Capítulo 15

Nos veíamos mientras trabajamos juntos en varios proyectos sucesivos, y después pasaron dos años antes de que yo volviera a su país. La siguiente vez que vi a Aloysius estaba claro que algo había cambiado. Ahora hablaba con nerviosismo y recorría su alrededor con la mirada, como si temiera algo. Aquello me sorprendió, ya que el escenario de nuestra conversación era un auditorio de la capital del país en el que yo iba a pronunciar una conferencia en presencia de los ministros del gobierno, y no podía detectar ni un solo indicio de peligro. Una vez que rememoramos el motín, los campamentos de la montaña y el sexo, le pregunté cómo le había ido y entonces me contó su historia.

Aloysius trabajaba ahora para una organización no gubernamental dedicada a combatir la deforestación de bosque tropical. En los trópicos de las islas del sudeste de Asia y el Pacífico, la tala a gran escala la realizan sobre todo compañías madereras multinacionales con subcontratas que tienen sede en muchos países, pero cuyas oficinas principales se encuentran en su mayor parte en Malasia, y también en Taiwan y Corea del Sur. Actúan arrendando derechos de tala sobre tierras que todavía son propiedad de los habitantes del lugar, exportando troncos en bruto y sin replantar después.

Gran parte o la mayoría del valor de un tronco se añade a la madera mediante el despiece y el procesamiento una vez que ha sido talado. Por tanto, exportar troncos en bruto priva a la población local y al gobierno nacional de la mayor parte del valor potencial de este recurso. Las empresas a menudo obtienen del gobierno la licencia necesaria de tala sobornando a los funcionarios del gobierno, y después construyen carreteras de acceso y cortan árboles más allá de los límites de la superficie arrendada por contrato. Cuando no es así, las empresas sencillamente envían un barco maderero, negocian las autorizaciones a toda prisa con la población de la zona, sacan la madera y prescinden de la licencia gubernamental. Sin ir más lejos, alrededor del 70 por ciento de toda la madera talada en Indonesia procede de actividades ilegales que le cuestan al gobierno indonesio casi mil millones de dólares anuales en impuestos no recaudados, derechos de tala no percibidos y el pago de arrendamientos eludidos. El permiso local se obtiene buscando el apoyo de líderes de las aldeas que pueden o no tener autoridad para ceder derechos de tala; se les lleva a la capital o incluso al extranjero (Hong Kong), donde, al tiempo que se les aloja en un hotel de lujo, con comida, bebida y prostitutas, se les acosa hasta que firman. Este parece un método muy caro de hacer negocios, hasta que uno se da cuenta de que un único árbol grande de un bosque tropical vale varios miles de dólares. El consentimiento del pueblo llano de la aldea se obtiene pagándoles una suma de dinero en efectivo que a ellos les parece muy elevada, pero que en realidad habrán gastado en comida y otros consumibles al cabo de un año. Además, la empresa también obtiene el consentimiento local formulando promesas que no cumplirá, como, por ejemplo, la de replantar el bosque o construir hospitales. En algunos casos bien conocidos acaecidos en el territorio indonesio de la isla indonesia de Borneo, en las islas Salomón y otros lugares, cuando la empresa maderera

ha llegado a un bosque portando una autorización del gobierno central y ha empezado a talar, cuando la población local descubría que aquello representaba un mal acuerdo para ellos trataba de detener la tala bloqueando las carreteras o quemando los aserraderos, con lo cual la empresa maderera llamaba a la policía o al ejército para que defendiera sus derechos. También me han hablado de que las compañías madereras intimidan a sus adversarios amenazándolos de muerte.

Aloysius era uno de estos adversarios. Los leñadores le amenazaron con matarlo, pero él no cejó porque estaba seguro de que podría cuidar de sí mismo. Entonces amenazaron con matar a su esposa y sus hijos, de quienes él sabía que no podían cuidar de sí mismos y a los que no podría proteger cuando estuviera trabajando fuera de casa. De modo que para salvar sus vidas se mudó al extranjero y se volvió más cauteloso ante posibles tentativas de que lo asesinaran. Eso explicaba su nerviosismo y la pérdida de su anterior felicidad y aire confiado.

Al igual que en el caso de las compañías mineras, cuya situación ya hemos expuesto, con este tipo de empresas madereras tenemos que preguntarnos por qué se comportan de un modo moralmente reprobable. La respuesta, una vez más, es que esa conducta les resulta beneficiosa por los mismos tres factores que motivan a las compañías mineras: la economía, la cultura empresarial del sector y las actitudes de la sociedad y el gobierno.

Los troncos de maderas tropicales nobles son tan valiosos y tan demandados que la explotación mediante el expolio y la huida de los terrenos de bosque tropical arrendados resulta enormemente beneficiosa. La aquiescencia de la población local puede obtenerse con facilidad, ya que está muy necesitada de dinero en efectivo y no ha visto nunca las catastróficas consecuencias que la eliminación del bosque tropical les acarrea a los propietarios de tierras de un lugar. (Una de las formas más eficaces mediante las cuales las organizaciones que se oponen a la tala del bosque tropical inducen a los propietarios de tierras a negar esos permisos es llevarlos a zonas ya taladas para que hablen con propietarios arrepentidos y lo vean con sus propios ojos.) Los funcionarios del servicio forestal del gobierno a menudo son objeto de soborno, carecen de perspectiva internacional y de los recursos económicos de que disponen las empresas madereras, y pueden no ser conscientes del elevado precio que alcanza la madera acabada. Bajo estas circunstancias, la estrategia de expolio y huida

seguirá siendo un buen negocio hasta que a las empresas empiecen a agotárseles los países sin talar; o hasta que los propietarios locales de las tierras estén dispuestos a denegar los permisos y a aglutinar una fuerza superior capaz de hacer frente a la tala no autorizada respaldada por la fuerza.

En otros países, sobre todo en Europa occidental y Estados Unidos, la tala de expolio y huida ha ido volviéndose cada vez menos rentable. A diferencia de lo que sucede en gran parte de los trópicos, los bosques vírgenes de Europa occidental y Estados Unidos ya han sido talados o están en franco declive. Las grandes compañías madereras actúan en tierras de su propiedad o arrendadas mediante contratos de cesión a largo plazo, en lugar de a corto plazo, lo cual en algunas circunstancias les proporciona un incentivo económico para actuar de forma sostenible. Muchos consumidores tienen suficiente conciencia medioambiental para preocuparse de si los productos forestales que están comprando se han obtenido de formas destructivas y no sostenibles. Además, la normativa gubernamental es en ocasiones rigurosa y restrictiva, y tampoco resulta fácil sobornar a los funcionarios del gobierno.

El resultado es que algunas empresas madereras que operan en Europa occidental y Estados Unidos han pasado a preocuparse cada vez más no solo de su capacidad para competir con los productores del Tercer Mundo rebajando sus costes, sino también de su propia supervivencia o (en términos de las industrias minera y petrolera) del “respaldo social para actuar”. Algunas empresas madereras han adoptado prácticas sensatas y han tratado de convencer de ello a la opinión pública, pero han descubierto que sus afirmaciones sobre sí mismas carecían de credibilidad a los ojos del público. Por ejemplo, muchos productos madereros y papeleros que se ponen a la venta al por menor exhiben etiquetas que hacen afirmaciones en pro del medio ambiente, como, por ejemplo: “Por cada árbol talado se plantan al menos otros dios”. Sin embargo, una investigación realizada sobre 80 de estas afirmaciones arrojó como resultado que 77 no podían confirmarse de ningún modo, solo 3 quedaron parcialmente confirmadas y casi todas fueron retiradas cuando se pusieron en cuestión. Como era de esperar, el público ha aprendido a rechazar este tipo de afirmaciones que las empresas hacen sobre sí mismas. A la preocupación de las empresas madereras por su respaldo y credibilidad sociales se sumaba su

preocupación por la inminente desaparición de los bosques, que no dejan de ser la base de su negocio. Más de la mitad de los bosques originales del mundo han sido talados o han sufrido grave deterioro en los últimos ocho mil años. Sin embargo, nuestro consumo de productos forestales está acelerándose, como consecuencia de lo cual más de la mitad de estas pérdidas se han producido en el curso de los últimos cincuenta años; por ejemplo, debido a la eliminación de bosques para dar uso agrícola al terreno y a que desde 1950 el consumo mundial de papel se ha multiplicado por cinco. La tala suele ser solo el primer paso de una reacción en cadena: después las empresas madereras construyen carreteras de acceso a una zona boscosa, luego los cazadores furtivos utilizan esos caminos para cazar y, por último, les siguen los ocupantes ilegales que pretenden establecerse allí.

Solo el 12 por ciento de los bosques de todo el mundo se encuentran en zonas protegidas. En el peor escenario posible, todos los bosques del mundo a los que se puede acceder con facilidad y que se encuentran fuera de estas zonas protegidas podrían quedar destruidos por la explotación no sostenible en el curso de las próximas décadas; pero, en el mejor escenario posible, el mundo podría satisfacer sus necesidades de madera de forma sostenible, utilizando solo una pequeña extensión de superficie boscosa (el 20 por ciento o menos), si se gestionara de forma adecuada.

Esta inquietud por el futuro a largo plazo de su propio sector impulsó a principios de la década de 1990 a algunos silvicultores y representantes de la industria maderera a celebrar debates con asociaciones y organizaciones ecologistas y sociales de pueblos indígenas. En 1993 estos debates se tradujeron en la constitución de una organización internacional sin ánimo de lucro denominada FSC, Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal), cuya sede se encuentra en Alemania y está financiada por varias empresas, gobiernos, fundaciones y organizaciones ecologistas. Este organismo está gestionado por una junta directiva electa y, en última instancia, por los miembros del FSC, entre los cuales se encuentran representantes de la industria maderera y de los intereses ecologistas y sociales. La labor inicial del FSC consistía en tres tareas: en primer lugar, elaborar una relación de criterios de gestión forestal responsable; a continuación, establecer un mecanismo que certificara si un determinado bosque cumplía esos criterios; y, por último, establecer otro mecanismo para rastrear a través de toda la compleja cadena de distribución

de madera la trayectoria seguida por los productos de estos bosques hasta llegar al consumidor o consumidora, de modo que estos supieran que el papel, la silla o la cartulina que compraban en una tienda y llevaban el logotipo del FSC procedían realmente de un bosque gestionado de forma responsable.

La primera de estas tareas se tradujo en la formulación de diez criterios detallados de gestión forestal responsable y sostenible. Se trataba de los siguientes: talar árboles únicamente a una tasa que pudiera sostenerse de forma indefinida y según la cual el crecimiento de nuevos árboles fuera el adecuado para reemplazar los talados; preservar los bosques de especial valor de conservación, como los más longevos, que no deberían convertirse en plantaciones de árboles homogéneos; preservar a largo plazo la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la integridad del suelo y otras funciones que desempeñan los bosques en el ecosistema; proteger las cuencas y mantener las adecuadas zonas ribereñas amplias junto a los ríos y lagos; contar con un plan de gestión a largo plazo; evitar en esos lugares los vertidos de residuos y productos químicos; cumplir con la legalidad vigente; y reconocer los derechos de las comunidades indígenas locales y de los trabajadores forestales.

La siguiente tarea consistía en establecer un proceso que determinara si la gestión de un determinado bosque cumplía con esos criterios. El FSC no certifica él mismo los bosques: por el contrario, acredita a organizaciones de certificación forestal, que son en realidad las que visitan un bosque y pasan hasta dos semanas inspeccionándolo. Hay una docena de organizaciones de este tipo en todo el mundo, todas las cuales están acreditadas para operar a escala internacional; las dos que llevan a cabo la mayor parte de las inspecciones en Estados Unidos se llaman SmartWood y Scientific Certification Systems, con sede en Vermont y California respectivamente. El propietario o gestor de un bosque contrata una inspección con un organismo de certificación y paga por el informe sin contar con ninguna garantía previa de que el mismo vaya a ser favorable.

La respuesta del organismo certificador tras la inspección a menudo consiste en imponer una serie de condiciones previas que deben cumplirse para recibir la certificación, o simplemente manifestar la aprobación provisional, siempre que, antes de que la licencia tenga validez efectiva para utilizar la etiqueta del FSC, se cumplan una serie de requisitos.

Es necesario subrayar que debe ser siempre el propietario o gestor del bosque quien tome la iniciativa de obtener la certificación de un bosque; los organismos de certificación no van por ahí inspeccionando bosques sin que los inviten a hacerlo. Esto, como es lógico, plantea la pregunta de por qué iba a decidir un propietario o gestor de un bosque pagar para ser inspeccionado. La respuesta es que cada vez hay un número mayor de propietarios y gestores que deciden que les reportará beneficios económicos, ya que la tarifa de la certificación obtenida a través de un tercero se amortizará gracias a que les permitirá acceder a más mercados y consumidores con una imagen mejor y mayor credibilidad. La esencia de la certificación del FSC es que los consumidores puedan confiar en ella, ya que no se trata de un alarde sin confirmar emitido por la propia empresa, sino del resultado de la prueba de que se cumplen unos criterios óptimos aceptados internacionalmente, y llevada a cabo por peritos cualificados y experimentados que no vacilan en dar una respuesta negativa o imponer determinadas condiciones.

El paso restante era garantizar lo que se denomina “cadena de custodia”, los registros documentales a través de los cuales la madera de un árbol talado en Oregón acaba siendo una cartulina que se vende en una tienda de Miami. Aun cuando un bosque cuente con certificación, los propietarios pueden vender su madera a un aserradero que también corte madera sin certificar; y a continuación el aserradero puede vender la madera cortada a una empresa manufacturera que también compre madera sin certificar, etcétera. La red de interrelaciones entre productores, distribuidores, empresas manufactureras, vendedores al por mayor y minoristas es tan compleja que hasta las propias empresas raramente saben de dónde procede en última instancia la madera o hacia dónde va, y solo tienen certeza de cuáles son su proveedor y su cliente inmediatos. Para que el consumidor último de Miami pueda tener la garantía de que la cartulina que está comprando procede realmente de un árbol de un bosque certificado, los intermediarios deben tratar por separado el material certificado y el no certificado, y los peritos deben certificar que todos los intermediarios están haciendo verdaderamente eso. Esto es lo que significa “certificar la cadena de custodia”: seguir la pista de los materiales certificados a través de la totalidad de la cadena de distribución. El resultado final es que solo alrededor del 17 por ciento de los productos procedentes de bosques

certificados acaban exhibiendo el logotipo del FSC en un comercio de venta al por menor; el 83 por ciento restante se mezcla con productos no certificados a lo largo de la cadena. Certificar la cadena de custodia parece algo muy arduo y pesado de hacer, y en realidad lo es. Pero es algo muy arduo y pesado que a su vez es esencial, ya que, de lo contrario, el consumidor no podría tener certeza alguna del origen último de esa cartulina de la tienda de Miami.

¿Son tantos los consumidores que están realmente preocupados por el medio ambiente como para que la certificación del FSC contribuya a vender productos forestales? Cuando se les preguntó en una encuesta, el 80 por ciento de los consumidores afirmaron que si pudieran elegir preferirían comprar productos garantizados desde el punto de vista medioambiental.

Pero ¿se trata solo de palabras vacías o el público presta atención verdaderamente a las etiquetas del FSC cuando va a una tienda? ¿Y estarían dispuestos a pagar un poco más por un producto certificado por el FSC?

Estas cuestiones son esenciales para que las empresas valoren si deben solicitar y pagar por la certificación. En un experimento llevado a cabo en dos tiendas de Home Depot del estado de Oregón se pusieron a prueba estas preguntas. Cada tienda exhibía dos expositores contiguos que contenían piezas de contrachapado del mismo tamaño y similares, salvo que el contrachapado de una caja llevaba la etiqueta del FSC y el de la otra no. El experimento se realizó en dos ocasiones: en una de ellas el contrachapado de las dos cajas costaba lo mismo, y en otra el que exhibía la etiqueta del FSC costaba un 2 por ciento más que el contrachapado que no la llevaba.

Resultó que cuando costaba lo mismo, el contrachapado etiquetado con el logotipo del FSC se vendió en una proporción superior a 2 a 1. (En una de las tiendas, la de una ciudad universitaria “liberal” y con conciencia ecológica, la proporción era de 6 a 1; pero incluso en la tienda de la ciudad más “conservadora” las ventas de contrachapado certificado fueron un 19

por ciento superiores a las de contrachapado sin etiquetar.) Cuando el contrachapado certificado costaba un 2 por ciento más que el contrachapado sin etiquetar, la mayor parte de los clientes optaban, claro está, por el producto más barato; pero, aun así, había una amplia minoría (el 37 por ciento) que continuaba comprando el producto certificado. Así pues, gran parte del público sopesa realmente los valores medioambientales en sus

decisiones de compra, y una parte relevante de los consumidores está dispuesta a pagar más por ellos.

Cuando se introdujo por primera vez la certificación del FSC, había mucho miedo a que los productos certificados acabaran costando mucho más, ya fuera debido al gasto de la inspección de certificación o a las prácticas forestales necesarias para obtener la certificación. Abundantes experiencias posteriores han demostrado que el coste de la certificación, por regla general, no se añade al coste inherente de un producto forestal. En los casos en que los mercados sí elevan el precio de los productos certificados más de lo comparable con los no certificados, resultó deberse únicamente a las leyes de la oferta y la demanda, y no a los costes inherentes al proceso: aquellas tiendas en las que se vendía un producto del que solo había una cantidad reducida y para el que había mucha demanda, descubrieron que podían permitirse elevar el precio.

En la nómina de grandes empresas que participaron en la constitución inicial del FSC, se sumaron a su consejo directivo o se comprometieron después con los objetivos del mismo, figuran algunos de los productores y vendedores más grandes del mundo de productos madereros. Entre las empresas con sede en Estados Unidos figuran las siguientes: Home Depot, el detallista de madera más grande del mundo; Lowe's, el segundo a continuación de Home Depot en la industria estadounidense del bricolaje doméstico; Columbia Forest Products, una de las empresas de productos forestales más grandes de Estados Unidos; Kinko's (que ahora se ha fusionado con FedEx), el proveedor más importante del mundo de servicios empresariales y copia de documentos; Collins Pine y Kane Hardwoods, uno de los mayores productores de cerezos de Estados Unidos; Gibson Guitars, uno de los principales fabricantes de guitarras del mundo; Seven Islands Land Company, que gestiona casi medio millón de hectáreas de bosque en el estado de Maine; y Andersen Corporation, el fabricante más grande del mundo de puertas y ventanas. Entre los principales participantes de fuera de Estados Unidos se encuentran: Tembec y Domtar, dos de las empresas de gestión forestal más importantes de Canadá; B & Q, la empresa de bricolaje más grande de Gran Bretaña, similar a Home Depot en Estados Unidos; Sainsbury's, la segunda cadena de supermercados más grande de Gran Bretaña; IKEA, con sede en Suecia y el mayor vendedor del mundo de mobiliario doméstico para ensamblar; y SCA y Svea Skog (anteriormente

Asi Domain), dos de las empresas forestales más importantes de Suecia.

Estas y otras empresas abrazaron todas ellas el FSC porque entendieron que favorecía sus intereses económicos, pero llegaron a esa conclusión a través de diferentes combinaciones de “impulso” y “atracción”. El “impulso” es que algunas de estas empresas eran blanco de campañas realizadas por grupos ecologistas insatisfechos con ciertas prácticas empresariales, como, por ejemplo, la de comprar madera longeva: así, Home Depot recibía presiones de Rainforest Action Network. Por lo que respecta al factor de

“atracción”, las empresas detectaron muchas oportunidades de mantener o incrementar sus ventas entre un público que tenía cada vez más criterio.

Para protegerse, como es lógico, Home Depot y las demás empresas en cuya motivación había algún factor de “impulso” actuaron con timidez cuando realizaron los cambios en una red de proveedores que habían consolidado en el transcurso de muchos años. Pero después empezaron a aprender con rapidez, hasta el punto de que la propia Home Depot presiona ahora a sus proveedores de Chile y Sudáfrica para que adopten los criterios del FSC.

Cuando me referí al sector minero mencioné que la presión más efectiva que se puede ejercer sobre las compañías mineras para que modifiquen sus prácticas no procedía de que los consumidores pudieran formar piquetes en los emplazamientos de las minas, sino de las grandes empresas que compran metales y los venden después transformados a los consumidores (como DuPont y Tiffany). En la industria maderera se ha puesto de manifiesto un fenómeno similar. Aunque el mayor consumo de madera es el de la construcción doméstica, la mayor parte de los propietarios de viviendas no saben, no seleccionan o no controlan la elección de las empresas madereras que produjeron la madera que se empleó en su casa.

Por el contrario, los clientes de las empresas madereras son grandes empresas de productos forestales, como Home Depot e IKEA, o grandes compradores institucionales, como el ayuntamiento de Nueva York o la Universidad de Wisconsin. El papel de este tipo de empresas e instituciones en la victoriosa campaña para poner fin al apartheid en Sudáfrica demostró su capacidad para llamar la atención incluso de entidades tan poderosas, ricas, decididas, armadas y aparentemente rígidas como las del gobierno sudafricano de la época del apartheid. Muchas empresas industriales y establecimientos de venta al por menor de la cadena de distribución de

productos forestales han incrementado su influencia organizándose en lo que se denominan “grupos de compradores”, que se comprometen durante un determinado período de tiempo a incrementar las ventas de productos certificados dando preferencia a los artículos que exhiben la etiqueta del FSC. Hoy día hay en todo el mundo más de una docena de estos grupos, de los cuales el mayor se encuentra en Gran Bretaña e incluye a algunos de los minoristas más importantes del país. Los grupos de compradores también son cada vez más fuertes en Holanda y en otros países de Europa occidental, Estados Unidos, Brasil y Japón.

Además de estos grupos de compradores hay otra poderosa fuerza responsable de la difusión en Estados Unidos de los productos certificados por el FSC: el “estándar de construcción verde”, conocido como LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design). Este código otorga una puntuación a las empresas del sector de la construcción por su labor en defensa del medio ambiente y en función de los materiales que utiliza. Un número cada vez mayor de gobiernos estatales y ciudades de Estados Unidos conceden beneficios fiscales a las empresas que obtengan puntuaciones altas en el LEED, y muchos proyectos de construcción del gobierno exigen que las empresas participantes suscriban los criterios del LEED. Esto ha resultado ser un elemento relevante que tener en cuenta por los constructores, contratistas y despachos de arquitectos que no tratan directamente con el público y no son muy visibles para el consumidor, pero que, no obstante, deciden comprar productos cuya etiqueta exhiba el logotipo del FSC porque se benefician de una reducción de impuestos y pueden optar a concursar en más proyectos. Debería dejar claro, en relación tanto con los criterios del LEED como con los grupos de compradores, que ambos están impulsados en última instancia por las inquietudes medioambientales de los consumidores y por el deseo que tienen las empresas de que los consumidores asocien su marca comercial con responsabilidad ecológica. Lo que hacen los criterios del LEED y los grupos de compradores es ofrecer un mecanismo mediante el cual los consumidores puedan influir en la conducta de empresas que, de otro modo, no responderían directamente ante ellos.

Desde la creación del FSC en 1993, el movimiento de certificación forestal se ha extendido por todo el mundo con mucha rapidez, hasta el punto de que en la actualidad hay bosques y cadenas de custodia

certificados en unos 64 países. La extensión de bosque certificado asciende hoy día a más de 250.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 53.000 se encuentran en América del Norte. Hay nueve países que albergan cada uno al menos 6.400 kilómetros cuadrados de superficie boscosa certificada, liderados por Suecia, con un total de más de 61.000 kilómetros cuadrados (lo cual representa más de la mitad de la extensión total de los bosques de ese país), y seguidos en orden decreciente por Polonia, Estados Unidos, Canadá, Croacia, Letonia, Brasil, Gran Bretaña y Rusia. Los países en los que se venden los porcentajes más altos de productos forestales con el distintivo del FSC son Gran Bretaña, donde alrededor del 20 por ciento de toda la madera que se vende está certificada por el FSC, y Holanda. Hay dieciséis países que cuentan con una extensión de bosque certificado superior a los 640 kilómetros cuadrados, de los cuales el más grande de América del Norte es el bosque de Gordon Cosens, en Ontario, de 12.550

kilómetros cuadrados y gestionado por el gigante papelero y maderero canadiense Tembec. En un futuro próximo, Tembec pretende certificar la totalidad de los 80.000 kilómetros cuadrados de bosque que gestiona en Canadá. La certificación forestal afecta a los bosques de titularidad tanto pública como privada: por ejemplo, el mayor propietario exclusivo de bosque certificado en Estados Unidos es el estado de Pensilvania, con aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados.

En un principio, tras la constitución del FSC la extensión de bosque certificado se duplicó todos los años. En época reciente, la tasa de crecimiento se ha ralentizado hasta ser “solo” de un 40 por ciento anual.

Ello se debe a que las primeras empresas madereras y gestores forestales que certificaban sus bosques eran las mismas que habían propugnado los criterios del FSC. Las empresas cuyos bosques se han acreditado con posterioridad suelen ser las que deben cambiar su forma de explotación con el fin de alcanzar los niveles de calidad del FSC. Es decir, el FSC sirvió en un principio sobre todo para reconocer a las empresas que desarrollaban prácticas responsables desde el punto de vista medioambiental, y en la actualidad está sirviendo cada vez más para modificar las prácticas de otras empresas que antes eran menos respetuosas desde el punto de vista medioambiental.

La efectividad del Consejo de Administración Forestal ha recibido halagos incluso de las empresas madereras que se oponen a él: estas otras

empresas han establecido sus propias organizaciones de certificación competidoras, con criterios menos estrictos. Estas organizaciones de certificación alternativas son la Sustainable Forestry Initiative (Iniciativa de Silvicultura Sostenible) de Estados Unidos, creada por la American Forest and Paper Association (Asociación Forestal y Papelera Estadounidense); la Canadian Standards Association (Asociación de Estándares Canadiense); y el Pan European Forest Council (Consejo Forestal Paneuropeo). El resultado (y, como es de suponer, el objetivo) ha sido confundir a los consumidores con afirmaciones en competencia: por ejemplo, la Sustainable Forestry Initiative propuso en un principio seis tipos de etiquetas diferentes que afirmaran seis cosas distintas. Todas estas

“imitaciones” se diferencian del FSC en que no exigen que la certificación proceda de un tercero independiente, sino que permiten que las empresas se certifiquen a sí mismas (no es broma). Tampoco exigen a las empresas que se juzguen a sí mismas mediante criterios uniformes y resultados cuantificables (como, por ejemplo, la “anchura de las franjas de vegetación ribereña que flanquea los ríos”), sino que, por el contrario, lo hagan mediante procesos no cuantificables (“nuestra política es…”, “nuestros directivos intervienen en debates sobre…”). Tampoco garantizan la certificación de la cadena de custodia, de modo que cualquier producto de un aserradero que recibe madera tanto certificada como no certificada acaba siendo certificada. El Pan European Forest Council pone en práctica una certificación regional automática mediante la cual, por ejemplo, Austria en su totalidad adquirió la certificación con mucha rapidez. Por lo que respecta a la autocertificación, habrá que ver si en el futuro estas tentativas industriales rivales quedarán desplazadas por la competencia del FSC

porque pierdan credibilidad ante los consumidores, o si, por el contrario, convergirán con los criterios del FSC con el fin de aumentar su credibilidad.

La última industria que analizaré será la del sector pesquero (de pesca marina), que se enfrenta en esencia al mismo problema que las industrias petrolera, minera y maderera: el crecimiento demográfico mundial y el bienestar económico que desemboca en una creciente demanda de unos recursos decrecientes. Aunque en el Primer Mundo el consumo de pescado es elevado y está aumentando, es aún más alto y está creciendo a un ritmo mayor en otros lugares, como revela, por ejemplo, el dato de que en China se ha duplicado en el último decenio. El pescado representa en la actualidad

en el Tercer Mundo el 40 por ciento de todas las proteínas que se consumen (tanto de origen vegetal como animal), y constituye la principal fuente de proteínas de más de mil millones de asiáticos. En todos los países del mundo, los desplazamientos de la población desde el interior del país hacia la costa incrementarán la demanda de pescado, ya que en el año 2010 tres cuartas partes de la población mundial vivirá a menos de ochenta kilómetros de la costa. Debido a nuestra dependencia del pescado, el mar proporciona ingresos y ofrece puestos de trabajo a doscientos millones de personas de todo el mundo, y la pesca es el pilar más importante de la economía de Islandia, Chile y algunos otros países. Si bien cualquier recurso biológico renovable plantea arduos problemas de gestión, las pesquerías marinas son particularmente difíciles de gestionar. Plantean dificultades incluso las pesquerías confinadas en aguas controladas por un único país, pero las pesquerías que se extienden a lo largo de aguas jurisdiccionales de varios países plantean problemas aún mayores y han sido por regla general las primeras en colapsarse, ya que ninguna nación puede imponer por sí sola su voluntad. Las pesquerías situadas en mar abierto, más allá de los límites de las doscientas millas marinas, exceden el control de cualquier gobierno nacional. Los estudios muestran que, con una gestión adecuada, las capturas de pescado mundiales podrían sostenerse a un nivel aún superior al actual. No obstante, y por desgracia, la mayoría de las pesquerías marinas del mundo que son importantes desde el punto de vista comercial ya están colapsadas o a punto de agotarse para la explotación comercial; otras se han agotado; otras se están explotando de forma abusiva o al límite mismo del abuso; otras se están recuperando muy lentamente de pasados abusos de capturas; y otras, por el contrario, exigen con urgencia ser gestionadas de forma adecuada. Entre las pesquerías más importantes que ya se han colapsado se encuentran la del fletan, el atún y el pez espada del Atlántico, la del arenque del mar del Norte, la del bacalao de la zona de los Grandes Bancos, la de la merluza argentina y la del bacalao australiano del río Murray. En las zonas de los océanos Atlántico y Pacífico en que se ha abusado de las capturas, las cifras más altas de extracción se alcanzaron en el año 1989, y desde entonces han disminuido. Las principales razones de estos fracasos son las siguientes: la tragedia de lo común, que expusimos en el capítulo precedente, y que dificulta que los consumidores exploten un recurso renovable compartido de forma

consensuada a pesar del interés que comparten en hacerlo; la falta generalizada de una gestión y regulación efectivas; y las denominadas

“ayudas perversas”, es decir, las ayudas absurdas desde el punto de vista económico que muchos gobiernos conceden por razones políticas con el fin de mantener unas flotas pesqueras que son demasiado grandes en relación con sus reservas de pescado. La excesiva envergadura de las flotas desemboca de forma casi inevitable en un exceso de capturas, además de arrojar unos beneficios demasiado escasos para poder sobrevivir sin las ayudas.

El deterioro originado por el exceso de capturas va más allá de nuestras perspectivas de futuro de comer pescado y de la supervivencia de las reservas concretas del pescado o el marisco que extraemos. La mayor parte del pescado se extrae con red y con otros métodos, que se traducen en la captura de especies no deseadas además de las que realmente se pretende extraer. Esas otras especies no deseadas, a las que se denomina bycatch (“capturas fortuitas”), representan una proporción que oscila entre la cuarta parte y los dos tercios de las capturas totales. En la mayor parte de los casos, las capturas fortuitas mueren y son arrojadas de nuevo por la borda.

Entre las capturas fortuitas se encuentran especies de pescado no deseadas, ejemplares jóvenes de los peces que se pretendía extraer, focas, delfines y ballenas, tiburones o tortugas de mar. Sin embargo, la mortalidad de esas capturas fortuitas no es inevitable: por ejemplo, la reciente modificación de los aparejos y las prácticas de pesca ha reducido la mortalidad de los delfines en la pesquería del atún del Pacífico a una cifra cincuenta veces inferior a la que se producía con anterioridad. También se producen daños graves en los hábitats marinos, sobre todo en el lecho marino por parte de las barcas de pesca y en los arrecifes de coral mediante la pesca con dinamita y cianuro. Por último, el exceso de capturas perjudica a los pescadores, ya que en última instancia elimina la base de su medio de vida y les cuesta el puesto de trabajo. Todos estos problemas preocuparon no solo a los economistas y ecologistas, sino también a algunos líderes de la propia industria pesquera. Entre estos últimos se encontraban los ejecutivos de Unilever, uno de los mayores compradores del mundo de pescado congelado, cuyos productos son conocidos entre los consumidores bajo las siguientes marcas comerciales: Gorton en Estados Unidos (vendida posteriormente por Unilever), Birdseye Walls e Iglo en Gran Bretaña, y

Findus y Frudesa en la Europa continental. Los ejecutivos acabaron tomando conciencia de que el pescado, lo que ellos compraban y vendían, estaba disminuyendo a marchas forzadas en todo el mundo, exactamente igual que los ejecutivos de las compañías madereras que crearon el Consejo de Administración Forestal se habían convencido de la acusada merma de los bosques. Así pues, en 1997, cuatro años después de la creación del FSC, Unilever se asoció con el World Wildlife Fund para crear una organización similar denominada MSC, Marine Stewardship Council (Consejo de Administración Marino). Su objetivo era ofrecer a los consumidores un etiquetado ecológico con garantías y animar a los pescadores a resolver su propia tragedia de lo común incentivando positivamente el mercado, en lugar de mediante los incentivos negativos de las amenazas de boicot.

Además de las agencias internacionales, para financiar el MSC se han sumado ya a Unilever y el World Wildlife Fund otras empresas y fundaciones.

En Gran Bretaña, entre las empresas que, además de Unilever, sustentan el MSC o compran productos del mar certificados, se encuentran las siguientes: Young's Bluecrest Seafood Company, la empresa más grande del sector pesquero de Gran Bretaña; Sainsbury's, el proveedor de alimentos frescos más grande de Gran Bretaña; las cadenas de supermercados Marks and Spencer y Safeway; y Body Line, que cuenta con una flota de barcas pesqueras. Entre los colaboradores estadounidenses se encuentran Whole Foods, el mayor minorista del mundo de alimentos naturales y orgánicos, y los supermercados Shaw's y Trader Joe's. Entre los colaboradores de otros lugares se encuentran Migros, que es el minorista de alimentos más grande de Suiza, y Kailis y France Foods, un gran operador australiano de barcas de pesca, fábricas, supermercados y exportaciones.

El criterio que aplica el MSC a las pesquerías se estableció mediante consultas realizadas a pescadores, gestores de pesquerías, empresas dedicadas al procesamiento de pescado, minoristas, especialistas de la industria pesquera y grupos ecologistas. Los principales criterios son que la pesquería debe mantener de forma indefinida la salud de su reserva de pescado (incluidos el sexo, la distribución por edad y la diversidad genética de la población piscícola), debe proporcionar capturas sostenibles, debe mantener la integridad del ecosistema, debe minimizar el impacto sobre los hábitats marinos y sobre las especies no deseadas (las capturas fortuitas),

debe disponer de normas y procedimientos para gestionar las reservas y minimizar el impacto, y debe cumplir con la legalidad vigente.

Las empresas pesqueras bombardean al público consumidor con gran cantidad y variedad de afirmaciones dispares, algunas de ellas engañosas o confusas, acerca de la presunta benignidad medioambiental de sus prácticas pesqueras. Por tanto, la esencia del MSC, al igual que la del FSC, es brindar una certificación independiente emitida por un tercero. De nuevo al igual que sucedía con el FSC, el MSC acredita a varias organizaciones de certificación en lugar de llevar a cabo ella misma las inspecciones. La solicitud de certificación es completamente voluntaria: una empresa decide si piensa que los beneficios de la certificación cubrirán el coste de la misma. Para las pesquerías más pequeñas que buscan asesoramiento, existe una fundación denominada Fundación David y Lucille Packard que ahora contribuye a pagar esos costes a través del Sustainable Fisheries Fund (Fondo para las Pesquerías Sostenibles). El proceso se inicia cuando la organización certificadora emite una evaluación previa confidencial sobre la empresa solicitante; a continuación (si la empresa sigue queriendo ser inspeccionada) se realiza una evaluación completa que, por regla general, exige uno o dos años (o hasta tres, en el caso de las pesquerías más grandes y complejas) y especifica las mejoras que deben introducirse. Si la inspección es favorable y las cuestiones que se detallan se resuelven, la empresa recibe una certificación válida para un período de cinco años, pero queda obligada a someterse a una inspección anual sin previo aviso. Los resultados de estas inspecciones anuales se remiten a una página web de libre acceso, donde las partes interesadas pueden analizarlos con minuciosidad y a menudo cuestionarlos. La experiencia demuestra que, una vez que han recibido la certificación del MSC, la mayor parte de las empresas se muestran ansiosas por no perderla y están dispuestas a hacer aquello que se les exija para superar la inspección anual. Al igual que sucede con el FSC, también hay inspecciones de la cadena de custodia para atestiguar el camino recorrido por el pescado capturado en una pesquería certificada desde la barca hasta el muelle del puerto en el que desembarca, y después hasta los grandes mercados de distribución, las empresas dedicadas al procesamiento del pescado (que lo congelan o lo envasan en conserva), los intermediarios y distribuidores al por mayor y el mercado de venta al por menor. Solo a los productos de una pesquería certificada cuyo origen

puede rastrearse a través de toda esta cadena se les permite exhibir el logotipo del MSC cuando se ponen a la venta ante un consumidor en una tienda o un restaurante.

Obtienen una certificación una pesquería o una reserva de pescado, así como el método, la práctica o el aparejo de pesca empleado para capturar esa reserva marina. Las entidades que buscan certificación son colectivos de pescadores, organismos pesqueros gubernamentales que actúan en representación de una pesquería local o nacional, y distribuidores y empresas intermediarias dedicadas al procesamiento del pescado. No solo se da curso a solicitudes de “pesquerías de pescado”, sino también de moluscos y crustáceos. De las siete pesquerías certificadas hasta la fecha, la más grande es la del salmón natural del estado de Alaska, en Estados Unidos, representada por el Departamento de Caza y Pesca de Alaska. La siguiente más importante es la de la langosta de roca de Australia Occidental (la pesquería de una única especie más valiosa de Australia, que representa el 20 por ciento del valor de todas las pesquerías del país), y la de la merluza azul de Nueva Zelanda (la exportación pesquera más valiosa de ese país). Las otras cuatro pesquerías ya certificadas son más pequeñas y se encuentran en Gran Bretaña: la del arenque del Támesis, la de la cabala de pincho de Cornualles, la del berberecho de la ensenada de Burry y la de la cigala de Loch Torridon. Hay otras pendientes de acreditar: la del abadejo de Alaska, la pesquería más grande de Estados Unidos, que representa la mitad de las capturas estadounidenses; la del fletan, la nécora y el langostino manchado en la costa occidental de Estados Unidos; la de la lubina rayada en la costa este de Estados Unidos; y la de la langosta de la Baja California. También hay planes para aplicar el mismo mecanismo de certificación que el de las capturas en mar abierto a las actividades de las piscifactorías (que, como veremos en el próximo capítulo plantean sus propios problemas), empezando por las gambas y pasando después a otras diez especies, que quizá incluyan al salmón. En la actualidad, parece que los problemas de certificación más difíciles de las principales pesquerías del mundo aflorarán con la gamba capturada en el mar (ya que se extrae en su mayoría con barcos de arrastre que realizan gran cantidad de capturas fortuitas) y con las pesquerías que exceden la jurisdicción de un único país.

En términos globales, la certificación se ha venido revelando un asunto más arduo y lento para las pesquerías que para los bosques. Sin embargo,

debo decir a título personal que estoy gratamente sorprendido de los progresos realizados en los últimos cinco años en la certificación de pesquerías: hubiera pronosticado que sería aún más arduo y más lento de lo que ha sido en realidad.

En resumen, las prácticas medioambientales de las grandes empresas vienen determinadas por un hecho fundamental que para muchos de nosotros atenta contra nuestro sentido de la justicia. En función de cuáles sean las circunstancias, una empresa puede realmente maximizar sus beneficios, al menos a corto plazo, deteriorando el medio ambiente y perjudicando a las personas. Este es todavía el caso de los pescadores de los caladeros sin gestionar y que no se administran mediante cuotas, y de las empresas madereras multinacionales que disfrutan de concesiones de poca duración en los bosques tropicales de países cuyos funcionarios son corruptos y cuyos propietarios de tierras son ingenuos. También era el caso de las compañías petroleras antes de que en 1969 se produjera la catástrofe del vertido de petróleo en el canal de Santa Bárbara, y de las compañías mineras de Montana antes de la reciente normativa de limpieza y recuperación. Cuando el gobierno regula la actividad de forma eficaz, y si el público tiene conciencia ecológica, las grandes empresas limpias desde el punto de vista medioambiental pueden ganar en la competencia a las sucias, pero también es probable que suceda lo contrario si la regulación establecida por el gobierno es ineficaz y la opinión pública se desentiende.

A los demás nos resulta fácil y barato echarles la culpa a las empresas por obtener beneficios perjudicando a otras personas. Pero es poco probable que esos reproches basten para producir algún cambio. Los reproches ignoran el hecho de que las empresas no son instituciones benéficas sin ánimo de lucro, sino iniciativas comerciales que buscan obtener beneficios, y que las compañías participadas por accionistas están obligadas ante ellos a maximizar los beneficios, siempre que lo hagan por medios legales.

Nuestras leyes pueden imputar a los directivos de las empresas por algo que se denomina “violación de la responsabilidad fiduciaria” si estos gestionan deliberadamente una empresa de forma que sus beneficios queden mermados. De hecho, el fabricante de automóviles Henry Ford fue demandado por los accionistas en 1919 por subir el salario mínimo de sus trabajadores a cinco dólares diarios: los tribunales dictaron sentencia afirmando que, si bien los sentimientos humanitarios de Ford hacia sus

empleados estaban muy bien, la empresa se creó con el fin de producir beneficios para sus accionistas.

Nuestros reproches a las empresas también ignoran la responsabilidad última del público en el sostenimiento de las condiciones que permiten que una empresa se beneficie perjudicando a la población: por ejemplo, por no exigir a las compañías mineras que limpien o por continuar comprando productos forestales obtenidos mediante actividades madereras no sostenibles. A largo plazo es el público, ya sea directamente o a través de sus representantes políticos, quien tiene el poder para conseguir que las políticas medioambientales destructivas no sean rentables sino ilegales, y para volver rentables las políticas medioambientales sostenibles. El público puede hacerlo de varias formas: demandando a las empresas por ocasionarles daños, como sucedió tras las catástrofes del EXXon Valdez, Piper Alpha y Bhopal; optando por comprar productos obtenidos de forma sostenible, que es la opción que despertó el interés de Home Depot y Unilever; haciendo que los empleados de las empresas con antecedentes pésimos se sientan avergonzados de su empresa y se quejen a sus propios directivos; optando por que sus gobiernos premien con contratos valiosos a las empresas con una buena trayectoria de respeto por el medio ambiente, como hizo el gobierno noruego con Chevron; y presionando a sus gobiernos para que aprueben y velen por el cumplimiento de las leyes y normativas que exigen prácticas medioambientales saludables, como la nueva normativa del gobierno de Estados Unidos sobre la minería del carbón en las décadas de 1970 y 1980. A su vez, las grandes empresas pueden ejercer una importante presión sobre los proveedores que ignoren las exigencias del público o del gobierno. Por ejemplo, cuando la opinión pública estadounidense se inquietó por la propagación del mal de las vacas locas y la Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de Estados Unidos introdujo normas que exigían que la industria cárnica abandonara las prácticas asociadas con el riesgo de propagación, los envasadores de carne se resistieron durante cinco años afirmando que cumplir esas normas resultaba demasiado caro. Pero cuando McDonald's Corporation les trasladó después esas mismas exigencias tras el desplome de las ventas de sus hamburguesas, la industria cárnica cedió al cabo de pocas semanas; en palabras de un representante de McDonald's: “Porque tenemos la cesta de la compra más grande del mundo”. La labor del público es detectar qué