Capítulo 15

Las empresas que se dedican a la minería del metal y afrontan costes de limpieza a menudo eluden esos gastos declarándose en quiebra y transfiriendo sus instalaciones a otras empresas controladas por los mismos

individuos. Uno de estos ejemplos es la mina de oro Zortman-Landusky de Montana, que mencionamos en el capítulo 1. Esta mina es explotada por Pegasus Gold Inc., una empresa canadiense. Cuando abrió en 1979, era la primera mina de oro a cielo abierto de envergadura de Estados Unidos, y la mina de oro más grande de Montana que utilizaba el método del filtrado de cianuro. La mina empezó a sufrir una larga serie de fugas y vertidos de cianuro y filtraciones de ácidos como consecuencia de que ni el gobierno federal ni el del estado de Montana exigieron que la empresa realizara pruebas de vertidos ácidos. En 1992, los inspectores del estado ya habían demostrado que la mina estaba contaminando los arroyos con ácido y metales pesados. En 1995, Pegasus Gold aceptó pagar 36 millones de dólares para liquidar todas las demandas judiciales del gobierno federal, el estado de Montana y las tribus indígenas de la zona. Por último, en 1998, cuando menos del 15 por ciento de la extensión de la mina había sido objeto de alguna labor de recuperación de superficie, el consejo de administración de Pegasus Gold aprobó conceder a sus miembros unas bonificaciones por un total superior a los cinco millones de dólares, transfirió las instalaciones útiles que le quedaban a Pegasus a una empresa de nueva creación, Apollo Gold, y a partir de ese momento Pegasus Gold se declaró en quiebra. (Al igual que la mayor parte de los directivos de las minas, los de Pegasus Gold no vivían en el curso bajo de las corrientes de agua procedentes de la mina Zortman-Landusky, y por tanto constituyen un buen ejemplo de elites aisladas de las consecuencias de sus actos, tal como se expuso en el capítulo 14.) Los gobiernos federal y estatal adoptaron entonces un plan de recuperación de superficie que ascendía a 52 millones de dólares, 30 de los cuales procederían del pago de 36 millones que había hecho Pegasus, mientras que los 22 millones restantes los pagarían los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, aquel plan de recuperación de superficie todavía no incluye los gastos de tratamiento de aguas a perpetuidad, que le costarán mucho más dinero al contribuyente. Resulta que cinco de las trece principales minas de metal de Montana, cuatro de ellas a cielo abierto que emplean el método de filtrado de cianuro (incluida la mina Zortman-Landusky), fueron propiedad de la empresa en quiebra Pegasus Gold Inc.; y diez de ellas exigirán realizar tratamiento de aguas a perpetuidad, con lo cual los costes de cierre y recuperación se incrementan en una cifra hasta cien veces superior a las estimaciones anteriores.

Una quiebra más cara para los contribuyentes fue la de una mina de oro de propiedad canadiense en Estados Unidos que empleaba el sistema de filtrado: la Galactic Resource's Summitvüle Mine, situada en una zona montañosa de Colorado que recibía anualmente unos diez metros de nieve.

En 1992, ocho años después de que el estado de Colorado hubiera extendido una licencia de explotación a Galactic Resources, la empresa se declaró en quiebra y cerró la mina antes de que transcurriera una semana de haberlo comunicado; dejó una enorme factura de impuestos locales sin pagar, despidió a sus empleados, detuvo las labores esenciales de atención al medio ambiente y abandonó el lugar. Algunos meses después, cuando comenzaron las nevadas invernales, las instalaciones de filtrado se desbordaron y esterilizaron con cianuro un tramo de casi treinta kilómetros del río Alamosa. Entonces se descubrió que el estado de Colorado había exigido una fianza económica de solo 4,5 millones de dólares a Galactic Resources como condición para otorgarle la licencia de explotación, pero que los costes de limpieza ascenderían a 180 millones de dólares. Después de que el gobierno ingresara otros 28 millones de dólares por la declaración de quiebra, a los contribuyentes todavía les quedaban por pagar 147,5

millones de dólares a través de la Agencia Estadounidense para la Protección del Medio Ambiente.

Como consecuencia de este tipo de experiencias, los gobiernos estatales y federal estadounidenses comenzaron finalmente a exigir que las compañías mineras del metal ofrecieran de antemano alguna forma de garantía económica de que habría dinero suficiente para la limpieza y recuperación en caso de que la propia compañía minera se negara a hacerlo o demostrara ser económicamente incapaz de pagar la limpieza. Por desgracia, esos costes en forma de seguros se basan por regla general en estimaciones de los costes de limpieza realizadas por la propia compañía minera, ya que los organismos administrativos carecen del tiempo, el conocimiento y los planos técnicos detallados de las minas, necesarios para realizar dicha estimación. En los muchos casos en que las compañías mineras no han limpiado y se ha obligado al gobierno a recurrir a ese seguro, los costes de limpieza reales han revelado ser hasta cien veces superiores a la estimación realizada por la compañía minera. Dado que la estimación procedía de la propia empresa, no es de extrañar que aquella realizara por regla general una estimación a la baja, puesto que no goza de

ningún incentivo económico ni sufre presión administrativa alguna para calcular la suma real. La garantía se ofrece de una de las tres formas siguientes: la modalidad más fiable es en forma de certificados de liquidez o cartas de crédito equivalentes; otra es una fianza que la compañía minera obtiene de una empresa de seguros a cambio de una prima anual; y la tercera es una “autogarantía” que manifieste que la compañía minera se compromete de buena fe a limpiar y que presenta sus instalaciones como aval de su promesa. Sin embargo, el frecuente incumplimiento de este tipo de compromisos ha demostrado que las auto garantías carecen de sentido.

De hecho, ya no son válidas para las minas situadas en terrenos federales, aunque todavía representan la mayor parte de las garantías que ofrecen las minas en Arizona y Nevada, los dos estados norteamericanos más tolerantes con la industria minera.

Los contribuyentes estadounidenses afrontan en la actualidad una deuda total que asciende a doce mil millones de dólares en gastos de limpieza y recuperación de terrenos ocupados por minas de metales. ¿Por qué esta deuda es tan grande cuando los gobiernos supuestamente han venido exigiendo garantías económicas que cubrieran los costes de limpieza? Parte de las dificultades son las ya mencionadas de que las compañías mineras estiman a la baja los costes de la garantía, y que los dos estados con mayor carga impositiva para los contribuyentes (Arizona y Nevada) aceptan autogarantías de las empresas y no exigen fianzas. Aun cuando en ocasiones exista una fianza insuficiente pero real ofrecida por una compañía de seguros, los contribuyentes deben enfrentarse a gastos suplementarios por razones que le resultarán familiares a cualquiera que haya tratado de cobrar de una compañía de seguros una cantidad importante derivada de un incendio en el hogar. Por regla general, la compañía de seguros reduce la cuantía que debe liquidar por la fianza mediante lo que, con un eufemismo, se denominan “negociaciones”; es decir: “Si no le satisface la oferta reducida que le hacemos, debe correr con los gastos de contratar abogados y esperar cinco años a que los tribunales resuelvan el caso”. (Un amigo mío sufrió un incendio en su casa y vivió un infierno durante todo un año con este tipo de negociaciones.) En este caso, la compañía de seguros abona la cantidad contratada o negociada años después, cuando la limpieza o recuperación se llevan a cabo. Pero el acuerdo no contiene ninguna cláusula acerca del inevitable aumento de los costes debido al paso del tiempo.

Además, no solo se declaran en quiebra las empresas mineras, sino a veces también las compañías de seguros afectadas por grandes responsabilidades.

De las minas que plantean en Estados Unidos las diez responsabilidades más cuantiosas para los contribuyentes (que ascienden a la mitad de la suma total de doce mil millones de dólares), dos son propiedad de una compañía minera al borde de la quiebra (ASARCO, cuya deuda representa alrededor de mil millones de dólares), otras seis son propiedad de empresas con una trayectoria particularmente renuente a cumplir con sus obligaciones, y solo dos son propiedad de empresas menos renuentes; las diez pueden producir vertidos ácidos y quizá exijan llevar a cabo tratamientos de aguas durante mucho tiempo o a perpetuidad.

Dado que siempre se hace pagar a los contribuyentes, no es de extrañar que en Montana y algunos otros estados se haya recrudecido la opinión pública contraria a la minería. El futuro de la minería del metal en Estados Unidos es sombrío, a excepción de las minas de oro de Nevada (donde no existe regulación al respecto) y las minas de platino y paladio de Montana (un caso especial al que me referiré con amplitud más abajo). Hoy día, solo cursan carreras relacionadas con la minería la cuarta parte de los estudiantes universitarios estadounidenses que lo hacían en 1938 (únicamente 578

estudiantes en todo Estados Unidos), a pesar del crecimiento explosivo que ha experimentado la población universitaria en los años transcurridos desde entonces. Desde 1995, la oposición pública a este sector ha ido obteniendo cada vez más éxitos en Estados Unidos a la hora de bloquear propuestas de minas, y la industria minera ya no puede confiar en que los grupos de presión o los legisladores que simpatizan con estos eleven sus propuestas.

La industria minera del metal constituye un ejemplo excelente de cómo un negocio que promueve sus propios intereses a corto plazo por encima de los del público revela ser a largo plazo contraproducente y conduce el sector a la extinción.

Este triste desenlace resulta en un principio sorprendente. Al igual que la industria petrolera, a la industria de la minería del metal también le interesa beneficiarse de las políticas medioambientales limpias, de la reducción de costes laborales derivados de una mayor satisfacción profesional entre sus empleados (menor renovación de plantilla y absentismo laboral), de la reducción de costes para la salud, de créditos bancarios y pólizas de seguros más baratas, de una mayor aceptación por

parte de la comunidad, de un menor riesgo de bloqueo de proyectos por parte de la opinión pública y del inferior coste relativo de instalar tecnologías de vanguardia al principio de un proyecto en lugar de tener que reformar viejas tecnologías a medida que los criterios medioambientales se vuelven más estrictos. ¿Cómo pudo la industria de la minería del metal haber adoptado una conducta tan autodestructiva, sobre todo cuando las industrias del petróleo y del carbón han afrontado problemas similares y no se han colocado al borde de la extinción? La respuesta tiene que ver con tres conjuntos de factores que mencioné anteriormente: la economía, las actitudes de la industria minera y las actitudes de la sociedad.

Algunos de los factores económicos que hacen más insoportables los costes de limpieza y recuperación del medio ambiente para la industria de la minería del metal que para la industria petrolera (e incluso la del carbón) son los menores y más impredecibles márgenes de beneficio, los superiores costes de limpieza, los problemas de contaminación más insidiosos y duraderos, la menor capacidad para cargar todos estos costes sobre los consumidores, el inferior capital con el que absorber dichos costes y una fuerza de trabajo diferente. Para empezar, aunque algunas compañías son más rentables que otras, la industria en su conjunto opera con unos márgenes de beneficio tan reducidos que su tasa media de beneficios en los últimos 25 años ni siquiera ha servido para amortizar los gastos de capital inicial. Es decir, si un consejero delegado de una compañía minera que hubiera ahorrado 1.000 dólares los hubiera invertido en 1979, para el año 2000 esa inversión habría aumentado solo hasta los 2.220 dólares si los hubiera depositado en acciones de la industria del acero, a 1.530 dólares si los hubiera invertido en acciones de otros sectores de la industria del metal que no fueran los del hierro y el acero, y a solo 590 dólares si los hubiera invertido en acciones de una mina de oro (lo cual representaría una pérdida neta incluso sin tener en cuenta la inflación), pero ascendería a 9.320

dólares si los hubiera invertido en un fondo de inversiones medio. ¡Si trabajas en la industria minera, no es rentable invertir en tu propio sector!

Incluso estos beneficios tan mediocres son impredecibles tanto en lo que se refiere a una mina concreta como a la industria en su conjunto. Si bien un pozo petrolífero concreto de un campo de rentabilidad comprobada puede resultar estar seco, las reservas y la calidad del petróleo de todo un campo petrolífero suelen ser bastante predecibles de antemano. Pero la

calidad de una veta de metal (es decir, el contenido de metal y, por tanto, su rentabilidad) a menudo varía impredeciblemente a medida que uno va excavando la reserva de la veta. La mitad de todas las minas que se explotan se revelan poco rentables. Los beneficios medios de todo el sector minero son también impredecibles, ya que el precio de los metales tiene fama de ser muy volátil y fluctuar en todo el mundo junto con los precios de los demás artículos, pero en un grado mucho mayor que los precios del petróleo y el carbón. Las razones de esta volatilidad son complejas, pero algunas de ellas son las siguientes: el menor volumen y las pequeñas cantidades de metal que se consumen en relación con las de petróleo o carbón (que hacen que los metales sean más fáciles de almacenar); nuestra percepción de que siempre nos hace falta petróleo y carbón, pero de que el oro y la plata son artículos de lujo prescindibles durante una época de recesión; y el hecho de que las fluctuaciones del precio del oro responden a factores que no tienen nada que ver con la oferta y la demanda industrial de oro, sino a que, por ejemplo, los especuladores o los inversores compren oro cuando no se fíen del mercado de valores o a que los gobiernos vendan sus reservas de oro.

Las minas de las que se extraen metales producen muchos más residuos que los pozos petrolíferos, lo cual acarrea unos costes de limpieza muy superiores. Los residuos que se extraen de un pozo petrolífero, y de los que hay que deshacerse, son en su mayoría solo agua; por regla general en una proporción de residuo con respecto al petróleo de 1 a 1 o no muy superior.

Si no fuera por las carreteras de acceso y los vertidos de petróleo ocasionales, la extracción de petróleo y gas produciría muy poco impacto ambiental. A diferencia de ello, los metales constituyen únicamente una pequeña parte de lo que contiene una veta, lo cual a su vez constituye únicamente una pequeña parte de los escombros que hay que arrancar para extraer la mena. Esto provoca que la proporción de residuos en relación con el metal suela ser de 400 a 1 en una mina de cobre y de 5.000.000 a 1 en una mina de oro. Se trata de una cantidad de residuos inmensa que las compañías mineras tienen que limpiar. Los problemas de contaminación son más insidiosos y mucho más duraderos en el caso de la industria de la minería que en la petrolera.

Los problemas de contaminación petrolífera se derivan sobre todo de los vertidos inmediatos y visibles, muchos de los cuales pueden evitarse

mediante un mantenimiento e inspección cuidadosos y un diseño de construcción avanzado (como los petroleros de doble casco en lugar de los monocasco). De manera que los vertidos de petróleo que todavía se producen en la actualidad se deben en su mayoría a errores humanos (como el accidente del petrolero EXXon Valdez), que a su vez pueden minimizarse mediante procesos de formación más rigurosos. Los vertidos de petróleo suelen desaparecer al cabo de unos cuantos años o menos, y el petróleo acaba degradándose de forma natural. Aunque de vez en cuando los problemas de contaminación de las minas también adoptan la forma de una especie de rápida y ostensible taquicardia que matara repentinamente a montones de peces o aves (como el desbordamiento de cianuro que ocasionó la muerte a muchos peces en la mina de Surnmitville), es más habitual que adopten la forma de filtración crónica pero invisible de metales y ácidos tóxicos que no se degradan de forma natural, continúan filtrándose durante siglos y debilitan paulatinamente a la población, en lugar de ocasionar una súbita acumulación de cadáveres. Las presas hechas con escoria y otras medidas de contención de los vertidos de las minas continúan sufriendo unas elevadas tasas de rotura.

Al igual que el carbón, el petróleo es un material voluminoso que podemos ver. El indicador del surtidor de petróleo muestra cuántos litros acabamos de comprar. Sabemos para qué se usa, lo consideramos esencial, hemos vivido y sufrido los inconvenientes de su escasez, tememos que pueda volver a escasear, agradecemos en el fondo poder conseguir gasolina para nuestros coches y no somos demasiado reacios a pagar precios más altos. De ahí que la industria del petróleo y la del carbón hayan conseguido que los consumidores carguen con sus costes de limpieza medioambiental.

Pero los metales que no son el hierro (en forma de acero) se utilizan en su mayor parte para pequeñas piezas invisibles del interior de nuestros coches, teléfonos y demás equipamientos. (Responda rápidamente sin mirar la respuesta en una enciclopedia: ¿dónde utiliza usted el cobre y el paladio y cuántos kilos de cada uno había en total en los artículos que compró usted el año pasado?) Si los crecientes costes ambientales de la minería del cobre y el paladio tendieran a incrementar el precio de su coche, usted no diría:

“Claro, estoy dispuesto a pagar otro dólar por kilo de cobre y paladio siempre que pueda seguir comprándome un coche este año”. Por el contrario, usted compara precios para mejorar las condiciones de compra de

un coche. Tanto los intermediarios del cobre y el paladio como los fabricantes de automóviles saben cómo se siente usted y presionan a las compañías mineras para que no suban los precios. Esto dificulta que una compañía minera haga recaer en otros sus costes de limpieza.

Las compañías mineras disponen de mucho menos capital para absorber los costes de limpieza que las compañías petroleras. Tanto la industria petrolera como la de la minería del metal se enfrentan a los denominados

“problemas heredados”, que suponen cargar con los costes de un siglo de prácticas medioambientales nocivas anteriores al reciente despertar de la conciencia medioambiental. Según datos del año 2001, para hacer frente a esos costes la capitalización total del conjunto de la industria minera era solo de 250.000 millones de dólares, y solo las tres empresas más grandes de este sector (Alcoa, BHP y Rio Tinto) estaban capitalizadas con 25.000

millones de dólares cada una. Pero la capitalización de las empresas líderes de otros sectores -los almacenes WalMart, Microsoft, Cisco, Pfizer, Citigroup, EXXon-Mobil y otras- asciende a 250.000 millones de dólares cada una, y solo la de General Electric asciende a 470.000 millones de dólares (casi el doble que la cifra del conjunto de la industria minera). De ahí que esos problemas heredados constituyan una carga relativa mayor sobre la industria de la minería del metal que sobre la industria petrolera.

Por ejemplo, Phelps-Dodge Corporation, la compañía minera estadounidense más grande que queda, se enfrenta a reclamaciones y a sanciones de cierre de sus minas por un valor total de unos 2.000 millones de dólares, lo cual equivale a toda su capitalización mercantil. Todas las instalaciones de la compañía representan únicamente unos 8.000 millones de dólares, y la mayor parte de ellas se encuentran en Chile y no se pueden utilizar para pagar costes en Norteamérica. A diferencia de ello, la compañía petrolera ARCO, que heredó la responsabilidad de pagar 1.000

millones de dólares o más por las minas de cobre de Butte cuando compró la Anaconda Cooper Mining Company, disponía de instalaciones en Norteamérica por un valor superior a 20.000 millones de dólares. Este cruel factor económico contribuye por sí solo a explicar en gran medida por qué Phelps-Dodge ha sido mucho más reacia a limpiar la mina que ARCO.

Así pues, hay muchas razones económicas por las que pagar los costes de limpieza resulta mucho más gravoso económicamente para las compañías mineras que para las petroleras. A corto plazo, es más barato que

una compañía minera pague simplemente a grupos de presión para que insistan en que la normativa sea menos estricta. Dadas las actitudes de la sociedad y la legislación vigente, esa estrategia funcionó… hasta hace poco.

La falta de incentivos económicos se ve agudizada por unas actitudes y una cultura empresarial que han pasado a ser tradicionales en el sector de la minería del metal. A lo largo de la historia de Estados Unidos, y de forma análoga también en Sudáfrica y Australia, el gobierno fomentó la minería como herramienta para favorecer la colonización del oeste. De ahí que la industria minera evolucionara en Estados Unidos con un exacerbado sentimiento de propiedad, una fe ciega en que estaba por encima de todas las normas y cierta consideración de sí misma como la salvación del oeste; lo cual ilustra el problema de los valores que han sobrevivido a su funcionalidad, tal como analizamos en el capítulo anterior. Los directivos de las minas responden a las críticas ecologistas con homilías acerca de cómo sin minería no existiría la civilización, y cómo una mayor regulación significaría menos minería y, por ende, menos civilización. La civilización, tal como la conocemos, sería imposible sin petróleo, alimentos agrícolas, madera o libros; pero ni los directivos de la industria petrolera, ni los agricultores, ni los leñadores, ni los editores se aferran, sin embargo, a ese fundamentalismo pseudorreligioso de los ejecutivos de las minas: “Dios depositó ahí esos metales por el bien de la humanidad, para que los extrajéramos”. El consejero delegado y la mayoría de los altos cargos de una de las principales compañías mineras estadounidenses pertenecen a una iglesia que predica el próximo advenimiento de Dios sobre la Tierra, de ahí que si podemos posponer solo otros cinco o diez años las demandas sobre esos terrenos, entonces serán irrelevantes por completo. Mis amigos del sector de la minería han utilizado muchas expresiones pintorescas para calificar las actitudes dominantes: “Actitud de expolio y huida”,

“mentalidad capitalista sin escrúpulos”, “heroica contienda de acoso y derribo de la naturaleza por parte del hombre”, “los empresarios más conservadores que he conocido jamás” y “actitud especulativa de que una mina sirve para dejar que sus directivos jueguen a los dados y se enriquezcan atacando la veta madre, en lugar de aplicar el lema de las compañías petroleras que revalorizan las instalaciones de los accionistas”.

Por regla general, la industria minera responde a las reclamaciones derivadas de los problemas de toxicidad de las minas negando los hechos.

Nadie en el sector petrolero negaría hoy día que los vertidos de petróleo son perjudiciales; pero los ejecutivos del sector minero sí niegan los perjuicios que ocasionan los vertidos de metales y ácido.

Además de la economía y las actitudes de las empresas, el tercer factor subyacente a las prácticas medioambientales de la industria minera son las actitudes de nuestro gobierno y nuestra sociedad, que permiten que la industria continúe manteniendo esas actitudes. La ley federal general que regula la minería en Estados Unidos es todavía la Ley General de Minería aprobada en 1872. Esta ley garantiza ayudas masivas a las compañías mineras, como, por ejemplo, 1.000 millones de dólares anuales para no pagar derechos por los minerales de terrenos de titularidad pública, un uso ilimitado de terrenos públicos para verter en algunos de ellos residuos de la mina, así como otras ayudas que les cuestan a los contribuyentes 250

millones de dólares anuales. La normativa específica adoptada por el gobierno federal en 1980, denominada “normativa 3.809”, no exigía que las compañías mineras ofrecieran garantías económicas de que podían asumir los costes de limpieza, y no definía de forma adecuada cómo proceder en caso de reclamaciones y cierre. En el año 2000, la administración saliente de Clinton propuso regular el sector minero para que cumpliera con esos objetivos y, al mismo tiempo, se eliminaran también las autogarantías empresariales de solvencia económica. Pero en octubre de 2001 una proposición de la administración entrante de Bush suprimió casi todas estas propuestas salvo la de continuar exigiendo garantías económicas, una exigencia que, en cualquier caso, carece de sentido si no se definen las posibles reclamaciones y los costes de limpieza que deben atender las garantías económicas.

Resulta curioso que nuestra sociedad haya hecho responsable de los daños a la industria minera. Las leyes, las normativas reguladoras y la voluntad política de perseguir a los infractores del sector minero han estado ausentes. Durante mucho tiempo, el gobierno del estado de Montana fue famoso por su deferencia hacia los grupos de presión del sector minero, y los gobiernos de los estados de Arizona y Nevada todavía lo son. Por ejemplo, el estado de Nuevo México estimó los costes de reclamación de la mina de cobre de Chino, propiedad de Phelps-Dodge Corporation, en 780

millones de dólares; pero después redujo esa estimación a 391 millones de dólares tras las presiones políticas de Phelps-Dodge. Cuando tanto la

opinión pública como el gobierno estadounidenses exigen tan poco a la industria minera, ¿por qué debería sorprendernos que el propio sector se preste poco a hacerlo?

La descripción que he hecho hasta el momento de la minería del metal puede haber producido la falsa impresión de que el sector minero es, en general, monolíticamente uniforme en lo que respecta a sus actitudes. Esto, claro está, no es cierto; y resulta aleccionador analizar las razones por las que algunas empresas del sector de la minería del metal u otras vinculadas a él han adoptado o tenido en cuenta políticas más limpias. Mencionaré de forma sucinta media docena de estos casos: la minería del carbón, la situación actual de las instalaciones de la Anaconda Copper Company en Montana, las minas de platino y paladio de Montana, la reciente iniciativa MMSD, Rio Tinto y DuPont.

La minería del carbón se parece a la minería del metal, más incluso que la industria petrolera, por cuanto es inevitable que su funcionamiento origine impactos ambientales superficiales importantes. Las minas de carbón suelen causar aún más trastornos en este sentido que las minas de metal, ya que la cantidad de carbón que se extrae anualmente es relativamente grande: más del triple del volumen total de los metales extraídos de las minas de metales. Así pues, las minas de carbón suelen alterar una extensión superior, y en algunos casos despojan al terreno de todo el suelo para llegar al lecho de roca y vierten las cimas de esas elevaciones en los ríos. Por otra parte, el carbón se da en filones puros de hasta trescientos metros de espesor que se extienden a lo largo de kilómetros, de modo que la proporción de residuos vertidos en relación con el producto extraído solo es de 1 a 1 en una mina de carbón, mucho menor que las ya mencionadas proporciones de 400 a 1 en las minas de cobre y 5.000.000 a 1 en las minas de oro.

El fatídico desastre de Buffalo Creek, producido en una mina de carbón estadounidense en 1972, sirvió de aviso para el sector del carbón, en gran medida como las catástrofes del EXXon Valdez y de la plataforma petrolera del mar del Norte lo fueron para la industria petrolera. Aunque el sector de la minería del metal ha sido responsable con su parte alícuota de catástrofes en el Tercer Mundo, dichas catástrofes se han producido demasiado lejos de la vista de la opinión pública del Primer Mundo como para haber ejercido una función de aviso comparable. Estimulado por el caso de Buffalo Creek,

el gobierno federal estadounidense de las décadas de 1970 y 1980 implantó para las minas de carbón una normativa más estricta y exigió planes de explotación y garantías económicas más rigurosas que para la minería del metal.

La respuesta inicial del sector del carbón ante aquellas iniciativas gubernamentales fue augurar una catástrofe para la industria, pero veinte años más tarde aquello ya se ha olvidado y la industria del carbón ha aprendido a vivir con esa nueva normativa. (Por supuesto, ello no significa que la industria sea plenamente virtuosa, sino solo que está más regulada que hace veinte años.) Una razón de ello es que muchas minas de carbón (aunque sin duda no todas) no se encuentran en las hermosas montañas de Montana, sino en tierras llanas no muy valiosas por otras razones, de modo que la recuperación es económicamente viable. A diferencia del sector de la minería del metal, la industria del carbón a menudo recupera ahora las zonas de extracción al cabo de uno o dos años de haber cesado sus actividades. Otra razón puede ser que el carbón (al igual que el petróleo, pero a diferencia del oro) se percibe como un artículo indispensable en nuestra sociedad, y que todos sabemos cómo utilizamos el carbón y el petróleo pero muy pocos de nosotros sabemos para qué se utiliza el cobre.

De modo que la industria del carbón ha conseguido que el incremento de esos costes ambientales repercuta en los consumidores.

Otro factor adicional responsable de la respuesta de la industria minera del carbón es que las cadenas de distribución de carbón son por regla general cortas y transparentes, y que en ellas el carbón se envía directamente, o a través de solo un intermediario, a las plantas de producción de electricidad, acero y demás consumidores principales del mismo. Eso facilita que la opinión pública averigüe si algún consumidor concreto de carbón está obteniéndolo de una empresa minera gestionada de forma limpia o no. La cadena de distribución del petróleo es aún más corta en cuanto al número de entidades empresariales, aun cuando en ocasiones sea muy larga en lo que se refiere a distancias geográficas: las grandes compañías petroleras como Chevron Texaco, EXXon Mobil, Shell y BP, venden a los consumidores el combustible en estaciones de servicio, con lo cual permiten que los consumidores disgustados por la catástrofe del EXXon Valdez boicoteen las estaciones de servicio que venden combustible de EXXon. Pero el oro llega desde la mina al consumidor atravesando una

larga cadena de distribución de la que forman parte refinadores, almacenes, fabricantes de joyas que se encuentran en la India y mayoristas antes de llegar a una joyería de venta al detalle. Eche un vistazo a su anillo de compromiso: no tiene la menor idea de la procedencia de ese oro, si se extrajo el año pasado o estuvo almacenado durante los últimos veinte años, ni qué compañía lo extrajo y cuáles eran sus prácticas medioambientales.

Con el cobre la situación es aún más oscura: hay un paso intermedio adicional en las fundiciones, y ni siquiera somos conscientes de que estamos comprando algo hecho de cobre cuando adquirimos un coche o un teléfono. Esa larga cadena de distribución impide que las compañías mineras del cobre y del oro puedan contar con la voluntad del consumidor para costear unas prácticas más limpias en las minas.

Entre las minas de Montana que ostentan algún legado de perjuicios medioambientales, las que más han avanzado en el pago de los costes de limpieza son las antiguas propiedades de la Anaconda Copper Mining Company, situadas en las inmediaciones del curso bajo del río Butte. La razón es sencilla: Anaconda fue adquirida por la gran compañía petrolera ARCO, que a su vez fue adquirida por la aún mayor compañía petrolera BP

(British Petroleum). Lo que con mayor claridad ilustra el resultado son los diferentes enfoques dados a la degradación medioambiental por parte de la industria minera del metal y la industria petrolera: idénticas propiedades mineras con diferentes propietarios. Cuando descubrieron los trastornos que habían heredado, primero ARCO y después BP decidieron finalmente que servirían mejor a sus intereses si trataban de dejar atrás los problemas en lugar de eludir toda responsabilidad. Eso no quiere decir que ARCO y BP

hayan mostrado entusiasmo alguno por tener que gastarse centenares de millones de dólares. También probaron suerte con las habituales estrategias de resistencia, como negar la realidad de los efectos tóxicos, financiar grupos de apoyo locales para que defendieran su posición, proponer soluciones más baratas que las propuestas por el gobierno, etcétera. Pero al menos han gastado grandes sumas de dinero, se han resignado evidentemente a gastar más, son demasiado grandes como para tener que declararse en quiebra solo por sus minas de Montana, y están más interesadas en resolver los problemas que en posponerlos de forma indefinida.

La otra zona que resplandece un poco en la fotografía de la minería de Montana son dos minas de platino y paladio propiedad de Stillwater Mining Company. La empresa alcanzó acuerdos de buena vecindad con los grupos ecologistas locales (el único acuerdo de este tipo alcanzado por una compañía minera de Estados Unidos), financió a estos grupos, les permite acceder a su zona de explotación, exigió a la organización ecologista Trout Unlimited (para asombro de esta última) que realizara el seguimiento de los efectos de sus minas sobre las poblaciones de truchas del río Boulder, y estableció acuerdos a largo plazo con las comunidades circundantes en cuestiones relativas a empleo, electricidad, educación y servicios ciudadanos… todo ello a cambio de que los ecologistas y los ciudadanos del lugar no se opusieran a Stillwater. Parece obvio que este tratado de paz entre Stillwater, los ecologistas y la comunidad beneficia a todos los implicados. ¿Cómo podemos explicar el sorprendente hecho de que, de todas las compañías mineras de Montana, solo StiLlwater llegara a esta conclusión?

A ello contribuyeron varios factores. Stillwater es propietaria de unas reservas de un valor excepcional: se trata de las únicas reservas importantes de platino y paladio (gran parte de los cuales se utilizan en la industria química y la de automoción) que se encuentran fuera de Sudáfrica. La reserva tiene tal espesor que se espera que dure un siglo, o quizá mucho más; esto favorece la adopción de una perspectiva a largo plazo, en lugar de la habitual actitud de expolio y huida. La mina es subterránea, y por tanto presenta un menor número de problemas de impacto en la superficie que una mina a cielo abierto. El contenido de sulfuro de sus vetas es relativamente bajo, y la mayor parte de ese sulfuro se extrae con el producto, de manera que los problemas de vertidos de ácido sulfhídrico se reducen y es más barato mitigar el impacto ambiental que en las minas de cobre y oro de Montana. En 1999 la empresa incorporó a un nuevo consejero delegado, Bill Nettles, que procedía de la industria de la automoción (el sector que más productos de la minería consume) en lugar de ser alguien que tuviera antecedentes en la minería más tradicional; de modo que era alguien que no heredaba las actitudes habituales del sector minero, sino que, por el contrario, reconocía los atroces problemas de relaciones públicas que aquejaban al sector minero y estaba interesado en encontrar nuevas soluciones a largo plazo. Por último, en la época en que

los altos cargos de Stillwater alcanzaron algunos de los acuerdos mencionados (en el año 2000), temían que el candidato favorable al ecologismo, Al Gore, ganara las elecciones presidenciales estadounidenses y que algún candidato contrario a las empresas ganara las elecciones a gobernador de Montana, y por tanto los acuerdos de buena vecindad brindaban a los directivos de Stillwater su mejor oportunidad de obtener un futuro estable. En otras palabras, negociando acuerdos de buena vecindad los ejecutivos de Stillwater perseguían lo que, según su percepción, eran los intereses de la empresa, mientras que la mayor parte de las demás grandes compañías mineras estadounidenses han perseguido lo que, según ellos, eran los intereses de sus empresas negando su responsabilidad, contratando grupos de presión para que se opusieran a la normativa gubernamental y recurriendo en última instancia a la declaración de quiebra.

En 1998 los altos ejecutivos de algunas de las multinacionales mineras más grandes del mundo acabaron no obstante preocupándose porque en todo el mundo el sector estaba “perdiendo el respaldo social para continuar operando”, tal como reza su propia expresión. Emprendieron una iniciativa denominada “proyecto MMSD”, Mining Minerals and Sustainable Development (Extracción de Minerales y Desarrollo Sostenible), pusieron en marcha una serie de estudios sobre minería sostenible, reclutaron a un famoso ecologista (el presidente de National Wildlife Federation) como director de la iniciativa y trataron sin éxito de involucrar a la comunidad ecologista en su conjunto, la cual se negó debido a su tradicional indignación ante las compañías mineras. En el año 2002 el estudio formuló una serie de recomendaciones, pero entonces, por desgracia, la mayor parte de las compañías mineras implicadas se negaron a implantarlas.

La excepción es el gigante minero británico Rio Tinto, que decidió dar un paso adelante, por iniciativa propia, aplicando algunas de estas recomendaciones bajo las presiones de un consejero delegado con mucha influencia y de los accionistas británicos, y consumido por el recuerdo de haber sido propietario de la mina de cobre de Panguna en Bougainville, cuyos destrozos medioambientales acabaron resultando tan catastróficamente caros para la empresa. Al igual que Chevron Oil Company cimentó su trato con el gobierno noruego, Rio Tinto también previo las ventajas empresariales de ser considerada una industria líder en lo que a responsabilidad social se refiere. Su mina de bórax en el valle de la

Muerte de California es ahora quizá la mina explotada de forma más limpia en Estados Unidos. Una recompensa que Rio Tinto ya ha obtenido es que cuando Tiffany & Co., impaciente por eludir el riesgo de que los ecologistas se manifestaran frente a sus joyerías con carteles sobre los vertidos de cianuro y los peces muertos ocasionados por la minería de oro, decidió enfatizar las consideraciones medioambientales seleccionando una compañía minera a la que premiar con un contrato de suministro de oro, escogió Rio Tinto debido a la creciente fama de limpieza de esta última.

Algunos otros motivos de Tiffany eran precisamente algunas de las mismas consideraciones que ya mencioné que motivaron a Chevron-Texaco: crear una muy buena imagen para su marca, mantener una fuerza de trabajo motivada y de alto calibre y la propia filosofía de los directivos de la compañía.

El último ejemplo instructivo que nos queda es el de DuPont Company, con sede en Estados Unidos: se trata del principal comprador del mundo de metal y compuestos de titanio, que se emplean, entre otros fines, en la fabricación de pinturas, motores de avión, aviones de alta velocidad y vehículos espaciales. Gran parte del titanio se extrae de la arena de playa australiana rica en rutilo, un mineral compuesto por dióxido de titanio casi puro. DuPont es una empresa manufacturera, no una compañía minera, y por tanto compra el rutilo a las compañías mineras australianas. Sin embargo, DuPont pone su nombre a todos sus productos, incluidas las pinturas para el hogar hechas a base de titanio, y no quiere que sus productos adquieran mala fama simplemente porque quienes la abastecen de titanio encienden la cólera de los consumidores mediante prácticas poco limpias. Así que DuPont, en colaboración con grupos de defensa del interés público, ha establecido acuerdos con los compradores y códigos de responsabilidad de los proveedores, que impone a todos aquellos que le suministran titanio australiano.

Estos dos ejemplos que afectan a Tiffany y a DuPont ilustran un aspecto importante. Los consumidores ejercen de forma colectiva alguna influencia sobre las compañías petroleras y (en menor grado) sobre las compañías mineras de carbón, ya que el público compra combustible directamente a las empresas petroleras y electricidad a las empresas productoras de la misma que adquieren el carbón. Por tanto, los consumidores saben a quién avergonzar o boicotear en caso de que se produzca un vertido de petróleo o

un accidente en una mina de carbón. Sin embargo, los consumidores están ocho pasos más allá de las compañías mineras de metales que extraen los minerales, con lo cual ejercer un boicot directo sobre una compañía minera se convierte en algo prácticamente imposible. En el caso del cobre, ni siquiera sería viable realizar un boicot indirecto de productos que contengan cobre, ya que la mayor parte de los consumidores no saben cuáles de los artículos que compran son los que contienen pequeñas cantidades de este metal. Pero los consumidores sí tienen capacidad de influencia sobre Tiffany, DuPont y otros minoristas que compran metales y disponen de la capacidad técnica de discriminar las minas limpias de las sucias. Veremos que la capacidad de influencia del consumidor sobre los minoristas que adquieren productos para venderlos ya ha empezado a ser un medio efectivo con el que los consumidores pueden influir en los sectores maderero y pesquero. Los grupos ecologistas están empezando a aplicar esta misma táctica a la industria de la minería del metal, enfrentándose a los compradores de metal en lugar de a las propias minas de extracción de metales.

Las garantías medioambientales, la limpieza y la recuperación acarrean gastos, al menos a corto plazo, a las compañías mineras que las adopten, con independencia de si la normativa del gobierno o la actitud de la opinión pública aseguran que estas garantías sirven para que las empresas ahorren dinero a largo plazo. ¿Quién debería pagar esos costes? Cuando la limpieza se debe a destrozos que las compañías mineras han causado en el pasado al amparo de una legislación gubernamental débil, a la opinión pública no le queda otra opción que pagar los gastos a través de los impuestos, aun cuando nos irrite pagar por destrozos causados por empresas cuyos directivos decidieron concederse bonificaciones justo antes de declararse en quiebra. Por otra parte, la pregunta práctica es la siguiente: ¿quién debería pagar los costes medioambientales de la minería que se producen ahora o se van a producir en el futuro?

Lo cierto es que la industria minera es por término medio tan poco rentable que los consumidores no pueden aludir a un supuesto beneficio empresarial excesivo con el que pudieran satisfacerse dichos costes. La razón por la que queremos que las compañías mineras limpien es que nosotros, el público, somos los que sufrimos los perjuicios derivados de la minería: superficies de tierra devastadas e inútiles, agua potable sin

garantías y contaminación del aire. Incluso los métodos más limpios para extraer carbón y cobre producen perjuicios. Si queremos carbón y cobre, tenemos que reconocer que los costes medioambientales que supone extraerlos constituyen un gasto necesario y legítimo de la minería del metal; tan legítimo como los costes de las topadoras que excavan las fosas o de los altos hornos donde se funden las menas. Los costes medioambientales deberían repartirse de forma proporcional en el precio de los metales y cargarse a los consumidores, exactamente igual que ya hacen las compañías petroleras y de la minería del carbón. Solo la larga y opaca cadena de distribución que va desde las minas de minerales hasta el público, unida a la tradicional mala conducta de la mayor parte de las compañías mineras, ha enturbiado hasta la fecha esta sencilla conclusión.

Las dos industrias extractivas que nos restan por analizar son la industria maderera y la pesquera. Difieren de la industria petrolera y de las industrias de la minería del carbón y los metales en dos aspectos esenciales.

En primer lugar, los árboles y los peces son recursos renovables que pueden regenerarse. Por tanto, si los extraemos a una tasa inferior a aquella a la que se reproducen, la explotación puede perpetuarse de forma indefinida. A diferencia de ello, el petróleo, los metales y el carbón no son renovables; no se reproducen, rebrotan ni se aparean para producir gotitas de petróleo o pepitas de carbón. Aun cuando se bombee o se extraiga a un ritmo muy lento, ello no les permitirá reproducirse y mantener constantes las reservas de un campo petrolífero o una mina de metal. (Estrictamente hablando, el petróleo y el carbón acaban por formarse con el paso de largos períodos geológicos de millones de años, pero es un ritmo demasiado lento para equilibrar nuestras tasas de bombeo o extracción.) En segundo lugar, en las industrias maderera y pesquera las cosas que se extraen -los árboles y el pescado- constituyen una valiosa parte del entorno. De ahí que cualquier tipo de tala o de pesca, casi por definición, pueda causar daños medioambientales. Sin embargo, el petróleo, los metales y el carbón desempeñan poca o ninguna función en los ecosistemas. Si se descubriera algún modo de extraerlos sin deteriorar el resto del ecosistema, no desaparecería nada valioso desde el punto de vista ecológico, si bien su posterior uso o quema sí puede causar perjuicios. Analizaré en primer lugar la silvicultura y después (de forma más escueta) las pesquerías.

Los bosques son elementos de gran valor para los seres humanos y acaban amenazados por la tala. Lo más obvio es que constituyen nuestra principal fuente de productos madereros, entre los cuales se encuentra la leña, el papel de oficina, el periódico, el papel de los libros, el papel higiénico, la madera para la construcción, el contrachapado o la madera para los muebles. Para los habitantes del Tercer Mundo, que constituyen una parte sustancial de la población mundial total, representan además la principal fuente de otros productos que no son de madera, como la soga natural y los materiales empleados para los tejados, las aves y los mamíferos que se cazan para obtener comida, las frutas, las bayas y demás partes comestibles de la propia planta o los remedios medicinales derivados de los vegetales. Para los habitantes del Primer Mundo, los bosques representan un lugar de esparcimiento muy habitual. Actúan en el mundo como un filtro de aire esencial que elimina el monóxido de carbono y demás contaminantes del aire, de modo que los bosques y sus suelos constituyen un depósito de carbono de primer orden; por ello, la deforestación es una importante fuerza motriz responsable del calentamiento global del planeta, ya que merma esa labor de filtrado del carbono. La transpiración que llevan a cabo los árboles devuelve agua a la atmósfera, de manera que la deforestación tiende a originar un descenso de la pluviosidad y un aumento de la desertización. Los árboles retienen el agua en el suelo y lo mantienen húmedo. Protegen la superficie terrestre de los desprendimientos de tierras, la erosión y el arrastre de sedimentos a los arroyos. Algunos bosques, sobre todo los tropicales, albergan la porción principal de los nutrientes de un ecosistema, de manera que la tala y el acarreo de troncos suele dejar estéril la tierra desnuda. Por último, los bosques proporcionan el hábitat a la mayor parte del resto de las criaturas terrestres: por ejemplo, el bosque tropical abarca el 6 por ciento de la superficie terrestre, pero alberga entre el 50 y el 80 por ciento de las especies vegetales y animales terrestres del mundo.

Dado que el bosque representa todos estos valores, las empresas madereras han desarrollado muchas formas de minimizar los impactos ambientales potencialmente negativos de la tala. Algunos de ellos consisten en lo siguiente: eliminar de forma selectiva los ejemplares de especies de árboles valiosas dejando intacto el resto del bosque, en lugar de talar la totalidad del mismo; talar a una tasa sostenible, de modo que la tasa de

repoblación natural de los árboles compense la tasa de eliminación de los mismos; cortar extensiones reducidas de bosque en lugar de zonas más amplias, de modo que la zona talada quede rodeada de árboles que produzcan semillas y reinicien el crecimiento de la zona talada; replantar árboles uno a uno; o transportar los grandes árboles mediante helicópteros, si los árboles son suficientemente valiosos (como sucede en muchos bosques de dipterocarpáceos y araucarias), en lugar de transportar los troncos mediante camiones y carreteras de acceso que degradan el conjunto del bosque. Dependiendo de cuáles sean las circunstancias, estas garantías ambientales pueden suponer pérdidas o ganancias de dinero para la empresa maderera. A continuación ilustraré estos desenlaces dispares mediante dos ejemplos: las recientes experiencias de mi amigo Aloysius y las actividades del Consejo de Administración Forestal.

Aloysius no es un nombre real, sino que se trata de uno falso que le he atribuido por razones que resultarán obvias. Es ciudadano de uno de los países del entorno de Asia-Pacífico donde realizo trabajos de campo.

Cuando lo conocí hace seis años me sorprendió porque era la persona más extravertida, curiosa, feliz, risueña, confiada, independiente e inteligente en su trabajo. Con valentía y en solitario, hizo frente y pacificó a un grupo de trabajadores amotinados. Durante la noche corría sin parar (sí, literalmente corría) ladera arriba y abajo por un sendero montañoso muy empinado para coordinar el trabajo de dos campamentos. Cuando se enteró de que yo había escrito un libro sobre la sexualidad humana, a los quince minutos de conocerme estalló en carcajadas y me dijo que había llegado el momento de que le contara lo que yo sabía de sexo en lugar de sobre animales.