05. Por una Carta del precariado

Otro tipo de trampa de la precariedad afecta a los exreclusos. En el Reino Unido, alguien que sale de prisión puede recibir 46 libras para gastos hasta que pueda solicitar prestaciones públicas o empezar a ganarse la vida. Pero debe solicitar trabajo en la Oficina de Empleo. Muchos no tienen número de la seguridad nacional (seguridad social), o lo han perdido, lo que acarrea un largo proceso de papeleo. Un exconvicto, porque no tenía número de la Seguridad Nacional, añadía amargamente: «Y sin eso, no hay cuenta bancaria, ni lugar en la miríada de bases de datos de los que se compone una existencia moderna, yo no existo, excepto en un ordenador nacional de la policía» (Gunn, 2012). Este es un caso de doble riesgo en el que uno es castigado dos veces por el mismo delito. ¿Una oportunidad para la reincidencia?

 

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La existencia de trampas de la pobreza y la precariedad ha sido utilizada por los políticos como excusa para la coerción. La coerción es la única forma de superar los desincentivos para aceptar trabajos eventuales de bajo salario. Las trampas de la pobreza no desaparecerán en la medida en que persistan los bajos salarios y la comprobación de medios. La tan promocionada reforma del Estado del bienestar del Reino Unido no eliminará las trampas de la pobreza. El crédito universal, combinado con el aumento de la cantidad que puede ganar una persona sin pagar impuestos, significará que, por cada libra de ingreso extra, las prestaciones se recortarán en 65 peniques. El incremento de 1.000 libras en la desgravación fiscal personal en 2013 dará 200 libras al año a cada contribuyente de tipo básico, excepto a los que perciben un crédito universal, que ganarán solo 70 libras.

Las trampas de la pobreza y la precariedad deben ser eliminadas. Hasta que lo sean, nadie debería ser penalizado por actuar racionalmente en las circunstancias que afronta. Si, digamos, el 30 por ciento es el tipo normal de impuesto sobre la renta, nadie debería ser penalizado por rechazar un trabajo que implique un tipo impositivo efectivo por encima de eso. El mismo principio debería aplicarse a todas las formas de trampa de la precariedad, y tiene que revisarse el proceso de solicitud de prestaciones. Adicionalmente, se deberían imponer multas a las agencias por los retrasos indebidos a la hora de procesar las solicitudes. con ese dinero debería compensarse a los solicitantes.

 

Artículo 18: Prender fuego a las pruebas de evaluación para optar a prestaciones

Los gobiernos deberían restringir el uso de pruebas de evaluación al mínimo necesario y deberían someter cualquier prueba a una evaluación independiente para calibrar su objetividad antes de ser aplicadas y utilizadas para determinar el derecho a prestaciones o servicios. A más largo plazo, deberían ir siendo eliminadas conforme retrocede la condicionalidad.

 

La comprobación de medios, la condicionalidad y las prestaciones selectivas requieren pruebas de evaluación personalizadas, que son invariablemente indiscretas e inquisitivas. Pero se desvían de su propósito explícito y se convierten en instrumentos de control, dirección y castigo. El Estado conductista y de vigilancia cada vez utiliza más pruebas elaboradas para supervisar, cribar y controlar a la gente, obligándola a adaptarse a reglas implícitas en las pruebas que se le exige hacer y pasar.

El que más tiene que perder de la extensión sin freno de este modo de regulación es el precariado. Esa plétora de pruebas debe acabar. Suponen una vulneración de la libertad y son un dispositivo divisivo regresivo, con objetivos que incluyen la humillación y la habituación a ser deferente con la autoridad. Muchas de estas pruebas vulneran los principios de justicia planteados más arriba, hacen más insegura a la gente que se somete a ellas, aplican controles paternalistas a la gente menos libre de la sociedad y conculcan derechos, al tiempo que confieren a los burócratas más poder discrecional.

Parte de la presión la soportan los que tienen que poner las pruebas, quienes a menudo son parte ellos mismos del precariado y, en su inseguridad, prefieren equivocarse en favor de lo que quiere el Gobierno más que en favor de aquellos a quienes supuestamente sirven. Algunos resisten y actúan como burócratas «callejeros», que en silencio intentan usar su discrecionalidad a favor de los solicitantes (Grant, 2013). Pero sus supervisores utilizan cada vez más técnicas de panóptico para impedir que eso ocurra, marcando objetivos acompañados de amenazas, que apuntan a sus contratos laborales.

La justificación oficial para evaluar a los solicitantes de prestaciones públicas es que los «contribuyentes» deben ser protegidos del «fraude» y que los «parásitos» deben volverse «independientes». No obstante, las estadísticas oficiales muestran que el fraude es mínimo. Una razón más preocupante de la existencia de pruebas es que hacen que sea más desagradable solicitar prestaciones y seguir recibiéndolas.

 

Pruebas para los buscadores de empleo

Consideremos las pruebas para recibir la asignación del buscador de empleo (prestación por desempleo) en el Reino Unido, recordando que los solicitantes en su mayoría ya estarán humillados, estresados, financieramente preocupados y avergonzados. Estar desempleado y pedir ayuda no es un estatus que se elija. Como parte del proceso, puede exigírsele al solicitante que suministre y pruebe la exactitud de todo tipo de información privada, incluyendo los certificados académicos, formación vocacional, historia laboral, aspiraciones de futuros empleos, descripción de habilidades que pudieran ser relevantes para un empleo, capacidades relativas al trabajo, cuidado de niños y otros cuidados a cargo, trabajo remunerado y no remunerado que se realiza en el momento. Si la información solo se utilizara para asistir al solicitante para la obtención de un empleo, esas preguntas indiscretas serían comprensibles. Pero ese no es su principal propósito; su principal propósito es encontrar una razón para no conceder la prestación o para identificar un nuevo trabajo que el solicitante debe hacer para recibirla. Ha habido delatores que revelaron que al personal de la Oficina de Empleo se le fijaban objetivos para imponer sanciones, mientras el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) reconocía que se estaban tomando medidas contra las oficinas de empleo que no sancionaran a suficientes personas.

El procedimiento corriente empieza con un conjunto de preguntas online, que exige el acceso a Internet. Ya no se aceptan llamadas telefónicas. Tras la prueba online, los solicitantes de la asignación del buscador de empleo (JSA) deben fijar una primera cita con la Oficina de Empleo Plus, que se supone evalúa la validez de la solicitud. Se fija otra cita para establecer lo que hacía el solicitante antes de presentar la solicitud y para preguntar cómo se le puede «ayudar» a él o a ella a conseguir un trabajo.

En esta fase, a los solicitantes en su mayoría se les pide que redacten un «acuerdo» de buscador de empleo, un contrato que el suplicante está obligado a firmar con el Estado. En derecho, los contratos firmados bajo coacción pueden ser considerados nulos e inválidos. Pero para la mayoría de los solicitantes el coste de no firmar —retirada de prestaciones— es demasiado grande. Aunque algunas de hecho se retiran, no podemos presumir que ello se deba a que las demandas fueran «fraudulentas». Muchos de nosotros rehusaríamos firmar un contrato que nos obliga a hacer un montón de actividades indeseadas que serían potencialmente interminables e insatisfactorias. Pero aquí no para el proceso. El solicitante debe tener citas regulares con un «asesor personal» en la Oficina de Empleo Plus o en las oficinas del Programa de Trabajo, dependiendo de las evaluaciones previas. Y el asesor puede obligar al solicitante a acudir a otras citas y a hacer determinadas actividades, según considere.

Los desempleados en el Reino Unido solían tener derechos sociales; ahora son meros residentes. No es que las pruebas sirvan a algún propósito útil. El Programa de Trabajo, que se basa en esas evaluaciones, tiene un pésimo historial. Lanzado en junio de 2011 y con un coste estimado de tres a cinco mil millones de libras, sus tempranos resultados mostraron que los proveedores privados no tenían más éxito encontrando trabajos para los desempleados de larga duración de lo que tendrían si el programa no existiera. Es un despilfarro del «dinero de los contribuyentes».

 

Las pruebas de necesidades de las familias

Debido a que las prestaciones basadas en comprobaciones de medios en el Reino Unido toman en cuenta la renta familiar, debe comprobarse el estatus de las personas. Así, el Estado exige que los suplicantes demuestren que no están en pareja. Deben mostrar que tienen su propia cuenta bancaria y que la sospechosa «otra persona» también tiene una cuenta bancaria independiente. Lo mismo ocurre con las facturas de los servicios, el pago del impuesto municipal y los contratos de arrendamiento. Si dos personas viven bajo el mismo techo, ¿comparten habitación? ¿Comparten despensa, arreglos de cocina y salidas a comprar? Cuando salen socialmente, ¿se presentan como solteros o como pareja?

No hay criterios fijos. Los burócratas, a los que se encarga que intenten reducir costes asistenciales probando que existe convivencia en pareja, crean todo un cuerpo de evidencia empírica. Pero mucha gente comparte casa por pura necesidad de reducir gastos. Muchas ex parejas permanecen en el hogar común porque no pueden mudarse a un alojamiento separado. Se enfrentan entonces a una nueva humillación y privación. Esto afecta a los créditos fiscales y a todas las prestaciones de la Oficina de Empleo Plus, incluyendo el

JSA y el subsidio de empleo y apoyo (ESA)[18] para los discapacitados.

Al contestar preguntas indiscretas, algunas personas dan respuestas erróneas, quizá por confusión, a veces por miedo. La mayoría de nosotros, en circunstancias semejantes, sabiendo que nuestra supervivencia financiera depende de que pasemos las pruebas, estaríamos nerviosos, por muy «inocentes» que fuéramos.

En el Reino Unido, las solicitudes del subsidio de vivienda se han movido en la misma dirección. Se pide a los solicitantes que rellenen cuestionarios online para ser autorizados, con lo que se penaliza a aquellos sin acceso a Internet o alejados de una biblioteca pública. En 2013, el proceso de evaluación de la solicitud de vivienda se vio agravado por la vengativa medida del «impuesto del dormitorio», que descuenta del subsidio por cada dormitorio que se considere excede de las necesidades (lo que incluye dormitorios separados para dos niños del mismo sexo y habitaciones ocupadas por un cuidador ocasional). Para solicitar el subsidio de vivienda y la reducción del impuesto municipal, los solicitantes deben probar que están pagando el alquiler. Eso está bien si hay un contrato de arrendamiento escrito y un libro del alquiler actualizado. Pero en los estratos bajos de todas las sociedades esas condiciones no se cumplen. Algunos caseros no las proporcionan, otros rehúsan aun cuando se les pidan, y otros no dan ni recibos.

Después están las pruebas para obtener el crédito fiscal para los hijos. Para algunos puede ser difícil, incluidos los inmigrantes, probar que los hijos son suyos. Un solicitante puede simplemente recibir una escueta carta

diciendo que Her Majesty’s Revenue and Customs[19] no acepta la evidencia proporcionada, sea ello un pasaporte, un certificado de nacimiento o cualquier otra cosa. Puede haber errores, pero no hay proceso debido (artículo 16). Indudablemente, hay crimen organizado en esta área, falsificando datos y traficando con mujeres y niños. Pero el castigo colectivo es injusto.

 

Pruebas de discapacidad

Toda una serie indignante de pruebas atormenta a la gente con discapacidad. La prueba de «evaluación de capacidad laboral» impuesta a los solicitantes del ESA y del pago de independencia personal (PIP) lo analizamos más adelante en el artículo 19. Implica un cuestionario médico computerizado con casillas para marcar que se le lee al solicitante, a veces acompañado de un breve examen físico, dirigido por un asesor de una división de la compañía multinacional Atos, que ha sido contratada por el DWP para realizar la prueba. La puntuación en esta prueba supuestamente indica si una persona es o no «apta para trabajar», y por consiguiente sujeta a sanciones en el subsidio si no está trabajando o si se considera que no está buscando empleo con la suficiente asiduidad.

La prueba se repite tan a menudo como quiera la Oficina de Empleo Plus, cada pocos meses. Las humillaciones iniciales son seguidas de «entrevistas enfocadas al trabajo» con el responsable del Programa de Trabajo. Aunque algunos pueden eludir estas entrevistas si son colocados en el llamado grupo de apoyo, más tarde habrá una nueva prueba de capacidad laboral, con más entrevistas enfocadas al trabajo. Esto se prolongará durante seis meses. Las personas discapacitadas se convierten en meros residentes, perdiendo derechos y siendo reducidos a suplicantes.

La indignidad queda expresada en las pancartas que los manifestantes llevan en sus sillas de ruedas, diciendo: «No somos robots. Los ordenadores de Atos deciden nuestro futuro en 15 minutos». Inevitablemente, estas pruebas implican muchos errores del tipo I (clasificar a alguien como apto para trabajar cuando no lo es) y pocos del tipo II (clasificar a alguien como no apto cuando lo es). Como empresa que quiere obtener beneficios, Atos preferirá cometer errores del tipo I. Una agencia pública o cualquier otra que de verdad defendiera los intereses de los solicitantes establecerían procedimientos que funcionaran de manera inversa.

Una empresa comercial trabaja según los términos de su contrato. Si, como es el caso, Atos cobra de acuerdo con el número de gente a la que pasa las pruebas, querrá maximizar ese número y por lo tanto hará pruebas lo más rápidas posible, sin importar los errores. Pero si su factura se redujera de acuerdo con el número de errores del tipo I identificados por un organismo independiente, Atos tendería a hacer más errores del tipo II y menos del tipo I. Además, hasta que no se atendiera la apelación contra el rechazo del subsidio, la gente debería seguir recibiendo el subsidio, o alguna cantidad provisional si está previsto que el proceso lleve algún tiempo. Eso por lo menos devolvería la presión a las agencias gubernamentales para que hicieran que tanto el proceso inicial como las apelaciones fueran eficientes y equitativos. Sin embargo, el Gobierno probablemente solo alteraría la naturaleza de estos contratos si hubiera una fuerte protesta y presión social. Eso debe llegar.

En 2013, un tribunal dictaminó que el DWP no había hecho los ajustes razonables para asegurar que las personas con problemas de salud mental fueran tratadas justamente, lo que había provocado que muchas perdieran sus subsidios. Con la característica insolencia del poder, el DWP dijo inmediatamente que apelaría mientras seguía con las pruebas. La revisión judicial se refirió al caso de dos individuos a los que se les exigió hacer la prueba, y eran incapaces de entenderla o explicar su condición. Paul Jenikins,

director general de Rethink Mental Illness[20], resumió muy bien la situación:

Los jueces han confirmado de forma independiente lo que nuestros miembros vienen diciendo desde hace años, a saber, que el sistema discrimina en contra de algunas de las personas más enfermas y vulnerables de nuestra sociedad, las mismas personas a las que supuestamente debe ayudar. El proceso de evaluación de la capacidad laboral es profundamente injusto con la gente con una enfermedad mental: es como pedirle a alguien en silla de ruedas que vaya andando al centro de evaluación.

 

Pruebas para pensionistas

En otro ejemplo de cómo los inmigrantes se vuelven residentes al quitarles derechos sociales, en 2013 el Gobierno del Reino Unido anunció un plan para denegar a los pensionistas que viven en el extranjero el derecho a la ayuda para gastos de calefacción en invierno, por valor de 100-300 libras al año, después de que el Tribunal Europeo de Justicia dictaminara que los expatriados —unos 440.000— tenían derecho a ella. La justificación tradicional para tales ayudas, que son parte de las prestaciones de la Seguridad Nacional, era que los receptores habían pagado contribuciones e impuestos británicos durante décadas. Ahora el Gobierno ha introducido una «prueba de temperatura». La gente que vive en Chipre, Francia, Gibraltar, Grecia, Malta, Portugal y España, donde las temperaturas medias en invierno son más altas que en la parte más cálida del Reino Unido, perderá la ayuda para gastos de calefacción. Al parecer, la medición de la temperatura invernal «media» en Francia incluye sus departamentos tropicales ultramarinos en el océano Índico y el Caribe, lo que explica por qué Francia está clasificada como país «cálido» e Italia no. Esto es absurdo.

Pruebas de cualificación para la beneficencia

En el Reino Unido y en otros países ha aparecido un nuevo ámbito de interrogación, el de la beneficencia financiada con fondos públicos. Las ayudas de la beneficiencia han reemplazado a los préstamos anticrisis y las ayudas para el cuidado comunitario que anteriormente ayudaban a la gente en las situaciones de emergencia. Las autoridades locales ahora no tienen financiación específica del Gobierno central para ayudar en estas circunstancias; el gasto es totalmente discrecional, en un tiempo en el que los presupuestos locales han sido drásticamente recortados.

Para recibir ayudas, los solicitantes deben ser interrogados por Citizens Advice u otras organizaciones benéficas sobre las razones de la emergencia. ¿Qué subsidios reciben? ¿Por qué no se las arreglan? ¿Tienen otras fuentes de dinero? A continuación pueden recibir cupones de comida y para la factura de luz y agua, todo ello coronado con una pequeña cantidad, si es necesario, para muebles de segunda mano y electrodomésticos. Cuando piden los bienes, son de nuevo preguntados por las agencias de voluntariado que administran los servicios, para asegurarse de que realmente están necesitados. Si la empresa que suministra el mobiliario decide que el solicitante no lo necesita, se lo lleva. Se trata solo de racionar y de evitar el fraude, así que la gente corriente, una vez más, se enfrenta a un trato inquisitorial diseñado para lidiar con villanos.

 

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El «régimen probatorio» debería inquietar a todo el mundo, ya que una prueba para un grupo puede fácilmente conducir a pruebas para los demás, conforme el Estado va de una minoría señalada a otra. Los gobiernos y sus agencias privatizadas deberían reducir el número de pruebas que se exige que haga el precariado. Deberían limitarse a un mínimo. No deberían exigirse pruebas o hacerse preguntas a menos que sean necesarias para hacer juicios objetivos, y a menos que estén consensuadas por consejos independientes en los que estén representadas las personas sometidas a las pruebas. Debería exigirse a cada prueba que satisfaga el principio del «velo de ignorancia» y sortear así la trampa utilitarista. A menos que uno mismo esté dispuesto a hacer la prueba en las mismas circunstancias, con toda seguridad debería estar contra ella.

Una política provisional sería compensar financieramente a los que necesitan hacer la miríada de pruebas ideadas para determinar el derecho a la prestación o el servicio. Después de todo, hacer las pruebas es oneroso, particularmente si se está estresado o se tiene una discapacidad. Y el Estado, o su agencia privada, ponen la prueba en su propio beneficio, no en el de la persona a la que se exige que la haga. Si la agencia tuviera que compensar a quien hace la prueba por el tiempo implicado, tendría un incentivo para hacer la prueba lo más simple y lo menos exigente posible. Eso sería más justo que tratar el tiempo de los solicitantes y la posición del suplicante como si no fueran importantes.

El Estado está construyendo un régimen evaluador dirigido con mentalidad utilitarista, con una condicionalidad aplicada al precariado que no se aplica al salariado y la élite. No solo debería compensarse a los sometidos a pruebas por la humillación y el tiempo gastado. También deberían imponerse sanciones a los que aplican pruebas si se demuestra que su método probatorio es erróneo o punitivo. Si hay sanciones para el precariado, ciertamente debería haber sanciones para los especuladores. No basta con que Atos u otra agencia digan que está refinando sus pruebas cuando sale a la luz que han errado en muchas ocasiones. Siempre que se cometan errores, debería haber una sanción financiera y compensarse a los que han sido injustamente evaluados, no solo con ayudas retroactivas, sino también por el estrés y el desasosiego.

Además de la justicia social, está también la cuestión fiscal. El régimen evaluador es caro, y un análisis coste-beneficio mostraría probablemente que lo que cuesta hacerlo funcionar no compensa en absoluto el ahorro conseguido descartando a los pocos que no deberían recibir prestaciones. El sistema se está haciendo más rígido e inclinado a penalizar a los menos capaces de soportar el sufrimiento. Si los funcionarios estuvieran de verdad motivados por la empatía y la compasión, no querrían insistir en dichas pruebas y se sentirían avergonzados de imponer sanciones que deben causar una privación extrema. Las sanciones pueden llevar al endeudamiento, la pérdida de la casa, el alcoholismo, la enfermedad social, el crimen y la prostitución. Los costes sociales a largo plazo son mayores que los ahorros derivados de identificar a unos cuantos personajes dudosos.

El edificio de las pruebas y las evaluaciones desmiente cualquier afirmación en el sentido de que los gobiernos están comprometidos con un mercado de trabajo desregulado y con la reducción de la burocracia. Lo que se está dando es una menor regulación para la élite y más para el precariado. Prendamos fuego a todo eso.

 

Artículo 19: Dejar de demonizar a los discapacitados

Los derechos sociales y económicos de los discapacitados deben ser fortalecidos. Las prestaciones deberían estar relacionadas con sus necesidades, no con sus supuesta capacidades laborales. Las agencias que cometen errores del tipo I (negando prestaciones a los que deberían recibirlas) deberían pagar la correspondiente compensación, no solo devolver retroactivamente la prestación.

 

Las personas con discapacidad constituyen una parte sustancial del precariado y son tratadas crecientemente como residentes más que como ciudadanos. De hecho, «el discapacitado» es una categoría peculiarmente moderna, o una categoría que se ha redefinido en la era neoliberal. Eso va de la mano de la insistencia en la competitividad y la «supervivencia de los más fuertes», medida según las capacidades comerciales y de lucha de cada uno. Ha habido una reinterpretación moralista, con la diferenciación basada menos en las necesidades médicas o físicas que en sutilezas inquisitivas sobre la «capacidad laboral» del individuo. Los gobiernos se han vuelto más sentenciosos y han ampliado la definición de «capacidad laboral», haciendo que las pruebas sean más «meticulosas», intimidantes, humillantes y estigmatizadoras.

Aquí nos concentramos en los cambios de política en Gran Bretaña. Pero la tendencia hacia la condicionalidad y la inserción laboral es global. Por ejemplo, en Estados Unidos el seguro de incapacidad de la seguridad social concede subsidios y, transcurridos dos años, acceso a la sanidad pública (Medicare). Pero exige que los beneficiarios hayan trabajado asalariadamente durante al menos cinco de los diez años anteriores. El Tribunal Supremo restringió la definición de lo que contaba como incapacidad laboral, negando así subsidios a mucha gente que hasta entonces tenía derechos por discapacidad.

La política sobre discapacidad también ha sido sometida a manipulación lingüística, con la intención de trasladar la imaginería del campo de los derechos al de las demandas moralistas. Así, el Gobierno británico abolió el término «prestación» y lo sustituyó por el de «asignación»; entonces la «asignación por discapacidad» se convirtió en el «pago de independencia personal» (PIP). El derecho no se basa en la condición de la persona, sino en cómo se supone que le afecta la discapacidad, lo que permite al legislador ajustar las condiciones y reducir la elegibilidad.

Los discapacitados como víctimas del utilitarismo

Durante dos décadas, los principales partidos políticos en el Reino Unido han adoptado una posición ideológica similar hacia las personas discapacitadas. El Gobierno del nuevo laborismo fijó un plan de diez años para rebajar un millón de los 2,8 millones de personas que recibían subsidios por discapacidad, argumentando que había que empujar a más personas hacia el mundo del trabajo. Sustituyó el «justificante de baja por enfermedad» por el «justificante de aptitud», integrando a los médicos de familia (doctores) en el aparato de política social. El secretario de Estado de Sanidad dijo: «Sabemos que estar trabajando puede ser bueno para su salud» (Asociación ME, 2009), una burda simplificación que ejemplifica el prejuicio laborista.

El Gobierno de coalición ha puesto la meta aún más lejos, ajustando las condiciones, imponiendo evaluaciones más complejas y privatizando el proceso, al tiempo que ha dado incentivos a los contratistas privados para limitar los derechos de acceso. Peor aún, como se señaló en el capítulo 4, ha creado una atmósfera en la que el público se ha vuelto desconfiado respecto a los discapacitados. La pérdida de derechos sociales conllevó la pérdida del derecho cultural a pertenecer a una comunidad integrada.

El discapacitado ha perdido derechos económicos mediante la extensión de las autorizaciones y las desautorizaciones ocupacionales, el cierre de lugares de trabajo especializado y las relaciones de trabajo flexible, que ofrecen pocos incentivos a las empresas para que den facilidades adecuadas a los empleados discapacitados, y hacen que los discapacitados pierdan puntos en las listas de prioridad de empleo de las empresas. Sucesivos gobiernos cerraron fábricas Remploy que empleaban a personas discapacitadas, y en 2012 se anunciaron planes para cerrar la mitad de las 54 que quedaban. El Gobierno dijo que daban pérdidas, pero habían dado trabajo y dignidad, a menudo con un propósito de rehabilitación.

Los derechos sociales se han degradado. Durante años, las personas tenían derecho a una asignación de movilidad de mayor nivel —que cubría el coste de usar un coche adaptado— si no podían andar 50 metros sin ayuda. En 2013, para tener derecho a un nivel más alto de movilidad como parte del nuevo PIP (pago de independencia personal), se decidió acortar la distancia a 20 metros. El motivo era restringir el derecho. ¿Dónde quedaba la empatía y la compasión? Se estimó que, como resultado, más de 50.000 personas perderían sus prestaciones de movilidad de alto nivel, lo que de hecho las aislaría en casa. Y, una vez acortada a 20 metros, ¿qué impediría a tan celosos reformadores acortarla a 10? Al margen de la magnitud concreta, la norma crea una trampa de la precariedad especial reservada a los discapacitados. A partir de ahí, una persona con una discapacidad física tendrá un interés financiero en no esforzarse en andar.

Por poner otro ejemplo, en 2012 el Gobierno disolvió el Fondo para la Vida Independiente, que daba apoyo a 19.000 personas con discapacidad severa para ayudarles a vivir independientemente. Se pudo clausurar sin protesta pública porque afectaba a una minoría silenciosa. ¿Con qué justificación se retiraron las ayudas para cubrir el coste de mantener las adaptaciones de casas, tales como ascensores de escalera, montacargas para levantar a las personas de la cama, sistemas de llamadas de guardia y otros equipamientos para permitirles vivir independientemente? Ya no se harán reparaciones; se sucederán las caídas y las heridas. Y no será por cuestiones de costes: el gasto anual del fondo para todos los discapacitados necesitados de ayuda fue menor que una o dos primas de banqueros. Solo podría atribuirse a una cruda y utilitarista racionalización darwinista. ¡Estas personas no cuentan política o económicamente!

Supuestamente, el principal propósito —típicamente utilitarista, al apelar a una mayoría visible de «familias que trabajan duro»— ha sido el de controlar el gasto del «dinero de los contribuyentes». Para lograr el milagro, se ha establecido una compleja serie de procedimientos, que pretenden diferenciar entre los discapacitados que merecen y los que no merecen ayuda, cosa que ha costado mucho dinero de los contribuyentes. La propia estimación del fraude que hace el Gobierno es menor que el valor de los contratos concedidos a la empresa privada encargada de identificar a los gorrones, es decir, a aquellos que cometen la temeridad de decir que están discapacitados cuando no lo están. Todo el «ahorro» se ha hecho a costa de los discapacitados, haciendo más miserable y difícil la vida de personas de por sí ya desfavorecidas y vulnerables.

Debería combatirse con más fuerza el nuevo retrato del discapacitado. De lo contrario, aquellos con impedimentos seguirán perdiendo derechos sociales, económicos y culturales, serán empujados a una condición de mayor vulnerabilidad como residentes, y serán relegados a los estratos más bajos del precariado.

 

Pruebas de evaluación para la percepción de prestaciones El artículo 18 considera las pruebas de evaluación en general. Hay dos tipos de evaluación para reclamar prestaciones por discapacidad, uno médico-físico y el otro de condicionalidad laboral. El segundo es más objetable. Un enfoque basado en los derechos compensaría a los discapacitados por su mala suerte, permitiéndoles llevar una vida más digna. Pueden aspirar a hacer mucho más. Pero la condicionalidad de la prestación castiga, estigmatiza y está inevitablemente sujeta a errores que pueden conducir a que las personas sean erróneamente privadas de apoyo esencial. Es mucho mejor cometer errores del tipo II —compensar a una personas con discapacidad porque erróneamente se la consideró incapaz de trabajar— que errores del tipo II — dejar de compensar a alguien con discapacidad porque erróneamente se le consideró «apto para trabajar».

Para agravar la injusticia, en 2013 el Gobierno británico subió a más del doble la multa para las personas enfermas y discapacitadas categorizadas como «aptas para trabajar» que no tomaron parte, o rechazaron tomar parte, en actividades de trabajo. Perderán 71 libras a la semana —el 70 por ciento de su asignación semanal de empleo y apoyo (ESA)— frente a las 28,15 libras que perdían anteriormente. La política de sanciones la ejecutan burócratas y no respeta el proceso debido. Con todo, al arrebatar un derecho a alguien por el que todos deberíamos sentir compasión y empatía, se ha ignorado ese principio básico de justicia.

Debería animarse a los discapacitados a desempeñar un papel lo más activo posible en la sociedad. Pero con la imposición de condiciones no se anima a nadie. Y no deberíamos permitir que los utilitaristas pretendan que esto es lo que intentan hacer imponiendo la condicionalidad. Costaría menos tener simplemente una evaluación médica, y equivocarse por exceso de generosidad en vez de multiplicar las sanciones y las denegaciones de derechos y dignidad.

 

La injusticia de la austeridad

En lo tocante a los discapacitados, las políticas que se emprendieron en la era de la austeridad echaron por la borda los principios de justicia. Casi por definición están entre las personas más inseguras en la sociedad y perdieron más que nadie. En el Reino Unido, las prestaciones sociales sufrieron un recorte general. El sistema asistencial se ha hecho tan complejo que los discapacitados dependen de toda una serie de prestaciones, cada una con normas diferentes. Sufren recortes en todas ellas. Demos, un tanque de pensamiento, estimó que 3,7 millones de personas discapacitadas perderían un total de 28.000 millones de libras para 2018, y más de 200.000 sufrirían recortes en tres o más prestaciones simultáneamente. Con esto se conseguirá que haya más discapacitados endeudados y dependientes de la beneficencia, particularmente en la medida en que los servicios de ayuda están siendo recortados y los ayuntamientos están introduciendo cobros o copagos más altos por sus servicios de ayuda. Esto supone una profunda erosión de la renta social de las personas con discapacidad.

El Gobierno también ha hecho más restrictivas las normas que autorizan la percepción de prestaciones. Así, es más difícil conseguir la ESA que la asignación por discapacidad a la que sustituyó. Solo los enfermos que no tienen esposa o cuya esposa está desempleada pasarán la prueba para recibir pagos en dinero. Alguien casado con un trabajador con bajo salario no puede recibir prestación. Y las personas que solicitan la ESA ahora están sometidas a estresantes pruebas de «aptitud laboral» diseñadas para reducir el número de beneficiarios de prestaciones.

En todas estas reformas, se ha ignorado el principio de los derechos y no de caridad. Discrecionalmente los burócratas pueden negarles prestaciones a los discapacitados, sin proceso debido. Y pueden ser reclasificados como aptos para trabajar y obligados a participar en un plan de contraprestación laboral, el Programa de Trabajo, aunque el programa parezca no haber tenido efecto alguno en la probabilidad de que encuentren empleo.

 

La privatización de los servicios sociales

El Gobierno británico ha dado a empresas con ánimo de lucro el poder discrecional de determinar si alguien debería o no estar autorizado a recibir la prestación estatal. A un coste público gigantesco, el Gobierno ha privatizado de hecho la condicionalidad.

En su celo privatizador de servicios, el Gobierno del nuevo laborismo subcontrató los exámenes médicos de los solicitantes de prestaciones por incapacidad a una compañía francesa de tecnologías de la información, Atos Origin. Esta declaró rápidamente que tres cuartos de los solicitantes eran en realidad aptos para el trabajo. Una enorme cantidad de gente perdió prestaciones gracias a las evaluaciones de Atos. La mayoría no pudo pagarse una apelación; muchos estaban demasiado enfermos o incapacitados para hacerlo. Pero en algunas zonas hubo abogados que voluntariamente hicieron suyas las apelaciones, con un porcentaje de éxito de alrededor del 80 por ciento. Atos y el Gobierno habían negado a muchos discapacitados las prestaciones a las que tenían derecho.

Pese a su funesto registro, Atos ha seguido siendo el contratista preferido

del Gobierno. Ahora se le pagan 110 millones de libras al año por dirigir las pruebas de «evaluación de la capacidad laboral» (WCA)[21] para determinar la elegibilidad para la ESA, el nuevo subsidio de enfermedad y discapacidad. A quienes suspenden la prueba se les dice que en su lugar soliciten la asignación del buscador de empleo (que requiere que demuestren que están buscando trabajo y es un proceso que lleva semanas). Pueden apelar, pero eso puede llevar meses. Algunos se han suicidado cuando se les denegó la ESA. Otros han estado tan enfermos que han muerto antes de que pudiera resolverse su apelación.

Atos examina a unos 11.000 solicitantes por semana. Entre octubre de 2008, cuando se iniciaron las pruebas WCA, y febrero de 2012, el Departamento de Trabajo y Pensiones tomó más de 1.360.000 decisiones sobre solicitudes de la nueva ESA que procedía de una WCA, y encontró que 794.000 personas eran «aptas para trabajar». En 2012-2013, hubo 465.000 apelaciones contra decisiones de la ESA y el porcentaje de éxito fue de alrededor del 39 por ciento. De las apelaciones con éxito, el 60 por ciento habían dado cero puntos en la prueba de Atos, es decir, habían sido considerados plenamente aptos. Mientras tanto, el coste para el contribuyente de la actuación de los tribunales de apelación subió a 66 millones en 2012-2013. Pero, desde abril de 2013, ya se acabó la ayuda legal para los solicitantes de asignaciones asistenciales. Esto golpeará de forma particularmente dura a los discapacitados. Supone un nuevo golpe a sus derechos civiles y sociales.

Los diputados laboristas dijeron que estaban a favor de los objetivos, pero no de su puesta en marcha. Deberían haber criticado los objetivos. No era sincero decir, como hizo uno, que las pruebas tenían la intención de «ayudar a más personas a volver al trabajo». El objetivo principal era recortar el gasto; un objetivo secundario era obligar a más gente a buscar empleo. Lo que está mal es el paso de facilitar y alentar a persuadir y obligar. Ofrecer un servicio de sesiones de «actividad relacionada con el trabajo» no es lo mismo que pedir a la gente que asista a ellas so pena de perder prestaciones.

De forma perversa, Atos penaliza a quienes hacen un esfuerzo por superar impedimentos o a quienes estoicamente dicen que pueden hacer cosas que en la mayoría de los días no pueden hacer. Por ejemplo, la prueba de Atos pregunta, «¿Compra o cocina por sí mismo?». Una respuesta afirmativa reduciría la probabilidad de obtener una ESA. Pero la respuesta afirmativa podría significar que tienes que comprar y cocinar porque no hay nadie que te ayude, o que resueltamente lo haces aunque ello te deje exhausto.

Atos cobra por cada evaluación, pero no pierde nada si sus decisiones son revocadas en apelación. Esto es una licencia para obtener beneficios a expensas de los discapacitados. La compañía puede cometer errores con impunidad, sabiendo que el Gobierno pagará la factura. Mientras tanto, Atos toma el dinero del Gobierno para obligar a las personas con impedimentos a buscar empleos de bajo salario con miedo e inseguridad.

En 2012, el Gobierno concedió a Atos Healthcare otro contrato por valor de más de 400 millones de libras para evaluar la elegibilidad para el llamado pago de independencia personal (PIP) que sustituyó a la asignación por discapacidad (DLA) a partir de 2013. La DLA asignaba hasta 130 libras por semana para ayudar a las personas a cuidar de sí mismas, sobre todo en lo tocante a movilidad, mientras que el PIP supuestamente es para «ayudar a la gente a reincorporarse al trabajo». El objetivo explícito del Gobierno es recortar el gasto del PIP (y, por implicación, el número de los que reciben la prestación) en un 20 por ciento entre 2013 y 2016. Previamente, se había incrementado en un 30 por ciento el número de solicitudes de DLA entre 2002 y 2011, hasta los 3,2 millones.

Richard Hawkes, director general de una organización benéfica para los discapacitados, Scope, reaccionó con exasperación:

El Gobierno y Atos […] se han visto sometidos a una profunda crítica sobre cómo se está aplicando esta evaluación a las personas discapacitadas. Sin embargo, de aquí a menos de un año, las personas discapacitadas podrían tener que someterse en el mismo mes a dos evaluaciones con enormes lagunas para obtener el apoyo financiero esencial que necesitan para vivir su vida (Ramesh, 2012).

A raíz de las quejas sobre las pruebas de Atos, se hicieron algunas mejoras. Creció considerablemente el número de nuevos solicitantes que recibían la ESA. Pero la metodología todavía era injusta. Paul Farmer, el director de Mind, dijo de ella que tenía «grandes lagunas» por no reconocer adecuadamente el impacto de la salud mental sobre la capacidad para trabajar. Como dijo a The Guardian:

El sistema se basa en el supuesto de que hay que obligar a los solicitantes a volver a trabajar, en vez de ayudarlos en sus propios términos; y en que los que no están lo suficientemente bien como para reintegrarse al trabajo son percibidos de algún modo como parásitos. Estas actitudes solo sirven para perjudicar aún más la salud mental de los individuos e incrementar el tiempo transcurrido hasta que puedan estar listos para volver a trabajar (Gentleman, 2012).

En 2012, Citizens Advice gestionó más de 450.000 problemas con la ESA, un 54 por ciento más que en 2011, lo que indicaba que las deficiencias eran crónicas. Los discapacitados seguirán sufriendo errores del tipo I. Esto podría y debería ser corregido.

 

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Las contraprestaciones deberían estar claras. A cualquier empresa contratada por el Gobierno para dar servicios a los discapacitados debería exigírsele tener un triple compromiso, primero con los discapacitados, luego con el Gobierno y después con la sociedad, pues a todos nos interesa cómo se trata a los discapacitados. Nosotros podríamos ser los próximos. Si la empresa no ofrece servicios a sus verdaderos clientes —los discapacitados—, debería ser penalizada. Esa es la naturaleza de los contratos que se firman en el mercado. Si la empresa utiliza pruebas que resultan erróneas —catalogando equivocadamente a alguien como «apto para trabajar»— no solo debería haber cláusulas de penalización en el contrato sino que debería exigírsele a la empresa que compensara directamente a la persona discapacitada. Esa compensación debería ser sustancialmente mayor que el valor de la pérdida de la prestación.

Para los utilitaristas, los discapacitados son una minoría, así que es probable que haya poca contestación pública —y unos cuantos votos perdidos — ante los recortes en las prestaciones y los servicios sociales dedicados a ellos. En la era de la austeridad, las prestaciones para los discapacitados se han recortado más que otras, mientras se han bajado los impuestos a las rentas medias y altas y se han incrementado los subsidios. Esta combinación de políticas viola totalmente el principio de diferencia en seguridad, el de los derechos y no de caridad, y el de la prueba de paternalismo. Hay que restablecer los derechos de los discapacitados.

 

Artículo 20: ¡Erradicar ya la Contraprestación de trabajo!

La contraprestación de trabajo —el trabajo obligatorio como condición para la percepción de prestaciones— castiga al precariado y debería ser erradicado. Es injusto, aumenta la desigualdad, incrementa la inseguridad social y económica, cuesta más de lo que ahorra en términos de gasto público, socava el derecho al trabajo, estigmatiza en el momento y mucho después, es política y socialmente divisivo, y empeora

el mercado de trabajo y la situación económica de los demás. La contraprestación de trabajo privatizada es un fraude improductivo.

 

La contraprestación de trabajo significa esencialmente que se obliga a las personas a realizar un trabajo elegido por el Estado como condición para recibir prestaciones del Estado. También puede significar que se exige a los beneficiarios que hagan actividades relacionadas con el trabajo —buscar empleo, preparación de CV, cursos de formación— si no quieren perder la prestación. A menudo, se disfraza como «garantía de empleo».

La contraprestación de trabajo en sus diversas modalidades tiene una larga y desagradable historia. Puede remontarse a la ley de pobres inglesa de 1536, que se aplicaba a los «vagabundos robustos», y a la francesa Ordonnance de Moulins de 1556. Pero su precedente más infame era la Enmienda de 1834 a la ley de pobres inglesa, por la cual la asistencia se ceñía a los que supuestamente eran los pobres desesperados que la «merecían». Bajo estas leyes, cualquiera que pidiera ayuda tenía que aceptar trabajar en un asilo dirigido por la parroquia, que de acuerdo con los inspectores de la ley de pobres tenía que ser «el más duro capataz y el peor pagador». El trabajo tenía que ser peor que el realizado por trabajadores independientes para no competir con ellos. Para hacerlo aún más desagradable, en parte porque los asilos para pobres estaban saturados de gente, las autoridades también aplicaban una «prueba de trabajo al aire libre» para disuadir a los potenciales solicitantes.

Las medidas de 1834 se modificaron con la ley de trabajadores desempleados de 1905[22], por la cual los hombres desempleados eran dirigidos hacia el trabajo. Winston Churchill estaba entre los que estaban a favor de obligar a los pobres a estar «bajo control», según lo expresaba él mismo, en razón de que no debería permitírseles estar «ociosos». Por supuesto, nunca se dijo nada sobre los ricos ociosos.

 

Por qué la contraprestación de trabajo se hizo política dominante Durante gran parte del siglo XX, la práctica de obligar a la gente a trabajar se dejó en la trastienda, aunque siguió siendo parte de la ideología de la democracia cristiana, la socialdemocracia y el comunismo. Todos hacían hincapié, por diferentes razones, en que los pobres tenían el «deber de trabajar». Los primeros laboristas eran característicamente iliberales. Beatrice Webb defendía que se enviara a los desempleados de larga duración a campos de detención.

Sin embargo, el resurgimiento de la contraprestación de trabajo como política dominante era una consecuencia predecible de la estrategia neoliberal en la era de la globalización (Standing, 1990). Como la flexibilidad del mercado laboral redujo los salarios y erosionó las formas no salariales de remuneración para el precariado, las prestaciones públicas tendieron a subir como porcentaje de los salarios, lo que implicó una tasa creciente de sustitución de ingresos.

Según se muestra en el artículo 17, con el paso a la comprobación de medios, el incentivo del precariado para trabajar cayó casi a cero. En respuesta, presionados por agencias tales como el FMI y al OCDE, los gobiernos redujeron las prestaciones y las hicieron más difíciles de obtener y retener. Con eufemismos que habrían de convertirse en refranes comunes, los recortes fueron racionalizados diciendo que «hacían que trabajar compensara» con prestaciones «menos generosas». Pero los salarios siguieron cayendo. Así, con la misma lógica, las prestaciones tenían que recortarse más aún y hacerse todavía más difíciles de obtener. El resultado fueron trampas de la pobreza más profundas y un laberinto de trampas de la precariedad. Para los diseñadores de políticas con esta mentalidad, la única opción que quedaba era obligar a los desempleados y al precariado a trabajar a cambio de salarios muy bajos o incluso sin salario. El trabajo forzado era el final del camino del modelo neoliberal.

No obstante, tenía que haber una racionalización que legitimara el hecho de forzar a la gente a hacer algo contra su voluntad. Dicha racionalización se encontraba en la tradición cuasireligiosa o moralista de pensamiento político que enfatiza los deberes sociales y asume la estructura de clases tal cual es. Los pobres tienen el deber de trabajar para justificar que los ricos les proporcionen un sustento, de beneficencia. La Unión Soviética era la más religiosa, al poner en su Constitución la idea de que a quien no trabaje no se le permitirá comer. Pero la tradición católica y otras tradiciones religiosas apenas han sido menos sentenciosas.

 

El consenso utilitarista

Al cabo de tres décadas de reinterpretación del desempleo, hay consenso entre los socialdemócratas y los neoliberales a favor de la contraprestación de trabajo. Esto quedó bien reflejado en 1996 con la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajar del presidente Bill Clinton, que se basaba en las reformas del sistema asistencial que hicieron los republicanos en Wisconsin. Clinton dijo que quería «acabar con el sistema de bienestar tal como lo conocemos». Así, los beneficiarios de la asistencia social, en caso de ser cabezas de familia monoparental, estaban obligados a aceptar empleos de bajo salario al cabo de dos años, y nadie podía recibir ayuda asistencial durante más de cinco años a lo largo de la vida.

En el Reino Unido, el nuevo laborismo también se pasó a la contraprestación de trabajo. Y David Cameron, al convertirse en el líder conservador, expresó su admiración por el modelo de Wisconsin. En 2007, dijo en la conferencia del Partido Conservador: «Le diremos a la gente que si se te ofrece un empleo y es un empleo justo que puedes hacer, y lo rechazas, no deberías tener ninguna prestación asistencial».

Después de 2010, el Gobierno de coalición dio un paso más, con medidas de «experiencia laboral» obligatoria y con más circunstancias en las que los receptores de prestaciones pueden estar obligados a aceptar empleos. El planeado modelo de crédito universal agrupa la mayoría de las prestaciones en un solo pago, e impone exigencias más duras a los buscadores de empleo y sanciones de hasta tres años si no satisfacen las demandas de la Oficina de Empleo. En 2012, Boris Johnson, alcalde de Londres, anunció que utilizaría el dinero del Fondo Social Europeo para obligar a la gente de entre 18 y 24 años a hacer 13 semanas de trabajo no remunerado.

Lejos de contradecirle, el Partido Laborista ha pedido una «garantía de empleos obligatorios» que obligaría a los jóvenes desempleados durante un año o más, y a los desempleados de larga duración sin trabajo durante más de dos años, a aceptar un empleo con salario mínimo subvencionado por el Estado durante seis meses si no quieren perder las prestaciones. El entonces secretario en la sombra de Trabajo y Pensiones, Liam Byrne, escribió:

El Partido Laborista aseguraría que ningún adulto podrá vivir del subsidio de desempleo durante más de dos años y ninguna persona joven durante más de un año. Se les ofrecerá un empleo real con formación real, perspectivas reales y responsabilidad real […]. La gente tendrá que aprovechar esta oportunidad o perder la prestación (Byrne, 2013).

Ed Ballas, el ministro de Economía en la sombra, añadía:

Un enfoque nacional de la reforma del sistema de bienestar significa que el Gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a las personas a reincorporarse al trabajo y de ayudar a las que no pueden hacerlo. Pero a los que pueden trabajar debe exigírseles que acepten empleos o

que de lo contrario pierdan su prestación, sin peros que valgan (Balls, 2013).

Mientras los políticos han competido entre sí por ver quién es más «duro», cada vez más gente sufre la realidad del trabajo forzado o la amenaza del mismo. Desde que se introdujeron normas más estrictas en 2012, casi medio millón de desempleados ha sufrido sanciones por incumplir las condiciones de la prestación (lo que incluye no asistir a las citas de la Oficina de Empleo)

o ha renunciado a sus solicitudes. A muchos desempleados se les ha metido en colocaciones de cuatro semanas sin cobrar bajo el modelo de actividad obligatoria de trabajo (MWA)[23].

La contraprestación de trabajo se ha extendido a los discapacitados, y ha hecho que sean más los clasificados como aptos para trabajar. A algunos, puestos en el grupo de actividades relacionadas con el trabajo, se les puede exigir ahora que hagan trabajo no remunerado como «experiencia», o sufran un recorte de hasta el 70 por ciento de sus prestaciones. La incertidumbre hace a la gente temerosa. Un hombre con parálisis cerebral, metido en la actividad relacionada con el trabajo, dijo:

Podían llamarme el lunes y decir: «Vamos a ver, tiene que hacer

esto, esto y esto». Y si no lo hago, pueden sancionarme y eso me atemoriza […]. Me pone tan nervioso, que me pone físicamente enfermo (Malik, 2012).

 

Este es el tipo de sociedad que se está creando, basada en el miedo. Irónicamente, el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) ha descubierto que la MWA no tuvo efecto alguno en las oportunidades que tenía la gente de encontrar empleo. Así, meter a ese hombre y a miles como él en la MWA es una pérdida de tiempo y de «dinero del contribuyente». Es una política que no se basa en la economía sino en el dogma.

El siguiente grupo al que se apunta son los que están en empleos a tiempo parcial de bajo salario, o con contratos de cero horas, amenazados con la pérdida de prestaciones y créditos fiscales si no pueden probar que están buscando más horas de trabajo. Ya en 2013, el Gobierno puso más difícil la solicitud de créditos fiscales elevando el umbral de horas de trabajo (por debajo del cual no pueden reclamarse) de 16 a 24 horas a la semana para parejas con hijos. A medida que se aprietan las tuercas de la contraprestación de trabajo, surge la pregunta: ¿quién será el próximo? El salariado y la élite pueden encogerse de hombros con indiferencia, pero deberían reflexionar sobre la ética de lo que está pasando.

Así pues, consideremos la lógica de la contraprestación de trabajo. Quien la apoye, debería suscribir una o más de las siguientes ideas:

 

¿El deber de trabajar?

Los defensores de la contraprestación de trabajo suelen decir que todo el mundo tiene el deber de «trabajar» y que quien recibe prestaciones debe armonizar sus derechos con sus responsabilidades. Añaden palabras como «reciprocidad». Si hay un deber tal, debería ciertamente aplicarse a todos los que reciben prestaciones del Estado y debería ser un derecho igual, con los mismos costes impuestos sobre todos los obligados a hacerlo. Los que más utilizan la infraestructura y los servicios son la élite y el salariado. Por ello, deberían tener un mayor deber de corresponder. Pero el Estado no les exige que hagan el tipo de trabajo que impone al precariado.

A menos que sea un deber generalizado hacer trabajo social, ¿hay un deber absoluto de trabajar? ¿Por qué debería obligarse a nadie a trabajar para una empresa con ánimo de lucro por poco o ningún salario? Esto, o bien aumentaría sus beneficios, acrecentando así la renta de los ricos, o bien daría como resultado un trabajo de ningún valor económico. Si no tiene valor, entonces no puede haber ciertamente deber alguno de hacerlo. Si tiene valor, entonces la empresa debería pagar el precio de mercado.