4. AAA: La estafa de la máxima nota

AAA: LA ESTAFA DE LA MÁXIMA NOTA

 

Es un hombre que lo tuvo todo —es decir, que cayó en todas las trampas—, incluidas la pesadilla de los impagos que se acumulaban en su mesa, la peregrinación por los bancos, la connivencia con sus propios exprimidores. Fue víctima, como lo somos todos, de la pretensión de creer que poseemos, cuando la realidad es que, a través de los objetos que se nos ofrecen, no somos más que poseídos, personas que alimentamos a la banca y a las grandes corporaciones que se nutren e inflan con nuestro esfuerzo.

 

MARUJA TORRES

 

A propósito de un hombre que tuvo que dejar su casa y sus sueños por culpa de quienes dijeron que esos sueños no eran una pesadilla… Del prólogo del libro ¡Insolventes! (Espasa, 2011).

En el año 2006 cientos de miles de familias comenzaron a no poder pagar sus

hipotecas, especialmente las concedidas a partir del año 2000, cuando tras las crisis

de las empresas de internet inundó el mercado una vorágine de créditos inmobiliarios

a bajo interés que se concedían sin suficientes garantías para que se pudieran pagar

los incómodos plazos mensuales. Esos créditos se juntaron con otros y se vendieron

convertidos en «títulos». Esas inversiones, todo hay que decirlo, eran muy

arriesgadas. Podrían llegar a ser difíciles de recuperar si en un momento determinado

se producía un mínimo problema y alguien empezaba a dejar de devolver los créditos.

Eran las de sobra conocidas hipotecas subprime…

Esos créditos resultaban tan difíciles de recuperar que se crearon una serie de

agujeros. Pero la problemática financiera no se convirtió en crisis hasta que el 15 de

septiembre de 2008 cayó el banco Lehman Brothers. Los créditos en forma de

complejos productos financieros dejaron de tener continuidad. La burbuja estalló.

Siguiendo la cadena, las bolsas se desplomaron. Después cayeron los bancos…

Llegó el pánico.

Finalmente, la crisis afectó a los ciudadanos y a su forma de vida.

El sociólogo Enrique Gil Calvo, en su obra Crisis Crónica (Alianza Editorial,

2009), establece un planteamiento sociopolítico y mediático de la crisis, partiendo de

la todavía irresoluble cuestión de si se trata de una crisis cíclica grave o una crisis

sistémica. O de una cosa que haya derivado en la otra. Dice así: «La crisis se originó

a partir de una burbuja especulativa alentada por los medios y tolerada por las

autoridades que sólo pudo formarse como consecuencia de una epidemia de

endeudamiento colectivo. Los agentes se fueron contagiando bajo la infundada

expectativa de que los valores adquiridos siempre crecerían por encima del valor de

las deudas. Y cuando esta expectativa se vio frustrada, porque los activos empezaron

a valer menos que las deudas, entonces la burbuja se pinchó».

Situémonos ahora tres años antes del comienzo de la crisis…

Año 2005. Y fijémonos en una de las noticias de envergadura que menos

repercusión tuvieron en los medios. La daba a conocer Financial Wire, que

denunciaba la existencia de una enorme cantidad de operaciones bursátiles en las

cuales se vendían participaciones sin la posesión de los valores que las constituían. Es

lo que se denomina una «compra al descubierto». En pocas palabras: adquiero algo a

alguien que no lo tiene, lo que rompe con esa norma del sistema económico que quizá

nunca debiera haberse perdido: el intercambio de bienes, según el cual ocurre algo

tan sencillo como que yo doy dinero a cambio de algo, por ejemplo un coche. En

realidad, es el clásico trueque pero adaptado a los tiempos del comercio.

Esto no era así. En estos casos, el inversor vende acciones que técnicamente no

posee, sino que las ha tomado prestadas de su agente de bolsa quien, a su vez, las ha

tomado también prestadas de una financiera con la esperanza de que el precio del

valor baje antes de que esa compra al descubierto se transforme en una compra real.

Así, el inversor vende y las compra de nuevo a un precio más bajo obteniendo un beneficio a consecuencia de la caída del valor. Pero si el precio no baja, entonces

llega el descalabro. El inversor compra los valores a mayor precio de lo que ha

pactado y desembolsado. Y aunque este tipo de operaciones bordean lo lícito, los

mecanismos bursátiles y los resquicios legales permiten la transacción. Estas

maniobras financieras y la consecuentemente esperada rentabilidad fueron parte de la

débil pantalla de protección de las deudas puestas en el mercado o de los créditos

emitidos. Hubo un tiempo en que dieron mucho dinero, y se negociaron más y más

hasta que empezó a quebrarse el equilibrio, porque mientras unos ganaban, otros

comenzaban a perder.

 

93 por ciento de errores previos a la crisis

 

Para que exista seguridad en estos complejos mecanismos financieros, es necesario

que quien pone su dinero en juego tenga la seguridad de rentabilizar su inversión.

Para ello, existen asesorías y agencias de calificación que estudian la situación y

ofrecen una valoración sobre ese producto en el que se invierte. Cuando amaneció el

15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers estaba calificado con una nota

AAA por parte de la agencia de calificación más importante del mundo,

Standard & Poor’s. La nota AAA es la máxima posible. Un 10 sobre 10. Horas

después, el banco se desplomó. Y en semanas sucesivas pasó lo mismo con las

grandes financieras del país. Todas ellas también tenían nota AAA, así como los

productos que ponían en el mercado financiero: sus títulos, sus acciones, sus bonos…

Las otras agencias calificadoras, de las tres que dominan este pequeño monopolio

mundial, Moody’s y Fitch, habían emitido una puntuación idéntica.

El dato no requiere interpretación: el 93 por ciento de las valoraciones que se

efectuaron por parte de las agencias con nota triple A correspondían en realidad a la

vulgarmente denominada basura crediticia. «Da igual que los títulos financieros estén

compuestos por vacas, porque nosotros les vamos a dar una nota de triple A», puede

leerse en el correo electrónico escrito por otro de los empleados de estas agencias y

que hemos podido conocer gracias a filtraciones informáticas. Pese a ello, aún hay

gente que piensa que pudieron haberse equivocado en 93 de cada 100 veces, pero es

que quizá acertaron, porque empieza a tener sentido pensar mal. Si lo hacemos, quizá

acertaremos. El lector lo comprobará a lo largo del libro. Y es que a raíz del crack de

finales de 2008 los gobiernos tuvieron que poner fin a la crisis financiera declarando

algo parecido a un estado de emergencia: la guerra contra la crisis. El problema es

que, en esa guerra, había infiltrados del enemigo por todas partes, y quienes

pensábamos que eran neutrales —o incluso que nos podían ayudar— estaban

comprados por ellos.

Había que salvar a los bancos. Primero se hizo en Estados Unidos. Luego, muchos otros países siguieron el mismo camino. A nivel mundial se destinaron a tan

ingente operación tres billones de euros. El dinero salió de los fondos públicos. Y en

cuestión de meses, los grandes bancos norteamericanos que superaron la quiebra

emergieron de nuevo con fuerza en los mercados de valores, sus acciones aumentaron

de valor, y el júbilo financiero también; las primas a los ejecutivos se ampliaron y los

beneficios volvieron a aparecer e incluso se incrementaron, pero por dos razones: el

espejismo que estaban creando los datos que ofrecían los bancos en sus libros de

cuentas y el desahogo que fue para ellos que los ciudadanos salieran —forzados— en

su auxilio.

Los caudales públicos fluyeron hacia las arcas privadas para que éstas pudieran

sanearse y recuperar su solvencia. Como la herida que sufrían era bastante grave, era

posible que volviera a abrirse de nuevo. Así que tras un saneamiento vino otro, y

otro, en un continente y en otro. A final, la operación de rescate se traduce en que los

salvadores del Tesoro Público «enchufaron sus mangueras de liquidez para lavar el

dinero de Wall Street», dice Gil Calvo. El citado autor no duda en calificar ese lavado

como un lavado de dinero negro. Sea lo que fuere, el rescate sirvió para transformar

dinero que sólo existía en papel en dinero con valor real y en metálico. El problema

es que antes estaba en nuestro bolsillo, y ahora el truco de magia lo había llevado a

los suyos.

El rescate no puso fin a la crisis. Simplemente, la llevó a otro escenario, porque la

deuda privada se había transformado en deuda pública. Ellos se quedaron sin dinero y

se lo dimos, pero entonces fuimos nosotros los que nos quedamos con los bolsillos

vacíos. Y como los rescates y los planes de estímulo financiero tuvieron que ser

cubiertos con dinero público, muchos gobiernos se vieron obligados a emitir deuda

para poder seguir funcionando y sacando el país adelante, con esfuerzos y recortes.

 

El chantaje de las agencias de calificación

 

Fue en este punto en donde las agencias calificadoras intervinieron otra vez para

valorar la calidad de las deudas públicas que se adquirían, curiosamente con el dinero

entregado en los planes de rescate y que generaban unos enormes dividendos al

sistema financiero.

Efectuaré, aunque más tarde volveré al asunto, unos pequeños apuntes sobre la

deuda pública que, aunque en sí mismo el nombre suene muy mal y tenga mala

prensa, es el mecanismo necesario que cualquier Estado requiere para obtener

recursos financieros y hacer frente a los gastos del país, entre ellos los servicios

sociales, apoyo a desempleados, pensiones, etcétera… Pero además, también se emite

para pagar los intereses que hay que devolver a los bancos comerciales que han

comprado esa deuda, porque se incrementa en situaciones en las que los Estados han requerido hacer desembolsos extraordinarios, como es el caso del rescate financiero.

Así pues, el dinero es deuda, porque ese dinero es «fabricado» por los organismos

oficiales, después se entrega a los bancos comerciales a un tipo de interés bajo (en

Europa es el que fija el Banco Central Europeo y en Estados Unidos el que determina

la Reserva Federal) y, finalmente, esos bancos comerciales vuelven a dárselo a los

gobiernos pero a un interés mucho mayor que dependerá de la nota que tenga ese país

por parte de las agencias de calificación. En esta fase, casualmente, no se

equivocaron dando más nota de la que merecían a los países que emitían esa deuda.

Al contrario, empezaron a bajar y bajar la calificación de aquellos países cuyos

gobiernos habían intervenido en el sistema financiero —y también en la economía

real, cuyos parámetros empezaron a caer en picado— con el objetivo de poner freno a

la crisis ayudando a quienes la provocaron.

Así, cuando un grupo inversor compra un hipotético bono del Tesoro Público a

1000 euros, con un plazo de amortización establecido en, por ejemplo, tres años, el

gobierno devolverá al inversor 1300 euros, los 1000 que invirtió en la compra más los

300 de intereses. Como en todo préstamo, siempre existe un riesgo de que el emisor

de la deuda no sea capaz de amortizar ese préstamo en el tiempo acordado. Ese riesgo

es el que valoran ahora las agencias calificadoras y el que recoge la famosa «prima de

riesgo», que se establece en función del bono alemán a diez años, que se considera

tradicionalmente como el más seguro. De sus calificaciones depende, por ejemplo, el

flujo de intereses y las condiciones de la amortización. El efecto de una devaluación

en las valoraciones de estas agencias puede suponer condiciones más duras de pago a

los emisores de deuda, e incluso beneficios a quienes han adquirido esa deuda si

finalmente no se cumplen las previsiones negativas de las agencias calificadoras.

El rebrote de la crisis en Europa a partir de 2010, o más bien del miedo a su

empeoramiento, se produjo cuando la agencia Standard & Poor’s rebajó el nivel de

calificación de la deuda de Grecia. Y a su vez, poco después, aunque en menor grado,

lo hicieron con el de Irlanda, España y Portugal; después se sumaron más países a los

estrangulamientos de las agencias, entre ellos la poderosa Italia o la intocable

Francia. Y aunque a nivel popular se cree que la rebaja ha sido muy importante, en

realidad es que todavía es suave, salvo en el caso griego. La máxima nota que se

establece por estas agencias es AAA —triple A—, que equivale a un 10. Después,

AA —doble A—, que equivale a un 9. Un peldaño más abajo es A, que podríamos

decir que equivale a un 8. Además, las agencias establecen el signo «+» o «-» junto a

la letra en función de la tendencia. La siguiente nota es BBB, que equivale a un 7, BB

que equivale a un 6, B que equivaldría a un 5, y así sucesivamente, entrando ya en el

terreno de los llamados «bonos basura», pasando por CCC hasta llegar a una

puntuación de D, que sería la peor. Por otra parte, la calificación para los productos

emitidos por empresas tiene una valoración que difiere a la que se efectúa con las

deudas soberanas, pero son básicamente parecidas.

Tras la agencias de calificación se cierne una enorme sospecha. Ya valoraron la deuda de Islandia como triple AAA en los días previos a la bancarrota del país, así

como la de los bancos que quebraron con la misma máxima calificación. Dejemos

que sea el premio Nobel de economía Paul Krugman quien opine sobre el papel de

estas agencias: «Empezaron como analistas de mercados que vendían tasaciones de

deuda corporativa al ser empresas contratadas por la gente que vendía deuda para que

le dieran el visto bueno, pero la cosa ha cambiado, y salieron a la luz una serie de

correos privados de los directivos de Standard & Poor’s en los que se mencionaba

que había que ajustar los criterios para no perder contratos. En uno de ellos se leía

que había que maquillar las cifras de los préstamos que no cumplen los requisitos

para conservar la cuota de mercado». Krugman califica este sistema como corrupto,

especialmente cuando los criterios de las agencias son admitidos como irrebatibles

por organismos públicos y privados. E indica que las valoraciones que ofrecen,

muchas veces intencionadamente equivocadas, han podido tener un papel muy

importante en que se desencadenara la actual crisis.

Con nula repercusión mediática, el Senado de Estados Unidos hizo público un

informe en el que se determinó que las tres principales agencias

—Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch— habían ayudado a los bancos a ocultar los

riesgos de las inversiones que promocionaban mientras cobraban comisiones de esas

mismas agencias. Ese acuerdo desencadenó la crisis.

Otro de los correos electrónicos que se conocieron gracias a las filtraciones de

información canalizadas por los hackers y también por la Comisión, señala que

pueden estar haciendo lo mismo en la fase de la crisis en la que el problema se ha

trasladado a los gobiernos, alterando a su antojo las valoraciones de la deuda. «Se

está creando un monstruo todavía mayor», se puede leer en el correo interno. Y

cuando se descubre que la deuda alemana es la mejor valorada siendo la mayor de

Europa, el doble de la española por ejemplo, y que Alemania es la que compra la

deuda de Grecia, el país con más problemas, los temores a que alguien esté haciendo

un negocio inmenso con la crisis se convierten en realidad, y personalmente —y a

cualquier persona informada y medianamente digna— me causa un profundo

desprecio. Es como si los asesinos de libertades que en los años setenta y ochenta

mataron a cientos de personas en Argentina hubieran resucitado. En ambos casos

usan el mismo sello: Triple A.

Sin embargo, los dueños de las agencias de calificación no han perdonado a

nadie. En los años siguientes al origen de la crisis fueron rebajando una a una las

notas de todos los países del mundo, a excepción de las de Canadá, Australia, Gran

Bretaña, Alemania y los países nórdicos. Y aunque mantienen buena nota, países que

jamás se bajaron del carro de la Triple A como Francia y Estados Unidos fueron

degradadas por las agencias sin motivos para ello, salvo enriquecer a los inversores

que cobran más dinero en forma de intereses por la enorme cantidad de deuda emitida

en los últimos años.

Las agencias de calificación al desnudo

 

En el caso de Estados Unidos comenzó a rumorearse avanzado el año 2010 que

Standard and Poor’s podría aplicar un correctivo a Washington. Gracias al grupo de

hackers AntiSec se dio a conocer un paquete de correos escritos y recibidos por

Richard T. García, vicepresidente de la empresa armamentística Vanguard Defense

Industries, en el que se encontraba un texto que le escribió Cindy Cook, una asesora

del banco Merrill Lynch, perteneciente al Banco de América, en el que le advertía de

la posible rebaja de calificación de Estados Unidos por parte de la agencia en

cuestión. No había motivos reales para la degradación; sin embargo, había más de

correctivo ideológico y de trampa para facilitar maniobras económicas que razones

verdaderamente objetivas. Evidentemente, por ahí iban las cosas.

Aquel texto venía a refrendar las sospechas que estaba siguiendo de cerca la

Comisión de Seguridad y Control (SEC), organismo del gobierno norteamericano que

regula el mercado financiero, sobre una posible intencionalidad política en la decisión

de la agencia, unida a la filtración de datos sobre la misma a determinadas empresas e

inversores que podían utilizar —y de hecho lo hicieron— intencionadamente la

información privilegiada. La SEC recomendó a la comisión del Senado que

investigara la posible filtración: «Es necesario saber si Standard & Poor’s reveló

selectivamente a algunas instituciones financieras información relacionada con la

reclasificación de la deuda del gobierno de Estados Unidos y si algunas instituciones

que tenían esa información confidencial la aprovecharon antes del anuncio oficial»,

escribió uno de los funcionarios de la SEC. Pero había algo de mentira en aquella

afirmación, porque lo que se pedía investigar —saber si hubo o no revelación de

información confidencial— ya se conocía gracias a aquella colección de correos que,

además de demostrar cómo las empresas armamentísticas exageran las amenazas para

poder vender sus productos, mostraba cómo la trama de la Triple A actuaba siguiendo

intereses particulares y no generales.

Por desgracia —y casi seguro que el lector lo habrá imaginado—, las

investigaciones iniciadas por la SEC caen siempre en saco roto. Se supo por qué. Y

quiénes eran los culpables y cómo lo habían hecho. Reveló parte de la información

quien durante muchos años había sido uno de los abogados de la SEC, Darcy Flynn,

que explicó y documentó cómo desde 1993, este organismo ha frenado cualquier

investigación seria sobre los causantes de la crisis. Se conoce la destrucción de hasta

un total de 9000 investigaciones preliminares de la SEC que no fueron a parar a

ningún lado. Y no sólo eso: desde 2001, la SEC articuló un mecanismo para poder

derivar las investigaciones en los propios acusados, es decir, que debían investigarse

a ellos mismos. Era como pedir a un asesino que se juzgara a sí mismo. Gracias a

ello, los bancos y fondos de inversión investigados lograron evitar que sus

irregularidades frenaran sus maquinaciones y fueran perseguidas judicialmente.

El muchos casos, la información que se reunía sirvió para que la SEC pusiera a los maquinadores una serie de multas que, en principio, parecían cuantiosas, pero que

sin embargo representaban un mínimo dolo en comparación con los beneficios que

lograron las empresas investigadas gracias a sus irregularidades, en las que según

esos informes vacíos —gracias a determinados quiebros legales, la SEC convirtió

aquellos expedientes en una suerte de carpetas sin nada en su interior— había casos

de información privilegiada, fraude financiero, manipulación del mercado… Pero al

resultar multadas, la ignorancia de la opinión pública sobre el verdadero dinero que

generó la especulación en aquellos años hizo que se extendiera la creencia de que el

sistema estaba funcionando, pero en realidad lo que se estaba permitiendo era salir

impunes a los responsables de los desfalcos financieros. Nada es casual, porque la

SEC y prácticamente todos los organismos públicos en América y Europa encargados

de la política económica han sido en los últimos tiempos ocupados por antiguos —y

futuros; y también ambas cosas— directivos de las empresas financieras, lo que ha

facilitado el trabajo que realizan, tanto el lícito como el ilícito. Este proceso de

«infiltración» ha envenenado absolutamente todo el sistema…

En un espectacular reportaje titulado «¿Está la SEC protegiendo los crímenes de

Wall Street?», publicado por la revista Rolling Stone y escrito por Marc Taibbi, se

señala cómo uno de los responsables del organismo regulador —que a la postre no

regula nada— llamado Robert S. Khuzami fue quien tejió los mecanismos legales

para blanquear las destrucciones de documentos. No deja de ser curioso que este

personaje, que había estado vinculado a varias instituciones financieras, entre ellas al

Deustche Bank, investigado por la SEC hasta que se destruyeron los expedientes que

implicaban al banco en actuaciones irregulares, fuera uno de los personajes que eligió

el presidente George Bush para aprobar la Ley Patriótica, que se elaboró como

respuesta a los atentados del 11-S, pero que lejos de proteger al país provocó un

estado de excepción que se prolonga hasta hoy.

Gracias a esta Ley Patriótica se establecieron medidas de seguridad que violaban

los más elementales principios de derecho a la inocencia. Hasta entonces, nadie era

culpable hasta que se demostrara lo contrario, pero tras su aprobación las cosas ya

eran más como querían quienes creen que el miedo es la mejor herramienta para

obtener un cheque en blanco de la sociedad en forma de permiso para, por ejemplo,

pasar a determinar que… nadie es inocente hasta que lo demuestre y que hasta las

ideas pueden ser un delito. Además, esa normativa supuso un antes y un después en

determinadas transacciones bancarias, que fueron sometidas a vigilancia con la

excusa de impedir la financiación del terrorismo internacional. Sin embargo, lejos de

conseguirlo, se redibujó el mapa del tránsito financiero, que benefició a aquellos

países árabes sobre los cuales existía evidencia de que podían estar financiando

actividades extremistas y perjudicó a otros sobre los que no existía evidencia alguna

pero que habían entrado en el llamado «eje del mal».

Para la economista italiana Loretta Napoleoni, el tránsito de dinero procedente de

los países árabes también empezó a circular a partir de entonces por otros paraísos fiscales, algunos de ellos situados en Europa, lo que provocó que se volatilizara

mucho dinero en Estados Unidos al tiempo que se generó «una espiral de deuda para

financiar la guerra contra el terrorismo internacional», que se alimentó del miedo y de

las sensaciones que se transmitían a la opinión pública para justificar ese miedo. Cita

casos llamativos, de bancos y fondos de inversión árabes, que si bien resultaban

sospechosos, no aparecen en los listados de entidades a investigar, lo que finalmente

facilita el ascenso económico de algunas naciones de carácter musulmán en las que el

dinero empieza a circular como surgido de la nada. Evidentemente, nada es casual:

esas naciones se alían con Estados Unidos y se convierten en puntas de lanza de la

política exterior norteamericana que, en realidad, no pretendía en absoluto luchar

contra Bin Laden ni contra Al Qaeda, sino extender una forma de entender el mundo

a partir de la economía de libre mercado, especialmente para facilitar el acceso a las

materias primas, el mercado bancario, el intercambio de capitales… El apoyo a las

políticas de inversión extranjera en esos países, a la privatización de las empresas

públicas y al liberalismo económico queda de manifiesto en los cientos de miles de

documentos diplomáticos que se conocieron gracias a Wikileaks, algunos de los

cuales expondré más adelante y que nos abren la puerta a un mundo tan «fascinante»

como deplorable.

 

Perros guardianes: «Con todo este lío podemos ganar mucho dinero»

 

Esa intencionalidad política es la que también movió a la mafia de la Triple A a

valorar la deuda de los países en función de una serie de componentes ideológicos.

En un principio se castigó más a las naciones cuyos planteamientos eran más

proclives a la regulación de los mercados y a la intervención del Estado en cuestión

de dinero. Es por ello que países desarrollados o emergentes como España,

Venezuela, Brasil o Argentina —cuyos recursos o situación fiscal no impediría en

absoluto cumplir con sus obligaciones para con los inversores en deuda—

comenzaron a ser castigados y sus notas fueron rebajadas. Es por ello que Estados

Unidos también se sumó después a los afectados: sólo con mencionar medidas en

favor de la implicación del gobierno en la economía se rebajó su nota por parte de las

agencias de calificación.

Pero tampoco hay que ver en las agencias únicamente intenciones correctoras

sobre los gobiernos díscolos, porque los países a los cuales se les ha rebajado la nota

se convirtieron en una oportunidad de negocio para los inversores. Casi todos los

expertos e informes que he consultado señalan que los tipos de interés fijados por los

bancos centrales —lo que se denomina el precio del dinero— fueron demasiado bajos

durante los años de bonanza. Al mantenerse durante mucho tiempo por los suelos, los

bancos podían acceder a inyecciones de dinero que les salían muy rentable, porque llenaban sus arcas y lo colocaban en el mercado financiero con gran rapidez. Al

costarle tan poco sus operaciones, se incrementó enormemente la cantidad de dinero

en circulación en forma de crédito e inversiones en instrumentos financieros.

Evidentemente, cuando la crisis estalla ya no es posible elevar el precio del

dinero, porque es necesario para el funcionamiento de las cosas que los bancos

puedan disponer de líquido, pero con ese dinero fácil dejaron de apostar por

incrementar el crédito y no se distribuyó ese capital que se les había inyectado hacia

lo que se conoce como economía real. Los bancos pusieron sus miras en la deuda

pública que ofrecían los gobiernos para poder hacer frente a los enormes gastos que

les estaba generando colocar las cosas en su sitio como consecuencia de la crisis. Así,

cuando las agencias de calificación bajaron la nota de los países más afectados, lo que

estaban haciendo era indicar el camino de un nuevo gran negocio para los bancos.

«No te vayas, porque con todo este lío podemos volver a ganar mucho dinero»,

dice el director del banco que aparece en la película Margin Call a un alto cargo

cuando éste le dice que quiere dejar su trabajo. La burbuja ya se había pinchado, pero

como el precio del dinero que necesitan los bancos para invertir es bajo, y los

intereses de las deudas son elevados como consecuencia de las rebajas, el dinero de

los bancos empezó a generar nuevos beneficios gracias a los bonos emitidos por los

Estados. Durante la crisis, el negocio de la deuda se ha convertido en una de las

mejores inversiones para ese dinero inyectado por los bancos centrales. Y es que

cuesta poco y, sin embargo, rinde con grandes intereses. En el caso de España, al

banco que va a invertir, el nuevo dinero le cuesta un 1 por ciento, y el que va a ganar

le rinde al 5 por ciento como mínimo gracias al empujón que dieron las agencias de

calificación al rebajar la nota; además, por mucho que se diga lo contrario, es muy

difícil que los gobiernos no cumplan con sus pagos, lo que explica que, pese al

mensaje que se transmite a la opinión pública, la demanda para hacerse con los bonos

de los gobiernos sea tan elevada y se duplique o triplique cada día que el gobierno de

España o de cualquier otro país sale al mercado primario para vender su deuda. Si

vamos tan mal, ¿por qué hacen cola en la ventanilla para comprar esa deuda? Insisto

en que a veces todo parece tan perverso que cuesta imaginar que todo esto no esté

provocado intencionadamente…

El economista Michael Hudson llevó a cabo un informe en el que explicaba estas

extrañas actitudes por parte de las agencias de calificación. Las consideraba agentes

de una forma de interpretar la política económica. Las denomina «perros guardianes»

de los bancos y adinerados del mundo, que al rebajar la nota de la deuda de los países

fuerza a los gobiernos a imponer unas medidas de rigor fiscal —léase recortes— que

implican la privatización de numerosas empresas públicas que dejarán de ser

rentables para los ciudadanos para ser rentables para los inversores, que las adquirirán

gracias al pago de grandes sumas de dinero que darán a los Estados a corto plazo para

salir del atolladero, pero a largo plazo tales empresas ya generarán dividendos para

quienes están detrás de esas calificaciones. «Es una estrategia que las agencias de calificación han refinado desde hace bastante tiempo: imponer privatización y planes

de austeridad», concluye Hudson.

Hay una legión de economistas que piensan así, pero están cada vez más

silenciados. Las informaciones que ofrecen, simplemente, no existen. O mejor dicho:

parecen no existir. Mientras, a los ciudadanos se les explica que los políticos —Dios

me libre de eximirlos de culpa, porque también la tienen— han hecho mal su trabajo

y han despilfarrado el dinero de todos generando un déficit de enormes proporciones.

Es falso: los saldos negativos en las cuentas públicas no han sido el origen de la

crisis, sino una consecuencia de la crisis. Pero el mensaje es populista y efectivo, y al

igual que consiguieron transformar la deuda privada en deuda pública, también

consiguieron transformar la culpa privada en culpa pública en una suerte de

socialización del pecado —y de la penitencia— merced a la propaganda y al empleo

de mensajes de unos partidos políticos contra otros que sirven para manejar a la

opinión pública pero que no sirven a la verdad.

En una de las comparecencias ante los senadores, Eric Kolchinsky, antiguo

responsable de una de las agencias, Moody’s, señaló que las empresas del sector

estaban alterando los datos para obtener beneficios que llegaban a sus arcas en la

misma medida que a las de sus clientes. Por cierto, uno de los dueños de Moody’s es

uno de los hombres más ricos del mundo: Warren Buffett, un hombre que hizo su

gran fortuna a partir de la especulación en los mercados financieros y que se alió con

el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, para enviar un sospechoso mensaje

de solidaridad entre ricos y pobres. Él es el dueño de la sociedad de inversión

Berkshire Hathaway, que posee el mayor de los paquetes accionariales de esta

agencia. Y por ese motivo también fue llamado a declarar en la comisión del Senado

de Estados Unidos. Salió en defensa de la agencia, y justificó los errores que cometió

aludiendo a que nadie —afirmación falsa, como voy a exponer— fue capaz de prever

que iba a llegar una crisis y que los títulos que dependían de las hipotecas y otros

créditos estaban infectados con subprime. Además, no movió un solo músculo

cuando el consejero delegado de Moody’s admitió que las notas que ponía su empresa

no eran más fiables que las que pudieran salir de un juego de azar al echar un moneda

al aire. «Es comprensible que se piense eso», afirmó este hombre, que cobra dieciséis

millones de dólares al año por su trabajo salpicado de «errores». O de lo que nos

dicen que son errores…

Si las valoraciones de las agencias de calificación no hubieran sido consideradas

una verdad absoluta por los mercados, la crisis no hubiera adquirido las dimensiones

que alcanzó. Los ejemplos de la actitud desvergonzada de estos gigantes —las tres

principales agencias que he citado copan, según las diferentes fuentes que he

consultado, entre el 80 y el 90 por ciento del mercado mundial en su sector— son

incontables. Una de las empresas que había contratado a Moody’s para que pusiera

nota a sus productos era Hannover Rük, una reaseguradora alemana de enorme

importancia que decidió rescindir su contrato con la empresa de calificaciones de Buffet. A partir de ese momento, Moody’s ejecutó su venganza y comenzó a publicar

informes no retribuidos que rebajaban considerablemente la nota que ponían a los

productos de inversión que la empresa alemana colocaba en el mercado.

Hay mucho que decir sobre la pérfida actuación de esta agencia, que ha puesto a

España en su punto de mira. Lo hizo en marzo de 2011, cuando de repente rebajó de

forma espectacular la nota de los bancos españoles, lo que abrió una crisis en el

sector pocos días antes de que el gobierno determinara cuánto dinero necesitaban los

bancos españoles para capitalizarse; es decir, el dinero que necesitaban para poder

operar con tranquilidad y tapar sus agujeros en caso de que se abrieran. Mientras el

Banco de España iba a ofrecer una cifra de unos 15 000 millones de euros, Moody’s

se adelantó tres días y señaló que la cantidad era de 50 000 millones, y al mismo

tiempo rebajó las notas de casi todas las entidades, teniendo en cuenta además que los

títulos que ofrecen los bancos de la eurozona deben tener nota Triple A. ¿Qué

consiguieron con aquello? En pocas palabras: hundir un poco más el país.

Incomprensible o no, los cierto es que los mercados financieros actúan en función

de lo que Moody’s dice, y por lo tanto, de hoy para mañana, recibieron el mensaje de

que el dinero que el Estado debía aportar a los bancos españoles era tres veces mayor

del esperado y que, por ende, el agujero en las arcas públicas iba a ser todavía mayor.

Entonces, la espiral se agitó: los intereses subirían, los precios de los seguros para

protegerse de impagos aumentaría, las dudas sobre la solvencia de España a

consecuencia de su rescate bancario se incrementarían, la prima de riesgo volvería a

crecer… Pero si se mira con atención, aparece otra verdad más dolorosa: las agencias

siempre han actuado para favorecer a los inversores y grandes capitalistas. Antes de

la crisis lo hicieron, diciendo que la nota que tenían los bancos y productos

financieros era la mejor que podía tenerse, y después de la crisis, provocada por ese

«error», bajaron la nota de los Estados. En ambos casos, las decisiones que tomaron

fueron positivas para las cuentas corrientes de sus accionistas y sus clientes privados,

que cuando lo echaron todo a perder no lo solucionaron por ellos mismos, sino que

los ciudadanos tuvieron que hacerlo en forma de rescates que llenaron sus arcas y les

obligó a deshacerse de los activos tóxicos —es decir, viviendas— que volverían a

ellos a precio de salida, lo que acabará generándoles nuevos beneficios en el futuro. Y

si lo de antes fue un «error» intencionado para vender más, lo que hicieron después,

¿por qué no lo va a ser también?

 

Fríos, arrogantes y medievales

 

Si un país europeo puede considerarse víctima de las agencias de calificación, ése es

Portugal, una nación que desde que comenzó el siglo XXI progresó en cuestiones

económicas. Incluso en 2005, su nivel de competitividad se situó por encima de países como España, Francia o Bélgica. Puede decirse que el farolillo rojo de Europa

comenzaba a caminar con los grandes y en diferentes sectores se observaba a

Portugal con cierto asombro, pese a que, como en todos los rincones del mundo,

existían sectores que mostraban desequilibrios. En este caso, Portugal presentaba un

desajuste notable al importar un 65 por ciento más de lo que exportaba, lo que generó

una deuda externa privada importante y el consiguiente déficit público, pero en

ningún caso podía decirse que la situación de Portugal fue complicada hasta después

del inicio de la crisis económica de 2008, que provocó el estancamiento del país.

Fue a partir de abril de 2010 cuando las agencias de calificación comenzaron a

atacar a Portugal. El 27 de abril, Standard & Poor’s rebajó la calificación de la deuda

soberana del país. Justo un año después —cuando la nación volvía a la senda del

crecimiento, lo que da buena cuenta de lo malintencionado de las agencias— los

ataques se multiplicaron. Fue Moody’s la última en subirse al carro de las malas

valoraciones, pero lo hizo golpeando incluso con más fuerza que las otras. En poco

más de un año, los intereses que pagaba Portugal por sus bonos a diez años se

doblaron a consecuencia de lo que decían las agencias. El entonces primer ministro,

José Sócrates, que llevaba varios meses efectuando severos recortes en sus

presupuestos y soportando la presión popular, disconforme con la pérdida de

derechos sociales que llevaban implícitas las normas de austeridad, se vio en la

obligación de solicitar de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional la

activación de un rescate financiero similar al que meses antes había pedido Grecia.

Los inversores recibieron con agrado la solicitud y doblaron la demanda por hacerse

con los bonos emitidos por Portugal. No tenía mucho sentido, porque si las agencias

decían que el país estaba en dificultades, quienes adquirían esa deuda deberían haber

tenido dudas, pero no las tuvieron y siguieron invirtiendo su dinero en las arcas. Eso

sí —y quizá ahí encontramos la respuesta a la incógnita—, empezaron a cobrar

muchos más intereses por sus compras de deuda. A los inversores los estaba haciendo

feliz la solicitud de rescate de Portugal, porque gracias a ello estaban ganando más

dinero al tiempo que los ciudadanos lusos empezaron a ver cómo menguaba su

capacidad adquisitiva.

En las elecciones de junio de 2011 se produjo un giro político en el poder y la

derecha sustituyó a la izquierda moderada. Pero lejos de apaciguarse los ánimos tras

la toma de poder del nuevo primer ministro, Pedro Passos Coelho, las agencias de

calificación siguieron masacrando a Portugal. Moody’s fue especialmente severa con

los bancos, pero también con el país en sí, que acabó dura perder el aprobado raspado

con el que tuvieron que acudir al rescate. Finalmente, Moody’s primero y las otras

dos agencias después, acabaron por colocar a Portugal en la lista negra de los bonos

basura después de hacerlo también con sus empresas más importantes, pese a que

todas ellas estaban generando importantes beneficios. Habían destruido el país.

Estaban felices.

En la Unión Europea se alzaron voces contra estas agencias a raíz de los ataques injustificados a Portugal, pero las promesas de poner coto a su poder se quedó en

nada una y otra vez. Con el tiempo, la opinión pública acabó por olvidarse de que el

país fue víctima de los creadores de la Triple A y los discursos políticos se centraron

en la necesidad de más recortes causados por el elevado déficit y la deuda acumulada.

A propósito de las maniobras de Moody’s, Jesús Fernández Villaverde,

economista de la Universidad de Pensilvania, publicó una columna de opinión en el

diario El país (20 de marzo de 2011), en la que decía: «El objetivo de Moody’s es

ganar dinero, no hacer un buen trabajo. Si Moody’s puede hacer un buen trabajo

evaluando bien los riesgos, tendrá un incentivo para producir evaluaciones correctas.

Si puede ganar efectuando un mal trabajo, el resultado será una pésima evaluación…

Su incentivo es ganar dinero, diciendo verdades o menos verdades según les

convenga, no ayudarnos».

Durante los siguientes meses, los ataques de Moody’s fueron aún más fuertes. Ya

no sólo afectaban a bancos y fondos de inversión españoles, sino a la deuda soberana,

es decir, al país en sí mismo. Los recortes en la calificación fueron permanentes y la

actitud de esta empresa, a la que siguieron las otras dos agencias de calificación,

fueron responsables de crear desconfianza sobre España por una suerte de efecto

contagio que en cuestiones financieras es rápido y veloz. Podría pensarse que esto era

negativo, pero no fue así: los inversores siguieron comprando deuda española y

portuguesa sin ningún tipo de problemas, pero a partir de entonces los intereses que

tuvo que pagar el gobierno fueron mucho mayores.

En enero de 2012 tuve la fortuna de localizar a un empleado de Moody’s, con

quien mantuve una larga conversación a propósito de su trabajo allí. Había empezado

a trabajar en la empresa de Warren Buffett en el año 2007, justo cuando comenzaba a

notarse la crisis en Estados Unidos, pero tiempo antes de que los problemas se

trasladaran a Europa. Me explicó cómo había llegado a estar en la sede de la agencia

en la City de Londres, que es algo así como el Wall Street de la capital inglesa. Se

trataba de un trabajo bien remunerado, pese a que su cargo no era de los más

elevados, ya que se ocupaba del nexo de unión entre los clientes y los analistas. A

partir de aquel verano, los primeros empezaron a inquietarse especialmente y los

intentos de comunicación con los autores de los informes se incrementaron, pese a

que existía un celo especial para impedir tales contactos, puesto que los órganos

reguladores los impedían para evitar que existiera parcialidad en las valoraciones de

los bancos, empresas o Estados que habían entrado en el sistema de las tres agencias

gracias a un acuerdo internacional para que así fuera. «Un día podían llamar de

Lehman Brothers y al siguiente del Ministerio de Economía de Francia», me decía.

De acuerdo al testimonio de esta fuente, el objetivo de esas llamadas era —

lógicamente— conseguir que los analistas dieran la Triple A a los productos por

cuyos informes estaban pagando unas cantidades enormes de dinero. Se paga por

cada uno de esos informes cantidades que oscilan entre los 30 000 y 300 000 euros,

pero es necesario hacerlo para participar, bien sea para ofrecer o para comprar. Es como la entrada al casino. «Me llamaron mucho la atención algunos informes de una

sola página y que apenas incluían datos pero por los que se pagaba una cantidad

inmensa de dinero», me explica este empleado, para quien lo más sorprendente era el

ambiente de trabajo que se encontró: «Los analistas eran autoritarios, fríos,

arrogantes… hasta límites enfermizos». Cobraban en torno a los 100 000 euros

anuales más las diferentes primas y compensaciones.

Por norma general, los analistas eran jóvenes y muchos de ellos procedentes de

países del Este, que habían emigrado al Reino Unido llamados por el crecimiento, la

propaganda neoliberal que se había tenido lugar en sus países en los últimos años, y

las mejores posibilidades de encontrar un trabajo bien remunerado. Incidió en

numerosas ocasiones en la baja preparación intelectual de los trabajadores de la

empresa, a quienes llegó a calificar como «medievales» en su comportamiento ético.

Interesaba más su forma de ser que sus conocimientos y, sobre todo, que mantuvieran

el hermetismo respecto al trabajo que llevaban a cabo. Existía un Departamento de

Inteligencia del Negocio que tenía como misión principal supervisar la información

que se conocía por parte del público y también el cumplimiento de las normas sobre

el secreto que tenían que firmar todos los trabajadores.

«A partir del verano de 2007 todo se complicó, se estaba empezando a decidir a

quién se dejaba caer y a quién se le rebajaban las valoraciones pese a que no se sabía

qué había en cada producto», me explicó en referencia a los paquetes financieros que

incluían las hipotecas y préstamos subprime.

El sistema de las agencias de calificación parecía digno a primera vista. Quizá por

ello las valoraciones eran definitivamente necesarias tanto para el dinero público

como para el privado. «Es reconfortante fingir que la crisis financiera no ha sido más

que la consecuencia de errores bienintencionados. Pero no lo ha sido: ha sido, en gran

medida, la consecuencia de un sistema corrupto. Y los organismos de calificación

representan una gran parte de esa corrupción», concluye Krugman, que no escapa a

una realidad pavorosa que se ha ido desvelando a medida que la crisis se consolidaba:

los mismos dueños de las agencias de calificación son los dueños de los grandes

capitales que ponen sus productos en el mercado financiero.

Aunque no ha habido éxito, diferentes asociaciones independientes han intentado

poner coto al poder de las agencias e intentaron que se abrieran investigaciones

judiciales para determinar si su influencia estaba asociada a la crisis. Las agencias

reaccionaron furiosas ante las iniciativas que se efectuaron en varios países, y

señalaron a la Comisión Europea que dejarían de calificar a los países en los cuales se

llevaran adelante esos procesos judiciales «con los que se pretende hacerles

responsables de calificaciones erróneas». Y recordaban que quedarse al margen del

sistema de calificaciones podría suponer enviar a la bancarrota a los países apartados

del sistema.

En los escritos presentados en nuestro país en las sedes judiciales se solicita que

se cite a declarar como testigos a los agentes implicados en las sucesivas rebajas de notas a España, especialmente a aquellos que provocaron el fin del sistema bancario

español cuando se rebajó la nota de casi todas las entidades días antes de que el

gobierno ofreciera los datos oficiales sobre su situación. También se solicitó que se

iniciaran investigaciones para determinar si existía una intencionalidad oculta en el

caso de Moody’s, pues la compra de productos financieros que efectuaron tras las

rebajas de calificación provocaron que ganaran más dinero en intereses gracias al

trabajo realizado.

 

El núcleo duro del capitalismo contra los ciudadanos

 

Es curioso que varios fondos de inversión y grupos financieros que mostraron interés

por participar en los bancos en crisis, como Capital Group, Vanguard o Black-Rock,

fueran a la vez accionistas de Moody’s y Standard & Poor’s y estuvieran

especializados en obtener beneficios con complejos mecanismos cuando las bolsas

bajan. Entre los tres fondos citados manejan más de 5 billones de euros, que generan

entre sus responsables beneficios que pueden llegar a 10 000 millones al año. Pueden

ofrecer a quienes ponen ahí su dinero unos dividendos que son difíciles de

cuantificar, pero que nos indican cómo estas empresas de inversión incluso están por

encima de todos los poderes fácticos del mundo. En ellas depositan su dinero bancos

y gobiernos, pero también fortunas individuales, aseguradoras, empresas, industrias

de todo tipo…

Cuando hablamos de los «mercados», a quienes en realidad nos referimos es a

ellos. Son los que mandan. Son, en definitiva, quienes están detrás de los tipos

fundamentales de espacios en los que se mueven: los mercados de deuda (pública y

privada, que incluyen aquellos mercados en los que se comercia con los títulos que

empaquetan los créditos e hipotecas concedidos por los bancos comerciales), los

bursátiles (en donde se comercia con las acciones de las empresas, cuya posesión

otorga a su dueño una participación en los beneficios de la empresa), los de divisas

(en donde se compran y venden monedas internacionales, a los que bancos, empresas

y gobiernos acuden cuando necesitan comprar moneda de otros países para sus

actividades) y los de derivados (los mercados en los que se trabaja en función del

precio futuro de las cosas). Y, lógicamente, quienes operan en estos mercados,

quienes tienen la mayor parte del dinero que se maneja en ellos y extienden sus

tentáculos a todo el sistema, dentro del cual están también las agencias de calificación

que tanto daño están haciendo. Según los datos que maneja Nacho Álvarez,

investigador del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense

de Madrid, el capital que manejan todos estos fondos —los tres citados y otros

muchos— asciende a una cantidad de entre 17 y 40 billones de euros, lo que supone

el doble del dinero en efectivo de todos los países del mundo desarrollado. Los denomina el «núcleo duro del capitalismo financiero mundial» porque son quienes

más fuerza tienen para «determinar la evolución de los índices bursátiles, el valor de

las divisas internacionales o el precio de la deuda pública de los distintos países».

No deja de llamar la atención que los anuncios negativos que efectúan las

agencias se hagan minutos antes del cierre de los mercados bursátiles, lo que provoca

una repentina caída en los índices. Casi todos pierden con esas bajadas —

especialmente los ciudadanos—, menos unos pocos, que no son otros que los

responsables de estos anuncios intencionados. La perversión de estos grupos ha

llegado a límites insospechados cuando han emitido notas informativas contra la

dación en pagos en las hipotecas, es decir, en contra de la propuesta de permitir a

quienes no pueden pagar sus créditos salden la deuda devolviendo el piso en el que

vivían sin que tengan que verse obligados a ser expulsados de sus casas y, además, a

pagar el importe restante del crédito que dejaron de abonar porque, en la mayor parte

de los casos, han perdido sus trabajos y el dinero que ingresaban. Al no existir la

dación en pago se ha condenado a la muerte en vida a muchas personas en casi todos

los países occidentales: se quedan sin casas pero tienen que seguir pagando la deuda,

entran en los listados de morosos, no pueden alquilar o comprar ninguna otra

vivienda, los bancos bloquean sus cuentas, los ministerios de hacienda los

embargan…

Los bancos han utilizado como argumento las advertencias de las agencias de

calificación para evitar que los gobiernos instauren la dación en pago, pese a que

muchos presidentes y ministros de los países en crisis han alardeado de su intención

de hacerlo, pero tras las promesas llegaron unas leyes que apenas abrían la puerta a

esa posibilidad. Mientras tanto, muchas empresas inmobiliarias e hipotecarias

tampoco están a favor de la dación en pago, porque los activos que se ponen a su

disposición —los pisos vacíos ya expropiados— han perdido gran parte de su valor, y

al no haber crédito no pueden generar nuevos dividendos ni venderlos, convirtiéndose

en pérdidas para quienes los tienen y obligando a los bancos a abrir una sección

inmobiliaria que tiene como único objetivo vender los pisos de los que disponen.

Pero el esfuerzo que ello implica no les compensa lo suficiente, ni tampoco el escaso

número de hipotecas que generan en una época en la que el riesgo que implican es

más elevado que de costumbre. Sin embargo, si con la presión que hacen logran

«curar» esos activos tóxicos, se convertirán en una importante fuente de ingresos en

el futuro a medio plazo, razón por la cual se siguen ejecutando hipotecas y sacando

de sus casas a la gente. Sólo en España, más de 60 000 familias son expulsadas cada

año de su casa, pero en Estados Unidos la cifra supera los dos millones. En todo el

mundo, decenas de millones de personas se han quedado sin un techo bajo el que

cobijarse desde el inicio de la crisis. Junto al aumento de los desempleados —el doble

desde que comenzó la ruina—, es la parte más visible de la crisis financiera. Pero la

razón por la cual han sufrido esos castigos no tiene nada que ver con haber vivido por

encima de sus posibilidades…