Libelo contra la secta
El Estado bondadoso
¿Por qué gustará tanto a nuestros gobernantes socialistas erigirse en abogados defensores de las peores causas? ¿Qué fallo tienen en su brújula moral todos los que, desde el gobierno, siempre están dispuestos a defender tiranías frente a las exigencias de las democracias normales? Más aún: ¿tienen siquiera brújula moral quienes, más allá de su fracaso económico y gestor, de sus baladas mentirosas y su relativismo general en todas las facetas de la convivencia, sólo parecen tener ideas ciertas en la agenda respecto a lo que parece una cultura de la muerte, de exaltación del aborto y la eutanasia, de la agitación de la revancha y el odio de unos españoles contra otros? ¿Por qué parecen contentos cultivando las únicas amistades a las que son devotos con las peores dictaduras de la tierra? ¿Qué brújula moral pueden tener quienes creen que con la mentira, la imposición y el miedo pueden llevar a nuestro país a un nuevo sistema que, pese a dichos medios utilizables, pueda ser deseable para ellos sabiendo que es impuesto a los demás? O una vez más, la pregunta que desde hace años se hacen tantos españoles que asisten atónitos y asustados al desmantelamiento de todas las conquistas de esta sociedad, no ya de la democracia, sino de todo el pasado siglo XX: ¿cómo es posible que nuestro país haya caído, ya en el siglo XXI, en las manos de un grupo de políticos tan incapaces por un lado y tan increíblemente hábiles para la trampa y el engaño por otro?
Son todas, por desgracia, preguntas pertinentes que surgen a la vista del bombardeo ideológico a que nos tienen sometidos estos adalides del progreso y adoradores del Estado bondadoso omnipresente. La cultura de la muerte quiere imponer a la sociedad un desprecio a la trascendencia del ser humano que nos despoje a todos de la percepción de nuestro carácter único como personas, de nuestro entender de nosotros mismos como criaturas sagradas a los ojos de Dios y de los hombres. La aceptación de esta sacralización de la persona no tiene necesariamente que surgir de la fe, pero sí ha sido forjada por el concepto cristiano del ser humano como creación a imagen y semejanza de Dios creador. Es por este concepto del ser humano, por la destrucción o preservación del mismo, por el que se dirime la gran batalla entre los grandes apologistas del Estado omnipotente y omnipresente, y los defensores del individuo como valor básico e insustituible, como único referente absoluto en la organización social de la convivencia. Lo demás son batallas colaterales, sobre los crucifijos aquí o allá, sobre la presencia más o menos intensa de la religión en la vida pública. A lo que estamos asistiendo en España es al enésimo intento, desde la muer te filosófica de Dios hace dos siglos, de erradicar en la idea del hombre, de sí mismo, su carácter de bien supremo. Todo este proyecto, cuyo objetivo es convertir al hombre en un ser fácilmente manipulable y convencido de la lógica de su sumisión al Estado, choca con los principios religiosos y culturales del cristianismo y del judaísmo. Y ésos son los que este proyecto radical socialista nos quieren extirpar de las conciencias.
Una sociedad que cree prescindible a todo ser humano que pueda causar una molestia —y lo liquida— es una sociedad de cerviz quebrada. Y los seres humanos que aceptan está lógica acaban considerándose a sí mismos como piezas sustituibles de un organigrama cuya renovación, control y dirección corresponde al Estado. El Estado regala derechos para matar a los más débiles, nonatos o ancianos. Y despoja a sus súbditos de la fuerza moral para exigir el respeto al individuo por su carácter único y sagrado. Así todos otorgamos al Estado un poder absoluto sobre nuestras conciencias y nuestras vidas. El aborto puede ser admisible en situaciones extremas para evitar un drama humano, al elegirse un mal inmenso para evitar otro mayor. Pero la implantación del mismo como método anticonceptivo y como derecho es, en realidad, la cesión al Estado de una potestad sobre la vida, ya que es el Estado quien otorga este derecho a interrumpir el embarazo. Y un Estado con potestad para decidir sobre la interrupción de la vida puede en cualquier momento decretar una ampliación de este derecho más allá del nonato. La mayoría indiferente de la ciudadanía que ha sido convencida de que el aborto es poco menos que un asunto particular, no es consciente del inmenso poder que sobre nuestras vidas está otorgando a los gobernantes y a una maquinaria anónima del Estado. En este sentido toda esta cultura de la muerte no es sino un instrumento más de dominación.
Muchos dirán que estos gobernantes nuestros, ineptos hasta cotas insospechadas, son incapaces de pensar y organizar un proyecto semejante. Es cierto: la inmensa mayoría de los soldados de esta tropa ciega e insensata cabalga sobre asnos que sólo obedecen a dos o tres consignas, además del mantra de la bondad universal del Estado protector. Pero cabalgan en ese sentido pese a no haber elegido dirección ni conocerla tras haberla tomado.