Capítulo 6

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El resumen elaborado por Alcázar es preciso, claro, ejecutivo. Traza los principales aspectos de las dos teorías existentes del origen del incendio.

La primera, la oficial: el cortocircuito en uno de los cables del viejo cooler (un arcaico aparato enfriador) de la bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, anexa a la guardería. El cortocircuito provocó una chispa que habría caído en un archivo repleto de documentos. Los miles de papeles y cajas de cartón almacenados en el lugar fungieron como propagadores de las llamas que alcanzaron a la guardería en cuestión de minutos. Un muro de bloques de concreto sin relleno separaba la bodega de la estancia infantil. Ambos espacios compartían un techo de doble agua fabricado con lámina galvanizada, cubierto en la parte inferior por poliuretano sin aislante. Entre el techo y el muro divisorio se extendía una canaleta que funcionaba como desagüe. El fuego encontró esa vía de escape para cruzar a la guardería. Las llamas quedaron atrapadas entre el techo, el falso plafón y una lona de plástico que decoraba el espacio como si fuera la carpa de un circo. Plafón y carpa cedieron por las llamas y el humo negro concentrados y una lluvia de fuego se abatió sobre las cabezas de los ciento cincuenta y tres bebés que en ese momento tomaban la siesta.

Desde el principio, un grupo de padres, organizado bajo el nombre de Manos Unidas, receló de la versión oficial. Jorge Alcázar, su representante legal, a finales de 2009 contactó a un perito especialista independiente: David Smith. El peritaje concluía que el incendio en la bodega de Hacienda había sido intencional.

El director de la Associated Fire Consultants Incorporated señalaba en el informe final que el papel contenido en las cajas del archivo se consumió en su totalidad. Según su criterio, este fenómeno sería extraordinario, ya que es extremadamente difícil quemar por completo una pila de papel, debido a su masa y a la falta de oxígeno en el interior de la misma. El fondo de las cajas estaba parcialmente consumido en una patente irregular, consecuencia de la aplicación de aceleradores químicos. Para David Smith, las patentes observadas eran consistentes con la aplicación de algún tipo de líquido de ignición. El experto contratado por Alcázar llevó a cabo la inspección siete meses después del incendio, lo que le imposibilitó realizar estudios de laboratorio para determinar qué tipo de líquido se había utilizado. La escena del crimen no había sido preservada según los mínimos protocolos. El peritaje Smith descartaba una falla en el sistema eléctrico, base de la teoría que señala al cooler como culpable, pues los interruptores se encontraban apagados en el momento del incendio. Este aspecto fue señalado en su momento por los empleados de la bodega ante el Ministerio Público, pero lo ignoraron. Me imagino al fiscal encargado de la averiguación previa desechando el testimonio de los trabajadores sin otro argumento que la orden llegada de arriba. Siento lástima por el pobre sujeto. Conozco de sobra la presión a la que pudo ser sometido, el deseo desquiciante de quedar bien con los superiores, obedecer sin chistar, arrastrarse como un gusano, lamer la suela de los zapatos con una sonrisa servil, la promesa de un futuro brillante. Tal vez los remordimientos nocturnos, el sueño en sobresaltos, la furia contra los hijos, la mujer, si los había, la convicción de que la inmovilidad es la única estrategia para sobrevivir a la zozobra. En asuntos como el de la guardería, expuestos al público, el sistema —acostumbrado a actuar en las sombras— se pone muy nervioso, un toro de lidia en medio de la plaza, impredecible.

El peritaje concluye que el incendio se originó junto al muro divisor entre la bodega y la guardería, donde había anaqueles de acero que guardaban cajas repletas de documentos oficiales. Ahí estableció David Smith el inicio del fuego, ahí encontró el especialista las huellas de aceleradores químicos, el rastro de una llama aplicada directamente, todo lo cual descarta un origen accidental.

Jorge Alcázar señala en el resumen que en agosto de 2011 el especialista ratificó el peritaje ante el Juzgado Primero de Distrito. Para entonces, la PGR había ejercido la facultad de atracción y el asunto se dirimía en los juzgados federales. Un año antes, en junio de 2010, el propio Smith había presentado sus conclusiones ante el Ministerio Público de la Federación, las cuales fueron incorporadas a la averiguación previa, con la promesa de abrir una línea de investigación bajo la perspectiva del incendio provocado. El abogado subraya que la PGR no ha movido un solo dedo en esa dirección.

Jorge Alcázar ilustra en su relatoría que no todos los padres de familia aceptaron de buen grado la teoría del incendio provocado. Los agrupados en el Movimiento Cinco de Junio siempre han defendido el origen accidental del incendio y han apuntado las baterías en dirección de los dueños de la guardería, cuyos lazos parentales con la primera dama del país, Margarita Zavala, y la entonces primera dama del estado, Lourdes Laborín de Bours, los han librado de toda culpa; y de las autoridades del IMSS, del municipio y del Gobierno del Estado, por los delitos de omisión, negligencia e incumplimiento de las medidas de seguridad. Alcázar aclara que el hecho de demostrar la intencionalidad del incendio no exculpa ni a los dueños ni al IMSS ni a las autoridades locales, simplemente permitiría recalificar el delito de culposo a doloso, por lo que los posibles responsables no se librarían de pisar la cárcel con una fianza, como ha ocurrido.

El Movimiento Cinco de Junio, que decidió llevar la exigencia de justicia al terreno de la lucha civil, tuvo su momento de mayor esperanza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó —después de un episodio de estira y afloja entre los ministros integrantes— ejercer la facultad de investigar el incendio bajo el argumento de que las autoridades encargadas habían sido rebasadas y existía evidencia de que habían sido violadas garantías individuales.

Los padres integrantes del Movimiento Cinco de Junio llegaron a creer que el máximo órgano de la justicia respondería al reto de establecer un paradigma —negado hasta entonces— por el homicidio de cuarenta y nueve niños.

El informe final elaborado por la comisión especial no los defraudó, pero el pleno de la Corte votó en contra del mismo.

Los ministros María del Rosario Cota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla fueron los encargados de realizar la investigación. El informe, no vinculante a juicio, pero que podría tener la fuerza moral y política de poner al descubierto la trama de complicidades y corrupción en el sistema de subrogación de guarderías del IMSS, concluía que dicho sistema era ilegal, que existía un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos y en la operación y vigilancia de las estancias, lo cual derivó en la muerte de los niños de la guardería ABC. También señalaba a responsables hasta ese momento exculpados: Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castello, Ernesto Gándara Camou, entre otros.

El proyecto de dictamen que se sometió al pleno de la Corte lo redactó el ministro Arturo Zaldívar. Su contenido fue considerado histórico pues ratificaba la responsabilidad de los intocables.

«Es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no solo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días; que para el respeto pleno de los derechos fundamentales en México no hay excusa ni pretexto, por lo que toda acción u omisión graves deben ser señaladas y tener consecuencias», expresaba el ministro aquel 14 de junio de 2010.

Pero tres días después, la mayoría de los once ministros de la Corte aprobó un dictamen en el que se libraba de toda responsabilidad a los funcionarios de alto nivel, se confirmaba la legalidad del sistema de subrogación y en el que dejaban afuera el peritaje Smith y, por ende, la posibilidad de calificar el incendio como intencional.

A tres años de la peor tragedia infantil registrada en México, como ha sido calificada desde entonces, Jorge Alcázar establece en el documento que poseen nuevos indicios de que alguien ordenó el incendio en la bodega. Me ofrece el trabajo de investigar y verificar estos indicios para obtener pruebas que obliguen a la PGR a seguir esa línea en la averiguación previa.

Una estrategia desesperada. La falta de memoria, de tiempo y el talento del sistema de justicia mexicano para la acinesia, a estas alturas, han condenado el incendio de la guardería al silencio. Lo que me pide Jorge Alcázar es quijotesco, incluso, patético. Ha sido una pérdida de tiempo venir a Hermosillo. Al día siguiente regresaré a Tijuana, un lugar en el que nunca he podido llorar de amor, me consuelo.