05. Por una Carta del precariado

Otras reacciones cobraron fuerza. Aunque las protestas juveniles del movimiento del 15M (los indignados) puedan ser acciones de rebeldes primitivos, son pasos necesarios en el camino de un contramovimiento. A principios de 2012, los indignados organizaron lo que llamaron una huelga «invisible» del precariado que incluía a los estudiantes, los temporales, los no remunerados, los inmigrantes y la tercera edad. Fue parte de una lucha contra los recortes del Estado en las condiciones de vida del precariado. Y dando ejemplo al resto de Europa estaban los yayoflautas (un derivado de perroflautas), esto es, pensionistas y abuelos que ocupaban bancos para protestar contra los rescates bancarios, que llenaban autobuses para protestar contra las subidas de precios y se plantaban en los departamentos del servicio de salud para protestar contra los recortes en sanidad. ¿Alguna vez habían adquirido los mayores tal protagonismo en una lucha social?

La postura de los sindicatos también dio lugar a que surgieran asociaciones juveniles independientes, tales como la Associació de Joves de Gracia (Asociación de Jóvenes de Gràcia) en Barcelona, que ofrece servicios a trabajadores individuales. Esto es un ejemplo del tipo de representación que necesita el precariado. Sin embargo, los viejos sindicatos han resistido a sus intentos de negociar con los empresarios o representar a sus miembros. Esto debe cambiar o los organismos colectivos se autodestruirán. Los organismos ocupacionales construidos sobre bases sindicales —negociación con el Estado, así como con los empresarios y otras ocupaciones— son una parte esencial de la solución. Pero deben basarse en los valores del trabajo en general, no del trabajo asalariado.

En 2012, el Gobierno español se propuso frenar el poder de negociación de los sindicatos y debilitar la seguridad laboral. Los sindicatos organizaron una huelga general, sacando a la calle a cientos de miles de manifestantes. Pero no consiguieron ofrecer una visión del trabajo y la seguridad que fuera más allá de un anhelo atávico de un pasado laborista. Intuitivamente, el precariado entendió la contradicción. Aunque se movilizaban contra el neoliberalismo y a la vez contra los sindicatos, los indignados no estaban atrapados por el pasado. Miraban al futuro, aunque con incertidumbre.

 

Donde los sindicatos están fracasando: Suecia

A Suecia se la ha considerado como el nirvana de la socialdemocracia. Los sindicatos siguen siendo numéricamente fuertes, dando cuenta de los dos tercios de la fuerza de trabajo en 2011, igual que en 1970, aunque por debajo del pico de más del 80 por ciento en la década de 1990. Pero esto refleja dos factores especiales: que todavía administran el seguro de desempleo y que se han inclinado al viento de la globalización haciéndose más gerencialistas, favoreciendo el libre comercio y aceptando los recortes de plantilla de las empresas sin apenas protestar.

El principal sindicato en expansión, Unionen, ha reforzado al salariado permitiendo a sus miembros ganar en protección y en prestaciones, mercantilizando sus servicios a través de anuncios en televisión. Ofrece seguros y cursos de formación a sus afiliados. Y se mantiene al margen de la política partidaria. Las organizaciones empresariales lo aprueban porque, como dijo un representante, Unionen «está con sus miembros, no se interpone entre ellos y sus empleadores» (The Economist, 2013). Esto plantea la cuestión de si Unionen es en realidad un sindicato, puesto que la intención de los sindicatos es interponerse entre los empleadores y los empleados. Y es intrínsecamente regresivo, ya que perjudica al precariado consiguiendo privilegios para los miembros de cuello blanco del salariado, que están en un buena posición financiera para pagar por un servicio colectivo.

Estos órganos son por doquier un presagio del futuro. Unionen ha hecho concesiones a los empresarios, que incluyen la introducción de un «banco de tiempo» de horas no trabajadas que pueden ser devueltas cuando la demanda repunte. Otros sindicatos han intentado hacerse indispensables convirtiéndose en agentes de una productividad incrementada. Y la LO (Confederación Sueca de Sindicatos), la federación del trabajo de cuello blanco y bastión de la negociación laboral de confrontación, ayuda al Gobierno y a los empresarios a sacar puestos de formación para jóvenes desempleados, en los que se pagan salarios más bajos. La mezcla de funciones, sin embargo, puede acarrear una pérdida de autonomía e identidad como representantes de los trabajadores, con sindicatos que se consideran parte de la gestión más que agentes para la reducción de las desigualdades.

 

Asociación para dar servicios al precariado

Aunque los sindicatos obreros intentan pilotar entre el capital y el trabajo, hay un nuevo tipo de organización de voz que es de hecho una variante de un viejo tipo protoindustrial, a saber: un órgano que propociona servicios y prestaciones a los trabajadores que no son empleados estables. El objetivo es cubrir el hueco dejado por la erosión de las prestaciones empresariales, tales como pensiones y seguros médicos, y por la fragmentación de las prestaciones estatales. Un ejemplo es el Sindicato de Freelancers con base en Nueva York, que proporciona planes de seguros, un sistema de clasificación de clientes, y ofertas de descuentos y oportunidades para entrar en redes. Para 2012, tenía 200.000 miembros.

Aunque valiosos, estos órganos tienen varios riesgos. Pueden ser marginados por la competencia comercial que atraiga a los miembros con un perfil de menos riesgo, subiendo la prima a los restantes. Y sus innovadores y dirigentes pueden ser tentados por ofertas más altas para que deserten. Un riesgo aledaño es que los dirigentes pueden volverse demasiado empresariales y acabar sirviendo al mismo sistema que perjudica a sus miembros.

Sara Horowitz, fundadora del Sindicato de Freelancers, se ha convertido en una empresaria del freelance, ha recibido una subvención «Genius» de la Fundación MacArthur y ha publicado un libro con el seductor título The Freelancer’s Bible (2012). Ella ve el ascenso del freelance: libertad de los trabajos autoritarios, autonomía para establecer tu propio calendario, libertad para hacer alianzas con gente de la misma mentalidad (redes horizontales con amigos) y para compartir recursos y externalizar trabajo en los tiempos de abundancia. También ve la oportunidad comercial ofrecida por el tercio de los adultos americanos que son freelancers, definidos en sentido muy amplio, y por la pérdida de prestaciones empresariales para otros. Así, el Sindicato de Freelancers es un modelo de adaptación, no un cambio estructural para redistribuir la renta y el poder de negociación a favor del precariado. Parece más bien algo que se convierte en una empresa comercial.

 

Voz de negociación para el precariado

Están apareciendo otros cuasisindicatos, algunos en sitios improbables. Uno de los desafíos es que la negociación colectiva a favor del precariado debe hacerse en su mayoría indirectamente. Puede hacerse con el Gobierno, para establecer códigos de conducta o condiciones mínimas que los contratos de empleo deben respetar. O bien puede implicar la creación de una organización paraguas para determinadas relaciones laborales, como ha ocurrido con las agencias de empleo temporal. La situación se complica por las relaciones «triangulares» que involucran a contratistas y subcontratistas.

Por todo el mundo, nuevos órganos de voz están intentando hacer frente al desafío. La libertad asociativa está surgiendo a través de los «centros de trabajadores», las «cooperativas de trabajadores domésticos», los «grupos de conductores de taxi» y cosas por el estilo. Pueden ser debilitados, ya que no controlan los puertos de entrada. Individuos desesperados trabajarán por menos de lo que ellos piden. Sin embargo, las estructuras de incentivos y las prácticas ocupacionales podrían limitar esa tendencia.

En Jamaica, un sindicato de trabajadores domésticos no negocia con empresarios individuales, sino que ha venido negociando sobre pautas generales con la Federación de Empresarios de Jamaica, una forma de negociación centralizada. Estas negociaciones incluyen la demanda de que los «empleadores» paguen salarios completos y a tiempo, y den a los domésticos un día libre a la semana. El sindicato se concentra en la educación, la defensa, la movilización y la formación de género, incluso en el trabajo telefónico, y en la investigación y la recolección de datos. En 2011, se aprobó una Convención de la OIT (C189) sobre trabajo doméstico. Para septiembre de 2013, solo nueve países la habían ratificado (Jamaica no estaba incluida). Un sindicato como el jamaicano no puede esperar mucho de la C189, pero ha utilizado la Convención para intensificar la presión moral sobre los empresarios y el Gobierno a fin de mejorar las condiciones de trabajo.

Quizá el órgano más elaborado de este tipo sea la SEWA, la Asociación de Mujeres Autoempleadas de India (Self-Employed Women’s Association of India). Con casi dos millones de miembros, combina: la negociación a favor de los grupos ocupacionales, con células para los diferentes tipos de trabajo precario; los servicios financieros a través de su banco y sus actividades de microcrédito; la negociación con empresas, intermediarios y el Estado; y la presión en todos los niveles del Gobierno. Da una alta prioridad a la educación, poniendo el acento en las competencias necesarias para la supervivencia y la comprensión de la sociedad. La lucha es constante y dura. No obstante, la SEWA ha logrado muchas cosas, quizá sobre todo dando dignidad y orgullo a mujeres muy pobres, y ha obligado a los partidos políticos, sindicatos, prestamistas, burocracias locales y otros grupos de la sociedad civil a dar mayor prioridad a sus preocupaciones. En 2010, se embarcó en un experimento de renta básica, tal como se discute en el artículo 25. Es un órgano clásico del precariado.

 

La voz como interconexión

Voz no significa aprender a venderse a uno mismo. Debería significar forjar la capacidad de superar las fuerzas mercantilizadoras. Los medios de comunicación social y la interconexión por Internet tienen el potencial de movilizar a la gente para eventos de masas. Sin embargo, son un modo pasivo y reactivo de articular las opiniones. Todavía tienen que demostrar su fuerza como un sistema progresista de voz, si bien están surgiendo como una forma valiosa de oponerse a las reformas iliberales y regresivas, como es el caso de la red 38 Grados. En otros lugares, y ello es preocupante, la interconexión por red está siendo acechada por agendas mercantilizadoras. Volveremos sobre esto en el artículo 23 al hablar de educación.

 

Voz, mutualismo y precariado

En junio de 2013, el Partido Laborista del Reino Unido anunció que apoyaría el cambio hacia las prestaciones contributivas. Uno de sus diputados más destacados, Frank Field, dijo que era esencial mutualizar los fondos contributivos para evitar que los políticos «metan la mano en ellos». Presumiblemente, un fondo mutualizado debería estar dirigido por los «interesados». Pero si los políticos electos no son representantes de los interesados, ¿quiénes lo son? El riesgo es que sea excluido el precariado. El fondo sería para el salariado y para los proletarios de viejo cuño. Solo si la voz del precariado está en la gobernanza, fijando y ejecutando las reglas, podría haber alguna esperanza de que el resultado fuera progresivo.

 

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En suma, con los sindicatos en transición, cuando no en decadencia, están pugnando por salir a la luz nuevos mecanismos de voz. Todos los que están en el precariado o que piensan que pueden estar deberían unirse y ayudar a formar los nuevos órganos. Sin ellos, se mantendrá su estatus de suplicantes y crecerán las desigualdades.

Al construir alternativas, las estructuras de gobernanza deben reflejar los principios de justicia presentados en el capítulo 4. A menos que la inseguridad de los más inseguros sea mejorada por sus acciones, y mejorada más que la de otros, estos órganos carecerán de legitimidad en un sentido progresista. A menos que fortalezcan los derechos y reduzcan el alcance de la benevolencia discrecional, serán reemplazados. Y a menos que respeten el trabajo reproductivo, fracasarán a la hora de promover el trabajo digno y las prioridades ecológicas. En última instancia, su tarea es la de abolir el precariado. Pero para eso queda mucho camino por recorrer.

 

Artículos 6-10: Reconstruir las Comunidades ocupacionales

El desmantelamiento de los gremios ocupacionales, comenzado por los neoliberales y continuado por los socialdemócratas, debe ser superado mediante la reconstrucción de comunidades ocupacionales. El precariado

se beneficiaría de la reforma de la concesión de licencias ocupacionales. Deberían reducirse y su gobernanza debería ser revisada, de modo que el precariado tuviera voz en el seno de los consejos que regulan las prácticas ocupacionales. Y se debe promover activamente la negociación colaborativa.

 

Durante cientos de años, los gremios artesanales y profesionales conviertieron las ocupaciones en comunidades, con criterios de calidad del trabajo, códigos éticos, mecanismos de protección social y sistemas de educación y promoción. Sus deficiencias radican en sus fortalezas. Fácilmente se convirtieron en bastiones de comunidades cerradas de privilegio y captación de rentas, en las que las élites tomaron el poder y se mantuvieron en él. Sin embargo, dieron seguridad y orgullo a sus miembros.

Los neoliberales subrayaron su lado negativo y rechazaron su lado positivo, orientado a la solidaridad social y la resistencia a las fuerzas del mercado. Los gobiernos bajo su influencia procedieron a retirar los poderes gremiales y construyeron sistemas estrictos de autorización, diseñados para servir a los intereses de los consumidores y del mercado más que a los trabajadores de esas comunidades. Como resultado, se ha transferido el poder a los intereses comerciales y a las burocracias administrativas.

Han sido estas burocracias las que han supervisado el desbaratamiento de los modos internos de movilidad social y de promoción. En el proceso, han introducido sistemas de fragmentación de clase, de tal modo que numerosas ocupaciones, incluidas las grandes profesiones como la enseñanza, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, la medicina y la arquitectura, han sido reestructuradas con élites, salariados, profitécnicos, trabajadores estables y un precariado, con toda una proliferación de títulos de auxiliares, adjuntos y asistentes que simbolizan la inferioridad y una movilidad atrofiada. Han crecido las desigualdades intraocupacionales, al igual que lo han hecho las desigualdades interocupacionales, con beneficios y privilegios para las élites y los salariados, y bajos e inseguros salarios para el precariado.

Se necesitan diversas reformas.

 

Artículo 6: Establecer un sistema internacional de acreditación ocupacional

El derecho a ejercer el propio oficio y usar las propias cualificaciones es un valioso derecho económico. Hoy es probablemente más débil que en cualquier otra época de la historia. No hay ningún organismo internacional encargado de la regulación ocupacional. La OIT siempre ha sido laborista, y no ha permitido a los órganos ocupacionales ser parte de su gobernanza. Ninguna de sus 189 Convenciones ha abordado la cuestión de la regulación ocupacional. El Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han tratado el tema de la autorización ocupacional sin el mandato ni el conocimiento experto para ello.

Debería establecerse un órgano internacional con la específica función de establecer criterios generales para las ocupaciones y armonizar las cualificaciones y los sistemas de acreditación, de modo que la gente pueda ejercer más fácilmente en países donde no obtuvieron sus titulaciones. Incluso dentro de la Unión Europea, cuyos Estados miembros se supone que reconocen las titulaciones de los demás, el reconocimiento fue automático solo para siete de las más de ochocientas profesiones identificadas por la Comisión Europea, y el resto requería la conformidad con reglas locales a menudo complejas (The Economist, 2012).

 

Artículo 7: Limitar las autorizaciones

Había buenas razones para reformar los gremios, los cuales tendían a conceder rentas monopolistas a las élites de las profesiones y los oficios. Pero la regulación estatal en interés de los consumidores y el comercio ha acelerado la desprofesionalización y ha contribuido a crear una estructura de clases dentro y a través de las comunidades ocupacionales relacionadas, que se parece a la estructura de clases de la globalización.

La autorización administrativa impide que la gente ejerza determinadas ocupaciones, bien porque no tienen las titulaciones oficialmente aprobadas, bien debido a algo que hayan hecho o dejado de hacer. Esto provoca que no se tome en serio el proceso debido y que adopten decisiones arbitrarias los que tienen el control sobre materias tales como la aceptación de titulaciones, o las suspensiones y excomuniones de profesionales individuales. Los que están consolidados dentro, en la élite o el salariado de la ocupación, pueden promover sus intereses e imponer condiciones a los demás, empujándolos hacia el precariado. Un ejemplo es la imposición de una condición de «haber ejercido recientemente», como ha ocurrido con las enfermeras.

En EE.UU., casi una tercera parte de los trabajadores precisa autorizaciones para ejercer su ocupación, mientras que en la década de 1950 solo las precisaba uno de cada veinte. Las ocupaciones que exigen autorización en algunos Estados de EE.UU. incluyen a floristas, trabajadores de mantenimiento, luchadores, guías turísticos, vendedores de helados, pirotécnicos, vendedores de libros de segunda mano y diseñadores de interiores. A modo de comparación, la proporción de trabajadores estadounidenses que pertenecen a un sindicato obrero era solo del 11 por ciento en 2012. En el Reino Unido, el 13 por ciento de los trabajadores requieren autorización, el doble de la proporción de finales de la década de 1990.

La autorización se justifica si hay externalidades potenciales, como cuando una mala práctica pudiera tener repercusiones para la salud o la seguridad. Pero para la mayoría de las ocupaciones es innecesria y está diseñada para potenciar los ingresos de los autorizados mediante la restricciones de entrada, o para forzar los precios al alza, o para permitir que las empresas fijen criterios de los que pueden sacar provecho. Para muchas ocupaciones, la autorización debería convertirse en una acreditación voluntaria. De esta forma, si uno quiere arriesgarse a comprar los servicios de un pintor o un fontanero sin acreditación, por ejemplo, eso sería una libre elección suya.

 

Artículo 8: Mutualizar la regulación ocupacional

Las ocupaciones no deberían estar reguladas por consejos integrados enteramente por expertos de dentro, porque eso conduce a riesgos morales e inmorales (Summers, 2007). Tampoco esos consejos deberían estar compuestos solo por gente ajena a la ocupación. Los gobiernos han tendido a favorecer consejos dirigidos por gente ajena para proteger a los consumidores y los intereses comerciales. Es probable que esto provoque el desinterés por los problemas que afectan a los estratos más bajos de la ocupación.

En los consejos ocupacionales deberían estar representados todos los intereses. La regulación ocupacional está ligada a la necesidad de voz del precariado. Por ejemplo, privatizar los servicios públicos permite a una élite dentro de las profesiones alcanzar ventajas posicionales. El Gobierno del Reino Unido creó comisiones clínicas en el Servicio Nacional de Salud

(NHS)[11] que pueden adjudicar contratos a proveedores privados. Los miembros de la comisión pueden ellos mismos pujar por los contratos o hacerlo a través de empresas en las que tienen algún interés. Esto es gobernanza de élites, corrupción autorizada y un efecto de la regulación estatal en benefico de los intereses de las élites. Aunque los miembros de los consejos deben estar ausentes en las discusiones de los contratos de los que pudieran beneficiarse, están en una posición ventajosa para sacar una puja favorable. Además, los colegas en los consejos deben seguir trabajando juntos después de tomar esas decisiones, lo que hace probable que se hagan favores mutuamente. Debería haber una norma al efecto de que ningún miembro de un consejo pueda entrar en la puja. Y el precariado, no solo la élite de la profesión, debería estar representado independientemente en esos consejos y ser capaz de nombrar a sus propios representantes. Sin gobernanza democrática, los riesgos inmorales prevalecerán con demasiada frecuencia.

Muchos jóvenes no pueden conseguir derechos económicos básicos debido a que la gobernanza ocupacional está dominada por las élites y el salariado. Por ejemplo, en Italia, los jóvenes abogados deben ejercer en un bufete de abogados autorizado durante dos años antes de poder obtener la autorización. En ese periodo, un bufete de abogados puede decidir si les paga o no. Muchos trabajan sin cobrar, viviendo en casa de los padres, disfrazando su empleo y sus largas jornadas de trabajo. Uno dijo al Nordic Labour Journal:

No mencionen mi nombre, y no me saquen fotos. Si el Colegio de Abogados se hace eco de esto jamás obtendré mi autorización. Este es un sistema construido a base de recomendaciones, así que es importante hacer un buen trabajo y estar dispuesto a servir. Sé de varias personas que sacaron buenas notas en los exámenes escritos pero no lograron su autorización porque alguien se retrasó en aprobarla, y los responsables dicen que hicieron mal los exámenes orales. De nada sirve irse al extranjero. Hay gente con buenas notas de Harvard y otras universidades célebres que no pueden conseguir autorización para ejercer el Derecho en Italia. El Colegio de Abogados está corrupto (Kvam, 2010).

Estas situaciones se producen porque hay grupos inseguros con poca antigüedad que están excluidos de la estructura de gobernanza. Esto debería cambiarse. Si hay una asociación o un consejo con funciones de gobernanza sobre una profesión u oficio, debería exigirse legalmente que todos los niveles de la ocupación, incluso los que tienen contratos temporales y en prácticas, deberían estar representados en los consejos. Idealmente, deberían tener una representación igual a su parte en la ocupación.

 

Artículo 9: Promover la negociación colaborativa

En los sistemas de trabajo flexible, especialmente en los servicios, una parte de la negociación más vital debería hacerse entre las diferentes ocupaciones. Dicha negociación debería estar formalizada y debería incentivarse que las asociaciones ocupacionales alcanzaran acuerdos en la negociación con asociaciones complementarias (por ejemplo, las asociaciones de doctores podrían negociar con las asociaciones de enfermeras y personal paramédico y auxiliar). Se firman demasiados acuerdos ocupacionales sin que estén implicados los grupos más vulnerables dentro de las ocupaciones o dentro de un rango más amplio de familias ocupacionales relacionadas. Esto ha contribuido a la estratificación de las ocupaciones, con grupos más pronuniados del precariado a los que se niega el acceso a suplementos salariales, primas, prestaciones o avenidas de movilidad.

 

Artículo 10: Promover la protección social ocupacional

A lo largo de la historia, las ocupaciones, sobre todos las grandes profesiones, han manejado sus propios sistemas de protección social para los miembros presentes y pasados. En la era laborista, fueron desmantelados o convertidos en arreglos muy convenientes para las élites y los salariados con mucho tiempo de ejercicio en la profesión. Ahora que el Estado ha convertido la protección social en algo más residual, basado en la comprobación de medios y en estrictas condiciones de acceso, es vital que se regenere un sistema multinivel de protección social, un sistema en el que la protección social ocupacional pudiera jugar un papel subsidiario pero importante. Esto sería también un útil suplemento de la renta básica universal (véase el artículo 25). Para hacerlo, deberían fortalecerse los fondos ocupacionales y hacerse internamente más democráticos, de nuevo estando la parte precarizada de la ocupación plenamente representada para asegurar que el sistema le proporcione alguna protección, y que no sea otra nueva fuente de desigualdad en la renta social.

 

Artículos 11-15: Parar la política clasista de inmigración

En la medida de lo posible, los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Debería pararse la demonización de los inmigrantes. Debería reducirse el sesgo de clase de la política de inmigración. Se debería poner freno y penalizar a los regímenes exportadores de trabajo.

 

Vivimos en un mundo migratorio. En 2013, 232 millones de personas, el 3,2 por ciento de la población global, vivían fuera de su país de origen, en comparación con los 154 millones de 1990. Muchos de nosotros seremos inmigrantes en algún momento o tendremos familiares o amigos que los sean. Así que la mayoría tiene un interés en asegurar que la política de inmigración satisfaga los cinco principios de justicia expuestos más arriba y supere la prueba del «velo de ignorancia». Un país que aplique medidas inequitativas contra los inmigrantes puede encontrarse con que otros países hagan lo propio contra sus ciudadanos. Tristemente, los políticos utilitaristas han intensificado la condición de residentes de los inmigrantes.

Los inmigrantes constituyen un alto porcentaje del precariado global. Descritos de forma variada como villanos (que causan inseguridad a los demás), como víctimas (perseguidas por la gente y los gobiernos locales) y como héroes (que envían dinero y bienes a sus empobrecidas familias y vuelven con destrezas y un dinero que invertir), son la infantería ligera del capitalismo global (Standing, 2011).

Al reconocer los aspectos migratorios del sistema de mercado global, es preciso guardar un sentido de la proporción. En la mayoría de países, los residentes nacidos fuera son una minoría significativa pero todavía pequeña. El promedio de 2011 para los países de la OCDE fue de alrededor de un 13 por ciento. Y una gran parte de los inmigrantes en la población está correlacionada con el éxito económico, no con el bajo crecimiento y el alto desempleo (Boubtane, Coulibaly y Rault, 2013; Burke, 2013). Decir que la inmigración está ligada a un alto desempleo es una afirmación simplemente basada en el prejuicio. Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos, países donde los políticos populistas ha avivado el sentimiento contra los inmigrantes, tienen una proporción de residentes extranjeros por debajo del promedio. Y un creciente número de países ricos necesita inmigrantes. En Italia, por ejemplo, las mujeres tienen una media de 1,4 niños, razón por la cual la población ha estado cayendo y avejentándose durante décadas. Sin inmigrantes, su economía se habría colapasado.

Con todo, ha tenido éxito la retórica y la imaginería contra los inmigrantes. De acuerdo con las encuestas TouGov de 2012, el 80 por ciento de los adultos del Reino Unido respaldaba que el Gobierno pusiera un tope a la inmigración; cerca del 70 por ciento quería una inmigración neta igual a cero. Debería recordárseles que hay más británicos viviendo o trabajando en otros países que inmigrantes extranjeros en el Reino Unido. Y, puesto que muchos son estudiantes que se marchan al terminar sus estudios, el 70 por ciento de los inmigrantes se queda menos de cinco años (Goodhart, 2013).

El crecimiento de la inmigración está asociado al hecho de que cada vez hay más gente sin derechos por doquier. Algunos los pierden en su propio país, pero no los ganan allí donde residen o trabajan. Esto incluso afecta a los que trabajan en su propio país para empresas extranjeras, ya que puede que no tengan los derechos sociales de los trabajadores del país de la empresa, al tiempo que carecen de los de los trabajadores del propio país. Y carecen de agencia o voz a la hora de tratar con sus empleadores y con el Estado.

La Carta del precariado debe abordar los aspectos más cruciales de la inmigración, empezando por una esfera que es una amenaza a largo plazo para el precariado mundial.

 

Artículo 11: Contener a los regímenes exportadores de trabajo

Los regímenes exportadores de trabajo son un nuevo fenómeno consustancial con el proceso global de trabajo. Algunos países les han permitido desarrollarse. El caso clásico es Filipinas, que lleva tiempo organizando o facilitando la exportación de trabajadores, sobre todo las criadas filipinas, muchas de ellas atrapadas en trabajos esclavos engañadas por intermediarios laborales. Pero China, Vietnam y algunos otros países han estado haciendo algo bastante diferente, a saber, trasportar a miles de trabajadores en masse a trabajar en proyectos por todo el mundo (Standing, 2011).

La práctica de organizar la exportación masiva de trabajo está ligada al trabajo recluso y al trabajo semiesclavo. Debería persuadirse a los gobiernos de que desistieran, y los países donde esto ocurre deberían proscribir a las empresas que transportan trabajadores de esta manera. Hasta ahora, son demasiados los países que han autorizado proyectos que atraen capital extranjero, aun sabiendo que el trabajo en masa que traen es trabajo esclavo. Esta práctica abre una brecha en el mercado laboral y hace que se abaraten los salarios y empeoren las condiciones laborales de los trabajadores locales, especialmente en los peldaños más bajos del mercado laboral.

 

Artículo 12: Dejar de convertir a los inmigrantes en residentes

En la medida en que existan naciones, habrá diferencias en la ciudadanía nacional y en los requisitos de residencia. Esto no justifica que se trate a la gente más desigualmente en el sentido de los cinco tipos de derechos. Debe invertirse la tendencia a reducir los derechos de los inmigrantes.

Al tiempo que los inmigrantes suelen carecer de derechos específicos que se supone existen para los ciudadanos, también afrontan una situación de doble peligro y denegación del proceso debido. Así, con respecto a los derechos civiles, los inmigrantes a menudo son tratados como «culpables hasta que no se demuestre su inocencia», sometidos a un trato discrecional y discriminatorio, e incapaces de demandar un proceso debido ante las instituciones judiciales. Entre las barreras que se están alzando en el Reino Unido y Australia está la denegación de ayuda legal para impugnar decisiones sobre inmigración. En EE.UU., se descartó en 1996 el derecho a reclamar ante los tribunales la ciudadanía estadounidense y los servicios de inmigración. Los inmigrantes también están a menudo expuestos a prolongados periodos de «retrasos legales». Los peores casos afectan a los solicitantes de asilo en el mundo, muchos de los cuales esperan años en el limbo, aguardando a que se determine su estatus.

Los inmigrantes a menudo carecen de derechos económicos, sobre todo al serles denegado el derecho a ejercer su ocupación. Carecen de derechos culturales, lo que incluye restricciones a la práctica religiosa y a la pertenencia a comunidades ocupacionales. Están perdiendo derechos sociales, a medida que los gobiernos introducen cambios discriminatorios en las prestaciones y los servicios sociales. Y carecen de derechos políticos: rara vez tienen el derecho de votar o el derecho de postularse a un cargo político. La falta de derechos políticos facilita que los gobiernos retiren otros derechos, ganando así popularidad entre los ciudadanos locales con poco riesgo electoral. Que los inmigrantes consigan derechos políticos debería tener una alta prioridad.

La demonización de los inmigrantes, señalada en el capítulo 4, se ha basado en los dobles raseros y en una imaginería distorsionada. Una de las causas de la demonización es que la inmigración tiende a estar altamente concentrada, también en las ciudades capitales donde están asimismo concentradas las clases políticas y los medios de comunicación. Ello facilita que la inmigración y otros problemas superficalmente relacionados se describan como problemas mayores de lo que son en realidad. Por ejemplo, la inmigración a Londres se ha disparado. En 2012, más de un tercio de los londinenses había nacido en el extranjero, comparado con el 18 por ciento de 1987. Pero la inmigración en Londres es mucho mayor que en el resto del Reino Unido. Dos quintos de todos los inmigrantes viven en Londres; en el resto del país solo el 8 por ciento de la población es extranjera.

La focalización en Londres da a la inmigración una imagen distorsionada. La ciudad es un imán, ayudada por su historia, la lengua inglesa, la tradición de liberalismo político, el acceso a escuelas privadas, y la «zona horaria». El sector de los servicios financieros está mayormente compuesto por inmigrantes. Londres es la sexta ciudad «francesa» más grande, con 400.000 franceses residentes.

Se podrían pintar cuadros similares de Nueva York y otras ciudades capitales. El reto consiste en mezclar y armonizar culturas. Tristemente, algunas políticas sociales actuales están intensificando las tendencias hacia la creación de guetos. Son preocupantes las consecuencias que puede tener el incremento del número de residentes sin derechos.

Conforme los inmigrantes pierden derechos, hay ciertos grupos que se hacen particularmente vulnerables a la demonización. En Europa, está muy extendida la persecución de los gitanos. En 2012, el nuevo Gobierno socialista francés ordenó redadas de madrugada en los campamentos gitanos de las afueras de ciudades francesas tales como Lille, Lyon, Marsella y París. Muchos gitanos fueron deportados. El ministro del Interior dijo que los campamentos eran insalubres y peligrosos. Cuando Nicolas Sarkozy era presidente, la izquierda protestó contra este tipo de acciones, pero luego hizo lo mismo. En 2011, miles de gitanos recibieron aide du retour (ayuda para retornar), por una cantidad de 300 euros por persona de media. Esto apenas cambió nada porque era un incentivo para volver a entrar en Francia. La población gitana ha permanecido estable, por debajo de los 20.000. Pero sus derechos civiles se han debilitado.

En Suecia, los gitanos fueron expulsados simplemente por mendigar, aunque la mendicidad en sí no está prohibida. En otros sitios, cada vez más países están introduciendo leyes que prohíben el vagabundeo y la mendicidad, o penalizan el comportamiento asociado a la falta de hogar, como dormir, beber o lavarse en lugares públicos.

Los inmigrantes están perdiendo derechos civiles debido a los cambios que está habiendo en el trato legal. En el Reino Unido, el anterior Gobierno laborista hizo más estrictas las normas sobre prisioneros nacionales

extranjeros (FNPs)[12], automatizando la deportación para cualquier adulto sentenciado a pena de cárcel de un año o más. La organización Fianza para los Detenidos de Inmigración estima que un cuarto de los clientes suyos que hacen frente a una deportación llegaron al Reino Unido siendo niños y no conocen ningún otro país. Hasta 2013, los FNP podían obtener ayuda legal para apelar contra las deportaciones, y un tercio de las apelaciones tenía éxito. Pero, desde abril de 2013, a los FNPs se les ha denegado la ayuda legal. Pocos tienen los recursos para llevar sus propios casos o para contratar abogados.

Los solicitantes de asilo son los peor parados. En el Reino Unido, están

bajo la jurisdicción de la UK Border Authority (UKBA)[13], que ha sido criticada por sus largos retrasos en la tramitación de los expedientes de asilo, que dejan a la gente en un limbo legal durante años y años. Mientras tanto, se ha subcontratado la responsabilidad de darles casa a tres compañías multinacionales —G4S, Serco y Clearel— que también proporcionan servicios de inmigración, detención y «retirada» (deportación) a la UKBA. Estas compañías son conocidas por su torpeza. Una mujer fue desalojada el día en que estaba previsto que diera a luz. Esto lo sabía el subcontratista, quien dijo estar siguiendo órdenes del contratista (G4S), que a su vez dijo que los desalojos requieren la previa aprobación de la UKBA. La UKBA se excusó diciendo que no conocía los casos concretos. Nuevamente, no se respeta el proceso debido. Los contratistas tienen poder sobre los solicitantes de asilo y no rinden cuentas.

El control es sofocante y coercitivo. Si alguien se ausenta de su hostal durante más de catorce noches en un periodo de seis meses, se supone que ya no tiene necesidad de apoyo y se le retiran las prestaciones. Los solicitantes de asilo no tienen dinero ni espacio en el que vivir decentemente, ni amistades, ni derecho a trabajar por un salario, ni vida civil.

La política disuasoria significa la criminalización de más solicitantes de asilo cada vez. Las empresas de seguridad privada hacen pingües beneficios con los contratos para dirigir los centros de retirada de inmigrantes, donde los detenidos tienen menos derechos que la gente retenida en las prisiones ordinarias. Y los escoltas de seguridad privada logran contratos para hacer cumplir la política de deportación.

Otro grupo que ha sido reducido a la condición de residente sin derechos es el ejército de los cien millones de inmigrantes del servicio doméstico en todo el mundo. Los salarios no se pagan, el abuso físico y sexual es común y queda impune, se exigen largas jornadas de trabajo, se ignoran las leyes de salario mínimo, y así sucesivamente. Son residentes en peligro, a menudo sin derecho alguno. En 2011, 92 años después de su fundación y tras largos años de tortuosa negociación entre las organizaciones empresariales, los sindicatos y los gobiernos, la OIT adoptó una Convención sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos. Tan solo anima a los gobiernos y empleadores a limitar las horas de trabajo en el servicio doméstico y a garantizar un día libre a la semana, un salario mínimo y la protección frente a empleadores violentos: todo ello, derechos civiles básicos. Pero algunos órganos empresariales, incluida la Confederación de la Industria Británica, votó en contra. Peor aún, el Gobierno británico se abstuvo diciendo que regular las horas de trabajo doméstico, la salud y la seguridad sería demasiado «oneroso» para los empleadores y los gobiernos. No obstante, las convenciones de la OIT, aun teniendo fuerza moral, solo obligan a los países cuyos gobiernos las ratifican. El gesto del Reino Unido era ideológico.

Los estudiantes extranjeros son otro grupo cuyo estatus de residentes sin derechos está creciendo. En el Reino Unido surgió una contradicción entre el compromiso de reducir la inmigración y el deseo de usar el sistema de educación superior para mejorar el comercio exterior. Una de las propuestas fue declarar a los estudiantes «visitantes temporales», no inmigrantes. Pero, conforme avanza la globalización de la educación, debería también aumentar la armonización de derechos.

Finalmente, la inmigración interna ha generado también más residentes. En 2012 había más de 250 millones de trabajadores inmigrantes dentro de China. De estos, 160 millones no tenían derechos en las áreas urbanas donde estaban empleados porque carecían del hukou, el documento de registro de familia necesario para obtener el derecho de residencia. Sin un hukou, no tienen derecho al servicio de salud o a otras prestaciones disponibles para los residentes legales, ni pueden enviar a sus hijos a las escuelas locales. Así, muchos dejan a sus hijos detrás, toda una violación del derecho humano a estar con su familia.

 

Artículo 13: Parar la política clasista de inmigración

Un aspecto poco apreciado de la globalización es la intensificación del sesgo de clase de la política de inmigración, que da prioridad y trato preferencial a la gente con dinero. La inmigración se ha convertido más explícitamente en una parte de la política comercial. La gente es bienvenida o rechazada dependiendo de si parecen ofrecer o no buenas perspectivas comerciales. Esto es regresivo y utilitarista. No tiene justificación ética.

La política clasista se extiende luego al turismo. Los gobiernos han venido intensificando los controles sobre los visitantes que pudieran quedarse más de la cuenta. Entrar en muchos países se ha vuelto algo más difícil y desagradable. Australia exige que los avalistas locales dejen un depósito de hasta 15.000 dólares australianos (9.000 libras) como garantía de que los visitantes familiares de países de «alto riesgo» se marcharán de vuelta. Esto es castigo colectivo. También es parte de una política de inmigración clasista.

El Reino Unido ha aumentado las tarifas para la solicitud de visados, cobrando el doble por los visados para estancias breves de estudiantes y elevando el coste de las solicitudes de permiso de residencia indefinida en nombre de un familiar dependiente (normalmente, un frágil padre anciano) a más de 2.000 libras. Mientras tanto, los posibles inversores y los empresarios pagan menos tasas. El ministro de Inmigración dijo que la estructura de tasas estaba diseñada para «seguir atrayendo a aquellos negocios, inmigrantes y visitantes que más benefician al Reino Unido».

La residencia permitida en muchos países se determina ahora según criterios de clase. Diversos países de la Unión Europea, incluidos España, Portugal, Grecia e Irlanda, conceden visado de residencia a ciudadanos ajenos a la Unión Europea (y así el derecho a vivir y viajar dentro de la Unión Europea) si invierten o compran propiedades por la suma de 500.000 euros o más. Aparte de elevar el coste de las solicitudes, el Reino Unido ha ajustado sus ya restrictivas normas sobre reunificación familiar, que daban cuenta del 18 por ciento de los inmigrantes de fuera de la Unión Europea en 2010. Hasta 2012, alguien que quisiera traerse a la esposa para establecerse en el país tenía que probar ingresos de más de 5.500 libras aparte de los gastos de vivienda. Esto ahora se ha elevado a 18.600 libras, y más si la pareja tiene hijos. El Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford estimó que el 47 por ciento de los británicos con empleo no pasaría la prueba para traerse a un miembro de su familia, ni el 58 por ciento de los de edad entre 20 y 30 años o el 61 por ciento de las mujeres. El sesgo de clase es claro. Es probable también que este cambio fuera rechazado en los tribunales por infringir el artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que versa sobre el derecho a tener una vida familiar.

Varios países están facilitando la inmigración de los «emprendedores». El programa chileno Start-Up Chile, introducido en 2010, da a los extranjeros subvenciones start-up de 40.000 dólares, sin recibir acciones a cambio. Esto ha traído consigo una afluencia de empresas a lo que ha dado en llamarse el Chilecon Valley. Canadá lanzó un visado start-up en 2013, disponible para cualquier extanjero con 75.000 dólares canadienses que invertir en un nuevo negocio. Estados Unidos también ofrece visados especiales a los inversores, pero solo para la élite, pues deben garantizar una inversión inicial de un millón de dólares, o la mitad de esa cantidad si la inversión se hace en una zona deprimida. La cuota anual de 10.000 visados rara vez se cumple. Gran Bretaña ofrece visado a gente con ideas comerciales prometedoras que atraigan 50.000 libras de capital riesgo que las respalde. Singapur exige 40.000 dólares. Nueva Zelanda no exige una cantidad concreta, pero concede la residencia permanente tras dos años si el negocio es «beneficioso para Nueva Zelanda».

Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido utilizan sistemas de puntos para dar prioridad a los inmigrantes cualificados, incrementando así la desigualdad de oportunidades. Otros países, tales como EE.UU., tienen visados especiales para trabajadores especializados. China ofrece casa gratis a los repatriados cualificados y dinero efectivo para comprar mobiliario.

El Gobierno de coalición del Reino Unido llegó al poder prometiendo reducir la inmigración en «decenas de miles» al año. Pero como los inmigrantes proceden en su mayoría de otros países de la UE y tienen derecho a entrar libremente, el Gobierno se vio obligado a centrarse en los estudiantes no comunitarios, una fuente importante de financiación universitaria. Intentó limitar su «derecho a trabajar» al graduarse, restringiendo sus derechos económicos. Esto era particularmente injusto para los estudiantes más pobres, que se enfrentaban a costes de estudio de 11.800 libras de media al año. Muchos querían quedarse simplemente para ganar lo suficiente como para saldar sus deudas. Dado el efecto negativo en el número de estudiantes, el Gobierno se apresuró a cambiar de rumbo, no por razones de principio sino por razones comerciales. Tras desistir con los estudiantes, se puso a restringir los derechos económicos y sociales de los inmigrantes que ya estaban en el país.

La política de inmigración interna también puede ser clasista y regresiva. Nuevamente China va a la cabeza, con sus regulaciones clasistas de la inmigración. Cuando se decidieron a conceder permisos hukou selectivamente, algunas ciudades tales como Guangzhou y Shenzhen ahora dan puntos a los solicitantes por invertir y poseer propiedad en la ciudad.

El sesgo clasista de la política de inmigración ofende el principio de derechos y no de caridad, y el principio de diferencia en seguridad. De carácter utilitarista, es racionalizado como parte de la política comercial. Pero ni es ético ni consistente con un sistema global de mercado. ¿Por qué deberían darse a las élites subvenciones y derechos que se niegan a otros?

 

Empatizar, no demonizar

En 2013, el nuevo papa Francisco visitó la isla italiana de Lampedusa, el lugar de desembarco de decenas de miles de inmigrantes que se arriesgan a cruzar un peligroso mar desde Túnez y Libia. Otros tantos miles, hacinados en endebles embarcaciones, han muerto en el mar. Dos años antes, Silvio Berlusconi, entonces primer ministro italiano, fue a Lampedusa y jugó la carta populista diciendo que expulsaría a los inmigrantes (y construiría una casa de vacaciones en la isla). El papa habló de empatía, por el contrario, y llamó a los inmigrantes «hermanos y hermanas nuestros que intentan escapar de situaciones difíciles y encontrar algo de serenidad y paz», y alabó a la guardia costera por salvar vidas: «Ofrecisteis un ejemplo de solidaridad» (Squires, 2013). [En respuesta, un miembro de la línea dura de la Liga Norte, contraria a la inmigración, dijo: «Me sentiría feliz si se hundiera uno de los barcos».]

Los isleños habían reaccionado ante la penuria de los inmigrantes con generosidad y tolerancia, reservando sus protestas contra las autoridades. Dieron su bienvenida al Papa con una pancarta que decía: «Bienvenido entre los ultimi», una palabra que implica tanto los más lejanos como los más pobres. Los lampedusanos habían mostrado empatía; entendieron el sufrimiento de los inmigrantes.

 

Acabar con la farsa de las pruebas de ciudadanía

La ciudadanía necesita ritos de paso. Hacerse ciudadano significa conseguir los mismos derechos que los otros. El camino hacia ese estatus debería ser transparente y justo; cualquier prueba o serie de procedimientos debería ser tal que el ciudadano existente medio, normal, debería aprobar con seguridad. En realidad, las pruebas de ciudadanía son cada vez más una discriminatoria carrera de obstáculos. En los EE.UU., una encuesta de la Xavier University sugería que más de un tercio de los americanos suspendería una prueba de naturalización en su país (Kuper, 2012). El equivalente alemán plantea cuestiones constitucionales que pocos alemanes podrían responder, a menos que hubieran estudiado Derecho en la universidad. El Reino Unido exige que la gente lo sepa todo sobre la Carta Magna, y en 2012 consideraba añadir preguntas sobre Robert Browning, un gran poeta ahora poco leído. La prueba francesa pregunta sobre Brigitte Bardot, aunque sus días de gloria hayan pasado hace tiempo. En los Países Bajos, los aspirantes a ciudadanos deben ver una integratiefilm que muestra una boda gay y a mujeres con el pecho desnudo, inspirando al Partido del Pueblo danés, de extrema derecha, para que proponga mujeres en topless en el equivalente danés.

 

Artículo 14: Tratar a los inmigrantes como iguales en el mercado laboral Aunque los inmigrantes en algunos países tienen tasas de desempleo por encima de la media, han venido logrando un porcentaje creciente del empleo. Un comentarista del Reino Unido dijo que la única diferencia entre el Partido Conservador y el Laborista era que el primero echaba la culpa a las altas prestaciones de hacer que los británicos no estén dispuestos a aceptar empleos mal pagados, mientras que el Partido Laborista pensaba que los empleos «desagradables, embrutecedores y de corta duración» inducían a las empresas a preferir a los inmigrantes.

En 2012, Ed Miliband, el líder laborista, propuso que debería exigirse a las empresas que emplearan a más del 25 por ciento de inmigrantes que informaran al Jobcentre Plus local, como forma de presionar a las compañías para recortar el número de empleados inmigrantes. Miliband también dijo que debería prohibirse a las agencias de empleo que favorecieran a los extranjeros. Era parte del esfuerzo por dar al Partido Laborista una nueva imagen como partido del nacionalismo, a fin de atraerse al núcleo de la clase obrera y al salariado. El anterior ministro del Interior laborista añadió que debería impedirse a las agencias de contratación que solo suministraran trabajadores de países concretos.

¿Por qué debería ser esto ilegal? Siempre que la contratación respete la legislación contra la discriminación, es asunto de la empresa que demanda trabajadores decidir si acepta a los trabajadores suministrados. ¿Qué principio es respetado al prohibir a las agencias que suministren chefs chinos a los restaurantes chinos? Sin duda que los legisladores harían excepciones. Pero aquí se pone de relieve un problema con la política utilitarista. Se amontonan las decisiones injustas. ¿Penalizaría el Partido Laborista a las agencias que solo suministraran trabajadores británicos? Pronto habría subvenciones por suministrar trabajadores locales, y sanciones por suministrar extranjeros.

Finalmente, la igualdad en los mercados de trabajo exige la revisión de las autorizaciones ocupacionales, que dan a los gobiernos los medios para controlar y reconfigurar la inmigración, puesto que pueden rechazar algunas cualificaciones y reconocer otras. Como se subrayó en el artículo 7, debe cambiar la política de autorizaciones ocupacionales para que los inmigrantes tengan iguales derechos económicos.

 

Artículo 15: Parar la discriminación en las prestaciones

En la era de la austeridad, los gobiernos han ido socavando los derechos sociales de los inmigrantes, particularmente de los que no pueden votar. Una estrategia progresista debe oponerse a esto y hacer del trato igual una cuestión de principios. Si una prestación o derecho a un servicio se recorta para un grupo, pronto será recortado para otros.

El Gobierno español ha marcado el rumbo en punto a erosionar los derechos sociales de los inmigrantes. Bajo el Real Decreto-ley de Sanidad de 2012, los inmigrantes «ilegales» perdieron el derecho a la sanidad pública, excepto en casos de emergencia, embarazo o nacimiento. Los que sufren enfermedades crónicas, sin una tarjeta sanitaria española, deben pagar precios elevados por las medicinas y los tratamientos. En 2013, el Gobierno británico hizo un movimiento similar y anunció un sistema de registro y seguimiento para que el Servicio Nacional de Salud (NHS) pueda comprobar el estatus de los inmigrantes. Los inmigrantes de fuera de la UE con visados de menos de cinco años tendrán que pagar por adelantado un impuesto de 200 libras para tener el derecho a tratamiento gratuito del NHS, además de tener que pagar visados más caros, mientras que los visitantes en estancias breves de fuera de la UE tendrán que pagar la mayoría de los tratamientos, incluida la atención en urgencias. ¿Qué pasaría si todos los países aplicaran restricciones e impusieran costes más elevados a los inmigrantes? Más que un mundo de movilidad, las barreras de costes podrían convertir a millones de personas en residentes más débiles. Estos cambios son regresivos y penalizan a los inmigrantes de bajos ingresos. Los ricos pagarán una sanidad privada en cualquier caso.

El Partido Laborista británico también ha pedido que se revise el acceso de los inmigrantes a las prestaciones y las normas de «conexión local» para entrar en las listas de espera para una vivienda social, con lo que se reducirían aún más los derechos sociales de los inmigrantes. Con todo, aunque 370.000 nacionales extranjeros están reclamando prestaciones, las reclaman proporcionalmente menos inmigrantes que británicos. Cuando estuvo en el Gobierno, el Nuevo Partido Laborista ofreció a los inmigrantes desempleados billetes de ida a sus países de origen, utilizando una empresa de servicios contra el crimen. España, Japón y Dinamarca ofrecen a los inmigrantes dinero en efectivo para volver a sus países. En 2011, violando acuerdos de la UE, el Partido Liberal holandés anunció planes para deportar a los europeos del Este que hubieran estado desempleados durante más de tres meses y para exigirles haber estado en Holanda durante más de cinco años antes de poder reclamar prestaciones por desempleo. Dichas leyes avivarán con toda seguridad los sentimientos contra los inmigrantes.

Evitar el apartheid social

Un resultado de la política social utilitarista es que se empuja a los que padecen privación hacia los guetos donde se acumulan las desventajas. La política social focalizada y punitiva intensifica este proceso, convirtiendo a los inmigrantes en fáciles chivos expiatorios. Ello ha afectado a países en los que no se esperaba tal cosa. Suecia ha permitido que sus inmigrantes y refugiados se hacinen en guetos urbanos donde se concentra el desempleo. En Rosengård, Malmö, en su día modelo del programa de construcción de vivienda de los socialdemócratas, solo tiene trabajo el 38 por ciento de los residentes. La inseguridad crónica y la penuria produjeron disturbios y la quema de cabañas y coches, una reacción anómica ante la desesperación.