El resultado del macrojuicio

El veredicto del macrojuicio se anunció el 16 de diciembre de 1987. De los 474 acusados, 114 fueron absueltos, y a los culpables se les condenó a un total de 2.665 años de cárcel. El mensaje contenido en estas cifras estaba claro: el tribunal respaldaba el «teorema de Buscetta», pero era evidente que no impartía aquella justicia al por mayor que muchos defensores de las libertades civiles habían temido. Incluso Luciano Leggio fue absuelto por falta de pruebas, ya que no había sido posible demostrar que, aun estando entre rejas, había seguido dando órdenes.

En los días que siguieron a la sentencia, los periódicos que apoyaban a los jueces proclamaron el final del mito de que la Mafia era invencible y constituía una parte inseparable de la cultura siciliana. Se trataba de una reacción prematura, inspirada más por la esperanza que por la convicción. La sentencia del macrojuicio habría de someterse a largos procesos de apelación antes de convertirse en firme, y la confirmación del veredicto estaba lejos de ser la conclusión más previsible. Leonardo Sciascia, por su parte, se mantenía en sus trece y seguía siendo incapaz de aceptar el «teorema de Buscetta»: «Mi opinión ha sido siempre que la Mafia es en realidad una confederación de mafias». Dos años después se iría a la tumba negándose a admitir hasta el final la esperanza de que él o Sicilia pudieran alguna vez dejar atrás la Mafia.

Falcone interpretó el veredicto como una prueba de que «respetando las reglas de la democracia podemos lograr importantes resultados contra el crimen organizado». Sabía que se habían hecho ya notables progresos en la lucha contra la Mafia. Antes incluso de que finalizara el macrojuicio, las investigaciones sobre la Cosa Nostra habían dado ya lugar a otros dos procesos a gran escala, y ahora había tres macrojuicios en manos del consorcio de Caponnetto. Un nuevo e importante pentito, Antonino Calderone, estaba proporcionando evidencias destinadas a desembocar en un cuarto macrojuicio, y en marzo de 1988 se realizarían ciento sesenta detenciones. Los jueces de otras ciudades sicilianas también estaban iniciando procesamientos relacionados con la organización. Sin embargo, Falcone se esforzaba en recalcar que el macrojuicio no era más que un buen punto de partida en la batalla contra la Cosa Nostra.

Quizá se habría mostrado más pesimista si hubiera sabido lo que posteriormente revelarían los pentiti: «Estábamos seguros de que el macrojuicio no sería más que un

farol, y la sentencia final no aceptaría el “teorema de Buscetta”»[127]. Dentro de la Cosa Nostra corría el rumor de que el macrojuicio era solo una fachada política creada como respuesta a los sangrientos años transcurridos desde la mattanza. En el primer juicio habría condenas, pero estas serían paulatina y discretamente revocadas en las apelaciones, y al final se restablecería la normalidad.

Durante un tiempo pareció que eso sería exactamente lo que iba a pasar. Dado que el sistema judicial italiano tardaba tanto en llegar a una sentencia definitiva, se habían aprobado leyes que impedían que los acusados pasaran demasiado tiempo en prisión preventiva a la espera del resultado definitivo de su caso. Y debido a su complejidad, los casos relacionados con la Mafia resultaban especialmente largos. De ahí que los acusados de la organización se hallaran entre los principales beneficiarios de dichas leyes: a comienzos de 1989, solo sesenta de los 342 hombres condenados en diciembre de 1987 seguían estando entre rejas.

En 1990 el Tribunal de Apelación de Palermo revocó algunas de las condenas del macrojuicio, y —de manera crucial— se abstuvo de respaldar el elemento fundamental del teorema de Buscetta, por el cual los miembros de la comisión, en virtud de su posición, eran culpables de haber ordenado los importantes asesinatos perpetrados por la Cosa Nostra. El caso pasó entonces a la sección primera del Tribunal de Casación, presidida por el juez Corrado Carnevale, quien había adquirido el apodo de «matasentencias» debido a su afición a absolver a los mafiosos basándose en defectos técnicos. (En octubre de 2002, el Tribunal de Casación anularía una sentencia que condenaba al juez Carnevale por «cooperación externa en el delito de asociación mafiosa»; hay que concluir que simplemente —como él mismo sostuvo en todo momento— se limitaba a aplicar la ley de manera excesivamente puntillosa).

Desde el interior del propio sistema judicial hubo una insidiosa oposición a Falcone. Tras la sentencia del macrojuicio, el fundador del consorcio antimafia, Antonino Caponnetto, decidió regresar a Florencia. Falcone, que lloró en la fiesta de despedida de Caponnetto, era el candidato obvio a ocupar su puesto como jefe de la oficina de instrucción. Pero al final de una sórdida historia de politiqueo, intrigas de pasillos y celos profesionales, apenas velados por los ataques al «culto a la personalidad» que supuestamente se estaba creando en torno a Falcone, el puesto fue para Antonino Meli, un hombre al que le faltaban dos años para jubilarse y que jamás había llevado ningún caso relacionado con la Mafia. Falcone no solo se sintió humillado y desolado, sino que además estaba atemorizado. «Soy hombre muerto», les dijo a sus amigos. Era demasiado consciente de que la Cosa Nostra interpretaría cualquier indicio de que el Estado no le respaldaba como una señal de que ahora era vulnerable.

Sin que la opinión pública llegara a saberlo, Meli se dedicó a repartir los casos de la Mafia entre diversos jueces de manera aparentemente aleatoria, a cargar a los miembros del consorcio de casos sin relación alguna con la organización, a añadir nuevos miembros al consorcio sin consultar a nadie sobre su idoneidad, y a dividir los casos de la Mafia y distribuir sus partes entre investigadores de diferentes ciudades sicilianas. Nadie ha dudado jamás de la integridad de Meli, pero su método simplemente iba en contra del principio fundamental de trabajo de Falcone: la Cosa Nostra era una sola organización, que requería una respuesta judicial coordinada.

Contemplando estos acontecimientos con alarma desde su nuevo puesto en Marsala, a la larga Borsellino sintió la necesidad de hacer públicas sus preocupaciones: «Tengo la desagradable sensación de que alguien desea que el reloj ande hacia atrás», declaró. Aquello provocó una inmediata reacción política, y el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —el órgano de gobierno del poder judicial italiano—, tras reunirse en sesión especial, decidió investigar las afirmaciones de Borsellino. Falcone escribió para explicar que bajo la dirección de Meli las investigaciones antimafia se habían visto interrumpidas. A medida que el contenido de las sesiones del CSM sobre el asunto —supuestamente confidencial— se filtraba tanto por los partidarios como por los detractores de Falcone, y a medida que saltaban las habituales acusaciones de partidismo político y «culto a la personalidad», se iba perdiendo toda referencia a lo que realmente importaba. Falcone ofreció y luego retiró su renuncia. Al final de aquel largo y desmoralizador alboroto, el CSM ordenó sin demasiada convicción a ambas partes que arreglaran sus diferencias, lo que dejaba a Falcone en una posición aún más débil. El Palacio de Justicia de Palermo pasaría a conocerse como «Palacio de Ponzoña».

La historia de los problemas de Falcone a manos de algunos de sus colegas de la magistratura después del macrojuicio constituye una deprimente muestra de lo solipsistas que pueden llegar a ser las instituciones públicas en Italia. A ojos de muchos políticos y de sus aliados en la judicatura, el consorcio antimafia no se veía como un instrumento más o menos útil para hacer lo que supone que hace el sistema judicial: proteger a los inocentes y castigar a los culpables que hay ahí fuera en el mundo real; lejos de ello, se veía más bien como otro «centro de poder» más desde el que ejercer influencia sobre los rivales dentro del Estado. Al tratar de defender el imperio de la ley, Falcone y Borsellino a veces daban la impresión de ser como entes tridimensionales que se vieran obligados a explicar su pensamiento a los habitantes de un mundo bidimensional; los dos magistrados podían hacer todo lo posible por explicar la tercera dimensión de la legalidad, pero la propia noción de que tal dimensión existiera resultaba casi del todo incomprensible para unos hombres cuyas únicas coordenadas eran la mezquindad política y las sutilezas legales.

En junio de 1989 los renovados temores de Falcone respecto a su vulnerabilidad se verían confirmados al encontrarse una bolsa de deporte marca Adidas llena de explosivos entre las rocas próximas a la casa que él y su esposa habían alquilado en la playa, justo al lado de Palermo. De manera poco característica en él, declaró abiertamente que creía que había políticos desconocidos cercanos a la Cosa Nostra implicados en la planificación de aquel atentado contra su vida. Durante los meses siguientes los asuntos del «Palacio de Ponzoña» se llevarían de nuevo ante el CSM, después de que Falcone fuera víctima de una campaña de cartas anónimas difamatorias probablemente escritas por uno de sus colegas. La principal acusación era que había utilizado a un desertor de la Mafia para librar una guerra sucia contra los corleonesi. El mes de enero siguiente Leoluca Orlando, el alcalde antimafia de Palermo, que había llegado al extremo de aliarse con los comunistas en un intento de cambiar el clima de la administración municipal, fue finalmente derrocado por los líderes de la DC en Roma, que le consideraban demasiado independiente políticamente. Las perspectivas para Falcone, y para el movimiento antimafia, parecían bastante desoladoras.

Septiembre de 1989: Giovanni Falcone (con la mano en el bolsillo de la americana) llega a la escena de lo que se denomina una «vendetta transversal» (en la que se asesina a la familia de un mafioso como represalia). En este caso las víctimas eran la madre, la hermana y la tía de Francesco Marino Mannoia, un desertor de la Mafia. [Labruzzo, Palermo.]

Sin embargo, en febrero de 1991, Falcone, que tan a menudo había sido víctima del oportunismo político, sería por una vez su beneficiario. Fue aquel un momento en el que el destino del movimiento antimafia sufrió un cambio drástico. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, el témpano de la política italiana de posguerra empezó a fundirse. El PCI se disolvió y luego se reconstituyó como un partido socialdemócrata; ahora los italianos tenían muchas menos razones para «taparse la nariz y votar DC». Esta última parecía también más vulnerable en su reducto del nordeste de Italia; allí la estridente Liga Norte corroía el respaldo al partido católico denunciando la corrupción en Roma y en el sur del país. Se respiraban aires de reforma. Una oleada de crímenes, así como la indignación de algunos sectores de la opinión pública tras el macrojuicio, proporcionaron al nuevo y ambicioso ministro de Justicia socialista — anteriormente crítico con los jueces antimafia— la oportunidad que deseaba para aumentar su prestigio como defensor de la ley y el orden. Invitó a Falcone a ocupar el cargo de director de Asuntos Penales de su ministerio, con la responsabilidad de coordinar la lucha contra el crimen organizado a escala nacional.

Pese a los serios recelos de algunos de sus colegas, Falcone aceptó el puesto. Y en poco más de un año aprovechó el inesperado cambio de clima político para variar completamente la suerte de la lucha contra la Mafia. Su principal objetivo fue la creación de dos organismos nacionales que todavía hoy constituyen los pilares de la respuesta de Italia al crimen organizado; por un lado, la DIA (Dirección de Investigación Antimafia), que une los esfuerzos de los carabineros, la policía y otros cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra las organizaciones de tipo mafioso (una especie de FBI italiano); por otro, la DNA (Dirección Nacional Antimafia), una fiscalía antimafia nacional, que coordina a veintiséis fiscalías de distrito antimafia situadas en diversas ciudades importantes de todo el país, cada una de las cuales está obligada por ley a llevar una base de datos informatizada sobre el crimen organizado. Así, desde el centro, en Roma, Falcone lograba realizar lo que le habían impedido hacer en Palermo: crear una visión unificada no solo de la Cosa Nostra, sino de toda el hampa italiana.

Pero todavía estaba por decidir el resultado definitivo del macrojuicio. Totò el Corto Riina tomó medidas para asegurarse de que el recorrido del caso a través del prolongado proceso de apelaciones no estuviera exento de sangre. En septiembre de 1988 fueron asesinados a tiros el juez del Tribunal de Apelación de Palermo Antonio Saetta y su hijo mentalmente discapacitado. En agosto de 1991 el fiscal del Tribunal de Casación Antonio Scopelliti moriría a manos de la Mafia calabresa (la ’Ndrangheta) por encargo de la Cosa Nostra. (Tres semanas después, los mafiosos también mataron a tiros a Libero Grassi, un empresario de Palermo que encabezaba una campaña pública contra las actividades de extorsión, que por entonces se calculaba que proporcionaban unos ingresos de alrededor de veinticinco mil millones de dólares a las organizaciones criminales de toda Italia).

Estos asesinatos contribuyeron a aumentar el respaldo político a las reformas de Falcone. En cierto modo eran un signo de fracaso, un signo de que el desprecio de los corleonesi por el Estado italiano finalmente había empezado a volverse en su contra. Y asimismo contribuyeron a lograr que, como deseaba Falcone, el llamado juez «matasentencias» Corrado Carnevale no llegara a presidir la crucial vista del macrojuicio en el Tribunal de Casación. De ahí que el 31 de enero de 1992, después de dos meses de sesiones, este último revocara el veredicto del Tribunal de Apelación sobre el macrojuicio y confirmara los tres principales argumentos de la acusación original de Falcone y Borsellino: que la Cosa Nostra existía y era una sola organización unificada, que todos los miembros de la comisión eran conjuntamente responsables de los asesinatos perpetrados en nombre de la organización, y que las evidencias proporcionadas por los desertores de la Mafia eran válidas. El «teorema de Buscetta» era ahora un hecho y los líderes de la Cosa Nostra se enfrentaban a cadenas perpetuas irrevocables.

Después de ciento treinta años, el Estado italiano finalmente había declarado que la Mafia siciliana representaba un organizado y mortífero desafío a su propio derecho a gobernar; era la peor derrota en toda la historia de la organización criminal más famosa del mundo. Y ahora que todos esperaban que Falcone dotara a la nueva fiscalía nacional de la capacidad de rematar la faena en Sicilia, en todo el país e incluso en el ámbito internacional, daba la impresión de que no podían sobrevenir sino nuevas derrotas para la Mafia. Falcone parecía disponer de todos los poderes que necesitaba para iniciar la redención definitiva de la terra infidelium.