05. Por una Carta del precariado

También hay autorregulación ocupacional. La enseñanza en Finlandia se ha preservado como una profesión, aunque no bien pagada, y no se ha mercantilizado hasta el punto de producir división de clases, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, donde la profesión refleja cada vez más la estructura de clases de élite, salariado y precariado, con poca movilidad interna.

Es vital que la mercantilización dé marcha atrás. Un sistema educativo público convenientemente financiado, abierto a todo el mundo y utilizado por todos los grupos de renta, es esencial para cualquier buena sociedad. La mercantilización también erosiona el deseo de la educación por sí misma, sobre todo la búsqueda del conocimiento, la cultura y la moralidad que los antiguos griegos llamaban paideia. ¡No tenemos tiempo! ¡Eso no es rentable! Lo mismo pasa con la mercantilización de los profesores. Las autoridades están revisando los sistemas de remuneración para «recompensar» la productividad. En Estados Unidos, los Estados y los distritos están empujando a los profesores a un sistema de paga por méritos, frente a la oposición de los sindicatos de profesores. El objetivo es incentivar el rendimiento, pero ello dará como resultado más estrés, más competitividad entre profesores y administradores, y una enseñanza más dirigida a la superación de pruebas. Otros países se han movido en la misma dirección. Esto dará al traste con el valor del proceso educativo propiamente dicho.

 

Desmercantilizar las credenciales y reducir el credencialismo Los estudiantes van a la universidad o la escuela superior en busca de una educación. En su mayoría se dan cuenta de que, en lugar de ello, han comprado un billete de lotería. A menos que sean muy insensatos, o corran el riesgo de elegir «opciones» duras y desafiantes, pronto se dan cuenta también de que pueden ganar el billete de lotería con poco esfuerzo, siempre que se atengan al curso. Las instituciones educativas tienen en su mayoría una razón comercial para maximizar la «tasa de éxito» de sus estudiantes.

Así, tanto los estudiantes como las instituciones tienen interés en pervertir el sistema. Pero, para el precariado, la farsa es una estafa. Los estudiantes y sus familias pagan cada vez más por un potencial billete de lotería, y contraen una deuda cada vez mayor que podría acompañarles durante décadas. Y el billete de lotería cada vez vale menos, puesto que cada vez es mayor el número de personas que compran un billete y las posibilidades de que les toque, en el sentido de conseguir un empleo de alta remuneración, cada vez son menores. No hay fácil solución. Sin embargo, es esencial recuperar la idea de que la educación es un derecho social, un fin en sí misma. El contenido, la gobernanza y los objetivos deben ser rescatados de las fuerzas del mercado.

Hacer campaña serviría de ayuda: restarle importancia al credencialismo, al uso de diplomas como mecanismo de selección cuando no tienen relevancia directa. El capital siempre quiere trabajadores «más» cualificados. Y los modelos de planificación de recursos humanos siempre predicen escasez, por muy rápido que crezca el número de personas formadas. El Mckinsey Global Institute estimó que para 2030 la fuerza de trabajo global será de 3.500 millones; que para 2020 habría 38-40 millones menos trabajadores con educación terciaria de los que «necesitarían» los empleadores; que habría una escasez de 45 millones de trabajadores con educación secundaria en los países en desarrollo; y que habría un excedente de más de 90 millones de trabajadores no cualificados (definidos como los que carecen de educación universitaria en las economías avanzadas o educación secundaria en los países en desarrollo). Concluía que, previsiblemente, las economías avanzadas necesitaban doblar el crecimiento de los jóvenes con formación universitaria, y desplazarse más hacia los campos de la ingeniería y la ciencia. Esto es consecuencia de interpretar la demanda como necesidad. Los modelos de recursos humanos deberían tomarse con cautela. Gran parte de lo que pasa por necesidad es puro credencialismo.

 

Desmercantilizar a los profesores y los académicos Las ocupaciones en la educación se están convirtiendo en un espejo de la estructura de clases global, con una élite, un salariado, sus profitécnicos, un núcleo de trabajadores estables y un creciente precariado. Los ganadores son la élite —estrellas académicas con menciones, premios y consultoría— y el salariado con plaza y beneficios no salariales, tales como pensiones, largas vacaciones pagadas y cosas por el estilo, junto con los profitécnicos, esto es, especialistas que van de un sitio a otro vendiendo sus cursos.

Mientras tanto, cada vez más gente se encuentra en el precariado. En muchos países se han establecido nuevas categorías auxiliares, a menudo fomentadas por los gobiernos y los intereses comerciales que trabajan a su lado. Ha habido un enorme crecimiento de los «profesores adjuntos», a menudo en compás de espera, sin saber dónde y cuándo darán clase hasta el último momento. En las universidades australianas, más del 85 por ciento del personal docente es eventual. En Estados Unidos, la mitad de las facultades en las universidades públicas se compone de adjuntos, y en los centros de formación superior la proporción es de más del 80 por ciento. El sindicato de Univesidades y Escuelas Superiores del Reino Unido dice que el sector de la educación superior es ahora el segundo con más eventuales después de la industria de los hospitales, con más de un tercio de la fuerza de trabajo académica regular con contratos temporales, sin contar los más de 80.000 eventuales que hacen trabajos de docencia por horas. Muchos adjuntos cobran poco más del salario mínimo, muy por debajo de los salarios de los profesores y académicos titulares que hacen esencialmente el mismo trabajo.

Otra táctica de mercantilización es la «clasificación» (el ranking) y la «calificación» (el rating) de los profesores, lo que refuerza la idea de que la educación es un mercado, y los estudiantes «consumidores» de un producto. Esto se lleva aún más lejos con la promoción de cursos online (MOOC: cursos masivos abiertos [32] online ) y conferencias impartidas por estrellas académicas, tales como el profesor de Harvard Michael Sandel, que compiten entre sí en un mercado global, vendiendo por doquier productos estandarizados y una filosofía de obediencia a la norma.

La educación como proceso liberador debe recrear una comunidad basada en la ética. La élite y el salariado dentro del sistema deben unirse al precariado educacional para reducir sus inseguridades y frenar la creciente diferenciación de clase. Aunque la élite puede aumentar su flujo de renta preservando su categoría de privilegiados de dentro, también sufrirá con la erosión de la integridad y el ethos educacional si continúa la estratificación.

Una antigua verdad es que la sabiduría convencional de hoy es el prejuicio repudiado de mañana. Los cursos online para millones de personas son una amenaza para el espíritu de investigación y no conformismo. Clayton Christensen, de la Business School de Harvard, afirma que la universidad tradicional ha pasado a la historia, y observa que Harvard ya no da el curso de iniciación a la contabilidad, porque los estudiantes prefieren un curso online de otra universidad (Friedman, 2013). Lo que queda son universidades de élite dirigidas por profesores de élite para gente de élite, junto con universidades estandarizadas de profesores que ganan un sueldo para el precariado. Hay que resistirse a un futuro así.

 

Desmercantilizar la investigación académica

Los gobiernos están manipulando la investigación, inclinándola hacia fines comerciales e ideológicos mediante la financiación impuesta y los métodos de

evaluación, sobre todo asignando fondos a las universidades basadas en los sistemas de clasificación orientados al «valor en términos de dinero» y al «impacto». Esta es una tendencia global. Con la zanahoria del dinero frente a ellos, los académicos y las universidades han respondido con un dócil consentimiento. En el Reino Unido, el Marco de Excelencia Investigadora (REF)[33] de 2014 asignará recursos y grados a las universidades de acuerdo con el impacto percibido de su investigación. Cómo se mide el «impacto» es algo que deciden los burócratas, muchos nombrados por el establishment político dominante, que de forma predecible da mucha importancia a la investigación considerada útil para el Gobierno y las instituciones dominantes. La investigación y el pensamiento crítico o no conformista será juzgado como de poco o nulo impacto, y por consiguiente sufrirá la marginación. Lo más probable es que terminen entendiendo que la vía a la seguridad y las oportunidades de promoción del salariado es mostrar que tienen impacto, y modificarán su perspectiva crítica.

Así, la investigacón orientada a ayudar a los jóvenes en las comunidades deprimidas tiene un peso mínimo en la evaluación del impacto, mientras que la investigación en temas que afectan a las grandes corporaciones o a los departamentos del Gobierno cuenta muchísimo. Además, es fácil que los que financian, que pueden ser corporaciones o departamentos del Gobierno, supriman los descubrimientos de la investigación que no les gusten, y se aseguren de que no son citados en los informes oficiales. Determinando a qué investigación se le da publicidad, los que financian influyen en el impacto medido y por consiguiente en la dirección del trabajo. Esto reproduce y refuerza las posiciones de los poderosos, la élite y la ortodoxia, que nombrarán a sus propios acólitos en los consejos y comités que hacen las evaluaciones. A cambio, los administradores, obsesionados con la implantación de un modelo empresarial y con maximizar los ingresos de la universidad, penalizarán a los investigadores con ningún «impacto» percibido o previsible, y sus nombramientos y promociones se harán de acuerdo con ello.

 

Enseñar empatía, no oportunismo

Ciertas profesiones, sobre todo la medicina, insisten en que para llegar a ser miembro de la profesión una persona debe hacer cursos de ética. Dado que hay cada vez más servicios que implican cuestiones de confianza e integridad, que bien pueden compadecerse mal con la maximización de los ingresos, a todo el mundo debería dársele una educación ética. En un mundo comercializado, la educación ética se ve como carente de importancia porque no ayuda a «fomentar la competitividad». Una consecuencia de ello es que los grandes valores de la compasión y la empatía están en peligro de quedar marginados, con lo que la gente se queda fácilmente expuesta a las posiciones de políticos oportunistas, sus asesores y los medios de comunicación. Debe haber una campaña para superar el modelo empresarial. Toda escuela pública o privada debería tener cursos de educación moral.

 

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Debe hacerse campaña para desmercantilizar la educación y recuperar sus propósitos principales. Son demasiadas las personas que dentro o alrededor de los sistemas educativos de todo el mundo están cediendo a las presiones mercantilizadoras, pese a sus valores e intelectos. En lugar de ello, deberían ridiculizar las pretensiones comerciales de la estandarización y de las pruebas de evaluación de impacto, oponerse a la automercantilización, y mostrar solidaridad con los profesores adjuntos, los docentes auxiliares y los colegas precarizados. Esta campaña debe ser dirigida por las élites de la esfera de la educación. Son los que menos tienen que perder y pueden asumir riesgos desde posiciones de autoridad y seguridad. Sin embargo, también deberían intentar democratizar las instituciones educativas, lo que incluye a las instituciones financiadoras, en particular garantizando que el precariado tiene voz.

En un sistema global de mercado, no puede conseguirse una desmercantilización total de la educación. Pero para el futuro de la educación como una parte liberadora de la vida, debe haber fuertes instituciones que mantengan a raya a los demonios comerciales. En 2013, Michelle Bachelet, ex presidenta chilena, candidata a la presidencia por segunda vez por el Partido Social Demócrata, anunció que acabaría con el negocio privado en la educación a todos los niveles. Es una pena que no lo hiciera cuando era presidenta. Sin embargo, tuvo que responder a la presión concertada de los estudiantes en continuas manifestaciones a gran escala. Fue un triunfo de ellos.

 

Artículo 24: Prendamos fuego a los subsidios

Los subsidios son regresivos, redistribuyen la renta desde los grupos de renta baja a los grupos e intereses de rentas elevadas. Distorsionan los mercados. Y son una fuente de ineficiencia económica. El precariado, que es el que menos se beneficia de los subsidios, debería hacer campaña para poner fin a los subsidios de todo tipo, incluida la mayoría de las exenciones fiscales.

 

Los subsidios que dan los gobiernos a corporaciones, familias e intereses especiales ascienden a más del 5 por ciento del presupuesto global. Si se redistribuyeran en forma de dinero para los individuos, la pobreza de rentas podría quedar barrida. No ocurrirá. Pero esto no justifica que se acepte el Estado de los subsidios, que ha crecido como corolario de la globalización. Es regresivo, redistribuye la renta hacia los grupos e intereses de alta renta; distorsiona los mercados y contribuye a la ineficiencia económica. Los subsidios pueden adoptar la forma de pagos directos, exenciones fiscales o provisión de bienes y servicios por debajo del coste. Pueden ser promovidos como incentivos para ciertos tipos de comportamiento, o pueden estar condicionados a que los receptores realicen determinados actos.

El precariado es discriminado por el sistema, y es el que más ganaría si se revisara. Podría empezar exponiendo la hipocresía de los políticos que recortan prestaciones al precariado en razón de su «dependencia del Estado» al tiempo que reciben subvenciones que no son menos «dependientes del Estado».

La política de competición «arruinavecinos»

Los subsidios son parte de la política de competición global. En 2011, Dilma Rousseff, la nueva presidenta de Brasil, fue a Taiwán a ofrecer a Foxconn exenciones fiscales, préstamos subvencionados y un acceso especial mediante tarifas rebajadas para las partes importadas si montaba los productos Apple en Brasil. La oferta funcionó. Algún otro país saldría perdiendo. Pero al proporcionar al capital subsidios «arruinavecinos», ella solo hacía lo que empezaron a hacer los países ricos cuando se liberalizaron en la década de 1980. Los gobiernos han usado los subsidios para tratar de hacer más competitivo a su país o región de cara a la inversión extranjera.

Dentro de los grandes países, los gobiernos locales han usado los subsidios para atraer empresas de otras partes del país. De acuerdo con la base de datos compilada por The New York Times, en 2012 los cincuenta Estados estadounidenses proporcionaron 80.000 millones de dólares en incentivos a las corporaciones para reubicarse o expandirse en sus Estados, principalmente a través de exenciones fiscales. Ya que muchas de las empresas se habrían expandido o reubicado en cualquier sitio, esto suponía un regalo de la «gente pequeña» que paga impuestos. En Texas, 48 compañías, incluida General Motors, recibieron en total más de 100 millones de dólares entre 2007 y 2012. En 2011, para intentar reducir su déficit presupuestario, el Estado rebajó drásticamente 31.000 millones del gasto público, lo que incluía enormes reducciones en el presupuesto de educación. Así, para medir el impacto regresivo de los subsidios, debería tenerse en cuenta no solo la transferencia financiera a las empresas implicadas, sino también los efectos en los recortes de gasto público. No hay evidencia que demuestre que los subsidios fomenten el crecimiento o los niveles generales de vida. Si Texas proporciona subsidios para atraer empresas, otros Estados harán lo mismo. Y poco puede hacerse para que la empresa se mude de nuevo tan pronto como le resulte conveniente. El sistema es un cómodo arreglo para transferir renta de los trabajadores y los ciudadanos a las corporaciones y los receptores de rentas del capital.

Otra forma de subsidio se esconde bajo el término de «flexibilización cuantitativa», que describe la respuesta a la crisis de los grandes bancos, principalmente el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal estadounidense, consistente en bombear dinero en la economía comprando bonos del Estado. En lugar de ayudar a dar el «empujón inicial» al crecimiento económico, los billones de dólares creados por los bancos centrales simplemente han ayudado a los bancos en apuros a recapitalizarse, en otros casos a aumentar sus beneficios y en todos ellos a llenar los bolsillos de los banqueros. La flexibilización cuantitativa es un subsidio a los bancos. Les ha permitido tomar prestado de los bancos centrales a tipos de interés mínimos y, mediante compra de bonos, prestar ese dinero a los gobiernos a tipos de interés más altos. El dinero barato cubrió el agujero en las finanzas bancarias causado por la fuga de capital de las economías de Europa golpeadas por la crisis. De acuerdo con el Citigroup, 100.000 millones de dólares abandonaron España en 2011 y 160.000 millones de dólares abandonaron Italia, a medida que los extranjeros retiraban sus depósitos bancarios o vendían sus bonos. Y los tipos de interés cercanos a cero ayudaron a potenciar los mercados de valores y permitieron que los inversores ricos pagaran menos por sus activos generadores de dinero. Esto es dependencia del Estado. Más aún, estos gigantescos subsidios vinieron sin exigir a los prestatarios ningún requisito de comportamiento responsable o que informaran regularmente para rendir cuentas de lo que hacían, en agudo contraste con el modo en que los gobiernos tratan al precariado. ¿Por qué los gobiernos hacen regalos a la élite mientras exige menos «dependencia» a los demás?

 

Bienestar corporativo

Los gobiernos de los países ricos han competido a la baja en cuanto a los tipos impositivos de las corporaciones, y así resulta que el capital paga muchos menos impuestos que el trabajo. Y los tipos efectivos se rebajan aún más mediante subsidios, tales como el [34] patent box en el Reino Unido y la innovatiebox (caja de innovación) en los Países Bajos, que conceden desgravaciones fiscales a la propiedad intelectual. Por doquiera se mire, uno encuentra subsidios al capital. Nunca el capital ha exhibido semejante dependencia del Estado. Nunca antes se han postrado tanto los gobiernos ante el capital.

En 2012, metido a fondo en la austeridad, Portugal rebajó los impuestos a las corporaciones mientras su población luchaba en medio de la inseguridad económica. Por todo el mundo hay una carrera «arruinavecinos» por ver quién baja más los impuestos a las corporaciones. El ministro del Hacienda del Reino Unido, David Gauke, expuso el tema sin rodeos, diciendo: «Debemos reconocer que estamos en una carrera global» (Houlder, 2013). Es un problema de acción colectiva, pero también refleja una colaboración dentro de la «plutonomía»: las corporaciones y la plutocracia financian a los partidos políticos y a los políticos, que entran en los consejos de administración de las compañías tras su paso por la política.

Mientras los utilitaristas claman contra el precariado por ser dependiente del Estado, las corporaciones no dejan de demandar más subsidios. Justo antes de cerrar el presupuesto británico de marzo de 2013, se invitó a los agentes financieros y a los hombres de negocios a escribir sus propuestas en The Observer (Goodley, 2013). Un socio de Deloitte pidió «impuestos más bajos», sobre todo el impuesto corporativo, aun cuando el tipo impositivo de las corporaciones en el Reino Unido ya era uno de los más bajos del mundo. El director ejecutivo de Greene King, una cadena de cervecerías y pubs, pidió una «exención de las cuotas de las seguridad social para empleadores y empleados en todos los nuevos empleos creados durante tres años», y decía que ello «no le costaría un penique al erario público, ahorraría gasto por desempleo y metería a los jóvenes adultos en el hábito del trabajo». Sin embargo, un subsidio siempre es un coste; ese enfoque también provocaría efectos de peso muerto y de sustitución. El presidente de Linn Products, que fabrica reproductores digitales de música de alta gama, dio la bienvenida a «modelos de crédito fiscal R&D», otro subsidio, y quería recortes fiscales a las corporaciones y unas vacaciones de las cuotas a la seguridad social para los nuevos contratados. Mientras tanto, se le prestaba una columna a un agente financiero para que pudiera pedir «exenciones fiscales para las compañías que construyen fábricas aquí» y la retirada de las «contribuciones a la seguridad social de los empresarios para que sea más atractivo contratar trabajadores» (Wolf, 2013). Parece que el capitalismo en los países de la OCDE no puede existir sin subsidios. El sistema de bienestar corporativo es dependiente del Estado. Es regresivo, distorsiona los mercados y alienta la ineficiencia.

 

Subsidios personales

Suzanne Mettler, en [35] The Submerged State (2011), recuerda una encuesta de 2008 en la que más de la mitad de los estadounidenses negaba haber usado jamás un programa del Gobierno. Pero cuando se les mostraba una lista de veintiún programas existentes, incluidos los préstamos estudiantiles y las desgravaciones fiscales por los pagos de los intereses de las hipotecas de sus casas, resultó que el 94 por ciento de los que habían contestado negativamente se había beneficiado de ellos.

La mayoría de estos «subsidios personales» eran altamente regresivos. Casi el 70 por ciento de las deducciones de los intereses de las hipotecas fue a parar a los que ganaban más de 100.000 dólares, y lo mismo pasó con más de la mitad de las deducciones por prestaciones de jubilación pagadas por el empresario. Solo el 16 por ciento de los trabajadores en el quintil más bajo de renta tuvo seguro médico patrocinado por el empresario (fiscalmente deducible) en comparación con el 85 por ciento de los que estaban en el quintil superior. En total, el subsidio medio para los que ganaban entre 200.000 y 500.000 dólares era tres veces superior al de los que ganaban entre 10.000 y 20.000 dólares.

Estados Unidos «gasta» un billón doscientos mil dólares al año en estas y otras exenciones fiscales, tales como desgravaciones por donaciones benéficas, que en su mayoría benefician a los grupos de rentas altas con acceso a buenos contables. El precariado es el que menos gana. Y como la mayoría de los subsidios personales van a la élite y el salariado, los políticos raramente los incluyen cuando demandan recortes en las prestaciones. Pero aumentan la desigualdad. También distorsionan los mercados, puesto que reducen los costes de ciertos tipos de gasto en relación con otros.

Por ejemplo, un subsidio que ayuda a los estratos superiores del salariado es la desgravación fiscal por las contribuciones a las pensiones. A partir de 2013, los ricos en el Reino Unido pueden meter hasta 50.000 libras al año en su fondo de pensiones, ahorrando un 40 por ciento (el máximo tipo impositivo) por cada libra colocada de esa manera. Aunque ponerle tope a las desgravaciones fiscales supondría un considerable aumento de ingresos, especialmente en Estados Unidos, eso debilitaría la resolución de acabar con ellos como dependencia del Estado. Un progresista querría ver la plena mercantilización del trabajo, cambiando las formas de remuneración no salariales y menos gravables por salarios monetarios.

Las garantías públicas de préstamos también son un subsidio. El programa Help to Buy del Gobierno británico garantiza hasta el 15 por ciento de las hipotecas sobre propiedades de hasta 600.000 libras, lo que representa 130.000 millones de libras del préstamo hipotecario. Esto es un regalo a las clases de rentas medias, mientras el precariado queda excluido por no estar en posición de comprar una propiedad. Incluso el gobernador saliente del Banco de Inglaterra, Sir Mervyn King, criticó el programa, comentando: «No queremos lo que hay en Estados Unidos, que es un mercado hipotecario garantizado por el Estado, y ellos están buscando desesperadamente una salida a esa situación» (Wearden, 2013). Si los jóvenes miembros del salariado no pueden permitirse comprar una casa porque hay escasez, debería hacerse un plan para crear más casas a bajo coste. Los subsidios son la respuesta incorrecta.

Subsidios demográficamente regresivos

Muchas personas en el precariado están «solteras». Las medidas políticas deberían tratarlas como ciudadanos iguales. La «soltería» se ha disparado. El Euromonitor Internacional predice que globalmente habrá 48 millones adicionales de residencias con inquilino único para 2020, un salto del 20 por ciento desde 2012. En Suecia, para 2020 casi la mitad de los hogares contendrá a una sola persona. La mitad de los adultos estadounidenses no están casados, lo que está bastante por encima del 22 por ciento de 1950. Casi el 15 por ciento vive solo, y entonces lo hacía el 4 por ciento. Entre las explicaciones del crecimiento de la soltería está la encarcelación de los hombres, la longevidad de viudos y viudas, y el cambio de actitudes con

respecto al matrimonio y la crianza de los niños. Las mujeres en particular ya no ven el matrimonio como garantía de seguridad financiera.

Los legisladores han descuidado a los solteros, cuyos derechos sociales se han restringido. Desde las exenciones fiscales a los regímenes de vacaciones, las parejas y los cónyuges disfrutan de prestaciones de las que no disfrutan los solteros (DePaulo, 2007). Esto incluye los subsidios. En Estados Unidos, la Iniciativa de Matrimonio Saludable[36] es un programa de subsidios para animar a los padres no casados a casarse, a un coste anual de 150 millones de dólares. ¿Por qué los solteros han de ser meros residentes sociales? ¿Por qué hay que subsidiar a las parejas? Si estar en pareja es tan saludable, ¿por qué añadir privilegios?

 

Subsidios laborales y créditos fiscales

Los subsidios laborales son pagos a los empresarios o a los trabajadores, pensados para incentivar el empleo o hacer subir los salarios hasta un nivel aceptable o de subsistencia. Para los empresarios, los más usados son los subsidios de empleo marginal que pagan a las empresas que contratan empleados adicionales, normalmente de un grupo focal designado como puede ser la juventud.

Los gobiernos han recurrido ampliamente a dichos subsidios, a menudo bajo el nombre de «políticas activas de empleo». El grupo focal puede salir claramente beneficiado. Pero hay invariablemente grandes efectos de peso muerto —dando subsidios a empresas que de todos modos iban a contratar a gente— y grandes efectos de sustitución —contratando a alguien con subsidio y desplazando a la vez a cualquier otro por no tener subsidio. El principal beneficiario es la empresa.

Los subsidios laborales son una licencia para la ineficiencia. Si una empresa solo paga una fracción del salario, la productividad solo tiene que ser igual a ese coste reducido. No hay presión para elevar la productividad. También hay riesgos morales, tales como retener a alguien que realmente no se necesita, lo que es inconsistente con el trabajo digno. Y habrá probablemente «elementos de nepotismo», contratando a amigos y conocidos como trabajadores en la sombra porque traen un subsidio con ellos.

En 2013, el nuevo Gobierno italiano introdujo exenciones fiscales para los empresarios que contrataran a jóvenes por debajo de los treinta con contratos permanentes. Esto no servirá de mucho, al igual que el programa «bandera» de contrato juvenil del Reino Unido no sirvió para nada. Se descubrió que las empresas a las que se daba un elevado subsidio (2.275 libras) por contratar a jóvenes desempleados los echaban una vez transcurrido el periodo mínimo de seis meses y a continuación contrataban a otros sobre la misma base. El objetivo explícito era crear empleos «permanentes», pero no se recabó información sobre si los empleos eran permanentes o temporales. El Gobierno admitió a mediados de 2013 que había «algunos datos que sugerían que los incentivos salariales no siempre se estaban usando como se pretendía» (Mason, 2013). Esto no debería sorprender a nadie. Los subsidios laborales permiten que los políticos hagan discursos positivos, pero son invariablemente una pérdida de dinero.

Los créditos fiscales tienen efectos similares. Siendo la reforma más grande del mercado laboral y de la seguridad social de la era de la globalización, son una licencia para pagar salarios más bajos. Su creciente uso está correlacionado con el declive de los salarios reales en el registro de ingresos del precariado. Una forma en que los créditos fiscales rebajan los salarios es debilitando el incentivo para que los trabajadores de bajo salario se afilien a sindicatos y a otros órganos que luchan por salarios más altos y mayores prestaciones. Es difícil comprobar empíricamente esta tesis, ya que la sindicalización ha caído al mismo tiempo que ha crecido el uso de los créditos fiscales. Pero hay fuertes razones para pensar que los créditos fiscales permiten a los trabajadores mal pagados aguantar esos bajos salarios.

La evidencia en contra de los créditos fiscales y los subsidios laborales no disuade a los políticos de seguir utilizándolos. En 2013, el Partido Laborista propuso un nuevo subsidio para los empresarios si pagaban el salario vital. En un discurso señalado como definitorio de la posición del partido, Ed Miliband dijo:

Por cada hombre o mujer joven que haya estado sin trabajo durante más de un año, diríamos a cada empresario del país que pagaremos los salarios equivalentes a 25 horas por semana, con al menos el salario mínimo (Miliband, 2013).

Esto supondría una transferencia a las empresas privadas, lo que sería regresivo. Tendría todos los efectos negativos clásicos —peso muerto, desplazamiento, ineficiencia laboral— y con toda seguridad tendría un efecto mínimo sobre el desempleo total, aunque generaría más subempleo.

 

La dependendia del Estado de Duncan Smith

Ian Duncan Smith, secretario de Estado británico de Trabajo y Pensiones, ha dirigido una robusta campaña contra las prestaciones para los pobres y el precariado, diciendo que está decidido a reducir la dependencia del Estado y acabar con la cultura del «algo a cambio de nada». Mientras tanto, su propia dependencia del Estado eclipsa a la de cualquiera de sus objetivos. Un fideicomiso dirigido por su familia ha recibido más de un millón de libras en subsidios agrarios en la pasada década, además de las diversas exenciones fiscales que reciben los granjeros, cortesía de una finca de 1.500 acres heredada por su mujer. La política agraria común de la UE es regresiva, ya que los principales beneficiarios son los grandes terratenientes. Mientras el Gobierno británico limitaba las prestaciones para los pobres, diciendo que nadie debería recibir más en prestaciones que el salario medio, vetó un plan de la Comisión Europea para limitar la cantidad de dinero que va a parar a los ricos en forma de subsidios agrarios.

 

Organizaciones benéficas y subsidios

A medida que se desmoronan los Estados de bienestar, crece el papel de la caridad y la filantropía. Las donaciones de los ricos a las organizaciones benéficas en el Reino Unido y los Estado Unidos se benefician de generosas exenciones fiscales. Cuando el Gobierno británico trató de abolir las desgravaciones fiscales por donaciones, las organizaciones benéficas se quejaron y el plan se abandonó. En Estados Unidos, el presidente Obama intentó limitar lo que podía desgravarse del impuesto sobre la renta. Esta propuesta también quedó en nada.

La caridad es discrecional; puede intensificar la desigualdad y acelerar la privatización. Pero si la caridad es un acto altruista voluntario, el Estado debería ser neutral. No hay razón ética o económica para dar subsidios a los ricos filántropos más que a los que luchan a diario en el precariado o en su entorno. ¡Semejantes desgravaciones fiscales y subsidios desvían el dinero de usos que podrían reducir la necesidad de la caridad!

 

La evasión fiscal como subsidio implícito

Durante años, ha sido de dominio público que las grandes corporaciones, y la plutocracia y la élite, han evadido impuestos a gran escala. Esto reflejaba en parte las leyes más laxas de gobiernos deseosos de atraerlas a sus países. Al tiempo que los gobiernos reducían las prestaciones del Estado y hacían más difícil que la gente las recibiera, poniendo como excusa el fraude en las prestaciones y a los aprovechados, la evasión fiscal escapaba a todo control, aun cuando suponía una cantidad inmensamente superior del ingreso perdido que cualquier engaño en las prestaciones. La Comisión Europea estima que la marcha de los beneficios corporativos a países con poca presión fiscal cuesta a los gobiernos decenas de miles de millones de dólares al año. Solo cuando

unas pocas multinacionales de perfil alto —entre ellas Apple, Starbucks, Google, Amazon y Dell— quedaron expuestas por usar dispositivos de evasión fiscal a una escala masiva, pagando pocos impuestos o ninguno por los miles de millones de dólares ganados, prestaron los políticos atención al asunto. El hecho de que ellos mismos y sus principales donantes se beneficiaban de la evasión fiscal puede ayudar a explicar su reticencia.

 

Los subsidios y las «pequeñas» empresas

En 2013, el Gobierno británico extendió su programa Funding for Lending[37], por el que se concedían subsidios a los bancos para animarlos a que prestaran más a las pequeñas empresas. Se dice habitualmente que las pequeñas empresas son más dinámicas y generan más empleo que las grandes empresas, por lo que deberían ser animadas con subsidios. Aunque regresivo, esto podría estar justificado si la afirmación fuera cierta. Sin embargo, no lo es. Cuando The Economist (2012) examinó la evidencia, observó: «El sesgo hacia las pequeñas empresas es costoso. La productividad de las empresas europeas con menos de 20 trabajadores es de media poco más de la mitad de la de las empresas con 250 trabajadores o más». Las grandes empresas también tienden a pagar salarios más altos.

El vínculo entre la pequeña empresa y la creación de empleo surge principalmente de las empresas de nueva creación, que por definición crean empleo que no existía antes. Pero muchas empresas nuevas fracasan y muchas pequeñas empresas se quedan siendo pequeñas. The Economist concluía: «Las pequeñas empresas maduras a menudo destruyen empleo, al igual que las pequeñas empresas de nueva creación que no sobreviven». La serie de subsidios que se dan a las pequeñas empresas es parte de un sistema regresivo y distorsionador.

Los neoliberales deberían oponerse a los subsidios como forma de dependencia del Estado. Sin embargo, su política utilitarista engendra una posición hipócrita, puesto que muchos subsidios van a parar a los votantes medianos. El precariado debe ayudarles a recuperar un poco de respeto por la consistencia intelectual, denunciando todos los subsidios y convirtiéndose a sí mismo en una molestia al hacerlo.

La regulación internacional sería de ayuda. La Organización Mundial del Comercio (OMC) está pensada para frenar los subsidios que distorsionan el comercio. Aunque no puede intervenir en el uso de subsidios dentro de los países, se han hecho propuestas para crear un equivalente doméstico del sistema de solución de diferencias de la OMC, como una forma de detener la competición de subsidios domésticos mediante el reembolso o las deducciones de impuestos, o las subvenciones en efectivo, los préstamos o las garantías de préstamo. Como medida provisional, debería exigirse a las empresas que devolvieran los subsidios si al final reniegan de la obligación implícita o explícita contraída al recibirlos.

Un subsidio es una prestación del Estado. Si los políticos dicen que desean acabar con la cultura del «algo a cambio de nada», y piden a los desempleados y al precariado que hagan cosas degradantes que consumen tiempo si no quieren perder las prestaciones, deberían aplicarse las mismas normas a todos los que reciben subsidios. Si los empresarios reciben un subsidio por contratar más trabajadores, debería exigírseles que asistieran a entrevistas regulares para demostrar que están utilizando sabiamente el trabajo e intentan aumentar la productividad. Si, como por el contrario es el caso, se presume que operan en interés propio, con el apoyo de incentivos que los motivan, ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento cuando les toca a los desempleados o al precariado?

Por lo que respecta a la evasión fiscal, el precariado debería movilizarse para boicotear los bienes y servicios de los peores infractores y de los países conocidos por ser los que más agresivamente utilizan esas tácticas. Debería promover una red internacional de comunicación sobre dichas prácticas, y fomentar la construcción de índices de subsidios corporativos y de competición nacional en subsidios. Y debería votar por aquellos políticos y partidos que se comprometan a hacer reformas legislativas para reducir y eliminar los subsidios corporativos.

 

Artículo 25: Avanzar hacia una renta básica universal

Los gobiernos deberían ir tomando medidas para instituir una renta básica como derecho de ciudadanía. En una economía global de mercado, la incertidumbre y la desigualdad no harán más que empeorar, a menos que se introduzcan nuevas medidas. Es vital que se revise el sistema de protección social.

 

El precariado solo puede enfrentarse al futuro con optimismo si el Estado se mueve en la dirección del pago de una renta básica garantizada, una cantidad mensual suficiente para proporcionar a cada residente legal una seguridad básica. Sin un derecho exigible así, seguirán creciendo la inseguridad, el endeudamiento y la desigualdad.

Los progresistas y los libertarios deben entender que el contexto ha cambiado. Cada tipo de economía tiene un modo distintivo de distribución de la renta. Bajo el capitalismo industrial, los dos modos principales eran los salarios y los beneficios; los gobiernos mediaban en la lucha por mejorar la participación en la renta total con regulaciones, impuestos y subsidios. Pero en un sistema globalizado los salarios han perdido peso, mientras que los ingresos por arrendamientos y el capital financiero son elevados y crecientes. Necesitamos revisar nuestra imaginación económica. Para que los trabajadores y el precariado tengan una renta adecuada, es simplemente esencial algo así como una renta básica.

Veamos el argumento paso a paso, considerando la base racional para ir en esa dirección, las críticas y las ventajas potenciales. La seguridad económica debe estar en el núcleo de las reivindicaciones de una Carta del precariado. Los socialdemócratas no han hecho nada por frenar el crecimiento de la inseguridad. no han hecho sino ofrecer la comprobación de medios, la condicionalidad comportamental y la contraprestación de trabajo. Cualquier progresista debería querer una sociedad en la que todos tengan una seguridad básica, independientemente de la edad, el género, la raza, el estatus marital, el estado laboral, la incapacidad o cualquier otra cosa. Esto es tan fundamental como para cuestionar las credenciales progresistas de todo el que lo rechace.

 

Definir una renta básica La propuesta dice que todo individuo en sociedad debería tener el derecho a una renta básica. Esto debería definirse con cuidado. Primero, el término «básica» tiene un significado doble y complementario. La cantidad debería ser básica —suficiente para sobrevivir con ella pero no lo bastante grande como para dar una seguridad total—; eso induce a la negligencia, una razón por la que oponerse a las grandes riquezas. Y la renta debería entenderse como básica en el sentido de que, sin ella, no pueden ejercerse otros derechos. No puede haber un derecho significativo a la educación o un derecho al trabajo sin una seguridad básica. Una renta básica también es un derecho exigible o republicano, en el sentido de que las políticas deberían ser juzgadas por el grado en que se orientan a su realización.

Algunos sostienen que la cantidad pagada debería ser la renta media (van Parijs, 1995). Aunque esto puede ser un objetivo a largo plazo, no es lo que proponemos aquí. La cantidad debería ser suficiente para cubrir las necesidades materiales básicas, al tiempo que facilitaría la búsqueda de otras metas que mejoran la vida. Por esa razón, el nivel debería estar vinculado a la renta mediana, para no congelar así a una minoría en la pobreza.

Segundo, debe pagarse individualmente, probablemente con una cantidad menor para los niños. No debería pagarse en función de un hogar o una familia. Estas son lo que los economistas llaman unidades endógenas que varían de forma bastante acusada. Es paternalista y moralista, no moral, establecer las prestaciones de acuerdo con el tipo de hogar, de algún indicador de «matrimonio» o del grado de permanencia de una relación. Eso ha llevado a cometer errores del tipo I (como se señaló en el artículo 18) y al uso de mecanismos administrativos que son arbitrarios e innecesariamente indiscretos y costosos.

Tercero, debe pagarse en efectivo, no en vales o en bienes subvencionados. Las prestaciones en especie limitan la libertad de elección y son paternalistas. También debería ser un pago regular y predecible, probablemente pagado mensualmente. Cuarto, debería ser proporcionado incondicionalmente, sin reglas de comportamiento. En otras palabras, debería ser un derecho de ciudadanía o de residencia legal, sujeto a alguna norma pragmática sobre inmigración que será discutida después. Quinto, debe ser universal, siendo la transferencia recuperada a través de los impuestos a los ricos. Esto es más eficiente que la comprobación de medios, por las razones expuestas anteriormente, sobre todo con respecto a las trampas de la pobreza.

Algunos distinguen entre renta básica «parcial» y «plena», normalmente al considerar los métodos prácticos de conversión de las prestaciones existentes. No entraremos en ese debate, y simplemente diremos que moverse en la dirección de una renta básica es algo que podría conseguirse convirtiendo las selectivas transferencias existentes en subsidios incondicionales y a continuación extendiéndolos a otros grupos, o podría construirse a partir de un subsidio muy modesto. Pero es crucial que su núcleo fuera subiendo con el crecimiento económico.

 

La justificación ética

Una razón moral para una renta básica es que la riqueza de cualquiera en sociedad es mucho más el resultado de los afanes de nuestros antepasados que de cualquier cosa que hagamos nosotros mismos. Pero no sabemos de quién eran los antepasados que hicieron mayores o menores contribuciones. Y no sabemos de quién eran los antepasados que sufrieron injustamente y por ello no pudieron legar riqueza a sus descendientes. Así, por detrás de un «velo de ignorancia» sobre dónde estaríamos en la distribución de los resultados, deberíamos desear que se igualaran las ventajas transmitidas a todos nosotros.

Una renta básica podría verse como un dividendo social derivado de las inversiones y el trabajo duro de nuestros antepasados. Aunque él no lo expresó de esta manera, Thomas Paine, campeón de los derechos del hombre y un valiente participante en la Revolución francesa y en la Guerra de Independencia americana, tenía esencialmente esta visión en su panfleto Agrarian Justice ([1797] 2005).

En 2013, me invitaron a presentar El precariado en Middlesbrough, cuna de la revolución industrial en el siglo XIX, que en pocos años pasó de ser una aldea anodina a ser un centro de la economía y del Imperio británico (Heggie, 2013). Fue el emplazamiento de las primeras siderurgias, luego diversificadas en la industria del acero y de los productos químicos. En el centro de la ciudad se encuentran esculturas de las figuras que construyeron las industrias, y las placas que conmemoran a alguna personalidad o lugar recuerdan al visitante el pasado orgullo. El puente Sydney Harbour de Australia y el puente Golden Gate de San Francisco se construyeron en o cerca de Middlesbrough, como gran parte del sistema ferroviario de la India. En una puerta se lee este blasón: «Nacida del hierro, hecha de acero».

Ahora, el viejo Ayuntamiento de Middlesbrough se encuentra abandonado en un colina, rodeado de tierra baldía y malas hierbas. En las fincas en ruina estudiadas por Tracy Shildrick y sus colegas (2012), muchas de las casas están tapiadas, con bloques de hormigón donde una vez hubo ventanas, y la maleza creciendo entre las grietas. Con todo, todavía hay 140.000 personas que siguen viviendo en la ciudad. Sufren la crueldad de la historia. La riqueza de la que gozan los habitantes del sur de Inglaterra y de otras partes opulentas del país fue en parte generada por las gentes de Middlesbrough. ¿Por qué debería la gente que vive en estos lugares bien dotados tener vidas tanto más confortables y seguras que los descendientes de los que construyeron la riqueza y el poder del país? Pensar en Middlesbrough, y no es un caso en absoluto aislado, debería recordarnos el argumento de Paine en 1797. Una renta básica puede verse como una transferencia a la gente en situación parecida a la de Middlebrough, de los más ricos que se benefician de la riqueza creada por aquellos siderúrgicos y sus sucesores.

Hay otras razones éticas para apoyar una renta básica. Es la única medida que satisfaría el principio de diferencia en seguridad, por cuanto que mejoraría la seguridad económica y social de los grupos más inseguros de la sociedad. Ninguna otra forma de protección social tendría esa deseable propiedad. También satisfaría el principio de la prueba de paternalismo, por cuanto que no impondría ningún control a ningún grupo específico, y en ese sentido fomentaría la libertad personal, lo que deberían desear libertarios y progresistas por igual. Y satisfaría el principio de los derechos y no de caridad, al eliminar la discrecionalidad burocrática para decidir quién es merecedor y quién no, y qué comportamientos merecen despertar pena y cuáles merecen sanción.

La renta básica también satisfaría los principios del trabajo digno y de contención ecológica. Permitiría a la gente elegir de forma más racional qué trabajo desearía hacer y qué trabajo asalariado estaría preparada para aceptar a cambio de dinero. Y al alterar el equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo, como cuidar de otras personas o cultivar vegetales, ayudaría a reorientar el trabajo desde las actividades que consumen recursos a las actividades que reproducen recursos.

 

La justificación económica

La justificación económica de la renta básica surge de la propia globalización, en la que las relaciones de trabajo flexible han ido acompañadas del desmantelamiento de instituciones y mecanismos de solidaridad social y protección social. Sin embargo, no hay marcha atrás. Los sistemas de seguridad social podrían funcionar razonablemente si la mayoría de la gente fuera capaz de contribuir a un fondo de la seguridad y si la gente tuviera aproximadamente la misma probabilidad de ser golpeada por un suceso adverso. Pero esas condiciones han sido destruidas por el desarrollo económico y político. El individualismo y la flexibilidad han hecho que los resultados sean cada vez más desiguales, mientras la movilidad social ha descendido, tanto hacia arriba como hacia abajo. Aquellos que entran y salen del mercado de trabajo no pueden aportar contribuciones regulares o suficientes, ni pueden los que tienen y dejan de tener empleos en el precariado.

En un mercado de trabajo flexible y global, cada vez habrá más trabajadores que cobren salarios inciertos e inadecuados para proporcionar un nivel de vida digno, por muy duramente que trabajen. Completar los bajos salarios con créditos fiscales es caro, distorsionador, ineficiente e inequitativo, además de moralista en sus condicionalidades selectivas. Una renta básica no sería distorsionadora, ya que sería universal y permitiría la negociación y la libertad de elección.

Desde una perspectiva macroeconómica, la seguridad social jugó en su día un papel de estabilizador automático, puesto que el gasto en prestaciones aumentaba durante las recesiones, estimulando el consumo y así devolviendo la economía a la senda del crecimiento. Por el contrario, el régimen de austeridad, al recortar prestaciones en una recesión, es procíclico.

Un sistema de renta básica también podría ser anticíclico, si se diseñara en tres niveles. El primero sería una cantidad fija, determinada por la necesidad financiera de subsistencia y ajustada solo a los cambios en la renta nacional per cápita. El segundo podría ser un subsidio económico estabilizador, que crecería en las recesiones y caería en los periodos de auge. Un tercer nivel podría basarse en los costes adicionales de las necesidades extra de aquellos que tienen una discapacidad física o mental, compensándolos como corresponde a un ciudadano.

 

Las críticas

Las críticas a la renta básica han venido de la izquierda y la derecha convencionales. Aunque han sido refutadas numerosas veces, persisten, lo que da testimonio del poder de un paradigma. Veamos las principales por turno. En primer lugar, está la afirmación de que una renta básica no es viable económicamente. Pero los cálculos a vuela pluma, multiplicando alguna cantidad considerada como renta básica por el tamaño de la población, es pobre economía. La cuestión aquí es desplazar el gasto hacia una renta básica sustrayéndolo de subsidios, exenciones fiscales y prestaciones basadas en comprobaciones de medios. Una renta básica también produciría más ingresos fiscales, ya que haría entrar más trabajo en el sistema tributario procedente de la economía sumergida, y tendría beneficiosos efectos sobre el ahorro de costes en salud y educación.

En 2012, Sir Mervyn King, por entonces gobernador del Banco de Inglaterra, expresó su oposición a las llamadas «caídas de dinero desde el helicóptero», esto es, dar dinero directamente a la gente (King, 2012). No obstante, el banco bajo su liderazgo dio efectivamente lo mismo en forma de «flexibilización cuantitativa», excepto que los beneficios iban a parar a los inversores ricos. Según un cálculo, los 370.000 millones de libras de flexibilización cuantitativa entre 2009 y 2012 podrían haber financiado un efectivo inesperado de 6.000 libras para cada hombre, mujer y niño en Gran Bretaña. Los dos billones equivalentes en Estados Unidos tenían un valor de 6.500 dólares por persona (Kaletsky, 2012). El dinero puede liberarse; es factible y ya se ha hecho. Sin embargo, los fondos para la renta básica provendrían en su mayoría de los subsidios regresivos y de desviar parte de las ganancias del capital financiero, tal como se explica en el artículo 26.

Una segunda objeción es que la renta básica es utópica; nunca se ha introducido, así que debe ser mala. Albert Hirschman (1991) señaló que una nueva gran idea es atacada inicialmente por razón de su futilidad (no funcionará), su perversidad (tendrá consecuencias negativas no intencionadas) y por el riesgo que supone (pondría en peligro otros fines). Los críticos dijeron lo mismo sobre las prestaciones por desempleo y luego sobre las prestaciones a las familias. El sentido común solo prevalece cuando el viejo paradigma se quiebra y no puede ofrecer respuestas a los desafíos del momento. Entonces aprendemos a respetar a esa gran «amplia iglesia» de los que hicieron propuestas a lo largo de la historia, tales como Tomás Moro, William Morris, Bertrand Russell y los premios Nobel de Economía James Meade, Jan Tinbergen y James Tobin. La lista está llena de nombres distinguidos.

Una tercera crítica es que una renta básica sería inflacionaria porque estimularía la demanda agregada, elevando los precios y creando expectativas inflacionarias. Esto es incorrecto, puesto que la renta básica sería introducida por fases, sustituyendo a otros gastos. En una era deflacionaria, como en Japón durante las tres pasadas décadas y en Europa desde 2008, una demanda agregada incrementada estimularía la oferta de bienes y servicios, limitando la presión sobre los precios. También habría un efecto positivo con el giro en la demanda agregada a favor de bienes y servicios básicos producidos dentro de las economías locales. Los programas piloto de renta básica en África e India sugieren que la elasticidad de la oferta de bienes y servicios locales tiende a ser alta, de modo que el efecto bien puede ser una menor presión inflacionaria.

En cuarto lugar, se dice que una renta básica reduciría la presión para perseguir el pleno empleo. Hay varias respuestas a esto. ¿Qué presión? ¿Acaso poner a tanta gente como sea posible en trabajos mal pagados, consumidores de recursos, es un valioso objetivo de una sociedad civilizada? ¿No hay mejores actividades para nuestro tiempo, tales como el trabajo elegido libremente y el ocio creativo?

La quinta objeción es probablemente la más común, a saber, que una renta básica proporcionada de forma incondicional e independientemente del estatus laboral reduciría la oferta de trabajo y promovería la indolencia. Se trata de una objeción común en los países influidos por una «ética del trabajo» luterana, tales como Finlandia (Ikkala, 2012). Es un insulto a la condición humana; la inmensa mayoría no estaría contenta con una mera renta básica. También hay evidencia, aportada por estudios psicológicos, encuestas de opinión y programas de transferencias de dinero y experimentales de renta básica en diversos países, incluidos Canadá y Brasil, que refutan esa objeción. El verdadero desincentivo al trabajo son las prestaciones basadas en la comprobación de medios, ya que las trampas de la pobreza y la precariedad hacen que sea irracional dejar las prestaciones por un trabajo de bajo salario.