4. Esquivar y golpear

Capítulo cuatro

Esquivar y golpear

E l FBI de Boston estaba convencido de necesitar a Bulger y a Flemmi, y Paul Rico, Dennis Condon y John Connolly iban a conseguir que el pacto funcionara, aunque para ello tuvieran que prescindir de todos los Frank Green del mundo, e incluso hacer malabarismos con tres patatas calientes legales: el manual de operaciones del FBI, la normativa del fiscal general para el trato con confidentes y los estatutos criminales federales. Por suerte para ellos, Rico había creado un estilo «único» a la hora de enfrentarse a la peliaguda cuestión de la relación con los confidentes y había servido como modelo para otros agentes de contacto de la oficina de Boston. En resumen: las normas estaban hechas para incumplirlas.

Tenían el convencimiento de que todo valía para acabar con la mafia. A lo largo y ancho de Estados Unidos las oficinas de campo del FBI sufrían una gran presión por contactar con confidentes de todo tipo: confidentes de máximo nivel para librar la batalla contra el crimen organizado. Gran parte de esa presión era fruto de la vergüenza que señalaba al FBI por haber tardado tanto en identificar la existencia de la mafia. El problema había sido la intransigencia de J. Edgar Hoover. El por entonces director de la Oficina Federal de Investigación prefería acumular estadísticas sobre los atracos a bancos y dar caza a los comunistas a recabar pruebas contundentes que demostraran la existencia de la organización criminal.

Por ejemplo, en noviembre de 1957, los capos de la mafia reunidos en el poblado de Apalachin, al norte del estado de Nueva York, saltaron a la portada de todos los periódicos después de que un sargento de la policía del estado de Nueva York se topara por casualidad con el exclusivo evento al que solo podía accederse con invitación. La policía de tráfico montó un control de carretera, y los representantes del crimen organizado que iban llegando desde todos los puntos del país se dieron a la fuga. Algunos saltaron de los coches en marcha y salieron corriendo para adentrarse en el bosque. Otros se refugiaron en la mansión situada en lo alto de la colina de su anfitrión, el distribuidor de cerveza Joseph Barbara. Al final, la policía rodeó e identificó a más de sesenta gánsteres, y muchos llevaban enormes fajos de billetes encima. La lista incluía personajes de lo más granado y conocido de la mafia: Joseph Bonanno, Joseph Profaci y Vito Genovese. El FBI no movió un dedo.

Dos años después, el 8 de diciembre de 1959, un grupo de mafiosos mucho más importante se reunió cerca de Boston, en Worcester, Massachusetts. Unos ciento cincuenta personajes emblemáticos del hampa entraron a hurtadillas en la ciudad, se encontraron en un hotel del centro, celebraron una reunión que duró toda la noche y acabaron marchándose al alba, antes de que pudiera producirse ninguna detención importante. Los medios informativos y numerosos expertos en materia de crimen organizado señalaban esos encuentros como la prueba palpable de una empresa criminal nacional, un «gobierno en la sombra», cuya cúpula se reunía para establecer políticas de actuación y resolver disputas. Sin embargo, Hoover despreciaba aquel análisis y lo tildaba de exagerado y sensacionalista.

No fue hasta el momento en que Robert F. Kennedy se convirtió en fiscal general del Estado, en 1960, cuando el FBI, lento pero seguro, dio los pasos necesarios para derrotar al supuesto enemigo desde dentro. Cuando se produjo la histórica declaración pública del confidente de la mafia Joseph Valachi, durante las vistas del Congreso, en 1963, el FBI estaba poniéndose al día de la realidad de forma oficial. En diversas ciudades del país, se crearon unidades especiales en la Oficina Federal de Investigación para centrarse en la Cosa Nostra. En Boston, Dennis Condon y Paul Rico se encontraban entre el grupo de agentes escogidos para formar la primera Brigada Nacional contra el Crimen Organizado de la ciudad.

Los agentes se echaron a la calle para intentar averiguar qué alcance y poder tenía el brazo derecho de la mafia en Nueva Inglaterra, Gennaro J. Angiulo, mientras que el Departamento de Justicia liderado por Kennedy, en la ciudad de Washington, se empleaba a fondo en la consolidación de las herramientas legales disponibles para librar la nueva batalla nacional.

En 1961, el Congreso había aprobado, a petición de Kennedy, una legislación que elevaba gran parte de la actividad delictiva de la mafia a la condición de causa federal. Los viajes entre estados con finalidad de asociación delictiva, conocidos como ITAR por sus siglas en inglés, empezaron a tratarse como asunto de jurisdicción federal, lo que suponía que los hasta entonces delitos locales, como la extorsión, el soborno, el juego ilegal y el traslado entre estados de toda la parafernalia que requerían las apuestas ilícitas, podían juzgarse en cualquier punto del país.

Más adelante, en 1968, el Congreso aprobó la Ley ómnibus de control del crimen y seguridad en las calles. El Título III de la ley establecía los procedimientos necesarios para obtener la autorización de un tribunal para el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia en la lucha contra la mafia. La nueva ley supuso una mayor laxitud en el respeto del derecho a la intimidad, pero el Gobierno la consideraba necesaria, como un término medio entre la libertad individual y el poder estatal que debía ejercerse y permitirse. Fue lo que se argüiría en el caso de que la policía fuera cuestionada en sus intentos de poner fin a las conspiraciones de la mafia. Al final, el FBI aprovechó de manera sorprendentemente inteligente los dispositivos electrónicos de escucha del mentado Título III en una serie de importantes operaciones en las que se destronó a capos mafiosos de numerosas ciudades estadounidenses, incluida Boston.

En 1970, el Congreso aprobó una ley que acabaría convirtiéndose en el arma más potente del Gobierno para combatir el crimen organizado. La Ley contra organizaciones influidas por gánsteres y corruptos, conocida en inglés como ley RICO, se aplicaría prácticamente en todos los casos penales de gran calado contra la mafia durante la década de 1980. Por primera vez la ley RICO convirtió la dirección de una organización criminal en delito federal penal grave, que conllevaba larguísimas penas de cárcel. Si el Gobierno lograba probar la existencia de un patrón significativo en la dirección de organizaciones criminales —⁠es decir, demostrar que el mafioso en cuestión estaba implicado en varios delitos penales estatales y federales⁠—, entraban en juego las duras sentencias de la ley RICO. Las penas impuestas gracias a dicha ley no eran algo que los miembros del hampa se tomaran a la ligera. En lugar de las condenas más breves que a menudo se imponían como castigo por juego ilegal o préstamos de usura, el Gobierno empezó a sentenciar con penas de veinte años de cárcel e incluso más largas.

Al final, las fuerzas operativas de lucha contra el crimen organizado creadas durante la década 1970 no tardaron en asumir el mando de la cruzada contra la mafia. El sentido común que subyacía bajo esas fuerzas operativas en el ámbito regional llevó a reunir los recursos existentes en los diversos organismos de los cuerpos de seguridad del Estado, tales como el FBI, el Servicio Tributario Estadounidense y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que sumaron sus fuerzas con los cuerpos de policía locales. Los representantes de los distintos organismos se reunieron con los fiscales federales para formar equipo y emprender un ataque organizado y multidimensional contra un objetivo concreto: la mafia.

Sin embargo, a pesar de todas las mejoras sobre el papel, todavía debía ganarse o perderse la cruzada contra la mafia en las calles, y la mejor arma de los agentes del FBI en ese frente era el confidente criminal. «La forma de resolver un delito depende, en el noventa y nueve por ciento de los casos, de que la gente te cuente qué ha ocurrido —⁠explicaba John Connolly durante una entrevista concedida a la radio de Boston⁠—. Es más, todos los directores del FBI han afirmado que los confidentes son nuestro recurso más importante».

Sin duda.

«Sin confidentes no somos nadie», afirmó Clarence M. Kelley tras ser nombrado nuevo director del FBI a renglón seguido del fallecimiento de J. Edgar Hoover, en 1972. La razón era simple: la policía no podía estar en todas partes, y cuando los inspectores de policía aspiraban a resolver delitos, no tenían carta blanca para investigar e interrogar a los sospechosos y ciudadanos. En su necesidad de completar las lagunas de información secreta existentes, el organismo policial descubría que los confidentes eran una herramienta esencial para actuar como sus ojos y oídos entre los criminales. La confianza de estos organismos en los confidentes evolucionó como una solución parcial a las limitaciones del poder policial en Estados Unidos.

Como todos los agentes del FBI en la década de 1970, John Connolly era muy consciente del tremendo valor que su Agencia concedía al hallazgo de confidentes. El mensaje llegó a oídos de los agentes novatos que estaban formándose en la academia del FBI, en Quantico, Virginia: encontrar confidentes y ganar prestigio. Más adelante, esos mismos agentes ya de servicio en las calles se daban cuenta de que los agentes de contacto eran considerados auténticos hacedores de lluvia. El mismísimo manual del FBI enfatizaba sin ambages la condición de élite de los agentes de contacto: encontrar y formar confidentes era la ocupación por excelencia dentro de la Oficina Federal de Investigación; una «fuente de grandes satisfacciones por los logros alcanzados como resultado de su buen funcionamiento». De hecho, en comparación con la prosa anodina y parca del resto del Manual de Operaciones de Investigación y Recomendaciones del FBI (MIOG, por sus siglas en inglés), el enfático estilo utilizado para animar a los agentes sobre la formación de confidentes rayaba lo teatral. Según rezaba el manual, el contacto con los confidentes «exige más dedicación por parte de un agente que prácticamente cualquier otra actividad relacionada con la investigación. La sensatez, las habilidades, el ingenio y la paciencia de un agente se ponen a prueba en todo momento». El trabajo requería «dedicación e inventiva. El éxito del que disfruta cada agente suele depender de la fuerza de carácter y la habilidad de dicho agente». Es decir, no todos los hombres tenían ese don, pero un profesional reputado como contacto de confidentes lograba satisfacer varios objetivos al mismo tiempo: potenciar alguna investigación del FBI, impresionar a los jefes y un ascenso meteórico de su propio estatus dentro de la organización. En la formación de los agentes y en el trabajo de campo, la cultura de la Oficina Federal de Investigación dejaba claro que el trabajo con los confidentes era una habilidad muy apreciada.

La única anotación admonitoria del manual en medio de tanta banalidad reflejaba la obsesión del que fuera director del FBI durante tanto tiempo, J. Edgar Hoover, por la imagen pública de la oficina que dirigía. Los agentes, sobre todas las cosas, jamás debían avergonzar a la institución, un mandamiento que incluía la labor que realizaban con los confidentes. Los agentes de contacto del FBI no debían contar con un confidente hasta estar «convencidos de que el posible confidente (pudiera) ser contactado sin riesgo de avergonzar a la Agencia».

A principios de 1976, Bulger informó a Connolly sobre las reuniones de trabajo celebradas entre la banda de Winter Hill, Larry Zannino y Joe Russo, de la mafia. En marzo de 1976, Bulger informó que el segundo del capo, Angiulo, había enviado un mensajero a Winter Hill, en Somerville, para «intentar establecer contacto con Stevie Flemmi». El constante cortejo de Flemmi en su esfuerzo por conquistar a la mafia era positivo para ambas organizaciones criminales; y conveniente para el FBI. Bulger añadió que se rumoreaba que el jefe de la banda, Howie Winter, iba a reunirse con Angiulo y, más adelante, con el padrino Patriarca, «para consolidar la relación». Unos meses después, en el mismo año 1976, Bulger contó a Connolly qué condiciones se habían establecido para gestionar la actividad de los corredores de apuestas entre su banda y la mafia, que operaban de forma sincronizada.

Flemmi desempeñaba un papel importantísimo en todas las reuniones entre Bulger y Connolly, debido a su fácil acceso a Angiulo, Zannino y los demás mafiosos. Flemmi pasaba cuanta información lograba recabar a Bulger, quien, a su vez, la transmitía a Connolly. Los informes de Bulger llegaban aderezados con chismorreos del hampa: quién iba a reunirse con quién, quién estaba cabreado con quién, quién quería atizar a quién. Por ejemplo, contó a Connolly que un viejo socio de la mafia había fingido un infarto para evitar dar el acuse de recibo a la citación de un gran jurado federal. En abril de 1976 Bulger facilitó información sobre un asesinato en un intento de desviar la atención de un sicario que trabajaba para él, Nick Femia. Bulger dijo a Connolly: «Nick Femia no tiene nada que ver con la muerte de Patsy Fabiano». A pesar de su insistencia al inicio del pacto, cuando advirtió que jamás informaría sobre los irlandeses, Bulger informaba con regularidad sobre las tretas para ascender en la escala del poder de gánsteres irlandeses de su South Boston natal.

Toda esa información era útil, pero ese paseo de Bulger por las entrañas del hampa no conseguiría acabar con la casa de los Angiulo. Gran parte de los datos que proporcionaba eran chismorreos del hampa, y a menudo eran totalmente convenientes para el confidente. Su grado de fiabilidad era cuestionable, pero Connolly jamás lo ponía en duda. Lo que sí hacía, al igual que Rico antes que él, era archivar informes que servían para que no recayera ninguna sospecha sobre Bulger y su banda.

Los agentes veteranos Paul Rico y Dennis Condon pertenecían a la primera generación de combatientes del FBI contra la mafia. Ellos, junto con sus homólogos en las ciudades más importantes de Estados Unidos, habían trabajado con encono a finales de la década de 1960, para poner fin a la ignorancia de la Oficina Federal de Investigación sobre todas las cuestiones relativas a la organización criminal. Esos agentes habían recibido la orden de conseguir información y de hacerlo rápido. Una de las mejores técnicas había probado ser la vigilancia electrónica; se llegó al punto de que el uso de «escuchas gitanas», o ilegales, requiriese que los agentes manipularan las leyes o incluso llegaran a violarlas.

En varias ciudades de todo el país, los agentes habían asaltado los despachos de mafiosos locales para instalar micrófonos, que a menudo eran artilugios rudimentarios ocultos detrás de una mesa de escritorio o de un radiador con unos cables larguísimos, camuflados de la mejor forma posible, y que llegaban hasta alguna ubicación cercana donde los agentes grababan en secreto las conversaciones de los gánsteres. En Chicago, los profesionales especializados en escuchas instalaron el dispositivo en una sastrería frecuentada por el mafioso Sam Giancana, y se dedicaron a su monitorización durante cinco años, desde 1959 hasta 1964. En Providence, Rhode Island, los agentes realizaron grabaciones secretas del padrino de Nueva Inglaterra Raymond Patriarca. En Boston, Condon y Rico formaban parte de un grupo que pinchó en secreto la oficina del sótano del Jay’s Lounge, un club nocturno en Tremont Street donde el segundo del capo, Gennaro Angiulo, solía desarrollar su actividad mafiosa.

El FBI también recurrió al juego sucio —⁠algunas veces llegando a actuar de forma ridícula⁠— en esos días frenéticos en los que debían recuperar el tiempo perdido. Una noche en la ciudad de Nueva York, los agentes se cansaron de seguir a un personaje del hampa que había recogido a dos mujeres y había sido visto dirigiéndose hacia un motel. Los agentes, motivados por su deseo de volver a casa, deshincharon las ruedas del vehículo del sujeto en cuestión, con la esperanza de retenerlo en el lugar durante un buen rato. Se contaban historias sobre agentes que inquietaban a presuntos mafiosos visitando e interrogando a sus amigos y familiares; la agresiva estrategia de defensa quizá fuera ideada para recabar información, pero también se empleaba para acosar a sus objetivos.

Mucho más grave fue un incidente ocurrido en Youngstown, Ohio: los agentes del FBI encargados de monitorizar las grabaciones realizadas por su primitivo artilugio de escucha captaron una conversación de la mafia sobre el plan de asesinar a otro agente del FBI que era de los más odiados por la organización criminal. Con rapidez, y la autorización de Hoover, unos veinte hombres de la Oficina Federal de Investigación, el grupo de tipos más duros que lograron reunir en las oficinas próximas al lugar, fueron enviados a Youngstown para una audiencia privada con el jefe de la mafia. Los agentes irrumpieron en el ático del mafioso, registraron la vivienda y le advirtieron que plantearse hacer daño a un agente era una auténtica estupidez.

Esas eran algunas de las tácticas del FBI en esa época, antes de la aprobación, en 1968, de una ley federal que legitimaba las escuchas electrónicas tras obtener una autorización judicial. Ninguna información obtenida durante esos allanamientos e instalaciones de micros ilegales pudo usarse contra los mafiosos en un tribunal, pero las grabaciones eran como un regalo caído del cielo por la información secreta que contribuyó a que el FBI llenara rápidamente la laguna informativa que tenía. Al final, la Oficina Federal de Investigación elaboró una lista de veintiséis ciudades estadounidenses que clasificaron como «Ciudades de la Cosa Nostra». Entre las mentadas urbes se encontraba Boston.

La subsistencia del programa de confidentes de máximo nivel dependía de que la Oficina Federal de Investigación entendiera —⁠e incluso aceptara⁠— que sus soplones eran criminales en activo. Precisamente por esa razón se habían convertido en confidentes de máximo nivel: eran delincuentes con acceso directo a la Cosa Nostra. Los negocios de apuestas ilegales y préstamos usureros de Bulger eran los delitos que se encontraban en el umbral de la legalidad, y el FBI era plenamente consciente de ello. La cuestión peliaguda se resume como sigue: ¿qué pasaban con los demás delitos? ¿Qué se podía hacer?

A finales de la década de 1950, el FBI había desarrollado un conjunto de normas para la captación y trato de confidentes. A lo largo de los años, esa normativa pasó por varias revisiones y actualizaciones, las más destacables, realizadas a finales de la década de 1970, cuando el fiscal general estadounidense Edward H. Levi elaboró, para el Departamento de Justicia, una serie de normativas para confidentes que el FBI incorporó en su manual de operaciones. En los últimos años de la mentada década, la Oficina Federal de Investigación daba cuenta de la existencia de 2847 confidentes en activo, registrados en sus 59 oficinas de trabajo de campo, y de un número indeterminado de ellos pertenecían a la deseable categoría de máximo nivel.

Para los agentes de contacto, esas normas eran la Biblia de su organización. Por ejemplo, cuando tenían intención de contactar con un posible confidente, se requería que el agente realizara un informe de idoneidad para valorar la fiabilidad de ese colaborador en potencia y las motivaciones que tenía para cooperar. Esa motivación podía ser de muy diversa índole: obtención de dinero, ansias de venganza o aspiraciones competitivas con respecto a otros gánsteres. Si el FBI lograba ganar con éxito la carrera contra el hampa, el confidente de turno también salía ganando.

Además, existía una sección dedicada a las amonestaciones que el agente de contacto debía comunicar con regularidad a sus confidentes; advertencias destinadas a evitar que el infiltrado pretendiera convertir la colaboración en una tapadera y así delinquir con impunidad. El confidente no debía considerarse empleado del FBI ni esperar que el organismo le evitara las detenciones o las imputaciones por delitos que cometiera en su tiempo libre. Es más, se advertía al confidente que no cometiera ninguna acción violenta ni que planeara ni instigase delito alguno.

Las normas también definían los controles ideados para evitar que la integridad del agente se viera comprometida o, lo que era incluso peor, que se corrompiera. Los controles de seguridad constituían un reconocimiento del peligro y las tentaciones inherentes a la colaboración entre agentes y delincuentes. Las cláusulas hacían hincapié en que debía prestarse «especial atención» a «evaluar con cautela al sujeto y supervisar muy de cerca» el uso de confidentes, en gran medida para garantizar que «el Gobierno no incurra en el incumplimiento de la ley». En un esfuerzo por hacer un seguimiento del pacto, se asignaba un agente alternativo para trabajar en colaboración con el agente de contacto principal. Para velar por la postura dominante del FBI en la relación con el informante, el supervisor de brigada del contacto debía reunirse de forma periódica con él y analizar al detalle la dinámica de su relación con el agente de contacto. Los informes de los confidentes también se examinaban con regularidad para comprobar su precisión y calidad. Mientras tanto, los agentes tenían prohibido socializar con sus confidentes o tener cualquier tipo de vínculo económico con ellos. El intercambio de regalos entre agentes y confidentes también estaba prohibido.

Vistas como un todo, las normas sobre el papel parecían bastante herméticas, pero dejaban cierto margen de actuación. Aunque la normativa estipulaba que los confidentes del FBI no podían cometer ningún delito, en otra sección se permitía la «autorización» para que un confidente incumpliera la ley en los casos en que «el FBI considere que esa actuación es necesaria para obtener información requerida en aras de una posible acusación federal». Aunque la normativa disuadía del uso de esta cláusula de excepción, la costumbre de mirar hacia otro lado para permitir la actividad criminal era una constante en los agentes de campo del FBI, hombres como John Connolly, Paul Rico y Dennis Condon. Había poca vigilancia por parte del cuartel general de la Oficina Federal de Investigación en Washington, y no era obligatorio consultar con ningún cargo externo al FBI —⁠es decir, con los abogados del Departamento de Justicia⁠— para valorar la conveniencia de autorizar un delito en particular. Era un asunto privado de la Oficina Federal de Investigación, un asunto de familia. Preguntados por ese margen concedido al FBI, Levi y otros miembros del Departamento de Justicia habían admitido que no existía otra forma posible de que el FBI cumpliera su «promesa sagrada» de proteger la confidencialidad de un colaborador criminal. Hacer una consulta externa habría supuesto exponer la identidad del confidente, y los confidentes, según la normativa, recibían, desde el primer momento, el mensaje de que «el FBI dará todos los pasos necesarios para mantener en absoluto secreto la relación entre el confidente y la Oficina Federal de Investigación».

Era una promesa que tocaba directamente la fibra a John Connolly, era la versión institucional del juramento de lealtad que uno realizaba en las calles de Southie: jamás se daba la espalda a un amigo y siempre cumplías tu palabra. No obstante, Southie no era el FBI. Incluso los agentes de campo tenían el poder de dar a los confidentes más libertad de movimientos para actuar en el mundo del hampa. No obstante, las normas requerían que los agentes informaran al Departamento de Justicia si sabían que sus confidentes iban a cometer delitos no autorizados y nada tenían que ver con su pacto con el FBI, en especial, si se trataba de delitos violentos. «Bajo ninguna circunstancia la Oficina Federal de Investigación llevará a cabo acción alguna para encubrir un delito cometido por uno de sus confidentes». Esa norma era considerada como una de las más importantes de todo el manual. Si se daba aviso de algún delito, el FBI tenía oportunidad de ponerse una medalla. La Oficina Federal de Investigación podía informar de esa actividad delictiva a otros cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo una posible investigación. O podía consultarlo con fiscales federales con tal de concluir, en equipo, si la actividad delictiva extracurricular debía tolerarse teniendo en cuenta la gran valía del confidente. Sin embargo, algo había que hacer; debía realizarse algún tipo de valoración de la condición del informante, un análisis que requería airear los secretos del FBI que, por lo general, pertenecían al terreno de la exclusividad y el secretismo.

Con todo, las normas solo eran útiles si los agentes las cumplían, y, en Boston, Paul Rico ya había demostrado cómo podía sacarse partido del manual en beneficio propio e incluso contravenirlo. Era algo similar a que los agentes de Boston se hubieran concentrado en otra brigada formada a su medida para adaptarse a su estilo personal: «El éxito del Programa criminal de confidentes de máximo nivel depende de un enfoque dinámico e imaginativo». En caso de necesidad, añadían los agentes de Boston, las demás normas podían considerarse una nimiedad.

Boston, por descontado, no era el único caso. Los agentes que patrullaban las calles por todo el país aprendieron a esquivar y golpear sobre el cuadrilátero de normas: intentaban acatarlas al tiempo que hacían la vista gorda cuanto podían con sus confidentes, todo en nombre de mantener la fluidez del tráfico de información secreta. Dadas las particulares leyes naturales de los propios cuerpos de seguridad nacional, se abrieron auténticas grietas entre la teoría y su aplicación en la práctica. Durante la década de 1970, el FBI incurrió en una verdadera chapuza al establecer contacto con un posible confidente del Ku Klux Klan. El miembro del Klan, Gary Thomas Rowe, era presunto culpable de una serie de delitos, entre los que se contaba uno de asesinato durante su labor como confidente del FBI; delitos de los que tenía conocimiento la Oficina Federal de Investigación, pero que había encubierto para preservar el estatus de Rowe. Siempre corrían ese riesgo.

Stevie Flemmi fue un buen ejemplo de algunos de los problemas inherentes al sistema. En 1966, Flemmi había descrito en detalle al FBI la brutal paliza que había propinado a un esbirro del hampa en una discusión sobre un préstamo impagado a la banda. La víctima recibió «cien puntos de sutura» en la cabeza y el rostro, según el informe oficial redactado por Rico sobre el incidente. Sin embargo, más allá de la constancia escrita, no se tomó ninguna otra medida. En 1967 Flemmi contó a Rico con frecuencia sus operaciones ilegales con las quinielas de fútbol americano: los altos y bajos, los momentos en que disfrutaba de grandes entradas de dinero y cuando ganaba menos. En 1968, Flemmi describió su actividad como prestamista y cómo hacía circular en las calles el dinero que él había pedido prestado, a su vez, a Larry Zannino. Flemmi conseguía el dinero de Zannino a un interés del 1 por ciento a la semana; por su parte, Flemmi lo prestaba a un interés del 5 por ciento semanal, lo que resultaba en un porcentaje usurero de un 260 por ciento anual. Incluso insinuó que había matado a los hermanos Bennett. Lo que fue aún peor, por lo visto, es que Rico hizo oídos sordos: ojos que no ven… Al fin y al cabo, Rico no solo había prometido a Flemmi que el FBI no usaría la información sobre su actividad ilegal en las apuestas y préstamos de dinero contra él, sino que, además, había jurado proteger al gánster de otros investigadores, aunque para ello tuviera que violar todas las leyes. Eso hacía que Flemmi se sintiera bastante especial.

Había llegado el turno de John Connolly.

Connolly había conseguido por fin apartar el caso de Green de la escena para que Bulger y Flemmi pudieran volver a salir indemnes si se declaraba un nuevo incendio. En esa ocasión, dos hombres de negocios de una empresa local de máquinas expendedoras llamada National Melotone denunciaron al FBI las prácticas comerciales de Bulger y Flemmi, que suponían una competencia desleal para el negocio. En un acto digno de depredadores e invasores, Bulger y Flemmi se dedicaban a intimidar a dueños de bares y tiendas en la zona más importante de Boston, para exigirles que sustituyeran las máquinas expendedoras de Melotone por las de una empresa que controlaban los dos gánsteres. Melotone acudió al FBI en busca de ayuda.

La empresa legal estaba en su derecho al solicitar una investigación. Durante 1976 y 1977, Flemmi, Bulger y dos socios pertenecientes a la banda de Winter Hill habían realizado la localización de comercios —⁠bares y restaurantes⁠— donde podrían instalarse sus máquinas. «Jim estaba buscando localizaciones en South Boston —⁠afirmó Flemmi⁠—. Y yo las buscaba en Roxbury y Dorchester».

Bulger y Flemmi habían informado a los «comerciales» de su empresa sobre las posibles ubicaciones de su producto, y los comerciales habían hecho visitas a bares y restaurantes para explicar por qué el establecimiento debía instalar las máquinas expendedoras de la empresa. Se trataba de un discurso bastante convincente que incluía la mención de cierto tipo de hombres corpulentos del mundo del hampa. «Usaban nuestros nombres», admitió Flemmi.

La cuestión de Melotone acabó llegando a oídos del agente de contacto John Connolly.

Tras reunirse con Bulger, Connolly acordó un encuentro con los ejecutivos de Melotone para exponer a los responsables de la empresa la dura realidad que suponía interponer una demanda judicial por la vía penal. El agente les informó de que, sin duda, podían denunciar a Bulger y a Flemmi; estaban en su derecho legal. Sin embargo, les preguntó si se habían planteado seriamente la cuestión. ¿Entendían las auténticas implicaciones de testificar contra los mafiosos, un trastorno para sus vidas, e incluso un riesgo para la seguridad de sus familias? «Les pintó las cosas muy feas», rememoraba Flemmi.

Connolly también dijo a los hombres de la empresa que su vida correría peligro. «Si ellos querían interponer la demanda, él lo haría, demandamos —⁠recordaba Flemmi⁠—. Pero les dijo que tendrían que entrar en el programa de protección de testigos por quiénes éramos nosotros».

El negro panorama dibujado por John Connolly tuvo el efecto deseado. Flemmi afirmaba que «no tardaron en olvidarlo». Connolly se sacó de la manga un compromiso: prometió a los ejecutivos de Melotone que hablaría con Bulger y Flemmi para que cedieran un poco. «Había una ubicación en concreto —⁠explicaba Flemmi⁠—. Sacaron nuestra máquina de allí. Y su máquina se quedaba… Después de eso ya no hubo ningún problema».

Y aquí paz y después gloria.

Era un método poco ortodoxo, pero, en opinión de Connolly, totalmente lícito. Había negociado una especie de acuerdo extrajudicial. Nadie había salido mal parado. Y si la reclamación se evaporaba en el aire, no quedaría nada que el FBI pudiera investigar. Y lo que era igual de importante, no había motivos para realizar ningún tipo de seguimiento interno a Bulger ni a Flemmi en la oficina de Boston, y, desde luego, ninguna razón para implicar al cuartel general. La exigencia reflejada en las normas de que debía informarse de los delitos de un confidente ni siquiera se planteó.

Connolly había descubierto un modo de proteger el pacto.

«No quería vernos imputados», explicaba Flemmi. Y la cultura del FBI proporcionaba a Connolly el margen que necesitaba para improvisar; era capaz de hablar en la jerga del manual, pero también de crear sus propias frases.

Cinco meses después de que Whitey Bulger fuera contactado como confidente del FBI, Connolly logró, el 2 de febrero de 1976, elevarlo a la condición de confidente de máximo nivel. El agente criado en Boston tenía, en ese momento, a dos «MN» (agentes de máximo nivel) a su alcance, Bulger y Flemmi. Flemmi, otrora Jack de South Boston, empezó a ser conocido con el sobrenombre de Shogun. Bulger era Charlie.

Pero las grietas —pequeñas fisuras, pero grietas al fin y al cabo⁠— empezaron a resquebrajar toda la estructura. «Connolly se veía a sí mismo como un tipo importante», recordaba Robert Fitzpatrick, un agente veterano que se convirtió en agente especial al mando (ASAC, por sus siglas en inglés) de la oficina de Boston, a principios de la década de 1980. Connolly daba la impresión de estar continuamente moviéndose por toda la ciudad para ganarse el favor de los medios de comunicación, de los políticos y de sus colegas en el FBI. Se convirtió en el hombre al que había que acudir para conseguir entradas para los Red Sox. En ocasiones no lograba fichar puntualmente por las mañanas. La actitud del agente empezó a cambiar, y su estilo se tornó algo más recargado. Empezó a comportarse como un burdo vendedor: tenía la habilidad de fingir sinceridad, aunque no estuviera realmente interesado en algo. Dominaba el arte consumado de un gran farsante, virtud que se convirtió en su sello personal.

Además, el matrimonio se le quedó pequeño. John y Marianne Connolly se separaron a principios de 1978. Enseguida se trasladó a un piso en Quincy, a tan solo unas manzanas de la carretera frente a la playa donde se había reunido con Bulger aquella noche de luna llena. El piso estaba casi enfrente del ático de Louisburg Square donde Bulger pasaba las noches con Catherine Greig, la más joven de sus dos novias. Sin embargo, para Connolly, Quincy era un alto en el camino, no su destino final. Empezaba a pensar en volver a residir en Southie.

Fitzpatrick era uno de los altos cargos del FBI que manifestaba ciertas reservas. Bulger, Connolly y él celebraron una reunión secreta, encuentro que formaba parte de la evaluación obligatoria y periódica de un agente de contacto y de su confidente.

«Dejé que me soltara sus patrañas — ⁠recordaba Fitzpatrick⁠— al referirse a la forma en que Bulger tomó de inmediato las riendas de la sesión. El gánster habló sobre su rutina de levantamiento de pesas y sobre la buena forma física en la que se encontraba.

»Habló por los codos. No paraba de fanfarronear, en mi opinión, sobre lo fuerte que era, sobre lo que había hecho en la cárcel. Me habló de su pasado. Hablamos de Southie. Y, en general, me dio la sensación de que intentaba impresionarme».

Después de reunirse, Connolly dijo a su jefe del FBI: «¿Verdad que es un tipo cojonudo?, Fitzpatrick jamás olvidó esa frase de Connolly. ¿Bulger —⁠el famoso asesino, prestamista usurero y narcotraficante⁠— un tipo cojonudo?». Fitzpatrick se quedó lívido.

En una oficina donde algunos agentes tenían sus sospechas, los jefes se sintieron aliviados con la promoción de diciembre de 1977, de la que salió otro agente que vigilase a Connolly. El nuevo supervisor de la Brigada Nacional contra el Crimen Organizado, el veterano agente John Morris, era considerado buena contrapartida para el espabilado agente de las calles, un supervisor sin pelos en la lengua que sería el contrapunto perfecto.

Formaban una extraña pareja. Connolly era sociable, alto y elegante. Morris, hombre oriundo del medio oeste estadounidense, era un tipo callado y de aspecto sencillo. Connolly se movía con soltura por la ciudad; Morris estaba casado y tenía hijos. Vivía en la zona residencial de las afueras, a menudo viajaba en el tren que llevaba al centro en compañía de Dennis Condon, y era considerado un jefe inteligente y hábil que redactaba unos informes detallados y de gran calidad.

Sin embargo, con el tiempo, también Morris se convertiría en la antítesis de un agente modélico. La cúpula directiva del FBI había cometido un terrible error. El intenso y recto Morris no encajaba con todo lo que estaba viviéndose en el mundo interno de la oficina de Boston. El pacto entre Connolly, Bulger y Flemmi resultaría quedarse grande para Morris; se quedaría grande para cualquier otro supervisor que pudiera llegar, o incluso para el propio FBI.

Notas del capítulo cuatro[*].