La antimafia

Los años inmediatamente anteriores a la bomba de Ciaculli representaron una época deprimente para cualquiera que estuviera dispuesto a alzar su voz contra la Mafia. Con la Iglesia y la DC empeñadas en negar no solo la gravedad del problema, sino incluso su misma existencia, fueron pocas las voces que rompieron el silencio. La más importante de ellas fue una voz colectiva; la lucha por revelar la verdad de la Mafia durante la década de 1950 estuvo encabezada por un periódico independiente de izquierdas, L’Ora. La publicación había iniciado su andadura a comienzos de siglo como órgano de expresión de los intereses de los Florio en Sicilia. Luego, en las décadas de 1950 y 1960, y principios de la de 1970, creó una astuta mezcla de rabiosa actualidad deportiva y chicas en biquini con sofisticados artículos sobre literatura, música y arte. Sin embargo fueron los valerosos reportajes de investigación de L’Ora sobre el crimen organizado y la corrupción los que constituyeron a menudo su principal atractivo para el comprador. Cuando en 1958 publicó los nombres, los intereses comerciales y los contactos políticos de varios destacados capos de la Mafia, sus oficinas fueron objeto de un devastador ataque con dinamita. Pero L’Ora se negó a doblegarse y prosiguió su campaña. (A principios de la década de 1970, dos periodistas del diario, Mauro De Mauro y Giovanni Spampinato, pagarían su trabajo con su propia vida).

Inspirándose en el ejemplo de las sesiones del comité de Kefauver sobre el crimen organizado en Estados Unidos, en la década de 1950 el Partido Comunista Italiano empezó a exigir una investigación parlamentaria sobre la Mafia siciliana. El atentado en las oficinas de L’Ora no hizo sino aumentar el ímpetu de aquella exigencia; no obstante, dicho ímpetu nunca sería suficiente mientras la Mafia siguiera siendo exclusivamente propiedad política de la izquierda. Todavía en 1959 un joven ministro del Interior de la DC desechaba la necesidad de una investigación parlamentaria, y culpaba de los crímenes mafiosos a la tendencia de los isleños a «tomarse la justicia por su propia mano debido a un equivocado sentido del honor».

Pero por entonces el panorama político de Italia estaba cambiando; la DC se hallaba dividida, y algunas de sus facciones empezaban a ver al Partido Socialista como socio de una posible coalición. Los socialistas eran los enemigos históricos de la Mafia ya que no habían olvidado la matanza de sindicalistas y otros militantes en los años de posguerra. Este nuevo escenario político propiciaba, pues, que las exigencias de una investigación parlamentaria sobre la Mafia pudieran hallar eco en las filas de la DC. En septiembre de 1961 la Asamblea Regional Siciliana consiguió su primer gobierno de «centro-izquierda», integrado por la DC y por los socialistas, y que contaba además con el apoyo puntual de los comunistas. A principios del siguiente año, la Asamblea votó unánimemente a favor de pedir al Parlamento italiano que creara una comisión de investigación sobre la Mafia. Incluso los propios políticos de la organización votaron a favor de la propuesta, ya que la investigación se consideraba entonces algo tan inevitable que oponerse a ella a esas alturas habría resultado tan inútil como sospechoso.

A medida que el centro de gravedad política del país se desplazaba poco a poco hacia la izquierda, las voces que se habían alzado contra la Mafia se hacían más fuertes. Una de ellas era la de Leonardo Sciascia, un profesor originario de la pequeña y anodina población de Racalmuto, en la región azufrera de los alrededores de Agrigento. En 1961 se publicó su novela Il giorno della civetta, un elegante y crudo relato sobre la frustrada investigación de un detective de un asesinato relacionado con la Mafia. Il giorno della civetta —una obra de ficción, hay que recalcarlo— fue el primer libro que puso rostro a la Mafia, y palabras en su boca, en el inolvidable personaje de don Mariano Arena.

Hoy sabemos que el mismo año en que se publicó la novela de Sciascia se celebró una reunión de la comisión de la Cosa Nostra en la provincia de Palermo para tratar de la respuesta de la organización al reciente interés del Estado italiano en la cuestión de la Mafia. Allí se decidió mantener los asesinatos en un mínimo absoluto hasta que los políticos perdieran dicho interés. Pero la tregua solo pudo mantenerse durante un año antes de que las tensiones latentes sobre los negocios y el territorio condujeran al estallido de la primera guerra mafiosa en diciembre de 1962. La nueva oleada de asesinatos vendría a dar aún mayor ímpetu político a los planes de llevar a cabo una investigación parlamentaria.

Menos de una semana después de la explosión del coche bomba de Ciaculli, la comisión de investigación parlamentaria inició finalmente sus trabajos. Era la primera investigación oficial sobre la Mafia desde 1875, aunque la situación política era ahora mucho más favorable a la realización de una investigación seria de lo que lo había sido el año de las revelaciones de Tajani en el Parlamento sobre la connivencia policial con los criminales en Palermo. El Partido Socialista empezaba a gobernar con la DC, dando al nuevo gobierno una orientación guiada por la reforma y la transparencia, tal como parecía demostrar el apoyo a la investigación parlamentaria de todo el espectro político. Por su parte, las expectativas de la sociedad eran elevadas: la opinión pública parecía dispuesta a pedir responsabilidades a los políticos por el modo como respondieran a la crisis. Así, la «Antimafia» —como pasaría a conocerse la nueva comisión de investigación— inició su marcha a paso ligero. En el plazo de un mes había hecho ya varias importantes recomendaciones, entre ellas —por primera vez en la historia de Italia— la de que se aprobaran leyes penales específicamente dirigidas contra la Mafia. La democracia italiana parecía estar finalmente dispuesta a enfrentarse al crimen organizado en Sicilia.

Por desgracia habría sido demasiado fácil contar la historia de la Antimafia como la de un gigantesco anticlímax. La indignación que siguió a la bomba de Ciaculli en 1963 se desvaneció muy pronto. Con la Mafia casi silenciada, hubo pocas atrocidades que incentivaran la labor de la Antimafia. El inicial impulso de la comisión de investigación no tardaría en convertirse en un lento caminar que se prolongaría durante no menos de trece años. La Antimafia perduraría hasta convertirse en la investigación parlamentaria más larga de toda la historia italiana, llegando a parecer más que la respuesta a una emergencia, una parte aburrida y permanente de la vida política italiana.

El interés en la labor de la Antimafia reviviría periódicamente después de alguna revelación particularmente sensacional, pero una y otra vez se fracasaría a la hora de traducir dicha sensación en medidas políticas efectivas o acciones judiciales. Incluso la ley penal aprobada en 1965 como resultado de las recomendaciones de la Antimafia resultó en parte contraproducente. Dicha ley estipulaba que los sospechosos de pertenecer a la Mafia podían ser obligados a vivir lejos de su hogar. La medida era un intento de romper los contactos entre los mafiosos y la sociedad que les rodeaba, como si la Mafia estuviera causada por una emanación insalubre del suelo de Sicilia occidental. Docenas de hombres de honor fueron repartidos por toda la península italiana al amparo de aquella «residencia obligatoria», con el resultado imprevisto de que la Mafia ganó nuevas bases para sus operaciones en toda la extensión de Italia.

Cada nueva filtración o escándalo surgidos de la Antimafia sobre algún político bien relacionado parecían verse obstaculizados por desmentidos y demandas por difamación. Asimismo, y en pocas palabras, resultaba extremadamente difícil que las evidencias concretas de connivencia directa entre determinados políticos y la Mafia llegaran a cumplir los requisitos exigidos por la ley penal en cuanto a presentación de pruebas. Vito Ciancimino —el «joven turco» de la DC en manos de la Mafia de Corleone— se vio obligado a dimitir a raíz de las revelaciones hechas públicas por la Antimafia en 1964. Pero reapareció en 1970, cuando, increíblemente, se convirtió en alcalde de Palermo. El escándalo nacional que se produjo entonces desembocó de nuevo en su renuncia. En 1975 envió un largo escrito a la Antimafia, defendiéndose de las acusaciones. En su frase inicial, que se prolongaba sin pausa alguna a lo largo de una página entera, se quejaba de la «denigrante publicidad», «los corruptos sofismas», el «rencor personal», la «servil demagogia» y la «afrenta a la tradición jurídica romana» de las que él, un hombre que se había «sacrificado por la sociedad»,

había sido objeto[101]. Ciancimino seguiría actuando entre bastidores en la política de Palermo hasta ser finalmente detenido en 1984.

Parte del problema de la Antimafia era la rotación del personal. Cuando en 1972 se nombró a un nuevo presidente de la comisión, este confesó que todo lo que sabía de la Mafia provenía de la lectura de la obra de Mario Puzo El padrino. Pero esta falta de continuidad en los integrantes de la Antimafia no constituía más que un síntoma de su principal defecto: la arraigada división en distintas facciones de la vida política italiana. Aparte del legado del fascismo y del hecho de que Italia estuviera en primera línea en el frente de la guerra fría, existían también otras fisuras, especialmente entre las cosmovisiones católica y laica, y entre las diferentes regiones del país. Lejos de «viajar todos en el mismo barco», el estado italiano parecía estar integrado más bien por una flotilla de botes, pilotado cada uno de ellos según una carta de navegación distinta y compitiendo con los demás para acceder a los vientos más favorables, pero temeroso al mismo tiempo de quedar aislado de las otras naves. Como todas las instituciones del gobierno, la comisión de investigación parlamentaria sería objeto de aquellas luchas entre facciones, en las que cada grupo trataría de sentar a sus propios miembros a la mesa de la Antimafia. La razón de ello era que el término mafia seguía siendo la misma arma política que había sido siempre desde que se incorporara a la lengua italiana allá en 1865. Y era un arma que ningún partido o facción, y menos que nadie la DC, estaba dispuesto a dejar en otras manos.

Entre los miembros de la comisión Antimafia se hallaban algunas figuras destacadas como Franco Cattanei, de la DC, y Girolamo Li Causi, del Partido Comunista (el veterano de la resistencia que en 1944 había sobrevivido a la granada de don Calò Vizzini en la plaza de Villalba). Eran los políticos como ellos quienes trataban de convertir a la Antimafia en una expresión imparcial del interés nacional. Pero su tarea no resultaba fácil. En 1972 se constituyó un nuevo gobierno en el que se otorgaron sendos cargos ministeriales a dos «jóvenes turcos» de Palermo cuyos vínculos con la Cosa Nostra había revelado la Antimafia; Salvo Lima fue nombrado subsecretario del Ministerio de Hacienda, mientras que Giovanni el Virrey Gioia pasó a ser titular del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. Uno de los partidarios de este último incluso fue incorporado a la comisión Antimafia; el hombre en cuestión no solo había declarado públicamente que la Mafia no existía, sino que él mismo había sido investigado por la comisión en una etapa anterior. El resultado fueron cinco meses de continua crispación política, durante los cuales el trabajo de la Antimafia se vio completamente interrumpido. Pero este es solo un ejemplo del modo en que la corrosiva división en facciones del sistema italiano socavaba la unidad y la autoridad de la respuesta del país a la Mafia.

Cuando la Antimafia concluyó finalmente sus trabajos en 1976, su legado más sustancial era una montaña de papeles. Entre los «tomos» y las «partes» que integraban la documentación que recopiló, los informes provisionales, el informe concluyente y los votos particulares (ya que no hubo consenso político en las lecciones que había que extraer), la Antimafia legó casi cuarenta gruesos volúmenes a las pocas bibliotecas que disponían de espacio suficiente para albergarlos. Cualquiera que tenga la paciencia de leer, por ejemplo, la hinchada prosa del informe provisional de 1972 (de 1.262 páginas) podrá hacerse una idea bastante buena del panorama de la Mafia. El informe habla del uso sistemático por parte de la organización de una «violencia sanguinaria sin precedentes», de su parasitaria relación con las empresas y de sus vínculos con la administración local y nacional; además explica que las cosche que gobiernan distintas zonas tienen un «acuerdo tácito» que no se quebranta ni siquiera cuando se produce una lucha implacable entre ellas. Los papeles de la Antimafia constituyen una vasta y rica fuente de material para los historiadores. Tan vasta y rica, de hecho, que sus miles de páginas acabaron por sofocar el «polvorín» de revelaciones sobre connivencia política que uno de los primeros presidentes de la comisión prometió que surgirían. Fue, pues, durante los largos años de la Antimafia cuando la Italia de posguerra supo por primera vez lo que era el hastío de la Mafia.

No cabe duda de que los resultados de la comisión Antimafia representan una enorme decepción si se comparan con sus expectativas en 1963. Pero al menos hizo que en Italia la conciencia pública sobre el tema de la Mafia aumentara de manera sustancial. Algunas de las revelaciones derivadas de las investigaciones quedarían grabadas en la memoria colectiva, como el caso de la población de Caccamo, en cuya sala consistorial, junto al asiento del alcalde, había permanentemente una silla especial reservada para el capo de la Mafia. A raíz de la comisión de investigación, y gracias al trabajo de autores bien documentados como Michele Pantaleone (el izquierdista que había tenido que vérselas con don Calò en su Villalba natal), los estudios sobre la Mafia empezaron a contar con un pequeño —aunque sólido— número de lectores en Italia, como sigue siendo el caso actualmente. En parte como resultado de ello, dejó de haber tantos políticos que tuvieran la cara dura —o la «cara de bronce», como se dice en italiano— de negar que la Mafia existiera en absoluto. La organización había dejado de constituir un tema exclusivo de la izquierda. En conjunto, pues, la Antimafia aumentó ligeramente el precio (en términos de pérdida de credibilidad e influencia nacional) que se arriesgaban a tener que pagar los políticos que se confabularan con la Mafia. No era mucho para trece años de trabajo. Pero era algo, y ese algo se había logrado democráticamente.