14. Las sombras de Whitey

Capítulo catorce

Las sombras de Whitey

E n 1984, Billy Bulger estaba muy bien situado en lo más alto del Senado de Massachusetts, y lo dirigía con diplomacia y firmeza, dando una de cal y otra de arena. Con todo, había dejado de lado su trayectoria en el bufete privado de un amigo de Old Harbor y estaba teniendo problemas para mantener en condiciones su frenético hogar con nueve hijos. Le preocupaba que se hundiera el techo de una casa llena de niños y no poder pagar sus estudios. Bromeaba diciendo que su viejo coche los dejaría tirados en la cuneta, lo cual dejaría a su esposa varada, Mary, pues tendría que transportar a los pequeños colgando por delante y por detrás de su cuerpo. Aunque ese año había ganado entre setenta y cinco mil y cien mil dólares, iba nadando contra corriente, pues salía más dinero de su cuenta que el que entraba. En su autobiografía se lamentaba de que, aunque no estaba arruinado, sí estaba «a punto de alcanzar esa situación».

Entonces, según Billy, apareció un cliente milagroso en su despacho del centro de la ciudad, como caído del cielo. Dos hermanos querían volverle a comprar su propiedad a un cliente, y Bulger les consiguió un préstamo de 2,8 millones de dólares de un banco donde tenía contactos, en South Boston, para realizar la transacción. A cambio de su ayuda en la negociación del préstamo y de la recompra de la propiedad, a Billy le ofrecieron unos honorarios increíbles. La posibilidad de cobrarlos provocó que Bulger tuviera felices visiones sobre el bienestar de su familia y la mejora de su vida doméstica: «Un coche nuevo para Mary (…) La reforma del tejado».

Tras ir ateniendo de forma esporádica la recompra, Bulger la cerró en 1985 y accedió a cobrar una remuneración en diferido de doscientos sesenta y siete mil dólares, más que suficiente para que su esposa y él dejaran de preocuparse por el estado de su vehículo y los estudios de sus hijos. Sin embargo, el problema de liquidez persistió, porque Bulger accedió a cobrar en 1986. Comentó a su socio del bufete de South Boston, el abogado Thomas Finnerty, que estaría entre los «ricos empobrecidos» hasta que llegara el dinero.

Sin embargo, Tom salió al rescate. Ofreció a Bulger un préstamo de doscientos cuarenta mil dólares que podría devolver cuando cobrara por la transacción. Bulger estaba eufórico, pero la sensación de alivio no le duró mucho. Pocas semanas después de haber aceptado el préstamo, supo que Finnerty había estado colaborando con el constructor de Boston Harold Brown. Bulger se alarmó al escuchar que Finnerty trataba con tipos de la calaña de Brown y le advirtió que el propietario en cuestión tenía muy mala fama y no era de fiar. Sin embargo, su socio despreció con sorna el comentario y le dijo que vivía demasiado angustiado. Además añadió que ya había ingresado en un fondo de inversión, que acababa de abrir, los quinientos mil dólares abonados por el constructor.

Atónito ante la mención del fondo de inversión, Bulger se dio cuenta de que el préstamo que acababa de recibir provenía del dinero de Brown. «No me lo había contado —⁠objetó Bulger⁠—. Voy a devolverte el dinero, ahora mismo. No quiero tener ningún tipo de vínculo con ese tal Brown». Así que devolvió el dinero de Brown, fue pagándolo hasta completar los doscientos cincuenta y cuatro mil dólares, el préstamo más intereses, que acabó de satisfacer a finales de 1985. Mary tuvo que aplazar sus planes de gozar de un estilo de vida más holgado.

Al año siguiente, Bulger sintió que su reacción había estado más que justificada cuando Brown fue condenado por soborno en un tribunal federal. Brown empezó a llevar un micrófono de escucha para el FBI, con objeto de grabar conversaciones con políticos. Bulger y Finnerty siempre hacían la broma de evitar encontrarse con él durante una tormenta por miedo a morir electrocutados. Llegaron a reírse a mandíbula batiente.

Sin embargo, la versión de Harold Brown era muy distinta.

El caso de Bill Bulger se inició en 1983, cuando los investigadores federales atraparon a un inspector de Obras Públicas aceptando un soborno y lo convirtieron en agente de incógnito. En 1985, le colocaron un micrófono para grabar conversaciones y volver a visitar a sus clientes habituales, entre los que se encontraba Harold Brown. El experto propietario pagó al inspector mil dólares para «recalificar a la baja» el coste de un proyecto de viviendas de protección oficial, con tal de que Brown pudiera ahorrarse veinticuatro mil dólares en permisos de construcción.

El constructor se pilló los dedos cuando fue citado a declarar por un gran jurado. No sabía que estaban grabándolo en el momento en que se encontraba con el inspector, y creyó que podía salirse con la suya ante ese supuesto caso de incompetencia policial. Intentó librarse recurriendo a la mentira, y dijo a los miembros del jurado que jamás había dado a nadie un centavo y que despreciaba esa clase de actuación. No tardaron en condenarlo por perjurio y soborno. Con igual celeridad, fue convertido en agente del Gobierno portador de un micrófono, además de todas las obligaciones que ello conllevaba. Aspiraba a conseguir una conmutación de la pena para no tener que ingresar en prisión. Los fiscales preguntaron qué podía ofrecerles. Y Brown puso una doble oferta sobre la mesa: Tom Finnerty y Bill Bulger.

El traumático encuentro de Brown con Finnerty tuvo su origen a mediados de la década de 1970, cuando el constructor vio la posibilidad de construir un rascacielos en la deteriorada parte baja de State Street, uno de los bulevares de la zona colonial del centro de Boston. Empezó a acaparar la compra de las decrépitas propiedades. Como el constructor más poderoso del estado, con propiedades valoradas entre los quinientos millones y los mil millones de dólares, Brown previo el boom de la construcción de la década de 1980 y se sentó a esperar que le llegaran sus beneficios.

Las presiones para empezar a edificar el terreno se iniciaron en 1982, cuando la ciudad, que padecía su primer año de una nueva reducción en los impuestos de la propiedad, se estancó con una deuda de cuarenta y cinco millones de dólares, fruto de las deducciones fiscales de las que se beneficiaban los propietarios comerciales. El alcalde Kevin White necesitaba la ayuda de la legislatura para que la autoridad competente autorizara las devoluciones, y Bulger ejerció su presión política para lograrlo, con la condición de que la ciudad vendería una propiedad al estado para poder construir un centro de convenciones oficial. Las personas designadas por Bulger y White controlarían de inmediato el nuevo organismo estatal.

Otra cláusula de la nueva legislación establecía que la ciudad debía vender cinco aparcamientos, entre los que se incluyó uno que formaba parte de un proyecto de construcción dirigido por Brown. Los aparcamientos no entraron a concurso para ser adquiridos por el mejor postor, sino que fueron transferidos a la autoridad urbanística encargada de la reurbanización, que se los vendería a los constructores que ella escogiera. Era un negocio redondo, y Bulger formaba parte del proceso de planificación.

Después de que White y Bulger hubieran cerrado el trato, Brown y su socio, un reconocido arquitecto, se convirtieron en los favoritos para encargarse de la obra de State Street. El delineante contaba con la aprobación del Colegio de Arquitectos de Boston, y Brown ya era propietario de gran parte del terreno. Más adelante, un confidente de White, el exfiscal general de Massachusetts Edward McCormack, habló con Brown. McCormack le pidió una estrambótica participación en el proyecto, a cambio de encargarse del seguimiento personal del proceso de aprobación por parte del ayuntamiento. Cuando esta propuesta fue rechazada, de pronto apareció Finnerty en escena como abogado con menos experiencia y dispuesto a aceptar una cantidad menor de dinero.

En ese momento, Finnerty empezó a negociar para conseguir una participación en la construcción del rascacielos, era un abogado defensor penal sin experiencia documentada en grandes operaciones inmobiliarias. Esos cambios de bando legal resultan tan desmoralizantes que, en Boston, apenas se practicaban. Las dos especialidades de la abogacía requieren dos habilidades muy distintas: una urbanidad poco exigente frente a la práctica más celosa de la abogacía. Finnerty, exfiscal de distrito, era un abogado atrevido, muy al estilo de la tradición de South Boston. Tenía pocas cosas en común con los discretos letrados de los históricos y elegantes bufetes que solían encargarse de las cuestiones urbanísticas del centro. Brown estuvo mareando a Finnerty durante meses, sin llegar a decir que no, pero no accediendo de forma definitiva, ejerciendo presión para conseguir la aprobación del proyecto por parte del ayuntamiento mientras negociaban entre ambos, entre finales de 1983 y febrero de 1985.

Cuando Finnerty se percató de que Brown iba corriendo solo hacia la línea de meta, las negociaciones se tornaron más intensas. Brown capituló en 1985, y accedió a «comprar» el interés autoproclamado por Finnerty, que jamás llegó a existir, de unos 1,8 millones de dólares. Finnerty jamás se presentó en ninguna de las reuniones relativas al diseño ni la construcción del proyecto ni representó a Brown cuando otro constructor lo demandó por las dimensiones de la torre de oficinas.

No obstante, Finnerty depositó el primer plazo de quinientos mil dólares el mes de julio. En una rápida secuencia, Billy y Tommy, los dos viejos amigos de Old Harbor, se repartieron cuatrocientos cincuenta mil dólares en agosto y treinta mil más en octubre. Pero, un mes después, lo peor estaba aún por llegar para Bulger. En noviembre, un gran jurado federal condenó a Brown por sobornar al inspector de Obras Públicas de la ciudad y a «otros funcionarios públicos». Bulger devolvió el dinero al fondo de inversión, tres días más tarde, y se refirió a ello como la devolución de un préstamo.

Cuando, en 1988, las transacciones se convirtieron en controversia pública, Finnerty había descartado la posibilidad de convertirse en abogado del sector inmobiliario para el proyecto de grandes dimensiones. Afirmó haber entrado a formar parte del equipo de planificación urbanística de Brown para dar respetabilidad al proyecto, ya que su trayectoria en los organismos judiciales del estado compensaría la relación que había tenido Brown en el pasado con ciertos pirómanos. El precio de su respetabilidad eran 1,8 millones de dólares, y, en realidad, había demandado a Brown para conseguir todo ese dinero.

Sin embargo, un par de semanas de clamor popular contra la adjudicación había sido más que suficiente para el propietario de actitud discreta. De pronto abandonó y llegó a un acuerdo para resolver la demanda. Brown lo consideró una decisión práctica para pagar menos a largo plazo. «Soy un hombre de negocios, y mi trabajo no consiste en emprender investigaciones», declaró. No volvió a hacer ningún otro comentario al respecto.

A pesar de su desafiante postura pública, la controversia suscitada por el rascacielos del número 75 de State Street resultó ser una dura experiencia para Bulger. Cuando el escándalo había alcanzado su punto álgido, el presidente del Senado de Massachusetts sufrió una breve depresión que lo sumió «en una negra nube de melancolía». A finales de 1988, salió de la Cámara de Representantes y pasó a la Cámara de los Comunes de Boston, donde pasaba horas sentado en el exterior, sumido en la tristeza. Se quedaba mirando cómo almorzaban los demás en otros bancos y, ensimismado y desconsolado, iba enfureciéndose ante la indiferencia generalizada por lo deshonestos que habían sido con él los medios de comunicación.

Pensaba: «¿Es que ninguna de estas personas que pasa por la calle o que pasea por nuestros parques (…) se da cuenta de lo que están haciendo los medios de comunicación con esta ciudad?». El episodio pasó sin pena ni gloria mientras él cayó en la cuenta de que esos desconocidos no tenían motivo alguno para sentirse agraviados por su problema personal. La angustia se evaporó, y regresó a su despacho «algo más tranquilo y dispuesto a enfrentarme a lo que viniera».

Bulger entregó una declaración jurada donde exponía que había pedido prestado dinero a Finnerty sin conocer el origen del mismo. Con el paso del tiempo, la versión del escándalo facilitada por Billy se convirtió en una parte aceptada de su imagen maldita, aunque indoblegable, en South Boston. Una vez más, Billy Bulger se había enfrentado a los foráneos y había sido victimizado por ello gracias a los medios. Y, como siempre, había salido ganando.

Sin embargo, la conclusión de Bulger sobre el asunto del número 75 de State Street solo se sostiene si se obvia la realidad. Bulger no fue una víctima inocente. Lo fue el propietario del tugurio. Y, al igual que el FBI había protegido a Whitey Bulger durante quince años, la Oficina Federal de Investigación actuó para evitar mayores males a William Bulger.

Durante una revisión federal de varios proyectos urbanísticos del centro de la ciudad, incluido el de State Street, los investigadores descubrieron informes que echaban por tierra las declaraciones del presidente del Senado de Massachusetts. Los documentos —⁠que permanecen enterrados en los archivos federales⁠— demuestran que Bulger disfrutó de una participación completa del dinero de Brown. Aunque Bulger «devolvió» el préstamo, Finnerty se lo reembolsó «blanqueado» a través de las cuentas de otro bufete. Gracias a ese ciclo circular, Bulger recibió aproximadamente la mitad de los quinientos mil dólares iniciales de anticipo.

Además, Bulger no recibió, ni por asomo, los doscientos sesenta y siete mil dólares que él declaró como garantía del préstamo. Los archivos del bufete demuestran que recibió menos de la mitad de la cantidad declarada, ciento diez mil dólares.

Los documentos del registro no pueden demostrar que hubiera extorsión, pero acaban con su teoría de que pidió prestado el dinero para arreglar el coche y reparar el tejado para su esposa Mary. En lugar de invertir el dinero en reformas del hogar, Bulger lo destinó a un fondo de inversión libre de impuestos. Si eso salía a luz, no habría sido muy bien recibido en Southie. Al fin y al cabo, de haber aceptado el dinero, Billy habría dejado de ser quien era. Haberlo hecho lo habría convertido en una de las sombras de Whitey.

Sin embargo, Bulger contaba con cierta ayuda dentro del seno del FBI. A pesar del clamor popular, la sospecha de que Brown había sufrido extorsión era un asunto cerrado para la Oficina Federal de Investigación. El mismo John Morris que había protegido a Whitey Bulger y había aceptado su dinero era quien se encargaba del caso como supervisor de la brigada destinada a los delitos de corrupción pública. En 1988, Morris se apresuró a minimizar los daños para Billy Bulger. Lo hizo dando carpetazo al caso unos días antes de que The Boston Globe publicara un artículo en primera plana sobre la auténtica historia sobre la adjudicación para la construcción del rascacielos.

Una vez más, Morris tuvo que pelearse con su conciencia. El persistente caso de Brown supuso otra alargada serie de decisiones que le exigía calcular el riesgo de hacer lo correcto frente a la posibilidad de enfrentarse a la ira de un criminal impío, que lo había sobornado en numerosas ocasiones y que iba seduciéndolo, poco a poco, con buen vino y una curiosa camaradería. No obstante, Morris sabía que Whitey Bulger no dudaría en usar su propia debilidad contra él. De hecho, en una de las últimas cenas que Morris había ofrecido a los confidentes (una pequeña reunión en el piso de Debbie Noseworthy, en Woburn), Whitey elevó las apuestas. En cuanto John Connolly y Stevie Flemmi se marcharon del piso, Morris se percató de que Bulger estaba haciendo tiempo junto al perchero. «Mientras se ponía el abrigo —⁠dijo Morris⁠—, sacó un sobre y me lo entregó. Dijo: “Toma, es una pequeña ayuda para ti”, y salió por la puerta». En el interior había cinco mil dólares en efectivo.

Teniendo en cuenta ese intercambio tan reciente, Morris cerró el expediente del número 75 de State Street. Sin embargo, el asunto del rascacielos persistía, sobre todo, cuando se hizo público que el FBI jamás había cuestionado la actuación de Billy Bulger. El fiscal general de Massachusetts, James Shannon, exigió una nueva investigación federal para despejar cualquier duda.

Había llegado la hora de que John Connolly entrara en escena. Con Billy Bulger en plena línea de fuego, Connolly habló en privado con Morris y lo presionó para que le dijera si el presidente del Senado debía acceder a dar una entrevista. Morris recordaba que «Connolly acudió a mí y me preguntó qué debía hacer el presidente del Senado, porque le habían pedido una entrevista y no sabía qué era lo más recomendable». Morris le respondió que Bulger debía acceder porque las afirmaciones no corroboradas de Brown no eran lo bastante sólidas para elaborar un caso. «Me daba la sensación de que el caso no contaba con una base muy firme —⁠prosiguió Morris⁠—. No creía que el conceder la entrevista pudiera perjudicarle. Incluso me parecía que podía favorecerle, pues así acallaría de una vez por todas el clamor popular». El argumento de una renovada investigación se convirtió en lo más favorecedor para Bulger frente al «todo vale» en el que, según él, se basaba el ataque de la opinión pública.

Tras una vida cubriendo las espaldas a Whitey hasta el punto de advertirle sobre los planes de otros confidentes del FBI, Connolly se apresuró a interferir en nombre de su hermano: su auténtico héroe nacional. Lo de Whitey había sido una cuestión de negocios. Pero, para él, Billy era una suerte de ídolo. Con los años, Connolly había llegado a disfrazar, de cara a la galería, su amistad con Whitey, pero jamás había hecho lo propio con la relación mantenida con Billy. Connolly lucía esa amistad como un vistoso brazalete y se mostraba eufórico por sus vínculos con el monaguillo de Santa Mónica. El agente estaba convencido de que su relación con Billy había sido la clave para que Whitey accediera a convertirse en confidente. Se refería a Billy como «amigo de toda la vida (…) mentor (…) amigo íntimo». Además, Connolly se había esforzado por consolidar los lazos del FBI con el político, y llevaba a los agentes al despacho de Bulger en el Senado para presentarles a su presidente. En una ocasión, Bulger le presentó a sus compañeros senadores durante una sesión, y Connolly fue recibido por una ovación generalizada de los presentes puestos en pie. Por otra parte, como el agente sabía que muchos de sus colegas del FBI eran como esos jugadores de béisbol de renombre que temen caer en el olvido al envejecer, tras años de gloria, Connolly comentaba con frecuencia a sus compañeros que Bulger los ayudaría a colocarse en puestos muy bien remunerados cuando se jubilaran. Teniendo todo esto en cuenta, el agente no pensaba permitir, bajo ningún concepto, que el FBI sometiera a Billy a un interrogatorio hostil, ni mucho menos que se llevara a cabo una investigación «de todo vale» en pos de la verdad.

En esas circunstancias no resultaba sorprendente que la segunda investigación del FBI consistiera solo en una entrevista con Bulger celebrada en el despacho de su abogado. Los fiscales y un agente del FBI escucharon un discurso de dos horas pronunciado por Bulger en el que negaba cualquier conexión con Brown e insistía en su versión sobre el adelanto y el anticipo. Afirmó que Finnerty le había «jurado» que jamás mencionaría su nombre para obtener alguna ventaja. Bulger añadió un nuevo giro a su historia sobre el anticipo: en esa ocasión no dijo que estuviera destinado a gastos del hogar, sino más bien a asegurarse el cobro de alguna cantidad, ya que no confiaba en que Finnerty le abonara la totalidad acordada. Bulger simplemente quería conseguir el dinero mientras tuviera la oportunidad.

La amigable entrevista de Bulger con el FBI se convirtió en la base para dar carpetazo definitivo a la investigación. Jeremiah O’Sullivan, que, en ese lapso de tiempo, había sido nombrado Fiscal General del Estado, declaró que el caso mostraba indicios de intermediación de poderes superiores, pero que no podían ser considerados extorsión. Cuando le preguntaron si estaba insinuando que se había cometido un delito del que los responsables saldrían indemnes, O’Sullivan respondió que eso no estaba en sus manos y que el llevar a cabo otras acciones era la función de las autoridades del estado.

A pesar de las veces que había intercedido por Whitey Bulger entre bambalinas, O’Sullivan no recusó su participación en el caso. Había hecho la vista gorda en el caso de las carreras hípicas amañadas y había avisado al FBI de las escuchas que estaba realizando la policía estatal en Lancaster Street. Había desempeñado un papel crucial a la hora de librar a Bulger de la investigación interna del FBI dirigida por Sarhatt y en aquella ocasión en la que no autorizó que el condenado y desesperado Brian Halloran entrara en el programa de protección de testigos. En ese momento, el arrogante fiscal proclamó que el caso de Bill Bulger había muerto incluso antes de nacer, no había por dónde cogerlo. Ese sería el adiós de O’Sullivan a los cuerpos de seguridad del Estado.

Una de las cuestiones que el fiscal no comentó a esos organismos fue la cara oculta de la postura de Bill Bulger en la Cámara de los Representantes. En contradicción con la imagen pública de Bulger como hombre de moral férrea estaban unos elevados honorarios legales por servicios de dudosa naturaleza. Por ejemplo, además de los doscientos cincuenta mil dólares del dinero de Brown que regresaron a manos de Bulger a través de Finnerty, el político había repartido otros anticipos con un miembro del lobby de la Cámara de Representantes que lo ponía en contacto con clientes que buscaban influencias políticas. El activista del lobby en cuestión era Richard McDonough, hijo de un conocido político corrupto, Patrick McDonough, apodado Sonny.

Aunque el hijo no poseía el hosco encanto de su padre, era un hábil estafador de mercadillo que había aprendido a moverse por los caminos secundarios de la Cámara de los Representantes. De hecho, fue Dickie McDonough quien había presentado por primera vez a Bulger el mágico caso de los constructores que necesitaban un préstamo bancario de dos mil ochocientos millones de dólares. Y fue Dickie quien recibió setenta mil dólares a cambio de la recomendación. También proporcionó a Bulger otro cliente, una empresa californiana distribuidora de productos para la pérdida de peso que buscaba la complicidad de algún legislador para retirarlos de la lista de productos carcinógenos de la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (la FDA). La empresa creía que Bulger intercedería por ellos con la FDA, pero todo cuanto pudo hacer fue reunirse con burócratas de bajo rango de otro organismo. A pesar de la falta de resultados, Bulger y McDonough se repartieron unos honorarios de cien mil dólares.

Durante sus entrevistas con los investigadores federales, ni Bulger ni McDonough fueron capaces de presentar documentación alguna donde se justificara sus honorarios. McDonough no sabía prácticamente nada del trabajo realizado para unos clientes que, de forma indirecta, le habían pagado ciento veinte mil dólares.

Dos meses después de que O’Sullivan cerrase la puerta en las narices a cualquier investigación más profunda, el presidente del Senado de Massachusetts era el orador invitado en la fiesta por la jubilación del agente del FBI John Cloherty. El recién jubilado había sido el portavoz de la Oficina Federal de Investigación en varias conferencias de prensa y, concretamente, en el momento en que cerraron la investigación sobre la cuestión del número 75 de State Street. También había sido miembro de la Brigada Nacional contra el Crimen Organizado y amigo de Connolly. Era una ocasión muy festiva.

Aproximadamente un año después de que Bill Bulger y Tom Finnerty se hubieran repartido los quinientos mil dólares del propietario de bienes inmobiliarios más importante del estado, un pequeño agente inmobiliario de South Boston recibió una oferta imposible de rechazar. Una vez más, el dinero se obtuvo supuestamente bajo coacción, pero las condiciones eran tremendamente distintas en Southie. La alternativa al pago de cincuenta mil dólares para Raymond Slinger era un tiro en la cabeza.

Slinger creyó que se encontraba ante una gran oportunidad cuando sus negociaciones con Whitey Bulger se iniciaron en el otoño de 1986. Bulger pasó por su despacho, sin previo aviso, para una primera reunión breve e informativa sobre cómo sacar tajada del mercado inmobiliario local, que había experimentado un repentino repunte. Charlaron durante unos veinte minutos, y Slinger quizá se imaginara trabajando con el gánster en ciertas transacciones inmobiliarias.

Sin embargo, aquello jamás ocurriría. Seis meses después, Slinger fue convocado en el temido bar Triple O’s. Entró, muy animado, en el lúgubre y claustrofóbico antro, con su suelo de tablones combados y su techo bajo, sus paredes negras y sus manteles pringosos. Era un lugar donde siempre había alguien jugando al billar mientras su bebida se calentaba en un rincón, y los solitarios parroquianos tenían la mirada clavada en sus vasos de chupito y sus jarras de cerveza. Slinger fue conducido a toda prisa al despacho del piso superior, donde Bulger estaba esperándolo con los brazos cruzados. El gánster levantó la vista y anunció: «Tenemos un problema».

Bulger confesó que había sido contratado para matar a Slinger, una misión para la que debía presentarse en la inmobiliaria que la futura víctima tenía en Old Harbor «con las recortadas, los pasamontañas y toda la pesca».

Bulger no respondió ninguna pregunta, ni siquiera reveló quién quería matar a Slinger ni por qué quería verlo muerto. Se limitó a hablar de qué podían hacer al respecto. La posible víctima tendría que pagarle para cancelar el trato. Slinger, que acumulaba cuantiosas deudas y un número importante de enemigos, tragó saliva y preguntó si podía librarse a cambio de dos mil dólares. Bulger se mofó de su oferta y le dijo que sus botas costaban más que eso.

—Más bien serían cincuenta mil —⁠dijo Bulger.

—No tengo tanto dinero —respondió Slinger.

—Bueno, pues será mejor que lo consigas.

Slinger bajó directamente al bar para tomar fuerzas antes de regresar a su inmobiliaria en East Broadway Street. Hizo una llamada a la desesperada al concejal del ayuntamiento James Kelly. Después de que Kelly hablara con Bulger, dijo a Slinger que todo iría bien.

Pero no fue así. Dos días más tarde, Slinger tuvo noticias de Kevin O’Neil, el socio de Bulger que llevaba el Triple O’s. O’Neil le dijo que «el hombre» quería volver a verlo. Temiéndose lo peor, Slinger regresó al bar con el corazón desbocado y un revólver que había pedido prestado a un amigo. Una vez dentro, dos sicarios de Bulger se abalanzaron sobre él, empezaron a empujarlo y lo obligaron a subir al piso superior, donde lo esperaba el furioso gánster. Slinger recordaba que lo habían «agarrado y me llevaron arriba, me zarandearon y me abrieron la camisa, me quitaron el arma y empezaron a darme correazos con el cinturón. Me dieron una paliza». De entre toda la somanta de palos generalizada, Slinger evocaba con toda claridad cómo lo había pateado Bulger.

El jefe del crimen organizado y sus esbirros sentaron a Slinger en una silla de madera. Se aseguraron de que no llevara ningún dispositivo de escucha encima y lo reprendieron por haber hablado con Kelly. Bulger agarró el arma de Slinger y apuntó el cañón hacia la cabeza de su víctima. Le explicó que la bala descendería por su columna vertebral y así no provocaría un derramamiento de sangre. Bulger ordenó a un secuaz que le trajeran «una bolsa para el cuerpo», y Slinger estuvo a punto de sufrir un infarto por el pánico. «Creí que había llegado mi hora».

Ese momento pasó, y dieron a Slinger una segunda oportunidad de presentarse allí con el dinero. Con la camisa hecha jirones y su estabilidad psicológica muy maltrecha, Slinger volvió a bajar al bar dando tumbos. Cuando regresó a su despacho, llamó a su hermana y a su esposa y consiguió reunir diez mil dólares para realizar un primer pago. También accedió a satisfacer una cuota semanal.

Unos dos meses después de que Bulger lo hubiera maltratado y aterrorizado, Slinger empezó a resentirse por la carga de tener que pagar dos mil dólares a la semana, que metía en una bolsa de papel y entregaba a O’Neil en un coche que este aparcaba delante de su inmobiliaria. Slinger ya había pagado la mitad de la deuda, pero estaba tan desesperado que recurrió a los cuerpos de seguridad del Estado. Durante la primavera de 1987 se puso en contacto con el FBI.

Sin cita previa, dos agentes se presentaron en su inmobiliaria de Old Harbor, un día cualquiera. Slinger abrió la puerta a John Newton y Roderick Kennedy.

Más adelante, Newton comentaría que Slinger estaba dispuesto a testificar sobre la «intimidación» llevada a cabo por Kevin O’Neil. Aunque afirmó que Slinger jamás mencionó el nombre de Bulger. Por su parte, Kennedy no recordaba ni un solo detalle sobre la entrevista, incluso dudaba si se había producido. Además, en un claro ejemplo de cómo se evitaban los cauces obligados por los procedimientos oficiales, ninguno de los agentes había redactado informe alguno sobre el encuentro con Slinger.

En un clásico ejemplo de lo que no hay que hacer en estos casos, Newton comentó con su jefe lo que le había dicho Slinger, quien, a su vez, lo hizo con el adjunto del agente especial al mando. Pronto entraron en juegos los jefes, quienes ignoraron la normativa interna que indicaba o bien informar a los fiscales o explicar su decisión de no remitir la información al cuartel general del FBI.

Aunque resulte irónico, la improductiva entrevista realizada por la Oficina Federal de Investigación ayudó a Slinger a librarse de cualquier culpa por su inesperada relación de negocios con Whitey Bulger. Cuando los agentes se marcharon de su inmobiliaria, un preocupado Slinger llamó enseguida a O’Neil para aclarar que la visita por sorpresa del FBI no había sido cosa suya. O’Neil le devolvió la llamada al día siguiente para decirle que podía cancelar su plan de pagos a plazo. Debía pagar los veinticinco mil dólares que le quedaban de una sola vez, una rebaja poco común en Empresas Bulger.

Unos años después, Newton reconoció que la Oficina Federal de Investigación pasó por alto lo que habría sido un importante caso de extorsión. En el tribunal le preguntaron si había alguna relación entre la agonía del caso y el hecho de que Bulger fuera confidente.

Cuando un confidente está involucrado en un delito, según dijo, «o sigues adelante con la investigación o tendrás que pensar en algo distinto».

Ese «algo distinto» fue que el agente John Connolly dijo a Whitey que renunciara al saldo adeudado por Slinger. En eso consistía ser un amigo leal.

Notas del capítulo catorce [*].