El mayordomo y el publicista

Antonino Giuffrè, conocido como Manuzza («Manita»), jefe en funciones del mandamento de Caccamo de la Cosa Nostra, fue capturado el 16 de abril de 2002. El apodo de Giuffrè se deriva de la deformidad de su mano derecha, que quedó mutilada en un accidente de caza. Se dice que desde entonces ha aprendido a cargar y disparar una escopeta solo con la mano izquierda. En la granja abandonada donde se ocultaba (junto con una pistola cargada, seis mil euros en efectivo y unas estampas del padre Pio, el Sagrado Corazón y la Virgen) había una bolsa de la compra llena de cartas dirigidas a Bernardo Provenzano. Al parecer, algunos empresarios incluso escribían al tío Berna para pedirle favores en papel de carta con el membrete de la empresa.

En junio, considerando que había sido traicionado por su jefe, Giuffrè empezó a declarar ante los jueces de instrucción: «Yo era el principal colaborador de Provenzano, y mi trabajo consistía en tratar de llevar a cabo una reestructuración de la Cosa Nostra a una escala enorme». Pero su afirmación más llamativa fue que en 1993 la organización había mantenido «contactos directos» con representantes de Silvio Berlusconi, el famoso y bronceado magnate mediático italiano con sonrisa de cantante melódico.

Como el lector recordará, aquel mismo año, 1993, fue el de la campaña de atentados de la Cosa Nostra en la península italiana. Y también fue el año en que Berlusconi planeaba formar un nuevo partido político para responder a la crisis desencadenada por las investigaciones sobre corrupción de «Manos Limpias». El tema de la reunión entre la gente de Berlusconi y la Cosa Nostra —afirma Giuffrè— era la posibilidad de establecer una alianza entre la Mafia y el futuro partido político de aquel, que no tardaría en ser bautizado como Forza Italia.

Al año siguiente Berlusconi condujo a la victoria en las elecciones generales a una coalición. Pero dicha coalición resultó ser frágil, y se desmoronó antes de que finalizara 1994. Luego, en mayo de 2001, un año antes de la captura de Giuffrè, Forza Italia obtuvo un gran triunfo electoral y Berlusconi se convirtió en primer ministro, respaldado por una sólida mayoría parlamentaria. Este hombre, al que le gusta que le llamen il Cavaliere («el Caballero»), es también el más rico de Italia, con una fortuna estimada en diez mil trescientos millones de dólares en la época de las elecciones de 2001; entre muchas otras cosas, posee las tres mayores cadenas de televisión privadas del país, además de un imperio editorial. Nadie, desde Mussolini, había llegado a tener tanto poder sobre Italia o, de hecho, sobre Sicilia, ya que la coalición encabezada por Forza Italia ocupa los sesenta y un escaños parlamentarios de la isla.

Existen numerosos indicios de que, desde 1994, los hombres de honor han estado dando directrices a su gente para que vote la candidatura de Forza Italia. Teniendo en cuenta el modo en que la Mafia ha tendido a operar durante el último siglo y medio, no hay nada necesariamente sorprendente o escandaloso en ello; los políticos en el poder son inevitablemente los más vulnerables a la presión del crimen organizado. Se sabe que debido a su creciente desencanto de la DC en la década de 1980, la Cosa Nostra estaba al acecho de un nuevo vehículo político para sus intereses. A finales de la década de 1980 se hicieron propuestas en ese sentido al Partido Socialista. Luego, a principios de la de 1990, el Corto Riina empezó a tratar de la posibilidad de un nuevo movimiento separatista siciliano con sus contactos comerciales y políticos entre los masones: «La Cosa Nostra está reviviendo el sueño de hacerse independiente, de convertirse en líder de una parte de Italia, un Estado propio,

nuestro»[135], declararía un desertor por aquel entonces. Hoy se cree que, a los ojos de los capos de alto rango de la Cosa Nostra, el surgimiento de Forza Italia en 1993-1994 ofrecía una solución aún mejor, una estrecha relación con el partido destinado a ocupar un papel tan fundamental en la escena política nacional como antaño lo había ocupado la DC.

Hay muchas razones para mostrarse cauteloso ante las declaraciones de Manita, y para evitar sugerir cualquier equivalencia entre el papel de Forza Italia en Sicilia y la Cosa Nostra. Nadie en Italia afirmaría en serio que Berlusconi sea un mafioso o que sus victorias electorales sean un reflejo directo de la influencia de la Mafia. Las lecciones que nos da en este sentido la historia de la organización son bastante claras; ni siquiera en su apogeo, en las décadas de 1970 y 1980, la Cosa Nostra llegó a controlar ni de lejos el número de votos suficiente para lograr una victoria tan aplastante de su partido político favorito. El triunfo de Berlusconi se debió más bien al descontento provocado por sus antecesores, a una eficaz campaña electoral y a sus promesas relativas al gasto público.

Las acusaciones de Manita Giuffrè podrían resultar solo fantasías, o quizá mera propaganda triunfalista dirigida por los líderes de la Cosa Nostra a sus miembros. Los abogados defensores califican lo que ha declarado este último pentito de «antología de rumores». Pero los jueces de instrucción de Palermo sí se toman en serio lo que dice Giuffrè, ya que —sostienen— puede revelar el desenlace de una extraordinaria historia de hace casi tres décadas que potencialmente vincula a uno de los más estrechos colaboradores de Silvio Berlusconi directamente con la Cosa Nostra.

En 1974 Berlusconi buscaba un mozo de cuadra y mayordomo para su finca de Arcore, cerca de Milán. Pidió consejo entonces a Marcello Dell’Utri, quien, tras una ascensión prodigiosamente rápida en el mundo bancario siciliano, se había trasladado a Milán recientemente para convenirse en el factótum comercial de Berlusconi. (Posteriormente Dell’Utri se convertiría en el director de Publitalia, el extremadamente rentable brazo publicitario del imperio empresarial de Berlusconi; sería a él a quien se le ocurriría la idea de Forza Italia en 1993). Dell’Utri recomendó para el puesto de mayordomo a un compatriota palermitano, Vittorio Mangano, que lo ocupó durante dos años. Mangano ha muerto de cáncer hace poco, unos días después de haber sido condenado a cadena perpetua por dos asesinatos. Resulta que el «mayordomo» era un hombre de honor de la «familia» mafiosa de Porta Nuova.

La historia del mayordomo y el publicista es actualmente objeto de un juicio que se arrastra desde hace tanto tiempo en el tribunal regional de Palermo que la mayor parte de la opinión pública italiana se ha olvidado de él (hay que señalar que Berlusconi no está implicado aquí como acusado, sino como testigo). La acusación sostiene que fue el temor de Berlusconi ante la posibilidad de que sus hijos fueran secuestrados lo que llevó a Dell’Utri a buscar protección en Mangano. Dell’Utri responde a tales acusaciones diciendo que inicialmente desconocía los antecedentes penales de Mangano, y que le despidió en cuanto se descubrió la verdad. La acusación, en cambio, afirma que ese momento, en 1974, marcó el comienzo de una larga relación entre Dell’Utri y la Mafia siciliana, una afirmación que este niega rotundamente. Siempre según la acusación, Dell’Utri ha admitido haberle dicho a un socio comercial que él había actuado de mediador entre Berlusconi y la Cosa Nostra para evitar que su jefe fuera víctima de un secuestro; pero ahora él afirma que solo fue una bravata sin fundamento.

Hay una larga lista de cargos presentados contra Dell’Utri que se basan en sus presuntos tratos regulares con hombres de honor. Se afirma, por ejemplo, que Dell’Utri blanqueó dinero del narcotráfico, e incluso que en 1980 Stefano Bontate estuvo considerando la posibilidad de iniciarle en la Mafia. También se alega que Dell’Utri actuó de mediador entre la Cosa Nostra y diversas empresas del grupo de Berlusconi; por una parte, presuntamente aseguró la correcta transferencia de diversos pagos de protección de empresas de Berlusconi que operaban en Sicilia; por otra, según se afirma, gestionó inversiones de la Mafia en otras empresas, también propiedad de Berlusconi, con sede en Milán. Tras la mattanza de principios de la década de 1980, se alega que el Corto Riina monopolizó las relaciones de la Mafia en manos de Dell’Utri con la esperanza de beneficiarse, a través de este, de la estrecha relación de Berlusconi con el Partido Socialista.

La acusación afirma también que a principios de la década de 1990 Dell’Utri trató de obtener mediante extorsión el 50 por ciento de un contrato de patrocinio entre una marca de cerveza y el propietario de un club de baloncesto de Trapani. Presuntamente amenazó al propietario cuando este se negó a pagarle: «Le aconsejo que vuelva a pensarlo. Tenemos los hombres y los medios necesarios para convencerle de que cambie de idea». Dell’Utri, que niega esta acusación, asimismo está acusado de tratar de persuadir a dos desertores de la Mafia para que desacreditaran a los jueces de instrucción y a otros tres pentiti; el supuesto plan era «revelar» un complot ficticio de los jueces para incriminar a Berlusconi y al propio Dell’Utri. La defensa niega

rotundamente esta acusación, al igual que las demás[136].

El caso Dell’Utri es largo y complejo; su resultado dependerá de cómo los jueces valoren unas evidencias que se remontan hasta principios de la década de 1970, y que van mucho más allá de las acusaciones de Antonino Giuffrè. Obviamente el tribunal también está evaluando dichas acusaciones, y bien pudiera ser que al final del proceso se declaren carentes de fundamento. Pero inevitablemente han alimentado la especulación sobre un veredicto que, sea el que fuere, resultará crucial. Si se declara inocente a Dell’Utri, mucha gente sacará la conclusión de que —como ha sucedido con tanta frecuencia en el pasado— se han utilizado las acusaciones de complicidad con la Mafia como un arma política, siendo los verdaderos objetivos en esta ocasión Berlusconi y Forza Italia. Tal resultado supondría un grave perjuicio para la credibilidad tanto de los jueces como de los pentiti. Si Dell’Utri es culpable, su estrecha y notoria relación comercial y política con Silvio Berlusconi planteará inevitablemente una serie de preguntas, cuando menos sobre el juicio de este último. Si lo que dice Giuffrè es cierto, entonces también lo es que en 1993 la Cosa Nostra, a través de Marcello Dell’Utri, trató de obtener garantías de que Forza Italia, cuando estuviera en el gobierno, daría prioridad a las principales demandas de la Mafia: las sentencias del macrojuicio, la ley de confiscación de las riquezas de la Mafia y las duras condiciones penitenciarias de la «Ley 41 bis». Sobre esta base, algunos activistas antimafia podrían concluir, acaso precipitadamente, que el venerable acuerdo entre la Mafia siciliana y el sistema político italiano se ha renovado una vez más. Como mínimo, si Dell’Utri es condenado, es probable que la cuestión de si Berlusconi conocía o no los tratos de su publicista con los hombres de honor salte a la agenda política, y probablemente también a la judicial.

Pero aun cuando las afirmaciones de Giuffrè sobre un «contacto directo» entre Forza Italia y la Mafia en 1993 resulten infundadas, y aunque Dell’Utri sea absuelto, a la Cosa Nostra no le faltaban razones para alegrarse cuando Forza Italia llegó al poder, en 2001, debido a la declarada hostilidad de Berlusconi hacia unos jueces que considera ambiciosos y políticamente parciales. Su relación con los tribunales, junto con las acusaciones de sobornar a funcionarios de Hacienda, llevar falsa contabilidad y cometer fraude, han estado muy presentes en las noticias de actualidad. En el momento de escribir estas líneas, Berlusconi acaba de conseguir que se apruebe una ley que proporciona inmunidad jurídica a las cinco principales figuras de las instituciones italianas, incluido el primer ministro, mientras ejerzan el cargo. El primer efecto de dicha ley ha sido interrumpir un juicio en el que el propio Berlusconi estaba acusado de pagar enormes sobornos a diversos jueces con el fin de obtener una decisión favorable en una disputa sobre cierta privatización. El punto de vista de Berlusconi es que hay una serie de jueces «rojos» que están llevando a cabo una campaña concertada para desacreditarle, utilizando los mismos métodos que, según afirma, utilizaron para destruir otros partidos democráticamente elegidos durante las investigaciones de «Manos Limpias».

Esta es una de las razones por las que la principal prioridad del gobierno de Forza Italia es la reforma del sistema judicial. El programa de medidas anunciado por el ministro de Justicia, Roberto Castelli, sostiene que «en los últimos años determinados elementos de la judicatura han tratado de ocupar un terreno que pertenece a la política» y han intentado «convertir la justicia en un espectáculo». El plan del ministro consiste en «restituir la responsabilidad de la política judicial, especialmente en el área del derecho penal, a la órbita de la soberanía democrática». Los detractores de Berlusconi temen que el verdadero objetivo sea poner la justicia bajo el control del gobierno.

En su lucha contra los jueces, Berlusconi se centra sobre todo en Milán, donde están concentrados sus intereses comerciales, antes que en Palermo. No obstante, su política judicial puede tener importantes efectos —incluso involuntarios— en el otro extremo de la península italiana. Es probable que varias medidas vengan a obstruir las investigaciones sobre las operaciones financieras de la Cosa Nostra, especialmente una ley que hará mucho más difícil utilizar pruebas relacionadas con cuentas en bancos extranjeros en juicios de ámbito nacional.

Además de estas reformas legales, a la Mafia le resultan también bastante apetitosos los planes de Berlusconi relativos al gasto público en Sicilia, en particular el proyecto de construir un puente que una la isla con la península italiana. Al parecer, se oye decir a menudo a Provenzano: «¡Coño! ¡Si construyen un puente todos saldremos ganando!». Aunque la Cosa Nostra siempre se ha mostrado entusiasta frente al gasto público, esté quien esté en el gobierno, los detractores de Berlusconi afirman que algunas de las cosas que los miembros de su equipo han estado diciendo tienen el efecto de ofrecer un incentivo al tío Berna. En agosto de 2001 Pietro Lunardi, ministro de Infraestructuras, provocó una auténtica tormenta cuando señaló que Italia tenía que «aprender a vivir con la Mafia; cada uno debe abordar el problema del crimen a su manera».

Algunos miembros del partido de Berlusconi incluso han expresado hostilidad hacia los pentiti, a quienes acusan de ser meros instrumentos en manos de unos jueces politizados o de actuar conforme a un plan secreto para desestabilizar el sistema político italiano. Con el pretexto de tener un sistema penitenciario más humano, otros políticos de los partidos de la coalición gobernante han propuesto la idea de ofrecer condiciones penitenciarias más llevaderas a los mafiosos a cambio de que se «disocien» de la Cosa Nostra, pero sin necesidad de que se conviertan en testigos de cargo. Hay razones para creer que al ala de Provenzano dentro de la organización le gustaría mucho llegar a un acuerdo con tales condiciones. Pietro Aglieri, un capo que está estudiando teología en la cárcel y del que se sabe que se halla muy próximo a Provenzano, escribió en marzo de 2002 a los fiscales antimafia pidiendo una negociación; su propuesta era que los hombres de honor tuvieran condenas menos severas a cambio de reconocer tanto la existencia de la Cosa Nostra como la autoridad del Estado italiano. Los jueces consideran que la propuesta es una trampa. Creen que Provenzano desea resolver el conflicto de intereses interno de la Cosa Nostra haciendo concesiones meramente simbólicas a las autoridades. Aunque en el mundo de la Mafia los símbolos son importantes, el probable resultado final de la «disociación» sería simplemente que la Mafia continuaría con sus operaciones «sumergidas», sabiendo confiada que se había convencido a la opinión pública de que la organización era cosa del pasado.

Independientemente de las intenciones del gobierno de Berlusconi, de lo que no cabe duda es de que a la Cosa Nostra le gusta una gran parte del ruido que llega de Roma desde las últimas elecciones generales. Pero los capos de mayor rango parecen haber convencido a las bases de la organización, y quizá incluso a sí mismos, de que tienen derecho a esperar algo más que ruido de un gobierno de Forza Italia, de que se han hecho promesas en firme y de que el programa de reformas legislativas del gobierno servirá para resolver las divisiones internas de la Mafia.

Como consecuencia, los detractores de Berlusconi están vigilando atentamente su gobierno para detectar el menor indicio de concesiones a las principales demandas de la Cosa Nostra. Resulta tranquilizador comprobar que hasta la fecha no ha habido ninguna. De hecho, siempre ha existido la posibilidad de que los capos se vieran decepcionados en sus expectativas de poder sesgar el proceso de decisión política para adaptarlo a sus propios fines. Los mafiosos tienen un gran interés en encontrar políticos italianos bien predispuestos, pero eso no significa necesariamente que entiendan la política italiana. Lo que es posible que algunos de ellos no sepan apreciar es que incluso un hipotético primer ministro cuya absoluta prioridad fuera hacerle el juego a la Mafia siciliana —y nadie cree ni por un momento que ese sea el caso de Silvio Berlusconi— tendría que enfrentarse a obstáculos casi insuperables. El espíritu de Falcone y Borsellino está presente en leyes como la «41 bis», y doblegarlas exigiría pagar un precio político terrible. Cualquier partido gobernante que tratara abiertamente de desmantelar los pilares de las leyes antimafia italianas estaría ofreciendo un colosal trofeo a sus adversarios, así como —y no menos importante— a sus socios de coalición. (El gobierno italiano es un gobierno de coalición, y la rivalidad entre los socios de gobierno es casi siempre tan feroz como la lucha entre los partidos del gobierno y la oposición).

Sea lo que fuere lo que alentara a algunos capos a confiar y esperar tanto cuando Forza Italia llegó al poder en 2001, el caso es que la Cosa Nostra está empezando a sentirse decepcionada por una coalición de gobierno que, según imagina, acertada o equivocadamente, contiene ciertos elementos proclives a la organización. Para empezar, la propuesta de la «disociación» no se ha materializado. Se cree que tal «disociación» es una idea de Bernardo Provenzano para llegar a un compromiso, tanto entre la Cosa Nostra y el Estado como entre los mafiosos encarcelados y los que están en libertad. En julio de 2002, Leoluca Bagarella, el hombre que fue capo de capos entre 1993 y 1995, y al que se considera hostil a cualquier clase de compromiso, demostró que se le estaba acabando la paciencia; aprovechó una comparecencia judicial para lanzar una advertencia, diciendo que los presos de la Mafia que viven bajo el duro régimen penitenciario de la «Ley 41 bis» estaban «cansados de ser utilizados, humillados, oprimidos y tratados como mercancía por los distintos partidos políticos». Un hombre como Bagarella jamás se permitiría despotricar así sin un objetivo concreto. Los observadores de la Mafia interpretaron sus palabras como una amenaza, muy bien calibrada en su imprecisión, y dirigida tal vez a determinados miembros desconocidos de la coalición de gobierno, o quizá al gobierno en general. En la clásica manera mafiosa, quien de verdad tuviera que entenderla, sin duda la entendería. En cualquier caso, en octubre de 2002 el jefe de los servicios secretos italianos advirtió de que existía un «riesgo concreto» de que la Cosa Nostra, en su decepción, desencadenara una nueva oleada de asesinatos.

El final de 2002 presenció una crucial decisión en la lucha contra la Mafia, cuando el gobierno Berlusconi convirtió la «41 bis», que en realidad era un decreto que se renovaba anualmente, en una auténtica ley permanente. Un senador de Forza Italia, que desde hacía tiempo abogaba para que la «41 bis» se inscribiera de una vez por todas en los libros de leyes, comentó que el Parlamento había dado «la única respuesta posible a las inquietantes declaraciones de Bagarella». A ojos de personajes como este último, y por muy engañados que pudieran estar, ahora Forza Italia había incumplido de manera escandalosa su compromiso más importante. No habría que esperar mucho tiempo para ver cuál era el sentimiento de la Cosa Nostra frente a ese revés. Poco después de la votación parlamentaria sobre la «41 bis», los jueces contemplaron alarmados cómo, durante un partido de fútbol celebrado en el estadio de Palermo, aparecía una pancarta que rezaba: «Todos unidos contra la “41 bis”. Berlusconi ha olvidado a Sicilia». La interpretación más general era que se trataba de una advertencia dirigida a los políticos sicilianos. Es posible, pues, que la Pax mafiosa esté a punto de terminar. Pero la paradoja de estos momentos de tensión en Sicilia es que, si la Cosa Nostra empieza a disparar de nuevo, casi con toda certeza eso constituirá un signo de que se halla cerca de la derrota. De modo que no sorprende lo que ha dicho hace poco al respecto el pentito Salvatore Carcemi: «Encuentro este silencio más alarmante que las bombas».

En abril de 2000, a los setenta y dos años de edad, Tommaso Buscetta murió de cáncer en su norteamericana patria de adopción. En los cuarenta años que pasó en la Cosa Nostra, y los dieciséis que dedicó a tratar de destruirla, se calcula que adoptó unos doscientos seudónimos. Unos meses antes de su final, en su última entrevista en profundidad, Buscetta reflexionaba sobre su extraordinaria vida. Las esperanzas que alimentaran él y Giovanni Falcone en 1984 no representaban ahora más que un amargo recuerdo:

Al final de mi primera entrevista, Giovanni Falcone y yo nos

engañábamos pensando que esta vez la Mafia sería derrotada. Que no volvería a haber Mafia en nuestra tierra. Ahora… tengo que admitir

que mi predicción era equivocada[137].

La Cosa Nostra —concluía Buscetta— ha vencido: «La Mafia es innata en todos los sicilianos».

Así, en su pesimismo, el hombre que tan extraordinaria contribución hiciera para revelar la falsedad de que la Mafia y el carácter siciliano eran una misma cosa terminaba su vida reiterando esa misma falsedad.

Ciertamente corren tiempos inquietantes para los enemigos de la Mafia. Pero aún no ha llegado el momento de secundar el fatalismo de Tommaso Buscetta. Incluso en un país tan amnésico como Italia, resulta poco probable que sus revelaciones compartan el mismo destino que el Informe Sangiorgi. El mito de la «caballerosidad rústica» ha muerto. El secreto que la Mafia siciliana logró guardar durante tanto tiempo, el secreto de su propia existencia, ha dejado de serlo, y ha dejado de serlo para siempre. Pero durante todo este tiempo otras fuerzas mucho más formidables que el mito han mantenido el poder de la organización. Los próximos años prometen revelar qué va a ser de la Cosa Nostra. Nadie fuera de la organización conoce la profundidad de la escisión entre los capos encarcelados y los que están en la calle, ni nadie conoce tampoco la fuerza relativa de cada una de las dos facciones. Puede que ambas se unan en una nueva ofensiva contra los jueces y una venganza contra los políticos que, según imaginan, les han defraudado. O puede que se hundan en una guerra civil, llevando al conjunto de la organización al borde de la destrucción. O también es posible que Bernardo Provenzano logre apaciguar o aislar a los capos encarcelados. Si lo hace, la Cosa Nostra proseguirá su callada reestructuración y forjará un nuevo pacto con elementos del Estado, dispuesta a entrar en una nueva fase de su salvaje historia; una historia que podía, y debía, haber acabado hace ya mucho tiempo.