12. Madre, madre

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MADRE, MADRE

Una fría y despejada tarde de mediados de marzo, Marsha Colbey salió a las calles de la ciudad de Nueva York con un elegante vestido de color azul

real y acompañada por su marido. Llevaba años soñando con un momento

como aquel. Absorbió las imágenes y los sonidos con gran curiosidad

mientras caminaban por las aceras llenas de gente. Los enormes edificios se

alzaban hacia el cielo hasta donde llegaba la vista, y el tráfico estridente zumbaba por las calles de Greenwich Village. Los grupos de estudiantes y

artistas neoyorquinos no prestaban atención a la pareja mientras esta

recorría Washington Square Park. Marsha se fijó en un trío de jazz

aficionado que tocaba sus melodías en una esquina del parque. Todo parecía

salido de una película.

Marsha, una mujer blanca de una humilde población rural de Alabama,

nunca había estado en Nueva York, pero iba a ser la invitada de una cena

con doscientos comensales. Todo era emocionante, pero experimentaba algo

poco habitual mientras avanzaba por la calle. No tardó en darse cuenta de

qué era lo que sentía. Libertad. Recorría las calles de la ciudad más deslumbrante junto a su marido, y era libre. Era un sentimiento glorioso.

Durante los tres meses transcurridos desde su liberación, todo había sido mágico. Superaba a cualquier cosa que hubiera podido imaginar incluso

antes de ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad

condicional en la prisión de mujeres Julia Tutwiler.

Cuando el huracán Iván alcanzó la costa de Alabama y trajo el caos y

la desgracia a la vida de Marsha, esta pensó que las cosas no podían ser peor. De Iván se desgajaron 119 tornados y causó daños por valor de 18.000

millones de dólares. Tenía que velar por sus seis hijos, así que no tuvo tiempo de caer presa del pánico ante la pérdida de su hogar y la destrucción

violenta de todo cuanto los rodeaba. Lo que le preocupaba era la incertidumbre. ¿Dónde iba a encontrar trabajo su marido? ¿Cuánto tiempo

pasarían los niños sin poder ir a la escuela? ¿Qué harían para conseguir dinero? ¿Y para conseguir comida? En la Costa del Golfo, todo el mundo se

sentía vulnerable al enfrentarse a un futuro tan precario. La ola constante de

tormentas tropicales y huracanes que amenazaba las costas de Luisiana,

Alabama, Misisipi y Florida en el verano de 2004 transformó la

relativamente plácida vida costera sureña en una lucha apocalíptica por la

supervivencia.

Marsha y Glen Colbey vivían con sus hijos en una caravana

abarrotada, y sabían que corrían peligro cuando se anunciaron las primeras

alertas de huracanes. No estaban solos; muchas otras familias compartían su

situación, lo que era un leve consuelo. Pero cuando Iván destruyó el hogar

de los Colbey en septiembre, no resultó especialmente reconfortante

encontrarse en una fila de miles de personas más que solicitaban ayuda de

la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). La ayuda acabó por llegar; los Colbey recibieron una caravana de la

FEMA como alojamiento temporal, y la instalaron en su propiedad para que

los niños pudieran seguir asistiendo a las escuelas cercanas. Marsha y Glen

habían encontrado empleo en la construcción y como instaladores de

tejados al principio del verano, pero en aquel momento aún pasarían

semanas antes de que hubiera disponibles trabajos de esa clase.

Marsha también se dio cuenta de que estaba embarazada. Tenía

cuarenta y tres años y no planeaban tener otro hijo. En lo único que podía

pensar era en que, al cabo de pocos meses, el embarazo le limitaría las posibilidades de trabajar en la construcción. A veces, la preocupación la empujaba a un estado de ansiedad intensa que despertaba una vieja

tentación: las drogas. Pero había mucha gente que dependía de ella, y había

también demasiadas cosas de las que ocuparse para ceder a las tentaciones.

Cinco años antes, unas enfermeras que descubrieron restos de drogas en su

organismo mientras estaba embarazada de su hijo más pequeño, Joshua,

llamaron a la policía, y las autoridades la habían aterrorizado con amenazas

de acusaciones criminales, prisión y retirada de la custodia de sus hijos. No

iba a volver a arriesgarse.

Ella y Glen eran pobres como ratas, pero Marsha siempre había compensado no poder darles cosas materiales a sus hijos entregándoles todo

su corazón. Leía para ellos, hablaba con ellos, jugaba con ellos, los besaba y

abrazaba constantemente y estaba con ellos todo el tiempo. Contra toda probabilidad, crió una hermosa familia unida por intensos lazos de amor.

Los hijos mayores, incluso el que tenía diecinueve años, se mantenían cerca

de ella a pesar de las numerosas distracciones que surgieron cuando

acabaron el instituto. A Marsha le gustaba ser madre, por eso no le

preocupaba tener tantos hijos. Quedarse embarazada con el séptimo no era

lo que había esperado ni deseado, pero lo querría igual que había querido a

todos los anteriores.

Cuando llegó el invierno, la situación en el condado de Baldwin se

había asentado. Los trabajos habían vuelto, y Glen encontró por fin una ocupación más estable. La familia aún pasaba apuros económicos, pero la

mayoría de los niños habían vuelto al colegio. Parecían haber superado lo

peor de la catástrofe.

Marsha sabía que, a su edad, un embarazo tenía riesgos, pero no podía

permitirse ver a un médico. Sencillamente, no había dinero para ello. Como

ya había pasado por seis partos, sabía lo que podía esperar y pensó que se

las arreglaría lo mejor posible sin cuidados prenatales. Intentó no

preocuparse ni siquiera a pesar de que había estado sufriendo algunos

dolores y problemas que no recordaba haber tenido en embarazos

anteriores. Había sangrado a veces; si se hubiera podido permitir un

examen, el médico habría descubierto indicios de un desprendimiento de

placenta.

Su antigua caravana estaba al lado de la de la FEMA y era inhabitable

en su mayor parte, pero aún tenía agua corriente y una bañera, lo que permitía a Marsha disfrutar de vez en cuando de un poco de tranquilidad.

Un día que no se sentía muy bien pensó que un largo baño caliente le vendría de perlas. Llenó la bañera y se metió en ella pocos minutos antes de

que comenzara un parto violento. Tuvo la impresión de que todo estaba pasando muy deprisa, y antes de darse cuenta, había expulsado al niño, que

nació muerto. Intentó desesperadamente revivirlo, pero el bebé nunca llegó

a respirar.

Aunque al principio le había preocupado descubrir que estaba embarazada, Marsha lamentó la muerte del pequeño e insistió en bautizarlo

y llevar a cabo un entierro familiar. Lo llamaron Timothy y le dieron sepultura en una tumba marcada junto a la pequeña caravana que era su hogar. El bebé mortinato habría sido una tragedia privada para Marsha y su

familia de no ser por una vecina entrometida que llevaba mucho tiempo mirando con malos ojos a los Colbey.

Debbie Cook se dio cuenta de que Marsha Colbey ya no estaba

embarazada pero no tenía un bebé, lo que azuzó su interés por los detalles

del parto malogrado. Marsha no se fiaba de aquella mujer, y cuando esta empezó a hacer preguntas, respondió con evasivas. Cook, que trabajaba en

la escuela de primaria a la que asistían los hijos de la señora Colbey, acabó

por pedir a uno de los empleados de la cafetería de la escuela que llamara a

la policía y les hablara del bebé desaparecido.1 El agente Kenneth Lewellen habló con la señora Cook y a continuación fue a casa de los Colbey.

Marsha, aún en duelo por la pérdida del bebé e irritada por la intrusión, reaccionó mal al interrogatorio. Al principio intentó despistar al policía y a

los investigadores para proteger su privacidad. No fue una maniobra muy inteligente, pero estaba indignada por el entremetimiento. Cuando Lewellen

se fijó en la tumba marcada junto al hogar de los Colbey, Marsha admitió

que era el lugar donde estaba enterrado su hijo.

Llamaron a Kathleen Enstice, una patóloga forense que trabajaba para

el estado, para exhumar el cadáver del bebé. Marsha se quedó estupefacta

ante el hecho de que los agentes de la ley hicieran algo tan perturbador sin

justificación. Tan pronto como el cadáver fue exhumado, pero antes de

haber tenido oportunidad de examinarlo en debida forma, Enstice le dijo al

investigador que creía que el bebé había nacido vivo. Más tarde admitió que

no tenía base para realizar aquella afirmación, y que sin una autopsia y otras

pruebas no tenía forma de saber si el bebé había nacido vivo. Según se descubrió después, en el historial de Enstice había otras declaraciones de homicidio realizadas prematura e incorrectamente sin tener pruebas que lo

corroborasen. 2

A continuación, la patóloga realizó la autopsia en el laboratorio del departamento de ciencias forenses de Mobile. 3 No solo concluyó que el bebé de Marsha Colbey había nacido con vida, sino que sostuvo que habría

podido sobrevivir sin recibir cuidados médicos. 4 Aunque la mayoría de los expertos está de acuerdo en que los patólogos forenses —que trabajan ante

todo con cadáveres— no están cualificados para estimar las posibilidades de supervivencia, el estado permitió que la acusación presentase cargos criminales.

Así fue como a las pocas semanas de dar a luz a su hijo muerto,

Marsha Colbey se vio acusada, por increíble que parezca, de asesinato en

primer grado. Alabama se encuentra entre el creciente número de estados que consideran el asesinato de una persona menor de catorce años un delito

capital condenable con la pena de muerte. La categoría de víctimas

infantiles ha producido como consecuencia un incremento espectacular en

el número de madres jóvenes y menores de edad enviadas al corredor de la

muerte. Las cinco mujeres que ocupaban el de Alabama habían sido

condenadas por las muertes sin explicación de sus hijos pequeños o por las

de esposos o novios maltratadores, sin excepción. De hecho, por todo el país, la mayoría de las mujeres que esperan la ejecución en el corredor de la

muerte están allí en relación con crímenes cometidos en el entorno familiar,

bajo alegaciones de maltrato infantil o de violencia doméstica en la que hay

implicada una pareja masculina.5

En el juicio, Kathleen Enstice declaró que Timothy había nacido vivo

y murió por ahogamiento. Declaró que había llegado a la primera

conclusión a través de una «diagnosis de exclusión»; es decir, que no encontró pruebas de que el bebé hubiera nacido muerto y no tenía otra explicación para su fallecimiento. 6 Su declaración fue calificada de poco fiable por el experto del propio estado, el doctor Dennis McNally, un obstetra/ginecólogo que examinó a la señora Colbey dos semanas después

del parto. El doctor McNally declaró que el embarazo de la señora Colbey

tenía un alto riesgo de «muerte fetal inexplicada» debido a la edad de la madre y la ausencia de cuidados prenatales. 7 La conclusión de Enstice fue también desacreditada por el doctor Werner Spitz, autor del texto médico con el que Enstice había estudiado durante su formación como patóloga

forense. 8 El doctor Spitz declaró a favor de la defensa que él no habría afirmado «en absoluto» que el bebé había nacido con vida, y mucho menos

que se hubiera tratado de un homicidio, teniendo en cuenta las

circunstancias del caso.

Al carecer de pruebas científicas creíbles de que había tenido lugar un

crimen, el estado recurrió a pruebas escandalosas: Marsha era pobre, había

sido consumidora de drogas y evidentemente era una mala madre, pues no

había intentado acceder a cuidados prenatales. Los investigadores de la policía fueron a su casa y sacaron fotografías de un inodoro en el que no habían tirado de la cadena y de una lata de cerveza en el suelo, que enarbolaron ante el jurado como prueba de negligencia y mala atención

parental. 9

En los numerosos interrogatorios, la señora Colbey siempre sostuvo

que el bebé había nacido muerto y que nunca había llegado a respirar, a pesar de todos sus esfuerzos por revivirlo. 10 Rechazó la oferta del estado de que se declarase culpable a cambio de una pena menor, dieciocho años de

prisión, porque se mantenía inquebrantable en su afirmación de que no

había hecho nada malo.11

El juicio de Marsha Colbey acabó por captar la atención de la prensa, a

la que entusiasmó tener otra historia de «madre peligrosa». Los medios locales trataron el caso con sensacionalismo y alabaron a la policía y al fiscal por acudir en auxilio de otro niño indefenso. En la época en que tuvo

lugar el juicio de Marsha, la demonización de las madres irresponsables se

había convertido en una moda que los medios seguían con entusiasmo. Los

relatos trágicos de madres que mataban a sus hijos causaban sensación en

todo el país. Cuando Andrea Yates ahogó a sus cinco hijos en 2001, en Texas, la tragedia se convirtió en una historia nacional. El intento de Susan

Smith de culpar a unos desconocidos negros de la muerte de sus hijos, en

Carolina del Sur, antes de admitir finalmente que los había asesinado ella,

fascinó a los estadounidenses obsesionados por los crímenes. Con el

tiempo, el interés de los medios en ese tipo de historias se convirtió en una

preocupación nacional. La revista Time denominó al juicio de Casey Anthony, la joven madre de Florida que fue finalmente absuelta de la

muerte de su hija de dos años, el «juicio del siglo en los medios sociales», después de que la historia generase una cobertura ininterrumpida por parte

de las cadenas de televisión por cable. 12

El asesinato de un niño a manos de uno de sus padres es horrible, y habitualmente interviene algún factor de enfermedad mental grave, como

ocurrió en los casos de Yates y Smith. Pero estos casos también tienden a

crear distorsiones y prejuicios. La policía y los fiscales se ven influenciados

por la cobertura mediática, y la presunción de culpabilidad ha caído sobre

cientos de mujeres —especialmente si se trata de mujeres pobres en

circunstancias difíciles— cuyos hijos han muerto de forma inesperada. A pesar de la preeminencia de Estados Unidos entre las naciones

desarrolladas, siempre hemos luchado contra una elevada tasa de

mortalidad infantil, muy superior a la de la mayoría de los países

desarrollados. La incapacidad de muchas mujeres pobres para acceder a

cuidados médicos adecuados, incluidos los prenatales y los posparto, ha sido durante décadas un grave problema en este país. Incluso con las

mejoras recientes, la tasa de mortalidad infantil sigue siendo una causa de

vergüenza para una nación que gasta más en atención médica que cualquier

otro del mundo. La criminalización de la mortalidad infantil y la

persecución de las mujeres pobres cuyos hijos mueren han alcanzado

nuevas dimensiones en los Estados Unidos del siglo XXI, como empiezan a

atestiguar las prisiones de todo el país.13

Las comunidades estaban a la caza de malas madres que deberían ir a

la cárcel. Por la misma época del juicio de Marsha, en el condado de Pickens, en Alabama, Bridget Lee dio a luz a un niño muerto. Fue acusada

de asesinato en primer grado y encarcelada injustamente. Lee, pianista en la

iglesia, madre de dos hijos y contable en un banco, quedó embarazada en

una relación extramarital. Asustada y deprimida, aquella mujer de treinta y

cuatro años ocultó el embarazo con la esperanza de poder dar al niño en adopción en secreto. Pero rompió aguas cinco semanas antes de la fecha prevista, y el bebé nació muerto. No le contó nada a su marido, lo que despertó sospechas. Las circunstancias deshonrosas que rodeaban el

embarazo de Lee fueron suficiente para influenciar al patólogo que realizó

la autopsia, quien dictaminó que el bebé había nacido con vida y Lee lo

había asfixiado. Varios meses después de que Lee fuera detenida y acusada de asesinato en primer grado, otros seis patólogos examinaron el cadáver y

llegaron a la conclusión unánime de que el bebé había muerto por neumonía

neonatal, una causa clásica de partos mortinatos que presenta características

muy particulares. La nueva información hizo que el fiscal retirara los cargos, lo que le ahorró a la señora Lee un juicio por asesinato y, probablemente, ser condenada a muerte. 14 El patólogo desacreditado se marchó de Alabama, pero sigue trabajando como forense en Texas.

En otros cientos de casos, las mujeres acusadas falsamente no llegaron

a recibir nunca la ayuda forense que necesitaban para evitar condenas

injustas. Algunos años antes de representar a Marsha Colbey nos

encargamos del caso de Diane Tucker y Victoria Banks. La señora Banks,

una mujer negra intelectualmente discapacitada que vivía en el condado de

Choctaw, en Alabama, fue acusada de matar a su hijo recién nacido, a pesar

de que la policía no tenía siquiera una base creíble de que hubiera estado embarazada. Presuntamente, Banks le había dicho a un ayudante del sheriff

que estaba embarazada para evitar ir a la cárcel por un asunto sin relación

con el caso. Cuando meses más tarde se vio que no tenía ningún niño, la policía la acusó de haberlo matado. La señora Banks, discapacitada y sin asistencia legal adecuada, fue coaccionada para que se declarase culpable de haber matado a un niño que nunca había existido, en colaboración con su

hermana, la señora Tucker. Al ver que se enfrentaba a una acusación de asesinato y a una posible condena a muerte, hizo un trato y aceptó una sentencia de veinte años de prisión. Los agentes de la ley rehusaron

investigar sus alegaciones de inocencia antes de mandarla entre rejas.

Conseguimos su puesta en libertad después de establecer que le habían

hecho una ligadura de trompas cinco años antes de su detención, lo que hacía que fuera biológicamente imposible que se quedara embarazada, y

mucho menos dar a luz a un hijo.15

Además de las muertes no explicadas de hijos de mujeres pobres,

también se han criminalizado otros tipos de «mala conducta parental». En

2006, Alabama aprobó una ley que convertía en delito exponer a un hijo a

un «entorno peligroso» en el que pudiera encontrar drogas. Esta «ley sobre

la infancia en peligro por sustancias químicas» se aprobó evidentemente

para proteger a los niños que vivían en hogares donde había laboratorios de fabricación de metanfetamina u operaciones de tráfico de drogas. Pero la ley se aplicó de una forma mucho más amplia, y no tardaron en correr riesgo de persecución miles de madres con hijos que vivían en comunidades

pobres y marginales donde campaban las drogas y las adicciones.

Con el tiempo, el Tribunal Supremo de Alabama reinterpretó el

término entorno hasta incluir el útero en él y el término niño hasta incluir el

feto.16 Las mujeres embarazadas podían ser acusadas de delitos y enviadas a prisión durante décadas si había cualquier prueba de que hubieran

consumido drogas en algún momento del embarazo. En los últimos años,

docenas de mujeres han ido a prisión a causa de esta ley, en vez de recibir la

ayuda que necesitaban.

La histeria que rodeaba el tema de las malas madres dificultaba

terriblemente que Marsha Colbey recibiera un juicio justo. Durante la

selección del jurado, numerosos aspirantes declararon que no podrían ser imparciales con la señora Colbey. Algunos indicaron que encontraban tan perturbadoras las alegaciones de que se había matado a un niño que no podían honrar la presunción de inocencia.17 Otros revelaron que tenían una relación cercana con uno de los investigadores del estado —un testigo clave

del estado que había sido especialmente vehemente sobre el tema de

identificar a las malas madres— y que «creerían cualquier cosa que dijera

que fuera creíble».18 Otro aspirante a jurado admitió que confiaba en los testigos que conocía y que eran agentes de la ley, hasta el punto de que

«creería todo lo que dijeran». 19

El tribunal permitió que casi todos aquellos aspirantes permaneciesen

en el panel de jurados a pesar de las objeciones de la defensa. Al final, se

seleccionó para decidir el destino de Marsha Colbey a un jurado que llegaba

al juicio cargado de presuposiciones y parcialidad.

El jurado volvió a la sala con un veredicto de culpabilidad para el

cargo de asesinato en primer grado. Antes de pronunciar su veredicto, los

miembros del jurado mostraron su preocupación por el hecho de que la

señora Colbey fuera condenada a la pena de muerte, por lo que el estado aceptó no solicitarla en el caso de que fuera declarada culpable. Aquella concesión provocó un veredicto de culpabilidad inmediato. El tribunal

sentenció a la señora Colbey a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y poco después esta se encontró esposada en un furgón de la

penitenciaría, camino de la prisión de mujeres Julia Tutwiler.

La prisión Tutwiler se construyó en la década de 1940 en Wetumpka

(Alabama). Recibió su nombre en homenaje a una mujer que promovió la

educación de los prisioneros y su encierro en condiciones humanitarias, pero se ha convertido en una pesadilla superpoblada y peligrosa para las presas atrapadas allí. Numerosas sentencias de tribunales han declarado que

el nivel de hacinamiento de la prisión es anticonstitucional: aloja casi el doble de la cantidad de mujeres para la que se diseñó. En Estados Unidos,

la cifra de mujeres enviadas a prisión se ha incrementado un 646 por ciento

entre 1980 y 2010, un índice de crecimiento 1,5 veces mayor que en el caso

de los hombres. El encarcelamiento de mujeres ha alcanzado niveles récord:

cerca de doscientas mil mujeres en cárceles y prisiones estadounidenses y

más de un millón bajo la supervisión o el control del sistema de justicia penal.

En Tutwiler, las mujeres se amontonan en los dormitorios y otros

espacios de alojamiento improvisados. Marsha quedó impresionada ante

aquella saturación. Al ser la única prisión de mujeres del estado, Tutwiler

no tiene una forma de clasificar y asignar sensatamente a sus ocupantes en

los dormitorios adecuados. Presas que sufren enfermedades mentales serias

o problemas emocionales graves se amontonan con las demás, haciendo que

la vida en los alojamientos sea caótica y estresante para todas. Marsha nunca pudo llegar a acostumbrarse a los gritos y aullidos que sonaban sin

explicación alguna en medio de la noche en los dormitorios abarrotados.

La mayoría de las mujeres, cerca de dos tercios, está en prisión por delitos no violentos, relacionados con drogas en pequeñas cantidades o

contra la propiedad. En particular, las leyes contra las drogas han tenido un

gran impacto en la cifra de mujeres enviadas a prisión. Las leyes de tres casos de reincidencia han representado un papel considerable en ello. A mediados de la década de 1980, cuando era un joven abogado que trabajaba

en el Comité de Defensa de Prisioneros Sureños, empecé a protestar por las

condiciones del encierro en Tutwiler. En aquella época me escandalizó

descubrir que había mujeres que iban a prisión por delitos tan leves. Una de

las primeras prisioneras que conocí era una joven madre sentenciada a una larga condena por usar cheques sin fondos para comprar regalos de Navidad

a sus tres hijos pequeños. Entre lágrimas, como un personaje de una novela

de Victor Hugo, me contó su desgarradora historia. Yo no podía dar crédito

a lo que oía hasta que comprobé su expediente y descubrí que, en efecto, había sido declarada culpable y condenada a diez años de prisión por pasar

cinco cheques sin fondos, tres de ellos en Toys’R’Us. Ninguno de los

cheques superaba los 150 dólares. Su caso no era el único. Miles de mujeres

han sido sentenciadas a pasar muchos años en prisión por pasar cheques sin

fondos o por pequeños delitos contra la propiedad que acarreaban condenas

mínimas obligatorias.

Las consecuencias colaterales del encarcelamiento de mujeres son

significativas. Aproximadamente el 75 o el 80 por ciento de las prisioneras

son madres con hijos menores de edad.20 Cerca del 65 por ciento tenían hijos menores que vivían con ellas en el momento en que las detuvieron, hijos que a consecuencia del encarcelamiento de sus madres han quedado expuestos a situaciones de riesgo y seguirán así el resto de su vida, incluso

después de que sus madres regresen a casa. En 1996, el Congreso aprobó

una ley de reforma de las ayudas sociales que incluyó injustificadamente una disposición que autorizaba a los estados a eliminar de la lista de beneficiarios a personas que habían sido declaradas culpables de delitos relacionados con drogas. La población más afectada por aquella ley

insensata fueron madres que habían pasado por la cárcel, la mayoría por delitos de drogas. Estas mujeres y sus hijos ya no podían residir en viviendas subvencionadas, recibir vales de comida ni tener acceso a

servicios básicos. En los últimos veinte años hemos creado una nueva casta

de «intocables» en la sociedad estadounidense, formada por las madres en

situación más vulnerable y sus hijos.

Marsha pasó sus primeros días en Tutwiler sumida en un estado de

incredulidad. Conoció a otras mujeres como ella que también habían ido a

prisión tras haber dado a luz a mortinatos. Efernia McClendon, una

adolescente negra de Opelika (Alabama), se quedó embarazada en el

instituto y no se lo contó a sus padres. El parto se produjo a los cinco meses

y abandonó al bebé nacido muerto en un canal de drenaje. Cuando fue

descubierto, la policía la interrogó hasta que admitió que no podía estar segura al cien por cien de que el bebé no se hubiera movido antes de morir,

incluso teniendo en cuenta que un parto tan prematuro hacía que fuese terriblemente improbable la supervivencia del recién nacido. La

amenazaron con la pena de muerte, y fue así como se unió al creciente número de mujeres encarceladas por haber tenido un embarazo no deseado

y tomado una mala decisión.

En Tutwiler se entrelazaban las vidas y el sufrimiento de aquellas

prisioneras. A Marsha le fue imposible no darse cuenta de que algunas nunca recibían visitas. Al principio intentó distanciarse, pero no pudo permanecer indiferente al sufrimiento de quienes la rodeaban, lloraban más

de lo normal, estaban más preocupadas por los hijos o la familia que habían

dejado atrás o parecían especialmente hundidas o deprimidas. Tal como

estaban, tan entremezcladas unas con otras, un día horrible para una de ellas

acababa inevitablemente convirtiéndose en un día horrible para todas. El único consuelo en aquella situación era que también se compartían los

momentos de felicidad. La concesión de una libertad condicional, la llegada

de una carta esperada, la visita de un familiar al que no se veía desde hacía

mucho tiempo, levantaba el ánimo a todas.

Los años que pasó Marsha en Tutwiler podrían haber sido difíciles

pero soportables si su único problema hubieran sido las dificultades a las que se enfrentaban las demás mujeres. Pero había otros mayores, en cuyo

origen estaba el propio personal de la prisión. Algunos guardias violaban a

las reclusas; estas se veían acosadas sexualmente, explotadas, maltratadas y

atacadas de innumerables formas por los guardias varones. El director

permitía que entrasen en las duchas durante los recuentos; observaban

descaradamente a las mujeres desnudas y hacían comentarios groseros y

amenazas insinuantes. Las prisioneras carecían de privacidad en los aseos,

donde los guardias podían observarlas mientras los usaban. Había pasillos y

rincones oscuros en Tutwiler, espacios terroríficos donde las mujeres podían

recibir palizas o ser atacadas sexualmente. La EJI había solicitado al departamento de prisiones que instalase cámaras de seguridad en los

dormitorios, pero recibieron una negativa por respuesta. La cultura de violencia sexual estaba tan generalizada que incluso el capellán de la prisión agredía sexualmente a las mujeres que iban a la capilla.

Poco después de la llegada de Marsha conseguimos la puesta en

libertad de Diane Jones, que había sido injustamente declarada culpable y

condenada a morir en prisión por un delito que no había cometido. Diane

había sido detenida por error en una operación de tráfico de drogas en la

que participaba un antiguo novio suyo. Fue declarada culpable de múltiples

cargos que conllevaban una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Recurrimos el veredicto y la condena, y

finalmente conseguimos que fuera puesta en libertad. La liberación de

Diane Jones, una condenada a la perpetua, dio esperanza a todas las

reclusas de Tutwiler. Recibí cartas de mujeres a las que nunca había visto,

en las que me daban las gracias por ayudar a Diane. Mientras trabajaba en

el caso, fui a Tutwiler para reunirme con ella, y me contó que sus

compañeras necesitaban ayuda desesperadamente.

—Bryan, tengo nueve notas que me han dado para que te las pase.

Eran demasiadas para colarlas ante los guardias, así que no las he traído, pero esas mujeres quieren que las ayudes.

—No necesitas pasar notas de contrabando. Pueden escribirnos.

—Bueno, algunas dicen que ya han escrito.

—Estamos hasta el cuello, Diane. Lo siento mucho. Pero intentaremos

responder.

—Las que más me preocupan son las condenadas a perpetua. Son las

que morirán aquí.

—Lo intentamos... Es solo que no damos abasto.

—Se lo diré, lo sé. Es que están desesperadas, como yo lo estaba antes

de que me ayudaseis. Marsha, Ashley, Monica y Patricia no dejan de

decirme que tienes que mandar a alguien para que las ayude.

Poco tiempo después nos reunimos con Marsha Colbey y empezamos a

trabajar en su apelación. Decidimos impugnar el caso presentado por el estado y la forma en que se seleccionó al jurado. Charlotte Morrison, una

antigua estudiante de Rhodes y exalumna mía, era ahora una de las abogadas principales en la EJI. Ella y Kristen Nelson, una abogada

miembro del personal, licenciada en la Escuela de Derecho de Harvard, que

había trabajado en el Public Defender Service del Distrito de Columbia —el

despacho de abogados de oficio más importante del país—, se reunieron

con Marsha en numerosas ocasiones. Marsha les habló de su caso, de la dificultad de mantener unida a su familia mientras estaba en prisión y de otros problemas. Pero el tema más recurrente en aquellas visitas era la violencia sexual en Tutwiler.

Charlotte y yo nos hicimos cargo del caso de otra mujer que había

presentado una demanda civil federal después de haber sido violada en

Tutwiler. No había recibido ayuda legal, por lo que debido a defectos de forma en sus peticiones y a las alegaciones que realizaba en su queja, solo

podíamos garantizarle una pequeña resolución a su favor. Pero los detalles

de su experiencia eran tan dolorosos que ya no podíamos pasar por alto la

violencia. Empezamos una investigación en la que entrevistamos a

cincuenta mujeres; nos quedamos conmocionados al descubrir hasta qué

punto se había extendido el problema de la violencia sexual. Varias presas

habían sido violadas y quedaron embarazadas, y a pesar de que las pruebas

de ADN demostraron que los padres de esos hijos eran guardias de la

prisión, nadie hizo gran cosa al respecto. Algunos de los guardias,

denunciados en numerosas quejas por agresión sexual, fueron trasladados

temporalmente a otras tareas u otras prisiones, y luego acabaron de vuelta

en Tutwiler, donde siguieron atacando a las mujeres. Al final acabamos presentando una queja en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y

publicamos varios informes sobre el problema, que fue ampliamente

cubierto por los medios. Tutwiler entró en la lista de las diez peores prisiones estadounidenses compilada por Mother Jones; era la única prisión de mujeres que recibió aquel dudoso reconocimiento. A todo ello le

siguieron audiencias legislativas y cambios en la normativa. Los guardias varones tienen ahora vedado el acceso a los aseos y las duchas, y se ha asignado un nuevo director a la instalación.

Marsha aguantó a pesar de todo aquello y empezó a abogar por algunas de las mujeres más jóvenes. Quedamos desolados cuando el

tribunal penal de apelaciones emitió un veredicto confirmando su

culpabilidad y su sentencia. Solicitamos una revisión en el Tribunal

Supremo de Alabama y conseguimos un nuevo juicio basándonos en que el

juez del primero se había negado a excluir a miembros del jurado que habían mostrado prejuicios y no podían ser imparciales. Marsha y nuestro

equipo estaban emocionados; los agentes locales del condado de Baldwin,

no tanto. Amenazaron con reforzar la acusación. Incluimos a patólogos

expertos y convencimos a las autoridades locales de que no existía base para declarar a Marsha culpable de asesinato. Nos llevó dos años establecer

el caso legal y después pasamos otro más peleándonos con el departamento

de prisiones para que reconociera todo el tiempo que Marsha había pasado

en la cárcel. Por fin, en diciembre de 2012, diez años después de haber sido

encarcelada injustamente, Marsha fue puesta en libertad.

Habíamos empezado a celebrar cenas anuales de recaudación de

fondos para la EJI cada mes de marzo en la ciudad de Nueva York.

Habitualmente agasajábamos a algún miembro destacado del servicio

público y a un cliente. En una ocasión anterior habíamos tenido como

huésped de honor a Marian Wright Edelman, heroica abogada defensora de

los derechos civiles y fundadora del Children’s Defense Fund. En 2011

recibimos a John Paul Stevens, miembro jubilado del Tribunal Supremo de

Estados Unidos. Conocí al juez Stevens en una pequeña conferencia cuando

yo era un joven abogado, y había sido extremadamente amable conmigo.

Para cuando se jubiló se había convertido en el miembro del Tribunal más

crítico con el castigo excesivo y los encarcelamientos en masa. En 2013, junto a Marsha Colbey, decidimos honrar a la carismática exdirectora del NAACP Legal Defense Fund, Elaine Jones, y a los progresistas magnates

de los helados Ben (Cohen) & Jerry (Greenfield). Roberta Flack, la legendaria cantante y escritora de canciones, aceptó actuar para nosotros.

Interpretó la canción de George Harrison Isn’t It a Pity antes de que entregásemos a Marsha su galardón.

En mi presentación expliqué al público que, el día de su liberación, Marsha había acudido al bufete a dar las gracias a todos. Su marido y sus

dos hijas la habían recogido en Tutwiler. La más joven de sus hijas, que tenía unos doce años, había hecho deshacerse en lágrimas a casi todo

nuestro personal cuando se negó a soltar a su madre durante todo el tiempo

que pasaron en nuestras oficinas. Se abrazaba a la cintura de Marsha, se le

aferraba al brazo y se apoyaba contra ella como si tuviera la intención de no

dejar que nadie volviera a separarla físicamente de su lado nunca más.

Hicimos fotos de Marsha y parte del personal, y su hija sale en todas ellas.

Aquello nos dijo mucho sobre el tipo de madre que era Marsha Colbey.

Marsha subió al estrado con su elegante vestido azul.

—Quiero dar las gracias a todos por tenerme en cuenta, a mí y a todo

por lo que he pasado. Son muy amables. Yo, simplemente, me siento feliz

por ser libre.

Habló ante el numeroso público con calma y compostura. Se expresaba

con elegancia y encanto. Solo cedió a las emociones cuando habló sobre las

mujeres que había dejado atrás.

—Soy afortunada. He recibido una ayuda que la mayoría de las

mujeres no pueden obtener. Es lo que más me duele ahora mismo, saber que

siguen allí mientras yo estoy en casa. Espero que podamos hacer más para

ayudar a otras personas.

Su vestido resplandecía bajo los focos, y el público se puso en pie para

aplaudir mientras Marsha lloraba por las mujeres que había dejado atrás.

Después de aquello, casi no supe qué decir.

—Necesitamos más esperanza. Necesitamos más compasión.

Necesitamos más justicia.

Después presenté a Elaine Jones, que empezó su discurso con estas

palabras:

—Marsha Colbey... ¿No es preciosa?

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