La mediocridad como objetivo

Una de las principales anomalías que se han impuesto en España con la llegada traumática de Zapatero y su secta al poder está en el nivel general de preparación de los dirigentes y el desprecio que han impuesto a valores que podríamos llamar clásicos o tradicionales en la selección de las personas destinadas a ejercer un poder delegado por los votantes. En el aparato del Partido Socialista y del gobierno se ha impuesto la clásica selección negativa que siempre imperó en los aparatos de los partidos bolcheviques, donde los lideres eligen siempre gente peor —más débil y menos capacitada— que ellos mismos, para evitar que surjan en el núcleo duro del poder individuos que puedan cuestionar su propio liderazgo. Si la cúspide de la pirámide del aparato está ocupada por un personaje como Zapatero, que no tiene otro campo de especialidad y trayectoria más allá de la intriga en el seno del partido y la retórica vacía, es lógico que una vez consolidado su poder el entorno tenga los niveles que revela la dirección del partido y el Consejo de Ministros. El cual, en dos legislaturas, no ha tenido nunca más de dos o tres ministros que pudiera uno imaginarse en un gobierno europeo. Y no hablo ya de los de Alemania, Francia o el Reino Unido, sino de los de Chipre o Letonia, con todos los respetos.

Nadie hoy en día espera que los primeros de sus promociones en las carreras universitarias, o personalidades de excelencia demostrada en su carrera profesional o artística, se comprometan con una triste disciplina partidaria o se sientan llamados a una carrera política por la vocación de servicio al Estado. Por un lado, es la en general muy parca remuneración de los políticos la que disuade a los mejores, pero también el creciente desprestigio de la política en sí y las servidumbres económicas, personales y familiares que conlleva. Sin embargo, nunca se ha visto en la Europa democrática un asalto a la política y a la toma de los cargos en las instituciones y en todo el entramado de empleo y responsabilidades del poder por parte de gentes tan faltas de formación, cuando no educación, de un mínimo de cualificación comprobada y de un bagaje profesional, técnico e intelectual. El único baremo utilizado para la contratación por parte del zapaterismo ha sido la lealtad al nuevo proyecto de transformación socialista. Por eso han sido marginados desde un principio todos los socialistas que, con unos niveles académicos y profesionales muy superiores, forman parte de generaciones anteriores y son vistos con suspicacia por su supuesta tibieza frente al enemigo político.

No hablamos por capricho de enemigo en vez de adversario. Una de las características de la tropa del zapaterismo es precisamente su voluntad de marginar primero y expulsar después del sistema político de nuevo cuño a quienes defienden el marco legal y constitucional forjado en la transición. Las razones son muchas ideológicas, pero otras extremadamente prosaicas. Las ideológicas son bien simples. Según la nueva mitología izquierdista, la derecha ha estado en el poder en España poco menos que desde los romanos, y ya por entonces la izquierda sufría mucho pero tenía que mantenerse agazapada. Tan sólo durante los años de la Segunda República, de 1931 a 1936, y durante la Guerra Civil en las zonas republicanas, hubo un intento en España de aplicar políticas de izquierda, dicen. Después de la muerte de Franco la amenaza de los poderes fácticos —ejército, oligarquía e Iglesia— hizo imposible que la izquierda llevara a cabo su legítima aspiración de ruptura y hubo de conformarse con una reforma que, de hecho, supone la continuidad de la legitimidad franquista que nos impuso un rey nombrado por el propio dictador seis años antes de su muerte y, por tanto, prueba de la supuesta victoria de la impunidad que se garantizaba el régimen de los vencedores con la transición. Según esta lógica, ahora, en el siglo XXI, y con el acceso al poder de una izquierda libre de los condicionantes que maniataron a la anterior, que fue la felipista, este ciclo de manifiesta injusticia histórica habría tocado a su fin.

La llegada al poder de Zapatero y su generación de socialistas no contaminados por el pactismo de la transición abriría así esa oportunidad de reconducir la historia de España hacia la vía ya trazada en la República, la del frentepopulismo, que fue violentamente apartada por la Guerra Civil. De ahí que la izquierda deba verse liberada de los compromisos contraídos durante esa transición. Y aprovechar una mayoría de fuerzas aliadas por intereses comunes —es decir, los nacionalismos— para romper definitivamente esa hegemonía de la derecha en nuestra historia. Para ello es necesario arrancar de la memoria colectiva de los españoles la convicción de que la transición fue un éxito y la reconciliación nacional entre los bandos un hecho.

Pero también debe combatirse todo recuerdo de los avances en el bienestar que lograron los españoles durante los cuarenta años de dictadura. Hay que instaurar el mito de que «todo» lo sucedido durante cuarenta años fue intrínsecamente malo, y que «todos» los hombres y mujeres que tuvieron algún papel bajo aquel régimen eran unos fascistas de manual. Para esto hay que llegar a unos niveles de tergiversación de la realidad que no sólo llevan a la caricatura, sino que se hunden en la necesidad de una mentira continua cada vez más grotesca, alimentada por todas las anteriores. Con la dificultad añadida de que muchos de los dirigentes del izquierdismo actual son hijos de personas más o menos destacadas y desde luego beneficiadas por aquel régimen que debe ahora ser descalificado en su totalidad. De ahí vienen los patéticos equilibrios con sus biografías familiares que hacen tantos, incluidos ministros como Bermúdez, Fernández de la Vega o Trinidad Jiménez. Fácil les sería sencillamente aceptar que donde hubo una dictadura feroz tras una guerra civil que después evolucionó hacia un Estado autoritario y se prolongó nada menos que cuarenta años, la inmensa mayoría de los españoles tuvieron algún tipo de contacto con la administración. Pero eso iría contra su gran falacia histórica que presenta al franquismo como un régimen invariablemente criminal y fascista, que es antagonista radical de aquella república impoluta e impecablemente democrática, amable, culta y armoniosa que se han inventado para justificar sus fines de acabar con la legitimidad de nuestra actual democracia surgida de aquella transición que condenan y quieren revisar.

La verdad incontrovertible es que en 1977 la inmensa mayoría de los españoles votó en sus primeras elecciones democráticas a un hombre que llegaba directamente a la democracia desde la Secretaría General del Movimiento, que representaba la legalidad del régimen franquista. Y la verdad es que aquel voto era tan legítimo como voluntad popular como todos los habidos después, y posiblemente mucho más que alguno realizado en situación de absoluta excepcionalidad, como fue la que llevó al poder al equipo socialista de Zapatero y Rubalcaba después de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Las razones prosaicas para este órdago a nuestra democracia, y aun de forma larvada a nuestra constitución, también son muy simples. Como lo es el armazón conceptual que las sustenta. Para esta generación de izquierdistas de muy escasa formación y paupérrimos conocimientos del mundo exterior, nuestra sociedad y nuestra economía se basan en el primitivo concepto de la suma cero. Por decirlo de una forma tosca: tenemos un pastel a dividir entre todos, por lo que es obvio que lo que se pone en un sitio, y se otorga a una parte, ha de quitarse en otro. Aunque parezca mentira hoy en día, no es otra cosa ese continuo llamamiento a la justicia social que se entiende como el «quitar a los ricos para dar a los pobres», como si nos halláramos en una sociedad feudal o incluso previa. Los conceptos más simples de generación de riqueza o del valor añadido les son ajenos o sospechosos.

Con su llegada al poder, rápidamente desarrollaron sus rudimentarios argumentos para elaborar toda una teoría que permite la utilización del aparato del Estado para el enriquecimiento propio. Con el aparato redistributivo en sus manos, el socialismo izquierdista se ha arrogado una supuesta legitimidad —y por supuesto el poder— para acabar con esa quimérica hegemonía histórica de la derecha (sea lo que sea lo que entienden como tal). Y la fórmula más simple para reparar esta injusticia es una masiva desviación de fondos públicos hacia propiedades propias o dependientes del poder político propio. La conciencia está tranquila porque de lo que se trata al fin y al cabo es de reparar una gravísima injusticia histórica. Los socialistas izquierdistas en el poder se comportan por ello sin timidez ni complejos a la hora de disponer del dinero público. Porque el trasvase de propiedad y capacidad adquisitiva hacia su gran comunidad ideológica no tiene nada que ver con la malversación de fondos públicos, que sí se produciría si dicho trasvase fuera en otra dirección. Así, el dinero público — que no es de nadie, según reveladora expresión de la que fuera ministra de Cultura, Carmen Calvo— tiene un doble efecto dignificante que consiste en forjar lealtades en torno a la idea transformadora «progresista» y subsanar las injusticias pasadas. El enriquecimiento súbito y la utilización abierta y grotesca del dinero público en beneficio de los administradores —podemos hablar de José Bono como caso excepcional de lo primero y del irresistiblemente ascendido presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, en lo segundo— no merece así reprobación social a ojos de la nueva clase dirigente socialista. Benach, que entró como jardinero en el parlamento que ahora dirige y al que no se conocen otros méritos para su insólita carrera más allá de su militancia en ERC, es todo un símbolo de este proceso de permeabilidad social por una elevación sólo basada en la lealtad ideológica. Como lo es también el caso de Pepe Blanco, aquel joven que cuando llegó a la política nacional vestía como el domador de leones Ángel Cristo y hoy luce los mejores trajes a medida de la clase política española y lleva camino de convertirse en el Beau Brummel de la izquierda nacional.

Son tan sólo dos casos entre miles los que destacamos aquí, pero muy significativos. Están además blindados contra toda crítica estos procesos dudosos o, al menos, poco ortodoxos de enriquecimiento o beneficio llamativo de los años de hegemonía socialista política y mediática. Porque quien ponga en duda la legitimidad del enriquecimiento de la izquierda en la política es tachado automáticamente de reaccionario que pretende que «la derecha» eternice sus privilegios y niegue perversamente el derecho a los españoles de izquierdas a la prosperidad. Toda la maquinaria mediática de la izquierda —que con contenidos del Ministerio del Interior ataca inagotablemente la corrupción real o inventada de la oposición— protege masivamente las «conquistas» personales en el bienestar individual de los actuales dirigentes políticos y ridiculiza a quienes la denuncian.

Así, toda la comunidad socialista sale beneficiada de este autoservicio honorable en las arcas del Estado. Que en muchos casos el atractivo indudable de esta operación continua de autoabastecimiento justiciero lleve a miembros de la derecha sociológica a emprender la «senda transformadora» es perfectamente lógico. Y tremendamente humano. No vamos a poner aquí ejemplos de esta redistribución con justificación ideológica, porque el texto adquiriría el volumen de toda la Enciclopedia Británica. Y no olvidemos tampoco que, paradójicamente, en la derecha asistimos a un fenómeno distinto que lleva a los mismos efectos. Con la desideologización de la derecha hemos visto cómo ésta se ha abierto a oportunistas de todo tipo que han entrado, nunca mejor dicho, a saco en las diversas administraciones, con un desprecio zafio a todos los que están en la política de oposición o gobierno con intención de servicio. Y han causado un terrible daño a la lucha política contra los proyectos de experimentación sociológica de la secta de Zapatero. La indolencia de la derecha ha tenido mucho que ver con esta utilización que del Partido Popular han hecho personajes perfectamente apolíticos y sin sentido ninguno del servicio público.