El inventario de los bienes

Por nada del mundo estaba dispuesta, María Antonia Bolívar Palacios y Blanco, a convertirse en una más de las quejosas y desasistidas criollas linajudas de la antigua provincia de Venezuela; mucho menos tenía la intención de rebajarse hasta padecer la humillación de solicitarle ayuda a nadie.

Lo primero que hizo fue informarse cuál era el estado de las propiedades, qué había pasado con las casas y las haciendas y en qué situación se encontraban los bienes de la familia; de ello dependía su futuro en el incierto panorama de la República.

Su primera sorpresa fue enterarse de que había un litigio pendiente, nada más y nada menos que por el Mayorazgo de la Concepción, el cual le pertenecía de todo derecho y sin discusión a Simón Bolívar y, en caso de que éste renunciase, el primero en la lista de sucesión era su hijo, Anacleto Clemente, el mayor de los sobrinos legítimos del Libertador. No podía nadie usurpar ese derecho.

El asunto era que José Ignacio Lecumberri, descendiente de una tía del Libertador y valido de una interpretación amañada y torcida de la línea de sucesión, pretendía tomar posesión de las propiedades del Vínculo: casa, haciendas, esclavitudes, etc. Alegaba el dicho Lecumberri que el beneficiario del Vínculo, es decir Simón Bolívar, al tomar posesión de otro Mayorazgo — el de los Bolívar—, por la muerte de su hermano, perdía automáticamente el disfrute del Vínculo de la Concepción al cual él aspiraba como pretendido heredero del padre Aristeguieta. Lecumberri había logrado, incluso, un fallo a su favor, el cual había sido apelado ante la Corte Superior de Justicia del Distrito Norte. Los jueces, vistos los autos, finalmente habían fallado a favor

del Libertador[35].

El dictamen del alto tribunal establecía que cualquier decisión respecto al tema de la sucesión quedaría pendiente mientras Bolívar no se pronunciase sobre la materia. Solamente así podría entrarse a discutir el tema de la sucesión del citado Mayorazgo de la Concepción para determinar si éste le pertenecía a José Ignacio Lecumberri o si, por el contrario, el beneficiario sería Anacleto Clemente.

Esto último no tranquilizó a María Antonia ya que estas ricas propiedades quedaban sujetas, en primera instancia, a una decisión de su hermano, y luego habría que esperar un fallo judicial respecto al tema sucesoral. No le quedaba más remedio que armarse de paciencia hasta tanto aquello no terminara de resolverse.

No ocurría lo mismo respecto al resto de las propiedades. Decidida a resolver esta materia se dio a la tarea de conocer cómo estaba cada una de las haciendas, quién las tenía arrendadas, qué producían, cuál era el monto de las rentas, etc., etc., etc., y a eso dedicó la mayor parte de su tiempo. Poco a poco se fue dando una idea de la situación.

La que estaba en mejores condiciones era, sin duda, la hacienda de San Mateo, perteneciente al Vínculo de la familia y que se encontraba, hasta nuevo aviso, bajo la administración de su hermano. Aun cuando no le quedaba ni un solo esclavo ya que Bolívar había resuelto otorgarles la libertad, un señor Durán la tenía arrendada y de allí salían los recursos que permitían sostener a las mujeres de la familia: María Antonia recibía mensualmente cien pesos, Juana cincuenta, la negra Hipólita, nodriza y aya del Libertador, cuarenta. De esa renta, además, se obtenía una suma de pesos suficiente para cancelar deudas y asuntos pendientes de Bolívar en

Caracas[36].

A pesar de que toda la zona y sus alrededores estaban afectadas por pestes y calenturas, lo cual había ocasionado pérdidas y escasez de mano de obra, ya para el año 1826, según las cuentas que sacaba María Antonia, la hacienda estaba produciendo cerca de 20 000 pesos al año.

El hato de El Totumo, en los llanos, uno de los preferidos de Juan Vicente Bolívar, el padre de María Antonia, estaba virtualmente perdido: Juana había hecho un negocio poco exitoso con un hombre que no le merecía ninguna confianza a María Antonia, un tal Rafael Diego de Mérida, editor de un periodiquillo en el cual se ocupaba de desprestigiar a las mejores familias de la ciudad. Entre otros, se había ensañado contra los Rodríguez del Toro. Ajuicio de María Antonia, el tal Mérida no era sino un «bribonazo», un «canalla» cuyo único oficio era «insultar por escrito a todo aquel que no era como él», aprovechándose de la protección que le dispensaba un alto funcionario de la Corte. Lo cierto es que este sujeto «inescrupuloso y poco confiable» debía más de seis mil pesos y se negaba a pagar.

La hacienda de Chirgua la tenía arrendada a medias Feliciano Palacios, el tío «Chano», hermano de la difunta doña Concepción, pero al decir de María Antonia, el muy «pícaro» era un «tacaño y un tramposo», se quería quedar con todo y se negaba rotundamente a darle cuentas, alegando que su acuerdo no había sido con ella sino con Bolívar y que mientras no le presentara un poder no tenían nada de qué hablar sobre la hacienda.

Las haciendas del Tuy estaban todas abandonadas, no había nadie que viese por ellas, los esclavos se encontraban en su lugar pero no había quien les diera órdenes y, para colmo, Anacleto estaba inventando venderlas, a lo cual ella se oponía rotundamente.

La hacienda de Santo Domingo, perteneciente al Vínculo de la Concepción, estaba arrendada a Antonio Palacios, primo de su mamá. Sin embargo, el primo Palacios no estaba al día con los pagos, se había ido para Guayana, abandonando la hacienda y negándose a pagar lo que adeudaba.

La hacienda de Aragüita se encontraba arrendada a un tal señor Insastia, quien hizo arreglos con Anacleto, pero el «bribón» de Insastia además de no pagar, le sacó todos los esclavos y se los llevó para Maracay a fundar una hacienda de caña.

La hacienda de San Vicente, totalmente perdida, no tenía nada, la casa convertida en una montaña, el repartimiento y todo absolutamente destruido.

En la misma situación se encontraban las haciendas de Macaita, Suata y Caicara, no había quien las arrendara, estaban sin esclavos y no se conseguían peones ni nadie que las trabajara por las pestes y calenturas que había en la zona.

Pero si las haciendas estaban en un estado deplorable, las casas no estaban en mejores condiciones. Las de La Guaira, las tenían arrendadas su hermana Juana y Josefa Tinoco, la madre de los hijos de Juan Vicente, y con ello se ayudaban para su sustento; en total recibían más de doscientos pesos mensuales. Pero los inquilinos se quejaban por el mal estado en el cual se encontraban y solicitaban que les hiciesen todo tipo de reparaciones.

La casa de la Cuadra, a la orilla del Guaire, mandada a construir por su madre después de enviudar, estaba con los techos en el suelo y parte de las tapias derrumbadas. La casa de la esquina de la Catedral que pertenecía a Bolívar, Anacleto la había arrendado en 600 pesos anuales pero sólo se recibían cuarenta pesos mensuales, fuera de las composiciones. Una de las casas del vínculo de San Mateo, situada en la calle San Juan, estaba ocupada por una mujer llamada Petronila González, quien aseguraba que la casa le pertenecía como un regalo de Juan Vicente y Simón.

A María Antonia le molestaba especialmente que su hermano Simón hubiese autorizado a Josefa Tinoco a vivir con sus tres hijos en la casa principal de los Bolívar, la que había sido de sus padres y que le había quedado en herencia al mayor de los hermanos. El caso era que Josefa tenía convertida la casa en una «pensión», todo el que quería podía irse a vivir allá con el pretexto de pagar un alquiler, de manera que habitaban allí gentes de todas las clases.

Para María Antonia el hecho constituía un desorden inaceptable y un deshonor para la casa y para la familia. Estaba determinada a buscar la manera de sacar a Josefa de allí y darle otro lugar más pequeño, que bien se podía mantener sobradamente con el alquiler que se consiguiese por la casa grande.

Hasta aquí todo parecía solventable. Con algo de empeño y dedicación podrían recuperarse las haciendas, cambiar de arrendatarios, cobrar las deudas, componer las casas y, en cada uno de los casos, buscar el mejor acomodo.

Sin embargo, un asunto estaba en situación particularmente delicada, el de las minas de cobre pertenecientes al Vínculo heredado por su hermano Juan Vicente y que ahora pertenecía a su hermano Simón. La situación de las minas era más complicada que la de cualquiera de las haciendas, de las casas desvencijadas o de los parientes morosos.

En el caso de las minas había ocurrido lo siguiente: como durante muchos años los Bolívar no atendieron su explotación y estaban relativamente abandonadas, las minas fueron ocupadas en 1804 por Francisca Zagarzasu. Inmediatamente Juan Vicente Bolívar, heredero de las minas, entabló un pleito contra los usurpadores y le fue reconocida su posesión. No obstante, al estallar la Independencia, como las minas se encontraban en un territorio ocupado la mayor parte del tiempo por las tropas leales al Rey, los hijos de la Zagarzasu se animaron a darle continuidad a los trabajos emprendidos por su madre con anterioridad. El punto era que la propiedad de las minas se encontraba en litigio ya que los descendientes de la Zagarzasu, a la que María Antonia y Bolívar llamaban comúnmente «la vizcaína», pretendían su derecho sobre las minas. El asunto dependía del fallo de los tribunales.