De la última bancarrota de Felipe II a la primera de Felipe III

1566. La economía atlántica, más o menos abandonada a sí misma[302], se va a desarrollar y madurar, generando sus propios mercaderes y —muy pronto— sus propios financieros. La derrota de los genoveses no representa, como se ha afirmado con excesiva precipitación, el hundimiento de la finanza pura y del papel moneda y el triunfo del mercader que había permanecido fiel al comercio tradicional, sino la aparición de otro capitalismo con un centro de gravedad geográfico diferente, capitalismo que ya había apuntado desde el mismo momento del descubrimiento de América y que necesitará algo más de un siglo para alcanzar su madurez. Marca en última instancia el triunfo de los nuevos financieros, los prestamistas portugueses que van a operar en Madrid en 1627, teniendo a sus espaldas a los importantes prestamistas del norte. Etapa que es de hecho una de las del capitalismo holandés, el cual posee, desde por lo menos 1609, sus propias superestructuras, incluidas entre ellas las formas más modernas del mecanismo del crédito. Este capitalismo será el que remplace al capitalismo mediterráneo, pero este último, tan pacientemente construido, le servirá de modelo en todos y cada uno de sus aspectos.

De la última bancarrota de Felipe II a la primera de Felipe III

La última bancarrota de Felipe II, en 1596, y la primera de Felipe III, en 1607, nos colocan frente a frente a estos problemas de magnitud colosal. No es nuestra intención describir las peripecias de estos cambios, sino descubrir las causas subyacentes, los factores que actúan permanentemente; esto nos permitirá contrastar nuestros esquemas explicativos, que gracias a recientes investigaciones hemos podido mejorar de modo notable.

En nuestra búsqueda de la perspectiva justa debemos evitar dejarnos deslumbrar por la dramática historia de los acontecimientos, que por lo general ha sido observada desde muy de cerca. Debemos tener siempre in mente que toda supremacía, sea política, económica, social o cultural, conoce un momento inicial, al que le sigue el apogeo y más tarde la decadencia, y que las etapas del capitalismo, es decir, los momentos de su proceso en que ha sufrido interrupciones o alteraciones, encuentran paralelos en otras mutaciones. Como la época de los Fugger, como la de los genoveses más tarde, la de Ámsterdam iba a durar apenas el tiempo equivalente a dos o tres generaciones humanas.

Una vez dicho esto, y con la intención de ir directamente al grano, es conveniente especificar cuanto antes lo que sigue:

1. Que los conflictos entre el Estado castellano y los hombres de negocios ocurren siempre en dos etapas: primero se disputa y luego viene la reconciliación; en invierno se disputa largamente (nada apremia), y eso es lo que ocurrió en 1596-1597; después, con la llegada del verano, pasan al primer plano las necesidades urgentes del Estado, y las partes litigantes se apresuran a llegar a un acuerdo: el compromiso resultante es lo que se conocía con el nombre de medio general. Hubo un medio general en 1577, otro en 1597, dos en 1607 y uno en 1627. La querella, o para ser precisos, la suspensión de pagos, recibe el nombre de decreto.

2. Que si el Estado castellano acababa siempre derrotado es porque como enemigo no estaba a la altura de los hombres de negocios, que le llevaban siglos de ventaja. El odio que Felipe II sentía hacia los genoveses nos habla de su obstinación y de su voluntad contrariada, pero nunca de su lucidez. Habría sido lúcido si hubiera organizado una Banca de Estado como se le propuso en 1582, o un cierto número de Monti al estilo italiano como se le sugirió en 1596; habría sido lúcido si se hubiese embarcado de modo deliberado en una política inflacionista (pero ¿habría sido capaz de controlarla?). Para terminar: me parece que Felipe II siempre se encontró en idéntica posición a la de los gobiernos sudamericanos del siglo XIX: cuentan con una gran riqueza de productos y minas, cuentan con la riqueza de sus plantaciones, pero se encuentran desarmados en el mundo de las finanzas internacionales. Un gobierno de esta especie puede evidentemente enfadarse, puede incluso pasar a la ofensiva, pero al final ha de acabar sometiéndose, entregar sus recursos y puestos de mando y ser comprensivo.

3. Que cada vez que el Estado se declara en bancarrota —solventando violentamente los contratos pendientes— hay siempre jugadores comprometidos en la gran baza que pierden, desaparecen por el escotillón o hacen mutis discretamente; en 1557, los mercaderes de la Alta Alemania; en 1575, los mercaderes italianos no genoveses; en 1596 y 1607, los mercaderes españoles; en 1627 les toca a los mismos genoveses, aunque estos, del mismo modo que los Fugger en 1577, no se han retirado inmediatamente de escena. Pero es evidente que la regla se cumple.

4. Que, cada vez, las pérdidas repercuten larga y negativamente en los contribuyentes castellanos, materialmente aplastados bajo las cargas fiscales, y en detrimento de los pequeños ahorradores e inversores de España e Italia.

Todo permite prever en 1590, y con mayor precisión en 1593 y 1595, la próxima bancarrota del Estado castellano. Sus gastos continúan aumentando sin límites a la par que sus ingresos declinan y decrecen visiblemente los impuestos fiscales. La depresión económica general es la causa de muchas bancarrotas y encarcelamientos por deudas. En medio de todas estas dificultades solo se mantienen en alza las arribadas de la plata americana; en tan alto grado que toda la circulación metálica en Sevilla y Barcelona, Génova y Venecia, y a todo lo largo del Rin, que se utilizaba para los transportes a los Países Bajos, no resultó afectada y siguió moviéndose normalmente. La abundancia de dinero puede alimentar —y alimenta de hecho— ilusiones y falsas tranquilidades incluso en los más curtidos hombres de negocios, pese a la envergadura de la lucha en que España está metida contra buena parte del resto de Europa, y pese a su habitual prudencia y las dificultades que provoca, una vez más, la suspensión de las sacas de plata a partir de 1589. El signo más alarmante es sin duda la tensión fiscal de Castilla, que en aquellos momentos estaba alcanzando el grado de insoportable. Todos los contribuyentes se ven atosigados: los grandes, la nobleza, la Iglesia, las ciudades, incluso los mercaderes si no los hombres de negocios, y se lanzan enormes sumas en juros sobre un mercado aún relativamente ansioso de comprar. Es decir, una situación que se presenta más explosiva ante los ojos de los historiadores sabedores de lo que ocurrió después que ante los de los

grandes financieros de la época. Estos se quedaron literalmente atónitos[303] a la vista del decreto real aparecido a mediados de noviembre, por el cual Felipe II suspende todos los pagos y de un solo golpe recupera las rentas y

sumas de dinero que estaban manejando los hombres de negocios[304].

Decisión imprevisible, se opinaba en Lyon[305] en los últimos días de noviembre, puesto que acababan de llegar las flotas de Indias, después de

haber atravesado el Atlántico con una velocidad mayor que nunca[306]. Previsible o no, la medida tuvo repercusiones inmediatas en todas las plazas, comenzando por las de España; en Europa miedos y errores de juicio vinieron a complicar más de lo que estaba la situación. «Con esta suspensión [escribía

a Felipe II su embajador en Venecia, don Íñigo de Mendoza][307] Vuestra Majestad, sin tener que echar mano a la espada, va a vencer a todos sus enemigos, cuya vitalidad y fuerza provenía de la plata que Vuestra Majestad derramaba fuera de su casa… Este mismo dinero es, como demuestra la experiencia… el que usan los turcos, los franceses y todas las otras naciones…». Pero la situación real era mucho menos favorable a Felipe II de lo que estas palabras invitan a suponer, y desde luego en modo alguno tan simple como la describen. El rey, por sus propios medios, ha enviado a Italia enormes cantidades de dinero contante (posiblemente unos cuatro o cinco

millones de ducados)[308], pero no sin enormes dificultades y no sin los accidentes a que tales transportes están expuestos. Dificultades que aunque a veces parezcan cómicas, no dejaban por ello de ser menos reales. Así vemos, por ejemplo, que las autoridades valencianas se oponen, en determinado momento, al embarque de un millón de ducados pertenecientes al monarca en las galeras que parten para Italia, aduciendo que todavía no ha llegado a sus

manos el pasaporte regio, y este hubo de ser enviado a toda prisa[309]. La prisa es una componente crucial si se quiere que no se desarticule el sistema de pagos en la explosiva región de los Países Bajos. Todo ello le produce al rey problemas que no puede resolver pese a esa obstinación tan reveladora de su carácter que le lleva a embestir de nuevo contra los odiados hombres de negocios. Pero también a estos les ocasiona la situación graves problemas. El decreto les refresca en la memoria las duras consecuencias que produjo en Génova el decreto de 1575 y lo que vino después de él: la «antigua nobleza» se vio obligada a vender «la cubertería de plata de sus mesas, el oro, las perlas

y todas las alhajas» de sus esposas…[310].. Y este final de año de 1596 cada «asentista» tenía sus buenos motivos para temer que fuesen cuestionadas todas sus operaciones llevadas a cabo en los últimos veinte años y que se vería obligado a pasar por la tragedia de afanarse diariamente en hallar modo de cubrir sus pagos o de que quienes le debían lo hiciesen: retrasos semana tras semana, prolongación de las ferias de Medina del Campo y las de otros

lugares (era imposible encontrar quien prestase un solo real)[311] eran soluciones temporales con las que se salía del paso pero que dejaban todo como antes.

Al iniciarse esta prueba de fuerza, el gobierno de Felipe II no puede evitar contactos, presiones y conversaciones, pero se defiende eludiendo cualquier tipo de compromiso. «No se toma la más simple decisión [nota un florentino],

y todo continúa en suspenso y muy confuso», [312] molto confuso. «Hasta el momento —escribe a su vez el embajador de Génova en Madrid— [se han

tenido contactos] pero todavía no podemos dar buenas noticias…»[313]. Resulta evidente que el rey y sus consejeros no deseaban metter per terra la

contratatione[314], es decir, echar abajo el sistema de asientos y ese grupo de poderosos hombres de negocios conocido bajo el nombre genérico de la contratación. Lo que pretenden, y eso ya se sabía antes del decreto, es limitar las exigencias de los hombres de negocios, limitar los beneficios de los asentistas y obtener importantes préstamos a largo plazo, al menos por tres años, válidos incluso en el caso de que las «flotas de Indias no llegasen

nunca»[315], lo que es evidentemente demasiado pedir, pues la circulación de las letras de cambio y de las cajas de plata solo podía ser posible contando con este imprescindible suministro. El banquero pone en movimiento, anticipa y precipita esta circulación, operaciones todas ellas que resultan caras. Los interventores, los contadori reales que han revisado las cuentas (en español, tanteos) afirman que un asiento de 400 000 escudos sobre Flandes

concluido con Ambrogio Spínola ha costado al rey 35 [316] % en gastos. La réplica de los asentistas, aunque no aceptan la cifra resultante del tanteo, reconoce en cambio que semejantes operaciones pueden ser muy costosas, pero niega que lo que el rey pierde vaya a parar a los bolsillos de los mercaderes: será mejor que solo creamos a medias esta afirmación de los financieros.

En resumen: se habría acabado por restablecer las relaciones, poco sinceras sin duda (pero ¿podrían serlo de otro modo entre el rey y quienes le prestan dinero?) si no hubiesen intervenido los Fugger. Estos siguieron entonces, si nuestra cronología es correcta, o por lo menos acompañaron a los portugueses —los nuevos cristianos— que han adelantado en los Países Bajos

250 [317] 000 escudos a Felipe II, sobre sus haberes en mercancías. Probablemente ofrecieron —se dijo— más de 4 millones de escudos, pero las negociaciones no cristalizaron en un acuerdo, quizá porque realmente no poseían esa cantidad (su hora llegará más tarde) o porque sus exigencias han

parecido excesivas[318]. Los Fugger acudieron entonces en socorro del monarca, o para ser más exactos, a principios de diciembre uno de sus tres agentes en España, Thomas Carg, sin consultar con los otros dos, concluía un acuerdo con Felipe II: doce mensualidades de 300 000 escudos, pagadera cada una de ellas «a través de la rama local» en los Países Bajos, contra el adelanto, en contante, de la mitad del total, más las correspondientes

asignaciones[319], y la promesa de que sería pagado todo el monumental conjunto de deudas retrasadas. Los genoveses al principio no se tomaron en serio esta maniobra. Lo consideraron un artificio, un asiento aéreo, es decir,

algo en el aire[320]. Además ellos ofrecían al rey condiciones mejores y por un

lapso de tiempo superior, al menos eso sostenían con aparente sinceridad[321]. A la altura de febrero los genoveses comprendieron que el artificio no era tal, sino cosa seria, y que lo único que faltaba para que se convirtiese en un hecho

cumplido era la aquiescencia de los Fugger de Augsburgo[322]. Las subsecuentes disputas y disensiones que ocurrieron en el seno de esta gran familia de banqueros, dividida en contra de sí misma, y el viaje lleno de

acontecimientos de Anton Fugger a Madrid en abril de 1597[323] ofrecerían no poco material apasionante a los amantes de la pequeña historia. En lo referente a la cuestión que nos ocupa, la intervención de los Fugger le concedió a Felipe II un año de respiro, y explica el porqué de una descorazonadora serie de conversaciones estériles, traiciones entre sí de los trattanti, proyectadas unas y llevadas a término otras como, por ejemplo, en el

caso de Battista Serra[324]. Pero con el final del año 1597 acaba también el entreacto de los Fugger y se llega, con bastante rapidez, a un acuerdo. El gobierno de Castilla no se podía permitir el lujo de seguir posponiendo y esperando.

Concluido entre dos ministros de Felipe II y cuatro representantes de los hombres de negocios, el acuerdo firmado el 13 de noviembre de 1597 se convertía en medio general el 29 del mismo mes. Las víctimas del decreto de 1596, los decretados, adelantaban al rey, en 18 pagos mensuales, 4 500 000 escudos en Flandes y 2 500 000 en España, entre final de enero de 1598 a final de junio de 1599. El rey, por su parte, les concedía una serie de ventajas sustanciales, y en particular les garantizaba una fuerte suma en juros: más de siete millones de ducados. Precisamente acerca de estos juros había sido muy viva la discusión respecto a si habrían de ser perpetuos o vitalicios, y en mayor grado respecto a sus tasas de interés, que los hombres de negocios de muy buena gana habrían querido elevar para poder luego revender mejor estos títulos y otras libranzas al público español. Así se verían todavía más comprometidos, si ello era posible, en la complicada especulación de los juros; de estos se conocían mejor las reglas de conjunto que los pormenores: comprar a bajo precio y revender caro es más fácil de decir que de hacer. La relativa estabilidad del mercado (acompañada, con todo, de pérdidas que según sabemos eran del orden de 14 % en ciertos títulos de tasas revisadas)

facilitó la gigantesca operación[325]. Como es natural, los genoveses y sus financieros han pagado a sus acreedores con esos papeles, a despecho de las protestas de estos: habiendo pagado con dinero contante deseaban que se les devolviese del mismo modo. Pero desde el primer momento, los banqueros se

negaron a pagar [326] di altra moneta che di quella che li dará S. Mtà. Una crisis banal, pensará posiblemente el lector, y que no se puede comparar con las violencias de 1575. Pero sería equivocado pensar que este penoso año (casi día a día) de dificultades no ha tenido consecuencias. El resultado final se concretaba en un cerrar filas de los hombres de negocios, de ese sindicato, diríamos nosotros, de decretados de 1596, una auténtica sociedad constituida y regida durante varios años por un directorio de cuatro mercaderes, tres genoveses (Hector Piccamiglio, Ambrogio Spínola y Juan Jacomo de Grimaldi) y un español, Francisco de Malvenda. Es indudable que esto llevó a una concentración de los negocios en beneficio de los decretados, en especial de los más ricos entre ellos. Los créditos a los que se refería el propio decreto, en 1596, estaban divididos del siguiente modo: para los genoveses, en millones de maravedises, 2050; para los florentinos, 94; para los alemanes, 4.5; y para los españoles, 2523; con otras palabras, una gran parte, la mayor de todas, correspondía a los españoles. En consecuencia, han sufrido más que los demás y muy posiblemente no han logrado descargar sus pérdidas sobre otros, como hicieron los genoveses en detrimento —sobre todo— de los inversores venecianos, seducidos estos por las fáciles ganancias que se podían obtener con los cambii. Después del medio general las nuevas reparticiones fueron las siguientes (en escudos o ducados): para los genoveses, 5 581 000; para los florentinos, 256 000; para los alemanes, 13 000, y para los españoles, 2 200 000. La repartición refleja a la perfección la composición del directorio: tres para los genoveses, una para los españoles… Los primeros se quedaban

con la parte del león[327].

Alrededor de 10 años más tarde recomenzaba de nuevo todo el proceso, como si el sistema implicase estructuralmente la necesidad de bancarrotas a intervalos más o menos largos. Me parece perfectamente inútil exponer aquí en detalle el decreto del 9 de noviembre de 1607 y el medio general del 14 de mayo de 1608, o detallar cómo España padeció una nueva crisis solo 10 años después de la última suspensión de pagos ordenada por Felipe II, a pesar de la política pacífica del duque de Lerma, y a causa del lujo del nuevo monarca, del saqueo de los fondos públicos y de la regresión general de la economía a partir de 1595. La resolución de 1608 creaba, en beneficio exclusivo de los genoveses, un sistema complicado pero sólido de amortización de la deuda flotante cuyos títulos estaban en manos de sus financieros. Estos últimos formaron un nuevo sindicato, bajo el nombre de Diputación del Medio General de 1608. Lo más importante es que entre bancarrota y bancarrota se iba acentuando la concentración. Los mercaderes españoles han desaparecido de la contratación después de una serie de espectaculares bancarrotas: en

1601[328], las de Aguilar y de Cosme Ruiz Embito, sobrino y sucesor de