que manejaron la cuestión subversiva eran inteligentes y valientes, si no no hubieran representado un serio problema político y militar. Eran enemigos, pero tenían una gran capacidad de acción, inteligencia y mucho valor. Hubo acciones bien planificadas, hubo sorpresa, es decir que usaron bien los principios de la guerra, y lograron éxitos

importantes. Así, reclamaron una participación muy intensa de las FF.AA., quienes en su totalidad estuvieron empeñadas en combatirlos.” [238]

En los primeros días de diciembre de 1974, en una reunión secreta entre López Rega y el general Anaya, se decidió comenzar con los preparativos del “Operativo Independencia”. Las Fuerzas Armadas, con una ley del gobierno, podrían partir a Tucumán a liquidar el bastión rural del ERP, que no sólo aumentaba su belicosidad en el campo: el 23 de diciembre en el barrio de Once, una camioneta cargada de explosivos y manipulada a control remoto embistió contra la caravana policial en la que se desplazaba Margaride, quien salió ileso. En su lugar murió un cabo de su custodia. Las represalias de la Triple A no tardaron. El Buenos Aires Herald de diciembre contabilizó más de veinte militantes izquierdistas masacrados por los comandos derechistas —entre ellos, uno bautizado

“capitán Viola”—; y otros tantos desaparecidos luego de ser tomados prisioneros. El PRT-ERP

perdió en esos días al santafesino César Cerbato, uno de sus fundadores y miembro de su dirección nacional. Como ex estudiante de Ingeniería Química, Cerbato era uno de los pocos explosivistas del ERP, menos habituado que Montoneros al uso de bombas.

Pasada la Navidad, Domingo Menna llamó a Santucho desde Villa Constitución. El grupo

“clasista” y “combativo” de la lista Marrón, liderada por Alberto Piccinini, e integrada por independientes de izquierda y varios simpatizantes de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO),[239] el PRT-ERP y Montoneros, había derrotado en las elecciones internas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a la vieja dirección del gremio alineada con el líder metalúrgico ortodoxo Lorenzo Miguel. Este triunfo entusiasmó a Santucho porque vio en él un “germen” de otra pueblada contra el “estado policial” de Isabel Perón-López Rega, y la confirmación de sus hipótesis sobre que la salida de la crisis marchaba hacia la conquista de “un gobierno obrero y popular”. En esos días, la policía bonaerense allanó una casa de la localidad de Burzaco buscando al que consideraban “el enemigo público número uno”. Pero Santucho ya había partido rumbo a Villa Constitución.