Capítulo XXXVI

El terror no se detuvo hasta que el obispo de Baiona, monseñor Etxauz, apeló directamente al rey denunciando las brutalidades del inquisidor. El regreso de los pescadores, avisados por un joven armador de nombre Adán de Chibau que fue a Terranova en su búsqueda y la revuelta con ocasión de la ejecución de María Bonne en Donibane Lohitzun-Saint Jean de Luz, también influyeron para que De Lancre abandonara Euskal Herria y en Lapurdi se quemó su efigie en una hoguera para exorcizar al único y verdadero demonio que había sembrado tanto pánico y dolor en la región.

De vuelta a Burdeos escribió lo acontecido desde su exclusivo punto de vista en su conocida obra Tratado de brujería vasca. Descripción de la Inconstancia de los Malos Ángeles o Demonios. Para quienes tengan alguna duda sobre la forma de actuar de los inquisidores, de su crueldad, de sus fobias, perversiones y mentiras, sólo tienen que leer este libro, recientemente traducido al castellano, y podrán comprobar cuál era la mentalidad de algunas personas de la época. El verdugo de Lapurdi fue premiado con el cargo de consejero de Estado por el rey Enrique IV de Francia y III de Navarra, primer rey de la dinastía Bourbon, aquel que siendo hugonote se hizo católico porque « París bien valía una misa».

De todos modos y contrariamente a lo que a veces se dice, no fue la Inquisición la que inventó la brujería. Ésta existía desde mucho antes bajo un aspecto mítico-religioso, pero la Inquisición, tanto católica como protestante, luterana y calvinista, fue el instrumento del que se valieron el Estado y la Iglesia para controlara súbditos y fieles.

Ya desde el siglo XII, ambos estamentos defendieron la necesidad de mutua colaboración para luchar contra la herejía y se repartieron los papeles: la Iglesia buscaba a los herejes y los juzgaba, después eran entregados al brazo secular, es decir a las autoridades civiles, para que aplicara las penas correspondientes. Tras el Concilio de Aviñón, en 1209, se

organizaron comités parroquiales, compuestos por un sacerdote y varios fieles, destinados a investigar y denunciar la presencia de herejes en el ámbito local. Tras el IV Concilio de Letrán, en 1216, se crearon tribunales especiales bajo la jurisdicción de los obispos encargados de entregara los herejes al brazo secular para que éste administrase la animadversió debita, el castigo merecido, fijándose de esta manera el futuro derecho procesal de la Inquisición.

La Inquisición perseguía, acusaba, torturaba y condenaba pero no mataba, puesto que tal acción era contraria al espíritu de la Iglesia. Se tenían muy en cuenta las enseñanzas, entre otras, de San Juan Crisóstomo, quien había predicado que matar a un hereje sería introducir en la Tierra un crimen por el cual no existía expiación o perdón. Era preciso por tanto encontrar un subterfugio. Después de emitir su veredicto de culpabilidad, los jueces eclesiásticos se lavaban las manos, al igual que Pilatos, mediante la siguiente declaración: «Debemos relajar y relajamos a Mari Txuloko (por ejemplo) a la justicia y brazo seglar. A los cuales rogamos y encargamos, muy afectuosamente, como de derecho mejor podemos, obren benigna y piadosamente con ella», y entregaban a la víctima al brazo secular, que era quien se encargaba de quemarla según las leyes civiles.

A pesar del cambio experimentado a partir del Auto de Fe de Logroño, los coletazos de la persecución persistieron durante algún tiempo. En 1611, los alcaldes de Hondarribia llamaron a declarar a Isabel García, de trece años de edad e hija del sargento Diego García y de su mujer Magdalena de Lizarraga. La niña acusó a María de Ilarra, alias «Mayora» de haberla llevado a un akelarre en Jaizkibel, junto a la ermita de Santa Bárbara, y dio toda clase de detalles sobre el festejo y su figura principal, el Diablo. Tenía tres cuernos, los ojos brillantes, una cola en sus partes bajas, se sentaba en un trono de oro y hablaba en euskara. Además de esta niña, también declararon otros menores de edad. Sus declaraciones tuvieron como resultado que dieran con sus huesos en la cárcel María de Ilarra, Inesa de Gaxen, María de Etxegara, María de Garro, María Miguel de Oyanguren y

Catalina de Bereasarra, todas «francesas» de Iparralde. Todavía estaba vivo el recuerdo de la persecución en Lapurdi y estas denunciadas eran algunas de las muchas personas que habían pasado la frontera para escapar de la furia de De Lancre, se habían casado con soldados de la guarnición de Hondarribia y esperaban vivir tranquilas. La superstición, el miedo, la envidia y, probablemente, algún enfrentamiento entre ellas y las familias de los niños denunciantes, las puso en el disparadero.

Los alcaldes enviaron la documentación a Logroño para que el tribunal del Santo Oficio tomase medidas y decidiese qué hacer con las maléficas.

La respuesta dejó desconcertados a los hondarribitarras. El tribunal inquisidor ordenaba la inmediata puesta en libertad de las detenidas, pero, como bien dice el dicho, autoridades y vecinos se sintieron más papistas que el Papa, metieron a las mujeres en un bote y las trasladaron a Hendaia con la prohibición de regresar, a pesar de que todas estaban casadas y naturalizadas en Hondarribia.

Tampoco en Iparralde desapareció la psicosis brujeril y en 1698 una herbolera, Menjotte de Colonies estuvo a punto de ser linchada por la multitud en Baiona. La acusaban de haber hecho enfermar a una mujer mediante brujería y, después de golpearla con palos y piedras, a poco la tiran al río siendo salvada en el último momento por dos clérigos y algunos soldados.

En 1718 el Parlamento de Burdeos mandó quemara una mujer y posteriormente condenó al cirujano bayonés Gracien Detcherverry « por curandero».

No todas las brujas «vascas» fueron perseguidas en nuestra tierra, hubo también quienes lo fueron en otras. En Cartagena de Indias, en el año 1632, se descubrió una secta de maléficas que, según testigos, habían sido vistas

« en sus Juntas, bailando alrededor de un cabrón, besándole en el trasero y volando por el aire dando balidos como chivos, con candelillas en las manos». Las instigadoras eran dos mujeres; Elena de Vitoria y Paula de Eguiluz. A pesar de sus apellidos, la primera había nacido en Sevilla y la

segunda era una esclava negra y ambas, junto a otras veinte mujeres, fueron quemadas vivas.

Hubieron de transcurrir casi dos siglos para que en aquellas tierras se abandonara la práctica de condenar a las personas acusadas de brujería a ser ejecutadas en la hoguera, un suplicio atroz puesto que la víctima es consciente de su final entre terribles sufrimientos.

La Inquisición española fue definitivamente suprimida en 1843.

En Francia, la última víctima acusada de brujería, el sacerdote Luis Debaraz, de Lyon, fue ejecutada en 1745 y el poder de la Iglesia católica finalizó con el advenimiento de la República, en 1792.

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