3. El origen de los NINJA

instrumentos financieros cuyo riesgo teóricamente era igual a cero.[143] En esta perversa dinámica, imposible sin los privilegios otorgados por el Estado, ambas instituciones llegaron a controlar el 90% del mercado secundario de

hipotecas.[144]

Ciertamente, las inyecciones masivas de liquidez de la Fed alimentaban la burbuja por el otro lado, pues este dinero era también destinado al otorgamiento de hipotecas, gran parte de las cuales luego serían adquiridas por Fannie y Freddie. Así se configuró una espiral de gasto, crédito y endeudamiento que llevó a las dos gigantes a comprar y garantizar casi la mitad de los 12 billones —millones de millones— de dólares de que constaba

el total del mercado hipotecarios en Estados Unidos.[145] Para ser más precisos, solo entre las dos instituciones acumularon papeles hipotecarios que incluían un considerable porcentaje de créditos subprime, por 5,3 billones de

dólares, es decir, por más de un 40% del PIB de Estados Unidos.[146] Y todo esto fue realizado contando con mínimo capital propio. En efecto, hacia 2007 el capital propio de ambas instituciones combinadas no superaba los 82.000 millones de dólares, lo cual implica una descomunal razón capital/pasivos de 1 a 65. Como afirmó The Economist en 2008, ningún banco privado habría sido autorizado a tener ese nivel de apalancamiento en su balance y jamás

habría sido calificado con rating AAA.[147]

Este sideral apalancamiento se sustentó en la ilusión de que los precios de los inmuebles a través del país no caerían jamás, tesis que respaldaba la Fed y diversos economistas del mainstream, que no entendían lo que estaba pasando. Como era de esperar, la ilusión creada por el boom inflacionario llegaría a su fin con el alza de tasas de interés por parte de la Fed, llevando a millones de deudores, que en un mercado libre jamás habrían podido obtener un crédito hipotecario, a cesar en sus pagos, con la generación de una reacción en cadena que haría colapsar la economía de Estados Unidos.

3. El origen de los NINJA

En una observación notable, el poeta alemán Friedrich Hölderlin afirmó que lo que ha hecho del Estado un infierno sobre la Tierra es precisamente que el Hombre ha intentado hacer de él su paraíso. Pocas afirmaciones se ajustan más a lo ocurrido con la crisis financiera de 2008. Esta fue el resultado de todo un diseño institucional basado en una premisa tan voluntarista como insostenible: la de que las personas tienen a priori un derecho a ser dueños de una casa.

Desde tiempos inmemoriales, la casa propia es algo así como el emblema del sueño americano. Y los políticos, durante décadas, lo explotaron en su beneficio mediante diversas políticas públicas electoralmente rentables pero de catastróficas consecuencias. Entre ellas destaca la ley llamada Community Reinvestment Act, aprobada bajo el gobierno del demócrata Jimmy Carter en 1977. El objetivo de esta ley fue reducir la «discriminación» de minorías en el otorgamiento de créditos hipotecarios. Para ello, la ley estableció que los bancos cuyos depósitos se encontraban asegurados por el gobierno federal debían otorgar préstamos hipotecarios a personas de escasos recursos en las comunidades en que operaban. Según la cantidad de créditos hipotecarios de mayor riesgo otorgados, estas instituciones recibían una puntuación de ciertos organismos estatales encargados de la evaluación. De este modo, a mayor cantidad de créditos hipotecarios otorgados a individuos de bajos ingresos — menos de un 80% del ingreso promedio—, mejor CRA rating del banco.

En 1995, bajo el gobierno de Bill Clinton, la CRA fue reformada y se establecieron drásticas sanciones para aquellos bancos con un bajo CRA rating. Después de la reforma, el Estado podía prohibir a los bancos mal calificados fusionarse con otros bancos o expandir sus operaciones a otros estados. Además, bajas puntuaciones en el cumplimiento de la ley podían dar lugar a «acciones de clase» en virtud de las cuales los habitantes de una determinada comunidad podían demandar en conjunto al banco por negarse al otorgamiento de préstamos de alto riesgo. Es interesante notar que el mismo Barak Obama, con la utilización de la legislación de Clinton, participó en procesos en contra de bancos con bajo nivel de calificación CRA. Así por ejemplo, en 1995, en el caso Buycks-Roberson v. Citibank Fed. Sav. Bank, Obama encabezó una demanda contra Citibank, que finalmente se vio en la obligación de indemnizar por supuestamente negar créditos a minorías

étnicas.[148]

El caso de Obama no fue aislado. Las posibilidades ofrecidas por la ley de Clinton dieron paso a un auge de las acciones de clase a través del país con el objeto de obligar a los bancos a otorgar créditos a minorías étnicas y a otros grupos desaventajados. Un rol particularmente importante desempeñó la Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), organización civil cuyo fin es promover reformas benefactoras en beneficio de sectores menos aventajados de la sociedad. Una de sus activistas más conocidas, Madeleine Talbot, realizó decenas de reuniones con bancos en orden a conseguir que redujeran sus estándares de crédito y las exigencias de pago anticipado de los créditos hipotecarios. Además de organizar manifestaciones públicas en contra de aquellos bancos que se resistieran a rebajar sus estándares crediticios, grupos como ACORN gozaban de un poder inédito debido a la nueva legislación, ya que sus quejas eran consideradas por

los funcionarios de gobierno encargados de realizar los CRA [149] ratings.

También la Fed desempeñó un rol determinante en la reducción de los estándares de crédito con la publicación, el año 2003, de un informe titulado Closing the Gap, en el cual plateaban la necesidad de mayor igualdad entre sectores de altos y bajos ingresos en el otorgamiento de créditos hipotecarios. En el informe, un verdadero manifiesto antidiscriminación realizado por la Fed de Boston, se planteaban ideas políticamente correctas pero económicamente insostenibles, como por ejemplo que al otorgar un crédito hipotecario no debía considerarse necesariamente el barrio en que la persona vivía ni el tiempo que era capaz de mantener su trabajo. En esta lógica, la Fed instaba a las instituciones financieras a tener «una política de igualdad de oportunidades de préstamo escrita, con explicación del compromiso de la

institución con la comunidad y con clientes de minorías e ingresos bajos».[150] Pero no solo eso: la Fed sugería además a la administración de los bancos recurrir a las numerosas herramientas que el Estado había dispuesto para otorgar créditos a personas de bajos ingresos:

La administración debiera buscar programas de hipoteca estatales y federales creados para quienes compran inmuebles por primera vez o con bajos ingresos. Organismos locales o estatales pueden ofrecer segundas hipotecas o ayuda en el pago del pie, entre otras mejoras que pueden facilitar a un postulante a calificar para una hipoteca convencional. La administración también debiera tener presentes los programas especiales para compradores de inmuebles de

bajos ingresos ofrecidos por Fannie Mae y Freddie Mac.[151]

El informe de la Fed de Boston, por cierto, no pasó desapercibido en el mundo financiero. La Fed es una de las instituciones centrales en la regulación y vigilancia de las instituciones financieras, entre cuyas funciones se encuentra velar por el cumplimiento de la CRA. Lo que la Fed dice, en consecuencia, es atentamente seguido y acatado por el mundo financiero, hasta tal punto de que uno de los bancos más grandes del país, Countrywide, poco antes de quebrar, fue públicamente alabado por la Fed por haber destinado más de 600.000 millones de dólares al otorgamiento de créditos de

alto riesgo.[152]

El resultado de las modificaciones a la CRA y de las presiones de la Fed fue un alza sustancial en el otorgamiento de créditos hipotecarios a deudores de bajos ingresos, quienes de otro modo habrían sido considerados con demasiado riesgo como sujetos de crédito. Así, el número de propietarios de origen afroamericano se incrementó en un 18% entre 1995 y 2005, y el de

hispanoamericanos en un 13% en el mismo periodo.[153] Este nuevo segmento del mercado fue llamado subprime para diferenciarlo del mercado prime de deudores con menos riesgo. De esos créditos, originados en políticas públicas del gobierno, recibió la crisis financiera el nombre subprime. Sus deudores, en tanto, fueron denominados NINJA, abreviación para No Icome, No Job or Asstes —sin ingreso, sin trabajo ni activos—.

La maquinaria estatal encargada de ejecutar la ingeniería social con el fin de crear una «sociedad de propietarios» no termina con Fannie, Freddie, Ginnie Mae, la CRA y la Fed. Otros organismos públicos, en especial el Department of House and Urban Developement (HUD) y la Federal Housing Administration (FHA) desempeñaron un rol central en empeorar las cosas. En 1995 el HUD —Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano—, que desde 1992 se desempañaba como regulador de Fannie y Freddie, fijó como objetivo mínimo para ambas entidades que un 42% de sus hipotecas debían cubrir a familias de ingresos medios y bajos y un 14% a familias de ingresos muy bajos. En 1999 esta meta se incrementó a un 50% para familias de

ingresos medios y bajos y a un 20% para familias de ingresos muy bajos.[154] Cumpliendo con su mandato, entre 2004 y 2006 ambas entidades compraron más de 434.000 millones de dólares en hipotecas subprime. Esto representó una participación de un 44% en el mercado de securities subprime en 2004,

un 33% en 2005 y un 20% en 2006.[155] Wall Street, por cierto, no perdió el tiempo y se lanzó a otorgar nuevas hipotecas de alto riesgo para venderlas en forma de MBS a Fannie y Freddie, que las necesitaban para cumplir con sus metas.

Para completar la espiral de crédito y riesgo, la FHA, otro organismo estatal creado en tiempos de la Gran Depresión como parte de la transformación de Estados Unidos en un estado de bienestar, realizó lo propio en incrementar el riesgo. La FHA tenía por objeto asegurar créditos hipotecarios con fondos públicos, realizados por instituciones privadas a deudores «calificados». Originalmente la FHA exigía el pago de un pie de al menos un 20% del valor de la propiedad para otorgar el seguro, lo cual ya era considerado bajo por el sector privado. A partir de la dinámica propia de las estructuras benefactoras, el pie fue considerado muy alto, reduciéndose de un